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SCP 0543/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 23 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
23 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
52454-2023-105-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación razonable, congruencia y valoración objetiva de la prueba; además, del principio de presunción de inocencia; puesto que, el Juez ahora accionado a través del Auto Interlocutorio de 311/2022 de 11 de noviembre, dispuso en su contra la medida cautelar personal de detención preventiva, sin la debida fundamentación, ni motivación que contenga los argumentos razonables y objetivos que el accionante es autor del hecho y si su conducta se subsume o no al tipo penal de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, cuando los arts. 231 bis y 233.1 del CPP, exigen que el hecho esté claramente definido; y, cuando la sanción para el delito que presuntamente cometió, es de reclusión de uno a tres años y el art. 232.5 del referido Código que establece la improcedencia de la detención preventiva en delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro años. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 27 de noviembre, cursante de fs. 57 vta. a 59, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Llamar la atención al Juez de Sentencia Penal Decimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, por las razones expuestas en la última parte del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0543/2025-S1 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52454-2023-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2022 de 27 de noviembre, cursante de fs. 57 vta. a 59, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Beimar Freddy Zurita Ferrufino en representación sin mandato de Luis Enrique Zurita Velásquez contra Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 26 de noviembre de 2022, cursante de fs. 1 a 13 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, previsto y sancionado por el art. 261 del Código Penal (CP), el Juez ahora accionado dispuso la medida cautelar personal de detención preventiva, por el tiempo de noventa días, a través del Auto Interlocutorio de 311/2022 de 11 de noviembre, argumentando la existencia del hecho y la probabilidad de autoría conforme el art. 233.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), así como la concurrencia de los riesgos procesales establecidos por los arts. 234.1 y 2; y, 235.2 del citado Código. Decisión asumida sin la debida fundamentación ni motivación, que contenga argumentos razonables y objetivos que el accionante es autor del hecho, y si su conducta se subsume o no al tipo penal de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, como exigen los arts. 231 bis y 233.1 del CPP; es decir, que no ejecutó un control efectivo, eficaz y eficiente de la tipicidad y subsunción, argumentando que esa es atribución y responsabilidad del Fiscal de Materia como titular de la acción penal pública, quien le atribuyó la comisión del delito por el simple hecho de que su persona se encontraba conduciendo un vehículo, cuando el art. 233.1 del referido Código, exige que el hecho esté claramente definido, dando respuesta a las siguientes interrogantes: qué se hizo, quién lo hizo, cuándo lo hizo, dónde lo hizo y cómo lo hizo; además, no señaló cuáles son los elementos probatorios objetivos que den cuenta de la autoría y participación del accionante; por lo tanto, la probabilidad de autoría fue asumida arbitrariamente vulnerando el principio de presunción de inocencia; debido a que, se omitió indicar de qué manera los elementos de convicción se encontrarían vinculados con el tipo penal atribuido; ya que, no se precisó a qué delito en particular correspondía su razonamiento, tampoco mencionó porqué los elementos de convicción permiten sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del delito atribuido -homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito-; en ese entendido, no observó las aberraciones jurídicas y la falta de investigación por parte del Ministerio Público, limitándose a consentir el acto ilegal, sin tomar en cuenta además que el delito que presuntamente cometió es de orden culposo; puesto que, nadie sale a manejar con la intensión premeditada de ocasionar una lesión a otra persona o quitarle la vida, que se encontraba sobrio y que los heridos iban como pasajeros en la motocicleta, infringiendo las leyes de tránsito al ser tres personas en una motocicleta y el conductor sin casco; por lo que, debieron ser imputados. Asimismo, la determinación asumida por el Juez ahora accionado es ilegal e ilícito, al no corresponder la detención preventiva por el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, que tiene una sanción de reclusión de uno a tres años, siendo que el art. 232.5 del CPP, establece la improcedencia de la detención preventiva en delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro años, en el entendido que la medida cautelar de detención preventiva se rige por el principio de excepcionalidad, más aun cuando al encontrarse sobrio en el momento de haber ocurrido el hecho no es aplicable a su caso la agravación, que conlleva estar bajo dependencias del alcohol o estupefacientes, correspondiendo en su caso su libertad y la aplicación de medidas cautelares -personales- diferentes a las detención preventiva.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación razonable, congruencia y valoración objetiva de la prueba; además, del principio de presunción de inocencia, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; en consecuencia, se disponga la nulidad del ilegal Auto Interlocutorio 311/2022 de 11 de noviembre; y, se restituya su derecho a la libertad, por encontrarse ilegalmente detenido.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 27 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 55 a 57, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) El Juez ahora accionado no consideró lo establecido por el art. 133 -se entiende por CPP-, que señala que la detención preventiva únicamente se determina cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y para no entorpecer la averiguación de la verdad; b) Con el objeto de acreditar que el accionante tuvo responsabilidad en el presente caso, no se efectuó ningún informe de responsabilidad; es decir, no existen suficientes elementos de convicción; y, c) Cuando la pena máxima en un delito es de tres años, el accionante puede someterse a una salida alternativa.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su citación cursante a fs. 16 y 17; sin embargo, en audiencia de esta acción de libertad la Secretaria del Juzgado de garantías informó que el mismo presentó informe que incluso se dio lectura en dicho actuado procesal; empero, se tiene que el referido informe fue elaborado por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del referido departamento, el cual no cursa en obrados.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2022 de 27 de noviembre, cursante de fs. 57 vta. a 59, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0043/2019-S1 de 3 de abril, 0782/2017-S3 de 17 de agosto y 0045/2021-S2 de 15 de abril, establecen con meridiana claridad que toda acción de libertad debe cumplir con el principio de subsidiariedad que obliga al agotamiento de todas las instancias ordinarias para recién acudir a la jurisdicción constitucional, es así que, en el presente caso no puede ingresar al fondo de la cuestión planteada en aplicación de la jurisprudencia constitucional; 2) Los fundamentos del accionante fueron extensos y ampulosos, mismos que debieron ser los fundamentos en su recurso de apelación incidental, porque en el presente caso existe el referido recurso de apelación, pendiente de resolución que fue interpuesto precisamente por el accionante, que consta el acta de audiencia de medidas cautelares que fue ofrecido como prueba por el accionante; 3) La SCP “…0207/2020 c3 del 3 de julio…” (sic) establece que la acción de libertad es improcedente cuando existe control jurisdiccional, en el caso dicho control lo tiene el Juez cautelar, pero ahora ese control se encuentra en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; 4) La Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, informó que el caso se encuentra en apelación incidental y que el cuaderno procesal no fue devuelto; por lo que, desconoce el contenido del mencionado cuaderno y de la resolución que hubiese dictado el Tribunal de alzada; y, 5) No está facultado para ingresar a considerar las cuestiones planteadas por existir el recurso de apelación incidental interpuesto por el mismo accionante; ya que, no se puede pretender que se resuelva paralelamente dicho recurso, con los mismos fundamentos, cuando los reclamos señalados están para ser resueltos por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. En vía de enmienda y complementación, el accionante manifestó al Juez de garantías que existe un recurso de apelación incidental que se presentó el “2 del 12 de noviembre”, que hasta la fecha no fue resuelto, ni siquiera se señaló audiencia para considerar el mencionado recurso y al ser la Resolución emitida por el Juez ahora accionado, que vulnera el art. 292 del CPP, que establece la improcedencia de la detención preventiva, su autoridad -se entiende por el Juez de garantías- no puede quedarse con los brazos cruzados, más aun cuando el caso tiene que ver con una persona de veintidós años que se encuentra ilegalmente detenido. En mérito a esa solicitud el Juez de garantías, mantuvo firme y subsistente la Resolución 01/2022 de 27 de noviembre emitida, y a modo de aclaración manifestó que, se basó en los antecedentes acompañados por el accionante, lo que el Juez ahora accionado o la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz informaron, así se tiene que es incierto lo actuado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, donde se encuentra el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante debido a que no se señaló audiencia; empero tampoco el nombrado acredita que hubiese observado aquello, para que la misma se lleve en los plazos establecidos por ley, no se puede adivinar dichos externos porque no se acompañó nada en ese sentido.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. No cursa ninguna documentación referida a las actuaciones que motivaron la presente acción de libertad; sin embargo, de la problemática planteada será resuelta a partir de la intervención de las partes en audiencia de consideración de esta acción tutelar, y lo verificado por el Juez de garantías.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación razonable, congruencia y valoración objetiva de la prueba; además, del principio de presunción de inocencia; puesto que, el Juez ahora accionado a través del Auto Interlocutorio de 311/2022 de 11 de noviembre, dispuso en su contra la medida cautelar personal de detención preventiva, sin la debida fundamentación, ni motivación que contenga los argumentos razonables y objetivos que el accionante es autor del hecho y si su conducta se subsume o no al tipo penal de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, cuando los arts. 231 bis y 233.1 del CPP, exigen que el hecho esté claramente definido; y, cuando la sanción para el delito que presuntamente cometió, es de reclusión de uno a tres años y el art. 232.5 del referido Código que establece la improcedencia de la detención preventiva en delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro años. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

La SCP 0088/2019-S2 de 5 de abril, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. De manera específica, señaló que el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, donde el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior, invocados en el recurso.

En similar sentido, cabe señalar que la SC 0080/2010-R, de 3 de mayo establece que la acción de libertad no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente en la SC 0105/2010-R de 10 de mayo señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus, hoy acción de libertad, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, puesto que de lo contrario se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Más adelante en SC 0687/2011-R de 16 de mayo, se denegó la tutela en razón a que el accionante activó paralelamente la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional y posteriormente la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional. Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional ” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación razonable, congruencia y valoración objetiva de la prueba; además, del principio de presunción de inocencia; puesto que, el Juez ahora accionado a través del Auto Interlocutorio de 311/2022 de 11 de noviembre, dispuso en su contra la medida cautelar personal de detención preventiva, sin la debida fundamentación, ni motivación que contenga los argumentos razonables y objetivos que el accionante es autor del hecho y si su conducta se subsume o no al tipo penal de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, cuando los arts. 231 bis y 233.1 del CPP, exigen que el hecho esté claramente definido; y, cuando la sanción para el delito que presuntamente cometió, es de reclusión de uno a tres años y el art. 232.5 del referido Código que establece la improcedencia de la detención preventiva en delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro años. Corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no procede esta acción de libertad por la aplicación excepcional del principio de subsidiariedad, cuando el que plantea una acción de libertad activa de forma simultánea un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico para la jurisdicción ordinaria, para que ambos conozcan y resuelvan las mismas irregularidades denunciadas; debido a que, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico.

En ese contexto, si bien no se cuenta con antecedentes sobre el recurso de apelación incidental planteado por el accionante contra el Auto Interlocutorio de 311/2022 cuestionado a través de esta acción de libertad; sin embargo, el hecho que el accionante apeló el citado Auto Interlocutorio, fue verificado por el Juez de garantías al momento de emitir la Resolución 01/2022, venida en revisión, mediante el acta de audiencia de medidas cautelares, así como del informe de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, aspecto que también fue aceptado por el propio accionante al momento de solicitar enmienda y complementación a la Resolución 01/2022, emitida por el Juez de garantías, que es revisada por esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, encontrándose el recurso de apelación incidental aún en trámite, así se tiene de lo informado por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien indicó que cuaderno procesal no fue devuelto, extremo corroborado por el accionante al señalar que hasta la fecha el referido recurso de apelación no fue resuelto, ni siquiera se programó audiencia para considerarlo (fs. 58 vta.) -dilación que no fue reclamado a través de esta acción de libertad, ni accionado el Tribunal de Alzada-, el accionante presentó la acción de defensa, cuestionando el Auto Interlocutorio de 311/2022 que dispuso su detención preventiva. Consiguientemente, el referido mecanismo intraprocesal correctamente interpuesto y esta acción de libertad, denuncian las irregularidades en las que hubiese incurrido el Juez hoy accionado al momento de definir la situación jurídica del accionante a través del Auto Interlocutorio de 311/2022, coligiéndose de ello que la pretensión en ambos medios que activó el accionante es la nulidad del citado Auto Interlocutorio; y en consecuencia, lograr la restitución de su derecho a la libertad. En ese entendido, se tiene que el accionante activó de manera simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional con el mismo objeto, cuando no es admisible activar ambas jurisdicciones, para que se pronuncien sobre el mismo hecho denunciado; puesto que, podría ocasionar alteraciones procesales ante posibles pronunciamientos contradictorios, es más el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante en la vía ordinaria, es conforme el art. 251 del CPP, el medio idóneo para atender lo reclamado por el accionante a través de esta acción de libertad, el cual debe ser necesariamente utilizado antes de acudir a la jurisdicción constitucional; correspondiendo, por ello, denegar la tutela solicitada. De la remisión de antecedentes de la acción de libertad a este Tribunal Constitucional Plurinacional

Corresponde llamar la atención al Juez de garantías, que conoció la causa; ya que, omitió remitir ante este Tribunal Constitucional Plurinacional los antecedentes del caso, que fueron puestos a su consideración, como ser el acta de audiencia de medidas cautelares al informe de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 58), siendo que los mismos fueron de su conocimiento y compulsados por dicha instancia para sustentar su determinación; por lo que, se solicita que en lo posterior remitan a esta instancia constitucional todas las documentales arrimadas a la acción de libertad, conforme lo establece el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 27 de noviembre, cursante de fs. 57 vta. a 59, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Llamar la atención al Juez de Sentencia Penal Decimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, por las razones expuestas en la última parte del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0543_2025-S1.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2cd63d31e7c5734db6afcf7489a95d1da5a60fc13addf83f9d1b7d4a1d6c764e

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