Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 2 de septiembre de 2024
Deniega la tutela
El impetrante de tutela, señaló como lesionado su derecho a la jubilación; toda vez que, Futuro Bolivia S.A. AFP’s, hubiese realizado un cálculo erróneo de sus años de aportes para su renta de vejez o jubilación, otorgándole una renta de Bs.3 810.- (tres mil ochocientos diez bolivianos) basado en un aporte de treinta y dos años y cinco meses; sin considerar, que, hasta octubre de 2020, contaba con treinta y cinco años y tres meses de servicio activo; situación que fue de conocimiento de los demandados, a quienes les solicitó el recalculo de sus años de servicios y sus aportes, pidiendo el pago del 100% de su haber mensual extremo que no fue atendido por los pre nombrados lo que decanto en su derecho invocado. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 227/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 99 a 100 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0543/2024-S4 Sucre, 2 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 51622-2022-104-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 227/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 99 a 100 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Freddy Benigno Tolino Mariño contra Gonzalo Pérez Guzmán y Rafael Santos Nina Limachi ambos Supervisores del Servicio al Cliente de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia.
Por memorial presentado el 11 de agosto de 2022, cursante de fs. 72 a 78; el impetrante de tutela expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
En su condición de ex miembro de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB,) prestó sus servicios en la referida institución del Estado Boliviano, por más de treinta y cinco años y tres meses, en el servicio activo; fue cesado de sus funciones el 1 de octubre de 2020, a través del Memorándum Depto. L-EMGFAB-Sec. “B” 565/2020, en la que se establece con claridad que cumplió con los treinta y cinco años y tres meses de servicio activo en la institución, tiempo en el que sus aportes tanto al Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) como a Futuro Bolivia S.A. AFP’S se hicieron de manera mensual, hasta octubre de 2020, contando hasta la fecha con cuatrocientos setenta y seis mil con cincuenta y seis (476.056) aportes, extremo que se demuestra en el estado de ahorro previsional, sumando un total acumulado de Bs353 697.27 (trescientos cincuenta y tres mil seiscientos noventa y siete 27/100 bolivianos); sin embargo, pese a la densidad de sus aportes, la referida entidad realizó otro cálculo refiriendo que el total de sus aportes ascendían a treinta y dos años y cinco meses, otorgándole una renta de jubilación de Bs3 810.- (tres mil ochocientos diez boliviano) siendo lo correcto recibir el 100% del total ganado, como renta de jubilación, conteo de aportes desde 1979, hasta el 30 de septiembre de 2019. Ante ese hecho, se apersonó de forma escrita ante Futuro Bolivia Sociedad Anónima (S.A.) AFP’S haciendo su, reclamos; sin embargo, esa institución respondió dando por bien hecho el cálculo para su renta de jubilación, posteriormente, presentó su desacuerdo a la Autoridad de Pensiones y al Vice Ministerio de Pensiones y Seguros, solicitando se realice un nuevo cálculo de sus aportes y de servicio activo para acceder a una justa jubilación, toda vez que se le hubiese otorgado una renta inferior a lo dispuesto en la normativa, por haber servido en la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) por más de treinta y cinco años; sin embargo, no logró el objetivo buscado, por cuanto dichas entidades se limitaron solamente a ratificar lo erróneamente calculado por Futuros Bolivia AFP’s. Finalmente manifestó que el Código de Seguridad Social, dispone que para acceder a una justa renta de vejez o jubilación, se establece los porcentajes en cuanto a los años de servicio; por lo cual, indico se le vulneraron sus derechos fundamentales; toda vez que, Futuros Bolivia AFP’s, lo privó de una justa renta de jubilación.
El accionante, señaló como lesionados sus derechos a la jubilación; citando al efecto los arts. 9, 13.I, 45 IV, 48.I, III, 110.II Y 410.I de la CPE; 25 de la Convención sobre Derechos Humanos (CADH); y, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que Futuro Bolivia AFP’s, proceda a realizar un nuevo cálculo de su renta de jubilación con base a la densidad de sus aportes que se hicieron por más de treinta cinco años, por ser funcionario de las FAB y se proceda al pago del 100% de su haber mensual, calculado durante los sesenta días anteriores a su jubilación:
Celebrada la audiencia virtual el 14 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 98 y vta., presentes el impetrante de tutela asistido por su abogado y los funcionarios demandados; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante en audiencia no amplió ni ratifico su demanda tutelar.
Gonzalo Gualberto Pérez Guzmán y Rafael Santos Nina Limachi, ambos Supervisores del Servicio al Cliente de la AFP’s Futuro de Bolivia, presentaron informe escrito el 13 de septiembre de 2022, cursante de fs. 94 a 96 vta., manifestando que: a) Son simplemente funcionarios dependientes de Fututo de Bolivia S.A. Administradora de Fondos de Pensiones y sus funciones están limitadas a la atención al público y no así a la calificación, cálculo o verificación de cumplimiento de requisitos para el acceso a las pensiones, pagos o beneficios del sistema Integral de Pensiones que es una atribución de la empresa Futuro Bolivia S.A. AFP’s, en su condición de administradora de Fondos de Pensiones; por lo tanto, tienen la calidad de representantes legales de dicha empresa; y b) La labor que desempeñan como empleados dependientes de Futuro Bolivia S.A. se adecua a las instrucciones impartidas por sus superiores y se encuentran enmarcada a dar cumplimiento a la normativa legal vigente dentro del sistema integral de pensiones para la atención al público, en ese sentido una de sus funciones es firmar las notas de respuestas o solicitudes de requerimiento efectuados por los asegurados u/o sus derechos habientes como meros actos usuales; empero, de ninguna forma participan en la verificación de cumplimiento de requisitos de acceso ni en el cálculo de las pensiones y mucho menos deciden a quien dar un beneficio y a quien no; por tal motivo, solicitaron se deniegue la tutela impetrada.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 227/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 99 a 100 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Se tiene que si bien el accionante identifico que el acto que lesiona sus derechos fundamentales es la carta de 9 de agosto de 2021, por cual se le dio respuesta a la nota presentada por el impetrante de tutela el 14 de mayo de 2021, en las que firmaron Gonzalo Gualberto Pérez Guzmán y Rafael Santos Nina Limachi, ambos supervisores del Servicio al cliente de Fututo de Bolivia S.A.- AFP’s; sin embargo, esta acción de amparo constitucional debe ser dirigida contra Futuros Bolivia AFP’s, y contra el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto o Integrantes como terceros interesados a las autoridades que han denegado en cuanto al cálculo solicitado por el accionante de los aportes que hubiese efectuado para obtener una jubilación y que han rechazado su renta de vejez o jubilación por no adecuarse a los años de servicio y pedir nuevo cálculo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. A través del memorial presentado el 14 de mayo de 2021, Freddy Benigno Tolino Mariño, rechazó la calificación de renta de vejez y jubilación por no adecuarse a los años de servicio acumulados y pidió nuevo cálculo del mismo (fs. 6 a 7). II.2. Por Nota de 9 de agosto de 2021, Futuro Bolivia AFP’s, otorgó respuesta al accionante, estableciendo que no cumple con los requisitos para acogerse a una jubilación como miembro de las Fuerzas Armadas de la Nación, realizando el proceso de descalificación para el posterior inicio de trámite de pensión de vejez (fs. 8 a 12). II.3. El 21 de octubre de 2021, el accionante, presentó memorial de reclamo ante la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), solicitando se revise la nota de respuesta de FUTURO Bolivia SA; obteniendo respuesta a su memorial el 15 de septiembre de 2021, por parte de la referida entidad (fs. 13) II.4. Por escrito presentado ante el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, el 4 de noviembre de 2021, Freddy Benigno Tolino Mariño, pidió intervención como Máxima Autoridad Estatal (MAE) para que se realice un recalculo de renta de vejez o jubilación; obteniendo respuesta el 9 de diciembre del citado año, por parte de dicha autoridad ministerial (16 a 17 y 19 a 23).
El impetrante de tutela, señaló como lesionado su derecho a la jubilación; toda vez que, Futuro Bolivia S.A. AFP’s, hubiese realizado un cálculo erróneo de sus años de aportes para su renta de vejez o jubilación, otorgándole una renta de Bs.3 810.- (tres mil ochocientos diez bolivianos) basado en un aporte de treinta y dos años y cinco meses; sin considerar, que, hasta octubre de 2020, contaba con treinta y cinco años y tres meses de servicio activo; situación que fue de conocimiento de los demandados, a quienes les solicitó el recalculo de sus años de servicios y sus aportes, pidiendo el pago del 100% de su haber mensual extremo que no fue atendido por los pre nombrados lo que decanto en su derecho invocado. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
Por disposición del art. 129.II de la CPE, la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; norma jurídica que guarda similitud con la comprendida en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece igual plazo para la interposición de la indicada acción tutelar, computable a partir de la comisión de la lesión alegada o de conocido el hecho. El entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0770/2003-R de 6 de junio, definiendo la naturaleza y alcance del principio de inmediatez, sostuvo que: “...el recurso debe ser presentado hasta dentro de los seis meses de ocurrido el acto ilegal u omisión indebida o de agotados los medios y recursos judiciales ordinarios o administrativos idóneos para hacer cesar el acto, vale decir, que el recurso no podrá ser presentado cuando el plazo de los seis meses esté superabundantemente vencido o cuando habiendo sido presentado dentro del referido plazo no se acudió previamente a las instancias competentes para denunciar la lesión al derecho fundamental”. La SCP 1055/2019-S4 de 16 de diciembre, al respecto, refirió lo siguiente: “ʽ...el agotamiento de los medios y recursos previos a la interposición de la acción de amparo constitucional no implica que la parte procesal haga uso de los mismos de manera discontinua o esporádica, con el único afán de reactivar el cómputo del plazo de caducidad de los seis meses, pues los reclamos deben interponerse ante la jurisdicción ordinaria o administrativa competente, conforme al marco jurídico vigente, de manera pertinente y oportuna, un razonamiento contrario daría lugar al uso de subterfugios, empleando medios de defensa ineficaces que distorsionen la teleología procedimental, razonamiento que responde no sólo a los principios de subsidiariedad e inmediatez, sino también a los de «preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección (SC 0770/2003-R de 6 de junio)». (Entendimiento reiterado por la SCP 0729/2013-L de 19 de julio). En este sentido, la SCP 1265/2013-L de 20 de diciembre, citando a su vez la SCP 2058/2012 de 8 de noviembre, concluye que: «…al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar un protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela, siendo que la falta de ejercicio, en los plazos legalmente establecidos, de los mecanismos que otorga el ordenamiento jurídico vigente para el reconocimiento y preservación de los derechos individuales, sea en la vía ordinaria o constitucional, no puede argumentarse en beneficio propio, menos aun cuando existen derechos de terceros que pudieran ser afectados con la resolución; en similar sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ʽla interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo’»’’” (las negrillas son nuestras). Con base en la normativa constitucional anotada, se concluye que para interponer la acción de amparo constitucional se tiene previsto un término de caducidad de seis meses a partir de la comisión de la vulneración alegada, de conocido el hecho o de notificado con la última decisión administrativa o judicial que agota la vía, considerando al último actuado como el mecanismo de impugnación idóneo previsto por la ley para corregir o enmendar la posible lesión al derecho fundamental o garantía constitucional de la persona, y que, de no hacerlo, se constituye en el acto lesivo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales denunciados.
El impetrante de tutela, señaló como lesionado su derecho a la jubilación; toda vez que, Futuro Bolivia S.A. AFP’s, hubiese realizado un cálculo erróneo de sus años de aportes para su renta de vejez o jubilación, otorgándole una renta de Bs.3 810.- (tres mil ochocientos diez bolivianos) basado en un aporte de treinta y dos años y cinco meses; sin considerar, que, hasta octubre de 2020, contaba con treinta y cinco años y tres meses de servicio activo; situación que fue de conocimiento de los demandados, a quien se le solicitó el recalculo de sus años de servicios y sus aportes, pidiendo el pago del 100% de su haber mensual extremo que no fue atendido por los pre nombrados lo que decanto en su derecho invocado.
Conforme quedó establecido en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se evidencia que Freddy Benigno Tolino Mariño –ahora accionante– a través del memorial presentado el 14 de mayo de 2021, a Futuros Bolivia S.A. AFP’s rechazó la calificación de renta de vejez y jubilación, por no adecuarse a sus años de servicio acumulados y pidió nuevo cálculo del mismo; toda vez que, el monto calculado, no guardaría relación con los años de servicios que tuviese acumulados; es así que, por Nota de 9 de agosto de 2021, Futuro Bolivia AFP’s, otorgó respuesta al accionante, señalando que el mismo no cumple con los requisitos para acogerse a una jubilación como miembro de las Fuerzas Armadas de la Nación, procediendo a realizar el proceso de descalificación para el posterior inicio de trámite de pensión de vejez.
Posteriormente el 21 de octubre de 2021, presentó memorial de reclamo ante la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) solicitando se revise la nota de respuesta de Futuro Bolivia; obteniendo respuesta a su memorial el 15 de septiembre de 2021, por parte de la referida entidad en la que se le manifiesta que el monto de la pensión solidaria de vejez de Bs3 810.-(tres mil ochocientos diez bolivianos) fue determinado en aplicación del inc. b) del parágrafo II del art. 18 de la Ley de Pensiones, el cual corresponde al límite solidario establecido en la Ley 985 en función de su densidad de sus aportes de trescientos noventa y cuatro periodos.
Recurriendo Freddy Benigno Tolino Mariño ante el Vice Ministerio de Pensiones y Servicio Financieros el 4 de noviembre de 2021, en el que pidió intervención como MAE para que se realice un recalculo de renta de vejez o jubilación; obteniendo respuesta el 9 de diciembre del citado año, por parte de dicha autoridad ministerial.
En ese contexto, del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, tanto la normativa procesal constitucional como la jurisprudencia de este Tribunal, han resaltado la importancia de la materialización del principio de inmediatez en la presentación de la acción de amparo constitucional, demanda que debe interponerse dentro del tiempo prudencial de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, constituyéndose su inobservancia en una omisión, que debe ser considerada como una negligencia del propio impetrante de tutela de reclamar en el plazo oportuno la presunta vulneración de sus derechos.
Ahora bien, tomando en cuenta Freddy Benigno Tolino Mariño –hoy accionante– recurrió ante el Vice Ministerio de Pensiones y Servicio Financieros el 4 de noviembre de 2021, en el que pidió intervención como MAE para que se realice un recalculo de renta de vejez o jubilación; obteniendo respuesta el 9 de diciembre del citado año, por parte de dicha autoridad ministerial; por lo cual, dicha respuesta sería la última decisión y unas de las respuestas que el accionante considera lesiva a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; y cotejada la referida fecha con la presentación de esta acción de amparo constitucional, que se efectuó el 11 de agostos de 2022, se advierte que se superó el término de los seis meses para la interposición de la presente acción de amparo constitucional, previsto en los arts. 129.II de la CPE; y, 55.I del CPCo, transcurriendo de la nota de respuesta por parte del Vice Ministerio de Pensiones y Servicio Financieros a la presentación de esta acción tutelar, más de ocho meses, precluyendo de esta manera el derecho del accionante de reclamar la lesión de derechos que ahora denuncia en esta jurisdicción. En consecuencia, por lo expuesto precedentemente, corresponde, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, denegar la tutela solicitada, por incumplimiento del principio de inmediatez. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 227/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 99 a 100 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0543_2024-S4.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5a60cd238c9a733e3b64f853ba0630e02fe3ead832e42feb561f577d7c40595e
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