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SCP 0543/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
49565-2022-100-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la justicia pronta y oportuna; puesto que, el Juez ahora accionado suspendió su audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva señalada para el 29 de julio de 2022, al dejarla sin efecto a través del decreto de 2 de agosto de igual año, por considerar que no tenía competencia; debido a que, el Ministerio Público presentó acusación formal contra su persona. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09 de 5 de agosto de 2022, cursante de fs. 193 vta. a 198 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponer que José Edmundo Chumacero Ruiz, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz, señale audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, en el plazo de veinticuatro horas de la notificación con la presente resolución; siempre y cuando no se hubiese modificado la situación jurídica del accionante.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Competencia para conocer solicitudes con relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0543/2024-S3 Sucre, 23 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 49565-2022-100-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09 de 5 de agosto de 2022, cursante de fs. 193 vta. a 198 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta Jimena Tórrez Torrico y Mirian Milagros Aparicio Roca en representación sin mandato de Raúl Alberto Maldonado contra José Edmundo Chumacero Ruiz, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Hechos que motivan la acción

Por memorial presentado el 4 de agosto de 2022, cursante de fs. 94 a 100, el accionante a través de sus representantes sin mandato manifestó que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los arts. 271 y 332 del Código Penal (CP), el 13 de abril de igual año, se llevó a cabo la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, ordenando el Juez hoy accionado su detención preventiva en el Centro de Custodia de Camiri por el periodo de noventa días, sin fijar la fecha en la cual se cumpliría su detención preventiva, tal como establece el art. art. 235 ter del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Asimismo ante dicha omisión, el 28 de julio de 2022, el accionante presentó memorial ante el Juez ahora accionado, solicitando fecha y hora para audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, la cual fue fijada para el 2 de agosto del mismo año, fecha en la cual, juntamente a sus abogadas y con escolta policial fue dirigido al Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz donde se desarrollaría dicha audiencia; sin embargo, una vez presentes las partes, la Secretaria del citado Juzgado, ingresó al salón de audiencias, e informó que la misma no se llevaría a cabo; debido a que, el Ministerio Público presentó acusación formal contra su persona, razón por la que el Juez hoy accionado hubiese perdido competencia, procediendo a notificarle con la referida acusación formal y con el decreto de 2 de agosto de ese año, por el cual se dejó sin efecto la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la justicia pronta y oportuna; citando al efecto los arts. 9, 22, 23, 115 120, 178 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se anule el decreto de 2 de agosto de 2022 y se ordene al Juez ahora accionado que lleve a cabo su audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva.

I.2. Informe de la autoridad accionada

José Edmundo Chumacero Ruiz, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 5 de agosto de 2022, cursante a fs. 190 y vta., manifestó que: a) El Ministerio Público el 1 del mismo mes y año, presentó acusación formal contra el accionante; por lo que, de conformidad al art. 325.1 del CPP modificado por el art. 12 de la Ley 1173, se ordenó la remisión del cuaderno jurisdiccional al Juzgado de Sentencia Penal de turno de Camiri del citado departamento; asimismo, el 2 de igual mes y año, la víctima del proceso penal presentó memorial pidiendo se deje sin efecto la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva y se remitan actuados al Juzgado competente; b) El 1 de ese mes y año, el Ministerio Público solicitó la suspensión de dicha audiencia; debido a que, el Fiscal de Materia tenía señalada audiencia para el 2 del referido mes y año, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, adjuntando justificación idónea y pertinente; y, c) Si bien la jurisprudencia constitucional estableció que el juez cautelar tiene competencia para resolver una solicitud de cesación de la detención preventiva cuando se presente acusación formal, siempre que no hubiese sido radicado en el Juzgado o Tribunal de Sentencia en el caso; empero, el Fiscal de Materia como director de la investigación solicitó la suspensión de la audiencia de manera justificada, lo que hizo viable la solicitud de la víctima y del Ministerio Público.

I.3. Resolución

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías mediante Resolución 09 de 5 de agosto de 2022, cursante de fs. 193 vta. a 198 vta., denegó la tutela solicitada, señalando que: 1) Si bien le correspondía al Juez ahora accionado celebrar la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva y no suspender la misma; empero, conforme al principio de verdad material actuó de manera correcta al valorar la prueba presentada por el Ministerio Público en la acusación formal, caso contrario, se hubiese vulnerado dicho principio; y, 2) Al remitirse la acusación formal en cumplimiento del art. 325 del CPP y radicarse la causa en el “Juzgado de Sentencia Penal” es conveniente que dicho Juzgado señale de forma inmediata la audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por el accionante; ya que, al disponer la devolución al Juez hoy accionado, generaría mayor demora en la resolución de la situación jurídica del accionante. En vía de enmienda y complementación el accionante solicitó al Tribunal de garantías, que complemente respecto a la ponderación de derechos que le dio en su resolución, con relación al señalamiento de audiencia -se entiende de cesación de la detención preventiva-; debido a que, solicitar nuevamente otra cesación de su detención preventiva ante un nuevo “Juzgado de Sentencia Penal” conlleva una dilación indebida que alarga el tiempo de su detención preventiva. En merito a esa solicitud el Tribunal de garantías señaló, que no puede ponderar derechos; debido a que no está resolviendo ninguna cuestión de fondo; no obstante, solo se observó aspectos procesales; además, estableció claramente que el “…Juzgado de Sentencia Penal de Camiri…” (sic), tiene que señalar y llevar a cabo la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva en el término de cuarenta y ocho horas.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante el Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-03/2023 de 24 de mayo, se dispuso el adelanto de sorteo en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 28 de julio de 2022, dirigido a José Edmundo Chumacero Ruiz, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, Raúl Alberto Maldonado -hoy accionante-; solicitó fecha y hora para audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva (fs. 162 a 165), mereciendo el decreto de 29 de igual mes y año, a través del cual el Juez ahora accionado, señaló audiencia para el 2 de agosto del mismo año (fs. 166). II.2. Consta memorial presentado el 1 de agosto de 2022, ante el Juez hoy accionado; por el cual, Julio Cesar Bustos Soliz, Fiscal de Materia presento acusación formal contra el accionante (fs. 171 a 176); por consiguiente se emitió el decreto de 2 del mismo mes y año, disponiendo la remisión de los actuados procesales al Juzgado de Sentencia Penal de turno de Camiri del departamento de Santa Cruz; además, que dejó sin efecto el señalamiento de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de 29 de julio de ese año (fs. 177). II.3. A través del memorial presentado el 2 de agosto de 2022 dirigido al Juez ahora accionado, el Fiscal de Materia solicitó la suspensión de la audiencia fijada para el 2 de igual mes y año (fs. 182 a 183). II.4. Cursa Ofició 515/2022 de 3 de agosto, dirigido al Juzgado de Sentencia Penal de turno de Camiri del departamento de Santa Cruz, por el cual el Juez hoy accionado realiza la remisión del cuaderno procesal original, al haberse presentado requerimiento conclusivo de acusación formal en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante (fs. 188). También se adjunta hoja de sistema del citado proceso con fecha de ingreso 3 de agosto de 2022 (fs. 189).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la justicia pronta y oportuna; puesto que, el Juez ahora accionado suspendió su audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva señalada para el 29 de julio de 2022, al dejarla sin efecto a través del decreto de 2 de agosto de igual año, por considerar que no tenía competencia; debido a que, el Ministerio Público presentó acusación formal contra su persona. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a su vez la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’”’ (las negrillas nos corresponden).

III.2. Competencia para conocer solicitudes con relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal

La SCP 0222/2018-S2 de 22 de mayo, que sistematizando entendimientos jurisprudenciales, estableció subreglas al señalar: “La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004 precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación.

Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el tribunal de sentencia penal; el juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal;

entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras.

Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005- R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras.

Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero. Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido en la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril; la cual, señaló que con la remisión de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares.

En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto entiende que la remisión del expediente ante el tribunal de sentencia penal, por la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el juez de instrucción penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva.

Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces y tribunales para resolver las solicitudes de cesación a la detención preventiva, cuando se presentó la acusación fiscal, a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586; corresponde de manera expresa efectuar una reconducción de la línea jurisprudencial, haciendo efectivos los principios de celeridad, seguridad jurídica y los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; por lo que, con relación a la competencia del juez de instrucción penal para conocer la cesación de la detención preventiva ante la interposición de una acusación fiscal; corresponde reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005 a lo señalado en la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, que indica:

…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…).

Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares.

Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica.

En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva.

(…)

En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.

Entendimiento que también fue asumido en la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la justicia pronta y oportuna; puesto que, el Juez ahora accionado suspendió su audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva señalada para el 29 de julio de 2022, al dejarla sin efecto a través del decreto de 2 de agosto de igual año, por considerar que no tenía competencia; debido a que, el Ministerio Público presentó acusación formal contra su persona. Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes con relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal que llevará adelante el juicio oral, público y contradictorio como efecto de la presentación de la acusación, para lo que, si bien remitirán los antecedentes del proceso; no obstante, se quedarán con copias de piezas indispensable para resolver, y una vez que concluya la audiencia deberán remitir los actuados para que se acumulen al expediente.

En ese entendido, en el presente caso se evidencia que el accionante solicitó fecha y hora para audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva ante el Juez hoy accionado, mereciendo decreto de 29 de julio de 2022, a través del cual la nombrada autoridad judicial señaló audiencia para el 2 de agosto de ese año (Conclusión II.1.), entre tanto el 1 del mismo mes y año, se presentó acusación formal; por lo que, el Juez ahora accionado emitió el decreto de 2 de igual mes y año, disponiendo la remisión de los actuados procesales ante el Juzgado de Sentencia Penal de turno de Camiri del departamento de Santa Cruz, dejando sin efecto el señalamiento de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de 29 de julio de referido año (Conclusión II.2.), criterio asumido por el Juez hoy accionado cuando el proceso penal aún no radicaba ante el juez que conocería el juicio oral, público y contradictorio; debido a que, por Oficio 515/2022 se remitió el cuaderno procesal original del accionante al Juzgado de Sentencia Penal de turno de Camiri del mencionado departamento (Conclusión II.4.); es decir, que luego de un día de dejarse sin efecto el señalamiento de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva -2 de agosto de 2022-, se remitió recién dicho cuaderno procesal; por consiguiente, la referida audiencia de 2 de igual mes y año, debió ser llevada adelante y resuelta por el Juez ahora accionado al haberse fijado antes de presentada la acusación formal y toda vez que el cuaderno procesal continuaba en el Juzgado de la nombrada autoridad judicial.

Lo expuesto demuestra que el Juez hoy accionado alegó erróneamente falta de competencia; además, que no se constituye en un justificativo válido que el Ministerio Público hubiese solicitado la suspensión de la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva fijada para el 2 de agosto de 2022 (Conclusión II.3.), adjuntando documentación pertinente; en el entendido, que conforme a la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, un acto dilatorio en el trámite de cesación de la detención preventiva es que se suspenda la audiencia para su consideración por motivos injustificables que no son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público, si es que fue notificado legalmente; por lo tanto, se evidencia que existió demora en la definición de la situación jurídica del accionante, por no actuar de acuerdo al procedimiento y jurisprudencia constitucional; en consecuencia, el Juez ahora accionado con su actuar negligente vulneró el derecho a la libertad del accionante privado de libertad, vinculado al derecho del debido proceso en su elemento de celeridad, que tiene que ver con la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho; correspondiendo, en este caso conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09 de 5 de agosto de 2022, cursante de fs. 193 vta. a 198 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponer que José Edmundo Chumacero Ruiz, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz, señale audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, en el plazo de veinticuatro horas de la notificación con la presente resolución; siempre y cuando no se hubiese modificado la situación jurídica del accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0543_2024-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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