Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 12 de junio de 2023
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación, y la tutela judicial efectiva; a partir de ello, señalan que dentro del proceso penal seguido contra Ramón Huayta Condori, Balvino Huayta Condori y Erasmo Castro Calcina, la Fiscal de Materia emitió la Resolución de Sobreseimiento de 15 de febrero de 2019; a raíz de ello, presentaron impugnación mediante memorial de 5 de junio del referido año. En consecuencia, la autoridad demandada, emitió la Resolución Jerárquica FDP-T.I.S./RCHG 110/2019 de 27 de junio, sin considerar todos los puntos observados omitiendo valorar todos los elementos colectados en el desarrollo de la investigación. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 010/2023 de 16 de enero, cursante de fs. 1445 a 1451; pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se hizo un examen de fondo a la problemática jurídica planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0543/2023-S2 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 36394-2020-73-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 010/2023 de 16 de enero, cursante de fs. 1445 a 1451, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Walter Huarachi Veliz y Reynaldo Diego Huarachi Caro contra Roxana Choque Gutiérrez, Fiscal Departamental de Potosí y Germán Gadiel Padilla Apaza, Fiscal de Materia.
JURÍDICA
Por memorial presentado el 29 de julio de 2020, cursante de fs. 189 a 215, los accionantes expresaron lo siguiente:
Iniciaron proceso penal contra Ramón Huayta Condori, Erasmo Castro Calcina y otros por la supuesta comisión de los delitos de avasallamiento en área minera, explotación ilegal de recursos minerales y venta o compra ilegal de recursos minerales; dentro del cual, se emitió la Resolución de Sobreseimiento de 15 de febrero de 2019, en aplicación de lo previsto por el art. 323 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP). Por tal motivo, se presentó impugnación mediante memorial de 7 de junio de 2019, alegando que María Mercedes Mancilla Vargas, Fiscal de Materia, realizó una errónea valoración de los elementos colectados en la investigación y una incorrecta interpretación de los hechos, contradictoria y parcializada; toda vez que, de manera negligente la representante del Ministerio Público no tomó en cuenta dieciséis elementos que fueron descritos en la imputación formal y otras pruebas aportadas posteriormente; como ser: registro del lugar, inspección ocular, secuestro de mineral y maquinaria utilizada en el lugar de los hechos, títulos de las concesiones mineras “Mercedes”, “Bonete” y “Goya 1”, certificaciones de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM); declaraciones informativas de los imputados, testigos e informes de los investigadores. No se consideraron los documentos que acreditaban su titularidad; y que, los imputados manifestaron que estaban explotando la concesión minera “Mercedes” desde la gestión 2011, sin respaldo legal o documental alguna, y que comercializaron el mineral extraído; elementos que según el Ministerio Público, solo eran indicios insuficientes para fundar acusación. Con base en lo señalado y de manera infundada, Roxana Choque Gutiérrez, Fiscal Departamental de Potosí, emitió la Resolución Jerárquica FDP-T.I.S./RCHG 110/2019 de 27 de junio, que ratificó el fallo impugnado sin considerar todos los puntos observados y omitiendo valorar íntegramente el contenido de las actuaciones investigativas conforme establece el art. 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP). En la misma línea, la autoridad demandada fuera de todo contexto, hizo mención a los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado, además de referir a un sujeto procesal extraño al proceso, conducta que demostró falta de responsabilidad y seriedad al momento de fundamentar su decisión.
Señalaron como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y tutela judicial efectiva, sin señalar norma constitucional alguna que lo contenga.
Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Se deje sin efecto la Resolución de Sobreseimiento de 15 de febrero 2019 y la Resolución Jerárquica FDP-T.I.S./RCHG 110/2019 de 27 de junio; y, b) La emisión de un nuevo fallo que tomé en cuenta “cada una de las pruebas contenidas en el cuaderno de investigación” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 16 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 1437 a 1444 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes ratificaron in extenso todos los argumentos contenidos en la demanda tutelar.
Roxana Choque Gutiérrez, Fiscal Departamental de Potosí y Germán Gadiel Padilla Apaza, Fiscal de Materia, mediante su representante en audiencia manifestaron: 1) Ni la o el Fiscal de Materia que emitió la Resolución de Sobreseimiento de 15 de febrero de 2019, tenían legitimación pasiva para ser demandados; más si en el caso, se pretendió dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FDP-T.I.S./RCHG 110/2019; bajo ese razonamiento, la demanda debió dirigirse contra el servidor público que tenía la posibilidad de modificar esta última resolución y reparar los supuestos derechos vulnerados; 2) Al momento de ratificar la decisión impugnada se emitió la Resolución Jerárquica FDP-T.I.S./RCHG 110/2019 de 27 de junio, respetando una estructura de forma, en ese orden, se detalló los antecedentes del caso, se expuso los argumentos de la decisión de primera instancia y de la impugnación al sobreseimiento, se realizó una explicación de las causales que justifican este tipo de resolución conclusiva conforme lo previsto en el Código de Procedimiento Penal; 3) No fue evidente que la Fiscal de Materia emitió una decisión sin realizar una valoración integral de la prueba colectada; 4) La prueba documental adjunta evidenció que Walter Huarachi Veliz tenía el derecho de explotación sobre la mina Mercedes; el cual no era motivo de investigación en el proceso penal; por tal motivo, carecía de relevancia que las autoridades indígena originaria campesinas (IOC) de Santa Isabel de la provincia Sud Lipez del departamento de Potosí hayan dispuesto su expulsión; accionar que no afectó el derecho a la explotación minera otorgado con anterioridad; 5) La investigación iniciada no iba a determinar quién tenía derecho propietario de explotación minera sobre la mina Mercedes; dicho extremo, era competencia de la AJAM y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL); 6) Se verificó si existían elementos para determinar si personas ajenas a la familia Huarachi de manera ilegal estaban perturbando el derecho a explotar la referida concesión; en ese entendido, se constató que los denunciados aparentemente hubiesen obrado con base en una resolución administrativa otorgada por la COMIBOL para realizar trabajos de “exploración de cateo”; 7) El Ministerio Público no determinó si la Resolución de Sobreseimiento de 15 de febrero de 2019 era legal o no; sino que los sindicados, miembros de la Cooperativa Minera “Nuevo Mundo” actuaron con respaldo en la misma; 8) No existían elementos para demostrar que los procesados; a sabiendas que la Resolución de Sobreseimiento de 15 de febrero de 2019 era ilegal, ingresaron a fin de realizar trabajos de “cateo de exploración”; 9) Se evidenció que en la gestión 2010, la COMIBOL dispuso que en la concesión denominada Bonete se incluía “Mercedes” y “La Candelaria”, entre otras. De esta forma no se encontró elementos para establecer si los hechos denunciados constituían delitos; en razón que, no se determinó que los sindicados hubiesen actuado de forma dolosa; 10) Al momento de impugnar la Resolución de Sobreseimiento de 15 de febrero de 2019, no se identificó qué elementos no fueron tomados en cuenta por la representante del Ministerio Público; con el mismo sentido, no se explicó de qué manera la valoración extrañada podría modificar la decisión ya emitida; y, 11) Acorde a lo previsto en la SCP 0900/2019-S1 de 12 de septiembre, las autoridades de la jurisdicción constitucional pueden revisar la actividad valorativa desarrollada por autoridades judiciales y administrativas, para ello, el interesado-accionante, debe identificar expresamente cuáles son dichos elementos omitidos y la incidencia de dicha actividad valorativa irrazonable en la decisión final; condiciones que no fueron cumplidas en la acción de amparo constitucional formulada.
Ramón Huayta Condori, Balvino Huayta Condori y Erasmo Castro Calcina mediante su abogado manifestaron: i) Se presentó contratos suscritos con la COMIBOL que demostraban que tenían autorización para realizar trabajos en las referidas áreas mineras; de igual manera, documentación que acreditó que la concesión minera Mercedes fue revertida; ii) La Fiscal de Materia dispuso que no existían suficientes elementos para fundar una acusación ni demostrar el avasallamiento del área minera mencionada, tampoco la compraventa ilegal de minerales; iii) La referida autoridad Fiscal emitió la Resolución de Sobreseimiento de 15 de febrero de 2019, de manera fundamentada, no lesionó derecho alguno. En ese orden, las Resoluciones de Sobreseimiento de 15 de febrero de 2019 y la Resolución Jerárquica FDP-T.I.S./RCHG 110/2019 de 27 de junio, ambas impugnadas cumplieron con los presupuestos legales requeridos para su emisión; iv) Las autoridades de la jurisdicción constitucional únicamente pueden abrir su competencia a fin de revisar la labor ejecutada por jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, siempre que no implique asumir un rol impugnativo y cuando se demuestre falta de actividad argumentativa; lo cual no fue demostrado; y, v) La acción de amparo constitucional formulada tenía como objeto dar vigencia al proceso penal en que se emitió la Resolución de Sobreseimiento de 15 de febrero de 2019; confirmada mediante Resolución Jerárquica FDP-T.I.S./RCHG 110/2019.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 010/2023 de 16 de enero, cursante de fs. 1445 a 1451, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) El art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo) señala que la acción de amparo constitucional tiene por objeto garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica reconocidas por la Constitución Política del Estado y la ley, contra actos ilegales u omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los mismos; b) Según establecen la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código de Procedimiento Penal, no existe posibilidad de revisión de la Resolución Jerárquica FDP-T.I.S./RCHG 110/2019, motivo por el cual, se cumplió el principio de subsidiariedad previsto en el art. 129.I de la Constitución Política del Estado (CPE); c) La citada Resolución expuso los antecedentes del caso, las diligencias investigativas, identificó la prueba presentada, los elementos del sobreseimiento, los puntos de impugnación y explicó por qué se ratificó la decisión de la Fiscal de Materia. En ese entendido, ninguna de las partes observó la referida Resolución por cuestiones de forma; d) Respecto a la actividad valorativa desarrollada por la autoridad demandada, los impetrantes de tutela no explicaron la relación de la prueba supuestamente no valorada con el hecho investigado; e) Se evidenció que la prueba acumulada demostró que Walter Huarachi Veliz sí tenía derecho de explotación sobre la mina “Mercedes” y que el mismo estaba vigente, mas no era motivo de la investigación penal iniciada; por lo tanto carecía de relevancia, al igual que lo dispuesto por las autoridades de la jurisdicción IOC de la comunidad Jatun Ayllu Santa Isabel de la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí; f) “…en las determinaciones administrativas de reversión se suscitan recién el año 2016, cuando denuncian hechos del año 2010, y no hay forma de valorar porque no pueden retraerse derechos de la explotación minera antes de la reversión y no se comprende cómo podrían determinar la investigación en la fiscalía, cuando los hechos han sido anteriores a los derechos de explotación” (sic).; g) Se concluyó que las acciones ejecutadas por los demandados, en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito por la COMIBOL, serían legales y no constituían delitos; en ese orden, no existía prueba para acreditar que el referido contrato era ilegal o que se emitió una nueva resolución que prohíba o paralice las labores ejecutadas por los denunciados; h) En tal sentido la Resolución de Sobreseimiento de 15 de febrero de 2019 impugnada vía la presente acción de amparo constitucional, realizó una valoración de la prueba y expuso las razones por las cuales se ratificó el sobreseimiento emitido por la Fiscal de Materia; i) Se evidenció que la autoridad demandada otorgó razones de su decisión; si bien su razonamiento no es favorable a los accionantes, ello no implicó que la Resolución Jerárquica FDP-T.I.S./RCHG 110/2019 carecía de los elementos del debido proceso; y, j) En relación a la supuesta lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, el proceso penal se desarrolló en el marco de lo dispuesto en los arts. 323 y 324 del CPP, por lo que no se demostró vulneración alguna.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución de Sobreseimiento de 15 de febrero de 2019, María Mercedes Mancilla Vargas, Fiscal de Materia, dispuso el sobreseimiento de Ramón Huayta Condori, Balvino Huayta Condori y Erasmo Castro Calcina, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Walter Huarachi Veliz y Reynaldo Diego Huarachi Caro -accionantes-, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento en área minera, explotación ilegal de recursos minerales y venta o compra ilegal de recursos minerales; en razón que, los elementos colectados eran insuficientes para fundar una acusación (fs. 1371 a 1376 vta.). II.2. Por memorial de 5 de junio de 2019, los peticionantes de tutela, formularon impugnación contra la Resolución supra (fs. 1422 a 1424 vta.). II.3. Mediante Resolución Jerárquica FDP-T.I.S./RCHG 110/2019 de 27 de junio, Roxana Choque Gutiérrez, Fiscal Departamental de Potosí, ratificó la Resolución de Sobreseimiento de 15 de febrero de 2019, misma que fue notificada a la parte impetrante de tutela el 27 de junio de 2019 (fs. 1426 a 1433).
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación, y la tutela judicial efectiva; a partir de ello, señalan que dentro del proceso penal seguido contra Ramón Huayta Condori, Balvino Huayta Condori y Erasmo Castro Calcina, la Fiscal de Materia emitió la Resolución de Sobreseimiento de 15 de febrero de 2019; a raíz de ello, presentaron impugnación mediante memorial de 5 de junio del referido año. En consecuencia, la autoridad demandada, emitió la Resolución Jerárquica FDP-T.I.S./RCHG 110/2019 de 27 de junio, sin considerar todos los puntos observados omitiendo valorar todos los elementos colectados en el desarrollo de la investigación. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
El art. 129.II de la CPE, señala que: “I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial". En el mismo sentido el art. 55.I del CPCo dispone que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho” (negrillas añadidas). La jurisprudencia constitucional dispone que la acción de amparo constitucional se encuentra sujeta al cumplimiento del principio de inmediatez, entendido este como el plazo máximo y perentorio que tienen las partes para activar esta vía tutelar extraordinaria en procura de la restitución y protección de sus derechos y garantías supuestamente vulnerados o amenazados de serlo. En ese marco, la jurisprudencia contenida en la SC 1039/2010-R de 23 de agosto, en cuanto a la acción de amparo constitucional, estableció que:”…es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE)”. La SC 0521/2010-R de 5 de julio, reiterando el razonamiento asumido por la uniforme línea jurisprudencial en relación al plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional, dispuso: “…habiendo la Constitución Política del Estado vigente acogido expresamente el mismo, adoptando con ello el requisito imprescindible que el accionante debe cumplir, de presentar su recurso dentro de los seis meses a partir de la supuesta vulneración cometida o de la notificación con la resolución judicial o administrativa que se considera lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales; principio que conforme expresa la SC 1157/2003-R de 15 de agosto: '…está sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidosꞌ”. Con idéntico criterio, la SCP 0751/2012 de 13 de agosto, dispuso: “Ahora bien, se debe entender que: '…el principio de inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental. Este razonamiento, resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección´(SC 0770/2003-R de 6 de junio)”.
En este marco, esta vía tutelar de carácter extraordinaria no se encuentra disponible a la indeterminación y pasividad de las partes, toda vez que estas deben actuar de manera diligente y oportuna en procura de la tutela de sus derechos y garantías fundamentales supuestamente vulnerados o amenazados de serlo, y acorde a ello activar la jurisdicción constitucional en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión del hecho, su conocimiento, o desde la notificación con la última resolución judicial o administrativa.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación; y, la tutela judicial efectiva; en ese marco, manifiestan que iniciaron un proceso penal contra Ramón Huayta Condori, Balvino Huayta Condori y Erasmo Castro Calcina, por la supuesta comisión de los delitos de avasallamiento en área minera, explotación ilegal de recursos minerales; y, venta o compra ilegal de recursos minerales; dentro del cual, María Mercedes Mancilla Vargas, Fiscal de Materia emitió la Resolución de Sobreseimiento de 15 de febrero de 2019; motivo por el cual, presentaron impugnación a través del memorial de 5 de junio del citado año. A raíz de ello, Roxana Choque Gutierrez, Fiscal Departamental de Potosí autoridad demandada, mediante la Resolución Jerárquica FDP-T.I.S./RCHG 110/2019 de 27 de junio, ratificó la decisión observada sin dar respuesta a todos los puntos de la impugnación ni valorar todos los elementos de prueba acumulados en la etapa de la investigación. En este punto y con el fin de establecer si incumbe hacer un análisis de fondo de la problemática expuesta por Walter Huarachi Veliz y Reynaldo Diego Huarachi Caro, corresponde verificar si la parte impetrante de tutela dio cumplimiento a los dos principios esenciales que rigen la presente acción de amparo constitucional previstos en el art. 129.I y II de la CPE. En ese orden, en atención a las disposiciones legales previstas en el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, se tiene que la Resolución Jerárquica FDP-T.I.S./RCHG 110/2019, emitida por la Fiscal Departamental de Potosí, no admite medio de impugnación en la vía ordinaria penal. Siguiendo este orden, en aplicación del principio de inmediatez previsto en el art. 129.II, de la CPE, la parte impetrante de tutela debe interponer la acción de amparo constitucional en el plazo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión judicial o administrativa. De manera concordante, el art. 55 del CPCo, establece que: “I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace”. Conforme lo previsto en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional (SC 0521/2010-R), la parte accionante debe presentar la acción de amparo constitucional dentro del plazo de seis meses a partir de la supuesta vulneración cometida o de la notificación con la resolución judicial o administrativa que supuestamente lesiona sus derechos y garantías constitucionales. En la especie la parte impetrante de tutela solicitó que se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FDP-T.I.S./RCHG 110/2019; y la misma fue notificada a Walter Huarachi Veliz y Reynaldo Diego Huarachi Caro -accionantes-, el 27 de junio de 2019. Ahora bien, tomando en cuenta que la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta por los accionantes el 29 de julio de 2020, se evidencia el incumplimiento del principio de inmediatez previsto en el art. 129.II de la CPE; motivo por el cual, no es posible realizar un examen de fondo de la cuestión planteada, ni conceder la tutela peticionada.
En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 010/2023 de 16 de enero, cursante de fs. 1445 a 1451; pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se hizo un examen de fondo a la problemática jurídica planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0543_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): e78ef336500e2bfaeb56a2536019f30fe7fd0d40b07a4505cdab3d804f22d4b1
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