B.IA.LEGAL

SCP 0542/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 8 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
8 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54420-2023-109-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en su vertiente de celeridad; del derecho a la libertad y de los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia; toda vez que, el Juez demandado incumplió una medida cautelar de suspensión de detención preventiva que le fue concedida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de una acción de amparo constitucional que interpuso. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 178 a 187, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La improcedencia de activar la acción de libertad cuando existe una resolución en otra acción tutelar, de la cual emerge el que se interpone
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0542/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54420-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 17/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 178 a 187, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ricardo Pascual Heredia Rodríguez contra Iván Elmer Perales Fonseca, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de marzo de 2023, cursante a fs. 1 y 143 a 151 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió, el Auto de Vista 886/2022 de 17 de noviembre, mediante el cual confirmó su detención preventiva y ordenó se expida un nuevo mandamiento de detención preventiva; en cumplimiento a la referida determinación, el 7 de febrero de 2023, el Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- emitió el mandamiento de detención preventiva ordenado; no obstante, paralelamente, interpuso una acción de amparo constitucional contra dicha Resolución, razón por la cual la Sala Constitucional Primera del citado Tribunal Departamental de Justicia, el 22 de similar mes y año, le otorgó una medida cautelar que disponía suspender la ejecución del mandamiento hasta la celebración de la audiencia de garantías.

A pesar de haber sido notificado con la medida cautelar antes mencionada, el 28 de similar mes y año, la autoridad demandada no la acató y, por el contrario, emitió ese mismo día una providencia en la que ordenó oficiar al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a efectos de verificar el cumplimiento del mandamiento de detención emitido; a consecuencia de ello, el 6 de marzo de ese año, fue aprehendido y traslado al referido Centro Penitenciario, materializándose así su detención pese a la medida cautelar vigente que ordenaba suspenderla; ante tal situación, el 7 igual mes y año, interpuso recurso de reposición contra la providencia de 28 de febrero, solicitando que se deje sin efecto su detención y se cumpla la medida cautelar ordenada; sin embargo, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, el Juez demandado no resolvió dicho recurso; asimismo, el mismo día denunció el incumplimiento de la medida cautelar ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pero tampoco obtuvo respuesta; a todo lo anteriormente expuesto, se sumó que su persona presentaba un delicado estado de salud, ya que el 10 de marzo de similar año, le fue diagnosticado varicocele izquierdo trombosado, lo que agravaba las condiciones de su reclusión. Por todo ello, consideró que el Juez demandado vulneró sus derechos, al desobedecer una orden constitucional y al no resolver oportunamente los recursos planteados, hechos que motivaron la interposición de la presente acción de libertad.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; y, de los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 22, 23.I y III, “24”, 115, 116.I, 117.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se determine: a) Ordenar la restitución inmediata de su persona desde el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz a su domicilio a efectos de cumplir la detención domiciliaria; b) La restricción indebida de su derecho a la libertad por no haber obedecido la medida cautelar por parte del Juez demandado; y, c) La vulneración de su derecho al debido proceso ya que la autoridad demandada no resolvió su recurso de reposición de manera oportuna.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 14 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 172 a 177, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) Se produjo un incumplimiento de plazos al no haberse resuelto el recurso de reposición de acuerdo a los arts. 401 y 402 del Código de Procedimiento Penal (CPP), vulnerándose el principio de celeridad -elemento del debido proceso-; 2) La autoridad jurisdiccional demandada vulneró su derecho a la libertad al restringirlo y suprimirlo mediante la omisión e incumplimiento de la medida cautelar dispuesta por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sabiendo que la misma había sido otorgada debido al delicado estado de salud en el que se encontraba, estado que era de conocimiento de la autoridad demandada ya que el mismo concedía las autorizaciones para las salidas judiciales médicas de detención domiciliaria, a efectos de realizar sus consultas en los hospitales correspondientes, por lo que el nombrado no podía desconocer que el accionante seguía cumpliendo medidas cautelares en su domicilio al momento de ordenar su detención; 3) El impetrante de tutela y su defensa renunciaron a continuar esperando un pronunciamiento de la Sala Constitucional Primera sobre la denuncia de incumplimiento a la medida cautelar presentada el 7 de marzo de mismo año, ante la falta de respuesta de dicha autoridad; y, 4) El diagnóstico de varices escrotales, le generaba bastante dolor y que, debido a su actual privación de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no pudo recibir un tratamiento médico adecuado, agravando así su delicado estado de salud.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Iván Elmer Perales Fonseca, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías señaló que: i) No fue notificado formalmente con ninguna orden de suspensión del mandamiento de detención preventiva, sino que únicamente recibió un legajo con copias de la acción de amparo constitucional, sin que en ningún momento se le mencionara como parte de esa acción tutelar; ii) El mandamiento de detención preventiva antes referido, fue emitido por su Tribunal el 7 de febrero de 2023, y que el 9 de ese mes y año ya se había remitido el mismo al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, conminando su ejecución, todo ello antes de que se le notificara con la medida cautelar el 28 de similar mes y año; iii) El decreto del 28 de igual mes y año, ahora cuestionado, fue dictado porque desconocía si el accionante continuaba o no con detención domiciliaria, y por ello dispuso oficiar al Director del indicado Centro Penitenciario a efectos de que informara si el impetrante de tutela se encontraba recluido; iv) Respecto al recurso de reposición interpuesto por el nombrado el 7 de marzo del mismo año, no era parte de su competencia exclusiva porque el Tribunal es colegiado, y dicho recurso fue resuelto por el Juez Técnico José Luis Quiroga Flores mediante Auto Interlocutorio del 10 de similar mes y año, quien dispuso oficiar a la Sala Constitucional Primera para que informara si la medida cautelar se mantenía vigente; v) No era la autoridad legitimada para ser demandada en la presente acción de libertad, ya que la dilación en resolver el recurso de reposición no era responsabilidad suya, sino del Juez que conoció y resolvió dicho recurso; vi) El informe del Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, recién fue recibido por su Tribunal el día anterior a la audiencia -13 de igual mes y año-, confirmando que el accionante había sido restituido al indicado Centro Penitenciario el 6 del mismo mes y año, encontrándose legalmente detenido por la vigencia del Auto de Vista 886/2022; y, vii) La Sala Constitucional Primera, el día anterior a la audiencia, remitió una solicitud para que su Tribunal informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar, concediéndole veinticuatro horas para responder, plazo que refiere, aún no había vencido al momento de la audiencia, en consecuencia, no se vulneró ningún derecho constitucional del accionante, y solicitó que se deniegue la acción de libertad interpuesta en su contra.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 17/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 178 a 187, concedió la tutela solicitada, disponiendo que: a) El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del citado departamento, dé cumplimiento estricto a la medida cautelar dispuesta por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de 22 de febrero de 2023; es decir, suspender la ejecución de la medida cautelar extrema de detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, hasta que se resuelva la acción de amparo constitucional interpuesta por el accionante contra la Vocal Rosmery Lourdes Pabón Chávez; b) El Tribunal antes referido, deje sin efecto el mandamiento de detención preventiva dispuesto el 7 de igual mes y año y, en su lugar, ordene la restitución inmediata del impetrante de tutela, desde el indicado Centro Penitenciario hasta su domicilio, a efectos de que continue cumpliendo detención domiciliaria mientras no se tengan las resultas de la acción constitucional interpuesta; c) Una vez conocido el resultado de la acción de amparo constitucional en cuestión, el mencionado Tribunal de Sentencia deberá resolver inmediatamente la situación jurídica del solicitante de tutela; y, d) La Sala Constitucional Primera, al momento de resolver la acción de amparo constitucional, deberá pronunciarse sobre si mantiene o no la medida cautelar dispuesta mediante Auto de 22 de febrero de mismo año; determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) Al existir una disposición de medida cautelar que fue notificada a la autoridad demandada el 28 de similar mes y año, debió dejar sin efecto el mandamiento de detención preventiva inmediatamente, y mantener la medida cautelar de detención domiciliaria, sin exceder la misma, determinando que la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado a la libertad en conformidad del art. 23.I de la CPE, y que pese a dicha notificación, la autoridad demandada no cumplió con la disposición constitucional, en lugar de suspender de manera inmediata el mandamiento de detención preventiva en cuestión, emitió el decreto de 28 de mismo mes y año, disponiendo oficiar al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para que informe si dicho mandamiento se había ejecutado, lo que se constituyó en una dilación injustificada; 2) El recurso de reposición interpuesto por el accionante el 7 de marzo de mismo año, contra el decreto referido, fue resuelto recién el 10 de igual mes y año por el Juez demandado, es decir, fuera del plazo de veinticuatro horas establecido por el Código de Procedimiento Penal, además, dicha resolución no resolvió el fondo del recurso, sino que condicionó su decisión a la presentación de informes adicionales; 3) La autoridad demandada, como presidente del Tribunal que conoce la causa, tenía el deber de conocer la situación jurídica del detenido y de garantizar el cumplimiento de las órdenes constitucionales. Su omisión en cumplir con la medida cautelar dispuesta por la Sala Constitucional Primera, vulneró el derecho a la libertad del impetrante de tutela; y, 4) Si bien la detención preventiva del accionante fue inicialmente legal, al existir una disposición constitucional posterior que ordenaba su suspensión y la autoridad demandada no la acató, se configuró en una vulneración al debido proceso y al derecho a la libertad de locomoción, por lo que correspondía conceder la tutela. En vía de aclaración, complementación y enmienda, la parte accionante solicitó se aclare la forma y el plazo en que se dispondría la notificación a la autoridad demandada, a objeto del cumplimiento a la parte dispositiva del fallo emitido, resguardando el estado de salud de su patrocinado y su derecho a la vida. Ante lo cual, el Juez de garantías sostuvo que, ya se había ordenado dicha notificación; sin embargo, aclaró que por tratarse de una audiencia virtual, la resolución recién podría ser entregada una vez que la Oficina Gestora de Procesos (OGP) remita la grabación y los funcionarios realicen la transcripción correspondiente del acta de audiencia, por lo que solicitó al accionante esperar hasta el día siguiente o pasado para contar con la resolución.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 192 a 194); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto de Vista 886/2022 de 17 de noviembre, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en cumplimiento de la SCP 0945/2021-S3 de 24 de noviembre, confirmó el rechazo previo a la solicitud de cesación de detención preventiva formulada por Ricardo Pascual Heredia Rodríguez -hoy accionante- contra el Auto Interlocutorio 025/2020 de 24 de mayo y ordenó que el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del mismo departamento, emita el mandamiento de detención preventiva en su contra, para su reclusión en el Centro Penitenciario San Pedro del indicado departamento (fs. 47 a 52). II.2. Cursa memorial de 26 de enero de 2023, mediante el cual el impetrante de tutela interpuso acción de amparo constitucional contra la Vocal Rosmery Lourdes Pabón Chávez, impugnando el Auto de Vista 886/2022 y el Auto complementario de 4 de similar mes y año, solicitando que se dejen sin efecto los mismos y se emita una nueva resolución (fs. 59 a 80 vta.). Dicha acción fue admitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de 6 de febrero de mismo año, fijando audiencia para el 3 de marzo de ese año (fs. 81). II.3. Por memorial presentado el 16 de febrero de 2023, ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el solicitante de tutela, en el marco de la acción de amparo constitucional interpuesta, requirió la concesión de una medida cautelar, solicitando se suspenda la ejecución del Auto de Vista 886/2022, el Auto complementario de 4 de enero de 2023 y el mandamiento de detención preventiva emitido en su contra, hasta la celebración de la audiencia de dicha acción tutelar (fs. 84 a 87 vta.). II.4. Mediante Auto de 22 de febrero de 2023, el Vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con base en el art. 34 del CPP, concedió la medida cautelar solicitada y suspendió los efectos del Auto de Vista 886/2022 y del mandamiento de detención preventiva, hasta que se celebre la audiencia de acción de amparo constitucional fijada para el 3 de marzo de similar año. Asimismo, consta que se notificó al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del citado departamento con dicha determinación y otros actuados procesales el 28 de febrero del mismo año. (fs. 88 y 89).

II.5. Por decreto de 28 de febrero de 2023, Iván Elmer Perales Fonseca, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandado-, reconoció haber sido notificado con la acción de amparo constitucional y la medida cautelar concedida el 22 de similar mes y año, que suspendía la detención preventiva hasta la audiencia de garantías fijada para el día 3 de marzo de mismo año. Sin embargo, dado que el Tribunal ya había remitido el mandamiento de detención preventiva el 9 de febrero -antes de conocer la medida cautelar- y se desconocía si este se había ejecutado, dispuso oficiar al director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz para que informara si el mandamiento se había cumplido y si el accionante se encontraba recluido, condicionando cualquier decisión posterior a la obtención de dicha información (fs. 90). II.6. Mediante memorial presentado el 7 de marzo de 2023, ante los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el impetrante de tutela, denunció el incumplimiento y desobediencia del Auto de 22 de febrero del mencionado año, por parte del Juez demandado; asimismo, solicitó se notifique al Director del Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento, a efectos de que se le restituya a su domicilio para cumplir su detención domiciliaria; y, se notifique al Juez demandado, para que informe los motivos del porque no dio cumplimiento a la medida cautelar otorgada a través del Auto de 22 de febrero de igual año (fs. 94 a 95). II.7. Por decreto de 9 de marzo de 2023, el Vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso que el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del citado departamento, informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar dispuesta, y sea en el plazo de veinticuatro horas, a partir de su legal notificación; siendo notificado dicho Tribunal el 13 del señalado mes y año (fs. 161 y 162).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en su vertiente de celeridad; del derecho a la libertad y de los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia; toda vez que, el Juez demandado incumplió una medida cautelar de suspensión de detención preventiva que le fue concedida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de una acción de amparo constitucional que interpuso. El incumplimiento se materializó cuando la autoridad demandada, en lugar de acatar inmediatamente lo dispuesto por la medida cautelar, emitió un decreto dilatorio que derivó en su detención efectiva, y además no resolvió oportunamente el recurso de reposición que interpuso contra dicha determinación. La autoridad demandada sostiene que: i) Actuó conforme al Auto de Vista 886/2022, disponiendo la emisión y remitiendo el mandamiento de detención preventiva el 9 de febrero -antes de conocer de la existencia de la medida cautelar-, por lo que el impetrante de tutela se hallaba legalmente detenido; ii) No recibió comunicación oficial de la Sala Constitucional Primera, sino únicamente un legajo con el Auto de 22 de febrero de 2023; iii) No era competente para resolver el recurso de reposición interpuesto, pues ello corresponde a los Jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, iv) La medida cautelar concedida está bajo control de la Sala Constitucional Primera. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La improcedencia de activar la acción de libertad cuando existe una resolución en otra acción tutelar, de la cual emerge el que se interpone

Al respecto la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, cita dos subreglas relevantes sistematizadas en la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero y establece: “…i) Es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa, el cumplimiento de una resolución constitucional de amparo o de otra acción de defensa -incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional-o en su caso denunciar su incumplimiento; y, ii) Es improcedente, a través de otra acción de amparo u otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento -parcial, distorsionado o tardío- de las resoluciones constitucionales -incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional-. (…) En razón a los remedios procesales idóneos que existen, esta línea jurisprudencial impide abrir una cadena interminable de acciones de defensa, porque desde el punto de vista práctico, una concesión de tutela perdería su efectividad en su cumplimiento, pues quedaría indefinidamente postergada hasta que la parte demandada convertida eventualmente en accionante presente otra acción de defensa contra la sentencia constitucional que le fue adversa, buscando que la justicia constitucional le otorgue razón, eventualidad, en la que el accionante original continuaría con la misma cadena de tutela hasta volver a obtenerla” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes, se evidencia que la presente acción tutelar, deviene de un proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en el cual interpuso una acción de amparo constitucional (Conclusión II.2) impugnando el Auto de Vista 886/2022 de 17 de noviembre (Conclusión II.1) mismo que determinaba su detención preventiva; Dentro de la referida acción tutelar, el impetrante de tutela solicitó la concesión de una medida cautelar de suspensión de la ejecución del citado Auto de Vista (Conclusión II.3), y la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, le concedió dicha solicitud mediante la emisión del Auto de 22 de febrero de 2023 (Conclusión II.4) disponiendo la suspensión del mandamiento de detención preventiva hasta la celebración de la audiencia de garantías, la cual había sido fijada inicialmente para el 3 de marzo del mismo año. Posteriormente, el accionante denunció que el Juez demandado incumplió dicha medida cautelar al emitir el decreto de 28 de febrero de similar año (Conclusión II.5), lo que derivó en su detención el 6 de marzo de igual año.

No obstante, de los antecedentes se constata que el impetrante de tutela pretende, en esencia, obtener el cumplimiento de la medida cautelar dispuesta por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de una acción de amparo constitucional aún en trámite. En consecuencia, correspondía que agotara previamente los mecanismos procesales previstos dentro de la propia acción constitucional, entre ellos, la denuncia de incumplimiento ya formulada (Conclusión II.6) y pendiente de resolución, antes de acudir a una nueva acción tutelar. Si bien la citada Sala Constitucional, no atendió de manera inmediata el reclamo presentado por el accionante, circunstancia que motivó la interposición de la presente acción de libertad, se advierte que, mediante providencia de 13 de marzo de mismo año, dicha Sala ya había requerido un informe a la autoridad demandada respecto al presunto incumplimiento de la medida cautelar, otorgándole el plazo de veinticuatro horas para pronunciarse (Conclusión II.7), término que aún no había fenecido al momento de celebrarse la audiencia de la presente acción tutelar.

De ello se concluye que, al momento de interponerse la presente acción de libertad, existían mecanismos intraprocesales idóneos y aún vigentes para la restitución del derecho alegado, sin necesidad de activar una nueva acción constitucional; en consecuencia, si bien la autoridad demandada incurrió en una actuación dilatoria al no dar cumplimiento inmediato a la medida cautelar, y la respuesta tardía de la Sala Constitucional Primera, generó incertidumbre jurídica, tales circunstancias no justificaban la promoción de una nueva acción de defensa, puesto que el control sobre el presunto incumplimiento ya había sido activado dentro de la propia acción de amparo constitucional. En aplicación de la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, corresponde denegar la tutela solicitada debido a que la vía elegida no es la idónea a la luz de dicho precedente. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 178 a 187, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0542_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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