B.IA.LEGAL

SCP 0542/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 2 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
2 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
51602-2022-104-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente “incumplimiento al principio de celeridad vinculada a la libertad física o de locomoción”, plazo razonable, tutela judicial efectiva, indivisibilidad de juzgamiento, acceso a la justicia y principio nom bis in ídem; alegando que los Magistrados: 1) Emitieron el Auto Supremo 125/2022, fuera del plazo establecido en el art. 20 del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, vulnerando con ello el principio de celeridad; 2) Inobservaron la garantía del plazo razonable, al haber emitido el aludido Auto Supremo y la Resolución 23/2022, excediendo el plazo de 45 días establecido en el citado artículo, y en contradicción a los lineamientos del Auto Supremo 16/2020, que interpretó la citada norma; y, 3) Inobservaron la aplicación del principio non bis in ídem, en cuyo efecto no procedía la extradición. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 0153/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 1101 a 1104 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la relevancia constitucional: Jurisprudencia reiterada y nuevo entendimiento complementario
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0542/2024-S4 Sucre, 2 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 51602-2022-104-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 0153/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 1101 a 1104 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Richard Marcelo Aguilar Quino contra Ricardo Torres Echalar, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizu, Carlos Alberto Egüez Añez y José Antonio Revilla Martínez, todos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de octubre de 2022, cursante de fs. 1; y, 971 a 1006, el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Auto Supremo 146/2021 de 6 de diciembre, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó su detención preventiva con fines de extradición, la cual fue materializada el 10 de mayo de 2022, en cuyo efecto, el Magistrado Tramitador de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, emitió el Decreto de 20 de igual mes y año, que señalo: "En cuyo mérito, de manera inmediata hágase conocer al Estado requirente, la República de Argentina, la detención preventiva del ciudadano Richard Marcelo Aguilar Quino, efectuada el 11 de mayo del presente año, a efectos de la formalización de la solicitud de Extradición, en cumplimiento de lo establecido en el art. 20 del Tratado de Extradición suscrito entre Bolivia y Argentina, sea por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores; para el efecto por Secretaría de Sala Plena, remítase copila legalizada de la presente providencia y los Informes señalados precedentemente, con nota de atención" (sic). Habiendo su defensa presentado un memorial el 24 de junio de 2022, a través del cual puso a conocimiento del citado Tribunal, que fue juzgado y sobreseído en el Estado Plurinacional de Bolivia por los mismos hechos por los que se lo pretendía extraditar, lo que motivaba la improcedencia de la extradición, por lo que de admitir la misma se lo estaría juzgando dos veces por un mismo hecho donde concurre la triple identidad, lo cual se encuentra proscrito constitucionalmente; no mereció respuesta, por ello presentó el 25 de julio del referido año, otro memorial bajo la suma “CONMINATORIA”, que tampoco fue atendido, por cuanto ante la falta de pronunciamiento que resuelva su situación jurídica, planteó una anterior acción de libertad el 13 de septiembre de 2022, “DE MANERA INCREÍBLE APARECE EL AUTO SUPREMO 125/2022 DE 16 DE AGOSTO” (sic), cuando se hizo el seguimiento respectivo de manera continua, y siempre les indicaban que el expediente se encontraba con el Ministro en despacho; continuó señalando que, efecto de dicha concesión se dispuso que el Tribunal Supremo de Justicia en el plazo de veinticuatro (24) horas, resuelva la solicitud que efectuó a través del memorial de 24 de junio del mismo año, con relación al pedido de libertad y cesación a su detención preventiva con fines de extradición al haber excedido los cuarenta y cinco (45) días que establece el art. 20 del Tratado de Extradición entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, lo que generó la emisión de la Resolución 23/2022 de 16 de septiembre, presuntamente notificada a su persona mediante cédula el 23 de igual mes y año. En ese contexto, acuso la vulneración al debido proceso por incumplimiento al principio de celeridad vinculado a su libertad física o de locomoción, al haber el Auto Supremo 125/2022 de 16 de agosto, sido emitido fuera del plazo de los 45 días establecido en el art. 20 del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, por cuanto en aplicación del mismo, correspondía ordenar al Juez en conocimiento de la causa cese su detención arbitraria o en su caso disponer ello a través de un Auto Supremo, y no limitarse simplemente a través del Auto Supremo 125/2022 a dar curso a la extradición, pues conforme la propia doctrina emanada por ese alto Tribunal ordinario, que es de aplicación vinculante al caso, concretamente el Auto Supremo 16/2020 de 18 de febrero, en su parte más relevante estableció: “…se hace inexcusable también referirse a que el citado art. 20 del Tratado de Extradición suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Argentina, dispone que el tiempo máximo de detención preventiva cual es de 45 días, por lo que, en aplicación de la citada convención internacional, se debe ordenar la detención preventiva por 45 días” (sic), el cual es claro al señalar que debe ordenarse la detención por 45 días y no como indica el fallo cuestionado, cuando determina: “EN CUANTO A LA CESACION A LA DETENCION PREVENTIVA POR HABER EXCEDIDO MAS DE 45 DÍAS QUE ESTABLECE EL ART. 20 DEL TRATADO DE EXTRADICION ENTRE LA REPUBLICA DE LA ARGENTINA Y EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, APROBADO MEDIANTE LEY N° 723 DE 24 DE AGOSTO DE 2015; CORRESPONDE RECALCAR QUE NO DEBEMOS CONFUNDIR NI APLICAR DE MANERA ERRADA EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ART 20 DEL TRATADO DE EXTRADICCION ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE ARGENTINA QUE TIENE DISTINTO OBJETIVO. Continúa: ‘CON RELACION AL PLAZO DE 45 DIAS conforme señala el art 20 corresponde el plazo para la formalización de la solicitud de extradición del Estado Requirente explicado en el Auto Supremo No 146/2021 donde el país requirente cumple con el plazo establecido, puesto que la detención preventiva se efectivizo el 10 de mayo de 2022, conforme consta el informe DDI-DIV TR TF N° 945/2022 a fs. 306, consiguientemente la presentación de la formalización de extradición, fue el 20 de mayo del 2022 de fs. 345, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para su posterior remisión L Tribunal Supremo de Justicia mediante nota No 1395/2022 de fs 34, no habiendo transcurrido la DURACION MAXIMA COMO PRETENDE CONFUNDIR EL SOLICITANTE, AL APLICAR DE MANERA INCORRECTA EL ART 20 DEL TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE LA ARGENTINA, que constituyo fundamento principal de la sentencia No 003/2022 de 15 de septiembre del 2022, que concedió la acción de libertad interpuesta por el accionante"’ (sic), razonamiento que resulta erróneo y alejado de las propias resoluciones que se emiten en el Tribunal Supremo de Justicia. Por cuanto queda claro que la Resolución 23/2022, en respuesta a su memorial de 24 de junio, vulnero el principio de celeridad, además de ser una respuesta infundada y distorsionada; pues se encuentra detenido más de ciento cuarenta y siete (147) días con fines de extradición, lo que resulta grave, pues no existe justificativo para que el Auto Supremo 125/2022, quede vigente, al no haberse respetado el término de interpretación del art. 20 del Tratado de Extradición, habiéndose incluso actuado sin competencia por haberse emitido fuera de plazo las resoluciones confutada. Por otro lado, la actuación del Magistrado Tramitador y personal de su despacho, al no franquear el dossier solicitado por su abogado también vulneraron el debido proceso en su componente celeridad. Denuncio también, que se vulneró el plazo razonable, el cual no puede ser indefinido por cuanto en la emisión de ambas resoluciones se incumplió lo que establece el art. 20 párrafo tercero del Tratado de Extradición, ya que si bien existe un plazo de 45 días para formalizar la misma; empero, no puede encontrarse sujeto a una discrecionalidad de ciento cuarenta y cinco (145) días, de estar detenido preventivamente con fines de extradición, lo que resulta irracional, ilegal y desproporcional. Alego además que no se consideró la aplicación del principio nom bis in ídem, pues existen dos denuncias por la presunta comisión del mismo tipo penal, una tramitada en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde se emitió resolución de rechazo, y otro proceso por el cual se solicitó su extradición, habiendo los demandados interpretado de manera errónea que se trataría de determinaciones que corresponden a diferentes etapas del proceso, estableciendo: “POR LO QUE NO PUEDE EQUIPARSE UNA RESOLUCION DE RECHAZO A UNA RESOLUCION DE SOBRESEIMIENTO; DETERMINACIONES QUE CORRESPONDEN A DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO. Por lo que al no haberse emitido resolución de Sobreseimiento definitivo a favor del extraditable Richard Marcelo Aguilar Quino, no se beneficiado con una amnistía y menos indulto por parte del Estado Boliviano, no resulta ser aplicable en art 3 Inc. g) del Tratado de Extradición entre la Republica de la Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, aprobado mediante Ley No 723 de 24 de agosto de 2015" (sic); hecho que lesiono el art. 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que no puede ser procesado dos veces por el mismo hecho, en concordancia con el art. 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y en estrecha relación con el art. 45 de la citada ley, que establece la indivisibilidad de juzgamiento, lo que equivale a sostener que resulta aplicable el art. 3. g) del Tratado de Extradición, imposibilitando conceder la extradición solicitada por la Embajada de la República de Argentina. Finalmente denuncio que, se vulnero su derecho de acceso a la justicia, pues el expediente nunca se encuentra a la vista siempre está en despacho, no tiene acceso a las notificaciones con las resoluciones emitidas, como por ejemplo Auto Supremo 125/2022, que fue presentado en audiencia de acción de libertad, tampoco puede acceder a la resolución que resolvió la solicitud que efectuó mediante memorial de 24 de junio del 2022, con relación a su pedido de libertad y cesación a la detención preventiva por haber excedido los 45 días que establece el art 20 del Tratado de Extradición, pese que le fue concedida la tutela impetrada, habiéndose ordenado que la Sala Plena resuelva, pero lo hizo recién el 16 de septiembre del mismo año.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante alegó como lesionados su derecho al debido proceso en su vertiente “incumplimiento al principio de celeridad vinculada a la libertad física o de locomoción”, plazo razonable, tutela judicial efectiva, indivisibilidad de juzgamiento, acceso a la justicia y principio nom bis in ídem; citando al efecto los arts. 115.I, 116.I, 117.II, 178, 180, de la CPE; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (CUDH); 25 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 6.1 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto Supremo 125/2022 y la Resolución 23/2022, por lesionar el art. 20 del Tratado de Extradición entre la República de Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, en contraposición del Auto Supremo 16/2020; y, b) Se emita nueva resolución respetando sus derechos fundamentales vulnerados, ordenando el cese de su detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 24 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 1091 a 1100 vta., presente el abogado del solicitante de tutela y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, ratificó el contenido íntegro de su memorial de demanda de acción de amparo constitucional, y ampliando la misma, señaló que: 1) Richard Marcelo Aguilar Quino, fue extraditado a la República de Argentina, razón por la cual no se hizo presente en audiencia dentro de esta acción tutelar; 2) En virtud del Tratado de Extradición, la persona debe ser puesta en libertad al cabo de 45 días contados desde la fecha de su detención, si la parte requirente no hubiera formalizado su solicitud de extradición; en el caso, fue detenido el 11 de mayo del 2022, desde esa fecha hasta la presentación de una anterior acción de defensa, los Magistrados demandados recién declararon procedente la extradición, y emitieron la Resolución 023/2022; 3) El Auto Supremo 16/2020, pronunciado por el Magistrado relator en ese caso Juan Carlos Barrios Albizu, señalo con relación al art. 20 del Tratado de Extradición, que analizó en un caso similar de abuso sexual: “se hace inexcusable también referirse a que el citado art. 20 del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, dispone que: ‘el tiempo máximo de detención preventiva cual es de 45 días, por lo que en aplicación de la citada Convención Internacional se debe ordenar la detención preventiva por 45 días’, de donde nos vienen ahora en el informe que no se tiene que cumplir ese plazo de los 45 días, que nos digan cual es la norma yo quiero saber cómo abogado estoy aprendiendo, y quiero aprender a los años de ejercicio que tengo saber cuál es la norma, cuando dice este mismo Auto Supremo 203 constitucional vinculante en su aplicación” (sic); 4) Existió un incumplimiento de plazos procesales; no obstante, por más que se tenga antecedentes de cualquier cantidad de procesos, tiene derecho a la presunción de inocencia, y a ser juzgado dentro de un plazo razonable, el cual no fue cumplido, siendo ciento veinte días (120) días, para lograr la emisión de la Resolución 23/2022 y el Auto Supremo 125/2022, que declaro procedente la extradición, fueron emitidas fuera de plazo, radicando en ese aspecto la arbitrariedad, el incumplimiento, la lesión al derecho a la libertad, siendo evidente las trasgresiones en las que se incurrió en contra de la libertad de Richard Marcelo Aguilar Quino, quien a la fecha ahora se encuentra bajo la jurisdicción de la República de Argentina, lo cual no debió haber sucedido; y, 5) Con relación al principio nom bis in idem, manifestaron que no es procedente argumentando el rechazo, cuando al existir un rechazo hay dos emergencias: “1) al existir un Rechazo de 04 de marzo de 2022 con relación a un mismo delito, objeto, causa, identidad de sujeto la misma persona, como nos van a venir a decir que no se trate de un nom bis in idem, porque de acuerdo a lo que establece inclusive el 47 CPP, dice que hay persecución penal única y en Bolivia este proceso no está cerrado, porque no está cerrado vemos las fechas en marzo de 2022 se ha rechazado tiene un año para la reapertura del proceso, tenía 5 días para la objeción ese es el trámite, entonces es una resolución definitiva si pues presidente porque aún todavía queda pendiente de su apertura o reapertura y, como nos vienen a venir a decir de qué acuerdo al art. 305 parte infine conversión de acciones, no desconozcamos a la norma esta si es una posibilidad pero no es obligatorio, eso es facultativo…” (sic).

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Ricardo Torres Echalar, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizu, Carlos Alberto Egüez Añez y José Antonio Revilla Martínez, todos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito presentado el 21 de noviembre de 2022, cursante de fs. 1015 a 1020, manifestaron: i) La presente acción de amparo constitucional, resulta improcedente, pues el accionante no cumplió con los requisitos de forma y contenido, ya que en su ampuloso y redundante contenido se limita a hacer cita textual de doctrina, jurisprudencia, copia de piezas procesales, pero no sustentó fáctica ni normativamente sus pretensiones; es decir, no aclaró de qué manera el Auto Supremo confutado lesionaría sus derechos fundamentales; ii) Mediante Auto Supremo 146/2021, se dispuso su detención preventiva con fines de extradición por 45 días, comisionándose al Juez Cautelar de Turno en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, para que expida el correspondiente mandamiento a ser ejecutado a nivel nacional, además de requerir del Registro de Antecedentes Penales (REJAP) y los nueve distritos judiciales del país, informes relativos a la existencia de procesos penales instaurados contra el requerido de extradición, por lo que de acuerdo a los antecedentes del proceso el mandamiento de detención preventiva fue ejecutado el 10 de mayo de 2022, información corroborada por el Informe del Investigador de la INTERPOL asignado al caso y otros remitidos vía Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, providenciados el 20 de mayo de 2022, disponiendo que, de manera inmediata se haga conocer al Estado requirente, la detención preventiva del impetrante de tutela a efectos de la formalización de la solicitud de extradición, en cumplimiento de lo previsto por el art. 20 del referido Tratado de Extradición, sea por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores; en cuyo cumplimiento, por Secretaría de Sala Plena se remitió lo ordenado, mediante Oficio 515/2022 con fecha de envío 6 de junio de 2022; no obstante, de lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, remitió a ese Tribunal por nota recibida en plataforma el 27 de mayo de 2022, formalización de solicitud de extradición efectuada mediante Nota Verbal 189, con cargo de recepción de Cancillería de 20 de mayo de 2022; documentos que merecieron respuesta mediante providencia de 7 de junio de 2022, teniéndose presente la formalización referida; sin embargo, con carácter previo a emitir la resolución que correspondía, se reiteró la orden al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de remisión de informe respecto de la existencia de proceso penal contra el requerido de extradición, a esa fecha, pendiente de remisión, cumplido lo ordenado, mediante decreto de 27 de junio de 2022, se dispuso la remisión del expediente en Vista Fiscal, habiendo emitido al respecto el Ministerio Público, el Dictamen FGE/JLP 07/2022, complementado mediante memorial de 5 de agosto de 2022, requiriendo por la procedencia de la extradición del ciudadano Richard Marcelo Aguilar Quino, con todo lo obrado, ingresó a despacho del Magistrado tramitador, emitiéndose el Auto Supremo 125/2022, que declaró procedente la extradición; observándose de lo relacionado, que luego de la ejecución del mandamiento de detención preventiva con fines de extradición el 10 de mayo de 2022, el Estado requirente formalizó su solicitud mediante nota que fue recibida en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia el 20 de igual data; claramente, antes de cumplirse los 45 días establecidos por el Tratado de Extradición aplicable al caso, como plazo máximo de duración de la detención preventiva; solicitud que a la vez fue recibida en ese Tribunal, el 27 de mayo del presente año, de igual modo, dentro del plazo señalado; iii) El art. 20 del referido Tratado es claro al establecer que la persona detenida en virtud del pedido de detención preventiva, será puesta en libertad, si al cabo de 45 días contados desde la fecha de su detención, la parte requirente no hubiera formalizado su solicitud de extradición; norma que atañe únicamente al Estado requirente, no a ese Tribunal, que en el caso fue cumplido, por lo que no existió incumplimiento por parte del Estado requirente, en cuanto al plazo para la formalización de su solicitud de extradición ni de parte de ese Tribunal, que si bien no está sometido al cumplimiento de ningún plazo para la emisión del Auto Supremo que disponga la procedencia de la extradición o su rechazo; sin embargo, obró dentro del marco del principio de celeridad procesal, tomando en cuenta que en la tramitación de una petición de extradición se requieren informes, y otras actuaciones, que naturalmente toman tiempo en ser requeridas, recibidas y acumuladas al proceso, en cuyo efecto dado que la detención preventiva del accionante se produjo el 10 de mayo de 2021 y el Auto Supremo 125/2022 que dispuso la procedencia de la extradición fue emitido el 16 de agosto de igual año, se consideró que entre uno y otro actuado, transcurrió un tiempo prudente y razonable, pues previamente debía cumplirse el procedimiento correspondiente, lo que desvirtúa la presunta vulneración del debido proceso por incumplimiento del principio de celeridad y garantía sustantiva esencial vinculada a la libertad física o de locomoción y el incumplimiento en la aplicación de la garantía del plazo razonable; toda vez que, el trámite de solicitud de extradición fue desarrollado conforme lo establecido en el Tratado de Extradición aplicable al caso y las normas nacionales que rigen el procedimiento de extradición; iv) En cuanto a la supuesta vulneración del debido proceso por la no aplicación del principio non bis in idem, alegando un juzgamiento con anterioridad por el mismo delito, se tiene que el art. 3 inc. g) del Tratado de Extradición entre la república de Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, establece en cuanto a los motivos para denegar la extradición, que: "Si la persona ha sido juzgada, sobreseída definitivamente o beneficiada por una amnistía o indulto en la parte requerida, respecto del hecho o de los hechos en que se fundamenta la solicitud de extradición"; en ese contexto, el Auto Supremo 125/2022 de 16 de agosto, al declarar la procedencia de la extradición fue claro al referirse a la solicitud de improcedencia de la extradición, en virtud a la existencia de una denuncia por los mismos delitos, que fue rechazada, estableciendo que para que proceda la causal de improcedencia, debía establecerse si en el caso concreto se había emitido una resolución definitiva, por lo que de la revisión de antecedentes, evidenció la existencia de la Resolución de Rechazo del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Richard Marcelo Aguilar Quino, de 4 de marzo de 2022 por la presunta comisión del delito de Trata de Personas, estableciendo sobre el particular que dicha Resolución fue emitida en aplicación de los arts. 301.3 y 304.3 del CPP, como una de las formas de conclusión de la etapa preliminar de la investigación y que tal determinación fue tomada por no haberse recabado suficientes elementos en la investigación; resolución de rechazo que, conforme dispone la última parte del art. 304 del CPP, en los casos previstos en los numerales 2, 3 y 4, no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan o se mantenga el obstáculo que impide el desarrollo del proceso; consiguientemente, tal determinación no resultaba definitiva y podía ser modificada si variaban las circunstancias que la fundaron, además de encontrarse sujeta a conversión de acciones a pedido la víctima, conforme la última parte del art. 305 del CPP; por el contrario, la resolución de sobreseimiento, resulta una forma de conclusión de la etapa preparatoria, a la finalización de la investigación, conforme dispone el art. 323.3 del CPP, que pone fin al proceso, por previsión del art.

324 del mismo cuerpo legal, al establecer entre otros aspectos, que el sobreseimiento no impugnado o el ratificado, impide un nuevo proceso penal sobre el mismo hecho, motivo por el cual al no haberse emitido resolución de sobreseimiento definitivo ni haber sido beneficiado con una amnistía y menos indulto en el Estado Boliviano, se concluyó en que no era aplicable el art. Inc. g) del art. 3 del Tratado de Extradición, criterio que fue refrendado por el memorial complementario al Dictamen Fiscal FGE/JLP 07/2022, no resultando por tanto aplicable el principio nom bis in ídem; y, v) Lo argumentado hace evidente que en la emisión del Auto Supremo en cuestión, no se vulnero derecho fundamental ni garantía constitucional alguna, tampoco se transgredido el Tratado de Extradición suscrito entre la República de Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia; finalizaron, solicitando se declare la improcedencia de la acción tutelar, al ser inadmisible por no haberse cumplido los requisitos de forma y contenido que debe cumplir toda acción de amparo constitucional, o se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Fausto Juan Lanchipa Ponce, representante del Ministerio Público, no se hizo presente a esta audiencia de acción tutelar ni presento informe escrito alguno, pese a su legal citación, cursante a fs.1106.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 0153/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 1101 a 1104 vta., denegó la tutela solicitada, ello con base en los siguientes fundamentos: a) En audiencia se hizo conocer que el accionante no podía estar presente, por cuanto de manera simultánea a la presentación y admisión de ésta acción de amparo constitucional, se había ejecutado la solicitud de Extradición, declarado procedente a través del Auto Supremo 125/2022, por lo que habría sido trasladado a la República de Argentina, en cuyo contexto, se hizo referencia que la familia tampoco permitió a la defensa hacer conocer de manera oportuna dicha circunstancia y que por ello no había presentado ningún memorial haciendo conocer esos extremos; y, b) Analizada la documentación presentada en formato digital y remitida vía WhatsApp, concretamente una misiva remitida a Ricardo Torrez Echalar, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con referencia transmite comunicación de traslado del extraditable caso Richard Marcelo Aguilar Quino, Nota recepcionada en el Tribunal Supremo de Justicia el 27 de octubre de 2022 a las 12:30 p.m. –horas antes de la presentación de la presente acción de defensa–, en que el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores hace conocer que ya se tenía cronograma consensuado entre la INTERPOL BOLIVIA y la Comisión que se trasladaba desde la República de Argentina, para proceder y ejecutar el traslado, en virtud a la orden de extradición dispuesta por el Tribunal Supremo de Justicia; en ese mérito, a efectos de adquirir mayor información, de oficio como Tribunal de garantías, solicitaron la remisión del expediente del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Chuquisaca, titulado "EXHORTO SUPLICATORIO CON FINES DE EXTRADICIÓN" (sic), advirtiendo que antes de la presentación de ésta acción de amparo constitucional, ya se contaba con un cronograma consensuado entre la INTERPOL BOLIVIA y la Comisión que se trasladaba desde la República de Argentina para ejecutar el traslado, en virtud a la orden de extradición dispuesta por el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia; en consecuencia, un eventual análisis y pronunciamiento respecto a las lesiones denunciadas al debido proceso, principio de celeridad, derecho a ser juzgado en plazo razonable y el derecho a nom bis in idem, como efecto de la emisión del Auto Supremo 125/2022 y la Resolución 23/2022, emitidas por los Magistrados de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, resultaría inocuo e ineficaz para la reparación los mismos, por cuanto dados los acontecimientos relatados, tornan en insubsistente el petitorio, porque el referido accionante salió de la jurisdicción Boliviana, y en gran medida también está sustracción se presenta debido a la dejadez del accionante y de alguna manera por su abogado, ya que con anterioridad plantearon una anterior acción tutelar, que no cumplió con las exigencias para ingresar a un análisis de fondo, al haber sido dirigida contra el Magistrado tramitador, sin haber sido subsanado debidamente las observaciones realizadas por esta Sala Constitucional; en tanto que, esta segunda acción de defensa fue presentada cuando ya se venía ejecutando la entrega al Estado requirente, correspondiendo por ello denegar la tutela impetrada por sustracción de materia y la ineficacia que ello implicaría.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Supremo 125/2022 de 16 de agosto, pronunciado por los Magistrados componente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia hoy demandados, fue declarada procedente la solicitud de extradición de Richard Marcelo Aguilar Quino –ahora accionante–, disponiendo su entrega al Estado requiriente a través de los órganos competentes del Poder Ejecutivo, para dicho efecto el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Chuquisaca, deberá emitir el mandamiento de excarcelación del extraditable; asimismo, determinaron: “Respecto al memorial de fs. 1051 a 1056, por los argumentos antes esgrimidos, al no haberse emitido resolución de sobreseimiento definitivo a favor del extraditable Richard Marcelo Aguilar Quino, no ser beneficiado con una amnistía y menos indulto por parte del Estado Boliviano; no resulta ser aplicable el art. 3 inc. g) del Tratado de tradición entre la República de Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, aprobado mediante Ley N° 723 de 24 de agosto de 2015” (sic [fs. 424 a 428]). II.2. A través de Resolución 23/2022 de 16 de septiembre, la Sala Plena del citado Tribunal, declaró no ha lugar la solicitud de libertad formulada por el impetrante de tutela, debiendo estarse al Auto Supremo 125/2022 (fs. 438 a 439 vta.). II.3. Cursa Mandamiento de Excarcelación con fines de extradición a la República de Argentina con CUD 11010150120982, por el cual el Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Chuquisaca, ordenó al Director del Centro Penitenciario de San Roque de Sucre proceda a la excarcelación de Richard Marcelo Aguilar Quino, a objeto de que se proceda a su entrega al país requiriente conforme se tenía ordenado mediante Decreto de 19 de septiembre de 2022, que dispone la excarcelación del ciudadano extraditable (fs. 1028). II.4. Consta Acta de Entrega de Extraditable, realizado el 2 de noviembre de 2022, donde INTERPOL BOLIVIA procedió a la entrega de Richard Marcelo Aguilar Quino, a funcionarios policiales de la República de Argentina, para su posterior traslado al referido país (fs. 1064).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente “incumplimiento al principio de celeridad vinculada a la libertad física o de locomoción”, plazo razonable, tutela judicial efectiva, indivisibilidad de juzgamiento, acceso a la justicia y principio nom bis in ídem; alegando que los Magistrados: 1) Emitieron el Auto Supremo 125/2022, fuera del plazo establecido en el art. 20 del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, vulnerando con ello el principio de celeridad; 2) Inobservaron la garantía del plazo razonable, al haber emitido el aludido Auto Supremo y la Resolución 23/2022, excediendo el plazo de 45 días establecido en el citado artículo, y en contradicción a los lineamientos del Auto Supremo 16/2020, que interpretó la citada norma; y, 3) Inobservaron la aplicación del principio non bis in ídem, en cuyo efecto no procedía la extradición. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la relevancia constitucional: Jurisprudencia reiterada y nuevo entendimiento complementario

La SCP 0169/2019-S1 de 26 de abril, al respecto precisó: “Esta figura ha sido desarrollada ampliamente por la jurisprudencia constitucional, estableciendo los presupuestos de su activación, así la SCP 0242/2018-S1 de 12 de junio, determino lo siguiente: ‘Sobre el objeto procesal de una acción tutelar, vinculado a la relevancia del presunto acto lesivo denunciado, la SCP 0724/2015-S3 de 1 de julio, sostuvo que: «El Tribunal Constitucional en la SC 0995/2004-R de 29 de junio, estableció que: ‘…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados’. Por su parte, la SCP 2542/2012 de 21 de diciembre, señaló que: «…es posible concluir que el error o defecto procesal será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión final adoptada, ya sea en un proceso judicial o un proceso administrativo interno, esto en razón de que no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen los posibles defectos procedimentales, si es que finalmente se llegará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales’» . De los tres presupuestos expuestos en la jurisprudencia glosada se concluye que la relevancia constitucional radica en que el error o defecto procedimental acusado debe provocar una indefensión material tal que dé lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado; es decir, que el presunto error sea determinante para la decisión final adoptada, esos entendimientos fueron desarrollados a partir del momento procesal en el que se suscita el error y el planteamiento de la acción de amparo constitucional; sin embargo, existen situaciones particulares, en las que la denuncia constitucional tenía relevancia a momento de su planteamiento, pero en el devenir de su resolución y además del despliegue y desarrollo procesal de la causa de origen, ya sea administrativa o judicial, la situación cambia de forma tal que la connotación jurídico-constitucional a partir del error procesal y su eventual corrección pierde relevancia, en otras palabras el objeto procesal que motivó la acción de defensa -por el citado despliegue procesal desarrollado por las propias partes- carece de relevancia pues la eventual corrección y efectos del error procesal ya no tiene transcendencia pues no tendrá efecto o consecuencia procesal alguno en el proceso del cual deviene. En el marco citado, es preciso complementar la jurisprudencia vigente sobre la relevancia constitucional, con un cuarto presupuesto jurídico de determinación de la procedencia del amparo constitucional para conocer el error procesal denunciado, que converge en: d) el error o defecto procesal guarde directa relación con la vigencia del objeto procesal; es decir, que su eventual corrección tiene trascendencia procesal y constitucional verificable en un efecto jurídico procesal en la causa principal»’” (negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela identifica como vulnerados sus derechos fundamentales invocados en esta acción tutelar, alegando que los Magistrados ahora demandados: i) Emitieron el Auto Supremo 125/2022, fuera del plazo establecido en el art. 20 del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, lesionando con ello el principio de celeridad; ii) Inobservaron la garantía del plazo razonable, al haber emitido el aludido Auto Supremo y la Resolución 23/2022, excediendo el plazo de 45 días establecido en el citado artículo, y en contradicción a los lineamientos del Auto Supremo 16/2020, que interpretó la citada norma; e, iii) Inobservaron la aplicación del principio non bis in ídem, en cuyo efecto no procedía la extradición. De los antecedentes procesales cursantes en obrados, consta que mediante Auto Supremo 125/2022, los Magistrados ahora demandados, declararon procedente la solicitud de extradición del hoy impetrante de tutela, disponiendo su entrega al Estado requiriente a través de los órganos competentes del Poder Ejecutivo, para dicho efecto ordenaron que el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Chuquisaca, emita mandamiento de excarcelación; asimismo, determinaron: “Respecto al memorial de fs. 1051 a 1056, por los argumentos antes esgrimidos, al no haberse emitido resolución de sobreseimiento definitivo a favor del extraditable Richard Marcelo Aguilar Quino, no ser beneficiado con una amnistía y menos indulto por parte del Estado Boliviano; no resulta ser aplicable el art. 3 inc. g) del Tratado de tradición entre la República de Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, aprobado mediante Ley N° 723 de 24 de agosto de 2015” (sic [Conclusión II.1.]); por otro lado, se tiene la Resolución 23/2022 de 16 de septiembre, a través de la cual las aludidas autoridades, declararon no ha lugar la solicitud de libertad formulada por el accionante; por lo que, debía estar al Auto Supremo 125/2022 (Conclusión II.2.). Por otro lado, se tiene el Mandamiento de Excarcelación con fines de extradición a la República de Argentina con CUD 11010150120982, a través del cual el Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Chuquisaca, ordenó al Director del Centro Penitenciario de San Roque de Sucre proceda a la excarcelación del ahora impetrante de tutela, a objeto de que se proceda a su entrega al país requiriente conforme se tenía ordenado mediante Decreto de 19 de septiembre de 2022, que dispone la excarcelación del ciudadano extraditable (Conclusión II.3.); constando al efecto, el Acta de entrega del extraditable, realizado el 2 de noviembre de mismo año, donde INTERPOL BOLIVIA procedió a su entrega a funcionarios policiales de la República de Argentina, para su posterior traslado al referido país (Conclusión II.4.). De la secuencia procesal desarrollada, no puede soslayarse la situación actual generada por el cauce procesal emergente de la tramitación del proceso de extradición, desarrollada de forma posterior a la interposición y resolución de esta acción tutelar –27 de octubre de 2022–, que hace evidente que, dicho proceso concluyó con la entrega del sujeto extraditable al país requirente, acto que fue materializado el 2 de noviembre de 2022, cuya fase de ejecución puso definitivamente fin al mismo, consecuentemente también a la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual implica que el hecho generador de tutela carezca de relevancia constitucional, por haber cambiado las circunstancias fácticas que la originaron, tornando inconducente un posible pronunciamiento de fondo, al resultar irrelevante e intranscendente material, procesal y constitucionalmente, dado que no causaría efecto alguno, al encontrarse cerrada la causa. Por cuanto en aplicación del precedente constitucional transcrito en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que complementando la jurisprudencia vigente sobre la relevancia constitucional, incorporó en su entendimiento un cuarto presupuesto jurídico de determinación de la procedencia del amparo constitucional para conocer el error procesal denunciado, que converge en: “d) el error o defecto procesal guarde directa relación con la vigencia del objeto procesal; es decir, que su eventual corrección tiene trascendencia procesal y constitucional verificable en un efecto jurídico procesal en la causa principal.” (las negrillas corresponden al texto original); alcance constitucional que delimita que la pertinencia de efectuar un análisis de fondo y emitir un pronunciamiento en sede constitucional, deviene de la trascendencia que tendrá en el restablecimiento efectivo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales presuntamente vulnerados, y por ende repercutirá en la tramitación del proceso; aspectos que como bien fueron precisados precedentemente, no concurren en el presente caso, en cuyo contexto al carecer actualmente de relevancia constitucional las presuntas lesiones traídas a materia mediante la presente acción de defensa, corresponde denegar la tutela solicitada con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de las problemáticas expuestas. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 0153/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 1101 a 1104 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0542_2024-S4.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): a1b19f06fd660ffa24201f54a4ece13a6a77f4172e1a63e60a8084b0d8517f85

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