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SCP 0541/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 8 de abril de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
8 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54402-2023-109-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, a la dignidad y a la libertad personal; toda vez que, las autoridades demandadas: i) Sin emitir informe alguno, se negaron a ejecutar inmediatamente el mandamiento de libertad librado por autoridad competente, bajo el argumento de que existía otro proceso vigente y que por la aplicación del procedimiento abreviado no se podía ejecutar el mismo; y, ii) Sin justa motivación se negaron a otorgar la debida celeridad a la verificación del referido mandamiento, ocasionando negligencia y retardación que repercutió directamente en su derecho a la libertad. Ante ello, los demandados manifiestan que, de acuerdo a la normativa legal vigente, no corresponde la aplicación de salida alternativa al impetrante de tutela, pues es la segunda vez que se estaría beneficiando con dicha medida; que en virtud de lo anterior, realizaron la correspondiente representación al “juzgado”, a fin de hacer notar los antecedentes señalados y de corregir el error en el año del mandamiento de libertad; en todo caso, correspondía agotar las instancias correspondientes o, en su defecto, acudir a la vía administrativa a través de un recurso de queja. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 07/2023 de 17 de marzo, cursante de fs. 43 a 45 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada con relación a la demora injustificada en la verificación del mandamiento de libertad, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin costas. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a la inmediata ejecución del mandamiento de libertad, debiendo recurrir el accionante ante la autoridad de control jurisdiccional, conforme a los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Verificación de la administración penitenciaria en la ejecución de mandamientos de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0541/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54402-2023-109-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 07/2023 de 17 de marzo, cursante de fs. 43 a 45 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Arnulfo Luna contra Rubén Julio Miranda Ocampo, Director del Centro de Readaptación Productiva de Montero (CERPROM) del departamento de Santa Cruz; y Edwin Junior Ballesteros Padilla, funcionario policial.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de marzo de 2023, cursante a fs. 1 y 23 a 24, el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, emitió en su favor el mandamiento de libertad de 10 de marzo de 2023, en razón de haberse sometido a la salida alternativa de procedimiento abreviado, y la posterior aplicación de la suspensión condicional de la pena, prevista en el art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, ese mismo día, cuando su abogado y el Oficial de Diligencias del Juzgado se presentaron en el centro penitenciario para ejecutar dicho mandamiento, Edwin Junior Ballesteros Padilla, funcionario policial -hoy codemandado-, se negó a recibir el documento y sin emitir informe alguno, señaló textualmente: “‘…HAY OTRO PROCESO VIGENTE POR LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO POR LO QUE NO SE PUEDE EJECUTAR DICHO MANDAMIENTO’”.(sic); hecho con el cual lo retuvo indebidamente y se rehusó a cumplir la orden judicial, vulnerando así su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la dignidad y a la libertad personal, citando al efecto los arts. 22, 23. I y “115” de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se disponga dar cumplimiento al mandamiento de libertad; y b) Se imponga costas a los demandados, cuya actuación indebida hizo erogar gastos y afectó la economía de su familia.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 17 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 41 a 43, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia, señaló que: 1) Si bien es cierto que tiene otro proceso penal, este no cuenta con sentencia ejecutoriada; asimismo, demostró haber presentado ante la autoridad jurisdiccional la documentación idónea, consistente en las certificaciones del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SIPPASE) y del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), las cuales acreditan que no tiene antecedentes penales, motivo por el cual -la Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz-dispuso su libertad inmediata; y, 2) Desde el 10 hasta el 17 de marzo de 2023, se vio impedido de recuperar su libertad, a pesar de contar con un beneficio de libertad pura y simple dispuesto por la autoridad judicial.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Rubén Julio Miranda Ocampo, Director del CERPROM del departamento de Santa Cruz por informe escrito cursante de fs. 38 a 40 y en audiencia a través de su abogado sostuvo que: i) El mandamiento de libertad incumplido consignaba como fecha 10 de marzo de “2022”, aspecto de forma que fue puesto a conocimiento de la Jueza de la causa; ii) Con relación al certificado de permanencia y conducta, el impetrante de tutela, ingresó como detenido por primera vez, el 30 de noviembre de 2021, por el delito de robo agravado y obtuvo su libertad el 24 de diciembre de igual año; posteriormente el 12 de abril de 2022, ingresó por segunda vez, por el mismo tipo penal y nuevamente obtuvo su libertad, situación que no correspondía de acuerdo al art. 366 del CPP; iii) Tanto su persona como el funcionario policial codemandado, cumplieron a cabalidad con sus atribuciones de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y su reglamento, realizando la correspondiente representación al juzgado a fin de corregir el año del documento y hacer notar los antecedentes que corresponden; y, iv) Antes de acudir a la vía constitucional, el accionante debió agotar las instancias correspondientes o, en su defecto, acudir a la vía administrativa a través de un recurso de queja de acuerdo al art. 40 de la Ley Ejecución Penal y Supervisión (LEPS). Edwin Junior Ballesteros Padilla, funcionario policial, en audiencia a través de su abogado -también patrocinante del demandado- manifestó que: a) Existe jurisprudencia que establece que el “…secretario general de cárcel…” (sic) puede y debe revisar minuciosamente los mandamientos de libertad antes de dar cumplimiento, lo que, ocurrió en este caso y le permitió advertir que no existió lealtad procesal de parte del peticionante de tutela ante la autoridad jurisdiccional que dictó el último mandamiento de libertad, toda vez que sí tenía conocimiento sobre la sentencia de procedimiento abreviado de 2021; y, b) Velando por la seguridad jurídica de los procesos y de acuerdo a las competencias del Director demandado y “Secretario” del CERPROM, se realizó un informe a la autoridad jurisdiccional haciéndole conocer que fue sorprendida en su buena fe, debido a que se omitió subir al sistema Número de Registro Judicial (NUREJ) el registro del certificado penal.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 07/2023 de 17 de marzo, cursante de fs. 43 a 45 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que previo a que la Jueza de la causa subsane la fecha del mandamiento de libertad, los demandados deben dar estricto cumplimiento al mandamiento de libertad librado por autoridad competente; en base a los siguientes fundamentos: 1) Si existió alguna responsabilidad sobre los mandamientos de libertad, esta recaía sobre Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, puesto que era de suma importancia que, al haberse dispuesto salidas alternativas, procedimiento abreviado y suspensión condicional de la pena, se remitan los antecedentes ante el REJAP de manera inmediata a efectos de evitar situaciones de “doble beneficio”; 2) No correspondía a los encargados del CERPROM la paralización del mandamiento de libertad, solamente el cumplimiento y ejecución de lo ordenado por la autoridad de judicial; por su lado, correspondía a la Jueza de la causa, al percatarse de aquella situación, solicitar la documentación para corroborar la existencia de otro beneficio de suspensión condicional de la pena, para que en su caso revoque la misma; 3) No puede desconocerse que, revisadas las pruebas presentadas, cursan mandamientos de detención preventiva sin número de cédula de identidad, mandamientos de libertad con número de cédula de identidad e identificándose error en la fecha de su emisión, lo que podía ser subsanado por la Jueza a efectos de emitir un mandamiento de libertad; y, 4) Ordenó se notifique a las Juezas Mary Ruth Guerra Martínez y Ana María Paz Irusta, con dicha resolución, para que tomen conocimiento de lo acontecido, a efectos de que se verifique la existencia de una doble condena.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 51 a 53); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta mandamiento de detención preventiva de 30 de noviembre de 2021, emitido por Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, en contra de “ARNULFO LUNA C.I. NRO. NO PORTA” (sic [fs. 31]). II.2. Por Sentencia de 24 de diciembre de 2021, la Jueza citada en la conclusión precedente, declaró al impetrante de tutela autor y culpable del delito de robo agravado condenándolo a una pena de tres años de presidio (fs. 32 y 33). II.3. Cursa mandamiento de libertad de 24 de diciembre de 2021, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, en favor de “ARNULFO LUNA C.I. NRO.13015869” (sic [fs. 34]). II.4. Consta mandamiento de detención preventiva de 12 de abril de 2022, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, expedido contra “ARNULFO LUNA C.I. NO PORTA” (sic [fs. 35]). II.5. Se tiene mandamiento de libertad de 10 de marzo de “2022”, emitido por Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, expedido en favor de “ARNULFO LUNA C.I. 13015869” (sic [fs. 2]).

II.6. Cursa informe de 15 de marzo de 2023, emitido por Edwin Junior Ballesteros Padilla, funcionario policial -ahora codemandado-, dirigido a Rubén Julio Miranda Ocampo, Director del CERPROM del departamento de Santa Cruz -hoy demandado-; asimismo consta nota de remisión 148/2023 de 16 de marzo, firmada por el citado Director dirigida a la Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz (fs. 28 a 30).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, a la dignidad y a la libertad personal; toda vez que, las autoridades demandadas: i) Sin emitir informe alguno, se negaron a ejecutar inmediatamente el mandamiento de libertad librado por autoridad competente, bajo el argumento de que existía otro proceso vigente y que por la aplicación del procedimiento abreviado no se podía ejecutar el mismo; y, ii) Sin justa motivación se negaron a otorgar la debida celeridad a la verificación del referido mandamiento, ocasionando negligencia y retardación que repercutió directamente en su derecho a la libertad. Ante ello, los demandados manifiestan que, de acuerdo a la normativa legal vigente, no corresponde la aplicación de salida alternativa al impetrante de tutela, pues es la segunda vez que se estaría beneficiando con dicha medida; que en virtud de lo anterior, realizaron la correspondiente representación al “juzgado”, a fin de hacer notar los antecedentes señalados y de corregir el error en el año del mandamiento de libertad; en todo caso, correspondía agotar las instancias correspondientes o, en su defecto, acudir a la vía administrativa a través de un recurso de queja. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Verificación de la administración penitenciaria en la ejecución de mandamientos de libertad

Al respecto, el Tribunal Constitucional sobre las condiciones para ejecutar un mandamiento de libertad, en la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, de manera textual señaló que: “…el art. 39 LEPS, cuando señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento, más aún si el mandamiento de libertad emitido por el Juez Cautelar Nº 2 condicionaba su cumplimiento a la inexistencia de causas por las que estuvieran detenidos los recurrentes; de lo que se establece que, de acuerdo al sentido de la norma invocada como violada, la misma no ha sido transgredida en ningún momento por la autoridad recurrida” (las negrillas fueron añadidas). Asimismo, en la SC 0100/2010-R de 10 de mayo, señaló en lo pertinente que: “…tratándose de mandamientos de libertad, el art. 39 de la LEPS, señala que cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, mientras que el funcionario que incumpla esa disposición será pasible a la responsabilidad penal y disciplinaria que corresponda; por lo tanto los encargados de las prisiones al momento de recibir un mandamiento de libertad emanado de autoridad competente, están obligados a su cumplimiento inmediato, para no vulnerar los derechos y garantías del detenido; empero, deberán analizar también, de manera inmediata y sin que ello origine una demora indebida: a) Si existen o no otros mandamientos contra el imputado; y, b) Determinar si el mandamiento de libertad presentado es auténtico, para lo cual deberán solicitar sin dilación alguna la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mismo. Reglas que no son limitativas, pues al margen de velar porque se respeten los derechos y garantías del detenido, tienen también la alta responsabilidad que les asigna la ley, de evitar que el interno que estuviese detenido por orden de otras autoridades se evada, burlando a la justicia, lo que le generaría igualmente responsabilidad” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

Ahora bien, del análisis del caso se desprende que contra el peticionante de tutela, Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, libró mandamiento de detención preventiva el 30 de noviembre de 2021, dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de robo agravado iniciado por Alfonzo Gómez Viza (Conclusión II.1); posteriormente la citada autoridad judicial pronunció la Sentencia de 24 de diciembre de ese año, declarando al acusado hoy impetrante de tutela como autor y culpable del indicado delito, condenándolo a una pena de tres años de presidio a cumplir en CERPROM del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.2), emitiendo consecuentemente mandamiento de libertad en su favor en la misma fecha (Conclusión II.3).

Cuatro meses después de la referida actuación, la señalada autoridad judicial, emitió nuevo mandamiento de detención preventiva contra el accionante el 12 de abril de 2022, dentro de otro proceso de robo agravado iniciado en su contra esta vez por el Ministerio Público (Conclusión II.4); en el cual, aproximadamente diez meses después, Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, emitió mandamiento de libertad a favor del impetrante de tutela consignando como fecha 10 de marzo de “2022” (Conclusión II.5). Posteriormente, según lo alegado por las partes en sus escritos y en audiencia, se tiene que el abogado del peticionante de tutela trató de ejecutar el mandamiento de libertad el 10 de marzo de 2023; sin embargo, el funcionario policial codemandado se negó a la ejecución del mismo justificándose en la existencia de otro proceso vigente por la aplicación de procedimiento abreviado; lo que motivó a que emita el informe de 15 de marzo de 2023, dirigido al Director demandado, poniendo en conocimiento todos estos extremos y, seguidamente, este último, mediante Nota 148/2023 de 16 de marzo, dirigida a la Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, hizo conocer sobre el error de transcripción y observación del mandamiento de libertad. Entonces, sobre el punto i), referido a la negación de las autoridades demandadas a ejecutar inmediatamente el mandamiento de libertad, de la revisión de los antecedentes del caso se tiene que, si bien es evidente que, el funcionario policial codemandado se negó a ejecutar el mismo -lo que a simple vista constituiría una dilación indebida a la libertad del impetrante de tutela- no podemos apartar del análisis los motivos que llevaron a dicho funcionario policial a negarse ejecutar dicho mandamiento, siendo estos la existencia de otro proceso vigente por la aplicación de procedimiento abreviado y el error en la fecha del mandamiento, aspectos cuya consideración y subsanación corresponden a la autoridad de control jurisdiccional ya sea a solicitud de partes o de oficio; y que, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, tales extremos constituyen motivos razonables para que la Dirección del CERPROM del departamento de Santa Cruz, no ejecute el mandamiento de libertad y, en su lugar, verifique la autenticidad del documento a efectos de descartar falsedad ideológica o material y, de ser necesario, solicite la documentación necesaria; esto en cumplimiento del deber jurídico y alta responsabilidad que les asigna la ley de evitar que los internos que estuviesen detenidos por otras autoridades se evadan, burlando a la justicia; representación que se reitera debe resolverse por la autoridad competente; por lo que, a criterio de esta Sala corresponde denegar la tutela del derecho a la libertad de locomoción y a la libertad personal sobre este punto. Sin perjuicio de lo anterior, sobre el punto ii), referido a la debida celeridad que las de las autoridades demandadas deben otorgar a la verificación del mandamiento de libertad, se tiene que, si bien es cierto que la administración penitenciaria tiene el deber jurídico de verificar la autenticidad de los mandamientos de libertad y solicitar documentos que consideren pertinentes para ello, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, ello no les excluye de la obligación de realizar dicha verificación con la mayor celeridad posible o dentro del plazo prudente a fin de no generar dilación indebida; lo que, de la revisión de obrados y las pruebas presentadas, no se evidencia en el caso, pues pese a que, cursan en obrados, informe del funcionario policial codemandado de 15 de marzo de 2023 y Nota 148/2023 del Director demandado a la Jueza de la causa, de 16 del mismo mes y año, haciendo conocer el error de transcripción y la observación sobre el mandamiento de libertad; de la revisión de éstos no se evidencia sello o constancia de recepción alguna que demuestre que hayan sido puestos a conocimiento de la autoridad de control jurisdiccional para su pronunciamiento hasta antes de la celebración de la audiencia de garantías. Asimismo, no se puede dejar de lado, que estos fueron elaborados en el segundo y tercer día hábil después del intento de ejecución del mandamiento de libertad, lo que a criterio de esta Sala constituye una demora indebida que vulneró el derecho a la libertad personal del peticionante de tutela. Por lo que corresponde conceder la tutela sobre este extremo. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 07/2023 de 17 de marzo, cursante de fs. 43 a 45 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada con relación a la demora injustificada en la verificación del mandamiento de libertad, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin costas. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a la inmediata ejecución del mandamiento de libertad, debiendo recurrir el accionante ante la autoridad de control jurisdiccional, conforme a los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0541_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7dcba827ec08d221fd14e6ee423e1db13c574fa8018d4298f9e3b498c44841ea

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