B.IA.LEGAL

SCP 0541/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 23 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
23 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
52441-2023-105-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; puesto que, el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista 337/2022 de 2 de diciembre, declaró improcedente el recurso de apelación incidental que formuló contra el Auto Interlocutorio 821/2022 de 24 de noviembre, que dispuso su detención preventiva, argumentando que las partes procesales fueron notificadas y pese a ello no asistieron a la audiencia del indicado recurso de apelación; por lo que, no contaba con los respectivos agravios para fundamentar; sin considerar que en realidad solo se notificó a Defensa Pública y en esa diligencia no se consignó la identificación de la persona a la que se notificó, y en todo caso, si Defensa Pública no se conectó a la audiencia del referido recurso de apelación, el Vocal ahora accionado debió convocar a un defensor de oficio. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La ausencia del imputado en la audiencia del recurso apelación de cesación de la detención preventiva y su derecho a asumir defensa material; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 018/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 46 a 49 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos y alcances de lo dispuesto por la Jueza de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La ausencia del imputado en la audiencia del recurso apelación de cesación de la detención preventiva y su derecho a asumir defensa material
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0541/2025-S1 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52441-2023-105-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 018/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 46 a 49 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de Oscar Samuel Vargas Hinojosa contra Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 5 de diciembre de 2022, cursante de fs. 1 a 4 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Gabriel Aguilar Espinoza contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), signado con Código Único de Denuncia (CUD) 401502012202445; el 24 de noviembre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, por Auto Interlocutorio 821/2022 de igual fecha, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro. Ante ello, formuló recurso de apelación incidental, el cual radicó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, y el Vocal ahora accionado, por decreto de 1 de diciembre de 2022, señaló audiencia de consideración del recurso de apelación incidental para el 2 del citado mes y año, a las 14:30 horas, indicando que debía notificarse “…al Director del Penal de San Pedro de esta capital, para que en el interior del mismo prevea y gestione medios tecnológicos para asegurar el desarrollo de la audiencia virtual en relación al imputado…” (sic). Sin embargo, no existen las notificaciones correspondientes; por lo que, “…no hubo notificación algún al Centro Penitenciario…” (sic); razón por la cual, desconocía en que Sala del referido Tribunal Departamental se desarrollaría dicha audiencia, ya que no tuvo oportunidad ni de conectarse para ejercer defensa. Así, el 2 de diciembre de 2022, se instaló la audiencia del recurso de apelación incidental y la Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, informó que todas las formalidades de ley para el desarrollo de ese acto procesal fueron cumplidas, cuando en realidad eso no fue así por la omisión de las notificaciones y que al no existir ninguna persona conectada -en audiencia virtual- se declaró la improcedencia del referido recurso de apelación. Finalmente, se debe considerar que si bien existe una notificación a Defensa Pública; empero, en esa diligencia no se consignó la identificación de la persona a la que se notificó. Asimismo, si el abogado de Defensa Pública no se conectó a la audiencia del recurso de apelación incidental, era obligación del Vocal ahora accionado convocar a un defensor de oficio, haciendo énfasis en que no existía constancia de notificación a su defensa técnica.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; citando al efecto los arts. 23.I, 115.II, 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) La nulidad del Auto de Vista 337/2022 de 2 de diciembre, que declaró improcedente el recurso de apelación incidental que planteó; b) Que el Vocal ahora accionado, instale una nueva audiencia, y notifique al Director del Centro Penitenciario San Pedro de Oruro y sea a efectos de garantizar que acceda a una conexión de wifi y pueda conectarse a la audiencia virtual; y, c) Notificar a los abogados de Defensa Pública y al defensor de oficio asignado a su causa “…y no a una que, carezca de persona notificada, lo que no garantiza eficiencia y puede causar una injusta acción contra el Defensor Público que estaría asignado a mi causa” (sic). Asimismo, en audiencia, ante la inasistencia del Vocal hoy accionado al referido acto procesal y al no remitir informe alguno, solicitó la remisión de antecedentes ante el “Juzgado disciplinario”.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 6 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 42 a 45, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) El Vocal ahora accionado pese a su citación, no asistió a ese acto procesal no remitió informe ni el cuaderno procesal; por lo que, se presume la licitud de los hechos alegados, conforme a lo señalado por la SCP 0027/2018-S4 de 7 de marzo; 2) Por lo mencionado, solicitó la remisión de antecedentes ante el “Juzgado disciplinario”; 3) Cuenta con fotocopias simples del cuaderno procesal donde se advierte que las notificaciones fueron cortadas; por lo que, no son “formularios legales”; 4) Más allá del principio de presunción de inocencia, conforme al “…Artículo quinto del Código de Procedimiento Penal y el Artículo 8.2 de la Convención Americana sobre derechos humanos, tienen una serie de garantías durante el proceso para ejercer su defensa la impugnación, es una de esas garantías del derecho de impugnar Resoluciones que ameriten un debate en una sede, primero natural, y la sede natural conforme establece el Articulo 251 es un vocal de una de las salas penales de conforme al derecho, el segundo elemento es: el derecho que tiene todo imputado a ser escuchado en sus agravios y aquí viene el problema, que para nosotros está dentro a lo que se llama indefensión absoluta…” (sic); 5) Se evidenció que no hubo una notificación formal al Director del Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, ni a su persona sobre la audiencia del recurso de apelación incidental; 6) La única mención en el decreto de radicatoria de 1 de diciembre de 2022, fue una instrucción para que el referido Centro Penitenciario gestionara medios tecnológicos; empero, no se registró que esa notificación llegara efectivamente; 7) Las notificaciones existentes fueron dirigidas al Ministerio Público, a Defensa Pública y a la víctima, todas con sellos sin fecha o sin constancia de recepción válida; 8) El 2 de diciembre de 2022, a las 12:30 horas, se instaló la referida audiencia sin su presencia ni la de su abogado defensor; 9) Ante esa situación, el Vocal hoy accionado declaró improcedente el citado recurso de apelación interpuesto por falta de fundamentación, en lugar de suspender la audiencia o verificar por qué no estaban presentes los sujetos procesales, sin considerar que en materia penal, la presencia del imputado y su defensa es obligatoria en cualquier acto que afecte sus derechos; 10) Además, se cuestionó la inactividad del abogado de Defensa Pública, que no garantizó su representación en una audiencia crítica, debiéndose considerar que conforme al art. 109 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el defensor público tiene amplias prerrogativas, incluso para firmar apelaciones en nombre del detenido; y por lo tanto, su ausencia representó un incumplimiento grave; 11) Se encuentra en indefensión absoluta; puesto que, conforme a la SCP “1384/2013”, existe indefensión cuando un ciudadano no es informado sobre un proceso en su contra ni tiene acceso a información esencial, especialmente cuando está privado de su libertad; 12) En la audiencia del indicado recurso de apelación, se presentó como prueba los formularios de notificación que contenían sellos de recepción por parte de la “Secretaría de Defensa” y del Coordinador de Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI); empero, no existía constancia de notificación a su persona ni a su abogado defensor, a pesar de ello, se celebró la referida audiencia del recurso de apelación a través de la plataforma virtual Cisco Webex, y según el acta, se dio por cumplido el procedimiento legal a pesar de que ninguno de los sujetos procesales estaban presentes; 13) Se denunció que esa omisión implicaba una grave vulneración de derechos, tratándolo como si su participación no tuviera valor jurídico ni humano; 14) El Auto de Vista 337/2022, ahora impugnado, desestimó su recurso de apelación incidental argumentando que no presentó agravios; empero, cómo podría haberlo hecho si nunca fue notificado, ni siquiera con el indicado Auto de Vista que le negaba el recurso de apelación incidental; 15) Asimismo, se debe considerar lo señalado por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, que establece el principio de igualdad procesal, especialmente en los actos comunicacionales que deben garantizar el derecho a la defensa de forma equitativa, aún más tratándose de personas privadas de libertad; 16) Se enfatizó que si la audiencia era virtual, el Estado tenía la obligación de asegurar que desde el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, se habilite la conexión a la plataforma virtual; y, 17) Finalmente, pidió que se remitan copias legalizadas a la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura Distrital de Oruro, para investigar la posible manipulación de los formularios de notificación y el incumplimiento del deber de notificar al referido Centro Penitenciario.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 8.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 018/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 46 a 49 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 337/2022, y que el Vocal ahora accionado, en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación, señale nueva fecha y hora de audiencia del recurso de apelación incidental, garantizando la presencia de las partes procesales; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) En el marco del art. 406 del CPP, establece que, una vez recibidas las actuaciones, la Sala Penal debía señalar fecha y hora de audiencia y notificar a las partes dentro de un plazo de veinticuatro horas; ii) En el caso concreto, se determinó que, en razón a que el accionante se encontraba con detención preventiva, el Vocal ahora accionado tenía la obligación de garantizar su presencia, especialmente porque no dependía del accionante ingresar a la sala virtual, sino del personal del Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; iii) Del análisis del legajo de apelación se evidenció que el Director del indicado Centro penitenciario, no fue legalmente notificado; iv) Ante esa omisión, el accionante presentó esta acción tutelar, denunciando que se llevó a cabo la audiencia de recurso de apelación incidental sin la presencia de ninguna de las partes procesales, y que se ratificó el Auto Interlocutorio 821/2022, sin permitirle ejercer su derecho a la defensa ni exponer sus agravios, ya que no fue notificado; v) El acta de audiencia virtual confirmó que dicha audiencia se instaló mediante la plataforma Cisco Webex y que, según el informe de la Secretaría de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro se cumplieron las formalidades de ley; sin embargo, al no encontrarse presentes ni el imputado -accionante- ni su abogado, la referida Sala Penal esperó cinco minutos antes de continuar con el análisis de fondo; posteriormente, el Vocal hoy accionado emitió el Auto de Vista 337/2022, declarando improcedente el citado recurso de apelación y confirmando el Auto Interlocutorio 821/2022, bajo el argumento de que no existía exposición de agravios por el accionante; vi) No obstante lo anterior, se indicó que esa decisión no fue notificado al accionante, tampoco tuvo conocimiento de la mencionada audiencia; por lo que, el Vocal ahora accionado vulneró el derecho a la defensa, al no garantizar que estuviera presente o representado por un abogado defensor; vii) El Vocal hoy accionado debió designar un defensor de oficio y reprogramar la audiencia de recurso de apelación incidental; asimismo, se mencionó que existía la Circular 06/2022 de 6 de abril, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia que establece que el personal de apoyo jurisdiccional debe recabar datos de contacto de las partes procesales para asegurar su participación en audiencias virtuales; viii) Esa normativa también estableció que los jueces debían coordinar con el personal de sistemas e informática de los Tribunales Departamentales de Justicia para garantizar el funcionamiento adecuado de los dispositivos y el acceso de los imputados, especialmente cuando se encuentran privados de libertad; y, ix) Por lo mencionado, la falta de notificación al accionante, la ausencia de su defensa técnica, y la omisión de las obligaciones procesales por parte del Vocal hoy accionado y del personal de apoyo jurisdiccional constituyó una grave vulneración del derecho a la defensa y generó un escenario de indefensión absoluta. En vía de complementación, el Vocal ahora accionado solicitó a la Jueza de garantías que aclare qué autoridad judicial procederá a resolver el recurso de apelación incidental, en razón de que el referido Vocal se encuentra de vacaciones judiciales colectivas; por lo que, no está habilitado y no tiene competencia. En mérito a esa solicitud, la Jueza de garantías, por Auto de 8 de diciembre de 2022, cursante a fs. 53 y vta., complementó la Resolución 018/2022, disponiendo la notificación al Vocal de la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, para que resuelva el recurso de apelación incidental formulado por el accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 821/2022 de 24 de noviembre, emitida por la Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro, dispuso la detención preventiva de Oscar Samuel Vargas Hinojosa -ahora accionante-; en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, por el lapso de dos meses, es decir, hasta el 24 de enero de 2023, debiendo considerarse su situación jurídica en igual fecha, a las 8:30 horas; ante ello, en ese mismo acto procesal, la defensa del nombrado planteó recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP (fs. 24 a 27). II.2. Mediante decreto de 1 de diciembre de 2022, emitida por Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy accionado-; señaló audiencia de recurso de apelación incidental para el 2 de igual mes y año, a las 14:30 horas (fs. 33); cursa notificación al accionante de 1 del citado mes y año, a las 14:39 horas, con dicho decreto (fs. 35). II.3. Cursa Acta de Audiencia de Consideración del Recurso de Apelación Incidental de 2 de diciembre de 2022, mediante Auto de Vista 337/2022 de igual fecha, el Vocal ahora accionado declaró improcedente el recurso de apelación incidental y confirmó el Auto Interlocutorio 821/2022, argumentando que las partes procesales fueron notificadas y pese a ello no asistieron; por lo que, no se cuentan con agravios para fundamentar (fs. 37 a 38 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; puesto que, el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista 337/2022 de 2 de diciembre, declaró improcedente el recurso de apelación incidental que formuló contra el Auto Interlocutorio 821/2022 de 24 de noviembre, que dispuso su detención preventiva, argumentando que las partes procesales fueron notificadas y pese a ello no asistieron a la audiencia del indicado recurso de apelación; por lo que, no contaba con los respectivos agravios para fundamentar; sin considerar que en realidad solo se notificó a Defensa Pública y en esa diligencia no se consignó la identificación de la persona a la que se notificó, y en todo caso, si Defensa Pública no se conectó a la audiencia del referido recurso de apelación, el Vocal ahora accionado debió convocar a un defensor de oficio. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La ausencia del imputado en la audiencia del recurso apelación de cesación de la detención preventiva y su derecho a asumir defensa material; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. La ausencia del imputado en la audiencia del recurso apelación de cesación de la detención preventiva y su derecho a asumir defensa material

La SCP 1126/2023-S3 de 18 de diciembre, siguiendo los entendimientos de la SC 1698/2005-R de 19 de igual mes, establece que: «“‘…debe recordarse que el representado impugnó de la resolución que dispuso su detención preventiva, la cual supone que se encuentra detenido; consiguientemente su concurrencia a la audiencia no dependerá de él únicamente sino de la orden que emita el Tribunal ad quem y del cumplimento a dicha orden de parte de los funcionarios del recinto donde se encuentre detenido el imputado, situación que debe considerar dicho Tribunal para celebrar la audiencia y para determinar el rechazo si el apelante no concurrieraʼ. En esta misma línea jurisprudencial la SC 1234/2006-R de 1 de diciembre, estableció los siguientes aspectos: “a) no es exigible la notificación personal del imputado con el decreto de señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar; b) si el imputado es legalmente notificado con ese decreto, y no comparece a la audiencia, ésta puede desarrollarse válidamente pese a su ausencia; c) ausente el imputado, resulta exigible la concurrencia del defensor, quien lo representa y ejerce el derecho a la defensa. (…) Sin embargo, la situación de los imputados detenidos en los recintos carcelarios, merece un análisis distinto, teniendo en cuenta que si bien en esos casos, tampoco es exigible una notificación personal, su comparecencia a la audiencia de apelación, por ende, el ejercicio del derecho a la defensa material reconocida por el art. 8 del CPP, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que autorice su salida del recinto carcelario y facilite su comparecencia a la audiencia de fundamentación del recurso de apelación, sea o no el apelante, teniendo en cuenta que al tratarse de un imputado sometido a detención preventiva, el art. 238 del CPP dispone: ̀(…) Todo permiso de salida o traslado, únicamente lo autorizará el juez del proceso’; en consecuencia, si el proceso penal involucra a un imputado sometido a detención preventiva, el Tribunal de alzada, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los arts. 16.II de la CPE, 5, 8 y 84 del CPP, deberá emitir la respectiva orden de salida, a fin de que el imputado sea conducido ante el tribunal y pueda ejercer su derecho a la defensa material. Entendimiento que implica una modulación de la SC 0663/2006-R, de 10 de julio”. Al respecto, la SCP 2200/2013 de 16 de diciembre, haciendo referencia a la precitada SC 1234/2006-R, señaló que: ʽDicho precedente constitucional, más adelante, afirma que cuando el imputado fue legalmente notificado con el decreto de señalamiento de audiencia, y no comparece para su realización, no puede alegar estado de indefensión, porque esta fue provocada por voluntad propia; sin embargo, precisa, que ello no es aplicable a los imputados detenidos en los recintos carcelarios, sosteniendo que ellos merecen un análisis diferenciado por cuanto si bien en esos casos, tampoco es exigible una notificación personal, su comparecencia a la audiencia de apelación, por ende, el ejercicio de su derecho a la defensa material reconocida por el art. 8 del CPP, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que autorice su salida del recinto carcelario y facilite su comparecencia a la audiencia de fundamentación del recurso de apelación, sea o no el apelanteʼ. Bajo ese mismo razonamiento se pronunciaron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0756/2015-S3 de 8 de julio y 0074/2018-S3 de 23 de marzo, así, esta última sostuvo que: ʽ…referente a la ausencia del imputado en la audiencia de fundamentación del recurso de apelación en sentido que el accionante no pudo ejercer su derecho constitucional a la legítima defensa en la sustanciación de dicha audiencia por haber llegado demorado debido a que se encontraba con detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de San Antonio del departamento de Cochabamba, no fue considerado por la autoridad demandada, quién se limitó a declarar improcedente la apelación planteada (…) vulnerando de esta manera el derecho a la defensa del ahora accionante”’» (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; puesto que, el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista 337/2022 de 2 de diciembre, declaró improcedente el recurso de apelación incidental que formuló contra el Auto Interlocutorio 821/2022 de 24 de noviembre, que dispuso su detención preventiva, argumentando que las partes procesales fueron notificadas y pese a ello no asistieron a la audiencia del indicado recurso de apelación; por lo que, no contaba con los respectivos agravios para fundamentar; sin considerar que en realidad solo se notificó a Defensa Pública y en esa diligencia no se consignó la identificación de la persona a la que se notificó, y en todo caso, si Defensa Pública no se conectó a la audiencia del referido recurso de apelación, el Vocal ahora accionado debió convocar a un defensor de oficio. Ahora bien, de la revisión de antecedentes del cuaderno procesal, cursa Auto Interlocutorio 821/2022, emitida por la Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro, dispuso la detención preventiva del accionante, en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, por el lapso de dos meses; es decir, hasta el 24 de enero de 2023, debiendo considerarse su situación jurídica en igual fecha, a 8:30 horas; ante ello, en ese mismo acto procesal, la defensa del nombrado planteó recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP (Conclusión II.1.). Asimismo, por decreto de 1 de diciembre de 2022, emitido por el Vocal ahora accionado, señaló audiencia de recurso de apelación incidental para el 2 de igual mes y año, a las 14:30 horas; con dicho decreto el accionante fue notificado el 1 del citado mes y año, a las 14:39 horas, (Conclusión II.2.). Posteriormente, el 2 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de consideración de recurso de apelación incidental, en la que, por Auto de Vista 337/2022, el Vocal ahora accionado declaró improcedente dicho recurso de apelación y confirmó el Auto Interlocutorio 821/2022, argumentando que las partes procesales fueron notificadas y pese a ello no asistieron a la referida audiencia de consideración del recurso de apelación; por lo que, no se cuentan con agravios para fundamentar (Conclusión II.3.). Delimitado el objeto procesal y revisados los antecedentes fáctico procesales, corresponde considerar lo citado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere que la concurrencia de un detenido preventivo a una audiencia, no dependerá de él únicamente sino de la orden que emita el Tribunal de alzada y del cumplimento a dicha orden de parte de los funcionarios del recinto carcelario donde se encuentre; situación que debe considerar dicho Tribunal para celebrar la audiencia y para determinar el rechazo si el apelante no concurriera.

En ese sentido, conforme al entendimiento asumido en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1., de este fallo constitucional la situación de los imputados detenidos en los recintos carcelarios, merece un análisis distinto, teniendo en cuenta que si bien en esos casos, tampoco es exigible una notificación personal, su comparecencia a la audiencia de apelación, por consiguiente, el ejercicio del derecho a la defensa material reconocido por el art. 8 del CPP, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que autorice su salida del recinto carcelario y facilite su comparecencia a la audiencia de fundamentación del recurso de apelación, sea o no el apelante, teniendo en cuenta que al tratarse de un imputado sometido a detención preventiva, el art. 238 del CPP, dispone que: “(…) Todo permiso de salida o traslado, únicamente lo autorizará la jueza, el juez (…) del proceso (…). (…)”. En consecuencia, si el proceso penal involucra a un imputado sometido a detención preventiva, el Tribunal de alzada deberá emitir la respectiva orden de salida, a fin de que el imputado sea conducido ante el tribunal y pueda ejercer su derecho a la defensa material. A partir de ello, en el caso concreto se evidencia que, si bien, el 2 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 821/2022, que dispuso la detención preventiva del accionante, y en dicho acto procesal, en el que inicialmente la Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, informó al Vocal hoy accionado el cumplimiento de las formalidades de ley para la instalación de la referida audiencia y la ausencia de las partes en la sala virtual; sin embargo, se debe tener en cuenta que de manera previa a la instalación y celebración de dicha audiencia, el Vocal ahora accionado pronunció el decreto de 1 de diciembre de 2022, de señalamiento de audiencia de recurso de apelación incidental, que ordenó: “…notifíquese al Director del Penal de San Pedro de esta capital, para que en el interior del mismo prevea y gestione medios tecnológicos para asegurar el desarrollo de la audiencia virtual en relación al imputado…” (sic); empero, tal actuación no fue cumplida, conforme lo manifestado por el abogado del accionante, verificado por la Jueza de garantías y no controvertido por el Vocal hoy accionado. A partir de esa omisión, si bien, en el caso concreto existe una orden del Vocal ahora accionado de cumplir con la notificación al Director del Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; empero, como la misma no fue efectivizada y el referido Vocal omitió su deber de supervisar el cumplimiento de sus órdenes por parte de sus funcionarios de apoyo jurisdiccional, y además, de garantizar el derecho a la defensa del accionante, tal extremo contraviene a lo dispuesto por el art. 8 del CPP, establece que: “El imputado, sin perjuicio de la defensa técnica, tendrá derecho a defenderse por sí mismo, a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas”; por lo que, ante la verificación de la ausencia del accionante como de su defensa técnica en sala de audiencia virtual, y sobre todo por la omisión de notificación al mencionado Director del Centro Penitenciario para que el privado de libertad pueda conectarse a la audiencia de recurso de apelación incidental, el Vocal hoy accionado debió suspender la misma y señalar una nueva fecha y hora, aplicando el principio de celeridad, disponiendo la notificación a las partes procesales, la emisión del oficio de traslado del privado de libertad a una sala de audiencia virtual dentro del mismo Centro Penitenciario, y precautelando su derecho a la defensa técnica, debió designar a un defensor de oficio para la fundamentación de los agravios correspondientes más aun considerando la inasistencia del abogado de Defensa Pública que sí fue notificada con el señalamiento de la audiencia del referido recurso de apelación. En consecuencia, la omisión en la que incurrió el Vocal ahora accionado al no percatarse de la falta de notificación al Director del Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, a efectos del traslado del accionante y la conexión del mismo a la audiencia del recurso de apelación incidental, lo que conllevó a que el mismo no pueda conectarse a la plataforma virtual respectiva, y por consiguiente, no pueda ejercer su derecho a la defensa material expresando sus agravios, se vulneró el derecho a la defensa del nombrado que se encuentra ligado a su libertad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada, en los mismos términos de la Jueza de garantías; es decir, dejando sin efecto la audiencia de apelación de medidas cautelares del accionante y el Auto de Vista 337/2022, emitido por el Vocal hoy accionado, ordenando que una vez notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el indicado Vocal debe convocar dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una nueva audiencia, disponiendo las medidas necesarias para la conducción y comparecencia del accionante a la actuación judicial señalada, salvo que la situación jurídica se hubiere modificado, en razón al carácter provisional de las medidas cautelares y al trascurso del tiempo en que se emite el presente fallo constitucional. Asimismo, en cuanto al petitorio del accionante respecto a que ante la inasistencia del Vocal ahora accionado a la audiencia de acción de libertad ni la remisión de un informe, se proceda la remisión de antecedentes ante el “Juzgado disciplinario”, se aclara al accionante que tiene las vías expeditas para activar esa vía si así lo considera conveniente. Finalmente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede pasar por alto que la presente acción tutelar emerge de un caso por el delito de violación; por lo que, independientemente a la concesión dispuesta por temas estrictamente procesales que deben ser subsanados, recuerda al Vocal hoy accionado y a todas las autoridades que conozcan la causa, que consideren la condición de la víctima y la protección reforzada con la que cuenta y cumplan con su obligación de aplicar en sus razonamientos y labor judicial en el caso, un enfoque interseccional; herramienta que conforme a lo desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional permite: “…analizar posibles lesiones a derechos fundamentales de las víctimas en procesos judiciales; mismo que no conlleva ninguna vulneración o desconocimiento de los derechos de la parte procesada, pues ese enfoque interseccional comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas en las que se encuentran las víctimas de violencia sexual y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría,…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre), considerando al efecto que en su alcance, dimensión y eficacia práctica de aplicación: “…estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; (…) criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, entre otras). En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 018/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 46 a 49 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos y alcances de lo dispuesto por la Jueza de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0541_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): d37bd244db080f0d2347b1de5651d87de4947dcf4268dd2ff1a4a99e2f8790ed

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