B.IA.LEGAL

SCP 0541/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 6 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
6 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
66679-2024-134-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos a la vida, a la atención médica, al interés superior del menor de edad, a la maternidad segura, al debido proceso y al acceso a la justicia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato los ahora demandados incurrieron en los siguientes agravios: 1) Los ahora demandados, intentaron tramitar de manera ilegal su traslado del Centro Penitenciario San Pedro de Oruro al Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, buscando perjudicar su vida y familia, cuando la detención debe establecerse en el lugar que se efectivizó la detención preventiva; 2) El investigador asignado al caso, requirió la ampliación de la investigación sin tener elementos objetivos en su contra, acusándole además de verter amenazas contra su familia, cuando fue él quien ejerció violencia contra su pareja obligándola a declarar contra sí misma y su familia, generando un perjuicio a la vida del menor de edad; 3) A causa de la detención preventiva dispuesta por el Juez ahora demandado, su hijo menor de edad estuvo a punto de morir, continuando en riesgo su vida, puesto que no existe documentación sobre la incautación de sus bienes como una medida de carácter real; por lo que, no puede plantear el incidente sobre la calidad de los bienes ya que desconoce cuál es su paradero; y, 4) El Fiscal de Materia, se apropió indebidamente de su patrimonio, secuestrando el mismo sin que exista fundamento para ello e incumpliendo el procedimiento establecido por el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2024 de 8 de agosto, cursante de fs. 77 a 79, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad
  2. III.2. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
  3. III.3.Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0541/2024-S1 Sucre, 6 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 66679-2024-134-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 11/2024 de 8 de agosto, cursante de fs. 77 a 79, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ricardo Alejandro Rocha Brun por sí, y en representación sin mandato del menor de edad AAA contra Freddy Escobar Peña, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Santiago de Huari del departamento de Oruro; Wilson Aruquipa Torrez, Fiscal de Materia y Cristhian Félix Martínez Beltrán, Investigador Asignado al caso.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de agosto de 2024 cursante de fs. 34 a 45, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato, se encuentra guardando detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro; por tal situación, a causa del actuar de los ahora demandados, su vida y la de su hijo de ocho meses corre peligro, pues los mismos incurrieron en los siguientes agravios: El Fiscal de Materia junto el investigador asignado al caso y el Juez ahora demandados, intentaron tramitar de manera ilegal su traslado del Centro Penitenciario San Pedro del señalado departamento al Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, manifestando argumentos penosos y mentiras, buscando perjudicar su vida y familia, cuando la detención debe establecerse en el lugar en el que se efectivizó la detención preventiva. El investigador asignado al caso, requirió la ampliación de la investigación sin tener elementos de prueba objetivos contra su persona, acusándole de verter amenazas contra su familia; cuando fue él quien ejerció violencia contra su pareja obligándola a declarar contra sí misma y su familia, generando un perjuicio directo a la vida del menor de edad.

El Juez de Instrucción Penal, le impuso una detención preventiva infundada y si bien con la presente acción tutelar, no cuestiona esa resolución, a causa de tal determinación, el menor de edad estuvo en peligro de morir y ahora continua con ese peligro inminente ya que el factor económico es imprescindible para él pues no puede mantenerse por sí mismo y el estado no le provee lo que requiere; asimismo, a la fecha no existe documentación sobre la incautación de sus bienes, como una medida de carácter real; por lo que, no puede plantear el incidente sobre la calidad de los mismos, desconociéndose donde se encuentra su paradero. El Fiscal de Materia, se apropió indebidamente de su patrimonio, secuestrando el mismo sin que exista fundamento para ello e incumpliendo el procedimiento establecido por el art. 253 del CPP; además que se apartaron del marco normativo vigente a la hora de ejercer sus funciones, siendo que no es para nada extraño que presenten quizás documentación fraguada o cometa el delito de falsedad para seguir quedando impune.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos a la vida, a la atención médica, al interés superior del menor de edad, a la maternidad segura, al debido proceso y al acceso a la justicia; citando al efecto los arts. 15, 35, 45 y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 4.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y “I. Que en tenor de resguardar la vida del accionante Ricardo Alejandro Rocha Brun se ponga a conocimiento inmediato de las autoridades pertinentes como ser el Director General De Régimen Penitenciario, Jueza De Ejecución Penal N° 1 De La Ciudad De Oruro, Tribunal De Sentencia N° 1 De La Localidad De Challapata, Fiscal departamental de la ciudad de Oruro y autoridades policiales de alto rango como ser el Comandante departamental de la Policía Oruro y Comandante de la FELCC Oruro ORDENANDOSE QUE MIENTRAS EL ACCIONANTE RESUELVE SU SITUACIÓN JURIDICA Y ASUME DEFENSA MATERIAL EN POST DE RECUPERAR EL BUEN VIVIR DE SU FAMILIA, NO SE AGRAVE PARA NADA LAS CONDICIONES ACTUALES DEL MENCIONADO, cabe aclarar en tenor de un posible traslado repentino y arbitrario a otro establecimiento penitenciario, siendo que en caso de que suceda y sea por esto que el accionante Ricardo Alejandro Rocha Brun pierda la vida o se agrave las condiciones en que se encuentra, los inmediatos responsables son las personas que se mencionan en la "EPISTOLA PREVIA A UNA MUERTE REPENTINA" elaborada por el accionante la cual versa y está debidamente en resguardo para fines políticos y futuras denuncias ante la PRENSA NACIONAL así como el proceso penal, disciplinario correspondiente: y otras garantías que precise de oficio el tribunal de garantías que resuelve esta acción tutelar. II. Se ordene al Director de la ASFI se proceda al descongelamiento inmediato de la cuenta bancaria N° 1311040384 del banco ganadero del accionante (Ricardo Alejandro Rocha Brun) padre del bebe de 8 meses de edad (AAA), garantizando así el derecho a la vida del menor de edad, toda vez que requiere no solo de materiales y alimentación optima, sino que también de tratamiento y atención médica especializada, garantizando así el derecho a la vida y otros consiguientes, ya que el menor de edad requiere de emergencia no solo materiales y alimentación óptima para sí mismo, si no también atención de pediatría particular. III. Se ordene a la autoridad pertinente o servidor público de la FELCC y fiscalía de Challapata se proceda a la devolución del patrimonio como ser documentación. Dinero. objetos de valor. Vehículos, etc. pertenecientes al accionante Ricardo Alejandro Rocha Brun, toda vez que el bebe de 8 meses requiere de atención médica y tratamiento costoso para resguardar su derecho a la vida el cual el factor económico es imprescindible para mencionado cumplimiento. Claro está en apego al interés superior del niño (bebe de 8 meses de edad). Ya que tampoco existe documentación referente a una SOLICITUD DE INCAUTACION FUNDAMENTADA, MUCHO MENOS EXISTE ALGUN AUTO DE MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER REAL.” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 8 de agosto de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 73 a 76 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado ratificó inextenso en los términos de su demanda y ampliándolo añadió: a) La acción de libertad presentada, no versa en solicitar su libertad, sino que desea tener conocimiento de donde se encuentran sus movilidades que fueron incautadas; además que, su hijo menor de edad se encontraría delicado de salud, pero no está siendo debidamente atendido, ya que incluso cuando nació tuvo que someterse a una cesárea de emergencia que generó daños a su salud; lo principal de esta acción tutelar, es que él necesita acceso a los fondos; por lo que, pide se puedan descongelar sus cuentas y así poder dar una mejor calidad de vida a su hijo; b) Pide además no seguir sufriendo represalias, ya que se sufrió daño psicológico, por parte de los ahora demandados, y que se evalúe la situación de su hijo menor de edad que se encuentra delicado de salud, requiriendo se habilite su cuenta bancaria para poder mejorar la calidad de vida del menor de edad que se encuentra con su madre en el Centro Penitenciario La Merced de Oruro; y, c) No está pidiendo que se le dé libertad, sino que no se agraven sus condiciones, que se le permita hacer uso de su patrimonio; y que se considere la situación de salud de su hijo menor de edad quien ya estuvo cerca a morir tres veces, no teniendo ni para sus pañales o sus necesidades básicas.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Wilson Aruquipa Torrez, Fiscal de Materia; apersonándose en audiencia manifestó que: 1) Esta es la cuarta acción de libertad que presenta el solicitante de tutela manifestando los mismos hechos; sin embargo, en la presente busca escudarse en un niño que nada tiene que ver con el proceso, pese a ello, no puede plantear los mismos hechos más de una vez; 2) El accionante pide se respete el debido proceso, cuando él está en esa situación porque mató a una persona de la tercera edad con 27 puñaladas además de cometer robo agravado; y, de igual manera quitó la vida a otra mujer con 14 puñaladas y se llevó a un niño de cinco años hasta la localidad de Konani, donde fue rescatado; por lo que, no puede alegar una persecución indebida y menos cuando este asunto ya fue tratado y se le denegó la tutela; 3) Cuando se dispuso la medida cautelar para el impetrante de tutela, este ni siquiera apeló la misma; por lo que, erróneamente puede indicar agravio con esa situación; 4) La presente acción de libertad, no cumple con los requisitos para su activación; puesto que, no está su vida en peligro, aclarando que el menor de edad no es el procesado y todas sus garantías se encuentran satisfechas; además, que el imputado no se encuentra indebidamente procesado; 5) Nos acusa en su petitorio de que serán los responsables de su muerte; sin embargo, en ningún momento se dispuso el traslado del ahora peticionante de tutela, teniendo el mismo el beneficio de encontrarse en la cárcel de esa localidad; y, 6) Solicita además, se ordene a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el descongelamiento de sus cuentas; sin embargo, este ya fue un asunto tratado en la anterior acción que presentó, situación semejante con los objetos secuestrados, donde se le explicó el procedimiento ante el secuestro, incumpliendo incluso el principio de subsidiariedad pues debe agotarse la vía jurisdiccional para recién acceder a esta vía; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. Cristhian Félix Martínez Beltrán, Investigador asignado al caso, apersonándose en audiencia señaló que: Se limita a señalar que las investigaciones ya se realizaron y se encontró al ahora solicitante de tutela autor del hecho investigado; además que, al igual que el Fiscal de Materia y el “viceministro” recibió amenazas por parte del imputado, quien se comunicó incluso con su hija por Instagram amenazándola también por esa vía. Freddy Escobar Peña, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Santiago de Huari del departamento de Oruro; no se presentó a la audiencia, ni remitió informe escrito pese a su legal notificación cursante a fs. 47.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 11/2024 de 8 de agosto, cursante de fs. 77 a 79, denegó la tutela solicitada, en consideración a los siguientes argumentos: i) Cuando se habla de peligro a la vida, este tiene que ser inminente y no puede ser sujeta a una posibilidad o probabilidad y teniendo encuenta que lo que se cuestiona es un incidente de calidad de bienes, este, nada tiene que ver con los argumentos de una Acción de Libertad; además, de los elementos adjuntos, ninguno de ellos establece de qué manera o cómo se estaría poniendo en riesgo la vida de una persona; ii) Si bien se alega que el menor de edad se encontraría en malas condiciones dentro del Centro Penitenciario, no existe forma de acreditar esta situación ya que los elementos aportados no demuestran tal aspecto; por lo que, sobre el derecho a la vida del accionante y su hijo, este Tribunal se encuentra limitado y carente de hacer un análisis de este presupuesto material; iii) Es evidente que el impetrante de tutela ya presentó acciones tutelares en anteriores ocasiones, y sobre ello, él señala, que no se le respondió como quiere o quisiera que se le responda, correspondiendo por ello aclarar que, en todo Estado, las personas que la habitan están sujetas a normas y procedimientos, no pudiendo confundir o mezclar los mismos, pues cuando se invoca una acción de libertad, ésta tiene una finalidad única y exclusiva de considerar la libertad vinculada a los presupuestos que señala el art. 125 de la CPE; y, cuando el peticionante de tutela considera que su vida está en peligro, ello debe demostrarse, pues no es un mero enunciado; por ello, si no se demuestran los presupuestos del referido artículo, no se puede tutelar un derecho. Agregando que, el solicitante de tutela textualmente refirió, "yo no pido mi libertad" pero contradictoriamente hizo alusión a una serie de irregularidades, actos de corrupción, sobre operadores de justicia, policías, fiscales, pero estos hechos no establecen claramente cómo se lesiona el derecho tutelado; iv) El petitorio de la Acción de Libertad concluye, señalando que no se asuman medidas restrictivas o que no se disponga ningún traslado, sin embargo, no se tiene elemento alguno que demuestre que se pretendiera un traslado; es decir, no existe resolución fiscal o solicitud o semejante; v) El resto de los petitorios relacionados a que se disponga el descongelamiento de sus cuentas o que no se asuman medidas o represalias en contra suya, son un petitorios que están fuera de lo que establece el art. 125 de la CPE; y, vi) Sobre el menor de edad, como bien hizo notar el Fiscal de Materia, parecería que el accionante está manejando a su hijo, cuando él mismo, como progenitor debe ir en resguardo del menor, es decir, si este necesita atención, medicamentos o pañales, como el mismo lo señala, estos son aspectos que no se pueden reclamar a través de una acción de libertad y este Tribunal no puede asumir ninguna medida, por cuanto no se cuenta con elemento probatorio que respalde esta situación, notando que es más un discurso y en caso de que el impetrante de tutela considere la lesión a los derechos del mismo, de conformidad al Código Niña, Niña o Adolescente deberá acudir a la instancia legal para que una institución estatal pueda asumir y responsabilizarse del menor de edad; empero, bajo un discurso argumentativo no puede acudirse directamente ante el Tribunal Constitucional. Por todas las consideraciones, este Tribunal no encuentra un fundamento ni sustento para la presente Acción de Libertad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante el Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-03/2023 de 24 de mayo, se dispuso el adelanto de sorteo en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin guardar el orden cronológico.

II. CONCLUSIONES

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa Requerimiento Fiscal de 6 de octubre de 2023, por el cual el Fiscal de Materia ahora demandado, solicitó al Gerente General de la ASFI, el congelamiento de cuentas del ahora peticionante de tutela (fs. 8). En respuesta. Se emitió la nota de 1 de noviembre del mismo año, por el cual el Gerente de la Oficia de Oruro de la ASFI, informó que se procedió al bloqueo de las cuentas del ahora solicitante de tutela (fs. 9). II.2. Cursa Memorial de 1 de agosto de 2024, por el cual el ahora accionante planteó acción de libertad contra el Fiscal de Materia y el Juez de Instrucción -ahora demandados-, a través del cual solicitó:

“i. Se ordene al Director de la ASFI se proceda al descongelamiento de la cuenta bancaria del banco ganadero del padre (Ricardo Alejandro Rocha Brun) del bebé de 8 meses (AAA) garantizando así el derecho a la vida del menor de edad, toda vez, que requiere no solo de materiales y alimentación óptima, si no que también de tratamiento y atención médica especializada. ii. Se ordene a la autoridad pertinente de la FELCC se proceda a la devolución del patrimonio como ser documentación. Dinero, objetos de valor, vehículos, etc. Pertenecientes al accionante Ricardo Alejandro Rocha Brun, toda vez que el bebé de 8 meses requiere de atención médica y tratamiento costoso para resguardar su derecho a la vida. iii. Se remita ante las autoridades pertinentes la presente acción de defensa para el inicio de las responsabilidades correspondientes en estricto apego a lo que establece el art. 110.I Las personas que vulneren derechos quedan sujetos a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas (sic [fs. 53 a 59 vta.]). II.3. Consta Resolución de 1 de agosto de 2024, por el cual el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, denegó la tutela solicitada, argumentando que: a) La acción de libertad, no procede para notificar a la ASFI o funcionarios de la FELCC para que estos procedan a devolver objetos secuestrados o desbloquear cuentas bancarias, viendo que en el caso, el Fiscal de Materia, actuó conforme a sus competencias al disponer el secuestro de los elementos, pudiendo el ahora impetrante de tutela plantear el incidente de calidad de bienes conforme el art. 255 del CPP; b) El menor de edad, hijo del peticionante de tutela, no se encuentra privado de libertad, y el solicitante de tutela vuelve a plantear una tercera acción de libertad alegando los mismos hechos, cuando esta es una situación prohibida en esta instancia constitucional (fs. 61 a 62 vta.). II.4. Cursa Memorial de 5 de agosto de 2024, por el cual Ricardo Alejandro Rocha Brun -ahora accionante, presentó incidente de calidad de bienes ante el Juez -ahora demandado-, argumentando que requiere de la devolución de los vehículos con placa de control 3460KHE y 1143KYL (fs. 2 a 4).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos a la vida, a la atención médica, al interés superior del menor de edad, a la maternidad segura, al debido proceso y al acceso a la justicia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato los ahora demandados incurrieron en los siguientes agravios: 1) Los ahora demandados, intentaron tramitar de manera ilegal su traslado del Centro Penitenciario San Pedro de Oruro al Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, buscando perjudicar su vida y familia, cuando la detención debe establecerse en el lugar que se efectivizó la detención preventiva; 2) El investigador asignado al caso, requirió la ampliación de la investigación sin tener elementos objetivos en su contra, acusándole además de verter amenazas contra su familia, cuando fue él quien ejerció violencia contra su pareja obligándola a declarar contra sí misma y su familia, generando un perjuicio a la vida del menor de edad; 3) A causa de la detención preventiva dispuesta por el Juez ahora demandado, su hijo menor de edad estuvo a punto de morir, continuando en riesgo su vida, puesto que no existe documentación sobre la incautación de sus bienes como una medida de carácter real; por lo que, no puede plantear el incidente sobre la calidad de los bienes ya que desconoce cuál es su paradero; y, 4) El Fiscal de Materia, se apropió indebidamente de su patrimonio, secuestrando el mismo sin que exista fundamento para ello e incumpliendo el procedimiento establecido por el art. 253 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad; ii) Naturaleza jurídica de la acción de libertad; iii) Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las SCP 0401/2020-S1 de 27 de agosto, 0734/2021-S1 de 30 de noviembre, 1423/2022-S1 de 1 de diciembre, 0958/2023-S1 de 24 de agosto entre otros; mismos que describen lo siguiente:

El derecho a la vida, ha sido considerado como uno de los derechos más importantes en el catálogo de los derechos fundamentales de los seres humanos, puesto que este bien jurídico es el soporte físico de los demás derechos fundamentales, es un bien natural, un derecho innato; por lo tanto, si este derecho es violentado desaparece el titular del mismo, consiguientemente, es deber del Estado proteger la vida humana frente a cualquier agresión de los individuos y sancionar severamente a todas las personas que atenten contra este derecho; este concepto fue recogido y aceptado en todas las Constituciones Políticas y demás normas legales de los diferentes países del mundo, así como en los Instrumentos Internacionales que libre y voluntariamente algunos países han integrado a sus respectivas legislaciones. En ese entendido, nuestro país también asumió tal concepción sobre el derecho a la vida, es así que, la Constitución Política del Estado ha consagrado este derecho en innumerables artículos entre ellos está el art. 15.I. que señaló: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual…”, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad (SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero); en tal sentido, el Tribunal Constitucional como máximo guardián de la Constitución Política del Estado, y en su labor de protección de los derechos y garantías fundamentales, desde sus inicios entendió la importancia de este derecho, así se tiene la SC 687/2000-R de 14 de julio, que estableció la importancia del derecho a la vida y que su sola vigencia es la base para el ejercicio de los demás derechos fundamentales; entendimiento que fue reiterado en la SC 1294/2004-R, la cual además razonó que el derecho a la vida, se traduce en la imposición de ciertos deberes al Estado, entendido en su sentido amplio de conjunto de los poderes públicos; el deber de no lesionar por sí mismo la vida humana y el deber de proteger efectivamente la vida humana frente a agresiones de los particulares. En esa misma línea de razonamiento, la SC 0172/2006-R de 16 de febrero, ampliando este concepto señaló que el derecho a la vida implica también otros derechos como el derecho a la seguridad e integridad personal y la satisfacción de las necesidades básicas como la alimentación, vestido y vivienda; y que obliga al Estado a su protección a través de mecanismos efectivos que garanticen el bienestar físico, mental y social; a partir de allí, se fue precisando sobre lo que se entiende por derecho a la vida, señalándose que esta supone una obligación tanto negativa como positiva; es decir, por una parte, el derecho a no ser privado de la vida -a que nadie me mate- y, por otra, el derecho a recibir al menos lo mínimo indispensable para sobrevivir; en ese sentido, la SCP 0033/2013 de 4 de enero, asumiendo la igual jerarquía de los derechos, consagrada en el art. 13.III de la CPE que no reconoce superioridad de un derecho sobre otro; empero esta Sentencia, reconoció que el derecho a la vida es la base fundamental para el ejercicio de los demás derechos, lo cual implica considerar situaciones particulares cuando se demanda su protección, así estableció que el derecho a la vida abarca tres concepciones distintas que son:

1) El derecho a permanecer con vida e interdicción de muerte arbitraria.- Esta primera línea conceptual se refiere a dos obligaciones que tiene el Estado en relación al ser humano, las obligaciones positivas que están enmarcadas en eliminar en lo máximo posible los índices de criminalidad en la sociedad, es decir, realizar todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio Estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas; en cuanto a las obligaciones negativas, se tiene que el Estado se encuentra absolutamente impedido de realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos y sobre la tradicional justificación de “la razón de Estado” (persecuciones desproporcionadas, desapariciones forzadas, etc.). 2) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que las personas conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa, sin ninguna forma de violencia ni discriminación para asegurar el desarrollo integral particularmente de las mujeres y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida.

3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas.

Ahora bien, de estos conceptos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la vida, se puede comprender que esta no implica, solamente la facultad de impedir que se nos dé muerte, sino también la concurrencia de un conjunto de condiciones, pueden ser estas laborales, sociales, económicas, asistenciales y sanitarias que hagan factible el mantenimiento de la existencia dentro de un nivel propio de la dignidad humana (vida digna), consecuentemente, el alcance de este derecho a la vida supone también la facultad jurídica, de exigir su conservación y la protección de la vida humana.

En este fin, es posible considerar que el derecho a la vida incluye e incorpora necesariamente la protección del derecho a la salud que significa, a lo menos, asegurar aquellas prestaciones mínimas de las cuales depende directamente la vida de las personas, en tal sentido, el derecho a la vida tiene vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la salud e integridad física, derechos tutelables a través de la acción de libertad, bajo esa comprensión la SCP 0264/2014 de 12 de febrero, señaló que:

“…el derecho a la vida guarda íntima relación con otros Derechos Humanos, como son la integridad física y la salud, los cuales gozan de protección por el orden constitucional vigente, señalando que a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad, indicando concretamente que: ‘Como se advierte de lo establecido por la jurisprudencia constitucional la vida al ser un derecho primario del ser humano, se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud que igualmente es un derecho de la persona, por lo que de igual forma goza de protección por el orden constitucional vigente, toda vez que le impele al Estado no solo la proteja sino también la garantice, efectivizándose, entre una de sus manifestaciones, en la asistencia médica que requiere la persona que se ve afectada en su salud.” (las negrillas nos corresponden). Concluyendo, con relación al derecho a la vida y su vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud, tutelables a través de la acción de libertad, la SCP 0435/2016-S2 de 9 de mayo en armonía con la SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero, señalan:

“III.1.1. La Constitución Política del Estado consagra el derecho a la vida como un derecho fundamental en el art. 15.I. indicando que: ‘Toda persona tiene derecho a la vida…’, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad. Por ello, su titularidad corresponde a todos los seres humanos y es en este sentido, que el Estado está obligado no solamente a su respeto, sino a su protección, creando condiciones indispensables para su observación y cumplimiento.

(…)

En virtud a la tutela que brinda la acción de libertad, respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal, esta acción tutelar es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, pudiendo incluso prescindirse del cumplimiento de formalidades procesales” (las negrillas y el subrayado se agregaron). Concluyendo se tiene que, la vida es un derecho fundamental, consagrado en la Constitución Política del Estado así como en los instrumentos internacionales y en todas las legislaciones a nivel mundial; puesto que, es un derecho del cual emergen los restantes derechos, constituyéndose el sustento de estos, debido a que si desaparece el titular del derecho a la vida, desaparece cualquier otro derecho posible; a partir de esta conceptualización el derecho a la vida es inviolable, por lo que la ley ampara jurídicamente este derecho y lo protege frente a cualquier agresión de las personas o de la sociedad; es decir, se tutela este derecho tanto en el área privada como en la pública, pues el derecho a la vida está reconocido como un principio indiscutible. El derecho a la vida es universal y es el origen de todos los demás valores humanos, los demás derechos derivan del derecho a la vida que es el fundamental y está ligado directamente con la dignidad de las personas (vida digna), ya que la dignidad es base de todo derecho, en especial del derecho a la vida; en ese marco, la acción de libertad al tutelar el indicado derecho a la vida (vida digna) y también a la integridad física o personal de las personas, se constituye en una acción constitucional esencial dentro el conjunto de acciones de defensa que el constituyente desarrolló en el Capítulo Segundo del Título IV de la Norma Suprema.

No obstante lo desarrollado precedentemente, siguiendo el lineamiento de la jurisprudencia invocada y las apreciaciones efectuadas; debe tomarse en cuenta que, con relación a la protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad, la justicia constitucional deberá analizar si evidentemente existe una lesión o peligro directo al derecho a la vida, tutelable por medio de la acción de libertad; toda vez que, el solo enunciarlo no puede activar el análisis de fondo de la acción como tal. Este criterio fue desarrollado, entre otros, por la SCP 0278/2018-S1 de 27 de junio, que, en su Fundamento Jurídico III.3, manifestó lo siguiente:

“Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal. Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción” (las negrillas corresponden al texto original). En el mismo lineamiento, se pronunció la SCP 0418/2018-S1 de 17 de agosto, remarcando que:

“La jurisprudencia sentada por la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, estableció que: “…debido a la importancia y al carácter básico, primario y esencial de dicho derecho, resulta pertinente efectuar un breve análisis a efecto de determinar si el derecho a la vida es tutelable a través de la acción de libertad sólo cuando existe esa vinculación con el derecho a la libertad física o personal; y que, por ende, en los demás casos, debería activarse necesariamente la vía de la acción de amparo constitucional, mecanismo por el cual se protegen los derechos no tutelados por las otras acciones de defensa.

(…)

De la jurisprudencia constitucional pre citada, se concluye que la activación de la acción de libertad también es la vía idónea para la protección del derecho a la vida; empero, cuando ella este en real peligro, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción tutelar.” Sintetizando, es necesario referir que, en caso de que el peticionante de tutela impetre por medio de la acción de libertad, la protección del derecho a la vida, deberá necesariamente evidenciar la existencia real y palpable de que su vida está en riesgo o peligro, con la prueba necesaria y fehaciente al efecto, pues contrariamente, no es posible activar este medio de defensa por la sola invocación de su existencia, atendiendo a la naturaleza particularísima y primaria de la cual se encuentra revestida el referido derecho.

III.2. Naturaleza jurídica de la acción de libertad

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0724/2020-S1 de 12 de noviembre; 0758/2020-S1 de 19 de noviembre; 0567/2021-S1 de 20 de octubre -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento.

Sobre esta temática corresponde previamente remitirnos a lo establecido en los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado, que al respecto refieren:

Artículo 22. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado Artículo 23. I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)” Los citados preceptos constitucionales, evocan a la libertad de la persona, como derecho fundamental, siendo el deber primordial del Estado su respeto y protección; en consecuencia, la norma supralegal citada, para la protección de este derecho, dentro las acciones de defensa, ha legislado la acción de libertad, misma que se encuentra descrita en el art. 125 de la Constitución Política del Estado que a la letra refiere:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad (…)

Por su parte el Código Procesal Constitucional con referencia a esta acción de defensa estableció:

Artículo 46°.- (Objeto) La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro. Artículo 47°.- (Procedencia) La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que:

1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal (…)

De la descripción constitucional y legal a nuestro ordenamiento jurídico, en lo referente a la acción de defensa supra citada, corresponde remitirnos a la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, que al respecto señaló:

La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como “recurso de habeas corpus”, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro (el resaltado es nuestro). Asimismo, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional precisó que la acción de libertad está diseñada sobre dos pilares esenciales:

…el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida (el resaltado es nuestro). De lo expuesto se concluye que la naturaleza procesal de la acción de libertad, esta concatenada a sus características que la diferencian de las otras acciones tutelares (amparo constitucional, protección de privacidad, cumplimiento y popular), como son la sumariedad, inmediatez, informalismo, generalidad e inmediación. Asimismo, cabe resaltar que por mandato constitucional y legal esta acción de defensa se encuentra configurado por los siguientes presupuestos de activación: Atentados contra el derecho a la vida; afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y acto u omisión que implique persecución indebida.

III.3.Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0294/2018-S2 de 25 de junio; 0525/2020-S1 de 18 de septiembre; 0151/2021-S1 de 9 de junio -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento.

Con relación a la imposibilidad de plantear otra acción tutelar por hechos análogos mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, tiene su antecedente en la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, la cual establece que la interposición de un nuevo recurso -ahora acción- sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho y constituiría un acto temerario, que pretende lograr una duplicidad de fallos; puesto que, solo después de emitida la sentencia constitucional en revisión, y siempre que se hubiere declarado la improcedencia por cuestiones formales, que no impliquen examinar el fondo del asunto, la parte accionante podría interponer nuevo recurso -ahora acción-, cumpliendo con los requisitos extrañados. Dicho entendimiento, fue reiterado en las SSCC 0016/2004-R de 6 de enero y 0252/2004-R de 20 de febrero; posteriormente, confirmado en la SC 1598/2011-R de 11 de octubre; razonamiento que fue asumido también por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0516/2012 de 9 de julio.

Asimismo, la SCP 1224/2014 de 16 de junio, en el Fundamento Jurídico III.5, señala: “…no se puede pretender que sea tutelado el reclamo de vulneración de su derecho a la libertad, porque le denegaron una anterior acción de libertad, a través de otra acción de libertad, cuando la misma se encuentra en revisión antes este Tribunal, el que en definitiva se pronunciará al respecto…”. Finalmente, la SCP 0088/2015-S2 de 5 de febrero, reiteró el entendimiento establecido en la SC 1347/2003-R.

En síntesis, de la jurisprudencia glosada, se advierte que el Tribunal Constitucional Plurinacional establece que el solicitante de tutela no puede activar otra acción de libertad sobre los mismos hechos, estando en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo una primera acción de tutela, en cuyo caso la segunda demanda tutelar deviene en improcedente.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante alega la lesión de sus derechos a la vida, a la atención médica, al interés superior del menor de edad, a la maternidad segura, al debido proceso y al acceso a la justicia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato los ahora demandados incurrieron en los siguientes agravios: a) Los ahora demandados, intentaron tramitar de manera ilegal su traslado del Centro Penitenciario San Pedro de Oruro al Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, buscando perjudicar su vida y familia, cuando la detención debe establecerse en el lugar que se efectivizó la detención preventiva; b) El investigador asignado al caso, requirió la ampliación de la investigación sin tener elementos objetivos en su contra, acusándole además de verter amenazas contra su familia, cuando fue él quien ejerció violencia contra su pareja obligándola a declarar contra sí misma y su familia, generando un perjuicio a la vida del menor de edad; c) A causa de la detención preventiva dispuesta por el Juez ahora demandado, su hijo menor de edad estuvo a punto de morir, continuando en riesgo su vida, puesto que, no existe documentación sobre la incautación de sus bienes como una medida de carácter real, por lo que, no puede plantear el incidente sobre la calidad de los bienes ya que desconoce cuál es su paradero; y, d) El Fiscal de Materia, se apropió indebidamente de su patrimonio, secuestrando el mismo sin que exista fundamento para ello e incumpliendo el procedimiento establecido por el art. 253 del CPP. A partir de tales problemáticas, se debe tomar en cuenta que conforme la SCP 0466/2020-S1 de 9 de septiembre, se estableció que: “es pertinente la abstracción del principio de subsidiariedad cuando se denuncie la transgresión de derechos y garantías constitucionales cuando se tratare de personas en condiciones de vulnerabilidad por pertenecer a un grupo de protección especial por el Estado”; es así que en el presente caso, siendo que el impetrante de tutela alega una presunta lesión a los derechos de un menor de edad -que forma parte precisamente de un grupo vulnerable-, que corresponde ingresar al análisis de las problemáticas presentadas, abstrayendo el exigido principio de subsidiariedad excepcional propio de esta acción tutelar. Teniendo en consecuencia que:

III.4.1.Respecto a la primera problemática

El peticionante de tutela alega que, los ahora demandados, intentaron tramitar de manera ilegal su traslado del Centro Penitenciario San Pedro de Oruro al Centro Penitenciario de La Paz, buscando perjudicar su vida y familia, cuando la detención debe establecerse en el lugar que se efectivizó la detención preventiva.

Sobre el punto, se debe considerar que el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, estableció la procedencia de esta acción tutelar cuando se demuestre que la vida de una persona está en peligro, que está ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal.

Ahora bien, es pertinente establecer que las decisiones que asuma este Tribunal Constitucional Plurinacional, deben tener base en cuestiones objetivas que de manera alguna demuestren la lesión o amenaza de algún derecho tutelado; sin embargo, esta problemática traída por el solicitante de tutela, se basa en meras suposiciones, pues en principio, él mismo afirma que los ahora demandados intentan tramitar de manera ilegal su traslado; es decir, manifestándolo como un acto a futuro e incierto; sin embargo, no existe elemento alguno que demuestre esta supuesta intención que alega el accionante y menos a través de un actuado concreto emitido por los ahora demandados; tomando en cuenta además, que el mismo Fiscal de Materia demandado afirmó en su informe presentado para esta acción tutelar, que no existe orden de traslado alguno. Por lo descrito, es que la suposición del impetrante de tutela de que se pretende su traslado de recinto penitenciario, no responde a la naturaleza de esta acción tutelar que como se señaló procede cuando se demuestre que la vida de una persona está en peligro, que está ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal; aclarando que en caso de concretarse en algún momento cualquier acto que el accionante considere ilegal o lesivo, puede ser denunciado ante el respectivo control jurisdiccional a través de los mecanismos que la ley le franquea; entonces, siendo que la presente problemática se presenta como una creencia del accionante no respaldada de ninguna manera, que sobre la presente problemática corresponde denegar la tutela solicitada.

III.4.2.Respecto a la segunda problemática

El investigador asignado al caso, requirió la ampliación de la investigación sin tener elementos objetivos en su contra, acusándole y denunciándole además de verter amenazas contra su familia, cuando fue él quien ejerció violencia contra su pareja obligándola a declarar contra sí misma y su familia, generando un perjuicio a la vida del menor de edad.

La presente problemática presentada de forma confusa por el peticionante de tutela requiere se considere que:

a) El requerimiento de ampliación de la investigación, no es una función atribuible al investigador asignado al caso; quien se limita a realizar la investigación bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

b) El hecho de que el Investigador asignado al caso, hubiera acusado o denunciado al solicitante de tutela de que el mismo estaría amenazando a su familia, es un aspecto, que a través de las instancias correspondientes deberá ser investigado a efectos de determinar su veracidad o no, activándose los mecanismos correspondientes a los cuales el accionante al ser parte y presumirse su inocencia deberá asumir defensa.

c) Sobre la acusación de que el investigador hubiera ejercido violencia contra su pareja obligándola a declarar contra sí misma y su familia, no se observa elemento alguno que dé certeza de este hecho y que permita a este Tribunal pronunciarse al respecto, teniendo de igual manera el impetrante de tutela, las vías para denunciar este hecho e iniciar las investigaciones correspondientes.

d) Sobre que se estaría generando un perjuicio a la vida del menor de edad, se debe aclarar que si bien esta acción tutelar, -conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional-, se activa al denunciarse una lesión al derecho a la vida, empero, se requiere evidenciar que el peligro sea real, pues su sola enunciación no da curso al análisis de esta acción tutelar; y por ello, en consideración a la presente problemática, no se observa de ninguna manera, que el actuar del investigador asignado al caso, estuviera resultando lesivo para la vida del menor de edad, no existiendo siquiera forma alguna de relacionar los hechos presentados en esta problemática como una forma de agravio a la vida del menor de edad. Por lo descrito, es que corresponde considerar nuevamente lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableciendo que con la presente problemática no se demuestra que se haya puesto en peligro la vida del peticionante de tutela o su hijo menor de edad, que se trate de algún acto que demuestra que estaría siendo ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de libertad personal, por lo que, respecto a la presente problemática, corresponde también denegar la tutela solicitada.

III.4.3.Respecto a la tercera problemática

El solicitante de tutela alega que, a causa de la detención preventiva dispuesta por el Juez ahora demandado, su hijo menor de edad estuvo a punto de morir, continuando en riesgo su vida, puesto que no existe documentación sobre la incautación de sus bienes como una medida de carácter real por lo que no puede plantear el incidente sobre la calidad de los bienes ya que desconoce cuál es su paradero.

La presente problemática también es presentada de forma confusa por el accionante, pues si bien se queja de su situación de detenido preventivo, alegando que por ello su hijo se ve afectado, a su vez señala -al momento de relatar los hechos de su demanda-, que no cuestiona la determinación que definió su situación jurídica; dando a entender en fin, que su pretensión se dirige a querer recuperar sus bienes incautados para mejorar la salud de su hijo y no así a cuestionar su detención preventiva.

Sin embargo, sobre el presente punto se deben hacer las siguientes puntualizaciones:

a) El impetrante de tutela, no explica cual el actuar del Juez ahora demandado -siendo que la problemática se dirige plenamente a él- que impide que el mismo pueda incidentar respecto a la calidad de sus bienes; es decir, no se explica de forma alguna esa relación entre el hecho lesivo y como fue generado por el Juez demandado, haciendo imposible atender la presente denuncia. b) El mismo peticionante de tutela, presenta como elemento probatorio (Conclusión II.1) un memorial por el cual incidentó ante el Juez ahora demandado, la calidad de sus bienes; sin embargo, no explica si sobre tal situación ya habría existido consideración alguna, pero más allá de ello, da a entender que ya existe una solicitud realizada, por lo que, esta instancia constitucional, no puede emitir una resolución al respecto, ello, con la finalidad de evitar una doble determinación que pueda generar una disfunción procesal.

c) Se debe tomar en cuenta además, que el solicitante de tutela ya presentó la presente problemática en una acción de libertad previa, pues como se observa de la Conclusión II.2 del presente fallo constitucional, el mismo el 1 de agosto de 2024, accionó también contra el Juez ahora demandado, agregando en su petitorio que:

“i. Se ordene al Director de la ASFI se proceda al descongelamiento de la cuenta bancaria del banco ganadero del padre (Ricardo Alejandro Rocha Brun) del bebé de 8 meses (AAA) garantizando así el derecho a la vida del menor de edad, toda vez, que requiere no solo de materiales y alimentación óptima, si no que también de tratamiento y atención médica especializada. ii. Se ordene a la autoridad pertinente de la FELCC se proceda a la devolución del patrimonio como ser documentación. Dinero, objetos de valor, vehículos, etc. Pertenecientes al accionante Ricardo Alejandro Rocha Brun, toda vez que el bebé de 8 meses requiere de atención médica y tratamiento costoso para resguardar su derecho a la vida…”.

Por ello, observando que la situación de sus bienes ya fue planteada previamente, que conforme lo descrito por el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, no es posible interponer una acción análoga, mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, razón por la cual, y siendo que este Tribunal a través del trámite constitucional caratulado con el EXP. 66245-2024-133-AL, viene analizando ya esta situación del accionante, que corresponde determinar la improcedencia de la presente problemática al ser un aspecto ya cuestionado previamente.

Conforme a lo desarrollado, es que respecto a la presente problemática corresponde denegar la tutela solicitada

III.4.4.Respecto a la cuarta problemática

El Fiscal de Materia, se apropió indebidamente de su patrimonio, secuestrando el mismo sin que exista fundamento para ello e incumpliendo el procedimiento establecido por el art. 253 del CPP. Sobre el punto, se observa que el impetrante de tutela confunde ampliamente los términos para referirse a la retención de sus bienes, además que recae en evidente contradicción, pues habla por una parte de una apropiación indebida, de un secuestro y más adelante habla de un incumplimiento del art. 253 del CPP, cuando dicho artículo regula el inicio del procedimiento de incautación; es así, siendo totalmente imprecisa la presente problemática que es imposible ingresar al análisis de la misma, más considerando que como se señaló en el acápite previo, la situación de los bienes del mismo ya fue planteada en una anterior acción de libertad que se encuentra en trámite ante esta instancia constitucional.

Entonces, no siendo cabal la problemática presentada que corresponde denegar la tutela sobre la misma. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2024 de 8 de agosto, cursante de fs. 77 a 79, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La SC 687/2000-R en su Considerando Cuarto señalo que: ”…es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales (…) es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos; es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones, es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección”.

2 La SC 1294/2004-R, señaló que: “El derecho a la vida es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observación y pleno cumplimiento”

3 “…Este derecho comprende entre otros el derecho a la seguridad e integridad personal, la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda), que los ciudadanos pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto a sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones”.

4 Sobre qué es lo que se protege en relación al derecho a la vida, se le ha asignado tres concepciones distintas, que son: a) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); b) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, c) el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado).

5 Fundamento Jurídico III.1.Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación

6 El FJ III.1, señala: “Toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de amparo, conforme prescriben los arts. 19.IV CPE y. 102.V LTC. A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los Tribunales de garantías”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0541_2024-S1.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2ccc27ffea4d4ff4e7d92af2c38667be3dc375f010c195da0a3baf298e4cdc9d

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