B.IA.LEGAL

SCP 0540/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de junio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
52645-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y valoración de la prueba; toda vez que, el Auto Interlocutorio 115/2022, de 15 de noviembre, emitido por la Jueza de Sentencia Penal de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Jueza Técnica Primera de Copacabana del departamento de La Paz -codemandada-, no consideró la documentación presentada para desvirtuar los riesgos procesales que se encontraban latentes, respecto a los arts. 234,7 y 235.2 del CPP; recurrido en apelación, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, emitió el Auto de Vista 867/2022 de 7 de diciembre, declarando improcedente los fundamentos presentados, violando su derecho a la libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR EN PARTE la Resolución 20/2022 de 12 de diciembre, cursante de fs. 101 a 102 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 2° DENEGAR la tutela respecto a la Jueza Técnica Primera de Sentencia Penal de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Copacabana del departamento de La Paz; conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3º Se llama la atención a la referida Jueza de garantías, por disponer se de curso a la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva solicitada por la accionante; correspondiendo cumplir con el procedimiento que en ley corresponda.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El debido proceso en medidas cautelares y su protección a través de la acción de libertad
  2. III.2. Respecto a la valoración integral o ponderación de los elementos de convicción, para resolver solicitudes de cesación a la detención preventiva
  3. III.3. Elementos probatorios respecto al riesgo procesal contenido en el art. 234.10 del CPP y su relación con la presunción de inocencia
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0540/2025-S3 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52645-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 20/2022 de 12 de diciembre, cursante de fs. 101 a 102 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Claudia Chuquimia Rivera contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Ana Isabel Cruz Mollo, Jueza de Sentencia Penal de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Jueza Técnica Primera de Copacabana, del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de diciembre de 2022, cursante de fs. 5 a 7, la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por el supuesto delito de tráfico de sustancias controladas, el 15 de noviembre de 2022, la Jueza demandada, llevó adelante la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, donde su defensa técnica habría presentado documentación para desvirtuar los riesgos procesales que se encontraban latentes para la detención preventiva, referentes a los arts. 234.1.2 y 7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); para lo cual adjunto, Certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP [SIN ANTECEDENTES ]), Certificado de Antecedentes del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE [SIN ANTECEDENTES]), Certificado de Antecedentes Policiales (SIN ANTECEDENTES ANTERIORES AL HECHO), Informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) (SIN ANTECEDENTES ANTERIOR AL HECHO), Informe de la Policía Criminal (INTERPOL) (NO REGISTRA ANTECEDENTES), Informe emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se verificó que no tiene ningún otro proceso penal en el Sistema Integrado de Justicia (SIREJ); presentó amplia jurisprudencia relacionada al caso; asimismo puso en conocimiento el Auto de Vista 713/2022 de 7 de octubre, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz (emitida dentro del mismo proceso para otra coacusada Lidia Mamani Averanga), desvirtuando el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, por no contar con antecedentes, aspecto que no fue valorado por la Jueza coaccionada. La autoridad judicial demandada, emitió el Auto Interlocutorio 115/2022 de 15 de noviembre, disponiendo rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por la misma; por lo que, a la conclusión de la audiencia formuló recurso de apelación. La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió Auto de Vista 867/2022 de 7 de diciembre, declarando improcedente y confirmando el Auto Interlocutorio 115/2022 de 15 de noviembre, pronunciado por la Jueza codemandada. Señaló que, en el análisis de la prueba ofrecida, el Auto Interlocutorio 115/2022 y Auto de Vista 867/2022 de 7 de diciembre, efectuaron una errónea y mala valoración de la prueba documental ofrecida para desvirtuar el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, documentación que acreditó que no cuenta con antecedentes penales, vulnerándose su derecho al debido proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 23, 115, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y disponga que la autoridad de turno que se encuentra en conocimiento de la causa emita una nueva resolución bajo los lineamientos de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales y la resolución que se emita en esta acción de defensa, o en su caso disponga lo establecido en el art. 231 bis del CPP, bajo el principio de igualdad procesal; toda vez que, la otra coacusada se encuentra con detención domiciliaria.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 12 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 96 a 100, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante mediante su abogado ratificó el contenido de su acción de libertad y ampliándolo, señaló que: a) Puso en conocimiento el Auto de Vista 713/2022 de 7 de octubre, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de este mismo caso, donde existen tres sujetos acusados: Lidia Mamani Averanga, Claudia Chuquimia y otra coimputada; la cual estableció que bajo la tesis de presunción de inocencia, al desvirtuarse ese riesgo procesal de no contar con antecedentes, se aplicó una medida menos gravosa para uno de los imputados, quien se ha beneficiado con detención domiciliaria. Señaló que es evidente que las autoridades accionadas desconocen esa línea jurisprudencia; b) Acusó que se vulneró el debido proceso en la vertiente de seguridad jurídica, concordado con el art. 23 y lo que establece el 119 de la CPE, así también el art. 12 del CPP, en cuanto al principio de igualdad procesal; y, c) Estableció que se vulneraron los arts. 23, 115, 119 y 120 de la CPE, y 15 y 203 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y solicitó se conceda la tutela, dejándose sin efecto el Auto de Vista 867/2022 y Auto Interlocutorio 115/2022, convocándose a audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva desvirtuando la 234.7 y el 235.2 del CPP; aplicándose medidas menos gravosas a su favor.

I.2.2. Informe de los demandados

Cesar Wenseslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, mediante informe escrito, presentado el 12 de diciembre de 2022, cursante a fs. 92 vta., señaló que: 1) Se identificó por cual de las de las causales previstas por la Constitución Política del Estado o del Código Procesal Constitucional, se interpuso la acción de libertad, no demostró que su vida estuviera en peligro, estuviera ilegalmente perseguida, indebidamente procesado o indebidamente privada de su libertad, por lo que amerita la denegatoria de la tutela; y, 2) En cuanto a la valoración de la prueba señalo que la accionante omitió tener en cuenta que el Tribunal de apelación se encuentra impedido de valorar prueba, por el contrario se limita a los agravios expresados por las partes y verificar que la sentencia elaborado por el juez o tribunal de primera instancia, se enmarque en los márgenes de razonabilidad o no, dado que el art. 398 del CPP, establece el límite competencial de los Tribunales de alzada. Ana Isabel Cruz Mollo, Jueza de Sentencia Penal de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Jueza Técnica Primera de Copacabana del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 12 de diciembre de 2022, cursante de fs. 93 a 95 vta., señaló que: i) Señaló que ninguna de las sentencias constitucionales ofrecidas por la parte accionante en audiencia son de un caso análogo al caso de autos; además que, las mismas no han sido compartidas de forma digital ante Secretaría, pese a que solicitó a los abogados de la parte demandante que por lealtad procesal las compartan, a efectos de su revisión, ii) En relación al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, se debe tener presente los siguientes aspectos, la resolución primigenia que se mencionó en audiencia, en relación a los riesgos procesales, señaló de forma textual, que el delito de tráfico de sustancias controladas, constituye un peligro efectivo para la sociedad; toda vez que, su distribución y consumo, afecta la salud pública de los ciudadanos, especialmente los jóvenes y estudiantes, tal como estableció la SCP 0969/ 2017-S3 de 25 de septiembre, indicó que el consumo de las sustancias controladas no solamente afecta a la salud sino también causan daño a los órganos vitales del cuerpo y ocasiona dependencia; en ese entendido, se consideró que existe el peligro efectivo para la sociedad, entonces si existe un riesgo en el presente caso independientemente de que las imputadas cuenten o no con antecedentes policiales o penales registrados en el REJAP; y, iii) Teniendo una sentencia condenatoria de primera instancia contra la accionante, se debió tomar en cuenta el art. 221 concordante con el art. 233.3 del CPP, este último modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019; en el presente caso, la parte accionante ha referido que la Sentencia Condenatoria emitida se encuentra con apelación restringida, es decir no está ejecutoriada; por lo que, incluso existe el lineamiento jurisprudencial que establece que hasta la ejecutoria de la misma, esté en peligro de obstaculización aún persiste tal como estableció la SC 0301/2011-R del 29 de mayo; consecuentemente, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 20/2022 de 12 de diciembre, cursante de fs. 101 a 102 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que: a) En relación al Vocal demandado se dejó sin efecto el Auto de Vista 867/2022, debiendo disponer en su lugar dictar uno nuevo, determinando que sea el Juez a quo quien ha vulnerado flagrantemente el derecho del accionante, dicte nueva resolución; toda vez que, se ha desvirtuado el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, disponiendo dar curso a la cesación a la detención preventiva contenidos en el art. 231 bis del CPP; y, b) Encontrándose en vacación judicial colectiva, se el Juez de Turno que está en suplencia de la Jueza demandada deberá ser quien dé cumplimiento a los dispuesto, correspondiendo que ambas resoluciones sean ampliadas en el plazo de cuarenta y ocho horas, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Se evidenció que en el caso de autos a través de la fundamentación qué realizó la defensa quedó debidamente establecido que se han vulnerado los derechos de la accionante y es una indebida persecución que se realizando en su contra, toda vez que, a través de resoluciones no fundamentadas se le impidió acceder a su libertad, y si bien existiría una Sentencia condenatoria pronunciada en su contra, pero está tenía aún la característica de estar ejecutoriada; por lo que el hecho de contar con una sentencia condenatoria en primera instancia no puede ser tomada como una anticipo de condena, pues conforme nos han señalado la propia Juez accionada; la aplicación o solicitud de cesación de detención preventiva debe ser debidamente analizada, empero, al no interpretase de esa forma la señalada autoridad adelantó que no se puede conceder una cesación de la detención preventiva, esto es una manera evidente y flagrante de vulnerar el derecho a la libertad que tiene la accionante; y, 2) El Tribunal de alzada, al no haber verificado adecuadamente la interpretación que se realizado en la SCP “702/2020-S3”, en la cual se establece la forma en la que se desvirtúa del numeral 7 del artículo 234 del CPP; mantuvo la vulneración que generó la Jueza a quo, pues esta Sentencia Constitucional Plurinacional ha sido expresa y clara, desvirtuando el indicado riesgo procesal al demostrar que no se ha cometido delitos similares con anterioridad, hecho demostrado a través de la presentación del REJAP y otro tipo de documentos que hacen ver la inexistencia de condenas por delitos similares, aspecto que debió ser valorado por la Jueza a quo y debido haber sido corregido como una vulneración por el Tribunal de alzada; consecuentemente es procedente conceder lo solicitado por la parte accionante. Por memorial de solicitud de aclaración, complementación y enmienda presentado por la accionante el 13 de diciembre de 2022, cursante a fs. 103, solicitó aclaración, complementación y enmienda; resuelta por la Jueza de garantías, mediante Auto de 14 de diciembre de 2022, declarando no ha lugar lo solicitado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 115/2022 de 15 de noviembre, emitido por Ana Isabel Cruz Mollo, Jueza de Sentencia Penal de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Jueza Técnica Primera de Copacabana del departamento de La Paz, disponiendo rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada por Claudia Chuquimia Rivera -ahora accionante- (fs. 79 a 82). II.2. Consta Auto de Vista 867/2022 de 7 de diciembre, emitido por Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado; declarando improcedente los fundamentos expuestos y confirmando el Auto Interlocutorio 115/2022 de 15 de noviembre de 2022 (fs. 89 a 91).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y valoración de la prueba; toda vez que, el Auto Interlocutorio 115/2022, de 15 de noviembre, emitido por la Jueza de Sentencia Penal de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Jueza Técnica Primera de Copacabana del departamento de La Paz -codemandada-, no consideró la documentación presentada para desvirtuar los riesgos procesales que se encontraban latentes, respecto a los arts. 234,7 y 235.2 del CPP; recurrido en apelación, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, emitió el Auto de Vista 867/2022 de 7 de diciembre, declarando improcedente los fundamentos presentados, violando su derecho a la libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El debido proceso en medidas cautelares y su protección a través de la acción de libertad

En el presente apartado, concierne referirse al debido proceso y a su tutela mediante la acción de defensa de análisis, tomando en cuenta que, la demanda tutelar versa esencialmente, sobre la vulneración de la garantía del debido proceso -en sus elemento de motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones judiciales- y valoración de la prueba, con relación al derecho a la libertad. Sobre lo señalado, debe precisarse que en supuestos que el debido proceso es impugnado de transgredido como consecuencia de una cuestión relativa a medidas cautelares, la jurisprudencia constitucional determinó que: “Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. (…) En consecuencia, la acción de libertad, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, sólo puede activarse ante un procesamiento indebido, cuando se encuentra relacionado directamente con la amenaza, restricción o supresión de la libertad física o de locomoción y se hubieren agotado todos los mecanismos intraprocesales de impugnación, salvo que al actor se le hubiere colocado en un absoluto estado de indefensión, caso en el que no resulta razonable la exigencia de la observancia del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, precisamente por su imposibilidad de activar los medios de reclamación…” (las negrillas son nuestras [SCP 0037/2012 de 26 de marzo ]).

III.2. Respecto a la valoración integral o ponderación de los elementos de convicción, para resolver solicitudes de cesación a la detención preventiva

La SC 0112/2011-R de 21 de febrero, efectuando un estudio preciso en relación a los alcances de las medidas cautelares y de la ponderación de los elementos de convicción a momento de decidir sobre las solicitudes de cesación a la detención preventiva; puntualizó: «…la finalidad de las medidas cautelares de carácter personal, a través de la SC 0012/2006-R de 4 de enero, y previo análisis del art. 221 del CPP, señaló que: “…las medidas cautelares tienen un carácter instrumental y están dirigidas a lograr la eficacia de la coerción penal estatal, al intentar asegurar con su aplicación: 1) La averiguación de la verdad, 2) El desarrollo del proceso penal; y, 3) El cumplimiento de la ley (ejecución de la sentencia); todo ello bajo la idea de que sin su adopción, la labor de defensa social del Estado, expresada en la persecución penal, no sería de modo alguno eficaz; diferenciándose así, plausiblemente, de otras legislaciones que le asignan además de aquellos, fines de prevención general y especial. En coherencia con lo expresado, en la parte in fine del segundo párrafo del mismo art. 221, se precisa que las medidas ‘…sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación», agregando el art. 222 del mismo código adjetivo que «Las medidas cautelares de carácter personal, se aplicarán con criterio restrictivo y se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados’”. …corresponde precisar que dentro de los presupuestos teleológicos contenidos en el Código de Procedimiento Penal, se encuentra el de evitar que la detención preventiva impuesta como medida cautelar de carácter personal se convierta a la postre en un injusto y anticipado cumplimiento de una pena para las personas, es por ello que el art. 239 de CPP, otorga a las personas detenidas la facultad de solicitar la cesación de aquella medida; sin embargo, para la procedencia de aquel beneficio, es necesario cumplir a cabalidad con las condiciones y presupuestos para su procedencia establecidos en el precepto legal aludido. El Tribunal Constitucional, ha desarrollado ampliamente aquellos elementos que las autoridades jurisdiccionales deben tomar en cuenta a tiempo de resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, es así que para aquellas solicitudes que se encuentran relacionadas con el supuesto contenido en el art. 239 inc. 1) del CPP, determinó a través de la SC 0547/2010-R de 12 de julio, citando las SSCC 0227/2004-R y 0320/2004-R, entre otras, que las autoridades deben analizar la situación ponderando dos elementos: “…i) Cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva; y, ii) Cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra. Quedando claro que si a través de los nuevos elementos de juicio que se presenten por el imputado se destruyen ambos o cualquiera de los motivos que fundaron la detención preventiva, el juez o tribunal debe realizar una valoración de estos nuevos elementos; valoración similar a la que hizo para disponer la detención preventiva a prima facie, sin que ello implique inmiscuirse en la investigación del hecho”. Por lo que, corresponde al imputado probar conforme a la norma precedentemente señalada la existencia de nuevos elementos de juicio que demuestren que ya no concurren los motivos que fundaron su detención preventiva o en su caso, tornen por conveniente que sea sustituida por la aplicación las otras medidas que se encuentran desarrolladas en el art. 240 del CPP. Ahora bien, con relación a la valoración integral que deben realizar las autoridades jurisdiccionales, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0298/2010-R de 7 de junio, citando la SC 0012/2006-R de 4 de enero, señaló que la evaluación de esos parámetros objetivos, ya sea para determinar el peligro de fuga o el riesgo de obstaculización, debe ser realizada en forma integral, lo que supone que: “…el órgano jurisdiccional debe hacer un test sobre los aspectos positivos o negativos (favorables o desfavorables) que informan el caso concreto, de cara a los puntos fijados por la ley para medir tanto el riesgo de fuga como el de obstaculización; de tal modo que de esa compulsa integral, se llegue a la conclusión razonada sobre si existe o no riesgo de fuga u obstaculización. En esta evaluación, unos puntos pueden reforzar, o por el contrario enervar o eliminar los riesgos aludidos; lo cual, naturalmente, debe ser expuesto por el juez en la resolución que emita de manera coherente, clara y precisa”. Por otra parte, la SC 0892/2010-R 10 de agosto, citando la SC 1147/2006-R de 16 de noviembre, estableció: '…la resolución que resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva debe reunir las condiciones de validez, para ello la autoridad judicial competente a tiempo de contrastar los nuevos elementos presentados por el imputado, deberá fundamentar la decisión de conceder o rechazar la solicitud de cesación de la detención expresando los motivos de hecho y de derecho en que funda su determinación, los cuales deben obedecer a criterios objetivos, exponiendo el valor otorgado a los medios de prueba presentados y sujetando su análisis a los presupuestos que fundaron la detención preventiva del imputado, fundamentación que no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, sino las razones jurídicas que justifican la decisión adoptada” » (las negrillas nos corresponden).

III.3. Elementos probatorios respecto al riesgo procesal contenido en el art. 234.10 del CPP y su relación con la presunción de inocencia

La SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del riesgo procesal contenido en el numeral 10 -ahora numeral 7- del art. 234 de CPP modificado por la Ley 1173, estableció que: “En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: ’La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior ’; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.

El concepto ’efectivo’ que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un peligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.

En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido. La vulneración del derecho a la presunción de inocencia como se mencionó anteriormente, se la comete cuando en la tramitación del proceso se trata como culpable de un delito sin que se haya establecido su culpabilidad en sentencia condenatoria ejecutoriada; en consecuencia, la norma cuestionada no es contraria al derecho de presunción de inocencia establecido en el art. 116.I de la CPE, por ello corresponde declarar la constitucionalidad de la misma y mantenerla dentro del ordenamiento jurídico del art. 234 del CPP” (el resaltado es nuestro).

Entendimiento reiterado por la SCP 0633/2018-S2 de 8 de octubre, que estableció:“…deberá tomarse en cuenta que, los jueces y tribunales penales, al momento de considerar la existencia o no, del riesgo procesal previsto en el art. 234.10 del CPP, deben considerar los parámetros instituidos en la SCP 0056/2014, reiterada por la SCP 0583/2017-S2, así como los asumidos en la SCP 0070/2014-S1, por cuanto, los lineamientos que se instituyeron en dichos fallos constitucionales no son de modo alguno contradictorios, sino complementarios, en el marco precisamente de la valoración integral o ponderación de los elementos de convicción, a la que se hallan llamados.

Razones por las que, el peligro procesal previsto en el art. 234.10 del CPP, debe ser advertido por los jueces y tribunales penales, en consideración al principio de proporcionalidad y razonabilidad, analizando la conducta y antecedentes del imputado conforme a la interpretación realizada sobre este presupuesto procesal, en la SCP 0056/2014, bajo la acreditación que el imputado antes de ser investigado por el hecho que motiva la aplicación actual de medidas cautelares, hubiera sido procesado y condenado penalmente por la comisión de un delito anterior, que por las circunstancias que ligan ambos hechos, el sancionado e investigado, pueda inferirse bajo un juicio de probabilidad que su libertad irrestricta conlleve un riesgo o peligro efectivo, real o verdadero para la sociedad, víctima o el denunciante. Aspectos que aseguran la existencia de un peligro presente, real o verdadero, en contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; siendo ello un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez que podría ser arbitrario; resultando inexorable la constancia por ende, de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, a fin de la aplicación eficaz de los principios antes anotados, de razonabilidad y proporcionalidad” (las negrillas nos corresponden).

En ese sentido, para la determinación del riesgo de fuga, establecido en el art. 234.7 -anteriormente numeral 10- del CPP -modificado por la Ley 1173- debe valorarse si la persona imputada representa un peligro efectivo para la sociedad, la víctima y el o la denunciante, peligro que debe ser acreditado mediante elementos materiales demostrables, y no en base a subjetividades que puedan vulnerar la presunción de inocencia.

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y valoración de la prueba; en razón de que Ana Cruz Mollo, Jueza de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social, Jueza Técnica Primera de Copacabana; y, Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia; ambos del departamento de La Paz de La Paz; rechazó y confirmó el rechazo de solicitud de cesación de la detención preventiva considerando latente el riesgo procesal del art. 234.7 y 235.2 del CPP, porque tendría una sentencia condenatoria, sin considerar que ese fallo no se encontraba ejecutoriado. De la revisión de antecedentes, se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, este último solicitó cesación de la detención preventiva, que fue rechazada por la Jueza codemandada a través de Auto Interlocutorio 115/2022 de 15 de noviembre (Conclusión II.1.), determinación que fue apelada, pronunciando el Vocal accionado el Auto de Vista 867/2022 de 07 de diciembre, mediante el cual DECLARA IMPROCEDENTE y CONFIRMA la Resolución 115/2022 de 15 de noviembre (Conclusión II.2.). Es necesario señalar que se efectuara el análisis del caso a partir de la emisión del Auto de Vista Auto de Vista 867/2022 de 07 de diciembre, emitido por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-; ello en razón a que, dicha autoridad tuvo la oportunidad de reparar o corregir los errores cometidos por la Juez a quo, aspecto que concuerda con el principio de subsidiariedad excepcional que rige esta acción tutelar, en virtud del cual le atinge a la impetrante de tutela agotar los mecanismos intraprocesales establecidos en la jurisdicción ordinaria; por lo que, corresponde denegar la tutela respecto a la Jueza demandada. En ese contexto, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, referente al riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 y relacionado con la presunción de inocencia, se tiene que dicho presupuesto procesal de fuga debe ser analizado bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad, teniéndose que la situación de peligrosidad sea efectiva, real o verdadera; consiguientemente, la existencia de una sentencia condenatoria solo será considerada cuando esté debidamente ejecutoriada y hubiera sido dictada dentro de un proceso penal anterior; es decir, en otro proceso diferente al que se le investiga; situación objetiva y material que recién dará lugar a considerar que el imputado es un peligro efectivo para la sociedad y la víctima, y puede llegar a delinquir nuevamente y fugarse para no someterse a un nuevo proceso; por lo que, si en la sustanciación del proceso no se le trata como culpable del tipo penal inculpado, no se vulnera el derecho a la presunción de inocencia. En ese contexto, la línea jurisprudencial citada en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, señala que, el peligro efectivo debe ser acreditado con elementos materiales demostrables, como lo es una sentencia condenatoria ejecutoriada que lo hubiera encontrado culpable de un delito anterior; por lo que, sostener la existencia de ese riesgo procesal en una sentencia condenatoria pronunciada en el mismo proceso que ahora se le investiga, del cual deviene la presente acción tutelar, no encuentra justificación ni sustento en la citada norma legal ni en la mencionada jurisprudencia. Es así que, conforme a lo manifestado, se puede concluir que el Vocal ahora demandado lesionó el derecho a la presunción de inocencia, por cuanto, al momento de pronunciar el Auto de Vista 867/2022 no consideró los argumentos presentados en el recurso de apelación, confirmando de manera errónea la decisión de la Jueza a quo, que no consideró desvirtuado el riesgo procesal art. 234.7 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley 1173, hecho demostrado a través de la presentación del certificado del REJAP, y otro tipo de documentos que hacen ver la inexistencia de condenas por delitos similares. Asimismo, para la determinación del que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente, establecido en el art. 235.2 del CPP, debe valorarse si la persona imputada representa un peligro efectivo para la sociedad, la víctima y el o la denunciante, peligro que debe ser acreditado mediante elementos materiales demostrables, y no en base a subjetividades o supuestos que puedan vulnerar la presunción de inocencia.

A este respecto cabe mencionar, que el derecho a la presunción de inocencia se encuentra garantizada en el art. 116.I de la CPE y en virtud a ella, una persona imputada por la presunta comisión de un delito, debe ser considerada inocente y tratada como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada.

El derecho a la presunción de inocencia, no solo se encuentra garantizada por nuestra norma fundamental, sino también por las normas internacionales, como ser, la Declaración Universal de los derechos Humanos, que en su art. 11.1 señala: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que en su art. 14.2 indica: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”; la Convención Americana sobre derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, que en su art. 8.2 señala: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…”. De acuerdo a lo expuesto, con la finalidad de que dicho razonamiento arbitrario no se mantenga, y en mérito al mismo, la accionante se vea imposibilitada de desvirtuar el riesgo procesal de fuga, corresponde conceder la tutela solicitada. Consecuentemente, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR EN PARTE la Resolución 20/2022 de 12 de diciembre, cursante de fs. 101 a 102 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 2° DENEGAR la tutela respecto a la Jueza Técnica Primera de Sentencia Penal de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Copacabana del departamento de La Paz; conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3º Se llama la atención a la referida Jueza de garantías, por disponer se de curso a la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva solicitada por la accionante; correspondiendo cumplir con el procedimiento que en ley corresponda. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0540_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): b35a318a8475aaf890324a83afc087ab38559a8ce09ab990f5d3940ec2326367

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →