Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de junio de 2023
Concede la tutela
La parte accionante alega como lesionado su derecho a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del fenecido proceso de divorcio seguido en su contra se solicitó la liquidación por concepto de asistencia familiar devengadas; empero, no fue notificado en su domicilio real correcto con dicho memorial de liquidación y su proveído correspondiente, a efecto de presentar su objeción en el plazo establecido; ilegalmente dándole por notificado se le intimó al pago por dicho concepto en la suma de Bs32 200.- donde recién tomó conocimiento y presentó memorial con el que el Juez dispuso su traslado a la otra parte, sin mayor trámite, ante la solicitud de la parte demandada, el Juez demandado emitió Resolución realizando otro cálculo y dispuso el pago de Bs31 400.- librando directamente el correspondiente mandamiento de apremio en la misma fecha sin notificarle con dicha determinación dejándolo en indefensión; como consecuencia se encuentra privado de libertad. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01 de 26 de febrero de 2022, cursante de fs. 35 a 40 vta., emitida por la Jueza de Sentencia Penal Segunda del departamento de Santa Cruz; en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo en consecuencia dejar sin efecto el Mandamiento de Apremio, debiendo la Jueza demandada, reencausar el trámite de liquidación de asistencia familiar conforme a procedimiento; salvo que por el trascurso del tiempo la situación jurídica del accionante haya cambiado.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0540/2023-S4 Sucre, 22 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 46467-2022-93-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01 de 26 de febrero de 2022, cursante de fs. 35 a 40 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Tito Ramírez en representación sin mandato de Gustavo Saavedra Arnez contra Jhenny Arguedas Arancibia, Jueza Pública de Familia Octava del departamento de Santa Cruz.
Mediante memorial presentado el 25 de febrero 2022, cursante de fs. 20 a 22 vta., el accionante mediante su representante sin mandato, manifestó que:
Dentro del fenecido proceso de divorcio seguido a instancia de Maribel Serrano Enríquez, el 18 de junio de 2021, se solicitó liquidación de asistencia familiar en su contra ante el Juzgado Público de Familia Octavo del departamento de Santa Cruz –ahora demandado–, por el monto de Bs32 200.- (treinta y dos mil doscientos bolivianos), sin especificar las fechas a la que correspondería dicha suma de liquidación; memorial que obtuvo como respuesta el proveído de 23 de igual mes y año, disponiéndose su notificación conforme el art. 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) –Ley 603 de 19 de noviembre de 2014–. Empero, jamás fue notificado con tales actuados en su domicilio real ubicado en Barrio Tropical, Calle 8, Casa 35 Uv 63 Mza 66, el cual era de conocimiento de la autoridad ahora demandada y la parte demandante; sin embargo, cursa en obrados una diligencia de notificación del 15 de julio de 2021, generada por el Oficial de Diligencias del citado Juzgado, en el que señaló que se le había notificado en otro domicilio ubicado en calle Hernán Ardaya 35, Zona Colegio Alemán, entre avenida San Martín y Busch de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; diligencia que nunca fue realizada a su persona, ocasionando la lesión de su derecho fundamental a la defensa e igualdad procesal; toda vez que, se ocasionó la imposibilidad de presentar cualquier recurso de impugnación o complementación o enmienda e incluso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el proveído de 23 de junio de 2021. Posteriormente, el 27 de julio de igual año, la parte demandante presentó un memorial ante la autoridad ahora demandada en el cual solicitó aprobación de liquidación de asistencia familiar, que mereció decreto de 29 del citado mes y año, donde refirió la autoridad jurisdiccional que se le habría notificado y sin aprobar ninguna liquidación procede a intimarle con el pago de la asistencia familiar devengada en el plazo de tres días a partir de su notificación; entendiéndose que sería el monto de Bs32 200.-; sin embargo, no expresó ningún monto menos señaló a que meses devengados correspondería, debiendo que conforme procedimiento, mediante Auto Interlocutorio de manera expresa apruebe una liquidación por el referido concepto. Ante lo cual, el 2 de septiembre de 2021, en su domicilio real, recién y únicamente fue notificado con el memorial de 28 de julio de igual año, y decreto de 29 del mismo mes y año; no siendo notificado con el memorial de liquidación ni con su proveído, sino únicamente con la intimación de pago; tal extremo hizo conocer ante el Juez de la causa, solicitando que por Secretaria de dicho Juzgado se realice la respectiva liquidación de asistencia familiar; disponiéndose se ponga en conocimiento de la parte contraria dicha solicitud. El 13 de septiembre de 2021, Maribel Serrano Enríquez, pidió se libre mandamiento de apremio en su contra; es así que se ordenó se libre el mismo, mediante Resolución de 15 de igual mes y año, por la suma de Bs31 400.-(treinta y un mil cuatrocientos bolivianos), con la que tampoco fue notificado; teniéndose que, el Juez ahora demandado de oficio, por primera vez hace mención expresa dicho monto de dinero por concepto de asistencia familiar devengadas, señalando que fue intimado; por ello, como se podrá advertir de manera tácita la autoridad demandada reconoce que no se le notificó con la liquidación de asistencia familiar en el citado monto; en consecuencia, nunca se le dio el plazo de tres días para observar tal liquidación, así como que con la Resolución del 15 de septiembre de 2021, jamás fue notificado; por lo que, no se le dio la posibilidad de solicitar una complementación o enmienda menos un recurso de apelación o reposición, dejándolo en total estado de indefensión; incluso advirtiéndose que la Jueza demandada solo valoró prueba de la parte contraria no así el presentado por su persona, en la cual indicó que no fue, lo que hoy hace que se encuentre recluido en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”.
La parte accionante denunció la lesión a su derecho a la libertad y al debido proceso en su vertiente de debida fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 22, 23, 24, 115.I, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
En el memorial de acción de libertad, no expresó su petitorio
Celebrada la audiencia virtual el 26 de febrero de 2022, conforme al acta cursante de fs. 33 a 35, presente el accionante y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela ratificó el contenido íntegro de su acción de libertad, ampliando la misma señaló que, la SCP 0861/2019-S4 de 2 de octubre, señala que necesariamente se debe notificar al obligado en su domicilio real y actual, que la parte demandada tiene la obligación de proporcionar dicho dato y en caso de desconocimiento se lo realizará conforme edicto de prensa; situación que no ocurrió en el caso presente, existiendo defecto absoluto ya que no fue notificado legalmente, siendo notificado solo con la conminatoria de pago.
Jhenny Arguedas Arancibia, Jueza Pública de Familia Octava del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 26 de febrero de 2022, cursante de fs. 27 a 32, manifestó que: a) Se tiene que el art. 442 de la Ley 603 es claro al indicar que con la liquidación de asistencia familiar “LA NOTIFICCION CON LA LIQUIDACION DE PAGOS DEVENGADOS DE ASISTENCIA FAMILIAR DENTRO DEL PROCESO EXTRAORDINARIO SE PRACTATICARA EN EL DOMICILIO PROCESAL FUERA DE ESTRADOS Y EN CASO DE NO HABER SIDO FIJADO SE LO PRACTICARA EN SECRETARIA DEL JUZGADO”, nótese que en ningún momento dice domicilio “PROCESAL”, por lo que se tiene que el Oficial de Diligencias cumplió a cabalidad con la notificación conforme al art. 442 de la Ley 603; b) El impetrante de tutela claramente indicó que fue notificado con la intimación del pago de la asistencia familiar devengadas, es decir la providencia de 29 de julio de 2021, observado en la acción de libertad y de la revisión del art. 415.II de la Ley 603, que se menciona claramente establece que: “VENCIDO EL PLAZO DE OFICIO O A INSTANCIA DE PARTE LA AUTORIDAD JUDICIAL APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE LA ASISTENCIA INTIMADO al pago dentro del tercer día” (sic), siendo claramente lo que refleja la providencia de 29 de julio de 2021; c) El obligado reconoció que se lo notificó con la intimación de pago en su domicilio real con providencia de 29 de julio de 2021, y de la revisión del cuaderno procesal se tiene que este presentó el memorial donde solicita que por Secretaría elabore liquidación de asistencia familiar en base a los depósitos realizados por su persona, pidiendo se oficie a la entidad financiera; sin embargo, el mismo no objeta respecto a la mencionada providencia que cuestiona en esta acción de libertad, teniendo a su alcance mecanismos de impugnación en la vía ordinaria a efectos de su corrección, los cuales no activó; por lo que, no puede pretender suplir en la vía constitucional; considerando que la normativa es clara al referir que la liquidación la hace la parte beneficiaria y el obligado debe acreditar el pago en tres días, lo que no fue hecho; posterior a la intimación de pago tampoco activó mecanismos de impugnación que la ley franquea; d) El accionante debió acudir ante la autoridad jurisdiccional que conoce el caso para denunciar la presuntas infracciones al debido proceso, no se encuentra en estado de indefensión, más cuando el Informe de la Oficial de Diligencias evidencia que fue notificado en su domicilio procesal y luego real; y, e) También se debe tomar en cuenta que la asistencia familiar es un derecho de los menores que debe ser cubierto de forma oportuna y una obligación de los progenitores, es de interés público y su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad del juzgado, considerando el interés superior del beneficiario, estando el progenitor obligado a cumplir y no esperar la emisión de un mandamiento para cumplir su obligación en razón a que saben que son responsables con sus hijos desde el momento en que nacen.
El Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por la Resolución 01 de 26 de febrero de 2022, cursante de fs. 35 a 40 vta., denegó la tutela impetrada con base en los siguientes fundamentos: 1) Si bien indicó que no se le notificó en su domicilio real con la liquidación de asistencia familiar presentada, sino recién se lo hizo con la aprobación y pudo presentar un memorial, ya que el domicilio se encuentra en obrados y estaba ubicado en la calle Hernán Ardaya 35, zona Colegio Alemán entre avenida San Martín y Bush de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es del abogado apoderado Johnny Vargas Peña, en el cual se notificó al impetrante de tutela; sin embargo, una vez que tuvo conocimiento presuntamente al haberle notificado en el domicilio real correcto, en el memorial de 7 de septiembre de 2021, debió reclamar, situación que no se lo hizo; toda vez que, el único domicilio que se tiene de obrados es del domicilio de su abogado; recién señala un nuevo domicilio procesal en el memorial en el otrosíes, al señalar “señalo como nuevo domicilio procesal la calle Arenales 973, Zona Cementerio General” (sic); y, 2) La jurisprudencia constitucional refirió que, hay un régimen de incidentes establecidos en el Código de Familia y Procesos Familiares, por regla general debe ser resuelta independientemente del objeto del proceso; en el caso particular se indica que el memorial de 7 de septiembre de 2021, reclamó “la diligencia”; sin embargo, de la lectura de dicho memorial en ningún momento existe reclamo, lo que no podría manifestar tal extremo ahora en la vía constitucional; debió hacerlo ante la autoridad jurisdiccional mediante los mecanismos internos establecidos para la restitución de un derecho afectado; por lo que, no se cumplió con el principio de subsidiariedad; considerando que la autoridad jurisdiccional tiene la facultad de declarar la nulidad de actos procesales expresamente previstos en la ley, en tal sentido deben reclamarse de manera oportuna sobre vicios de nulidad, situación que lo hace en la vía constitucional y no es posible analizar los mismos al no haberlo hecho en la vía ordinaria; no advirtiéndose la lesión del debido proceso.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene el memorial presentado el 22 de junio de 2021 por Maribel Serrano Enrriquez dentro del proceso de divorcio seguido contra Gustavo Saavedra Arnez –ahora accionante– presentando liquidación de asistencia familiar devengadas, en la suma de Bs32 200.- más gastos extraordinarios en una suma total de Bs35 598.- (treinta y cinco mil quinientos noventa y ocho bolivianos) que debe ser cancelado por el obligado; además en el otrosí primero refiere: “Notificación para la parte obligada (…) en el DOMICILIO PROCESAL de su ABOGADO Y APODERADO JHONNY VARGAS PEÑA, mismo que se encuentra Ubicado en la Calle Hernán Ardaya N° 35, Zona del Colegio Alemán, entre Av. San Martin y Busch como se acredita a Fs. 160 en el otrosí 1ro” (sic); lo que mereció el decreto de 23 de igual mes y año pronunciado por Jhenny Arguedas Arancibia, Jueza Pública de Familia Octava del departamento de Santa Cruz –ahora demandada– en el que señala: “Con la liquidación presentada a conocimiento del obligado al tenor del art. 415 de la Ley 603 quien tiene el término de 3 días para objetar la liquidación o en su defecto acreditar el pago documentado…” (sic), teniéndose la diligencia de notificación respectiva en el domicilio señalado en el memorial de liquidación (fs. 1 a 5). II.2. Cursa memorial presentado el 28 de julio de 2021, por Maribel Serrano Enrriquez, en el que se solicitó la aprobación de la liquidación de asistencia familiar; ante lo cual la autoridad demandada pronunció el decreto de 29 de igual mes y año en el que, disponiendo la intimación de pago contra el impetrante de tutela; procediéndose a su notificación el 2 de septiembre de 2021, en domicilio real del impetrante de tutela, suscrito en calidad de testigo su padre Magín Saavedra Núñez con C.I. 3846906 S.C. (fs. 6 a 8). II.3. El 8 de septiembre de 2021, Gustavo Saavedra Arnez –ahora solicitante de tutela– presentó memorial ante la autoridad ahora demandada, en el cual solicitó se oficie a la entidad financiera Banco Unión para que extienda un extracto bancario de la cuenta 10000019012397 a nombre de Maribel Serrano Enríquez desde agosto de 2019 a la fecha sobre los depósitos de asistencia familiar realizado por su persona; en el Otrosí 2, que se realice la liquidación por Secretaria en base a los depósitos realizados; Otrosí 3 que, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realice un informe psicosocial de su hija a efectos que se cumpla el régimen de visitas; Otrosí 4 señaló nuevo domicilio procesal ubicado en la Calle Arenales 973, Zona Cementerio General con WhatsApp 71340120 y correo electrónico (fs. 11 a 12); que por decreto de 9 de dicho mes y año, el Juez de la causa dispuso se ponga a conocimiento de la parte contraria y al Otrosí 4° y 5° “Por señalado, tome nota Sr. Oficial de Diligencias” esto con relación al señalamiento del nuevo domicilio procesal (fs. 13). II.4. Se tiene la Resolución de 15 de septiembre de 2021, pronunciado por la autoridad demandada, por el cual ordena que por Secretaria se proceda a librar el mandamiento de “aprehensión” contra el accionante por el incumplimiento de pago de asistencia familiar en la suma de Bs31 400.-(fs. 15). Teniéndose así el Mandamiento de Apremio contra el impetrante de tutela librado dicha fecha (fs. 17).
La parte accionante alega como lesionado su derecho a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del fenecido proceso de divorcio seguido en su contra se solicitó la liquidación por concepto de asistencia familiar devengadas; empero, no fue notificado en su domicilio real correcto con dicho memorial de liquidación y su proveído correspondiente, a efecto de presentar su objeción en el plazo establecido; ilegalmente dándole por notificado se le intimó al pago por dicho concepto en la suma de Bs32 200.- donde recién tomó conocimiento y presentó memorial con el que el Juez dispuso su traslado a la otra parte, sin mayor trámite, ante la solicitud de la parte demandada, el Juez demandado emitió Resolución realizando otro cálculo y dispuso el pago de Bs31 400.- librando directamente el correspondiente mandamiento de apremio en la misma fecha sin notificarle con dicha determinación dejándolo en indefensión; como consecuencia se encuentra privado de libertad. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela.
La SCP 0804/2022-S4 de 19 de julio, señala que la SCP 0530/2021-S3 de 18 de agosto, estableció que: “El art. 109.I del CFPF señala que la asistencia familiar es un derecho y a la vez una obligación y surge ante el ‘…el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes’. Así, la asistencia familiar es exigible judicialmente, más aún cuando el art. 127.I del CFPF indica que: ‘Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial’. Ahora bien, siendo que en el presente caso lo denunciado por el accionante se encuentra vinculado a la ejecución de la asistencia familiar y su notificación, es imperante analizar que el art. 415.I, II, III y VII del CFPF establece: ‘I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días.
III. La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas, todo sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad. (…) VII. El cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad de la autoridad judicial’.
Respecto a la disposición antes citada, la SCP 0794/2018-S4 de 26 de noviembre, estableció que: ‘…la determinación de plazos cortos para el cuestionamiento del obligado a la liquidación de la asistencia familiar devengada -tres días- y para que una vez aprobada la misma, aquél efectúe el pago -tres días-, lo que obedece a su naturaleza de orden público e interés social, encaminada a garantizar el sustento necesario del beneficiario -en cuanto a salud, alimentación, educación, vivienda y recreación-; el medio con el que cuenta a efectos de mostrar su disconformidad con la determinación del monto de su obligación impaga: la observación a la planilla; y el procedimiento a través del cual la autoridad judicial puede compeler a su cumplimiento: intimación de pago, emisión de mandamiento de apremio y embargo y venta de los bienes de aquél’; consecuente con dicho entendimiento, al resolver el caso concreto, la misma Sentencia Constitucional Plurinacional señaló:’…el procedimiento establecido para la ejecución de asistencia familiar, fue concebido por el legislador como sumarísimo y especial (art. 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar), en el que únicamente se reconoce la facultad de observar la liquidación presentada por parte del o de los beneficiarios, como medio idóneo y único con el que cuenta el obligado para controvertir el monto de asistencia familiar devengado, la forma de su pago o cualquiera otro aspecto que pueda influir en su definición’.
El art. 442 del CFPF, específicamente señala que: ‘La notificación con la liquidación de pagos devengados de asistencia familiar dentro del proceso extraordinario, se practicará en domicilio procesal fuera de estrados y en caso de no haber sido fijado, se lo practicará en secretaria del juzgado’. Respecto a los actos de comunicación el Código de las Familias y del Proceso Familiar, en su art. 313, con relación al domicilio procesal, establece que: ‘I. Las partes y demás comparecientes en el proceso deberán señalar con precisión en el primer memorial, a tiempo de su comparecencia, el domicilio que constituyen para fines de la comunicación procesal en los casos expresamente señalados por este Código.
a los fines de recibir notificaciones y emplazamientos, cuando se encuentre reglamentado.
De igual forma el art. 314 del CFPF, respecto a las notificaciones señala que: ‘I. Todas las notificaciones se practicarán en la secretaría del juzgado, excepto aquellas que la autoridad judicial disponga fundadamente se practiquen en domicilio procesal fuera de estrados. Se notificarán en audiencia, todas las resoluciones que la autoridad judicial pronuncie en la misma’” (las negrillas son nuestras).
Dentro del proceso de divorcio ya fenecido, Maribel Serrano Enrriquez, presentó un memorial de liquidación de asistencia familiar devengadas más gastos extraordinarios (gastos escolares y de salud) en un total de Bs35 598.-, es decir impagas por Gustavo Saavedra Arnez –ahora accionante–; señalando en el Otrosí primero, que se proceda a la notificación del obligado “…en el DOMICILIO PROCESAL de su ABOGADO Y APODERADO JHONNY VARGAS PEÑA, mismo que se encuentra Ubicado en la Calle Hernán Ardaya N° 35, Zona del Colegio Alemán, entre Av. San Martin y Busch como se acredita a Fs. 160 en el otrosí 1ro” (sic); que por decreto de 23 de igual mes y año pronunciado por Jhenny Arguedas Arancibia, Jueza Pública de Familia Octava del departamento de Santa Cruz –ahora demandada– dispuso se ponga a conocimiento de la parte demandada conforme el art. 415 de la Ley 603, a efecto que en el plazo de tres días objete dicha la liquidación o en su defecto acredite el pago documentado; en consecuencia, se procedió a su notificación en el domicilio señalado en el memorial de liquidación (Conclusión II.1). Posteriormente, ante la solicitud de la beneficiaria de aprobación de la liquidación de asistencia familiar de 28 de julio de 2021, mediante decreto de 29 de igual mes y año, la autoridad demandada dispuso la intimación de pago; procediéndose a la notificación del accionante el 2 de septiembre de 2021, en domicilio real del impetrante de tutela, donde suscribe en calidad de testigo el padre del impetrante, Magín Saavedra Núñez con C.I. 3846906 S.C. (Conclusión II.2). Ante lo cual, el 8 de septiembre de 2021, el impetrante de tutela presentó memorial ante la autoridad ahora demandada, en el que señaló: i) Se oficie a la entidad financiera Banco Unión para que extienda un extracto bancario de la cuenta 10000019012397 a nombre de Maribel Serrano Enrriquez desde agosto de 2019 a la fecha sobre los depósitos de asistencia familiar realizado por su persona; ii) Se realice el cálculo de liquidación de asistencia familiar por Secretaria del Juzgado, sea en base a los depósitos realizados en la entidad financiera por dicho concepto; iii) Se oficie a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia con la finalidad que se realice un informe psicosocial de su hija beneficiaria y se cumpla el régimen de visitas; y, iv) Hizo conocer el nuevo domicilio procesal ubicado en la Calle Arenales 973, Zona Cementerio General con WhatsApp 71340120 y correo electrónico, además en el Otrosí 5° refirió conocer providencias en secretaria del Juzgado; que mereció el decreto de 9 de dicho mes y año, el Juez que dispuso se ponga a conocimiento de la parte contraria (Conclusión 3). Finalmente cursa Resolución de 15 de septiembre de 2021, pronunciado por la autoridad jurisdiccional ahora demandada, en la que realizó el cálculo y dispuso el pago del monto de Bs31 400.- disponiendo la emisión del mandamiento de apremio contra el accionante refiriendo el incumplimiento de pago de asistencia familiar devengada.- (Conclusión II.4). Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional señaló que, habiéndose establecido para la ejecución de la asistencia familiar como un procedimiento sumarísimo y especial, el medio idóneo y único con el que cuenta el obligado para controvertir el monto de asistencia familiar devengado, la forma de su pago o cualquiera otro aspecto que pueda influir en su definición, a ser interpuesto en un plazo de tres días desde su notificación con la planilla respectiva; es así que, una vez aprobado dicho monto, se intimará al pago en igual plazo, pudiendo en consecuencia la autoridad judicial emitir mandamiento de apremio y embargo o venta de bienes del obligado ante su incumplimiento.
En el caso de autos, el solicitante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad y debido proceso, considerando que no fue debidamente notificado con el memorial de liquidación de asistencia familiar y su traslado correspondiente; sino recién con la intimación de pago, imposibilitando activar algún medio de impugnación; sin embargo, de los antecedentes aparejados a la presente acción de libertad y de lo manifestado por el propio accionante, se tiene que, ante la notificación que considera fue realizada recién en su domicilio real y de manera correcta el 2 de septiembre de 2021, éste se puso a derecho y el 8 de igual mes y año presentó un memorial ante la autoridad jurisdiccional de la causa ahora demandado, solicitando requerimientos y oficios desglosados en la conclusión II.3 del presente fallo constitucional; sin embargo, en dicho memorial no se advierte que el accionante haya reclamado ante la autoridad jurisdiccional la falta o errónea diligencia de notificación a fin que sea éste el que corrija tal actuado procesal; sino recién lo hace directamente mediante la presente acción tutelar; por lo que, el impetrante de tutela no puede pretender salvar su propia negligencia en la jurisdiccional constitucional, correspondiendo denegar la tutela impetrada respecto a este punto. No obstante a ello, de la revisión minuciosa a las actuaciones se tiene que, Maribel Serrano Enrriquez, pidió liquidación de asistencia familiar devengadas más gastos extraordinarios (escolares y de salud) contra el accionante, en un total de Bs35 598.-, que por decreto de 23 de igual mes y año pronunciado por la autoridad demandada dispuso se ponga a conocimiento de la parte demandada (Conclusión II.1); seguidamente la demandante solicitó ante la Jueza demandada aprobación de la liquidación de asistencia familiar, donde refirió que el obligado fue notificado con el monto de Bs35 598.- ante lo cual, mediante decreto de 29 de julio de 2021, intimó el pago de la asistencia familiar devengada –sin especificar monto– con la advertencia de librar mandamiento de apremio, conminando además al pago de gastos extraordinarios; ante lo cual, el solicitante de tutela mediante el citado memorial de 8 de septiembre de igual año, solicitó que mediante Secretaría del Juzgado, se haga una nueva liquidación considerando los depósitos bancarios efectuados, entre otras peticiones; disponiéndose su correspondiente traslado a la otra parte y se tuvo por señalado el nuevo domicilio procesal y recomendó tomar nota al Oficial de Diligencias mediante decreto de 9 de septiembre de igual año; empero, la autoridad demandada, ante la solicitud de Maribel Serrano Enrriquez, refiriendo el monto de Bs35 598.- de asistencia familiar, pidió se libre mandamiento de apremio, emitió el Auto de 15 de Septiembre del mismo año, disponiendo la emisión del mandamiento de apremio contra el accionante, librándose en la misma fecha, a ser ejecutado para el cumplimiento del nuevo monto de Bs31 400.- por concepto de asistencia familiar devengada.
Advirtiéndose en consecuencia, que en el presente caso específico, la Jueza demandada a momento de emitir el Auto de 15 de septiembre de 2021, realizó un nuevo cálculo respecto al monto de asistencia familiar al mondo de Bs31 400.- el cual no es coincidente con lo solicitado por la beneficiaria, tampoco con el monto de la intimación de pago realizada con anterioridad mediante Auto de 29 de julio de 2021 (Conclusión II.2), pero además dispuso de manera directa se libre Mandamiento de Apremio contra el accionante, dejando en indefensión, al no darle la posibilidad de realizar el pago del nuevo monto establecido por la autoridad demandada dentro del plazo de tres días estipulado al efecto, una vez notificado; por lo que, considerando que la Jueza demandada no cumplió a cabalidad el procedimiento legalmente establecido en el art. 415 del CFPF, lesionó el debido proceso en su elemento de derecho a la defensa vinculado a su libertad en cuyo mérito corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01 de 26 de febrero de 2022, cursante de fs. 35 a 40 vta., emitida por la Jueza de Sentencia Penal Segunda del departamento de Santa Cruz; en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo en consecuencia dejar sin efecto el Mandamiento de Apremio, debiendo la Jueza demandada, reencausar el trámite de liquidación de asistencia familiar conforme a procedimiento; salvo que por el trascurso del tiempo la situación jurídica del accionante haya cambiado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0540_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3037c300a37829de046d76fc8ed18dcca44b7a68b2898e05955df4061a53d036
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →