B.IA.LEGAL

SCP 0540/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
5 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
45254-2022-91-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad vinculado al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna, toda vez que, el Juez demandado dilató la remisión de su recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que declaró improcedente su solicitud de cesación a la detención preventiva, dejando transcurrir once días, cuando debió remitirse en el plazo de veinticuatro horas; asimismo, los Vocales demandados no señalaron fecha de audiencia de apelación incidental dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP, indicándole los funcionarios del Tribunal de alzada que retorne después de las vacaciones judiciales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) Legitimación pasiva en la acción de libertad; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 25/2021 de 2 de diciembre, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Claudia Marcela Castro Dorado y Félix Orlando Rojas Alcón, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Se dispone que de manera inmediata los Vocales demandados o en su caso los actuales vocales que ocupan el cargo, resuelvan el recurso de apelación incidental, de acuerdo a procedimiento; siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya sido modificada. 3° DENEGAR la tutela impetrada en relación a Carlos Alejandro Espinoza Ramírez, Juez de Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. Legitimación pasiva en la acción de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0540/2023-S1 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 45254-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 25/2021 de 2 de diciembre, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gregoria Quispe Quispe de Colquehuanca en representación sin mandato de Máximo Colquehuanca Colque en contra de Claudia Marcela Castro Dorado y Félix Orlando Rojas Alcón, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Carlos Alejandro Espinoza Ramírez, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 1 de diciembre de 2021, cursante de fs. 15 a 17, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que se le sigue en la localidad de Achacachi por la presunta comisión del delito de violación agravada, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; por lo que, el 3 de noviembre –se colige de 2021- solicitó la cesación de dicha medida cautelar, rechazándose su pretensión mediante Auto Interlocutorio 359/2021 de 5 del citado mes, recurriendo en apelación incidental. La apelación referida se remitió ante el Tribunal de alzada recién el 16 de ese mismo mes y año. Para fines de notificación, mediante memorial de 17 de noviembre de 2021, presentó memorial ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia, donde recayó la apelación, poniendo en conocimiento el patrocinio de un nuevo abogado, no obstante, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, los Vocales de la referida Sala Penal no revisaron siquiera el legajo de apelación incidental, menos aún señalaron la audiencia respectiva, pese al vencimiento de los plazos previstos por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), demorando más de catorce días; omisión que fue constatada por su defensa técnica cuando se apersonó el 25 y 29 de noviembre de 2021, indicándole primero que se sustanciaría su recurso al siguiente día, pero sin materializarse; y, en la segunda oportunidad los funcionarios judiciales de dicha Sala, señalaron que no se revisó todavía las fotocopias legalizadas, que incluso podía observarse y “DEVOLVER AL AÑO NOMAS SERIA” (sic). El Juez de Instrucción Penal de Achacachi también incurrió en dilación, demorando once días en remitir la apelación incidental, en tanto que los Vocales demandados tardaron catorce días sin señalar fecha de audiencia hasta el presente.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela señala como lesionados sus derechos a la libertad vinculado al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna, citando al efecto los arts. 115, 116, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela disponiendo que los Vocales demandados señalen a la brevedad posible audiencia de consideración de la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 359/2021; y, se llame la atención al Juez de Achacachi con lugar a responsabilidad funcionaria por la dilación en la remisión de los antecedentes en alzada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Realizada la audiencia virtual el 2 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 25 a 27, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, reiteró los argumentos de su acción de libertad, y ampliándolos señaló que: a) Transcurrieron once días para que la apelación incidental se remita al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que resulta excesivo y transgrede lo dispuesto por el art. 251 del CPP que prevé la remisión en veinticuatro horas; asimismo, determina que en setenta y dos horas debe convocarse a audiencia de apelación; y, b) Ante los reiterados apersonamientos de su abogado ante la Sala Penal, se le indicó que debido a la cercanía de la vacación judicial retorne al año siguiente.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Claudia Marcela Castro Dorado y Félix Orlando Rojas Alcón, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; mediante informe escrito de 2 de diciembre de 2021, cursante a fs. 24 y vta. solicitaron se deniegue la tutela impetrada manifestando que: 1) El testimonio de apelación incidental remitido no contaba con todos los actuados pertinentes a objeto de considerar el fondo del recurso planteado, ameritando el decreto de devolución, especialmente por la falta de remisión de la prueba adjuntada al memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva; 2) La parte recurrente debió hacer el seguimiento respectivo, y tomar en cuenta lo establecido por el art. 112 del CPP, así como el principio nemo auditor propriam turpitudimen allegans; 3) El legajo de apelación incidental fue remitido por el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi, es decir, un juzgado de provincia, por lo que, debido a la distancia, vía WhatsApp, se informó al juzgado de origen que debía subsanar las observaciones; 4) De lo señalado se tiene que no incurrieron en ninguna actuación que vulnere los derechos o garantías constitucionales del accionante, presentándose ausencia de legitimación pasiva para la configuración de lo previsto por el art. 125 de la CPE; y, 5) El proceso, a la fecha se encuentra radicado en el precitado juzgado, tal como se evidencia del Libro de Altas y Bajas. Carlos Alejandro Espinoza Ramírez, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, por informe presentado en audiencia, impetró denegar la tutela solicitada refiriendo que: i) El caso es sobre violación agravada, aplicándose la perspectiva de género y lo señalado por Tratados y Convenios Internacionales; ii) El accionante debe obrar en el marco de la legalidad y ética; iii) Su persona carece de legitimación pasiva, toda vez que el Auto Interlocutorio 359/2021 de 5 de noviembre fue emitido en suplencia legal por Juan Roberto Aruquipa Balboa “Juez Cautelar Mixto de Puerto Acosta” (sic), debido a que su persona se encontraba de vacaciones, extremo corroborado por la boleta correspondiente que demuestra que gozaba de vacaciones desde el 3 al 21 de noviembre de 2021; iv) La citada Resolución se emitió un viernes, por lo que debe considerar situaciones de fuerza mayor, como la imposibilidad de transcribir el acta en veinticuatro horas, más aun si se trata de un juzgado suplente que solo se apersona a Achacachi los días viernes, es por ello que la remisión la firmó el Juez suplente el 12 de noviembre de 2021, y se remitió el lunes 15 del mismo mes y año; en ese sentido, no se incumplió los plazos; v) La Sala Penal evidentemente observó que faltaban algunas piezas en el legajo se apelación; sin embargo, del informe emitido por la Secretaria del Juzgado se advierte que se remitieron todas las pruebas presentadas por el imputado; y, vi) El oficio por el que se devuelve el testimonio de apelación incidental es de 30 del citado mes y año, ingresando a su despacho el 1 de diciembre de 2021, providenciándose que por secretaría se informe los extremos observados, y una vez cumplida se remitan obrados ante el Tribunal de alzada, siendo el día de “hoy” –entiéndase 2 de diciembre de 2021- que debía cumplirse con dicha remisión.

I.2.3. Resolución

El Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, por Resolución 25/2021 de 2 de diciembre, cursante de fs. 28 a 30 vta. denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) De los antecedentes se tiene que el imputado –accionante- solicitó la cesación de la detención preventiva, siendo rechazada por Auto Interlocutorio 359/2021 de 5 de noviembre dictado por Juan Roberto Aruquipa Balboa, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Acosta; y en audiencia, la defensa del accionante interpuso recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del CPP, solicitando se imprima el trámite correspondiente remitiéndose obrados en el término de veinticuatro horas, respondiendo el Juez tener presente dicho recurso concediéndolo requiriendo la provisión de recaudos para la remisión de las respectivas fotocopias legalizadas ante el Tribunal de alzada; b) Al informe elevado por los Vocales demandados se adjunta una impresión de un mensaje de WhatsApp de 29 de noviembre de 2021, donde se señala que la Sala Penal Cuarta reitera que se pase a recoger el proceso con NUREJ 203990106 Ministerio Público contra Máximo Colquehuanca Colque, respondiendo que a primera hora de mañana se presentará en la Sala Penal; asimismo, se adjunta una impresión con sello de cargo de recibido de 30 del mismo mes y año, a horas 10:17, del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia relativo al recojo de antecedentes en fs. 96 sobre el referido proceso; c) El art. 47 del Código Procesal Constitucional señala los supuesto de procedencia de la acción de libertad, mientras que los arts. 115, 178 y 180 de la CPE, refieren los principios generales por los que se rige la administración de justicia, entre ellos el de celeridad; por otra parte los arts. 250 y 251 del CPP disponen la modificación de la medida cautelar y el trámite del recurso de apelación incidental; d) En el caso se alega la vulneración del derecho a una justicia pronta y oportuna, planteándose la acción de libertad por pronto despacho ante la falta de celeridad en la tramitación de dicho recurso, debiendo tenerse presente lo informado por el Juez demandado en sentido de que la Resolución de rechazo de la solicitud de cesación fue emitida por un Juez suplente que solo se constituye a la localidad de Achacachi cada viernes, siendo la autoridad encargada de la remisión en alzada toda vez que el Juez co-demandado estaba de vacaciones desde el 3 al 21 de noviembre de 2021, lapso en el que se procedió al envío, por lo que carecería de legitimación pasiva; y, e) Respecto a los Vocales demandados, informaron que el testimonio de apelación se remitió de forma incompleta comunicándose vía WhatsApp con el juzgado de origen el 29 del citado mes y año, recogiéndose dicho Testimonio el 30 de “diciembre” de 2021, denotando que no se resolvió el recurso de apelación, y siendo que en la actualidad se encuentra dentro de los plazos legales en el juzgado de origen, los Vocales también carecen de legitimación pasiva; aclarando que debe tomarse en cuenta, que al ingresarse en vacaciones, la Sala Penal Cuarta estará de turno de acuerdo con la Circular.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 359/2021 de 5 de noviembre, emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Máximo Colquehuanca Colque –accionante- por la presunta comisión de delito de violación con agravante, suscrito por Juan Roberto Aruquipa Balboa, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Acosta, en suplencia legal de Carlos Alejandro Espinoza Ramírez, Juez de Instrucción Penal de Achacachi del departamento de La Paz – autoridad demandada-, por el cual se declara improcedente la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada por el accionante, motivando que la defensa técnica del prenombrado interponga en audiencia recurso de apelación incidental al tenor del art. 251 del CPP, solicitando se imprima el trámite correspondiente sobre la remisión del recurso en el plazo de veinticuatro horas dispuestos por ley, postulación concedida por el citado juez suplente (fs. 11 a 13) II.2. Por memorial presentado el 17 de noviembre de 2021, el impetrante de tutela se apersonó ante los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados- poniendo a conocimiento nuevo patrocinio y solicitando se haga saber ulteriores determinaciones de ley, sobre todo la convocatoria a audiencia de apelación incidental (fs. 14). II.3. Cursa impresión de captura de pantalla de mensaje de WhatsApp de 29 de noviembre de 2021, a horas 16:20, señalando como destinatario “Achacachi Juzga…” identificándose el remitente como la Sala Penal Cuarta -entiéndase del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz-reiterando que por favor recojan el proceso con NUREJ 203990106 seguido por el Ministerio Público contra Máximo Colquehuanca Colque “que se encuentra observado” (sic); obteniendo por respuesta –se colige del precitado juzgado-: “mañana a primera hora estaré en la sala penal” ([sic] fs. 22). II.4. Se tiene fotocopia de impresión de hoja con sellos de recibido del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Achacachi en fs. 96 del proceso Ministerio Público contra Máximo Colquehuanca Colque de 30 de noviembre de 2021, constando además la firma y sello del Oficial de Diligencias de dicho juzgado (fs. 23).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad vinculado al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna, toda vez que, el Juez demandado dilató la remisión de su recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que declaró improcedente su solicitud de cesación a la detención preventiva, dejando transcurrir once días, cuando debió remitirse en el plazo de veinticuatro horas; asimismo, los Vocales demandados no señalaron fecha de audiencia de apelación incidental dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP, indicándole los funcionarios del Tribunal de alzada que retorne después de las vacaciones judiciales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) Legitimación pasiva en la acción de libertad; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento:

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre1, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril2, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. Legitimación pasiva en la acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0038/2018-S2 de 6 de marzo, asumió el siguiente entendimiento: El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad tiene como antecedentes la SC 0255/2001-R de 2 de abril, que resolvió el caso concreto a la luz de la legitimación pasiva; empero, fue la SC 0691/2001-R de 9 de julio la que la define señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Al respecto, el Tribunal Constitucional transitorio, a la luz de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril establece que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular; entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, refuerza el entendimiento antes señalado, y precisa, que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquella contra quien se dirige la acción.

Por otra parte, cabe mencionar a la SC 0258/2003-R de 28 de febrero, precisada por la SC 1740/2004-R de 29 de octubre, que establece que en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto a su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva las dos. Entendimiento que fue ratificado en numerosas Sentencias Constitucionales Plurinacionales.

Empero, y siendo que la jurisprudencia es dinámica y la labor de este Tribunal es velar por la vigencia plena de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, la jurisprudencia constitucional desarrolló subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo que se desarrollaran a continuación: i) Es posible ingresar al análisis de fondo y conceder la tutela, cuando por error se dirigió la acción contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió el acto u omisión ilegal, sin responsabilidad -SC 4El FJ III.5, indica que: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 5El FJ III.2, establece que: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 6El FJ III.1, refiere que: “…en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto en su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva, la primera por ejecutar el acto ilegal y la segunda por no corregirlo, de modo que al ser ambas responsables, deben asumir las consecuencias de sus actos”

0945/2004-R de 17 de junio-, entendimiento que fue precisado por la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, añadiendo a esta excepción, los supuestos en los que el acto u omisión sea manifiestamente contrario a la ley y existan elementos de convicción fehacientes que lo demuestren; aunque este entendimiento fue modulado de manera restrictiva por la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, en la que se indicó que: “…en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante”; empero, la SCP 0066/2012 de 12 de abril recondujo el entendimiento a la SC 1651/2004-R; y en ese sentido, en los casos en los cuales la acción de libertad se dirige por error contra una autoridad judicial diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango, jerarquía e idénticas atribuciones, en virtud del principio de informalismo, se aplica la excepción a la legitimación pasiva; ii) Cuando el accionante se encuentra en una situación desventajosa de desconocimiento del derecho, sea extranjero o indígena -SC 0499/2007-R de 19 de junio-; iii) Cuando la acción es dirigida contra un tribunal colegiado, no es necesario recurrir contra todas las autoridades que cometieron el acto ilegal, que impartieron o ejecutaron la orden -SSCC 0358/2005-R de 12 de abril y 1178/2005-R de 26 de septiembre-, al respecto la SC 0358/2005-R, señaló que otrora en el recurso de hábeas 7El FJ III.4, expresa que: “Si bien es cierto que los funcionarios, contra quienes se planteó el recurso, carecen de legitimación pasiva para ser recurridos; no es menos evidente que estando debidamente acreditado que el recurrente fue aprehendido, luego detenido indebida e ilegalmente, corresponde otorgar la tutela solicitada, ello en sujeción a la jurisprudencia establecida por este Tribunal en sentido de que siendo cierta la detención ilegal acusada, a pesar de la falta de legitimación pasiva de la autoridad recurrida, se declara procedente el hábeas corpus sin responsabilidad, disponiendo la libertad inmediata del recurrente”. 8El FJ III.1, regula que: “Puestas así las cosas, corresponde precisar que la aplicación de esta sub-regla de derecho no puede tener alcances ilimitados, puesto que la misma ha sido creada, única y exclusivamente, para resolver de manera excepcional aquellos supuestos en los que el recurso, por error en la identidad, es dirigido contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió efectivamente el acto ilegal, y sólo cuando éste es manifiestamente contrario a la ley y existen los elementos de convicción pertinentes que lo acrediten; no siendo aplicable a otras situaciones en las que no se aprecie tal error y existe la necesidad de contar con mayores elementos de convicción para acreditar la existencia del acto ilegal” (el subrayado es nuestro). 9El FJ III.2, establece que: “…empero, ante una evidente y manifiesta vulneración del derecho a la libertad, de personas que no son naturales de nuestro país, como en el caso presente, y demostrado como está que el recurrente es extranjero habiendo acreditado ser ciudadano de la República del Congo, o en su defecto tratándose también de indígenas, quienes no tienen conocimiento del derecho positivo, ni de los medios para acceder a una buena defensa, se hace imperioso se otorgue la protección que brinda el recurso de hábeas corpus, por cuanto la formalidad observada no puede ser exigible a quienes se encuentran en una situación desventajosa, entendimiento que viene a constituir otra subregla, a la excepción de la legitimación pasiva, y que debe aplicarse en el caso presente, en el cual la demanda debió dirigirse contra la autoridad jurisdiccional, y no obstante esta omisión se debe declarar la procedencia del recurso, sin responsabilidad para la autoridad erróneamente recurrida, quien es representante del Ministerio Público, órgano distinto y de funciones diferentes a la autoridad jurisdiccional como es la Jueza Segunda de Instrucción Mixta cautelar de Villa Tunari”. 10El FJ III.3, precisa que: “La obligación de demandar a todos los miembros de un tribunal colegiado no es exigible en materia de hábeas corpus, sino únicamente en el recurso de amparo constitucional, que tiene naturaleza distinta al recurso planteado, por lo mismo no es de aplicación a éste, pues la Ley del Tribunal Constitucional como la doctrina constitucional emitida por esta jurisdicción ha eximido a la persona que recurra en hábeas corpus del cumplimiento de ciertos formalismos atendiendo la esencia del mismo y los fines que persigue; por consiguiente, la omisión del recurrente de plantear el hábeas corpus contra todos los integrantes del Tribunal Cuarto de Sentencia, no impide a este Tribunal ingresar a la compulsa de fondo del recurso, salvo que exista alguna otra omisión de parte del recurrente que haga imposible realizarla. Así, la SC 0360/2005-R, de 12 de abril; sin embargo, ello determina que bajo el principio general de que las concurrencias de un fallo judicial sólo alcanza a quienes participaran en la litis; en caso de procedencia, no se puede declarar responsables a las autoridades que no fueron demandadas”. 11El FJ III.1, señala que: “Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, cabe señalar que en el recurso de hábeas corpus no es necesario que se recurra a todas las autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías bajo protección de este recurso, pues basta con que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, lo que significa que la omisión en recurrir a todas las autoridades que incurrieron en la persecución, corpus, no era necesario recurrir a todas la autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías, pues es suficiente que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, este entendimiento además es asumido y aplicado en las acciones de libertad que justifican el razonamiento a partir del principio de informalismo; iv) En cuanto a las autoridades cesantes, si bien mediante la SC 0264/2004-R de 27 de febrero, al tiempo de resolver una acción de amparo constitucional, expresó que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo; posteriormente, a través de la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, se establece que en todas las acciones de defensa es suficiente identificar el cargo o la función pública en cuyo ejercicio se cometieron los supuestos actos ilegales en los casos de cesantía de servidores públicos; más tarde, la SCP 0106/2012 de 23 de abril refiere que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo, con mayor razón si la autoridad que lo asumió, ejecutó o mantuvo el acto o resolución considerado ilegal; v) También se flexibilizó la legitimación pasiva en supuestos en los que sea imposible identificar a los demandados -SCP 0998/2012 de 5 de septiembre-; excepción que si bien fue aprehensión, detención, apresamiento o procesamiento indebidos o ilegales, no impide a este Tribunal ingresar a realizar el análisis de fondo de la lesión denunciada, por lo mismo no corresponde un rechazo inmediato ante la presentación del recurso, sino estudiar las pruebas aportadas por la parte recurrente y resolver la problemática declarándola procedente o improcedente”. 12El FJ III.3.1, manifiesta que: “Por lo señalado, prima facie, debe establecerse que en mérito a la organización del Estado, el orden constitucional y el bloque de legalidad imperante, disciplinan para los diferentes órganos públicos, competencias, atribuciones y potestades públicas que deberán ser ejercidas por los servidores públicos, por lo que en virtud al ejercicio de estos roles, todos los actos u omisiones lesivas a derechos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, no implican afectaciones a derechos realizadas en ejercicio personal, en consecuencia, la identificación exigida por el art. 77.2 de la LTCP, tiene la finalidad de asegurar el derecho a la defensa y la equidad de la parte demandada, pero en el caso de servidores públicos, la defensa que debe ser garantizada para la parte demandada, no es personal, sino como autoridades que responden a una potestad pública determinada, por tanto, la cesantía de servidores públicos que hayan originado el acto u omisión indebida, no implicará incumplimiento en etapa de admisibilidad de la exigencia plasmada en el art. 77.2 de la LTCP cuando no se identifique el nombre de la nueva autoridad en ejercicio de una determinada función pública, en ese contexto, interpretando esta disposición bajo un criterio favorable a una efectiva tutela constitucional, debe establecerse que este presupuesto se tendrá por cumplido y por ende asegurado el derecho a la igualdad procesal y por supuesto a la defensa de la parte demandada, cuando en la identificación a ser realizada por el accionante, se consigne la identificación del cargo o la función pública en cuyo ejercicio pudieron cometerse actos violatorios o restrictivos a derechos fundamentales; asimismo, para cumplir con la teleología del art. 77.2 de la LTCP, se tendrá por cumplido este presupuesto, cuando además se precise el domicilio asignado para el ejercicio de dicha función pública”. 13El FJ III.1, indica que: “Por consiguiente, no sería correcto sostener que la reparación de los actos lesivos denunciados por el accionante, sean reclamados ante una autoridad judicial que perdió competencia por inhibitoria; más aún cuando existe una autoridad judicial que ejerce plena competencia actual sobre la causa y con suficiente legitimación pasiva para conocer, sustanciar y resolver los recursos ordinarios que correspondan en derecho. En este sentido, no es posible sustentar la falta de legitimación pasiva de la autoridad accionada como causa para neutralizar la presente acción tutelar”. 14El FJ III.5, expresa que: “…se tiene que la parte peticionante de tutela para el caso de vías de hecho, de manera excepcional podrá activar la tutela sin identificar a la parte demandada cuando por las circunstancias particulares del caso no sea posible una determinación de personas que incurran en vías de hecho; en ese orden, para asegurar una equidad procesal, a las personas que no hayan sido expresamente citadas como demandados y que pudieran ser afectados con los efectos de una eventual concesión de tutela por vías de hecho, no se les aplica el principio de preclusión procesal para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa.

En mérito a lo señalado, las personas que no hayan sido expresamente demandadas en acciones tutelares vinculadas a medidas de hecho, en mérito a esta flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para estos casos, y en resguardo de un equilibrio procesal, en cualquier etapa del proceso de amparo, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal”.

desarrollada en una acción de amparo constitucional, es también aplicable a la acción de libertad; vi) Cuando se trata de vías de hecho cuya legitimación pasiva tengan particulares, procede la presentación directa de la acción de libertad y de todas las acciones de defensa -SCP 0292/2012 de 8 de junio-; y, vii) El director de un centro hospitalario tiene la legitimación pasiva en acciones de libertad planteadas contra centros hospitalarios por retenciones indebidas de pacientes, en su condición de máxima autoridad, aun cuando el mismo no hubiese ordenado de manera directa la restricción de libertad, entendimiento que fue asumido por la SC 0667/2010-R de 19 de julio y reiterado por la SCP 0190/2012 de 18 de mayo, entre otras.

III.3. Análisis del caso concreto

De la formulación argumentativa de la presente acción de libertad, se reclama en esencia una presunta dilación en el trámite del recurso de apelación incidental planteado por el accionante contra la Resolución que declaró improcedente su solicitud de cesación de la detención preventiva, demora inicialmente generada por el Juez a quo demandado por no remitir el Testimonio de apelación en el término de veinticuatro horas, dejando transcurrir once días; y, a su vez prolongándose por catorce días más debido a que los Vocales demandados no señalan fecha de audiencia respectiva, incumpliendo ambas autoridades los plazos establecidos por el art. 251 del adjetivo penal. Parámetros bajo los cuales corresponde dilucidar si las autoridades demandadas incurrieron en las lesiones a los derechos fundamentales y garantías constitucionales invocadas por el impetrante de tutela.

III.3.1. Sobre la actuación presuntamente dilatoria del Juez demandado

Del examen de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional y su contrastación con lo informado por el Juez a 15El FJ III.2, establece que: “Conforme a ello, los particulares tienen el deber de respetar los derechos de terceros y, en consecuencia, de abstenerse de realizar acciones que obstaculicen el ejercicio de los mismos; pues en su caso, es posible su demanda, sea en la vía ordinaria, a través de los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, o a través de las acciones de defensa reconocidas en nuestra Constitución Política del Estado; pues tanto la acción de libertad, como las acciones de amparo constitucional, de protección a la privacidad y popular proceden contra particulares.

En ese ámbito debe precisarse que si se opta por la vía constitucional los accionantes deberán presentar la acción idónea para la defensa de sus derechos o garantías, atendiendo al ámbito de protección de cada acción; aclarándose además que, frente a vías de hecho de particulares; es decir, acciones que no tienen ningún respaldo en el derecho -sea del sistema ordinario o indígena originario campesino-, que se encuentren debidamente acreditas y se originen en una situación de desventaja del accionante respecto al demandado, con un claro abuso de poder, no corresponde denegar la tutela solicitada por subsidiariedad, en virtud, precisamente, a la ilegitimidad de dichos actos que no tienen ningún respaldo legal y menos constitucional”. 16El FJ III.5.1, precisa que: “Es pertinente aclarar que el Director de un Hospital, sea privado o público, tiene el deber de verificar que en la Institución a su cargo no se susciten situaciones irregulares, restrictivas de los derechos de sus pacientes, responsabilidad que emerge de sus funciones y atribuciones propias de máxima autoridad de un Centro hospitalario, aún cuando no hubiese sido dicha autoridad quien dispuso o impidió la salida del Hospital de un paciente por razones estrictamente económicas, pues corresponde a dicha autoridad asumir la responsabilidad por los hechos que se susciten bajo su Dirección por parte del personal, y en su caso, al conocer una situación irregular lesiva de derechos, está en la obligación de corregirlos o subsanarlos, lo que no ocurrió en el presente caso”.

quo demandado, se tiene que el Auto Interlocutorio 359/2021 de 5 de noviembre, evidentemente fue emitido en suplencia legal por Juan Roberto Aruquipa Balboa, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Acosta, a raíz de que la autoridad co demandada se encontraba gozando de las vacaciones devengadas que le correspondía, y si bien en antecedentes no se cuenta con la boleta de vacación respectiva, se entiende que la misma fue puesta a conocimiento del Juez de garantías a través del sistema virtual debido a que la audiencia de acción de libertad se celebró mediante la plataforma Cisco Webex, conforme se desprende del Auto de admisión de 1 de diciembre de 2021; por lo que, el Juez de garantías afirmó que las vacaciones de las que gozaba la autoridad demandada comprendían desde el 3 al 21 de noviembre de 2021, periodo en el que se remitió el testimonio de apelación incidental (16 de noviembre del citado año). Por lo indicado, se tiene que la cesación a la detención preventiva contra el accionante fue resuelto por otra autoridad en suplencia; por lo que, cabe enfatizar que el Juez ahora demandado, al no encontrarse ejerciendo funciones durante el referido periodo, no pudo incurrir en el hecho generador del acto lesivo, como es la falta de remisión del testimonio de apelación incidental en el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP, por lo que conforme el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde denegar la tutela respecto al Juez demandado por carecer de legitimación pasiva.

III.3.2. Sobre la actuación de los Vocales demandados

El accionante sostiene que los Vocales demandados no señalaron aún audiencia de apelación incidental, incumpliendo el plazo previsto por el art. 251 del CPP; sobre este particular, conforme los datos que informan la presente acción de defensa, se tiene que efectuada la remisión del recurso en alzada el 16 de noviembre de 2021, el 17 de ese mismo mes y año, el impetrante de tutela se apersonó ante los Vocales haciendo conocer el patrocinio de nuevo abogado a los fines de la notificación con el señalamiento de la audiencia respectiva. Asimismo, el 25 y 29 de noviembre de 2021, como alega el prenombrado, su defensa técnica solicitó se le informe sobre el señalamiento de fecha del referido actuado procesal; empero, los funcionarios de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde radicaba el recurso de impugnación, le habían informado no haberse procedido siquiera a la revisión del testimonio de apelación incidental remitido, al extremo de indicarle que retorne al siguiente año, entiéndase a raíz de la cercanía del ingreso en vacación judicial; y si bien las autoridades de alzada informaron que no se efectuó un seguimiento al recurso debido a que no se remitieron las pruebas adjuntadas a la solicitud de cesación, además de no observar la parte recurrente la previsión del art. 112 del CPP, asumiendo la determinación de devolver actuados al juzgado de origen; sin embargo, no es menos evidente que tal devolución recién se comunicó al juzgado remitente el 29 de noviembre de 2021, vía WhatsApp conforme se constata de la impresión de captura de pantalla acompañada al informe presentado por las autoridades de alzada demandadas, como también informaron en ese sentido; obteniendo por respuesta del personal del juzgado que el siguiente día -30 de ese mes y año- se apersonarían para su recojo correspondiente (Conclusión II.3), efectivizándose ciertamente el día señalado (Conclusión II.4); en tal contexto, correspondía a los Vocales demandados efectuar la revisión y señalar las observaciones pertinentes una vez recibido el testimonio de apelación incidental, y no así dejar transcurrir trece días para comunicarse con el juzgado de origen haciendo notar la supuesta omisión antes señalada; máxime si ante la presentación del memorial de 17 de noviembre de 2021, por parte del impetrante de tutela, conforme dispone el art. 132 del CPP, debieron providenciar dicho escrito señalando que el testimonio de apelación incidental sería devuelto debido a las observaciones realizadas. No obstante, no se actuó de esa manera, como tampoco se le informó tal circunstancia a su defensa técnica; por lo que dicha actuación omisiva provocó la dilación en la resolución del recurso de apelación incidental de medidas cautelares y consecuentemente la definición de la situación jurídica del accionante, lesionando su derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad que obliga a las autoridades jurisdiccionales actuar con la prontitud necesaria en la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento, adquiriendo mayor relevancia cuando de por medio se encuentra la libertad de los involucrados en el caso; dando lugar a que la tutela solicitada sea concedida bajo los parámetros de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, según precisan las directrices jurisprudenciales glosadas en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 25/2021 de 2 de diciembre, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Claudia Marcela Castro Dorado y Félix Orlando Rojas Alcón, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Se dispone que de manera inmediata los Vocales demandados o en su caso los actuales vocales que ocupan el cargo, resuelvan el recurso de apelación incidental, de acuerdo a procedimiento; siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya sido modificada. 3° DENEGAR la tutela impetrada en relación a Carlos Alejandro Espinoza Ramírez, Juez de Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 3El cuarto Considerando, señala que: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0540_2023-S1.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 86df454d459f62188799933f3d3822de4a88203096448a3ccc0b7a86368745f1

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