B.IA.LEGAL

SCP 0539/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de junio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
52641-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante considera lesionado sus derechos al debido proceso y a la libertad; alegando que, dentro el proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, luego de diez audiencias de medidas cautelares suspendidas y con una resolución de imputación formal nula y la extinción de la acción penal por prescripción, confirmado mediante Autos de Vista 025/2021 de 1 de febrero; y, 225/2021 de 26 de julio, le impusieron medidas sustitutivas a la detención preventiva, ante ello interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo el cuaderno de apelaciones, no fue remitido al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas. Posteriormente, nuevamente fue notificada con una audiencia de revocatoria de medidas cautelares convirtiéndose en una persecución ilegal e indebida por parte del Juez y Fiscal de Materia -ahora demandados-. Corresponde ahora en revisión, analizar si sus argumentos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 48/2022 de 28 de noviembre, cursante de fs. 75 a fs. 77, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en los mismos términos del Juez de garantías; 2° DENEGAR la tutela con respecto al señalamiento de audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares; y, 3° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Fiscal de Materia, al no estar al alcance del art. 215 de la CPE.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho:
  2. III.2. Del recurso de apelación contra la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, de conformidad al art. 251 del CPP
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0539/2025-S3 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52641-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 48/2022 de 28 de noviembre, cursante a fs. 75 a 77, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roció Ethel Mollinedo Banda contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, Ramiro Nelson Prieto Villegas, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de noviembre de 2022, cursante a fs. 1 y 61 a 66 vta., la accionante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, el 2008 firmó un informe catastral de inmueble, a petición de una autoridad judicial; luego de diez audiencias de medidas cautelares suspendidas y con una resolución de imputación formal nula y la extinción de la acción penal por prescripción, confirmado mediante Auto de Vista 025/2021 de 1 de febrero; y, 225/2021 de 26 de julio, le impusieron medidas sustitutivas a la detención preventiva, ante ello interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, el cuaderno de apelaciones, no fue remitido al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas. Posteriormente, nuevamente fue notificada con una audiencia de revocatoria de medidas cautelares convirtiéndose en una persecución ilegal e indebida por parte del Juez y Fiscal de Materia -ahora demandados-, sin considerar su discapacidad y su estado de salud.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; citando al efecto el art 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela “… disponga la ratificatoria de la NULIDAD DE LA IMPUTACION FORMAL, SE DEJE SIN EFECTO LOS SEÑALAMIENTOS DE AUDIENCIAS DE MEDIDAS CAUTELARES, SE DISPONGA EL ARCHIVO DE ACTUACIONES…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 73 a 74, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado en audiencia virtual, ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar; y ampliándolos señaló que: a) Planteó recurso de apelación incidental ante el Juez demandado, para su remisión al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, mismo que no cumplió y, b) Quedó sorprendida al haber sido notificada con una audiencia de medidas sustitutivas, cuando ya se habría dispuesto la nulidad de la acción.

I.2.2. Informe del demandado

Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia pese a su legal notificación; fs. 72 y vta., señaló que: 1) El art. 125 de la CPE, establece “… toda persona sin embargo, presentó informe escrito de 28 de noviembre del 2022, cursante a que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara que se guarde tutela a su vida…” (sic); 2) La accionante alegó que se habría desarrollado una audiencia de medida cautelar con una imputación nula o extinta, a este efecto señaló que la anterior autoridad jurisdiccional, emitió un Auto interlocutorio disponiendo la nulidad y la extinción de la acción penal por prescripción, misma que fue revocada por el tribunal ad quem; y, mediante resolución motivada, el Juez demandado declaró infundados los incidentes y excepciones interpuestos por la ahora peticionante de tutela; asimismo, dio continuidad a la medida cautelar impuesta; 3) Indicó que interpuso un recurso de apelación incidental, hecho que es falso; conforme establece el procedimiento del recurso de impugnación, debió interponerse de forma oral, señalando los agravios sufridos; empero, no fue así, por lo mismo precluyó el derecho que tenía ; sin embargo, días posteriores y de forma alejada a procedimiento, presentó memorial de apelación, el cual no correspondió remitir al Tribunal de alzada por no haberse apelado conforme a procedimiento; 4) En el memorial de la acción de libertad, la accionante simplemente se limitó a copiar y pegar, sentencias constitucionales que ya fueron modulados y no son vinculantes al presente caso de autos; 5) La accionante con su acción tutelar pretende que se disponga una nulidad de imputación formal, misma que es atribución del Ministerio Público; asimismo solicitó dejar sin efecto señalamientos de audiencia y el archivo de obrados, además de una libertad pura y simple, mismos que no pueden ser objeto de tutela en sede constitucional, ya que desnaturalizaría la acción de libertad; y, 6) Solicitó denegar la tutela.

I.2.3. Informe del Ministerio Público

Rubén Cruz Acarapi, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías refirió que: La pretensión no está en los alcances del art. 117 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no se centró en ninguna de sus dimensiones, referente a la vulneración de derechos, que si bien existe la Resolución 124/2022, la misma fue apelada; posteriormente la Resolución 305/2021, dispuso que el juez a quo, emita nuevamente una resolución debidamente motivada y congruente, por lo que se habría emitido la Resolución 63A/2022 de 8 de abril de 2022, que declaró infundado y rechazó la excepción, motivo por el que fue sometida a medidas cautelares la ahora accionante; y solicitó denegar la tutela.

I.2.4. Resolución

EL Juez de Sentencia Penal Octavo del El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 48/2022 de 28 de noviembre, cursante de fs. 75 a 77, concedió en parte la tutela impetrada con relación al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, debiendo observar el art. 251 del CPP, con relación al proveído de 3 de noviembre del 2022; y, remitir actuaciones ante el superior en grado, lo que impide a señalamiento de audiencias de consideración de revocatorias de medidas cautelares; y, denegó la tutela respecto al Fiscal de Materia, al no estar al alcance del art. 125 de la CPE; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Refirió al art. 125 de la CPE; establece que, toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese a la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; ii) Señaló el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), “… la acción de libertad tiene por objeto garantizar proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida procesada presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro” (sic); iii) En cuanto a la normativa internacional vinculada a la acción de libertad, hizo referencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), Pacto de San José de Costa Rica; iv) La parte accionante señaló que se habría extinguido la acción penal, como la nulidad de la imputación formal, misma que habría sido confirmada por la Sala Penal que conocía en apelación dichas resoluciones, teniéndose presente, el Auto Interlocutorio de actividad defectuosa de 3 de agosto de 2022, la Resolución 115/2021, que declaró improcedente e improbada la actividad defectuosa por nulidad de notificación, promovida por el representante del Ministerio Público; asimismo se tiene la Resolución 124/2021, que aceptó el incidente de actividad procesal defectuosa, ante la extinción de la acción penal en favor del ahora accionante, misma que mereció una apelación; v) De la revisión en actuados se tiene la Resolución 305/2021 de 4 de octubre, que admitió el recurso apelado por el Ministerio Público, declaró procedente y dejó sin efecto la Resolución 124/2021 de 17 de agosto, que emitió el Juez de Instrucción Penal de la ciudad de El Alto, dispuso que el juez a quo emita una nueva resolución motivada, fundamentada y ante todo congruente en torno a una debida fundamentación; y, no habiendo prueba que se remitió en la presente acción, además de observarse ante los arts. 169, 177 y 308 del CPP; vi) La autoridad demandada, emitió la Resolución 63 A/2002 de 8 de abril, por el cual declaró infundado la actividad procesal defectuosa y la actividad procesal defectuosa por prescripción; y, ante los riegos procesales a la imputación formal señaló audiencia de medidas cautelares y mediante Resolución 293/2022, dispuso la aplicación del art. 131 bis. del CPP, a favor de la impetrante de tutela, debiendo presentarse ante la fiscalía, prohibición de comunicarse con la víctima, fianza económica de Bs10 000,00.- prohibición de salida del territorio nacional, libertad pura y simple, salida domiciliaria verificada por la secretaria del juzgado, concediéndole un plazo máximo de setenta y dos horas hábiles para el cumplimiento de dichas medidas alternativas; vii) La accionante presentó recurso de apelación incidental el 1 de noviembre del 2022, mismo que fue providenciada el 3 del mismo mes y año; el Juez demandado, dispuso no ha lugar a su pretensión, por la inobservancia a las modificaciones de los arts. 404 y 251 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; indicó que el recurso debió interponerse de forma oral en la misma audiencia que dicto la referida resolución; viii) Posteriormente se solicitó otra audiencia de medidas cautelares por Gonzalo Quelca Mamani, señaló audiencia para el 25 de noviembre, misma que fue suspendida por jornadas de descongestionamiento procesal penal; asimismo, la accionante en audiencia reclamó al juez demandado que al existir una apelación pendiente, no debió señalar audiencia; ix) El art. 251 del CPP, establece que la resolución que modifique las medidas cautelares, será apelable en el plazo de setenta y dos horas, aspecto que se corrobora en la Resolución 393/2022 de 31 de octubre, en la parte final refiere al recurso de apelación; x) Al existir una apelación, así sea a destiempo, era obligación de la autoridad demandada, remitir al Tribunal en grado y sea esta instancia quien determine si está o no en plazo, o determine ingresar al fondo de la problemática; el Juez demandado, no debió desestimar la referida apelación, cuando la misma está reservada para el Tribunal de alzada; y, xi) La autoridad demandada al haber dispuesto no ha lugar a la pretensión de la apelación, vulneró el debido proceso, por cuanto la sustanciación de la apelación, pudio sufrir modificación, variación en la resolución inicial de medidas cautelares, consecuentemente no debió señalar audiencias de revocatoria de medidas sustitutivas sin que se resuelva la apelación por el Tribunal de alzada, aspecto que vulneró el derecho a la libertad de la accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 025/2021 de 1 de febrero; a través del cual la Sala Penal Cuarta del Tribunal de Justicia de La Paz, determinó anular la Resolución 125/2020 de 15 de octubre, referente a la apelación incidental planteado por Juan Edgar Cordero Huanca (fs. 29 a 31).

II.2.

Mediante Auto de Vista 225/2021 de 26 de julio, la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz, determinó la admisibilidad del recurso de apelación planteado por Gonzalo Quelca Mamani, a través del cual declaró improcedente y en el fondo confirmó la Resolución 15/2021 (fs. 21). II.3. Adjunta certificados médicos e informes clínicos de Rocio Ethel Mollinedo Banda- ahora accionante- (fs. 34 a 60). II.4. Consigna memorial del recurso de apelación incidental, de 1 de noviembre de 2022, dirigido al Juez -ahora demandado- mismo que fue planteada por la peticionante de tutela, contra la Resolución de 31 de octubre de 2022 (fs. 5 a 10). II.5. Por memorial de 11 de noviembre de 2022, dirigido a la autoridad demandada, Gonzalo Quellca Mamani, solicitó audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas a la detención preventiva, ello mereció el señalamiento para el 25 del mismo mes y año, a horas 11:00. (fs. 2 a 4).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante considera lesionado sus derechos al debido proceso y a la libertad; alegando que, dentro el proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, luego de diez audiencias de medidas cautelares suspendidas y con una resolución de imputación formal nula y la extinción de la acción penal por prescripción, confirmado mediante Autos de Vista 025/2021 de 1 de febrero; y, 225/2021 de 26 de julio, le impusieron medidas sustitutivas a la detención preventiva, ante ello interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo el cuaderno de apelaciones, no fue remitido al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas. Posteriormente, nuevamente fue notificada con una audiencia de revocatoria de medidas cautelares convirtiéndose en una persecución ilegal e indebida por parte del Juez y Fiscal de Materia -ahora demandados-. Corresponde ahora en revisión, analizar si sus argumentos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho:

Procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y su relación con el principio de celeridad

La SCP 0557/2020-S2 de 21 de octubre, señaló que: ”Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema.

En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’.

A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, establece que: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez’; del Estado de garantizar: ‘…el derecho al debido proceso, a la defensa y determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’ . De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que, los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aún considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación de la detención preventiva, o cualquier solicitud relacionada con la libertad-. En ese sentido, dispuesto en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero.

Debiendo resaltar, por ende, que, para la procedencia de este tipo de acción de libertad, la resolución de solicitudes cuya dilación es denunciada debe estar relacionada con la libertad; caso contrario, no existiendo la vinculación señalada, la falta de celeridad en su consideración debe ser demandada vía acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios intra procesales de reclamo regulados a dicho efecto” (las negrillas son nuestras).

III.2. Del recurso de apelación contra la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, de conformidad al art. 251 del CPP

Al respecto, la SCP 0557/2020-S2 de 21 de octubre, sostuvo que: La SCP 1619/2012 de 1 de octubre, citando a su vez, fallos constitucionales precedentes, estableció que: “Tratándose de la impugnación de las resoluciones que impongan, modifiquen o revoquen las medidas cautelares, el ordenamiento jurídico penal establece el recurso de apelación en el art. 251 del CPP, como un medio ordinario de carácter procesal que la ley confiere a los agraviados por un pronunciamiento judicial, a efectos de buscar una determinación justa, con la pretensión de una revisión integral o parcial de lo determinado, al considerarse la existencia de un agravio o lesión.

La SCP 0055/2012 de 9 de abril, señaló que: ‘En el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos e impugnaciones que otorga a las partes en el proceso penal, establece el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que por su configuración procesal y su propia naturaleza se refleja como un mecanismo sumarísimo y efectivo de protección contra presuntas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados y procesados, en el que el Tribunal de alzada tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior alegados; dado que conforme prevé el art. 251 del CPP, (modificado por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana de 4 de agosto de 2003), una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de 24 horas, debiendo el Tribunal de apelación referido, resolver dicho recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones”’. En ese marco, el Código de Procedimiento Penal, instituye dentro de su sistema de recursos -en observancia del art. 180.II de la CPE, que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales-, en su art. 251, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 03 de mayo de 2019-, se reitera, el recurso de apelación en el efecto no suspensivo contra la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, otorgando a las partes a ese efecto, el término de setenta y dos horas. Disponiendo que: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”.

En virtud a la previsión contenida en el art. 251 del CPP, la jurisprudencia constitucional, estableció la viabilidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho en los casos en que existe dilación en la remisión del recurso de apelación de las resoluciones que rechazan la solicitud de cesación de la detención preventiva. Al respecto, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en virtud a un desarrollo de la jurisprudencia constitucional vinculada a la tramitación del recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, sistematizó las subreglas delineadas por este Tribunal, estableciendo en lo pertinente al presente caso, las siguientes consideraciones:

“…iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, luego de diez audiencias de medidas cautelares suspendidas y con una resolución de imputación formal nula y la extinción de la acción penal por prescripción, confirmado mediante Autos de Vista 025/2021 de 1 de febrero; y, 225/2021 de 26 de julio, le impusieron medidas sustitutivas a la detención preventiva, ante ello interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo el cuaderno de apelaciones, no fue remitido al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas. Posteriormente, nuevamente fue notificada con una audiencia de revocatoria de medidas cautelares convirtiéndose en una persecución ilegal e indebida por parte del Juez y Fiscal de Materia -ahora demandados-. De la revisión de los antecedentes plasmados en conclusiones, se tiene el Auto de Vista 025/2021 de 1 de febrero; a través del cual la Sala Penal Cuarta del Tribunal de Justicia de La Paz, determinó anular la Resolución 125/2020 de 15 de octubre, referente a la apelación incidental planteado por Juan Edgar Cordero Huanca (Conclusión II.1); mediante Auto de Vista 225/2021 de 26 de julio, la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz, determinó la admisibilidad del recurso de apelación planteado por Gonzalo Quelca Mamani, a través del cual declaró improcedente y en el fondo confirmó la Resolución 15/2021 (Conclusión II.2); adjunta certificados médicos e informes clínicos de Rocio Ethel Mollinedo Banda -ahora accionante- (Conclusión II.3), consigna fotocopia de memorial del recurso de apelación incidental, de 1 de noviembre de 2022, dirigido al Juez -ahora demandado- mismo que fue planteada por la peticionante de tutela contra la Resolución de 31 de octubre de 2022 (Conclusión II.4); y, por memorial de 11 de noviembre de 2022, dirigido a la autoridad demandada, Gonzalo Quellca Mamani, solicitó audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas a la detención preventiva, ello mereció el señalamiento para el 25 del mismo mes y año, a horas 11:00 (Conclusión II.5).

De acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, debe tenerse en cuenta que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales, o administrativos que se encuentren directamente vinculados a la libertad; es decir, cuando existan dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona; en este caso el Juez demandado al no remitir la apelación incidental ante el Tribunal de alzada, causo dilación indebida e innecesaria en desmedro de su derecho a la libertad física y de locomoción, considerando el estado delicado de salud de la accionante.

Asimismo, de acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2, del presente fallo constitucional; la apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que por su configuración procesal y su propia naturaleza se refleja como un mecanismo sumarísimo y efectivo de protección contra presuntas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados y procesados, en el que el Tribunal de alzada tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior alegados.

En ese marco, se evidencia que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Gonzalo Quellca Mamani en contra de Juan Edgar Cordero Huanca y la ahora accionante, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica. Se tiene que mediante Auto de Vista 025/2021 de 1 de febrero; a través del cual la Sala Penal Cuarta del Tribunal de Justicia de La Paz, determinó anular la Resolución 125/2020 de 15 de octubre; asimismo, mediante Auto de Vista 225/2021 de 26 de julio, la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz, confirmó la Resolución 15/2021 de 4 de marzo, que dispuso la extinción de la acción penal a favor del imputado Juan Edgar Cordero Huanca y no así en favor de la ahora accionante, por cuanto en la audiencia de acción de libertad, el Juez de garantías, estableció la prosecución del proceso como efecto de haber sido revocado la excepción de extinción por prescripción planteado por la impetrante de tutela y ante ello el Juez demandado, llevó Resolución 293/2022 de 31 de octubre, dispuso la aplicación de medidas cautelares. adelante la audiencia de medidas cautelares y mediante Es así que, dentro del contexto señalado precedentemente, la accionante por memorial de 1 de noviembre de 2022, formuló recurso de apelación de manera escrita contra la Resolución 293/2022 de 31 de octubre, ante ello la autoridad demandada, mediante proveído de 3 de noviembre del 2022, dispuso no ha lugar a la pretensión de la apelación por la inobservancia a las modificaciones de los arts. 404 y 251 de la Ley 1173; indicó que el recurso debió interponerse de forma oral en la misma audiencia que dicto la referida resolución. No remitió el cuaderno de apelaciones ante el Tribunal de alzada, en los plazos previstos de la normativa procesal, aspecto que vulneró el debido proceso y el derecho a la libertad de la accionante. Interpuesta la apelación, las actuaciones pertinentes debieron ser remitidas al Tribunal de apelación, en el plazo de veinticuatro horas, previsto en el art. 251 del CPP, resulta incuestionable que el Juez demandado, inobservó esta obligación regulada en el precepto normativo señalado. Por los antecedentes precedentemente expuesto, compele conceder la tutela requerida por la accionante, por la evidente vulneración al debido proceso y al derecho a la libertad y de locomoción, constriñendo el principio de celeridad, en una correcta administración de la justicia y cumplimiento de los principios constitucionales en la actividad judicial.

Por otra parte, Gonzalo Quellca Mamani, en representación de Rosa Dulon Talave dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante y otros, peticionó ante la autoridad demandada, audiencia de revocatoria de medidas cautelares de la impetrante de tutela, a través del cual señaló audiencia para el 25 de noviembre de 2022 a horas 11:00; sin embargo, fue suspendida, por jornadas de descongestionamiento procesal. Según el Juez de garantías la autoridad demandada no debió señalar dicha audiencia por la existencia de una apelación incidental pendiente de trámite, posición que no es correcta debido al carácter no suspensivo de la apelación incidental sobre medidas cautelares, conforme a los razonamientos de la SCP 0302/2024-S3 de 10 de junio, en consecuencia, siendo que el Juez demandado, no incurrió en ninguna irregularidad, al programar la audiencia de revocatoria, corresponde denegar la tutela sobre este punto. De los antecedentes cursantes en el expediente, en cuanto al actuar del Fiscal de Materia demandado, no se advierte vulneración de algún derecho reclamado por la parte accionante, por ello corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 48/2022 de 28 de noviembre, cursante de fs. 75 a fs. 77, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en los mismos términos del Juez de garantías; 2° DENEGAR la tutela con respecto al señalamiento de audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares; y, 3° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Fiscal de Materia, al no estar al alcance del art. 215 de la CPE. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Notas al pie

1 (APELACIÓN): “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0539_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): eb93f082532df33323e20afd67e870dfe620f67ae0948e43ec28f170f32592f9

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