Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de junio de 2023
Deniega la tutela
El impetrante de tutela considera vulnerados sus derechos a la dignidad, a la libertad personal, al trabajo y a la “ilegalidad del proceso”; toda vez que, dentro del proceso de divorcio –en el cual se determinó el pago de asistencia familiar–, el Juez ahora demandado emitió mandamiento de apremio en su contra, por el impago de la planilla de liquidación que presentó la demandante que asciende a Bs18 222.-correspondiente del 18 febrero de 2020 al 18 de abril de 2021; sin embargo, no se consideró los pagos que realizó, los cuales se encuentran en el expediente procesal; denotando una parcialización a favor de la madre de sus hijos en su condición de ex funcionaria del Juzgador y de su íntima amistad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; b) Análisis del caso concreto; y, c) Otras consideraciones.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/21 de 15 de junio de 2021, cursante de fs. 21 vta. a 24, pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Robore del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0539/2023-S1 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 45355-2022-91-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/21 de 15 de junio de 2021, cursante de fs. 21 vta. a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rovin Mendoza García contra Cesar Castro Calvimonte, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz.
JURÍDICA
Por memorial presentado el 15 de junio de 2021, cursante de fs. 12 a 14 vta., el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso de divorcio seguido por Patricia Surubi Pedraza en su contra, el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz –ahora demandado– dispuso una asistencia familiar a favor de sus hijos en la suma de Bs1 500.- (un mil quinientos bolivianos). Posteriormente, siendo que la prenombrada, el 19 de abril de 2021, presentó liquidación de pago de asistencia familiar devengada de 18 de febrero de 2020 al 18 de abril de 2021, cuyo monto sumó un total de Bs18 222.- (dieciocho mil doscientos veintidós bolivianos); su persona objetó la misma, debido a que: a) En época de pandemia al no existir entidades bancarias para realizar los depósitos de asistencia familiar, a través de “dos señoras” que le prestaron dinero, hizo efectivo la entrega de dinero a la precitada –madre de sus hijos–, en montos de Bs6 650.- (seis mil seiscientos cincuenta bolivianos) y Bs3 500.- (tres mil quinientos bolivianos) conforme recibos originales que se encuentran en el expediente; b) La madre de sus hijos recibió –en distintas fechas– ropa y material escolar, que ascendió a una suma de Bs2 610.- (dos mil seiscientos diez bolivianos) que si bien son considerados gastos extraordinarios, empero , debía considerarse un cincuenta por ciento; y, c) El 30 de abril de 2021 hizo un depósito de Bs4 000.- (cuatro mil bolivianos) cuyo comprobante se encuentra en el cuaderno procesal. No obstante, pese a la existencia de recibos y depósito que sumaron un monto de Bs17 455.- (diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y cinco bolivianos) teniendo un saldo de Bs767.- (setecientos sesenta y siete bolivianos); el 3 de mayo de 2021, la autoridad judicial ahora demandada emitió mandamiento de apremio en su contra por la falta de pago de Bs18 222.-, encontrándose “encerrado” en la “carceleta de San José”, pese a que inclusive el 7 de junio de 2021, efectuó el depósito de Bs767.-; por lo que, el operador de justicia ahora demandado vulneró sus derechos a la locomoción y al trabajo; más aún cuando, existe parcialidad hacia la madre de sus hijos al ser ex funcionaria del Juzgado a cargo de la autoridad judicial ahora demandada tiene una relación de amistad con dicha autoridad.
El impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad personal, al trabajo y a la “ilegalidad del proceso”, citando al efecto los arts. 22 y “125” de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y se disponga su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia pública el 15 de junio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó íntegramente su acción de libertad y ampliándola la misma, refirió que: 1) Se encuentra aprehendido por una asistencia familiar devengada de “Bs. 8.000”, que fue cumplida, conforme se tiene en antecedentes del expediente y no se justifica que siga privado de su libertad de locomoción, esa situación hizo que perdiera su trabajo; y, 2) Llegó a un acuerdo con su ex pareja, con quien se comunicó por teléfono; en tal sentido, al cumplir con la pretensión de la precitada, no corresponde que siga privado de su libertad, tomando en cuenta que es hipertenso y presenta problemas del corazón; por lo que, solicitó se disponga su libertad, al cumplir con la deuda.
Cesar Castro Calvimonte, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, no presento informe ni concurrió a la audiencia programada pese a su citación, que conforme se tiene del informe del Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Robore del citado departamento de Santa Cruz, constituido en Juzgado de Garantías; la autoridad judicial demandada hubiese sido notificada por comisión instruida, la cual no cursa en el expediente.
El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Robore del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 01/21 de 15 de junio de 2021, cursante de fs. 21 vta. a 24 denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) La SCP 0486/2020-S3 de 21 de septiembre, estableció que la acción de libertad no puede ser interpuesta “dentro de una asistencia familiar”; ya que, la ejecución de mandamiento de apremio por incumplimiento de dicha asistencia, si bien está relacionada con la privación de libertad, esta no puede configurarse como una persecución indebida; existiendo los mecanismos legales para hacer prevalecer sus derechos legales; por lo que, el accionante debe recurrir ante el “Juez en suplencia de turno” a efecto de hacer prevalecer su derecho supuestamente vulnerado; ii) Al ser un tema familiar es posible llegar a un acuerdo con la parte contraria, conforme en el art. “117” del Código de Familias y del Proceso Familiar (CFPF), para que el monto adeudado pueda cancelarse en cuotas y de esta forma obtener su libertad; y, iii) El accionante manifiesta que existe parcialidad por parte del Juez ahora demandado con la demandante; no obstante, respecto a ese aspecto debió acudirse ante el Consejo de la Magistratura, presentando denuncia en contra de dicha autoridad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 3 de mayo de 2021, ante el Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, por el cual, Rovin Mendoza García –accionante– objeta la liquidación de asistencia familiar devengada presentada el 26 de abril de similar año, respecto a un monto de Bs18 222.-, manifestando que ya hizo entrega de Bs17 455.-, adeudando sólo un saldo de Bs767.-; siendo por ello que, solicita audiencia de careo para que pueda presentar testigos, quienes hicieron entrega de dineros a la madre de sus hijos; asimismo, manifestó que tiene un crédito en “el comercial Priscila”, donde la madre de sus hijos se provee de útiles y vestimenta. Y por otra parte indicó que su anterior abogado no le hizo conocer las notificaciones sobre la deuda y añadió sobre la falta de profesionalismo respecto a la parcialización con la parte contraria, que era ex funcionaria de su despacho. (fs. 8 a 9). II.2. Se advierte fotocopia simple de depósito bancario de 7 de junio de 2021, por la suma de Bs767.- abonado a la cuenta del Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.) a nombre de Patricia Surubi Pedraza (fs. 11).
El impetrante de tutela considera vulnerados sus derechos a la dignidad, a la libertad personal, al trabajo y a la “ilegalidad del proceso”; toda vez que, dentro del proceso de divorcio –en el cual se determinó el pago de asistencia familiar–, el Juez ahora demandado emitió mandamiento de apremio en su contra, por el impago de la planilla de liquidación que presentó la demandante que asciende a Bs18 222.-correspondiente del 18 febrero de 2020 al 18 de abril de 2021; sin embargo, no se consideró los pagos que realizó, los cuales se encuentran en el expediente procesal; denotando una parcialización a favor de la madre de sus hijos en su condición de ex funcionaria del Juzgador y de su íntima amistad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; b) Análisis del caso concreto; y, c) Otras consideraciones.
El art. 125 de la CPE respecto a la acción de libertad expresamente señala:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Por su parte, el entonces Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: “Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos”. Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta:
I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. En ese contexto, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a proceso. La protección eficaz tanto del derecho fundamental a la libertad como de la garantía jurisdiccional del debido proceso, se encuentra resguardada por la acción de defensa denominada “acción de libertad” regulada en los arts. 125 y 126 de esta norma suprema.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de constitucionalidad, en su art. 8 establece el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo ante los tribunales competentes para resguardar sus derechos, criterio también recogido por el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el marco de estas declaraciones se determina que la acción de libertad reconocida por la constitución es un mecanismo breve y sumario destinado a resguardar tanto el derecho a la libertad como el derecho al debido proceso.
Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos. Esta esencia procesal no difiere a la naturaleza procesal asignada en el art. 18 de la CPEabrg al recurso de hábeas corpus.
De lo expuesto precedentemente, debe establecerse que en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional.
El impetrante de tutela considera vulnerados sus derechos a la dignidad, a la libertad personal, al trabajo y a la “ilegalidad del proceso”; toda vez que, dentro del proceso de divorcio –en el cual se determinó el pago de asistencia familiar–, el Juez ahora demandado emitió mandamiento de apremio en su contra, por el impago de la planilla de liquidación que presentó la demandante que asciende a Bs18 222.-correspondiente del 18 febrero de 2020 al 18 de abril de 2021; sin embargo, no se consideró los pagos que realizó, los cuales se encuentran en el expediente procesal; denotando una parcialización a favor de la madre de sus hijos en su condición de ex funcionaria del Juzgador y de su íntima amistad. De la compulsa de los antecedentes presentados, se advierte que, cursa memorial presentado el 3 de mayo de 2021, ante el Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, por el cual, Rovin Mendoza García – accionante– objeta la liquidación de asistencia familiar devengada presentada el 26 de abril de similar año, respecto a un monto de Bs18 222.-, manifestando que ya hizo entrega de Bs17 455.-, adeudando sólo un saldo de Bs767.-; siendo por ello que, solicita audiencia de careo para que pueda presentar testigos, quienes hicieron entrega de dineros a la madre de sus hijos; asimismo, manifestó que tiene un crédito en “el comercial Priscila”, donde la madre de sus hijos se provee de útiles y vestimenta. Y por otra parte indicó que su anterior abogado no le hizo conocer las notificaciones sobre la deuda y añadió sobre la falta de profesionalismo respecto a la parcialización con la parte contraria, que era ex funcionaria de su despacho (Conclusión II.1). De igual forma, se constató fotocopia simple de depósito bancario de 7 de junio de 2021, por la suma de Bs767.- abonado a la cuenta del Banco Unión S.A. a nombre de Patricia Surubi Pedraza (Conclusión II.2). Precisados esos antecedentes, conforme a las alegaciones del accionante, se cometieron ilegalidades dentro de la solicitud de liquidación de asistencia familiar presentada por la madre de sus hijos; toda vez que, no se habría considerado los pagos efectuados a través de terceras personas, así como el crédito que tenía su persona en el “comercial Priscila”, donde la madre de sus hijos sacaba ropa y material escolar, los cuales cursan en el expediente procesal; y, pese a ello, el Juez ahora demandado habría emitido mandamiento de apremio en su contra, denotando una parcialización con la parte contraria, en razón de la relación laboral y amistad entre ambos.
Por otra parte, el peticionante de tutela refiere que el saldo de la deuda hubiese depositado a la cuenta de la demandante; por lo que, cumplió con la obligación, además, se habría llegado a un acuerdo con su ex pareja vía telefónica, no correspondiendo su apremio al evidenciarse que no debe “un solo centavo” de asistencia familiar. Ahora bien, considerando que la parte accionante alega la existencia de ilegalidades en el trámite de liquidación de asistencia familiar devengada; resulta necesario remitirse al Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el cual se sostuvo que, en mérito a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el afectado en estos casos; por tanto, la acción de libertad operara sólo en casos de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. Entendimiento que es aplicable en materia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad. Bajo ese marco, si bien el accionante considera que en la tramitación de liquidación de asistencia familiar devengada se cometieron ciertas ilegalidades que lesionaron sus derechos; no obstante, debió interponer el incidente de nulidad como medio idóneo, eficaz, inmediato y oportuno, para la reparación de las presuntas irregularidades cometidas y lesiones a sus derechos invocados en la presente acción de defensa; y, de ninguna manera acudir directamente a la jurisdicción constitucional y plantear la presente acción tutelar, porque el pretender utilizar la acción de libertad como un mecanismo de defensa de la jurisdicción ordinaria, implicaría desnaturalizar el alcance del carácter subsidiario excepcional de esta acción de defensa; máxime, si se tiene en cuenta que conforme la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, el accionante interpuso objeción a la planilla de liquidación, demostrándose con ello, que existen los mecanismos intraprocesales para impugnar las decisiones y actos en el ámbito de la asistencia familiar. Consecuentemente, en el presente caso, el accionante tiene las vías intraprocesales para impugnar la decisión asumida por el Juez ahora demandado; es decir, podía optar por interponer un incidente de nulidad o un recurso de reposición con alternativa de apelación; y, al no proceder de esa forma, corresponde denegar la misma sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
De la revisión de actuados, no se advierte la citación diligenciada a la autoridad judicial ahora demandada, lo cual conllevaría a exigir la presentación del actuado y de no haberse materializado, se dispondría la anulación de obrados; empero, siendo que en el caso concreto no se ingresa al fondo de lo denunciado, no es necesario proceder de esa forma; no obstante, se exhorta al Juez de garantías para que en casos posteriores se adjunten las diligencias de notificaciones a todas las partes procesales. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó en forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/21 de 15 de junio de 2021, cursante de fs. 21 vta. a 24, pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Robore del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 El FJ III.3 señala: “La Constitución vigente, como eje central del bloque de constitucionalidad imperante, diferencia, derechos fundamentales, garantías jurisdiccionales y acciones de defensa. En esa perspectiva, en su art. 23 garantiza el derecho fundamental a la libertad y los arts. 115.II y 117.I, 119 y 120.I disciplinan los elementos esenciales que configuran la garantía jurisdiccional del debido
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0539_2023-S1.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 987262f5ae527f3e485fdf6af01c74c1285f67f27f3228572e1972c46c2d22ce
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