Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 23 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra se dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses y posteriormente, fue ampliada por otros tres meses más, mediante Auto de Vista de 8 de noviembre de 2022, en el cual se programó audiencia para revisión de su situación jurídica a realizarse el 21 de noviembre de igual año; sin embargo, dicho acto procesal fue suspendido por falta de notificaciones; no obstante, en esa fecha se realizó la presentación de la acusación formal, siendo remitida su causa al Juzgado de Sentencia de turno el 22 de igual mes y año; por lo que reclama que al momento del cumplimiento del plazo máximo de detención preventiva -18 de noviembre de igual año a horas 23:59-, no existía acusación fiscal alguna y el 21 de noviembre del mismo año -donde debía considerarse la audiencia de revisión de su situación jurídica-, tampoco se tenía Auto de Radicatoria por el Juzgado de Sentencia; entonces, por memorial de 28 de noviembre de 2022, acudió ante la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, solicitó se reponga el acto procesal de la audiencia de revisión de su situación jurídica, petición que fue rechazada pese a solicitar inclusive su reposición; por lo que, pidió se conceda la tutela y en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada, restituir el acto procesal de consideración de su situación jurídica, celebrando audiencia para tal efecto; sea con costas y costos. En consecuencia, c…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AL-008/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 46 a 52, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0538/2025-S1 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52513-2023-106-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AL-008/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 46 a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Richard Miranda Gonzales en representación sin mandato de Eddy Nina Characayo contra Evelyn Mariela Loza Villarroel, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 13 de diciembre de 2022, cursante de fs. 31 a 36 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que está siendo juzgado injustamente, de manera ilegal e indebida, por el delito de apropiación de fondos financieros, previsto en el art. 363 quater del Código Penal (CP), todo por el hecho de haber recibido de buena fe, fondos financieros en su cuenta bancaria del Banco Ganadero Sociedad Anónima (S.A.), como efecto del pago por la venta de “criptomonedas”, por la plataforma virtual multinacional “VINANCE”; y que dentro del referido proceso penal, por Resolución de aplicación de medidas cautelares de 18 de febrero de 2022, se ha dispuesto injustamente su detención preventiva por el plazo máximo de seis meses en el Centro Penitenciario de San Sebastián (varones) de Cochabamba; es decir, hasta el día 18 de agosto del mismo año y posteriormente, por distintas resoluciones fue ampliada su detención por otros tres meses, siendo el último Auto de Vista en fecha 8 de noviembre de mencionado año, en el cual se programó audiencia para el 21 de noviembre de igual año, en razón de que el día siguiente -del cumplimiento- era un día inhábil. Sin embargo, en definitiva, el cumplimiento del plazo de su detención preventiva vencía el referido 18 de noviembre de ese año, a horas 23:59, y la realización de la audiencia de revisión de su situación jurídica estaba programada para el día 21 de noviembre del mismo año. En la indicada fecha, el acto procesal de la audiencia de revisión de su situación jurídica por cumplimiento del plazo máximo de detención preventiva no fue desarrollado, debido a que el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, no habría notificado al mencionado Centro Penitenciario, con dicho señalamiento, suspendiéndose la audiencia para tal fin, el día 24 de noviembre de 2022, fecha última en el cual el referido acto procesal tampoco se desarrolló, debido a que el mismo día, el Juzgado de Sentencia Penal Decimosegundo del mismo asiento judicial emitió el correspondiente Auto de Radicatoria, por lo que se dispuso acudir ante esta última autoridad. Además, señaló que la presentación de la acusación formal se realizó en fecha 21 de noviembre de 2022, según nota de recepción del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, y remitida la misma al Juzgado de Sentencia el 22 de igual mes y año; es decir, que al momento del cumplimiento del plazo máximo de detención preventiva en fecha 18 de noviembre de mencionado año, no existía acusación fiscal alguna y tampoco Auto de Radicatoria, el día 21 de noviembre del mismo año, donde se debía considerar la audiencia de revisión de su situación jurídica. Ahora bien, como efecto de haber vencido el plazo máximo de su detención preventiva el día viernes 18 de noviembre del mismo año, por efecto del art. 235 parágrafo III del Código de Procedimiento Penal (CPP), por memorial de 28 del mismo mes y año, acudió ante el Juzgado de Sentencia Decimosegundo, solicitó que en ejercicio de sus competencias para conocer cuestiones incidentales así como medidas cautelares, reponga el acto procesal de revisión de situación jurídica, que no se desarrolló en la etapa preparatoria por causas ajenas a su voluntad. Sin embargo de lo solicitado, la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, por providencia de 30 de noviembre de 2022 dispuso de manera ilegal y arbitraria rechazar su solicitud de realización del acto procesal de revisión de situación jurídica por cumplimiento del plazo de su detención, aludiendo a un Acuerdo de Sala Plena 01/2020 de 18 de marzo, donde se habría establecido que el plazo de duración de la medida cautelar únicamente es aplicable a la etapa preparatoria y en etapa de juicio y recursos debe desvirtuarse los riesgos procesales, sin considerar que el plazo ya vencido el 18 de noviembre del referido año, y solo correspondía reparar el acto procesal omitido por cuestiones formales; por lo que, frente a la incertidumbre jurídica se presentó recurso de reposición conforme a la normativa, por memorial de 5 de diciembre de igual año, a fin de que se restituyan derechos y garantías constitucionales; sin embargo, la determinación fue ratificada arbitraria e ilegalmente.
En definitiva, la determinación de la autoridad demandada, de rechazar su pedido de realización de audiencia de revisión de situación jurídica por cumplimiento del plazo de su detención preventiva, vulneró sus derechos al debido proceso y a la libertad, pues lo dejó en total incertidumbre jurídica, toda vez que su detención preventiva vencía el 18 de noviembre de 2022, y la audiencia de revisión de situación jurídica, se suspendió para el día lunes 21 de noviembre de igual año, es decir que el efecto del cumplimiento de su prisión preventiva se cumplía en etapa preparatoria, momentos procesales en que no existía acusación fiscal ni Auto de radicatoria, toda vez que la etapa de juicio se apertura recién el 24 de noviembre del referido año; es decir, seis días después de haberse producido el efecto de la Ley del vencimiento de su detención preventiva.
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; citando al efecto, los arts. 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a la Jueza ahora demandada a restituir el acto procesal de consideración de situación jurídica, celebrando audiencia para tal efecto; sea con costas y costos.
Celebrada la audiencia pública de acción de libertad el 14 de diciembre de 2022, conforme consta en el acta de audiencia cursante de fs. 45 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, se ratificó in extenso en los fundamentos desarrollados en su memorial de acción de libertad, citando jurisprudencia constitucional.
Evelyn Mariela Loza Villarroel, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba, por informe escrito presentado el 14 de diciembre de 2022, cursante de fs. 43 a 44 vta., señaló lo siguiente: a) Conforme a los actuados del proceso, mediante memorial de 28 de noviembre de igual año, el peticionante de tutela, solicitó la revisión de su situación jurídica; por cuanto, ya habría cumplido el plazo de detención preventiva y la referida audiencia estaba programada por el Juez de Instrucción, para el 21 de noviembre de mencionado año, consecuentemente al día siguiente se remitió la causa que fue radicada ante el despacho; por lo que, recién el 28 de noviembre de mismo año, solicitó revisión de situación jurídica por cumplimiento de plazo de la detención preventiva, la cual fue rechazada por no adecuarse a los parámetros establecidos en la norma penal, providencia que fue recurrida en aplicación del art. 401 del CPP, misma que fue rechazada; b) La SCP 0281/2021-S2 de 8 de julio, estableció que: “…la Disposición Transitoria Décima Segunda en su párrafo segundo de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, indica: ‘En caso de solicitarse la continuidad de la detención, deberá establecer el plazo de duración de la misma y los actos investigativos a realizar. El juez fijará el plazo atendiendo a la razonabilidad y proporcionalidad del planteamiento fiscal, víctima, querellante o coadyuvante…’” (sic) (el resaltado es nuestro); debiendo armonizar la disposición con el art. 233.3 del CPP, modificado por el art. 2.III de la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, que en su parte pertinente al caso, determinó que en audiencia debe acreditarse: “El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término…” (sic) (énfasis agregado); más abajo el precitado precepto, señala: “En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo; significando que, únicamente en etapa preparatoria procede la aplicación de la cesación de acuerdo al art. 239.2 del CPP, en cuanto al plazo de la detención preventiva, vencida esta etapa el mencionado término será considerado para la cesación de la medida cautelar en el marco de los numerales 3 y 4 del aludido artículo Código Adjetivo Penal; en efecto, en fase de juicio oral al no existir actos investigativos que desplegar; en razón a que, ya existe requerimiento de acusación fiscal, corresponde necesariamente enervar los riesgos procesales que sostienen la medida cautelar extrema para obtener la cesación a la medida impuesta…” (sic) (las negrillas son nuestras); y, c) Amparándose en el Instructivo SP-TDJ-CBBA 01/2020 de 18 de marzo, pronunciado por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, se tiene que en esta etapa ya no corresponde la revisión de la situación jurídica, sino la cesación a la detención preventiva, misma que deberá ser enfocada en desvirtuar riesgos procesales, conforme a la exigencia procesal incorporada por la Ley de modificaciones a la -Ley 1173-; por lo que, al no existir vulneración de derecho alguno, puesto que la providencia de 30 de noviembre y Auto de 6 de diciembre, ambos de 2022, fueron pronunciados en estricta observancia de los preceptos legales pertinentes al caso, solicitó se deniegue la tutela.
El Ministerio Público no asistió a la audiencia de consideración de este mecanismo constitucional, pese a su legal citación cursante a fs. 42.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución AL-008/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 46 a 52, denegó la tutela solicitada, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 1) La decisión controvertida no genera lesión alguna al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, puesto que no se encuentra fuera de los marcos legales establecidos por el procedimiento penal, sino que la misma explicó de manera clara y concreta, a tiempo de resolver el recurso de reposición presentado, que la petición del ahora demandante de tutela no era atendible; 2) Dicho criterio tiene su base en lo determinado en la Disposición Transitoria Décima Segunda, que en su párrafo segundo de la Ley 1173, señaló que en caso de solicitar la continuidad de la detención, deberá establecer el plazo de duración de la misma y los actos investigativos a realizar, y el juez fijará el plazo atendiendo a razonabilidad y proporcionalidad del planteamiento fiscal, víctima, querellante o coadyuvante; debiendo armonizar dicha disposición con el art. 233.3) del CPP, modificado por el art. 2.III de la Ley 1226, que en su parte pertinente determina que en audiencia debe acreditarse el plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término; y además en etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva, se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral dos del mismo Artículo; 3) De lo anotado se concluye que únicamente en la etapa preparatoria procede la aplicación de la cesación de acuerdo al art. 239.2) del CPP, en cuanto al plazo de la detención preventiva, vencida dicha etapa el mencionado término será considerado para la cesación de la medida cautelar en el marco de los numerales 3) y 4), e incluso del numeral 1) de la norma adjetiva, debido a que en la etapa de juicio oral es claro que no existen actos investigativos que desplegar, al existir un requerimiento conclusivo de acusación fiscal, correspondiendo ser enervados los riesgos procesales que sostienen la medida cautelar extrema, para obtener la cesación a la medida impuesta; 4) Sobre el reclamo que antes de presentarse la acusación no estuviera radicada la causa ante el Juzgado de Sentencia, ya estaba cumplido el plazo de duración de la detención preventiva del ahora accionante, al haber vencido el día 18 de noviembre de 2022, cabe recordar que en dicha cuestión de derecho, no basta que el plazo esté vencido; sino que, es necesario además que sea declarado por decisión judicial motivada para tener efectividad; y, 5) En lo relativo al reclamo de que se le limitó su derecho a la audiencia, al haberse negado la autoridad demandada a programar la que le fue solicitada, debe aclararse que tampoco concurre tal vulneración, toda vez que como inequívoca consecuencia del razonamiento en sentido de que en etapa de juicio no es posible considerar la aplicación del citado art. 239.2) del CPP, es obvio que la programación de una audiencia conllevaría un ejercicio inútil al poder anticiparse cuál será la decisión, lo que contravendría el deber del juez, de velar porque los casos bajo su conocimiento se desarrollen de manera que se precautele la vigencia de los principios que rigen el proceso.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa copia de Acta de Audiencia Virtual de Medida Cautelar de 18 de febrero de 2022, correspondiente a Eddy Nina Characayo -ahora impetrante de tutela-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Roberto Carvajal Montero, representante del Banco BISA S.A., contra el mencionado, por la presunta comisión de los ilícitos de manipulación informática y delitos financieros, previstos y sancionados por los arts. 363 bis y 363 quater del CP; en cuya parte resolutiva se dispuso que el demandante de tutela asuma defensa con la detención preventiva en el Centro Penitenciario de “San Sebastián Varones”, sea por un lapso de seis meses, a los fines solicitados por el Ministerio Público; y por otro lado señaló audiencia de consideración de la situación jurídica para el día jueves 18 de agosto de 2022 a horas 08:45, debiendo notificarse a dicho fin al Director del mencionado Penal, a objeto de que faciliten un ambiente adecuado para la celebración de la audiencia virtual (fs. 3 a 10 vta.). II.2. Consta copia de Acta de Audiencia de Apelación Incidental de Medida Cautelar y Auto de Vista de 8 de noviembre de 2022, por la cual la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba declaró procedente la apelación formulada por Roberto Carvajal Montero; y confirma la parte dispositiva de la Resolución emitida el 28 de octubre del mismo año, con las correcciones efectuadas en la parte considerativa determinándose que la ampliación de la detención preventiva que viene cumpliendo Eddy Nina Characayo; sea por tres meses, si esto es así la audiencia de revisión de situación jurídica de la persona cautelada debe desarrollarse el 21 de noviembre de igual año, a horas 09:00, toda vez que el art. 235 ter del CPP, claramente establece la obligación de fijarse fecha exacta para realizar esta revisión de situación jurídica de la persona cautelada (fs. 13 a 19). II.3. Cursan dos Actas de Audiencia virtual de Consideración de Situación Jurídica (suspendidas), de 21 y 24 de noviembre de 2022, ante el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba (fs. 20 a 21 vta.). II.4. Consta el Auto de 21 de noviembre de 2022, por el cual la Jueza de Instrucción Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso la remisión de la acusación y los antecedentes pertinentes ante el Juzgado de Sentencia Penal de turno; con la respectiva nota de atención -con cargo de recepción de fecha 22 de ese mes y año- por el Juez de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Cochabamba (fs. 29 a 30).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra se dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses y posteriormente, fue ampliada por otros tres meses más, mediante Auto de Vista de 8 de noviembre de 2022, en el cual se programó audiencia para revisión de su situación jurídica a realizarse el 21 de noviembre de igual año; sin embargo, dicho acto procesal fue suspendido por falta de notificaciones; no obstante, en esa fecha se realizó la presentación de la acusación formal, siendo remitida su causa al Juzgado de Sentencia de turno el 22 de igual mes y año; por lo que reclama que al momento del cumplimiento del plazo máximo de detención preventiva -18 de noviembre de igual año a horas 23:59-, no existía acusación fiscal alguna y el 21 de noviembre del mismo año -donde debía considerarse la audiencia de revisión de su situación jurídica-, tampoco se tenía Auto de Radicatoria por el Juzgado de Sentencia; entonces, por memorial de 28 de noviembre de 2022, acudió ante la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, solicitó se reponga el acto procesal de la audiencia de revisión de su situación jurídica, petición que fue rechazada pese a solicitar inclusive su reposición; por lo que, pidió se conceda la tutela y en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada, restituir el acto procesal de consideración de su situación jurídica, celebrando audiencia para tal efecto; sea con costas y costos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre la fijación del plazo de la detención preventiva y su solicitud de ampliación; ii) De la cesación a la detención preventiva en función al art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal; y, iii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0585/2021-S1 de 25 de octubre, entre otras, asumió el siguiente entendimiento. Respecto a la fijación del plazo para la detención preventiva, el art. 233 del CPP, modificado por la La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y esta a su vez por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, establece:
Artículo 233. (REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN PREVENTIVA). La detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos:
1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; 3. El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. En caso que la medida sea solicitada por la víctima o el querellante, únicamente deberá especificar de manera fundamentada el plazo de duración de la medida.
En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo.
El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por éste” (el resaltado es añadido). Respecto a la solicitud del fiscal para la ampliación del plazo de la detención preventiva la citada Ley 1173, en la Disposición Transitoria Décima Segunda establece la conminatoria al Ministerio Público, señalando que:
Décima segunda. - (Conminatoria al Ministerio Público). Dentro del plazo de quince (15) días calendario posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, bajo responsabilidad, las y los jueces penales, de oficio conminarán a la o el fiscal asignado al caso a través de la o el Fiscal Departamental, a la víctima, aunque no se hubiese constituido en querellante y a los cuadyuvantes si existieran para que dentro del plazo de los noventa (90) días calendario siguientes se pronuncien en los procesos con detenidos preventivos, sobre la necesidad de mantener la detención preventiva o disponer su cesación, conforme al régimen de cesación de medidas cautelares personales.
En caso de solicitarse la continuidad de la detención, deberá establecer el plazo de duración de la misma y los actos investigativos a realizar. El juez fijará el plazo atendiendo a la razonabilidad y proporcionalidad del planteamiento fiscal, victima, querellante o coadyuvante.
En caso de solicitarse la cesación, podrá solicitar la aplicación de otra medida cautelar personal menos grave o formular el requerimiento conclusivo que considere pertinente.
Si al vencimiento del plazo el Ministerio Público no se pronuncia, se dispondrá la cesación de la detención preventiva, bajo responsabilidad de la o el fiscal asignado al caso. (las negrillas son añadidas). De la interpretación gramatical y teleológica del numeral 3 del art. 233 del CPP precitado, que establece como requisito de la detención preventiva la fijación del plazo de su duración y los actos investigativos que realizará en dicho término; así como, de su interpretación sistemática en consideración a lo dispuesto por el numeral 3 de la norma en examen que señala:
“En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo”. así como de las causales de cesación a la detención preventiva prevista en art. 239 del CPP; y finalmente en consideración a que la razonabilidad de la duración de la medida cautelar constituye un requisito de validez, es posible concluir que se establece que la exigencia de la fijación del plazo de la detención preventiva para el desarrollo de actividades investigativas, corresponde durante la etapa preparatoria, dado que es en esa fase donde se desarrolla la investigación a la que se alude; y que, por consiguiente la casual de cesación establecida tanto en el numeral 2 del precitado artículo, como en la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley 1173, se refiere a esa fase del proceso, puesto que, respecto a las fases del juico y recurso -donde ya no se desarrolla actos investigativos- no es aplicable la fijación judicial del plazo de la detención preventiva ni dicha causal de cesación; puesto que, en lo que concierne a la razonabilidad; es decir, a la duración de la detención preventiva examinada cuando el caso se halla en fase del juicio o de los recursos, son aplicables las causales previstas en los numerales 3 y 4 del art. 239 del CPP. Por supuesto, en los casos que corresponda, también son aplicables a las 1Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.
Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.”
causales previstas en los numerales 1, 5 y 6, referidas al examen de los otros requisitos de validez de la restricción de la libertad personal por medio de la detención preventiva, cuya aplicación; sin embargo, es revisable de oficio conforme a lo dispuesto por el art. 250 del CPP.
239.2 del Código de Procedimiento Penal
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0717/2020-S1 de 11 de noviembre, precedida por el Voto Disidente de la SCP 0675/2018-S2 de 17 de octubre, y reiterada por la SCP 0585/2021-S2 de 28 de septiembre, desarrolló el siguiente razonamiento. La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, introdujo el numeral 2 al art. 239 del CPP, estableciendo como una de las causales de cesación de las medidas cautelares personales: “Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención”. Sobre la cesación, en cuanto al cumplimiento del plazo dispuesto para la detención, esta procede únicamente cuando el Ministerio Público no haya solicitado la ampliación de la detención preventiva, sin que se exija otro requisito; empero, si es que el Fiscal solicitó la ampliación de detención, esta debe ser considerada en una audiencia pública, donde el Juez debe considerar la pertinencia de la solicitud atendiendo las exposiciones de las partes, y en caso de hacer viable la misma esta autoridad debe establecer el plazo de manera razonable y proporcional, siempre y cuando no exista otra medida menos gravosas para su aplicación.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra se dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses y posteriormente fue ampliada por otros tres meses más, mediante Auto de Vista de 8 de noviembre de 2022, en el cual se programó audiencia para revisión de su situación jurídica a realizarse el 21 de noviembre de igual año; sin embargo, dicho acto procesal fue suspendido por falta de notificaciones; no obstante, en esa fecha se realizó la presentación de la acusación formal, siendo remitida su causa al Juzgado de Sentencia de turno el 22 de igual mes y año; por lo que reclamó que al momento del cumplimiento del plazo máximo de detención preventiva -18 de noviembre de igual año a horas 23:59-, no existía acusación fiscal alguna y el 21 de noviembre del mismo año -donde debía considerarse la audiencia de revisión de su situación jurídica-, tampoco se tenía Auto de Radicatoria por el Juzgado de Sentencia; entonces, por memorial de 28 de noviembre de mencionado año, acudió ante la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, solicitando reponga el acto procesal de la audiencia de revisión de su situación jurídica, petición que fue rechazada pese a solicitar inclusive su reposición.
De los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se advierte que, en el proceso penal seguido contra Eddy Nina Characayo -ahora demandante de tuela-, por Resolución de aplicación de medidas cautelares de 18 de febrero de 2022, se dispuso su detención preventiva por el plazo máximo de seis meses en el Centro Penitenciario de San Sebastián (varones) de Cochabamba, es decir hasta el día 18 de agosto de 2022, en que debía realizarse la audiencia de consideración de la situación jurídica (Conclusión II.1); y posteriormente, por Resolución de 8 de noviembre de igual año, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba declaró procedente la apelación formulada por Roberto Carvajal Montero, y confirmó la parte dispositiva de la Resolución emitida el 28 de octubre de mencionado año, determinándose la ampliación de la detención preventiva que venía cumpliendo Eddy Nina Characayo, por tres meses, señalando audiencia de revisión de situación jurídica de la persona cautelada para el 21 de noviembre de 2022, a horas 09:00 (Conclusión II.2). Posteriormente, se tienen dos Actas de Audiencia virtual de Consideración de Situación Jurídica (suspendidas), de 21 y 24 de noviembre de 2022, ante el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba; la primera debido a la falta de asistencia del imputado y del Fiscal de Materia; y la segunda, debido a la existencia de Auto de Radicatoria por el Juzgado de Sentencia Penal y consiguiente pérdida de competencias del Juez de Instrucción (Conclusión II.3). Se tiene además, el Auto de 21 de noviembre del mismo año, por el cual la Jueza de Instrucción mencionada, dispuso la remisión de la acusación y los antecedentes pertinentes ante el Juzgado de Sentencia de turno, con la respectiva nota de atención -con cargo de recepción de fecha 22 de ese mes y año- por el Juzgado de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Cochabamba (Conclusión II.4). Ante lo cual, -según indican, el accionante y autoridad demandada- el demandante de tutela presentó memorial de 28 de noviembre de 2022, ante la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, solicitó se reponga el acto procesal de audiencia de revisión de situación jurídica que no se desarrolló en etapa preparatoria; empero, ésta petición fue rechazada mediante providencia de 30 de igual mes y año, utilizando como argumento el Instructivo SP-TDJ-CBBA 01/2020 de 18 de marzo, pronunciado por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, donde se habría establecido que el plazo de duración de la medida cautelar únicamente es aplicable en etapa preparatoria y que en etapa de juicio y recursos debe desvirtuarse los riesgos procesales; determinación contra la cual presentó recurso de reposición el 5 de diciembre de 2022, que a su vez fue ratificada mediante Auto de 6 de ese mes y año. En ese sentido, acude a la justicia constitucional denunciando que se encuentra en total incertidumbre, por cuanto su detención preventiva vencía el 18 de noviembre de 2022, cuando el proceso aún se encontraba en etapa preparatoria y para el momento de la audiencia de revisión de situación jurídica de 21 de noviembre del mencionado año (suspendida), no existía acusación fiscal ni Auto de Radicatoria, toda vez que la etapa de juicio se aperturó recién el 24 de noviembre del referido año, es decir, seis días después del vencimiento de su detención preventiva; por lo que solicitó, se ordene a la autoridad ahora demandada -Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba- restituya el acto procesal de consideración de su situación jurídica celebrando la audiencia. Por su parte, la autoridad demandada especifica que en esta etapa ya no correspondería la revisión de la situación jurídica, sino la cesación a la detención preventiva, misma que debía ser enfocada en desvirtuar riesgos procesales, conforme a la exigencia procesal incorporada por la Ley de modificaciones a la Ley 1173, citando al efecto la SCP 0281/2021-S2 de 8 de julio y el Instructivo SP-TDJ-CBBA 01/2020 de 18 de marzo, pronunciado por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Ahora bien, la jurisprudencia descrita en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de este fallo constitucional, son aplicables al caso concreto, por cuanto realizan una interpretación gramatical, teleológica y sistemática del art. 233 del CPP, modificada por la Ley 1173 y esta a su vez por la Ley 1226, y de la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173; en principio, se establece que la exigencia de la fijación del plazo de la detención preventiva para el desarrollo de actividades investigativas, corresponde durante la etapa preparatoria, dado que es en esa fase donde se desarrolla la investigación a la que se alude; y que por consiguiente, la casual de cesación establecida en el art. 239.2 del CPP, como en la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley 1173, se refiere a esa fase del proceso; puesto que, respecto a las fases del juicio y recursos -donde ya no se desarrolla actos investigativos-, no es aplicable la fijación judicial del plazo de la detención preventiva ni dicha causal de cesación. Entonces, al evidenciarse que el proceso penal seguido contra el accionante se encuentra efectivamente en etapa de juicio oral, no se observa vulneración de los derechos invocados, por cuanto el análisis desarrollado por la autoridad demandada es correcto al concluir que en el caso concreto -en la etapa en que se hallaba- era inaplicable desarrollar una audiencia de revisión de situación jurídica basada en el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173; debiendo circunscribir su solicitud en torno a demostrar la inconcurrencia de los riesgos procesales dispuestos para la detención preventiva y que estén vigentes; por lo que, al no haberse constatado lesión alguna de derechos fundamentales; corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AL-008/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 46 a 52, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0538_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6141f78d4a6995447648e89ca78aea0703332be3a2b6ec1800a5791b0f8016d6
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