B.IA.LEGAL

SCP 0538/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 6 de septiembre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
6 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
49510-2022-100-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas; se dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 49/2022 de 25 de febrero, por un plazo de sesenta (60) días. En dicho fallo, se fijó una audiencia para considerar su situación jurídica el 27 de abril de 2022, encontrándose las partes procesales debidamente notificadas. No obstante, hasta la fecha de interposición de la presente acción de tutela, la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- no ha considerado su situación jurídica, a pesar del vencimiento del plazo establecido y de las solicitudes de señalamiento de audiencia presentadas mediante memoriales de 13 y 27 de mayo de 2022. Sin embargo, por proveído de 30 de mayo de 2022, dispuso que su situación jurídica no sería considerada hasta la remisión del expediente original, que actualmente se encuentra en apelación restringida ante el Tribunal de alzada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07 de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 189 a 191, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.

2° Llamar la atención a Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en su condición de miembro del Tribunal de garantías, por haber desarrollado la audiencia de la presente acción de defensa de forma unipersonal; ya que al tratarse de un Tribunal colegiado, tiene la obligación, con la debida diligencia y celeridad, de convocar al Vocal llamado por ley para poder conformar el Tribunal de garantías y no resolver la presente acción de libertad de forma individual.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia
  2. III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0538/2024-S1 Sucre, 6 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 49510-2022-100-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 07 de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 189 a 191, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Saigua Morales contra Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de julio de 2022, cursante de fs. 181 a 182 vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que, en el marco del proceso penal impulsado por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley 1008, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. Refiere que en lugar de llevarse a cabo la audiencia de medidas cautelares programada para el 7 de agosto de 2021, se celebró la audiencia de procedimiento abreviado, emitiéndose la Sentencia 22/2021 que fue impugnada mediante recurso de apelación restringida presentado el 25 de enero de 2022, siendo remitida a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en virtud del proveído de 15 de febrero de 2022.

Señala que las medidas cautelares dispuestas por la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del Departamento de Santa Cruz, a través del Auto Interlocutorio 49/2022 de 25 de febrero, estableció un plazo de sesenta (60) días para la detención preventiva, consecuentemente se señaló audiencia para el 27 de abril de 2022, quedando las partes debidamente notificadas. Sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, la Jueza ahora demandada no ha considerado su situación jurídica.

Conforme al art. 238 del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuando el Juez de Ejecución Penal observa una violación del régimen legal de detención preventiva o la superación del plazo establecido, debe comunicarlo inmediatamente a la autoridad judicial para que resuelva la situación jurídica del detenido en audiencia pública dentro de las veinticuatro (24) horas. Empero, en su caso, no se informó sobre el vencimiento del plazo de su detención preventiva.

En consecuencia, el 27 de mayo de 2022, el accionante solicitó una audiencia para considerar su solicitud de cesación de la detención preventiva por vencimiento del plazo de la medida cautelar. No obstante, a través del proveído de 30 de mayo de 2022, la Jueza ahora demandada expresó que " En merito a la nota que antecede al evidenciarse lo indicado se tiene presente y acumúlese a sus antecedentes una vez sea remitido a este despacho el cuaderno procesal original" (sic), dando a entender que se consideraría su solicitud solo cuando se tuviera el expediente original. En ese sentido, el cuaderno procesal fue remitido en grado de apelación y posiblemente se remita en grado de casación.

Tal afirmación resulta ilógica, ya que la Jueza, quien dictó la Sentencia 22/2021 de 7 de agosto mediante procedimiento abreviado, tiene la obligación de considerar la cesación de la detención preventiva con las fotocopias legalizadas remitidas por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Por lo tanto, la mencionada autoridad judicial no puede demorar la consideración de su situación jurídica alegando la falta del expediente original, pues esto constituiría una dilación procesal indebida que vulnera directamente su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad; citando al efecto, los arts. 13, 22, 23 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que en el plazo de veinticuatro (24) horas se señale día y hora de audiencia para considerar la cesación a su detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad se realizó el 21 de julio de 2022, según consta en acta cursante a fs. 189; produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante no asistió a la audiencia de la presente acción de defensa; no obstante, su legal notificación cursantes de fs. 184 a 185.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 21 de julio de 2022, cursante a fs. 188 y vta., manifestó que, conforme a los archivos del Juzgado, el proceso penal seguido contra el accionante fue remitido en original en grado de apelación restringida ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en fecha 16 de mayo de 2022. Por tanto, no cursa ningún actuado en su despacho judicial, situación que le impide resolver cualquier solicitud del imputado, en ese entendido éste no ingresó a despacho por el motivo señalado. Consecuentemente, considera que no se vulneró ningún derecho o garantía constitucional y solicita se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante la Resolución 07 de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 189 a 191, concedió la tutela impetrada y otorgó el plazo de veinticuatro (24) horas para la instalación y trámite de la cesación a la detención preventiva solicitada, basándose en los siguientes fundamentos: a) El 7 de agosto de 2021, en vez de celebrar la audiencia de medidas cautelares, se llevó a cabo un procedimiento abreviado, dictándose Sentencia condenatoria 22/2021 contra el ahora accionante. Esta sentencia fue apelada restringidamente el 25 de enero de 2022 y remitida al Tribunal de alzada el 16 de mayo del mismo año; b) De la revisión del acta de la audiencia de medidas cautelares y del Auto Interlocutorio 49/2022 de 25 de febrero, se constata que la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital de Santa Cruz, conforme al art. 233.3 del CPP modificado por la Ley 1173, estableció un plazo de sesenta (60) días para la detención preventiva, fijando audiencia para el 27 de abril del mismo año, encontrándose las partes debidamente notificadas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha resuelto su situación jurídica. En este contexto, el art. 238 del CPP dispone que, cuando el Juez de Ejecución Penal advierta una violación del régimen de detención preventiva o superación de los plazos establecidos, debe comunicarlo de inmediato a la autoridad jurisdiccional del proceso, la cual resolverá en audiencia pública dentro de las veinticuatro (24) horas. El 27 de mayo de 2022, el solicitante requirió una audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva debido al vencimiento del plazo antes señalado; c) El proveído de 30 de mayo de 2022, hace referencia a que la Jueza ahora demandada, considerará su situación jurídica una vez el cuaderno procesal original sea remitido a su conocimiento; no obstante, se puede observar que el proceso se encuentra en apelación restringida y es posible que posteriormente sea objeto de recurso de casación, por lo que es ilógico que la Jueza ahora demandada solicite el original para resolver su situación jurídica; d) De la documentación adjunta, cursa el oficio de 26 de mayo de 2022, por el que se constata la remisión del expediente en fotocopias legalizadas a la Jueza ahora demandada; asimismo, se observa que este oficio fue firmado y recibido a horas 09:43 del 27 de mayo de 2022; e) Por esos antecedentes, se considera que la Jueza ahora demandada, con la documentación correspondiente al caso, debe instalar la audiencia solicitada por el ahora accionante, ya que se le está privando su derecho a la locomoción y presunción de inocencia, en el entendido de que la Sentencia no se encuentra ejecutoriada, dado que al momento de señalar los sesenta (60) días de detención preventiva, debió instalar la audiencia el 27 de abril de 2022 a horas 09:00, lo cual no ocurrió.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1. Cursa Resolución de Imputación Formal de 7 de agosto de 2021, a través de la cual, el Fiscal de Materia de la causa “IMPUTA FORMALMENTE a JUAN CARLOS SAIGUA MORALES, en la comisión del delito de SUMINISTRO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, previsto y sancionado por el Art. 51 de la Ley 1008, demostrando el Ministerio Público con todos los elementos cursantes en el cuaderno de investigación que deberán ser debidamente valorados y compulsados por su Autoridad, plenamente la concurrencia de lo establecido en el Art. 233 inc. 1 del CPP” (sic [fs. 3 a 6 vta.]).

II.2. Se tiene acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares y Sentencia 22/2021, ambos de 7 de agosto, de procedimiento abreviado, emitida por la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, que resuelve “…en aplicación a los Arts. 373, 374 y 365 del Código de Procedimiento Penal, en primera instancia FALLA declarando los hechos cometidos como delitos de SUMINISTRO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS previsto y sancionado por el Art. 51 de la ley 1008, señalando como autora y culpable al ciudadano e imputado JUAN CARLOS SAIGUA MORALES y se lo condena a OCHO AÑOS de reclusión a cumplirse en la cárcel pública de esta ciudad Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola” (sic [fs. 38 a 41]).

II.3. Por Acta de audiencia tutelar y Resolución 21 de 30 de septiembre de 2021, el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, en conocimiento de la acción de libertad planteada por el ahora accionante, resolvió: “1) DENEGAR LA TUTELA EN CONTRA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FERNANDO MEJIA GALLARDO Y LA JUEZ DEL JUZGADO 8° DE INSTRUCCIÓN LA DRA. ANAHI AÑEZ MENDOZA por no haberse demostrado que hayan vulnerado directamente los derechos y garantías constitucionales del accionante. 2) SE CONCEDE LA TUTELA DE ACCIÓN DE LIBERTAD EN CONTRA DEL DR. EDGAR SAUL ARCE MENDOZA en su calidad de abogado de oficio por haberse observado que no asesoro adecuadamente e informo de manera oportuna y correcta al accionante, se dispone dejar sin efecto la notificación realizada al acusado de fecha 7 de agosto de 2021 cursante a fs. 41 del cuaderno procesal y la correspondiente ejecutoria de de Sentencia de fecha 19 de agosto de 2021 cursante a Fs. 50 del cuaderno procesal, debiéndose notificar conforme a las previsiones establecidas en el art. 160, 163 del C.P.P…”(sic [fs. 57 a 63 vta.]).

II.4. Por Auto Interlocutorio 49/2022 de 25 de febrero, emitido en audiencia de aplicación de medidas cautelares, la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, resolvió: “Primero: disponer para JUAN CARLOS SAIGUA MORALES, la DETENCIÓN PREVENTIVA debiendo guardar detención preventiva en el centro de rehabilitación Santa Cruz (Cárcel Pública de Palmasola) (…) Segundo: De conformidad al Art. 233 Núm. 3) de la ley 1970 modificado por la Ley 1173, el plazo de la duración de la detención preventiva será de SESENTA (60) días tomando en cuenta que existe una sentencia condenatoria dictada en su contra la misma que no tiene calidad de cosa juzgada debe ser remitida en apelación por lo que estando en vigencia riesgos procesales es necesario asegurar la presencia del imputado a efectos en este proceso. Así mismo de conformidad al Art. 235 TER del C.P.P: se va a señalar audiencia a objeto de considerar la situación jurídica del imputado para el día Miércoles 27 de abril de 2022 a Hrs. 09:00 A.M. quedando las parte legalmente notificadas en audiencia” (sic [fs. 140 a 147 vta.]).

II.5. Cursa Nota CITE SPP/OF. 747/22 de 26 de mayo, de referencia “REMISIÓN DE EXPEDIENTE EN FOTOCOPIAS LEGALIZADAS”, remitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ante la Jueza de Instrucción Penal Octava de la capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, la cual señala: “En cumplimiento al proveído de -20- de mayo de 2022 -fs. 173 vta.-, se remite a fojas ciento setenta y uno (Fs. 171) útiles, el expediente relativo al proceso penal, que por la supuesta -comisión del delito de SUMINISTRO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, sigue el MINISTERIO PÚBLICO contra JUAN CARLOS SAIGUA MORALES, elevado en grado de APELACIÓN INCIDENTAL…” (sic), con cargo de recepción de 27 de mayo de 2022 a horas 09:43 y Nota firmada y sellada por el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, que establece “NOTA: las fotocopias legalizadas adjuntas ingresan a despacho sin el cuaderno procesal por cuanto el mismo fue remitido en Grado de Apelación Restringida de la Sentencia N° 22/2021 de fecha 07 de Agosto de 2021” (sic [fs. 176 a 177]).

II.6. Se tiene memoriales de 13 y 27 de mayo de 2022, por los que el ahora accionante, solicita señalamiento de audiencia pública para considerar la cesación de sus medidas cautelares personales conforme el los arts. 239.2 y 250 del CPP; cuyo proveído de 30 de mayo de 2022, emitido por la Jueza ahora demandada, señaló que: “En merito a la nota que antecede al evidenciarse lo indicado se tiene presente y acumúlese a sus antecedentes una vez sea remitido a este despacho el cuaderno procesal original” (sic [fs. 178 a 180]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas; se dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 49/2022 de 25 de febrero, por un plazo de sesenta (60) días. En dicho fallo, se fijó una audiencia para considerar su situación jurídica el 27 de abril de 2022, encontrándose las partes procesales debidamente notificadas. No obstante, hasta la fecha de interposición de la presente acción de tutela, la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- no ha considerado su situación jurídica, a pesar del vencimiento del plazo establecido y de las solicitudes de señalamiento de audiencia presentadas mediante memoriales de 13 y 27 de mayo de 2022. Sin embargo, por proveído de 30 de mayo de 2022, dispuso que su situación jurídica no sería considerada hasta la remisión del expediente original, que actualmente se encuentra en apelación restringida ante el Tribunal de alzada.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: 1) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia; 2) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0032/2019-S2 de 25 de marzo; entre otras, asumió el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.

Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)

III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la

ley… (las negrillas son nuestras).

De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.

Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal.

Por su parte, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció que se considera actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se señale la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificado legalmente y no comparecen a la audiencia.

Posteriormente, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, modulando este entendimiento y la subregla establecida en el SC 0078/2010-R, en cuanto al plazo para fijar audiencia, señaló que éste no podía exceder de tres días; además, que la solicitud de cesación de la detención preventiva debe ser providenciada dentro del plazo de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del Código Procesal Penal (CPP), al tratarse de una providencia de mero trámite.

Conforme al Código de Procedimiento Penal, entre las causales para solicitar la cesación de la detención preventiva, se encuentran los numerales 1, 2, 3 y 4 del art. 239 del CPP; norma modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que en el art. 11, detalla las modificaciones e incorporaciones efectuadas, entre los que se encuentra el art. 239 del CPP, el cual fue complementado por la Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019- a través de su art. 2.III, que establece:

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina. Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y. ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.

En conclusión, ante la solicitud de cesación a la detención preventiva; las autoridades jurisdiccionales competentes, deben providenciar la misma dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar audiencia para su consideración en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas; debiendo los tribunales y jueces, imprimir la dinámica procesal adecuada en su tramitación y pronunciamiento, con la prontitud y celeridad necesaria; toda vez que, se encuentra involucrado el derecho a la libertad física o personal.

Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.

III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0413/2020-S1 de 31 de agosto, entre otras, asumió el siguiente razonamiento:

Conforme al Código de Procedimiento Penal, entre las causales para solicitar la cesación de la detención preventiva, se encuentran los numerales 1, 2, 3 y 4 del art. 239 del CPP; norma modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que en el art. 11, detalla las modificaciones e incorporaciones efectuadas, entre los que se encuentra el art. 239 del CPP, el cual fue complementado por la Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019- a través de su art. 2.III, que establece:

“Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina. Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y. ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.”

En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.

Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.

Con relación a suspensión de audiencia de consideración de medidas cautelares, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir, que determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

Respecto del plazo en el cual deben ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad.

III.3. Análisis del caso concreto

6El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad. Toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, mediante Auto Interlocutorio 49/2022 de 25 de febrero, se dispuso su detención preventiva por el plazo de sesenta (60) días, señalando audiencia para resolver su situación jurídica el 27 de abril de 2022, con las partes procesales debidamente notificadas. Sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, ahora demandada, no consideró su situación jurídica, pese al vencimiento del plazo establecido y las solicitudes de señalamiento de audiencia presentadas por memoriales de 13 y 27 de mayo de 2022, cuyo proveído de 30 de mayo de 2022, estableció que su situación jurídica no sería considerada hasta la remisión del expediente original que se encuentra en apelación restringida.

De la revisión de los antecedentes y conclusiones del legajo constitucional, se tiene que el 7 de agosto de 2021, el Ministerio Público imputó formalmente a Juan Carlos Saigua Morales -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley 1008 (Conclusión II.1). El mismo día, fue sometido a procedimiento abreviando ante la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, quien emitió la Sentencia 22/2021 de la misma fecha -7 de agosto de 2021-, declarando al ahora accionante autor y culpable del delito de suministro de sustancias controladas, condenándolo a cumplir la pena de ocho (8) años de reclusión a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (Conclusión II.2).

Posteriormente, el accionante interpuso acción de libertad contra el Fiscal de Materia de la causa, la Jueza ahora demandada y su abogado de oficio, denunciando la falta de asesoramiento adecuado, ya que no fue informado de manera oportuna y correcta sobre el trámite y consecuencias jurídicas de la aplicación del procedimiento abreviado al que fue sometido. Al respecto, el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 21 de 30 de septiembre de 2021, denegó la tutela solicitada en relación al Fiscal de Materia de la causa y la Jueza ahora demandada. Sin embargo, concedió la tutela impetrada contra su abogado de oficio, dejando sin efecto la notificación de 7 de agosto de 2021 (fs. 42) realizada al acusado, ahora accionante, y la correspondiente ejecutoria de Sentencia de 19 de agosto de 2021 (fs. 51), debiendo notificarse conforme a las previsiones establecidas en los arts. 160 y 163 del CPP (Conclusión II.3).

Celebrada la audiencia de aplicación de medidas cautelares, por Auto Interlocutorio 49/2022 de 25 de febrero, la Jueza ahora demandada resolvió disponer la detención preventiva del hoy accionante en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de sesenta (60) días, tomando en cuenta que la Sentencia 22/2021 de 7 de agosto, no tiene la calidad de cosa juzgada, ya que fue objeto de recurso de apelación restringida (fs. 77 a 80 y 89 a 92), señalando audiencia para la consideración de la situación jurídica del imputado, ahora accionante, para el 27 de abril de 2022 (Conclusión II.4). Sin embargo, al cumplimiento del plazo no se llevó a cabo la audiencia de consideración de la situación jurídica del impetrante de tutela.

Vencido el plazo, por memoriales de 13 y 27 de mayo de 2022, el accionante solicitó el señalamiento de audiencia para la consideración de su detención preventiva, conforme a los arts. 239.2 y 250 del CPP. No obstante, la Jueza ahora demandada, mediante proveído de 30 de mayo de 2022, manifestó que la solicitud sería tomada en cuenta y acumulada a los antecedentes una vez se remitiera el cuaderno procesal original, dando a entender que se consideraría su solicitud solo cuando se tuviera el expediente original (Conclusión II.6).

De la relación efectuada, se comprueba que la autoridad jurisdiccional, ahora demandada, puso de manifiesto la ausencia del expediente original que fue remitido en apelación restringida. No obstante, por Nota CITE SPP/OF. 747/22 de 26 de mayo (fs. 176), se advierte que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por proveído de 20 de mayo de 2022 (fs. 173 vta.), ordenó la remisión de fotocopias legalizadas del expediente ante la Jueza ahora demandada, cuyo cargo de recepción de 27 de mayo de 2022 y nota de ingreso a despacho suscrita por el Secretario del merituado Juzgado acreditan la recepción de las fotocopias legalizadas del expediente en fojas 171 (Conclusión II.5).

En ese entendido, se verifica que la autoridad judicial, ahora demandada, no señaló el día y la hora de audiencia para considerar la situación procesal del accionante dentro de las cuarenta y ocho horas que ordena el art. 239 del CPP. Es decir, su actuación se halla fuera de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ya que ante la solicitud de cesación de la detención preventiva, las autoridades jurisdiccionales competentes deben providenciar la misma dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar audiencia para su consideración en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Los tribunales y jueces deben imprimir la dinámica procesal adecuada en su tramitación y pronunciamiento, con la prontitud y celeridad necesarias, toda vez que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física o personal del procesado.

Finalmente, el accionante sostiene que, conforme al art. 238 del CPP, no se informó el vencimiento del plazo de sesenta (60) días de su detención preventiva dispuesto por Auto Interlocutorio 49/2022 de 25 de febrero (Conclusión II.4). No obstante, se observa que el Juez de Ejecución Penal, encargado de controlar y supervisar la situación del detenido, no fue demandado en la presente acción tutelar. Por lo tanto, no corresponde pronunciarse sobre la presunta omisión de control efectuada por la indicada autoridad judicial respecto al vencimiento del plazo de la detención preventiva del accionante.

III.4. Otras consideraciones

Una vez resuelta la controversia planteada, corresponde analizar la actuación de Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quien actuó como Vocal de garantías en el presente caso, pronunciándose y resolviendo la demanda tutelar de forma unipersonal mediante Resolución 07 de 21 de julio de 2022.

Su actuación desconoce que la competencia para resolver acciones de libertad debe ser por mayoría absoluta de los miembros del Tribunal, toda vez que la modificación introducida por la Ley 1173 al art. 251 del CPP, no alcanza a las resoluciones que se emiten en acciones de libertad. Sin embargo, debido a la característica de sumariedad que rige en la acción de libertad, en este caso particular no se dispondrá la nulidad de obrados, sino que se resolvió el fondo de la controversia planteada debido a la suficiencia de la documentación acompañada al expediente constitucional.

No obstante, por la gravedad de su actuación, corresponde llamar la atención a la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, ya que, tratándose de un Tribunal colegiado, tiene la obligación de convocar al Vocal llamado por ley con la debida diligencia y celeridad, para conformar el Tribunal de garantías y no resolver la presente acción de libertad de forma individual.

En consecuencia, el Tribunal garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07 de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 189 a 191, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.

2° Llamar la atención a Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en su condición de miembro del Tribunal de garantías, por haber desarrollado la audiencia de la presente acción de defensa de forma unipersonal; ya que al tratarse de un Tribunal colegiado, tiene la obligación, con la debida diligencia y celeridad, de convocar al Vocal llamado por ley para poder conformar el Tribunal de garantías y no resolver la presente acción de libertad de forma individual.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.

2 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.

3 El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

4 El FJ III.3, indica: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.

5 El FJ III.4, establece: “…la Jueza demandada de oficio y acorde al principio de celeridad, puede fijar fecha y hora de audiencia porque resulta lógico el razonamiento de que si el antecedente de la celebración de una audiencia es una solicitud, entonces ya no es preciso reiterarla de forma oral y/o escrita porque se sobrentiende que la autoridad que ejerce el control jurisdiccional a momento de suspender la audiencia expone los motivos para ello y tiene la obligación de programar inmediatamente la fecha y hora para la siguiente audiencia a efectos de volver a considerar la petición de cesación de la detención preventiva a la brevedad posible y en la misma audiencia notificar a las partes…”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0538_2024-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 780e2621ac1a1ef472b5b1540d69c411cbba028a4ece58e606798e9f6ff2658c

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