B.IA.LEGAL

SCP 0538/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
22 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
46450-2022-93-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad de locomoción; toda vez que, en la misma audiencia de 8 de febrero de 2022, interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución de aplicación de medidas cautelares; sin embargo, la Jueza y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, –ahora demandadas–, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa (8 de marzo del citado año), no remitieron los antecedentes al Tribunal de alzada, pese al haber proveído los recaudos de ley.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2022 de 9 de marzo, cursante de fs. 26 a 29 vta., pronunciada porla Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, exhortando a la autoridad demandada a no incurrir en el futuro en acciones dilatorias que vulneren derechos constitucionales, más aun cuando estos se hallan vinculados a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho
  2. III.2. Sobre el plazo de remisión del recurso de apelación incidental contra resoluciones vinculadas a medidas cautelares y la imposibilidad de su paralización por falta de provisión de recaudos de ley. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. La acción de libertad innovativa, jurisprudencia reiterada
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0538/2023-S4 Sucre, 22 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 46450-2022-93-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 001/2022 de 9 de marzo, cursante de fs. 26 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Nhery Vargas Rodríguez a través de su representante sin mandato Saadia Jadijhe Prieto Elhoxami contra Marisol Ana García Salazar, Jueza y Marlene Choque Laredo, Secretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de marzo de 2022, cursante de fs. 2 a 4 vta., el accionante a través de su representante sin mandato señaló lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito tipificado en el art. 332 del Código Penal (CP), radicado el mismo en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, que se llevó a cabo el “8 de marzo de 2021” –siendo lo correcto el 8 de febrero de 2022– audiencia de aplicación de medidas cautelares; por el que, la Jueza –hoy demandada–, determinó otórgale medidas de carácter personal, basándose en meras suposiciones y argumentos arbitrarios. En tales circunstancias, interpuso en tal acto procesal, recurso de apelación incidental en contra de dicho fallo que restringe su libertad, ordenando la autoridad jurisdiccional se elabore el acta de audiencia para ser remitido a la Sala de turno; sin embargo, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad no fue remitido el legajo procesal; vulnerando su derecho a la libertad de locomoción, ya que la ley prevé que en los casos con detenido preventivamente deben ser atendidos con prontitud y diligencia; toda vez que, la retardación de justicia es considerada como un acto dilatorio, y el recurso de apelación, se interpone con el objeto de que el Tribunal de alzada pueda resolverlo haciendo una valoración y compulsa de los antecedentes y pruebas que son presentadas en la audiencia; por lo tanto, mientras no se remita el expediente, se estaría prolongando su indebida privación de su libertad de locomoción.

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerado

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad de locomoción, citando al efecto los arts. 22, 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene que se remitan los actuados de la resolución apelada ante el Tribunal de turno en el plazo de veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 9 de marzo de 2022, conforme consta en el acta cursante a fs. 25 y vta., presente el impetrante de tutela asistido de su abogado y ausente la autoridad y funcionaria jurisdiccionales demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El solicitante de tutela por intermedio de su representante sin mandato, ratificó audiencia la integridad su memorial de acción de libertad, haciendo énfasis en que la Jueza y funcionaria demandadas, pese a que proveyó los recaudos de ley para la remisión del cuadernillo de apelación incidental planteado contra del fallo de 8 de febrero de 2022, no procedieron con el envío, aspecto que vulneró su derecho de libertad de locomoción; toda vez que, la retardación es considerada como acto dilatorio.

I.2.2. Informe de la autoridad y servidora pública demandadas

Marisol Ana García Salazar, Jueza de Instrucción Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe de 9 de marzo de 2022, cursante a fs. 13 y vta., señaló que: a) El 8 de febrero del referido año, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares contra Carlos Nhery Vargas Rodríguez –hoy accionante– y otros, habiéndose determinado la aplicación de medidas sustitutivas previstas en el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP), “encontrándose en libertad” (sic); b) El impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental; por lo que, se ordenó la remisión de fotocopias legalizadas ante la Sala Penal de turno, conminándose a la Secretaria al cumplimiento de los plazos procesales; c) El solicitante de tutela sin haber proveído las copias simples, solicitó la remisión del proceso original, no habiéndose dado curso a lo peticionado; toda vez, que, existían imputados con detención preventiva; d) El cuadernillo de apelación fue remitido dentro de plazo y previo sorteo, habiendo sido radicado ante la Sala Penal Segunda del Tribunal del Departamental de Justicia de Cochabamba; e) Son funciones de la Secretaria de despacho el realizar todos los pasos procesales para la remisión del cuadernillo de apelación, conforme lo establece los arts. 94. 4 y 5, de la Ley del Órgano judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, y si bien la autoridad jurisdiccional debe hacer el control del trabajo del personal subalterno; sin embargo, resulta humanamente imposible realizar el control a detalle; ya que, al haberse constatado que se realizó todos los pasos procesales, se entiende que el personal subalterno debe ejecutar la remisión de inmediato, más aun cuando no se informó sobre dicho extremo a su persona o sobre la existencia de algún inconveniente para la remisión del cuadernillo de apelación; y, f) Ante la implementación de las oficinas gestoras de Quillacollo, se le suprimió un funcionario de apoyo jurisdiccional, quedando su persona como Jueza y la Secretaria de su despacho y ante la sobre carga laboral, es humanamente imposible suplir el trabajo que se tiene; toda vez que, se debe generar cartillas en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), imprimirlas, remitirlas etc. Marlene Choque Laredo, Secretaria del mencionado Juzgado de Instrucción Penal Primero de Quillacollo, no se hizo presente en la audiencia de consideración de acción de libertad, ni presentó informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 6.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de la Resolución 001/2022 de 9 de marzo, cursante de fs. 26 a 29 vta. concedió la tutela solicitada; y toda vez que, el cuadernillo fue remitido a la Sala Penal de turno exhortó a los demandados a que, en ulteriores casos, se observe el principio de celeridad y valor libertad, buscando que no se reiteren los actos dilatorios; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Resulta evidente la demora injustificada de la remisión del recurso de apelación ante el Tribunal de alzada incumpliéndose los plazos establecidos por Ley, ocasionando retardación en la definición de la situación jurídica del impetrante de tutela; con la consecuencia de la lesión del principio de celeridad como elemento del debido proceso con incidencia en el derecho a la libertad de locomoción; pese a la nota de remisión de 3 de marzo de 2022, misma que fue recepcionada el 9 de igual mes y año, a las 9:00, por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, 2) En cuanto a la Secretaria demandada si bien es cierto que tienen legitimación pasiva en la acción de libertad, esto siempre y cuando la vulneración de los derechos tutelados en la acción de defensa emergen del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales que regulan sus funciones o de incumplimiento de las instrucciones y órdenes impartidas por el superior en grado; por lo que, también corresponde conceder la tutela solicitada, dado el tiempo transcurrido desde la emisión de la resolución objeto de apelación hasta la remisión física del cuadernillo de apelación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. De acuerdo a lo manifestado por el accionante, el 8 de febrero de 2022, se llevó a cabo audiencia de aplicación de medidas cautelares, en la cual, la Jueza –hoy demandada–, le impuso medidas de carácter personal; decisión que fue objeto de apelación en el acto procesal; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, los antecedentes pertinentes, no fueron remitidos a la Sala Penal de Turno. II.2. Cursa Acta de audiencia de consideración y Resolución de apelación de medidas cautelares –con fecha ilegible–; por el que, la Jueza de la causa dispuso la remisión de los antecedentes en fotocopias legalizadas ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 9 a 10). II.3. Mediante nota de 3 de marzo de 2022, se tiene la remisión del cuaderno de control jurisdiccional correspondiente a la etapa preparatoria de juicio oral seguido por el Ministerio Público contra de Carlos Nhery Vargas Rodríguez y otros, por la comisión del delito de robo agravado, siendo recepcionada la misma el 9 del mismo mes y año; por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 14). II.4. A través del memorial presentado el 7 de marzo de 2022, el impetrante de tutela insistió en la remisión del cuaderno procesal; toda vez que, hubiese trascurrido más de tres semanas de la celebración de la audiencia de medidas cautelares, aclarando haber dejado material para que se realice la referida remisión ante la Sala Penal de turno (fs. 18).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad de locomoción; toda vez que, en la misma audiencia de 8 de febrero de 2022, interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución de aplicación de medidas cautelares; sin embargo, la Jueza y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, –ahora demandadas–, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa (8 de marzo del citado año), no remitieron los antecedentes al Tribunal de alzada, pese al haber proveído los recaudos de ley.

III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho

Con relación a la celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho la SCP 0030/2022-S4 de 4 de abril, señaló que: ‘“La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: «La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…» (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas’. Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: ‘El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos'. Además, enfatizó que. '…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’. (…) Con base al entendimiento glosado en la jurisprudencia citada precedentemente, es posible concluir que esta acción tutelar se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad, ante demoras injustificadas de personas privadas de libertad; en ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en consonancia con el 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas” (las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre el plazo de remisión del recurso de apelación incidental contra resoluciones vinculadas a medidas cautelares y la imposibilidad de su paralización por falta de provisión de recaudos de ley. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0958/2021-S4 de 29 de noviembre, al respecto precisó: “El art. 251 del CPP, señaló que: 'La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas. El tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior'. Según la norma procesal penal citada, las actuaciones del recurso de apelación interpuesto contra una resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, deben ser remitidos ante el tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas. Así también lo señaló la línea jurisprudencia de la SCP 0187/2014 de 30 de enero, cuando expreso que: 'En este entendido, se reitera, la inobservancia de la parte procesal en proporcionar inmediatamente los recaudos necesarios no faculta convalidar una actitud dilatoria que entorpezca el tratamiento rápido y oportuno que deben merecer las solicitudes vinculadas con la libertad personal; ante estos supuestos corresponde a la autoridad judicial competente adoptar todas las medidas conducentes para que se efectivice la remisión de actuados y de manera inmediata se tramite la apelación presentada, debiendo la autoridad judicial dar la continuidad inmediata al trámite de apelación en atención al principio de celeridad procesal y en resguardo del derecho a la libertad física. En cuyo mérito, a fin de evitar dilaciones indebidas en el tratamiento de la remisión de actuados por parte del Juez a quo ante el Tribunal de alzada, cumple a la autoridad judicial competente la observancia de lo siguiente: i) Remitir al Tribunal ad quem, en el término de veinticuatro horas, conforme previene el art. 251 del CPP, las actuaciones pertinentes a efectos que se resuelva el recurso de apelación que corresponda. En caso que no haberse proporcionado los recaudos necesarios, mínimamente deberán ser remitidos al Tribunal de apelación: a) Copia del acta de audiencia de medidas cautelares, b) Copia del Auto que disponga las medidas cautelares; y, c) Copia del mandamiento de detención preventiva del o los imputados, a efectos de dar continuidad inmediata al trámite de apelación; y, ii) Sin perjuicio de cualquier determinación que viabilice la continuidad con el trámite de apelación, adoptar la diligencia necesaria a efectos de dar curso a la tramitación de la apelación formulada de manera inmediata, independientemente de las medidas a adoptarse para exigir el cumplimiento de los recaudos de ley por parte del apelante' Según la norma procesal penal y línea jurisprudencial, citadas precedentemente, las actuaciones pertinente respecto a un recurso de apelación sobre resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares, deben ser remitidos por el juez ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas; y, en aquellos casos donde el apelante no haya provisto los recaudos necesarios, mínimamente debe remitir copias del acta de audiencia de medida cautelar, del auto que dispuso las medidas señalada y el mandamiento de detención preventiva, a efectos de dar continuidad al trámite de la apelación” (las negrillas son nuestras).

En ese mismo orden, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP, referidas a la apelación incidental de las medidas cautelares, la SC 0542/2010-R de 12 de julio, estableció que: “…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y eficaz…ˊ. En este trámite destaca la brevedad del plazo previsto, respecto al cual la SC 0612/2004-R de 22 de abril, señaló: ˋ… si bien es corto se justifica por la necesidad de que la situación procesal del imputado sea definida a la brevedad posible en caso de estar privado de libertad y para garantizar la celeridad en la aplicación de una medida cuando haya sido rechazada por el Juez de Instrucción…” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. La acción de libertad innovativa, jurisprudencia reiterada

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, estableció que: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa-permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ´la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad de locomoción; toda vez que, en la misma audiencia de 8 de febrero de 2022, interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución de aplicación de medidas cautelares; sin embargo, la Jueza y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, ahora demandadas, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa (8 de marzo del citado año), no remitieron los antecedentes al Tribunal de alzada, pese a haber proveído los recaudos de ley. De los antecedentes se tiene que la Jueza hoy demandada en audiencia de 8 de febrero de 2022, impuso al impetrante de tutela medidas sustitutivas a la detención preventiva “entre ellos obligación de presentarse cada lunes ante la Fiscalía, su arraigo, y una fianza de 30.000“ (sic), determinación que fue apelada por el justiciable en la misma audiencia, en cuyo efecto la autoridad jurisdiccional demandada, ordenó la remisión al Tribunal de alzada; sin embargo, dichos antecedentes no fueron remitidos al superior en grado hasta la presentación de esta acción tutelar –8 de marzo octubre de 2022–; advirtiéndose, según se tiene del informe de la Jueza demandada que la retardación en la remisión del legajo extrañado, se debió a que la parte apelante no se apersonó al Juzgado para proveer los recaudos de ley y remitir el cuaderno de apelación; no obstante a ello, refiere que ya se hubiese remitido el mencionado cuaderno procesal, y radicado la causa en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a efectos de su pronunciamiento. En ese orden, de lo desarrollado precedentemente, se tiene por evidente que la autoridad hoy demandada incurrió en una dilación indebida en la remisión del recurso de apelación incoado por el solicitante de tutela contra la resolución de medida cautelar, advirtiéndose asimismo, la inobservancia a la línea jurisprudencial desglosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que claramente prevé que una vez planteada dicha impugnación contra la resolución que disponga la aplicación, modificación o rechazo de una medida cautelar, el mismo debe ser tramitado en el marco de lo contemplado por el art. 251 del CPP, es decir, observando a cabalidad el plazo establecido, ya que actuar de manera contraria implica la lesión del principio de celeridad previsto por los arts. 178.I y 180.I de la CPE; más considerando que al tratarse de una solicitud vinculada a la libertad de las personas, debe darse la mayor celeridad en su tramitación y resolución, lo que no aconteció en el presente caso, pues conforme se advierte de los actuados anexados al cuaderno constitucional, el recurso de apelación fue incoado el 8 de febrero de 2022 y no fue remitido hasta el 8 de marzo de igual año, cuando se planteó la acción de libertad que se revisa; es decir, que la impugnación formulada, no fue elevada ante el superior en revisión por más de un mes, inobservándose flagrantemente el plazo previsto en el art. 251 del adjetivo penal, que dispone que el recurso de apelación formulado contra las resolución que imponga o modifiquen medidas cautelares, deben ser remitido ante el Tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas, lo que evidentemente, en el presente caso, no fue cumplido. Adicionalmente, cabe precisar que, si bien se otorga una espera prudencial para los casos de recargadas laborales, etc., debidamente justificadas; empero, no es menos evidente que también se ha establecido que dicho plazo no puede exceder de tres días, conforme así se tiene desarrollado en la SC 0542/2010-R, contexto del cual se colige, que si el retraso en la remisión de la apelación excede el plazo legal y la espera prudencial –tres días–, el mismo se convierte en dilatorio, dejando de ser el recurso de apelación un medio idóneo y eficaz para la resolución de la situación jurídica del sindicado, de cuya emergencia, el afectado puede acudir directamente a la vía constitucional interponiendo la acción de libertad, para que el Juez o Tribunal de garantías resuelva su pretensión conforme a derecho. Asimismo, la Jueza demandada en su informe refirió que no hubiese dado curso a la solicitud de remisión del cuaderno de apelación al Tribunal de Alzada; toda vez que, el accionante no hubiera proveído los recaudos de Ley. Inicialmente y conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde manifestar que, al respecto, con relación a la provisión de recaudos de ley para la remisión del recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, la jurisprudencia constitucional reiterada por este Tribunal, a la luz del principio de gratuidad, ha dejado establecida la imposibilidad de la paralización de la remisión de actuados a título de la no provisión de recaudos de ley, ya que tal actuación genera dilación indebida en la resolución de la situación jurídica del impetrante de tutela, pues para ello, y en caso de no proporcionarse los recaudos necesarios, deben de adoptarse las medidas conducentes a efectivizar la remisión de actuados y de manera inmediata se tramite la apelación formulada; no siendo posible convalidar una actitud dilatoria sostenida en la falta de no provisión de recaudos; y aguardar a que la parte recurrente los provea, cuando se tiene determinado que a falta de estos, los servidores públicos a cargo de dicha labor, mínimamente deben remitir al Tribunal de apelación copias del acta de audiencia de medidas cautelares, del auto que disponga las medidas cautelares, a efectos de dar continuidad inmediata al trámite de apelación; extremos que no fueron observados por la Jueza ahora demandada, quien tiene toda la obligación de cumplir con el plazo de veinticuatro horas para la remisión de la impugnación; adecuándose su conducta en la vulneración de los derechos tutelados a través de esta acción de defensa, emergente de un evidente incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado. Al margen de lo anotado, sobre la imposibilidad de la exigencia de provisión de recaudos a efectos de la remisión del recurso de apelación ante el superior en grado, en el caso que se analiza y en el marco de los argumentos expuestos por el accionante, en contraposición a lo manifestado por la autoridad judicial ahora demandada, se advierte que el justiciable, indicó haber provisto oportunamente los señalados recaudos y que pese a ello, el cuadernillo de apelación no fue remitido; de ahí que, bajo los principios de presunción veracidad, favorabilidad e in dubio pro reo, y al no haber el demandado acreditado lo contrario, esta jurisdicción asume como ciertas las afirmaciones vertidas por el impetrante de tutela sobre dicho extremo, siendo en consecuencia evidente que, pese a que los recaudos necesarios fueron provistos, aun cuando no son exigibles, los antecedentes de la apelación no fueron remitido de forma oportuna y en los plazos previstos por el ordenamiento jurídico. Finalmente, se tiene de antecedentes que el recurso de apelación incidental interpuesto por el solicitante de tutela, según oficio, hubiera sido remitido ante el Tribunal de alzada el 3 de marzo de 2022, no obstante, del cargo de recepción se advierte que recién fue recepcionado el 9 del mismo mes y año, es decir después, de seis días de elaborada la nota y de mas de un mes de planteada la referida apelación, en tal razón, la Jueza y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, incurrieron en una grosera dilación indebida, que derivó en la afectación de los derechos reclamados por el accionante; y si bien, a la fecha de realización de la acción de libertad (9 de marzo de 2022), los antecedentes de la apelación hubieran sido remitido, ello no implica que la lesión a los derechos reclamados por dilación indebida, no existió, por lo que, corresponde aplicar al presente caso el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, referido a la acción de libertad innovativa, cuya naturaleza jurídica implica, que aún el acto lesivo haya desaparecido como sucede en el presente caso, corresponde conceder la tutela impetrada, para evitar futuras conductas de esa naturaleza que quebranta el orden constitucional y lesionan derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, compulsó de manera adecuada los antecedentes, la normativa y jurisprudencia constitucional aplicable al caso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2022 de 9 de marzo, cursante de fs. 26 a 29 vta., pronunciada porla Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, exhortando a la autoridad demandada a no incurrir en el futuro en acciones dilatorias que vulneren derechos constitucionales, más aun cuando estos se hallan vinculados a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0538_2023-S4.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): e055d03b18deca90df788047582f641c6c2b3e3ab2a3cd0623bfd8d56b4da06a

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