B.IA.LEGAL

SCP 0538/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
5 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
45252-2022-91-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de su derecho a la vida y salud, en razón a que el Juez demandado no habría remitido, en el plazo de veinticuatro horas, su recurso de apelación incidental a la detención preventiva que se le impuso; y, pese a que es de la tercera edad y corre el peligro de sufrir un derrame cerebral, el demandado no emitió la orden judicial a objeto de que el médico forense del IDIF le realice la valoración, con la finalidad de que con el resultado se determine las salidas judiciales y/o la modificación de su situación procesal. En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para lo cual, se debe desarrollar los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 005/2022 de 9 de enero, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela por la dilación incurrida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, ante el incumplimiento de la remisión en alzada del recurso de apelación incidental de medida cautelar interpuesta por el accionante, disponiendo que de forma inmediata, una vez notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, proceda con el envío del testimonio de apelación; salvo que dicho trámite procesal ya se hubiese efectuado; con la aclaración que no se analiza el fondo de su solicitud del recurso de apelación, y 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la falta de pronunciamiento sobre la solicitud efectuada por memorial de 7 de enero de 2022, conforme los fundamentos esgrimidos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0538/2023-S1 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 45252-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 005/2022 de 9 de enero, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Livio Remich Yujra Vira en representación sin mandato de Pedro Paucara Coarite contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 8 de enero de 2022, cursante de fs. 5 a 6 vta., el accionante, por intermedio de su representante sin mandato, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación, luego que el Juez demandado mediante Auto Interlocutorio de 6 de enero de 2022, dispuso el mandamiento de detención preventiva, por el cual debía permanecer en el Centro Penitenciario de San Pedro, lamentablemente dicho mandamiento recién fue ejecutado “ayer 07.02.2022 en horas de la noche” (sic), sin haberse elevado el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada, ni remitido la copia al Juez de Ejecución Penal a fin de cumplir con el mandato del art. 1.3 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- y la “SC 1246/2011-R de 16 de septiembre”, por lo que no se encuentra garantizado el control jurisdiccional permanente. Al no existir atención especializada en ningún Centro Penitenciario del departamento de La Paz, dado que su estado de salud se halla acreditado por el certificado médico de 23 de diciembre de 2021, que no fue valorado para la imposición de medidas cautelares, pero que debe ser considerado para conceder salidas judiciales de urgencia mediante orden judicial, aspecto corroborado por el médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); siendo que la autoridad accionada tiene la facultad de disponer traslados a los fines de valoración médica, más aún cuando se trata de una persona de la tercera edad, solicitó al Juez demandado que por emergencia, emita orden judicial a fin de que se le realice la valoración forense y con el resultado se determine las salidas judiciales y/o la modificación de la situación procesal, solicitud que debió ser atendida de inmediato y emitida la notificación vía virtual al IDIF La Paz, aspecto que no sucedió. Por el certificado médico de 23 de diciembre de 2021, emitido por el doctor Eduardo Jáuregui Alarcón se establece que su vida esta efectivamente en riesgo y amenaza de peligro, al encontrarse vulnerable debido a la posibilidad de un derrame cerebral, precisando inmediata valoración cardiológica más aún debido a la emergencia sanitaria que existe a consecuencia de la cuarta ola de la pandemia por el coronavirus (COVID-19).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela señala como vulnerado sus derechos a la vida y salud, sin citar una norma específica.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada disponiendo la inmediata remisión de antecedentes al Tribunal de alzada en cuanto a la apelación contra la resolución de medidas cautelares y la inmediata orden judicial al IDIF para la valoración médica forense y con el documento médico adjunto se considere las salidas por razones de salud.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Realizada la audiencia pública el 9 de enero de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 11 a 13 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su defensa técnica refirió que: a) El 6 de enero –se colige del 2022- en la audiencia de medidas cautelares donde se le impuso la detención preventiva interpuso recurso de apelación, debiendo remitirse la misma dentro de las veinticuatro horas, sin haberse remitido la misma ante el Tribunal de alzada; y, b) Se solicitó una valoración del IDIF, haciendo conocer al Juez demandado y dentro de la audiencia de medidas cautelares que es una persona de la tercera edad que tiene una deficiencia en el cerebro, lo cual puede implicar un derrame cerebral, por lo que necesita una inmediata valoración cardiológica, más todavía considerando que los casos se han incrementado por la pandemia, lo cual implica que su vida pueda estar en riesgo, no obstante de ello no se cumplió con la orden para realizar el certificado médico legal a través del mencionado instituto, siendo que de acuerdo a la “Sentencia Constitucional 1246 de 16 de septiembre del 2011” (sic), el Juez demandado tenía la obligación inmediata de remitir al Juez de Ejecución para que este pueda verificar y velar por los derechos y garantías de los privados de libertad, valoración cardiológica que requiere, para que un entendido en la materia pueda determinar su estado de salud que está deteriorado.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, por informe oral en la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, señaló que: 1) En la audiencia de aplicación de medidas cautelares se determinó la detención preventiva del imputado –ahora accionante- por el lapso de seis meses, por un caso de violación, teniendo como víctima a una mujer en situación de vulnerabilidad; 2) Respecto a la remisión de la apelación en veinticuatro horas al haberse planteado en audiencia la misma, conminó a la parte imputada a que cumpla con el art. 112 del Código de Procedimiento Penal (CPP), respecto a que necesariamente debe proveer las fotocopias para poder remitir ante el superior, además de constar en el cuaderno de control jurisdiccional un decreto por el cual se ha dispuesto incluso que se remita en originales al no haber cumplido con la conminatoria de proveer los recaudos la parte imputada es quien está retardando la revisión. El informe de auxiliatura del juzgado señaló que no se proveyó las fotocopias, por lo que dispuso que se remita en original ante la sala que corresponda; 3) Respecto al memorial por el cual se habría solicitado una valoración médica, desconoce el mismo, por cuanto la gestora aún no le remitió el mencionado memorial, pero que de ser así inmediatamente llegue el mismo, se va a dar el oficio o la salida judicial que requiera la parte imputada; 4) La “…sentencia constitucional 0542/2010” ha establecido que las autoridades jurisdiccionales tienen 3 días para poder remitir las apelaciones en este caso en aplicación de medidas cautelares, debido a la carga laboral, debiendo considerarse que su juzgado tiene más casos a nivel nacional; y 5) No se ha cumplido con el principio de subsidiariedad, por cuanto no se le presentó ninguna documentación de reclamo a su autoridad que es quien ejerce el control jurisdiccional.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; por Resolución 005/2022 de 9 de enero, cursante de fs. 14 a 16, denegó la tutela solicitada, recomendando que los actuados de apelación se remitan a primera hora del día 10 de enero de 2022, con base en los siguientes fundamentos: i) De acuerdo a la presentación de la Resolución 011/2022 pronunciada el 6 de enero, por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, que dispuso la detención preventiva del ahora accionante por seis meses, señalando en la misma resolución que fue dictada a horas 14:39 en la mencionada fecha, no siendo evidente lo mencionado por el impetrante de tutela en relación a que la misma hubiese concluido más allá de las 18:00 horas; ii) Ante la apelación planteada por la defensa en el marco del art. 251 del CPP, el demandado dispuso que se tiene presente y se remita conforme establece el referido artículo, y que la parte imputada quedaba conminada a cumplir con lo establecido por el art. 112 del Código adjetivo de la materia, respecto a las fotocopias necesarias para su apelación, disposición que no fue objeto de complementación, explicación o enmienda; o recurso de reposición que observe la aplicación del indicado artículo e invoque la aplicación del principio de gratuidad; iii) Cursa en antecedentes la presentación de un memorial por el cual se ha solicitado oficios al IDIF por parte del accionante, presentado el 7 de enero de 2022 a horas 15:05 pm, conforme ha registrado la oficina gestora de procesos, que en el marco del art. 132 del CPP que establece claramente que las providencias de mero trámite se emiten en veinticuatro horas, al haberse presentado dicha petición el 7 de enero ”…que caería viernes a horas 15:05, el juez demandado aún se encontraría…”(sic) dentro del plazo estipulado por el mencionado artículo, a objeto de emitir el decreto de respuesta a los oficios que se ha solicitado al IDIF; iv) De acuerdo al razonamiento de la “…sentencia constitucional número 1053/2016, que ha señalado claramente conceder el plazo de 3 días a objeto de que se remita antecedentes de una causa penal apelada” (sic), la ciudad de La Paz cuenta con cinco juzgados de instrucción anticorrupción contra la violencia hacia la mujer, encontrándose dos en acefalía, Estando el Juez demandado en suplencia del Juzgado de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Tercero del Departamento de La Paz, existiendo en los despachos judiciales que ven casos de corrupción pública y de violencia contra la mujer, manifiestan, recargadas labores, lo cual hace plenamente viable la aplicación de la mencionada Sentencia Constitucional, más aún cuando la resolución del Juez demandado no ha sido causa de objeción, complementación o enmienda, o recurso de reposición al haberse ordenado de que la remisión de actuados en apelación se realice una vez que la parte procesada saque las copias necesarias a objeto de dicha remisión; v) En relación a la remisión de antecedentes al Juez de Ejecución Penal conforme establece la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, la parte accionada también se encuentra en plazo a objeto de remitir antecedentes; y vi) Sobre el memorial solicitando oficios al IDIF es obligación de la defensa a objeto de tutelar el derecho a la vida del ahora accionante que se encontraría en peligro latente, procurar que la gestora de procesos, ponga de inmediato en conocimiento del demandado dicha petición. A la solicitud de complementación realizada por el accionante, el Juez de garantías refirió que el demandado tiene absolutamente todas las facultades plenas a objeto de considerar los oficios requeridos al IDIF, pero que en la audiencia se ha establecido que dicho memorial no ha sido de su conocimiento, por lo que se ha recomendado al mismo proceda a realizar y ordenar dichos oficios.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta certificado médico de 23 de diciembre de 2021 suscrito por el médico Eduardo Jáuregui Alarcón, por el cual certifica que en la misma fecha fue atendido el ahora accionante Pedro Paucara Coarite de sesenta y seis años de edad, el cual habría tenido varios bajones que afectaron su salud desde el año 2014, constatándose un cuadro clínico y sintomático compatible con un proceso cardiológico hipertensivo, por lo que diagnosticó hipertensión arterial sistémica sostenida, cardipatía hipertensiva, hemorragias nasales continuas, parálisis facial derecha, con enfermedad prostática, dolor en la columna vertebral por caída, varices y ulceras varicosas en ambas piernas y poliglobulia, refiriendo además que el paciente corre el riesgo inminente de presentar derrame cerebral por lo que necesita valoración por médico cardiólogo, cirujano cardio vascular y médico traumatólogo (fs. 4). II.2. Cursa memorial presentado el 7 de enero de 2022, a horas 15:05, por el ahora accionante dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, solicitando en la suma se oficie al IDIF a fin de que el médico forense le realice la valoración correspondiente y con el resultado se determine las salidas judiciales o modificación de su situación procesal, señalando además que pese a su edad avanzada y cuadro clínico el demandado no elevó el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada, ni remitió la copia al Juez de Ejecución Penal a fin de que se cumpla con el art. 1.3 de la LEPS (fs. 3 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de su derecho a la vida y salud, en razón a que el Juez demandado no habría remitido, en el plazo de veinticuatro horas, su recurso de apelación incidental a la detención preventiva que se le impuso; y, pese a que es de la tercera edad y corre el peligro de sufrir un derrame cerebral, el demandado no emitió la orden judicial a objeto de que el médico forense del IDIF le realice la valoración, con la finalidad de que con el resultado se determine las salidas judiciales y/o la modificación de su situación procesal. En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para lo cual, se debe desarrollar los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

Al respecto, la SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, entre otras, desarrolló el siguiente entendimiento:

El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-: “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.

A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, 1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando:

“d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del referido Código. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las sub reglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

III.2. Análisis del caso concreto

Conforme la problemática constitucional planteada, se tiene en lo sustancial, que el Juez demandado no remitió en el plazo de veinticuatro horas su recurso de apelación incidental a la detención preventiva que se le impuso; y pese a que es de la tercera edad y corre el peligro de sufrir un derrame cerebral, la autoridad demandada no emitió la orden judicial solicitada para que el médico forense del IDIF le realice la valoración correspondiente, a fin que con el resultado se determine las salidas judiciales y/o la modificación de su situación procesal. Con relación al primer punto de reclamo sobre la falta de remisión del recurso de apelación interpuesto por el ahora accionante en contra de la medida cautelar de detención preventiva en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal de alzada; corresponde señalar que, si bien no se cuenta con los antecedentes que permitan verificar la fecha en la cual se dictó el Auto Interlocutorio por el cual el Juez demandado determinó aplicar la detención preventiva, no obstante se tiene que dicha Resolución fue emitida el 6 de enero de 2022, según refirió el impetrante de tutela, aspecto que fue corroborado por el Juez de garantías a quien se le presentó como prueba dicha Resolución; asimismo, verificó que a la conclusión de la audiencia se interpuso el recurso de apelación incidental al amparo del art. 251 del CPP, a cuyo efecto el Juez demandado providenció tener presente la impugnación disponiendo la remisión de antecedentes y que el imputado –accionante- cumpla con lo dispuesto por el art. 112 del adjetivo penal. De la citada relación fáctica, se advierte que en el presente caso el Juez demandado incurrió en la inobservancia e incumplimiento de lo previsto por el art. 251 del CPP, así como las directrices establecidas por la jurisprudencia constitucional, toda vez que ante la interposición del recurso de apelación incidental de medida cautelar, le era inherente disponer su remisión en el plazo de veinticuatro horas establecidos por la precitada regulación normativa, sin condicionar dicha remisión a la provisión de recaudos para elaborar el testimonio de apelación incidental – como en efecto lo hizo-, contraviniendo el principio de gratuidad establecido por la propia Constitución Política del Estado en su art. 115.II, aspecto además establecido por la jurisprudencia conforme se glosa en el penúltimo párrafo del Fundamento Jurídico III. 1 del presente fallo constitucional. Si bien sostuvo que el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz tendría recargadas labores a nivel nacional, aspecto considerado por el Juez de garantías; dicho extremo no fue acreditado por el Juez demandado quedando como una aseveración sin respaldo; por lo que, no es posible aplicar el criterio que, ante recargadas labores se flexibiliza el plazo de veinticuatro horas a tres días para la remisión del recurso de apelación incidental de medida cautelar. Por otra parte, en el informe presentado por el Juez demandado, se tiene la referencia de que las Salas Penales –entiéndase del departamento de La Paz- recibirían los recursos de apelación incidental en un horario determinado, de horas 10:00 a 12:00 según informó, aspecto que contraviene el principio de celeridad y afecta el derecho de acceso a la justicia, toda vez que, no existe normativa que establezca un horario determinado para la recepción de los recursos de apelación, máxime si el procedimiento penal dispone los plazos que deben observarse tanto en su interposición, remisión y resolución. En ese contexto, ante la omisión del cumplimiento de lo dispuesto por el art. 251 del CPP y siendo inaplicable la flexibilización del plazo previsto por dicha norma, resulta evidente la dilación en la que incurrió el Juez demandado en la remisión del recurso de apelación incidental, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada. Con relación al segundo motivo de reclamo constitucional, en el entendido de que el Juez demandado no habría emitido la orden judicial a fin de que el médico forense del IDIF le realice la valoración correspondiente, al respecto cursa en antecedentes, que efectivamente el impetrante de tutela presentó el 7 de enero de 2022 a horas 15:05 ante el Juez demandado, un memorial solicitando que se oficie al IDIF a objeto de que el médico forense le realice la valoración correspondiente, para que con su resultado se determine las salidas judiciales y/o modificación de su situación procesal; sin embargo, no existe constancia alguna de que el mencionado memorial le hubiese sido remitido a la autoridad judicial demandada, por parte de la Gestora de Procesos ese mismo día y fecha – según también informó en audiencia-, sin que el accionante afirme lo contrario; consiguientemente de acuerdo con lo previsto por el art. 132.1 del CPP, la autoridad judicial tiene el plazo de veinticuatro horas para dictar las providencias correspondientes, una vez que asuma el conocimiento del mencionado memorial, bajo esa precisión, resulta inviable conceder la tutela pretendida. Consecuentemente, corresponde conceder la tutela solicitada en la acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, por lesión al debido proceso en su componente a la celeridad, con la aclaración que la concesión de la tutela de ninguna manera implica analizar el fondo del recurso de apelación formulada por el demandante de tutela; pues, dicho análisis debe ser efectuado por la autoridad jurisdiccional de alzada.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró parcialmente de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 005/2022 de 9 de enero, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela por la dilación incurrida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, ante el incumplimiento de la remisión en alzada del recurso de apelación incidental de medida cautelar interpuesta por el accionante, disponiendo que de forma inmediata, una vez notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, proceda con el envío del testimonio de apelación; salvo que dicho trámite procesal ya se hubiese efectuado; con la aclaración que no se analiza el fondo de su solicitud del recurso de apelación, y 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la falta de pronunciamiento sobre la solicitud efectuada por memorial de 7 de enero de 2022, conforme los fundamentos esgrimidos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo….

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

2 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 3El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0538_2023-S1.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2f3d31b3d766d8b6f5bbd9b3360ca7ba3bfd66872f7f86381f29b6b0c8260917

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