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SCP 0537/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
54909-2023-110-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la petición; alegando que, el Alcalde ahora demandado, no dio respuesta a sus solicitudes de 26 de agosto de 2021, con cargo de recepción 6 de septiembre mismo año y posteriormente al acta de entrega de carta notariada de 20 de junio del 2022, donde adjuntó la nota CITE SIGMA 071/2022 de 9 de junio, respecto a la cancelación y conminatoria de pago por la provisión de alimento complementario “NUTRIBEBE” que fue entregado conforme a los términos del contrato.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 051/2023 de 28 de abril, cursante de fs. 56 a 58 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme al fundamento jurídico expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El plazo de caducidad de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0537/2025-S3 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 54909-2023-110-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 051/2023 de 28 de abril, cursante de fs. 56 a 58 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mercedes Lourdes Pérez León, en representación de Marlen Patricia Wilstermann de Gonzáles, representante legal de la Industria Químico Farmacéutica SIGMA CORP. Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), contra Griseldo Martínez Cruz, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Azurduy del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de marzo de 2023, cursante de fs. 23 a 25 vta., la parte accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 7 de marzo de 2019, se suscribió un contrato administrativo entre el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Azurduy e Industria Químico Farmacéutica SIGMA CORP. S.R.L., para la provisión de cuatro mil doscientas treinta y siete unidades de alimento complementario “NUTRIBEBE”, por un monto de Bs99 993,20.- (noventa y nueve mil novecientos noventa y tres 20/100 bolivianos) el mismo que fue entregado satisfactoriamente conforme a los términos del contrato.

Desde las gestiones 2019 y 2020, impetró la cancelación y cumplimiento del contrato sin tener respuesta formal alguna, que le obligó a exigir mediante carta notariada la conminatoria de pago de 11 de marzo de 2021, con cargo de recepción de 24 mismo mes y año; y, de manera verbal le solicitaron presentar copias de todo el proceso de contratación, posterior a ello, se reunió con el Concejo Municipal del indicado Gobierno Municipal, quien reconoció la deuda aduciendo que por falta de liquidez no pudieron honrar el pago, pidiendo un plazo para efectivizar su cancelación el cual no se cumplió.

El Alcalde -ahora demandado-, no dio respuesta a sus solicitudes de 26 de agosto de 2021, con cargo de recepción 6 de septiembre del mismo año y posteriormente al acta de entrega de la carta notariada de 20 de junio del 2022, donde adjuntó la nota CITE SIGMA 071/2022 de 9 de junio, de conminatoria de pago por la provisión del alimento complementario “NUTRIBEBE”.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la petición; citó al efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada: a) “…responda en el plazo de cuarenta y ocho horas de manera formal y fundadamente con documentación de respaldo, las notas presentadas en fechas 06 de septiembre 2021 y 20 de junio de 2022…” (sic).; y, b) Se condene en costas y costos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 51 a 55 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de la acción de amparo constitucional y ampliándolo señaló que: 1) Hasta la interposición de la presente acción de amparo constitucional, ninguna nota fue respondida por el Alcalde hoy demandado, manifestó la vulneración del derecho a la petición; asimismo indicó que se hubiera cumplido el requisito de inmediatez; 2) La Ley de Procedimiento Administrativo, ha sostenido que, en casos aislados en los cuales se evidencia de que no se requiere la instauración de un proceso administrativo previo, la respuesta tiene que ser oportuna, formal y pronta; asimismo señaló las SSCC 1441/2010-R de 1 de octubre y “0119/2011-R” de 21 de febrero; 3) Se exigió una respuesta agotándose las vías o instancias idóneas a la autoridad demandada y que no solo fue verbal sino que fueron tres notas escritas que constan en obrados y ante la relación contractual del Contrato Administrativo Modalidad de contratación por Excepción Adquisición “Alimento Complementario Nutribebe Programa Desnutrición Cero AIEPI-NUT” C.P. EX./GAMA 001/2019, ostenta la legitimación activa a Industria Químico Farmacéutica SIGMA CORP. S.R.L.; asimismo, señaló que no existe otros recursos pendientes o vías que podrían reparar sus derechos vulnerados, no se advirtió peticiones internas o intermedias que estén vinculados a otros procesos administrativos pendientes de resolución para el agotamiento de la vía administrativa; 4) La SC 1068/2010-R de 23 de agosto, se pronunció sobre la naturaleza del derecho a la petición en su inc. c) estableciendo que uno de los requisitos seria que habiendo presentado la petición respetuosa a la autoridad, no respondió en el plazo razonable e integrando a la jurisprudencia de la SCP 0273/2012 de 4 de junio, concluyó entre otras cosas en el inc. c) la prontitud y oportunidad de la respuesta, plasmada en las SSCC 2113/2010-R de 19 de noviembre y 1674/2010-R de 25 de octubre, debió notificarse oportunamente con la misma al peticionante; 5) La SC 1541/2002-R de 16 de diciembre, determinó que -la respuesta- no puede quedar en la psiquis de la autoridad, ni al interior de la entidad a su cargo, sino que debe ser manifestada al peticionante de modo que éste conozca los motivos de la negativa de su solicitud; 6) La SCP 0226/2022-S4 de 3 de mayo, expresó que bajo el argumento de que el ente municipal hubiera cambiado de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE); el principio de continuidad administrativa no puede ser interrumpido en su desarrollo normal de actividades y menos por el cambio de autoridades; 7) Todos los requisitos para la otorgación de la tutela han sido cumplidos; si bien es cierto que puede existir alguna interpretación en cuanto al plazo al haber transcurrido más de seis meses desde la última carta notariada; empero, debió establecerse que la vulneración de los derechos ha continuado y ha persistido en el tiempo, hasta después de la interposición de la acción de amparo constitucional; 8) El Gobierno Autónomo Municipal de Villa Azurduy del departamento de Chuquisaca mediante nota CITE G.A.M.V.A 114/2023 de 21 de abril, con cargo de recepción de 25 del mismo mes y año, remitió respuesta donde convalidó la existencia de una solicitud pendiente, que ha sido mantenida en el tiempo; asimismo se refirió a la Corte Constitucional de Colombia, que manifestó que el derecho a la petición para que sea superada, debe ser pronta, oportuna y resolver de fondo de manera clara, precisa, además debe ser puesta a conocimiento del peticionario y mientras, eso no ocurra se mantiene en el tiempo; y, 9) La “Corte Constitucional” reiteradamente sostuvo que el derecho a la petición tiene carácter fundamental cuya vulneración es permanente y continua en el tiempo, no opera el principio de inmediatez de manera estricta, por otra parte existe convalidación de una respuesta inoportuna por el municipio y que se redimensiona a los efectos de la SCP 0245/2021-S3 de 26 de mayo; si bien existió una respuesta tardía del demandado, esta respuesta debería ser considerada, tomando en cuenta la vulneración del derecho por el tiempo transcurrido.

I.2.2. Informe del demandado

Griseldo Martínez Cruz, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Azurduy del departamento de Chuquisaca, a través de informe escrito presentado el 27 de abril de 2023, cursante a fs. 48 a 49 vta., y en audiencia de garantías, señaló que; i) La vulneración del derecho constitucional a la petición nace a partir del acta de entrega de carta notariada del 20 de junio de 2022, que dio origen al supuesto hecho vulnerador reclamado mediante acción de amparo constitucional; ii) De acuerdo al art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho, por otra parte el art. 129.II de la CPE, dispone que la acción de amparo constitucional deberá interponerse en un plazo máximo de seis meses; iii) La carta notariada fue presentada al indicado Gobierno Municipal el 20 de junio de 2022 y el memorial de acción de amparo constitucional fue presentado el 23 de marzo de 2023, es decir mucho después de los seis meses que dispone la Norma Suprema y el Código Procesal Constitucional; iv) Sobre la teoría del hecho superado, citó a las SCP 0106/2015-S1 de 13 de febrero, SCP 0122/2014-S1 de 4 de diciembre, SCP 0095/2014-S1 de 24 de noviembre, SCP 1767/2014 de 15 de septiembre, SCP 1640/2010-R de 15 de octubre, SC 1290/2006-R de 18 de diciembre, SC 0039/2006-R de 11 de enero, SCP 1668/2012 de 1 de octubre, SC 0039/2006-R de 11 de enero, SC 1077/2010 de 27 de agosto, SC 1640/2010-R de 15 de octubre, alegando que la referida entidad municipal mediante nota CITE G.A.M.V.A 114/2023, con cargo de recepción de 25 de abril de 2023, dio respuesta formal a la parte accionante y que el hecho que se reclama fue subsanado; en consecuencia concurre la teoría del hecho superado, conforme a la jurisprudencia señalada; y, v) Por los fundamentos expuestos solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 051/2023 de 28 de abril, cursante de fs. 56 a 58 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La acción de defensa se sustentó en el hecho de la falta de respuesta a una petición formulada por la parte ahora accionante, a través de las notas presentadas el 6 de septiembre de 2021 y acta de entrega de carta notariada de 20 de junio de 2022 al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Azurduy, las cuales no merecieron respuesta formal, oportuna y sustancial sobre lo peticionado; b) De acuerdo a lo manifestado en audiencia y por el informe que presentó el Alcalde demandado y admitido por el accionante; se tiene que, posterior a la notificación de la acción de defensa, remitió respuesta mediante nota CITE G.A.M.V.A. 114/2023, a la Industria Químico Farmacéutica SIGMA CORP. S.R.L., con cargo de recepción de 25 de abril de 2023, haciendo conocer que procederá al pago, ni bien la empresa actualice la solicitud del proceso de cancelación; c) No existió una respuesta oportuna; sin embargo, a partir de la interposición de la acción de amparo constitucional y con la citación al demandado, que emitió respuesta sustancial para el pago de la deuda, conforme consta en el cargo de recibido de 25 de abril 2023, se tiene por superado los hechos que se denuncian como lesivos del derecho de petición; y, d) No resulta pertinente realizar un análisis de fondo a la problemática inicialmente planteada, por cuanto no se podría determinar nada, conforme a lo expresado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2022-S3 de 9 de marzo y 1894/2012 de 12 octubre, la respuesta se emitió antes del desarrollo de la audiencia; por lo que, al encontrarse superada la situación que restringe el derecho a la petición, no existe materia, ni sustento para que la Sala Constitucional pueda analizar el fondo de la problemática y mucho menos emitir un pronunciamiento, en tal sentido, corresponde denegar la tutela debido a la causal de improcedencia prevista en el art. 53.2 del CPCo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Contrato Administrativo Modalidad de Contratación por Excepción Adquisición “Alimento Complementario Nutribebe Programa Desnutrición Cero AIEPI-NUT” C.P. EX./GAMA 001/2019 de 7 marzo, que suscribió el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Azurduy del departamento de Chuquisaca e Industria Química Farmacéutica SIGMA CORP. S.R.L.; para la provisión de cuatro mil doscientas treinta y siete, unidades de alimento complementario “NUTRIBEBE” por el monto de Bs99 993,20.- (fs. 10 a 14).

II.2. Se tiene fotocopia de acta de entrega de 28 de marzo de 2019, de “4 237”

unidades de alimento complementario “NUTRIBEBE” (fs. 15).

II.3. Consta factura 00000075, emitida por la Industria Química Farmacéutica SIGMA CORP. S.R.L., por un monto de Bs99 993,20.- a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Azurduy del departamento de Chuquisaca (fs. 22).

II.4. Mediante nota de 26 de agosto de 2021, con cargo de recepción 6 de septiembre del mismo año, la parte accionante presentó informe de deuda y solicitud de pago al Alcalde ahora de demandado, por la entrega de cuatro mil doscientas treinta y siete, unidades de alimentación complementaria “NUTRIBEBE” (fs.17).

II.5. Cursa acta de entrega de carta notariada de 20 de junio de 2022, efectuada por Fernando Cava, Notario de Fe Pública Primero del municipio de Villa Azurduy del departamento de Chuquisaca, que adjunta la nota CITE SIGMA 071/2022 de 9 de junio, dirigida al Alcalde demandado, con la referencia conminatoria de pago (fs. 18 a 21 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la petición; alegando que, el Alcalde ahora demandado, no dio respuesta a sus solicitudes de 26 de agosto de 2021, con cargo de recepción 6 de septiembre mismo año y posteriormente al acta de entrega de carta notariada de 20 de junio del 2022, donde adjuntó la nota CITE SIGMA 071/2022 de 9 de junio, respecto a la cancelación y conminatoria de pago por la provisión de alimento complementario “NUTRIBEBE” que fue entregado conforme a los términos del contrato.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El plazo de caducidad de la acción de amparo constitucional

La SCP 0121/2023-S2 de 3 de abril, citando a su vez a la SCP 1482/2022-S2 de 16 de noviembre, estableció que: «La Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional disponen que la acción de amparo constitucional debe ser interpuesta en el término de seis meses de conocido el hecho vulnerador o de notificada la última decisión judicial o administrativa lesiva de derechos y garantías constitucionales; en ese orden, el art. 129.II de la CPE, dispone que: “I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; por su parte, el art. 55.I del CPCo señala que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.

La jurisprudencia constitucional establece que la acción de amparo constitucional está sujeta al principio de inmediatez; es decir, existe un plazo máximo de seis meses para activar esta vía tutelar extraordinaria en procura de la restitución y protección de derechos y garantías constitucionales supuestamente vulnerados o amenazados de serlo. La SC 1039/2010-R de 23 de agosto, señala que: “…es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada”.

Con el mismo sentido, la SC 0521/2010-R de 5 de julio, en relación al plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional, dispuso: ‘El principio de inmediatez referido precedentemente, ya se encontraba contenido en la jurisprudencia constitucional sentada por este Tribunal, al establecer que: “...el recurso debe ser presentado dentro del término máximo de seis meses…” (SC 1438/2002-R de 25 de noviembre, entre otras); habiendo la Constitución Política del Estado vigente acogido expresamente el mismo, adoptando con ello el requisito imprescindible que el accionante debe cumplir, de presentar su recurso dentro de los seis meses a partir de la supuesta vulneración cometida o de la notificación con la resolución judicial o administrativa que se considera lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales; principio que conforme expresa la SC 1157/2003-R de 15 de agosto: “…está sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos”.

Por su parte, la SCP 0751/2012 de 13 de agosto, establece que: “Ahora bien, se debe entender que: ‘…el principio de inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental. Este razonamiento, resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección’ (SC 0770/2003-R de 6 de junio)”.

Al respecto, esta vía tutelar extraordinaria no está sujeta a la indeterminación y pasividad de las partes interesadas; debido a que, estas se encuentran obligadas a actuar de manera diligente y oportuna en procura de la tutela de sus derechos y garantías; y en ese orden, deben activar la jurisdicción constitucional en el plazo máximo de seis meses computables a partir de la comisión de la supuesta vulneración, de conocido el hecho o de notificada la última resolución judicial o administrativa» (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la petición; toda vez que, el Alcalde ahora demandado, no dio respuesta a sus solicitudes de 26 de agosto de 2021, con cargo de recepción 6 de septiembre mismo año y posteriormente al acta de entrega de carta notariada de 20 de junio del 2022, donde adjuntó la nota CITE SIGMA 071/2022 de 9 de junio, respecto a la cancelación y conminatoria de pago por la provisión de alimento complementario “NUTRIBEBE”; que fue entregado conforme a los términos del contrato.

De la revisión de antecedentes, se tiene el Contrato Administrativo Modalidad de Contratación por Excepción Adquisición “Alimento Complementario Nutribebe Programa Desnutrición Cero AIEPI-NUT” C.P. EX./GAMA 001/2019 de 7 marzo, que suscribió el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Azurduy del departamento de Chuquisaca e Industria Química Farmacéutica SIGMA CORP. S.R.L., para la provisión de cuatro mil doscientas treinta y siete unidades de alimento complementario “NUTRIBEBE” por el monto de Bs99 993,20.-(Conclusión II.1.); mediante acta de entrega de carta notariada de 28 de marzo de 2019, procedió a la entrega de cuatro mil doscientas treinta y siete, unidades de alimento complementario “NUTRIBEBE” (Conclusión II.2.); consta factura 00000075, emitida por la Industria Química Farmacéutica SIGMA CORP. S.R.L., por un monto de Bs99 993,20.- a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Azurduy del departamento de Chuquisaca (Conclusión II.3.); y, mediante nota de 26 de agosto de 2021, con cargo de recepción 6 de septiembre del mismo año, el accionante, presentó informe de deuda y solicitud de pago al Alcalde ahora demandado (Conclusión II.4.).

De acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es pertinente recurrir al diseño constitucional y legal previsto en los arts. 129.II de la CPE y 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), los cuales establecen el plazo de seis meses para la activación del proceso constitucional vía acción de amparo constitucional, mismo que se computa a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, que se considere atentatoria de los derechos y garantías constitucionales; la jurisprudencia constitucional establece que la acción de amparo constitucional está sujeta al principio de inmediatez; es decir, existe un plazo máximo de seis meses para activar esta vía tutelar extraordinaria en procura de la restitución y protección de derechos y garantías constitucionales supuestamente vulnerados o amenazados de serlo, en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

Bajo este marco normativo que rige a la acción de amparo constitucional y en virtud al acto lesivo denunciado, con las connotaciones puestas de manifiesto dentro de esta acción de defensa y a los fines de contextualizar la denuncia planteada, se tiene que la parte impetrante de tutela ha cumplido con los términos del contrato administrativo suscrito con el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Azurduy del departamento de Chuquisaca; empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar el Alcalde demandado, no dio respuesta a sus solicitudes, ni procedió a su cancelación.

A consecuencia del mismo, mediante nota 26 de agosto de 2021, con cargo de recepción 6 de septiembre mismo año y posteriormente el acta de entrega de carta notariada de 20 de junio del 2022, que adjuntó la nota CITE SIGMA 071/2022, solicitó a la autoridad demandada, la cancelación y conminatoria de pago por la provisión de alimento complementario “NUTRIBEBE”, a partir de ello ante la petición específica realizada por la parte impetrante de tutela, era obligación del demandado pronunciarse al respecto, otorgando una respuesta formal y oportuna; tomando en cuenta, el parámetro temporal previsto por el art. 71.I inc. g) del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2023 (Reglamento a la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo). La autoridad demandada ante la notificación con la presente acción de amparo constitucional, recién emitió respuesta de efectivización de pago, en su nota CITE G.A.M.V.A. 114/2023, con cargo de recepción 25 de abril de 2023.

Por lo precedentemente señalado, la parte accionante al activar este proceso constitucional recién el 23 de marzo de 2023, incumplió el plazo de seis meses, establecido por la precitada normativa constitucional y procesal, acaeciendo en la extemporaneidad de la activación de la presente acción de amparo constitucional y la consecuente caducidad de la petición de tutela, implicando que esta jurisdicción constitucional se encuentre imposibilitada de realizar el examen de fondo que pudiese corresponder, por inobservancia del principio de inmediatez que rige su procedencia, debiéndose en su efecto denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 051/2023 de 28 de abril, cursante de fs. 56 a 58 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme al fundamento jurídico expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Notas al pie

1 Artículo 129.II. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial.

2 ARTÍCULO 55. (PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN). I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho.

3 Artículo 71° (PLAZOS SUPLETORIOS) I. Las actuaciones señaladas a continuación, que no tengan un plazo expresamente establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, en este Reglamento o en otras disposiciones vigentes; se sujetarán a los siguientes plazos máximos: (…) g) Decisiones sobre cuestiones de fondo: 20 días

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