B.IA.LEGAL

SCP 0537/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 23 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
23 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
52487-2023-105-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos “in dubio pro reo”, celeridad, eficacia, eficiencia e inmediatez; toda vez que, en la audiencia de revocatoria de medidas cautelares de 29 de noviembre de 2022, una vez que se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz; planteó recurso de apelación incidental, sin embargo hasta la interposición de la presente acción -3 de diciembre de 2022-, las funcionarias demandadas no remitieron el legajo ante el Tribunal de alzada; sin considerar que ingresan en vacaciones judiciales, colocándola en una situación de incertidumbre; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo su libertad; y, ordene que en el día remitan los antecedentes del recurso ante el superior en grado. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se desarrollará los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; 2) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 476/2022 de 4 de diciembre, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispositivos establecidos por el Juez de garantías; con la aclaración que esta concesión no implica disponer la libertad de la solicitante de tutela.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0537/2025-S1 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52487-2023-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 476/2022 de 4 de diciembre, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marisol Ticona Clavijo contra Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza; y, Karem Georgina Calderón Fernández, Secretaria, ambas del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de diciembre de 2022, cursante de fs. 10 a 12 vta., la accionante, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, a denuncia de Elías Roque Escobar, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; mediante Acta de Audiencia de Conciliación y Revocatoria de Medidas Cautelares (suspendida), la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz -ahora demandada- dispuso nuevo señalamiento de audiencia para el 29 de noviembre de 2022 a horas 11:00; no obstante, en dicha audiencia de conciliación, la parte “víctima” -Elías Roque Escobar- incumplió el Acuerdo Transaccional de 10 de agosto de 2022, de llegar a una conciliación y no proseguir la acción penal. Por lo que, inmediatamente se instala la audiencia de revocatoria de medidas cautelares en su contra, toda vez que no habría firmado con regularidad el cuaderno de control de firmas del Ministerio Público, asimismo no presentó dos garantes solventes que “...POR LA BUENA FE DEL ACUERDO DE PARTES (...) ya no vio la necesidad de cumplir con estas disposiciones” (sic), además que su abogado le indicó que cursa en el cuaderno de control jurisdiccional documentos idóneos presentados en su oportunidad sobre familia, trabajo y domicilio, mismas que demostrarían su arraigo natural y enervarían cualquier riesgo procesal emergente y planteado de manera temeraria por la parte contraria “…y de que de buena fe (...) si bien no se sometió a la disposición judicial justamente por el acuerdo arribado…” (sic), asimismo, su abogado puso en conocimiento que se encuentra a cargo de la manutención de sus hijas (una menor de diez años y otra de dieciocho años); sin embargo, la Jueza demandada en franco revanchismo por haberla denunciado, días antes, ante el Consejo de la Magistratura por faltas graves y de no haberse allanado a la recusación planteada, se le impuso arbitrariamente detención preventiva en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz por el lapso de un mes, cuando la medida más gravosa era disponer su detención domiciliaria sin salida laboral, más aún cuando tiene a cargo una hija menor de diez años. Por lo que, concluida la audiencia, su abogado interpuso recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señalando agravios y falta de fundamentación además de aplicación incorrecta de los arts. 232, 233 y 239 y 241 del mismo cuerpo legal; correspondiendo su remisión dentro del plazo de veinticuatro horas, siendo que en el día proveyeron los recaudos de ley. En ese sentido denuncia encontrarse detenida indebidamente en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes, por lo que acude a la vía constitucional al no haberse cumplido los plazos procesales en cuanto a la remisión de antecedentes de su apelación, encontrándose pendiente su situación de privación de libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La demandante de tutela considera lesionada la garantía del debido proceso en sus elementos “in dubio pro reo”, celeridad, eficacia, eficiencia e inmediatez, citando al efecto los arts. 115 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga su libertad; y, en audiencia pidió se ordene que en el día se remita los antecedentes del recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, máxime si están a punto de ingresar a las vacaciones judiciales.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 4 de diciembre de 2022; según consta en acta cursante de fs. 18 a 19 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionante de tutela a través de su abogado en audiencia se ratificó en los términos de su demanda tutelar y añadió lo siguiente: a) Denuncia la vulneración del principio de celeridad conforme a los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la CPE, en razón a que transcurrió más de veinticuatro horas sin que se remita su recurso de apelación incidental planteado, sin considerar que su situación jurídica se tiene que definir en apelación, generándole incertidumbre; b) La autoridad jurisdiccional demandada tenía el plazo de veinticuatro horas para remitir al Tribunal superior en grado, previo sorteo a una de las Salas Penales; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción, las ahora demandadas, quienes tenían la función de ejecutar dicha remisión, no cumplieron; c) Los jueces tienen obligación de coordinar con su personal, quienes están a su plena disposición, en este caso, el 30 de noviembre de 2022, se dejó los recaudos de ley necesarios para que en el día remitan su apelación, aspecto que no se cumplió, existe una dilación indebida en la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada; y, d) Por todo lo expuesto, solicita que en el día remitan los antecedentes de su recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, máxime si nos encontramos “casi ya a las finalidades de las vacaciones judiciales este aspecto va agravar la situación de la ahora detenida preventivamente es decir de la señora Marisol” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionaria demandadas

Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, en audiencia informó lo siguiente: 1) El “día martes de la presente semana” se llevó a cabo la audiencia de revocatoria de medidas cautelares contra la impetrante de tutela, determinándose su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz; asimismo, dicha determinación fue impugnada por su defensa, esto aproximadamente a horas 14:30; al respecto, la ley establece el plazo de veinticuatro horas para remitir la apelación siempre y cuando nos encontremos en capital; no obstante, existe una línea jurisprudencial que en casos de provincias se establece el plazo de setenta y dos horas; en ese sentido, tomando en cuenta la distancia que existe entre la ciudad de La Paz y el municipio de Caranavi, son tres horas y media, además se debe considerar también la carga procesal con la que cuenta el juzgado y el personal; como es de conocimiento general, nos encontramos a finales de gestión, por lo que “el día de mañana” entramos de vacaciones judiciales y los juzgados de instrucción penal deben cumplir un instructivo que fue emitido por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el cual ordena que hasta el día de mañana todos los cuadernos con detenidos preventivos y detenidos domiciliarios “serán” remitidos a la ciudad de La Paz; 2) En ningún momento se incumplió toda vez que el “día jueves” en horas de la noche se remitió el legajo de apelación para que el mismo sea presentado por “personal de apoyo jurisdiccional a la ciudad de La Paz por los pasantes”, considerando que la Secretaria no puede salir por la recargada carga laboral además de tener que cumplir con el Instructivo mencionado; no obstante, “el día viernes” lamentablemente los funcionarios de la Oficina Gestora de Procesos observaron “…que la persona quien iba a presentar el legajo no porte su credencial toda vez que el mismo no es funcionario con cargo delegado, y que tenía que presentar la secretaria, sin embargo no ha podido ser admitido, es así el informe que se ha brindado por la secretaria de despacho y nuevamente se ha remitido a su despacho el cuaderno la resolución transcrita, también el acta y además el “Baucher” con el que se puede verificar la remisión de la ciudad de Caranavi a la ciudad de La Paz, con la fecha y la hora de que ha sido remitido…” (sic), es decir, por aspectos ajenos dicho legajo no pudo ser recepcionado por la Oficina Gestora; sin embargo, la secretaria “el día de mañana se va a encontrar en la ciudad de La Paz, toda vez que la misma debe cumplir con la remisión de los detenidos al juzgado turno designado por presidencia” (sic); y, 3) Por todo lo expuesto, al no haber lesionado derecho alguno, al contrario, en su momento dispuso la remisión además de hacer seguimiento de la misma; encontrándose aun dentro del plazo de los tres días como establece la amplia línea jurisprudencial, considerando además que no está en sus atribuciones la remisión de cuadernos de apelación, siendo un deber de la secretaria y oficial de diligencias. Karem Georgina Calderón Fernández, Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, presentó informe escrito de 4 de “noviembre” de 2022, cursante a fs. 17, manifestando que: i) El 29 de noviembre de 2022 se llevó a cabo la audiencia de revocatoria de medidas cautelares contra la solicitante de tutela, en la que se pronunció el Auto Interlocutorio 543/2022 de igual data, en el cual se dispuso la detención preventiva; y, ii) La Resolución indicada fue apelada por la defensa, sin embargo poner a conocimiento que “la suscrita” no pudo ir personalmente a dejar el cuadernillo de apelación ya que por las vacaciones judiciales se están alistando los cuadernos para ser remitidos a la ciudad de La Paz y debido a la carga procesal que se tiene en este despacho judicial, dando cumplimiento a los plazos establecidos, el 1 de diciembre de 2022 envió la remisión del cuaderno de apelación conforme consta en la guía de encomienda que se adjunta; empero, el Encargado de Plataforma no le quiso recibir el cuaderno de apelación a la persona que fue a presentar, toda vez que le indicaron que debía ser un funcionario del Juzgado; es en razón de ello que no se pudo alcanzar a presentar la apelación, ya que se encontraba en el municipio de Caranavi preparando los cuadernos con detenidos para su remisión.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Segundo de la zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 476/2022 de 4 de diciembre, cursante de fs. 20 a 22, concedió la tutela solicitada, disponiendo que las demandadas, en el plazo de veinticuatro horas, cumplan los alcances del art. 251 del CPP, es decir, remitir el legajo de apelación para su tramitación; determinación asumida con los siguientes fundamentos: a) De la revisión de obrados se advierte que el presente caso hasta la fecha no cuenta con documentación alguna que refiera específicamente que se haya cumplido con el art. 251 del CPP, es decir, que se haya remitido antecedentes ante el Tribunal de alzada, toda vez que la Secretaria ahora demandada, hizo conocer sobre el envío de un sobre de documentos mediante una guía de encomiendas del Sindicato Mixto de Transportes de Caranavi, de ello se establece que no se tiene elemento alguno que pueda determinar que estos documentos o este sobre enviado a la ciudad de La Paz, haya consistido en el legajo de apelación remitido por parte de la Secretaria del Juzgado por ante alguna persona constituida en pasante que se encontraría en La Paz; por lo que se tiene por evidente el incumplimiento del plazo establecido; b) El argumento expuesto por la Jueza demandada en cuanto a que la remisión sería una función específica del Secretario y Oficial de Diligencias no corresponde considerarse, toda vez que la SCP “521/2021-S3” de 18 de agosto, estableció en relación a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, que no implica que la autoridad jurisdiccional deje al desamparo la dirección del Juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también es su responsabilidad por ser la autoridad a cargo del Juzgado, vale decir, la Jueza es la directora de ese despacho y al haber emitido una orden a objeto de que se remita el legajo ante el Tribunal de apelación, esta debía ser ejecutada por la Secretaria: cumpliéndose con los presupuestos jurisdiccionales de las subreglas que exige la legitimación pasiva del personal de apoyo subalterno, porque en este caso la vulneración emerge del incumplimiento de las instrucciones y órdenes impartidas por el superior en grado; y, c) En cuanto a la flexibilización del plazo establecido, evidentemente hay una Circular 19/2022 -SP- TDJLP de 29 de noviembre, referente a las vacaciones judiciales anuales que se habrían determinado desde el 6 hasta el 30 de diciembre de 2022, en la cual evidentemente se establece que hasta el 5 de diciembre de ese año, deben remitirse antecedentes, casos con detenidos por ante los juzgados de turno, en relación a ello se puede establecer que la sentencia a la cual ha hecho referencia la autoridad demandada establece una posible flexibilización del plazo previsto en el art. 251 del CPP, la cual señala que este es plenamente viable hasta los tres días, pasado el cual, la omisión del juzgador constituye un acto dilatorio y en relación a ello hace conocer también otros presupuestos de flexibilización como las suplencias o pluralidad de imputados, adicionalmente a ello, la recargada labor razonablemente justificada y fundada. Sobre el particular se puede establecer si bien existe esta flexibilización, se debe tomar en cuenta que los tres días de plazo que establece esta jurisprudencia constitucional también deben cumplirse y en el presente caso, la remisión de antecedentes fue dispuesta el 29 de noviembre de 2022, con la flexibilización citada el plazo hubiera fenecido el 2 de diciembre de igual al año, por lo que inclusive con dicha flexibilización se ha incumplido los plazos; en cuanto a la Circular emitida, esta de ninguna manera constituye una justificación razonable y fundada solo por la recargada labor de la autoridad jurisdiccional porque inclusive este elemento debe ser justificado a través de un documento como una certificación de la Secretaria del Juzgado, la cual establezca tal extremo, elemento que no ha sido adjuntado en la tramitación de la presente audiencia, en tal sentido estos elementos denotan la existencia de dilación en la remisión del recurso de apelación planteado por la accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa informe escrito de 4 de “noviembre” de 2022, evacuado por Karem Georgina Calderón Fernández, Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz -ahora demandada-; asimismo, se tiene informe oral brindado en audiencia tutelar virtual, por Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza del Juzgado mencionado -autoridad co demandada- (fs. 17 a 19 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos “in dubio pro reo”, celeridad, eficacia, eficiencia e inmediatez; toda vez que, en la audiencia de revocatoria de medidas cautelares de 29 de noviembre de 2022, una vez que se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz; planteó recurso de apelación incidental, sin embargo hasta la interposición de la presente acción -3 de diciembre de 2022-, las funcionarias demandadas no remitieron el legajo ante el Tribunal de alzada; sin considerar que ingresan en vacaciones judiciales, colocándola en una situación de incertidumbre; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo su libertad; y, ordene que en el día remitan los antecedentes del recurso ante el superior en grado. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se desarrollará los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; 2) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0105/2018-S2 de 11 de abril, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la 1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, desarrolló el siguiente razonamiento:

Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones 4El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”.

5El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.

7El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.

de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, 8El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos “in dubio pro reo”, celeridad, eficacia, eficiencia e inmediatez; toda vez que, en la audiencia de revocatoria de medidas cautelares de 29 de noviembre de 2022, una vez que se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes La Paz; planteó recurso de apelación incidental, sin embargo hasta la interposición de la presente acción -3 de diciembre de 2022-, las funcionarias demandadas no remitieron el legajo ante el Tribunal de alzada; sin considerar que ingresan en vacaciones judiciales, colocándola en una situación de incertidumbre. Inicialmente, cabe aclarar que si bien no cursa en antecedentes elementos probatorios que la ahora accionante hubiese ofrecido a fin de acreditar el reclamo impetrado dentro de la presente acción de libertad, por lo que este fallo constitucional se basará en los argumentos expuestos por las partes y los fundamentos inmersos en la Resolución dictada por el Juez de garantías. De la compulsa del expediente remitido en revisión y lo informado en audiencia de la acción de libertad, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Elías Roque Escobar contra Marisol Ticona Clavijo -ahora demandante de tutela-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 29 de noviembre de 2022, se efectuó audiencia de revocatoria de medidas cautelares, en la que mediante Auto Interlocutorio 543/2022 de igual data, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz -ahora demandada-, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, por el lapso de un mes; determinación contra la cual, de forma oral en audiencia formuló recurso de apelación incidental, sin que hasta la fecha de interposición de la acción, su legajo de apelación sea remitido al Tribunal de alzada. Ahora bien, de la revisión de los informes -oral y escrito- prestados por la Jueza y Secretaria ahora demandadas (Conclusión II.1), se evidencia que efectivamente el cuaderno de apelación no fue remitido al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para su sorteo a la sala penal correspondiente, aspecto que fue reconocido por las demandadas, argumentando haber intentado ingresarlo a Plataforma través de un pasante por cuanto la Secretaria está saturada alistando los cuadernos con detenidos preventivos o domiciliarios, entre otros, para su remisión a los juzgados de turno, esto en atención a la Circular 19/2022 -SP- TDJLP de 29 de noviembre, que dispuso fijar la vacación anual colectiva; asimismo, -la Jueza- solicitó se considere la flexibilización del plazo establecido jurisprudencialmente, en atención a la distancia existente entre la ciudad de La Paz y el municipio de Caranavi, además por la carga procesal existente en cumplimiento de la Circular mencionada, encontrándose aun -a decir suyo- dentro de plazo. De lo expuesto, resulta evidente la demora en la remisión de antecedentes al Tribunal de apelación, la cual superó las 96 horas hasta la fecha de interposición de la presente acción, incumpliendo el plazo establecido en el art. 251 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que señala: “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad”; es decir que, una vez planteado el recurso de apelación, la autoridad que haya resuelto imponer, modificar o rechazar las medidas cautelares de carácter personal, deberá remitir la apelación en el plazo estipulado, considerando además el deber de toda autoridad que tenga conocimiento de un caso en el que se vea involucrado el derecho a la libertad física de una persona, tiene la obligación ineludible de tramitarlo con la mayor celeridad posible, con la finalidad de evitar una lesión al referido derecho. Asimismo, en relación a la Secretaria demandada, contra quien también se dirigió la presente acción tutelar; cabe recordar que de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, los funcionarios de apoyo judicial cuentan con legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares cuando la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas dicho personal, por el incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, en tales casos dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva, independientemente de la responsabilidad de supervisión de la autoridad jurisdiccional. En el caso de análisis, la funcionaria subalterna referida incumplió sus obligaciones; por cuanto, dicha servidora pública no consideró el cumplimiento del plazo para la remisión de antecedentes ante el superior en grado, evidenciándose descuido en el desempeño de sus funciones, lo que contribuyó a la lesión de derechos alegada, correspondiéndole parte de la responsabilidad en el presente caso. Así, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción traslativa o de pronto despacho, se constituye en el mecanismo procesal idóneo en los casos en los que exista vulneración al principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad, como ocurre en el caso de autos en que se evidencia que las ahora demandadas, vulneraron los derechos invocados por la impetrante de tutela; correspondiendo otorgar la tutela impetrada, dejando establecido que esta decisión no implica de ninguna manera disponer la libertad de la peticionante de tutela. Finalmente, en cuanto a la flexibilización del plazo previsto en el art. 251 del CPP desarrollada por la jurisprudencia constitucional, alegada como justificativo de la demora por la autoridad demandada; esta no puede ser considerada al no haberse adjuntado descargo alguno que justifique de manera razonable las presuntas recargadas labores de la autoridad judicial, así como suplencias o pluralidad de imputados.

A tal efecto, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 476/2022 de 4 de diciembre, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispositivos establecidos por el Juez de garantías; con la aclaración que esta concesión no implica disponer la libertad de la solicitante de tutela. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

2 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 3El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

9 https://lapaz.organojudicial.gob.bo/Documentos/circular%2020221130190332.pdf

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0537_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5bf6f2df65567d28c256cc01ceb8e5737ab3d1d1aabfe67b44b0c94510f2dcd1

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