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SCP 0536/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 8 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
8 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54166-2023-109-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de la garantía del debido proceso vinculado a su libertad y la presunción de inocencia, alegando que: 1) La Jueza codemandada, mediante Auto Interlocutorio 263/2022, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva efectuando una valoración sustentada en criterios de presunción de culpabilidad; y, 2) La Vocal demandada, a través del Auto de Vista 335/2022, confirmó dicha determinación realizando: i) Una interpretación basada en criterios de culpabilidad respecto a la valoración de la prueba de descargo, otorgando además un carácter punitivo a la medida cautelar; y, ii) Pese a que esta tiene naturaleza preventiva y no sancionatoria mantuvo su detención preventiva por aproximadamente un año y siete meses, convirtiéndola en una pena anticipada, pese a la posibilidad de aplicar medidas menos gravosas, como la detención domiciliaria con salida laboral prevista en el art. 231 bis, numeral 9 del CPP. Ante ello, la Vocal demandada, señaló que la Jueza a quo: a) Determinó la subsistencia de los riesgos procesales previstos en los arts. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 58 a 64 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad no constituye un mecanismo para subsanar las deficiencias de fundamentación de la apelación incidental
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0536/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54166-2023-109-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 29/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 58 a 64 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Ángel García Condori contra Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, María Candelaria Peñarrieta Vargas, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primera de la Capital del referido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de marzo de 2023, cursante de fs. 27 a 30, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, mediante Auto Interlocutorio 358/2021 de 30 de agosto, se dispuso su detención preventiva, pese a que, con relación a la probabilidad de autoría, el certificado médico practicado a la presunta víctima no evidenció acceso carnal, hematomas ni excoriaciones; asimismo, el Informe Técnico Pericial I.R.C.U.P. de 17 de diciembre de 2021 no encontró registros de conversaciones, mensajes o llamadas telefónicas entre su persona y la presunta víctima o sus familiares; de igual forma, respecto a los riesgos procesales de fuga y obstaculización atribuidos en su contra, particularmente el supuesto envío de mensajes amenazantes, era de conocimiento del Ministerio Público y de las autoridades jurisdiccionales que su teléfono celular quedó olvidado en el domicilio de la presunta víctima la noche de los hechos denunciados; en ese entendido, dicho aparato fue posteriormente entregado a la Policía y luego al Ministerio Público para la realización de la correspondiente pericia técnica, razón por la cual no podía concluirse que él habría enviado los mensajes atribuidos a su persona. Con base en esos antecedentes, en reiteradas oportunidades solicitó la cesación de su detención preventiva, adjuntando diversos elementos destinados a demostrar que la medida ya no resultaba necesaria ni proporcional; sin embargo, tales solicitudes fueron rechazadas por María Candelaria Peñarrieta Vargas, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primera del departamento de Tarija -ahora codemandada-, quien, mediante Auto Interlocutorio 263/2022 de 15 de diciembre, denegó su petición, efectuando una valoración sustentada en una presunción de culpabilidad. Asimismo, ante la impugnación formulada, Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -hoy demandada-, mediante Auto de Vista 335/2022 de 20 de diciembre, confirmó dicha determinación, realizando una interpretación basada en criterios de culpabilidad respecto a la valoración de la prueba de descargo y otorgando, además, un carácter punitivo a las medidas cautelares personales, pese a que estas tienen naturaleza preventiva y no sancionatoria. En ese sentido, las autoridades demandadas desconocieron el principio de presunción de inocencia y la garantía del debido proceso, al asumir razonamientos propios de una condena anticipada, cuando las medidas cautelares deben ser revisadas periódicamente, incluso de oficio, y mantenerse únicamente mientras resulten necesarias y proporcionales. Finalmente, permanece privado de libertad de manera preventiva desde hacía aproximadamente un año y siete meses, situación que transformó la medida cautelar en una pena anticipada o de carácter punitivo, pese a que podían aplicarse medidas menos gravosas, como la detención domiciliaria con salida laboral prevista por el art. 231 bis, numeral 9 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de la garantía del debido proceso vinculado con su libertad; citando al efecto los arts. 22, 23.1 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.5, 8.2 y 9.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela impetrada, disponiendo que las autoridades demandadas emitan una nueva resolución y pronuncien un mandamiento de libertad a favor.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 14 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 56 a 57 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, por intermedio de su representante legal, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción tutelar y, ampliando su intervención, sostuvo que las autoridades demandadas asumieron razonamientos orientados a confirmar su culpabilidad, desconociendo el principio de presunción de inocencia; asimismo, cuestionó que no hubiesen considerado el tiempo excesivo de duración de su detención preventiva, pese a que las medidas cautelares tienen carácter provisional y no definitivo.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante informe escrito cursante de fs. 39 a 41 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: a) La Jueza a quo estableció, mediante Auto Interlocutorio 89/2022 de 13 de abril, que subsistían los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; asimismo, con base en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, para valorar dichos riesgos debía considerarse la situación de vulnerabilidad o desventaja de la víctima frente al imputado, aspecto que ya había sido tomado en cuenta al momento de su activación; del mismo modo, se otorgó relevancia a la Sentencia Condenatoria 20/2022 de 10 de mayo, mediante la cual se impuso al accionante la pena de trece años y cuatro meses de privación de libertad por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente en grado de tentativa; b) La Jueza de primera instancia realizó la valoración integral de todos los medios de prueba presentados por la defensa, sin omitir el análisis de ninguno de ellos; y, c) La resolución cuestionada se encontraba debidamente fundamentada y motivada, conforme a la normativa aplicable, los antecedentes procesales y las pruebas producidas en el proceso. María Candelaria Peñarrieta Vargas, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primera del departamento de Tarija, mediante informe escrito cursante a fs. 38 y vta., señaló que: 1) La solicitud de cesación a la detención preventiva no se sustentó en el vencimiento del plazo máximo previsto en el art. 239.1 del CPP, precisando que el tiempo de privación de libertad del accionante se encontraba dentro de parámetros razonables y legales, siendo además improcedente invocar dicha causal tratándose de un proceso por violación de infante, niña, niño o adolescente; 2) A efectos de desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, el accionante presentó la Sentencia Condenatoria 20/2022 -aún pendiente de resolución en apelación restringida-, un informe psicológico y una declaración notarial de la hermana de la víctima retractándose de la incriminación inicial; sin embargo, dichos elementos no fueron suficientes para desvirtuar el referido riesgo procesal; 3) Respecto al riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, no se presentó elemento probatorio alguno destinado a desvirtuarlo, razón por la cual dicho riesgo continuaba subsistente; y, 4) Las medidas cautelares fueron analizadas desde una perspectiva de género y con la finalidad de proteger a la víctima, conforme al art. 86.13 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, además que la Sentencia Condenatoria 20/2022 reforzaba la necesidad de mantener dicha protección.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Lucy Linda Acosta, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que las autoridades demandadas realizaron una valoración integral de los antecedentes del caso y que, al persistir los riesgos procesales, se mantuvo vigente la medida de detención preventiva impuesta al peticionante de tutela; asimismo, debía considerarse la existencia de la Sentencia Condenatoria 20/2022, emitida en primera instancia contra el accionante, dentro de un proceso en el que la víctima es una menor de edad; en ese contexto, dada la situación de vulnerabilidad de la víctima y la protección reforzada prevista por la normativa aplicable para este tipo de delitos, las autoridades demandadas expusieron de manera clara y fundamentada las razones por las cuales correspondía mantener la detención preventiva del accionante; por ello, no se evidenciaba actuación arbitraria ni lesión de derechos fundamentales atribuible a las autoridades demandadas.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 29/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 58 a 64 vta., denegó la tutela solicitada sobre la base de los siguientes fundamentos: a) El accionante cuestionó la valoración de la prueba realizada por las autoridades demandadas; sin embargo, dicha labor constituye una atribución privativa de la jurisdicción ordinaria y no corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar una nueva valoración probatoria; b) Si bien la jurisprudencia constitucional admite excepcionalmente la revisión de la valoración de la prueba cuando exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad, en el presente caso el impetrante de tutela no precisó de qué manera las autoridades demandadas se habrían apartado de dichos parámetros, ni identificó concretamente qué prueba hubiese sido omitida en su valoración; y, c) Del Auto Interlocutorio 263/2022 y del Auto de Vista 335/2022 se advierte que las autoridades demandadas efectuaron un razonamiento claro respecto a los tres elementos probatorios presentados por el impetrante de tutela para desvirtuar los riesgos procesales, concluyendo que los mismos no resultaban suficientes para enervarlos.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entra las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional; en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley (fs. 69 a 71).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediatice Auto Interlocutorio 358/2021 de 30 de agosto, Rossio Lana Gutiérrez, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Tarija, dispuso la detención preventiva de Miguel Ángel García Condori -ahora accionante-en el Centro Penitenciario Morros Blancos del señalado departamento (fs. 15 a 18). II.2. A través de Auto Interlocutorio 263/2022 de 15 de diciembre, María Candelaria Peñarrieta Vargas, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primera del departamento de Tarija -ahora codemandada-, declaró infundada la solicitud de cesación a la detención preventiva formulada por el impetrante de tutela, quien interpuso recurso de apelación contra dicha determinación (fs. 20 a 22). II.3 Por Auto de Vista 335/2022 de 20 de diciembre, Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -hoy demandada-, declaró sin lugar el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante y confirmó íntegramente la resolución recurrida (fs. 23 a 25 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de la garantía del debido proceso vinculado a su libertad y la presunción de inocencia, alegando que: 1) La Jueza codemandada, mediante Auto Interlocutorio 263/2022, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva efectuando una valoración sustentada en criterios de presunción de culpabilidad; y, 2) La Vocal demandada, a través del Auto de Vista 335/2022, confirmó dicha determinación realizando: i) Una interpretación basada en criterios de culpabilidad respecto a la valoración de la prueba de descargo, otorgando además un carácter punitivo a la medida cautelar; y, ii) Pese a que esta tiene naturaleza preventiva y no sancionatoria mantuvo su detención preventiva por aproximadamente un año y siete meses, convirtiéndola en una pena anticipada, pese a la posibilidad de aplicar medidas menos gravosas, como la detención domiciliaria con salida laboral prevista en el art. 231 bis, numeral 9 del CPP. Ante ello, la Vocal demandada, señaló que la Jueza a quo: a) Determinó la subsistencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, consideró la situación de vulnerabilidad de la víctima y la existencia de la Sentencia Condenatoria 20/2022, que impuso al accionante una pena de trece años y cuatro meses de privación de libertad; y, b) Valoró integralmente todos los medios de prueba presentados por la defensa y emitió una resolución debidamente fundamentada y motivada. Por su parte, la Jueza codemandada, señaló que: 1) La solicitud de cesación a la detención preventiva no se sustentó en el vencimiento del plazo máximo previsto en el art. 239.1 del CPP; 2) Los elementos probatorios presentados para desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP no resultaban suficientes y tampoco se presentó prueba para desvirtuar el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del mismo cuerpo normativo; y, 3) Las medidas cautelares fueron analizadas desde una perspectiva de género y orientadas a la protección de la víctima, conforme a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad no constituye un mecanismo para subsanar las deficiencias de fundamentación de la apelación incidental

El control constitucional no sustituye la actividad procesal que corresponde desarrollar a las partes ni releva a estas del cumplimiento de las cargas de fundamentación exigidas por el ordenamiento jurídico para la procedencia de los medios de impugnación; de ahí que corresponde al recurrente identificar con precisión los agravios que atribuye a la resolución impugnada, exponer las razones fácticas y jurídicas que sustentan su disconformidad y explicar de qué manera la decisión cuestionada vulnera sus derechos o resulta contraria a las normas aplicables; tales exigencias delimitan el ámbito de competencia del tribunal de alzada y permiten el ejercicio efectivo del principio de contradicción; en consecuencia, cuando la apelación carece de una fundamentación suficiente o no desarrolla agravios concretos, la omisión es imputable a la propia parte recurrente y no puede ser suplida posteriormente mediante una acción de libertad. En ese contexto, admitir que la acción de libertad sirva para incorporar argumentos que no fueron expuestos en la apelación incidental o para reformular agravios deficientemente planteados implicaría desnaturalizar el objeto de esta garantía constitucional y convertirla en una instancia revisora destinada a subsanar la negligencia procesal de las partes. Por consiguiente, cuando la parte accionante pretende que, a través de la acción de libertad, se analicen cuestionamientos que no fueron oportunamente planteados en la apelación incidental o que fueron formulados de manera genérica e insuficiente, la jurisdicción constitucional no puede ingresar al examen de tales aspectos; lo contrario supondría reemplazar la carga argumentativa que correspondía cumplir al recurrente en la vía ordinaria, alterando el objeto de la acción de libertad y desvirtuando su función de control de constitucionalidad respecto de actos que efectivamente vulneren el derecho a la libertad y no de omisiones atribuibles a la propia actividad procesal de las partes.

III.2. Análisis del caso concreto

Previamente, antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde señalar que la parte accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 263/2022 de 15 de diciembre, el cual fue resuelto por la Vocal ahora demandada mediante el Auto de Vista 335/2022 de 20 de diciembre, también cuestionado en la presente acción tutelar; en consecuencia, conforme al principio de subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad, el análisis debe circunscribirse únicamente a la resolución emitida en grado de apelación, por cuanto fue esta determinación la que definió en última instancia la situación jurídica que el impetrante de tutela considera lesiva de sus derechos fundamentales invocados; en ese entendido, no corresponde efectuar análisis alguno respecto de la actuación de la Jueza ahora codemandada. Ahora bien, debe hacerse notar que la parte accionante no adjuntó o presentó el acta de la audiencia de apelación incidental dentro de su acción de libertad o, en su caso, tampoco señaló el lugar donde se encuentra, conforme establece el art. 33.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo), sino únicamente el Auto de Vista; en ese sentido, del análisis del Auto de Vista impugnado, se advierte que el peticionante de tutela habría fundamentado en su apelación que los autos interlocutorios: “…deben encontrarse debidamente fundamentados y motivados…” (sic), sin precisar en qué consistiría la falta de fundamentación, es decir, sin precisar si la resolución es contradictoria, tiene argumentos absurdos, o, en su caso, qué argumento no se resolvió; y, si se trata de falta de valoración de prueba, cuál es la relevancia de la prueba para desvirtuar los riesgos procesales, limitándose, en este sentido, a afirmar que: “…en cuanto a los riesgos procesales se ha presentado un informe de la SIJPLU y que la sentencia no se encuentra ejecutoriada” (sic), elementos probatorios que luego no usa para fundamentar su acción de libertad. Por otra parte, en la apelación se fundamenta respecto a los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; en ella se alega que: “…con el transcurso del tiempo han decaído los riesgos procesales…” (sic), sin que conste que hubiese efectuado mayores consideraciones. En ese sentido, y en cuanto al punto i), se advierte que la Vocal demandada, al analizar la subsistencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, señaló de manera general que la Jueza cautelar había valorado los elementos de descargo ofrecidos por la defensa, consistentes en el informe psicológico, la declaración notarial, el contrato de alquiler, el contrato de trabajo futuro y el informe técnico; sobre esa base, concluyó que dichos elementos no eran suficientes para desvirtuar los riesgos procesales, afirmando que: “…la Jueza ha dado valor negativo a esas pruebas presentadas por el imputado, expresando de forma clara y precisa la razón por las que no enervarían los riesgos procesales, puesto que los peligros aún persisten” (sic). No obstante, este Tribunal Constitucional Plurinacional no puede efectuar un nuevo examen sobre la valoración de esos elementos probatorios; ello se debe a que la parte accionante no formuló agravios concretos respecto de la valoración realizada por la autoridad judicial, sino que expresó un desacuerdo genérico con la decisión adoptada, sin identificar específicamente cuáles de los medios probatorios fueron indebidamente apreciados, qué errores de valoración se habrían cometido o por qué la conclusión alcanzada resultaría irrazonable. En ese contexto, la pretensión de que este Tribunal revise la valoración de la prueba no resulta viable, pues la jurisprudencia constitucional ha establecido que el control constitucional de la actividad probatoria es de carácter excepcional y únicamente procede cuando la parte impetrante de tutela cumple con una carga argumentativa mínima que justifique dicha revisión. Al respecto, la SCP 0033/2025-S2 de 24 de febrero, estableció que quien pretenda cuestionar la valoración de la prueba debe cumplir, como mínimo, con tres exigencias: “…1) De manera individualizada identificar qué pruebas fueron valoradas al margen de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas, o en su caso, fueron producidas pero eran ilícitas, 2) Cómo la valoración o falta de valoración produjo lesión a derechos y garantías tutelados por la acción de amparo constitucional; y, 3) Que la prueba tiene incidencia o relevancia constitucional en la resolución final de forma que su producción o su no valoración podrían haber cambiado la forma de la decisión del caso -SC 0685/2006-R de 17 de julio-”. En el caso concreto, la parte accionante no cumplió con ninguno de estos presupuestos; en efecto, no individualizó las pruebas cuya valoración cuestionaba, no explicó de qué manera la apreciación efectuada por la autoridad judicial lesionó sus derechos fundamentales ni acreditó la incidencia decisiva que tales elementos probatorios habrían tenido en la decisión impugnada; en consecuencia, al no haberse satisfecho la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional, este Tribunal se encuentra impedido de efectuar la revisión de la valoración probatoria realizada por las autoridades jurisdiccionales. Asimismo, sobre el aspecto referido a si la fundamentación desarrollada incurrió en una valoración basada en criterios de culpabilidad incompatibles con el principio de presunción de inocencia, se advierte que el Auto de Vista hizo referencia reiterada a la existencia de una Sentencia condenatoria de primera instancia, indicando que: “…la sentencia condenatoria refuerza la necesidad que el acusado continúe privado de libertad…” (sic); sin embargo, dicha referencia fue empleada por la autoridad judicial no como una afirmación de culpabilidad, sino como un elemento vinculado a la persistencia de los riesgos procesales previamente identificados, especialmente respecto a la situación de vulnerabilidad de la víctima y al riesgo de obstaculización; de hecho, el propio Auto de Vista aclaró que la Sentencia condenatoria “…no le quita la identidad al hecho objeto del proceso” (sic), y que su consideración se vinculaba a verificar si los riesgos inicialmente activados habían sido o no desvirtuados. En consecuencia, no se advierte que la autoridad judicial haya sustentado su decisión en un juicio anticipado de culpabilidad incompatible con el principio de presunción de inocencia, sino que utilizó la existencia de la Sentencia como un elemento contextual dentro del examen de la persistencia de los riesgos procesales. Sobre el punto ii), respecto a la duración de la detención preventiva -aproximadamente un año y siete meses-, corresponde señalar que la sola prolongación temporal de la medida cautelar no determina automáticamente su conversión en pena anticipada, mientras subsistan los presupuestos que justificaron su imposición y exista control jurisdiccional periódico sobre su necesidad y proporcionalidad; en el caso concreto, el Tribunal de alzada verificó precisamente si concurrían “nuevos elementos” capaces de desvirtuar los riesgos procesales, conforme al art. 239.1 del CPP, concluyendo que ello no ocurrió, razón por la cual confirmó la resolución apelada. En consecuencia, no se evidencia que la detención preventiva hubiese sido confirmada con una finalidad sancionatoria o como una pena anticipada, sino sobre la base de la persistencia de los riesgos procesales que, a criterio del Tribunal de apelación, no fueron neutralizados mediante los nuevos elementos ofrecidos por la defensa; por ello, no se advierte vulneración de la garantía al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, puesto que el Tribunal de apelación desarrolló una respuesta razonada y congruente respecto a los agravios genéricos formulados por la parte accionante. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 58 a 64 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0536_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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