Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
La accionante denunció la vulneración de su derecho fundamental a la petición, al haber requerido al Gerente General de la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público la entrega de copias legalizadas del expediente administrativo existente en dicha entidad a su nombre, relativo a la devolución de aportes del Fondo de Retiro Individual; asimismo, solicitó la provisión de un ejemplar del Reglamento de Prestaciones de la Mutualidad vigente en la gestión 2011, junto con la certificación que acredite que, en ese año, el monto de restitución de aportes y rendimientos, conforme al estudio matemático actuarial aplicable, equivalía a 1.80 de un salario mensual por cada año trabajado; finalmente, requirió un detalle impreso del número de aportaciones realizadas durante su permanencia en el Órgano Judicial y el monto total de las mismas; ante la ausencia de respuesta por parte de la autoridad demandada, la impetrante de tutela reiteró tales solicitudes mediante notas presentadas el 6 de junio de 2022 y el 2 de febrero de 2023, sin que, a la fecha de interposición de la presente acción tutelar, hubiese obtenido pronunciamiento alguno respecto a sus requerimientos; en tal mérito, solicitó se conceda la tutela demandada y se disponga la entrega de la documentación requerida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 052/2023-SCII de 28 de abril, cursante a fs. 89 a 90 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho de Petición en cuanto a la nota presentada el 2 de febrero de 2023, en los mismos términos dispositivos por la mencionada Sala Constitucional y conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y DENEGAR la tutela respecto a las notas de 2 de marzo y 6 de junio de 2022, por no cumplir con el principio de inmediatez.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0536/2025-S3 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 54910-2023-110-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 052/2022-SCII, cursante de fs. 89 a 90 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rossemary Cardona Carbajal de Torres contra Oscar Manuel Viamont Márquez, Gerente General de la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público.
Por memorial presentado el 24 de marzo de 2023, cursante de fs. 5 a 13 vta., la accionante, expreso lo siguiente:
El 21 de marzo de 2022, quien actualmente acciona en tutela formuló comunicación escrita dirigida al Gerente de la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, mediante la cual requirió se le otorguen copias fotostáticas debidamente autenticadas del expediente administrativo que cursa en dicha entidad a su nombre, vinculado a la restitución de aportes correspondientes al Fondo de Retiro Individual, trámite iniciado en la gestión 2011, con posterioridad a la conclusión de su relación laboral por cumplimiento del periodo de funciones en el cargo ejercido dentro del Órgano Judicial, asimismo solicitó se disponga que a través de la Oficina con sede en Sucre, se conceda a su favor un ejemplar del Reglamento de Prestaciones de la Mutualidad vigente en la gestión 2011; asimismo, pidió que se certifique que, en ese año, el monto correspondiente a la devolución de aportes y rendimientos, conforme al estudio matemático actuarial entonces vigente, representaba el equivalente a 1.80 de un salario mensual por cada año de servicio prestado; además, requirió se le proporcione un detalle impreso del número de aportaciones efectuadas durante el tiempo de su desempeño en el Órgano Judicial y cual el monto al que asciende la totalidad de dichos aportes. El 6 de junio de 2022, la solicitante de la tutela presentó nuevo memorial reiterando su requerimiento, advirtiendo además la eventual interposición de una acción de amparo constitucional; en dicho escrito puso en conocimiento que su abogado se constituyó en reiteradas oportunidades en las oficinas de la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, ubicadas en la ciudad de Sucre, con el propósito de exigir la atención de lo solicitado mediante la nota de 21 de marzo de 2022, reiterada por memorial de 3 de junio del mismo año; gestiones que no obtuvieron resultado alguno, toda vez que, hasta la presentación de la presente acción de defensa, no se le brindó respuesta ni se otorgó la documentación requerida; posteriormente, el 2 de febrero de 2023, volvió a insistir en la concesión de lo solicitado mediante los requerimientos formulados los días 21 de marzo y 3 de junio de 2022. Por lo previamente detallado, la impetrante de tutela sostiene que, la omisión de franquear las fotocopias solicitadas de su parte al Gerente de la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, a través de las precitadas notas, sin emitir respuesta alguna a sus requerimientos lesiona su derecho fundamental a la petición individual, prevista por el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que presenta esta acción tutelar considerando que cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional, para su procedencia, ya que sus solicitudes no fueron atendidos en ocho meses, y no existen medios de impugnación expresos para hacer efectivo el derecho de petición.
Denunció la lesión de su derecho a la petición, citando al efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se le conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que: a) La entrega de las copias legalizadas del expediente administrativo que obra en la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, relativo a la devolución de aportes del Fondo de Retiro Individual, iniciado en la gestión 2011; y, b) La provisión de un ejemplar del Reglamento de Prestaciones de la Mutualidad vigente en el año 2011, así como la certificación correspondiente a dicha gestión respecto al monto de devolución de aportes y rendimientos, conforme al estudio matemático actuarial vigente en ese periodo, equivalente a 1.80 de un salario mensual por cada año de servicio prestado.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de abril de 2023, según consta en acta cursante a fs. 83 a 88 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de la acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) Que el 13 de abril de 2023, aproximadamente a horas 11:50, recibió una llamada telefónica proveniente de la secretaría de la Regional Sucre del Órgano Judicial y del Ministerio Público, mediante la cual se le comunicó que debía apersonarse a notificarse con la respuesta emitida a su solicitud; en atención a dicha comunicación, su representante legal acudió a la referida institución, identificándose como su abogado, en razón a que su representada no podía trasladarse personalmente debido a la distancia geográfica, con la finalidad de recabar información respecto a si su requerimiento había sido atendido; y, 2) Que hasta esa fecha no se le había notificado con respuesta alguna, lo que permite evidenciar la continuidad de la vulneración denunciada; asimismo, manifestó que presuntamente existiría una respuesta emitida el 12 de abril de 2023; sin embargo, su mandante no podía desplazarse hasta el lugar para su recepción, motivo por el cual solicitó se conceda la tutela impetrada.
Oscar Manuel Viamont Márquez, Gerente General de la Mutualidad del Poder judicial y el Ministerio Público, por informe presentado el 27 de abril de 2023, cursante de fs. 76 a 81 vta., y su participación, por medio de su abogada en la audiencia de esta acción tutelar, señaló lo siguiente: i) Que, debido al volumen considerable de documentación existente en los archivos de la institución, se generó una demora en la localización de información relativa a un reglamento que ya no se encuentra vigente y que data de hace aproximadamente once años, como es el Reglamento de Prestaciones correspondiente a la gestión 2011, el cual fue abrogado en el año 2013 mediante la aprobación de un nuevo reglamento a través de la Resolución de Directorio 002/2013 de 20 de febrero; normativa que, a su vez, tampoco se encuentra vigente, en razón a la emisión de un nuevo reglamento el 18 de marzo de 2019; ii) Que el 12 de abril de 2023 se remitió a la Regional Sucre la nota CITE-MPJMP-GG-210/2023, mediante la cual se dio respuesta a los requerimientos de la accionante, con la finalidad de que dicha contestación sea entregada de manera personal; sin embargo, la interesada no se apersonó a recogerla, presentándose en su lugar su abogado, Marco Antonio Palenque Maturano, quien no acreditó contar con facultades suficientes para recepcionar la respuesta; iii) Que el 17 de abril de 2023, el referido profesional volvió a presentarse alegando ser representante legal de la accionante, adjuntando una fotocopia simple del Poder Notarial 70/2022, documentación que fue remitida a la ciudad de Cochabamba a efectos de verificar el alcance de las atribuciones conferidas y establecer si contaba o no con legitimación para recibir la comunicación emitida por la Mutualidad; iv) Que, de los antecedentes descritos, se evidencia que la entidad demandada dio respuesta a las solicitudes formuladas el 28 de marzo y 6 de junio de 2022, así como el 2 de febrero de 2023; empero, por causas ajenas a la institución, dicha respuesta no fue retirada por la ahora accionante, por lo que no puede atribuirse responsabilidad a la Mutualidad por la falta de recojo de la documentación; v) El art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo) prevé como causal de improcedencia de la acción de amparo el cese de los efectos del acto reclamado, en razón a que la carta de respuesta se encuentra a disposición en la Regional Sucre, no habiendo sido entregada hasta la fecha por la negligencia, desinterés o descuido de la propia accionante, descartándose así una conducta omisiva por parte de la Gerencia General; vi) La accionante dirigió sus solicitudes directamente a la Gerencia General, sin que, ante la demora en la respuesta, hubiera formulado reclamo alguno ante la Junta de Representantes de la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, instancia prevista como órgano de administración conforme al art. 24, así como órgano de planificación, control y fiscalización según el art. 36 del Estatuto de la institución, el cual se encuentra publicado en su página web; en tal sentido, sostuvo que la accionante no puede alegar desconocimiento sobre la existencia de una instancia superior, por lo que, al no haber acudido previamente a dicha vía, la acción tutelar resulta improcedente, solicitando en consecuencia se deniegue la tutela impetrada.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 052/2023-SCII de 28 de abril, cursante de fs. 89 a 90 vta., determinó conceder la tutela impetrada, por lo que dispuso que en el término de cinco días se brinde la respuesta completa y formal a lo solicitado, bajo advertencia de activarse los mecanismos previstos en el art. 40 del CPCo; Tal determinación se la dio sobre la base de los siguientes fundamentos: a) Del análisis de los antecedentes se advierte que la impetrante de tutela presentó solicitudes mediante escritos de 21 de marzo y 6 de junio de 2022, así como el 2 de febrero de 2023, ante la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público; no obstante, la parte demandada, en lugar de brindar una respuesta oportuna y expresa, alegó la existencia de instancias organizacionales superiores al Gerente General, aunque de manera contradictoria sostuvo haber atendido lo requerido mediante la emisión del CITE-MPJMP-GG-210/2023, conforme carta de 5 de abril, la cual no habría sido entregada debido a que la accionante no se apersonó a la Regional Sucre, y que la entrega a su abogado no fue posible por falta de autorización de la oficina central de Cochabamba; y, b) Se constató que la conducta asumida por la entidad demandada fue dilatoria y obstructiva, orientada a limitar de forma reiterada el ejercicio del derecho de petición de la accionante, quien solicitaba información y un pronunciamiento expreso respecto a su trámite de devolución de aportes; en mérito a tales circunstancias, correspondió otorgar la tutela demandada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Rossemary Cardona Carbajal de Torres, el 28 de marzo de 2022 presentó una nota, dirigida al Gerente General de la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público, por la cual solicitó se disponga que por la oficina de dicha entidad con sede en la ciudad de Sucre, se le otorgue fotocopias legalizadas, del expediente administrativo existente en dicha entidad a su nombre, referido a la devolución de aportes del Fondo de Retiro Individual, iniciado de su parte el año 2011, luego del retiro de su fuente laboral, por cumplimiento del periodo de funciones, en el cargo que desempeñó en el Órgano Judicial; también solicitó, se disponga se le conceda un ejemplar del Reglamento de Prestaciones de la Mutualidad vigente el Año 2011 y se certifique que el año 2011, el monto de devolución se aportes y rendimiento de acuerdo al estudio matemático actuarial vigente a ese año, equivalía a 1.80 de un salario mensual por cada año trabajado; finalmente solicitó un detalle impreso del número de aportes que realizó durante el tiempo que trabajó en el Órgano Judicial y cual el monto al que asciende la totalidad de dichos aportes (fs. 29); Por nota presentada el 6 de junio la ahora impetrante de tutela reiteró su solicitud ante el Gerente de la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público (fs. 3 a 4). II.2. La accionante, por nota de 2 de febrero de 2023, dirigida al Gerente General de la referida Mutualidad, haciendo mención a las notas presentadas el “21 de marzo” y el 6 de junio de 2022, expresó que no existe respuesta a sus solicitudes, por lo que ante la flagrante vulneración de su derecho a la petición y a recibir una respuesta, reiteró su solicitud de hacerle conocer todo lo solicitado de su parte, caso contrario, anunció la presentación de recursos constitucionales (fs. 2). II.3. Nota CITE-MPJMP-GG-210/2023 de 5 de abril, emitida por Oscar Manuel Viamont Márquez, Gerente General de la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público, por la cual se da respuesta a las notas de 28 de marzo y 6 de junio de 2022 y de 2 de febrero de 2023; en los siguientes términos: 1. En cuanto a las fotocopias legalizadas solicitadas de la carpeta administrativa del trámite de devolución de aportes, al encontrarse la documentación requerida dentro del proceso ejecutivo iniciado por la Mutualidad, al omento de realizar el respectivo desglose se procederá a cumplir con lo solicitado, añadiendo que la accionante, al ser parte de dicho proceso, puede solicitar esas fotocopias al Juzgado que conoce tal caso; 2. El detalle del número de aportes que realizó durante el tiempo que trabajó en el Órgano Judicial asciende en su totalidad al monto de Bs. 81, 078.91.- (ochenta y un mil setenta y ocho con 91/100 bolivianos), de los cuales, conforme a lo establecido por el contrato de préstamo en su cláusula quinta, se procedió a la compensación hasta el monto de sus aportes de la deuda que se tiene con la mutualidad, quedando un saldo deudor a capital por $us1 167.50.- (un millón ciento sesenta y siete 50/100 dólares estadounidenses); 3. En cuanto a lo solicitado del ejemplar del reglamento de prestaciones de la mutualidad vigente en la gestión 2011, se comunicó que no se cuenta con tal documento en sus archivos (fs. 59 a 60).
La accionante denunció la vulneración de su derecho fundamental a la petición, al haber requerido al Gerente General de la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público la entrega de copias legalizadas del expediente administrativo existente en dicha entidad a su nombre, relativo a la devolución de aportes del Fondo de Retiro Individual; asimismo, solicitó la provisión de un ejemplar del Reglamento de Prestaciones de la Mutualidad vigente en la gestión 2011, junto con la certificación que acredite que, en ese año, el monto de restitución de aportes y rendimientos, conforme al estudio matemático actuarial aplicable, equivalía a 1.80 de un salario mensual por cada año trabajado; finalmente, requirió un detalle impreso del número de aportaciones realizadas durante su permanencia en el Órgano Judicial y el monto total de las mismas; ante la ausencia de respuesta por parte de la autoridad demandada, la impetrante de tutela reiteró tales solicitudes mediante notas presentadas el 6 de junio de 2022 y el 2 de febrero de 2023, sin que, a la fecha de interposición de la presente acción tutelar, hubiese obtenido pronunciamiento alguno respecto a sus requerimientos; en tal mérito, solicitó se conceda la tutela demandada y se disponga la entrega de la documentación requerida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fue generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición. (…)
La SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001 establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: i) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; ii) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; iii) Material, 1El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 2La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 3La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas). 4La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.
porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, iv) Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.
La SC 0310/2004-R de 10 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:
…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable; y, d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos:“…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 5La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho.
Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se dá curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa, pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición (las negrillas son incorporadas).
petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:
…dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: 1) La existencia de una petición oral o escrita; y, 2) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación-motivación y/o fundamentación - en la respuesta; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. Debe tomarse en cuenta, que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando no solo el derecho de petición, sino también, los principios y valores constitucionales -de celeridad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos, en aplicación del art. 178.I de la CPE-; y, de la administración pública -de sometimiento a la ley, debido proceso, eficacia, economía, simplicidad, celeridad y responsabilidad; previstos en los arts. 232 de la CPE y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)-, que rigen el actuar de los servidores públicos.
(…)
La jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: 1) En el término establecido por ley; y, 2) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable. El razonamiento expuesto fue desarrollado en la SCP 0367/2019-S2, de 5 de junio, y reiterado por la SCP 0491/2025-S3 de 5 de junio.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1445/2013 de 19 de agosto, asumió el siguiente entendimiento:
[E]s preciso revisar el mandato contenido en el art. 131.I de la CPE, norma constitucional que en cuanto al trámite de esta acción, establece de manera expresa que debe asimilarse el procedimiento previsto para la acción de amparo constitucional; de ahí que le son aplicables todos los requisitos de admisión y las causales de improcedencia del amparo constitucional, así como los principios de subsidiariedad e inmediatez.
Respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional emitida hasta ahora, determinó que la asimilación del procedimiento, abarca la aplicación de los principios de subsidiariedad e inmediatez; generando línea en ese sentido. Así en la SC 0965/2004-R de 23 de junio, se señaló: “Tomando en cuenta sus fines y objetivos, así como la aplicación supletoria de las normas previstas por el artículo 19 de la CPE, dispuesta por el art. 23 parágrafo V antes referido, se entiende que el hábeas data es una acción de carácter subsidiario, es decir que solamente puede ser viable en el supuesto que el titular del derecho lesionado haya reclamado ante la entidad pública o privada encargada del banco de datos, la entrega de la información o datos personales obtenidos o almacenados, y en su caso, la actualización, rectificación o supresión de aquella información o datos falsos, incorrectos, o que induce a discriminaciones, y no obtiene una respuesta positiva o favorable a su requerimiento, o sea que la entidad pública o privada no asume inmediatamente la acción solicitada. Dicho de otra manera, el hábeas data se activa exclusivamente cuando la persona demuestra que ha acudido previamente ante la entidad pública o privada para pedir la restitución de su derecho lesionado y no ha podido lograr la reparación a dicha vulneración”. En el mismo sentido, la SC 1572/2004-R, señaló que le eran aplicables al hábeas data los principios de subsidiariedad e inmediatez.
(…)
A partir del postulado antes señalado, considerando que la naturaleza o esencia procesal constitucional de este instituto no ha cambiado con la entrada en vigor de la Constitución vigente, es pertinente señalar en principio que el hábeas data, ahora acción de protección de privacidad, es una garantía constitucional de naturaleza tutelar destinada a proteger el derecho a la 'autotutela informativa' en tanto y cuanto, no exista o no haya sido eficaz otro medio jurídico establecido para garantizar este derecho sustantivo, razón por la cual, se establece que la activación del control de constitucionalidad a través de este mecanismo de defensa, de ninguna manera puede sustituir o ser alternativo a los mecanismos administrativos o jurisdiccionales establecidos para su protección, posición además sustentada por las SSCC 1572/2004-R, 1511/2004-R y 965/2004-R, entre otras".
No obstante, lo glosado, el art. 61 del CPC establece una excepción al principio de subsidiariedad de esta acción tutelar, cuando señala que la acción de protección de privacidad podrá interponerse de forma directa, sin necesidad de reclamo administrativo previo, por la inminencia de la violación del derecho tutelado y la acción tenga un sentido eminentemente cautelar.
En ese marco normativo y jurisprudencial, queda claramente establecido que la acción de protección de privacidad, se encuentra sujeta a las causales de improcedencia previstas para la acción de amparo constitucional, entre ellas el principio de inmediatez, que consiste en que su activación está supeditada al plazo de caducidad de seis meses, conforme lo establecido en el art. 129.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo). La SCP 1157/2003-R de 15 de agosto, en cuanto a la naturaleza del principio de inmediatez señaló:
[L]a jurisprudencia constitucional de manera uniforme ha establecido que el recurso de amparo debe ser planteado de forma inmediata o hasta los seis meses, luego de conocerse el acto ilegal u omisión indebida, siempre que no hubiere otro recurso inmediato para la protección del derecho o garantía constitucional que han resultado lesionados. Entendimiento, que está sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos. Entendimientos, bajo los cuales se establece que la acción de protección de privacidad es adecuada, incluso cuando la conducta vulneradora de los derechos se desarrolla a través de los nuevos medios tecnológicos como las redes sociales y páginas de internet, siempre que se observe los principios de subsidiariedad, y se observe la inmediatez inclusive cuando la conducta y situación de urgencia confluyan en su interposición; consiguientemente la acción de protección de privacidad debe ser interpuesta en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, entendiendo que la parte afectada deber ser diligente en relación al respeto y vigencia de sus derechos.
La accionante denuncia la vulneración de su derecho de petición, invocando el art. 24 de la CPE; refiere que, el 21 de marzo de 2022, presentó una nota dirigida al Gerente de la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público, mediante la cual solicitó la extensión de fotocopias debidamente legalizadas del expediente administrativo relativo a la devolución de aportes del Fondo de Retiro Individual, trámite iniciado por su persona el año 2011, con motivo de su desvinculación laboral; asimismo, requirió que, a través de la oficina de la referida entidad con sede en la ciudad de Sucre, se le entregue un ejemplar del Reglamento de Prestaciones de la Mutualidad correspondiente a la gestión 2011, además de que se le certifique que, en dicha gestión, el monto de la devolución de aportes y rendimientos, conforme al estudio matemático actuarial vigente, equivalía al 1.80 de un salario mensual por cada año trabajado. De igual forma, solicitó que se le informe de manera detallada el número de aportes efectuados durante el tiempo que prestó funciones en el Órgano Judicial, así como el monto total acumulado por dicho concepto; no obstante, ante la falta de respuesta, el 6 de junio de 2022 y posteriormente el 2 de febrero de 2023, reiteró las solicitudes formuladas; empero, hasta el momento de la interposición de la presente acción, no obtuvo contestación alguna a lo impetrado.
Ahora bien, de la revisión de la documentación cursante en obrados, se tiene certeza sobre la existencia de las solicitudes efectuadas por la impetrante de tutela, conforme se acredita con las notas remitidas al Gerente de la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público, las cuales cuentan con el respectivo cargo de recepción (Conclusiones II.1 y II.2). Tales extremos permiten constatar el cumplimiento del primer requisito de procedencia de la presente acción, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1.2 de la presente Sentencia Constitucional. Empero, el Gerente General demandado sostuvo que, al interior de la Mutualidad, existen instancias organizacionales jerárquicamente superiores a su autoridad, y que en el caso concreto la ahora accionante no agotó dichas instancias para obtener una respuesta a su petición, motivo por el cual considera que la presente acción constitucional debió ser declarada improcedente; no obstante, de manera contradictoria, en el mismo informe presentado, afirmó que la solicitud fue atendida y respondida mediante CITE-MPJMP-210/2023, conforme carta de 5 de abril de 2023, indicando además que la accionante no se apersonó de manera personal a las oficinas de la ciudad de Sucre, lo que -según su criterio- evidenciaría desidia o falta de interés. Asimismo, señaló que, si bien el abogado de la accionante presentó una copia del Poder Notarial en la oficina de Sucre con la finalidad de recoger la respuesta, dicha entrega no era posible en tanto no fuese previamente autorizada por la oficina central de Cochabamba.
En cuanto al incumplimiento del principio de subsidiariedad, corresponde advertir que la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 textualmente establece que: El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito; el demandado no ha demostrado que la instancia superior citada de su parte, tenga entre sus atribuciones el satisfacer el derecho a la petición, por lo que tal argumento carece de mérito. En cuanto a la supuesta cesación de los efectos del acto reclamado, alegada por el demandado, debe considerarse que la accionante requirió la documentación desde el mes de marzo de 2022, reiterando su solicitud el 6 de junio del mismo año, y finalmente el 2 de febrero de 2023, manteniendo idénticos requerimientos; la acción de amparo fue interpuesta el 24 de marzo de 2023 y la respuesta fue emitida el 5 de abril de 2023, mientras que la notificación con la presente acción tutelar al demandado se produjo el 25 de abril del mismo año; si bien, en una primera apreciación, podría entenderse que la respuesta fue emitida con anterioridad a la notificación, el propio demandado reconoció que dicha respuesta no fue puesta en conocimiento de la accionante, pese a que su abogado se apersonó a las oficinas de la Mutualidad en la ciudad de Sucre portando un poder notarial, documento que fue remitido a la ciudad de Cochabamba para evaluar si el mismo habilitaba o no la entrega de la respuesta; tal marco fáctico revela que en el presente caso, al haberse emitido dicha respuesta pero esta no fue puesta en conocimiento de la accionante, implica que no opera la cesación de los efectos del acto demandado argüido por el demandado. Ahora bien, respecto al fondo de lo solicitado, del análisis de antecedentes se advierte que la impetrante de tutela presentó sus primeras notas el 28 de marzo y el 6 de junio de 2022, mientras que la acción de amparo fue interpuesta recién el 24 de marzo de 2023, es decir, transcurrido más de seis meses desde la supuesta vulneración del derecho de petición. En consecuencia, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional, corresponde denegar la tutela impetrada respecto de dichas solicitudes, por incumplimiento del principio de inmediatez. Ahora, en cuanto a la nota presentada el 2 de febrero de 2023 ante el mismo Gerente General, mediante la cual reiteró sus requerimientos en los mismos términos, se evidencia que la acción tutelar fue promovida un mes y tres semanas después, cumpliéndose el principio de inmediatez; asimismo, se verifican los requisitos de procedencia establecidos por la jurisprudencia constitucional, al haberse acreditado la existencia de una petición escrita (nota de 2 de febrero de 2023); si bien el Gerente demandado emitió una respuesta con anterioridad a la notificación con la presente acción tutelar, esta no fue puesta en conocimiento de la accionante, pese a que el demandado reconoció tener conocimiento de las solicitudes presentadas desde el 28 de marzo de 2022; además, aunque señaló que el abogado de la impetrante se apersonó a las oficinas de Sucre con un poder notarial para recabar la respuesta, dicho documento fue remitido a la ciudad de Cochabamba para su evaluación, sin que se haya materializado la entrega de la respuesta. Lo anteriormente detallado evidencia que el demandado asumió una actitud dilatoria y obstructiva, destinada a restringir de manera sistemática el derecho a la petición de la accionante, que solicitaba obtener información y pronunciamiento expreso respecto de su trámite de devolución de sus aportes, por lo que, ante tales circunstancias, corresponde conceder la tutela impetrada. Corresponde aclarar que, la concesión de la tutela no va en sentido de que se otorgue la documentación requerida al impetrante de tutela, sino a que el demandado otorgue una respuesta formal y fundamentada a los requerimientos de la accionante, respuesta que puede ser en sentido positivo o negativo, pero que tiene que ser fundamentada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 052/2023-SCII de 28 de abril, cursante a fs. 89 a 90 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho de Petición en cuanto a la nota presentada el 2 de febrero de 2023, en los mismos términos dispositivos por la mencionada Sala Constitucional y conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y DENEGAR la tutela respecto a las notas de 2 de marzo y 6 de junio de 2022, por no cumplir con el principio de inmediatez. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
6 El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras). 7El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. …la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas). Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0536_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0b4b66f71e2db5edc6c709bdb4e5a2abd918c7204f3b0982489f26bb5993b4e0
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