B.IA.LEGAL

SCP 0536/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
5 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
45247-2022-91-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad, a la petición y a la celeridad; toda vez que, el Juez ahora accionado; no obstante, que se emitió Resolución de Sobreseimiento en su favor, la cual no fue objetada por la víctima y mediante Auto Interlocutorio 297/2021 se dejó sin efecto la medida de detención domiciliaria y dispuso el arraigo que fue cumplido en su trámite, no se emitió el mandamiento de libertad en su favor. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) Sobre los efectos del sobreseimiento y la libertad de un detenido preventivo; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 295/2021 de 13 de noviembre, cursante de fs. 25 a 26., pronunciada por el Juez Tercero de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia hacia las Mujeres de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez Sexto de Instrucción en lo Penal y Cautelar de El Alto del departamento de La Paz, por los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR respecto a Reina Choque Mendoza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto en suplencia legal del Juzgado Sexto de Instrucción Penal Cautelar de El Alto del mismo departamento de la Paz.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Sobre los efectos del sobreseimiento y la libertad de un detenido preventivo
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0536/2023-S1 Sucre, 5 de Junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 45247-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 295/2021 de 13 de noviembre, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Vanessa Quispe Copacondo en representación sin mandato de Alejandro Santos Quispe Barrera contra Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Sexto y Reina Choque Mendoza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero ambos de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1 a 4, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de robo agravado, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; así durante la tramitación del proceso se demostró que no tuvo participación en el ilícito que se le imputó; por lo que, el Fiscal de Materia a cargo de la investigación penal emitió la Resolución de Sobreseimiento WVMP/SS/007/2021 de 29 de marzo, mismo que fue puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional el 29 de marzo de “2020” y en atención a dicho requerimiento el Juez de Instrucción Penal Sexto emitió la Resolución 258/2021 de 27 de septiembre, mediante el cual dispuso su detención domiciliaria y arraigo. Luego, por memorial de 27 de octubre de 2021, solicitó mandamiento de libertad; toda vez que se notificó a la víctima y la misma no impugnó el sobreseimiento, a tal efecto, el Juez hoy demandado señaló audiencia para el 8 de noviembre de 2021 dictándose el Auto Interlocutorio 297/2021 que dejo sin efecto la medida de detención domiciliaria y dispuso el arraigo. El 10 de noviembre de 2021, presentó memorial ante el referido Juez demandado, adjuntando la notificación del arraigo solicitó la emisión del mandamiento de libertad a su favor; sin embargo, no se emitió dicho actuado, tampoco fue atendida su solicitud.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alega la vulneración de sus derechos a la libertad, a la petición y a la celeridad; citando al efecto, los arts. 23, 24, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la acción de libertad y en consecuencia se disponga la emisión del mandamiento de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia pública virtual el 13 de noviembre de 2021, según acta cursante de fs. 21 a 24 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor integro de la acción de libertad presentada.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 18 y en audiencia señaló: a) El 8 de junio de 2020, se resolvió la situación jurídica de Alejandro Santos Quispe Barrera, habiéndose dispuesto la detención preventiva por el lapso de seis meses; b) El fiscal emitió la Resolución de sobreseimiento a favor del ahora imputado el 30 de marzo de 2021, motivo por el cual se solicitó mediante memorial de 21 de septiembre de 2021 la cesación a la detención preventiva, misma que fue resuelta por la Resolución 258/2021 de 27 de septiembre, donde se habría dispuesto medidas sustitutivas a la detención preventiva, consistentes en la detención domiciliaria previa verificación por funcionarios de Juzgado, y la obligación de presentarse ante el Ministerio Público y arraigo del imputado; c) El 8 de noviembre de 2021 mediante Resolución 297/202 se celebró audiencia de modificación de medidas cautelares donde se dispuso la modificación de las medidas disponiéndose la libertad del ahora imputado a causa de un sobreseimiento, habiéndose adjuntado la diligencia de notificación con dicho requerimiento a la parte víctima; sin embargo, pese a que el abogado del SEPDEP, no cumplió con las disposiciones de la medida sustitutiva de 27 de septiembre de 2021 se emitió el mandamiento de libertad correspondiente, siendo responsabilidad de la entrega del mandamiento de la secretaria de Juzgado. Reina Choque Mendoza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto en suplencia legal de su similar Sexto, mediante informe escrito cursante a fs. 19, señaló: i) Se encuentra en total indefensión porque no cuenta con los antecedentes del caso, que solo está en suplencia legal y no cuenta con llave del Juzgado para poder verificar los antecedentes del caso; y, ii) El accionante hace mención a la Resolución 258/2021 de 27 de septiembre, donde habría cesado su detención preventiva, al respecto aclarar que la suscrita en esa fecha no se encontraba en suplencia de ese juzgado, por lo que solicitó se deniegue la tutela en su contra.

I.2.3. Resolución

El Juez Tercero de Instrucción, Anticorrupción Contra la Violencia hacia las Mujeres de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 295/2021 de 13 de noviembre, cursante de fs. 25 a 26, concedió en parte la tutela solicitada; en relación a la secretaria Reina Choque Mendoza disponiendo que el lunes 15 de noviembre, por la mañana remita el mandamiento de libertad a la respectiva oficina gestora, asimismo se deniega la tutela en cuanto al Juez demandado bajo los siguientes argumentos: a) El Juez indicó que en cuanto emitió la resolución correspondiente también se suscribió el mandamiento de libertad extrañado; es decir, que existe en la presente negligencia por parte del personal subalterno; b) La mora procesal denunciada se manifiesta en que el mandamiento de libertad debió ser presentado en la oficina gestora, lo cual es atribuible al personal de apoyo jurisdiccional que recae en la secretaria en ejercicio de la suplencia legal; y, c) También la parte accionante debe exigir a la secretaría a efectos de que la misma pueda llevar el mandamiento de libertad a la oficina gestora.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Consta copia del certificado de permanencia y conducta de 6 de septiembre de 2021, donde se hace referencia que Alejandro Santos Quispe Barrera, ingreso al Recinto Penitenciario el 29 de enero de 2019, con un mandamiento de detención preventiva, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público por el delito de robo agravado, que posteriormente salió el 29 de noviembre de 2019, con un mandamiento de libertad. Su segundo ingreso fue el 9 de junio de 2020, con mandamiento de detención preventiva dentro del proceso seguido por el Ministerio Público por el delito de robo agravado, siendo su permanencia por un año, dos meses y veintiocho días y no presentó observación de conducta (fs. 5). II.2. El 29 de marzo de 2021, Wilson Víctor Medrano Patti, Fiscal de Materia, presentó ante el Juez Sexto de Instrucción en lo Penal de El Alto, en el caso 201502022001759, memorial de resolución de sobreseimiento disponiendo el sobreseimiento para el imputado Alejandro Santos Quispe Barrera (fs. 6 a 8 vta.). II.3. El 10 de noviembre de 2021, Alejandro Santos Quispe Barrera, presentó memorial ante el Juez Sexto de Instrucción en lo Penal y Cautelar de El Alto, presentando talón de arraigo y solicitando se emita su correspondiente mandamiento de libertad (fs. 11).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad, a la petición y a la celeridad; toda vez que, el Juez ahora accionado; no obstante, que se emitió Resolución de Sobreseimiento en su favor, la cual no fue objetada por la víctima y mediante Auto Interlocutorio 297/2021 se dejó sin efecto la medida de detención domiciliaria y dispuso el arraigo que fue cumplido en su trámite, no se emitió el mandamiento de libertad en su favor. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) Sobre los efectos del sobreseimiento y la libertad de un detenido preventivo; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0753/2019-S2 de 4 de septiembre, asumió el siguiente entendimiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituirse un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud E l F J III.1 .2 , menciona: “E l hábeas corpus procede como un medio pre ventivo , cuando la detenc ión aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tant o que la amenaz a pueda demostrarse positivamente ( … ) ”. E l F J III.1 .3 , determina: “E l hábeas corpus denominado correctivo, prot ege al detenido de aquellas condiciones qu e agravan en forma ile gítima la detenció n, vio lando su condición humana. A través de este recurso, se garantiz a el trato humano al detenido , establecido en las Convenc iones In ternacion ales de Derechos Human os. La base legal de este tipo de hábeas c orpus , la encontramos e n el art. 8 9 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al re ferirse a otras ` violaciones que t engan r elación co n la l i bertad personal en c ualquiera de sus formas … ´ .Conforme a esto, una de las formas en que s e manifiestan es tas violac iones vinculadas a l a libertad, está la re feri da al agravamien to il egal de la situaci ón del detenido o condenad ( … ) ”. 2 El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. Sobre los efectos del sobreseimiento y la libertad de un detenido preventivo

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1141/2019-S2 de 27 de diciembre de 2019, asumió el siguiente razonamiento:

Al respecto y con relación al procedimiento que debe ser observado por las autoridades judiciales y por el Ministerio Público; el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, establece las siguientes subreglas:

“… 1) Una vez que el Fiscal inferior presenta el sobreseimiento al juez, ya sea como efecto de una impugnación o de oficio, deberá remitir dicho actuado dentro del plazo máximo de veinticuatro horas al Fiscal Departamental para su revisión, y el Fiscal Departamental, o superior jerárquico, una vez recibido el sobreseimiento deberá emitir su resolución de ratificación o de revocatoria al sobreseimiento, indefectiblemente dentro de los cinco días siguientes; y, 2) Una vez transcurrido el lapso señalado, sin que el Fiscal Departamental se haya pronunciado en cualquiera de sus formas, el juez a cargo del proceso, dispondrá de oficio o a petición de parte la libertad inmediata del imputado sobreseído. Entendimiento que implica una superación de la SCP 0068/2012 de 12 de abril” (las negrillas son incorporadas). Dicho entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2495/2012, 0493/2013, 1955/2013 y 0725/2014, entre otras. Posteriormente, la SCP 1095/2017-S3 de 18 de octubre, reiterando los entendimientos jurisprudenciales asumidos en la SCP 1625/2014 de 19 de agosto, señaló que:

“Ahora bien, corresponde aclarar que la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, tuvo el siguiente entendimiento; cumplido el plazo que, tiene el Ministerio Público para resolver la situación jurídica de un imputado, corresponde la libertad inmediata del detenido preventivo; pero previo señalamiento de audiencia, ello en atención a la interpretación sistemática de la jurisprudencia y la normativa vigente.

En efecto, la posibilidad de imponer medidas cautelares existe hasta la ejecutoria de la sentencia, en este sentido corresponde recordar que la naturaleza de las medidas cautelares, es instrumental al proceso penal; razón por la cual, se aplican de manera restrictiva pero a la vez de acuerdo a la necesidad del proceso penal; de ahí que, la orden de libertad no impide la imposición de medidas sustitutivas.

Por otra parte, el debido proceso exige en las audiencias cautelares la aplicación del principio de contradicción, para que la parte querellante y el propio Ministerio Público, puedan controvertir el transcurso del término referido en la SCP 1206/2012, o en su caso los elementos de convicción que existan a tiempo de imponerse las medidas sustitutivas, por ello corresponde recordar que la imposición, modificación, y levantamiento de medidas cautelares debe realizarse en audiencia” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, refiere que, el Juez ahora accionado; no obstante, a que se emitió Resolución de Sobreseimiento en su favor, la cual no fue objetada por la víctima y mediante Auto Interlocutorio 297/2021 dejó sin efecto la medida de detención domiciliaria y dispuso el arraigo que fue cumplido en su trámite, no emitió el mandamiento de libertad en su favor. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el 29 de marzo de 2021, Wilson Víctor Medrano Patti, Fiscal de Materia, presentó ante el Juez de Instrucción Penal Sexto resolución de sobreseimiento a favor del imputado Alejandro Santos Quispe Barrera –hoy impetrante de tutela-; en tal sentido, el 8 de noviembre de 2021 fue beneficiado con la cesación a la detención preventiva, por lo que el 10 de noviembre del mismo año, presentó el talón de arraigo que dio cumplimiento a la única medida cautelar impuesta y solicitó se emita su correspondiente mandamiento de libertad (Conclusión II.3). Por otro lado, el Juez demandado en el informe que presentó, señaló que resolvió la situación jurídica del hoy impetrante de tutela, disponiendo su libertad, a través del Auto Interlocutorio 297/2021 de 8 de noviembre, y que inmediatamente emitió el correspondiente mandamiento de libertad. Ahora bien, en la presente demanda tutelar la denuncia se centra en la falta de celeridad de la autoridad jurisdiccional en la entrega del mandamiento de libertad extrañado, situación que lesionaría su derecho a la libertad, lo que resulta evidente, por cuanto, si bien alegó que lo expidió el mismo 8 de noviembre de 2021, dicho mandamiento no fue de conocimiento del accionante, quien pese a que presentó memorial el 10 del mismo mes y año reclamando este aspecto, la autoridad jurisdiccional accionada no se pronunció sobre dicho aspecto. Omisión que denota que no actuó con la debida celeridad en tratar la solicitud efectuada por el impetrante de tutela, lesionando el principio de celeridad y la libertad del accionante, pues el mismo permanecía privado de su libertad cuando se llevó a cabo la audiencia de esta acción de libertad el 13 de noviembre de 2021, por lo que concierne conceder la tutela respecto al Juez demandado, en aplicación de la acción de libertad de pronto despacho, descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional. Por otro lado, la presente acción de libertad, también fue planteada contra la Secretaria del Juzgado Primero de Instrucción Penal Cautelar en suplencia legal del Juzgado Sexto de Instrucción Penal Cautelar de El Alto del departamento de La Paz, quien se apersonó con un informe indicando que no cuenta con los antecedentes del caso, que solo está en suplencia legal. Respecto a la mencionada funcionaria de apoyo, corresponde denegar la tutela, por cuanto, por un lado, lo que solicitó el accionante a través de su demanda tutelar es la emisión del mandamiento de libertad en su favor que evidentemente no es función de la mencionada secretaria; y por otro, tampoco el impetrante de tutela hizo referencia clara de como hubiera lesionado alguno de los derechos invocados. Consecuentemente, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 295/2021 de 13 de noviembre, cursante de fs. 25 a 26., pronunciada por el Juez Tercero de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia hacia las Mujeres de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez Sexto de Instrucción en lo Penal y Cautelar de El Alto del departamento de La Paz, por los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR respecto a Reina Choque Mendoza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto en suplencia legal del Juzgado Sexto de Instrucción Penal Cautelar de El Alto del mismo departamento de la Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 E l F J III.1 .1 , seña la: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya c onfigurado una situación de pr ivación de libertad f ísica ilega l inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detenció n ejecutada sin orden es crita, o resuelta po r autoridad incompeten te ( … ) ”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0536_2023-S1.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): bd2282fe7836af4b5f3ae03827adaad611cdaf1b88ad8a5d221a95a95b95b681

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