B.IA.LEGAL

SCP 0535/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 21 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
21 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
52408-2023-105-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de los derechos a la libertad, dignidad y debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación, vinculados a la interpretación de legalidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de delito de estupro agravado: a) El Juez accionado, mediante Resolución de 19 de octubre de 2022, declaró infundada su solicitud de cesación de detención preventiva, sin aplicar el principio de proporcionalidad ni valorar que la víctima en la actualidad no es menor de edad, el hecho ocurrió hace más de siete años atrás, que mantuvo concubinato con la víctima más de un año, y que no tiene ningún nivel de agresividad; y, b) Habiendo apelado el Auto Interlocutorio referido, el Vocal coaccionado, por Auto de Vista de 8 de noviembre de 2022, declaró improcedente el recurso de apelación, con una interpretación antijurídica y violatoria al derecho a la libertad y de la norma, violando los principios de proporcionalidad y verdad material; cuando la interpretación de la Ley, debe entenderse en sentido amplio y de modo que favorezca al imputado, como reconoce el art. 116 de la CPE. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 41 a 42 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la obligación de juzgar con perspectiva de género; y, del enfoque interseccional, su alcance de consideración y aplicación práctica
  2. III.2. Deber del Estado adoptado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
  3. III.3. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso
  4. III.4. Sobre la revisión de la interpretación de legalidad ordinaria
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0535/2025-S4 Sucre, 21 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 52408-2023-105-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 13/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 41 a 42 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Rafael Corsino Menacho López contra Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y Johnny Germán Buhezo Choque, Juez de Sentencia Penal Tercero del referido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURIDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2022, cursante de fs. 6 a 12 vta., el accionante señaló lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estupro agravado, en el cual por sentencia condenatoria se le impuso nueve años de reclusión, por lo que interpuso recurso de apelación restringida, el cual se encuentra radicado en Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. En el desarrollo del proceso, interpuso solicitud de cesación de detención preventiva basado en que quedó latente únicamente el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con el fundamento establecido en el art. 239.1 de dicho cuerpo legal; sin embargo, el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Potosí, mediante Resolución de 19 de octubre de 2022 declaró infundada su solicitud, a pesar de haber acreditado que la víctima en la actualidad no es menor de edad, que el hecho ocurrió hace más de siete años atrás, que mantuvo concubinato con la víctima más de un año; y que presentó un informe psicológico que acredita que no tiene ningún nivel de agresividad; aspectos que el Juez no valoró, considerando que la prueba presentada es insuficiente. Agrega que apeló la indicada resolución, haciendo notar los agravios sufridos por el Juez a quo, quien no realizó una correcta motivación, fundamentación y congruencia en su resolución y no aplicó el principio de proporcionalidad; alzada que fue resuelta por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declarando infundada la apelación y confirmando la resolución de instancia, haciendo una interpretación antijurídica y violatoria al derecho a la libertad y de la norma, violando el principio de proporcionalidad y verdad material; cuando una labor de los Jueces y Tribunales, es la interpretación de la Ley, interpretación extensiva de la preceptiva lógica que no es restrictiva, sino, que debe entenderse en sentido amplio y de modo que favorezca al imputado, como reconoce el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante señaló como lesionados sus derechos a la libertad, dignidad y debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación vinculados a la interpretación de legalidad; citando al efecto los arts. 22, 23.I y III; y, 115.II de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene al Juez accionado, emita mandamiento de libertad a su favor y se le imponga las medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia el 7 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 37 a 41., se produjeron los siguientes actuados.

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de sus abogados, ratificó todos los argumentos contenidos en su memorial de acción de libertad; añadiendo que, el Juez accionado hizo una errónea aplicación, amparándose en aspectos subjetivos y no objetivos, solicitando al Tribunal de garantías, deje sin efecto la aplicación del art. 234.7 del CPP, y en el día se emita mandamiento de libertad para que se defienda, mientras dura el proceso, con medidas personales que considere la referida autoridad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a través de informe cursante a fs. 36 y vta., arguyó: a) La acción planteada carece de fundamentación seria, solo advierte una disconformidad con la resolución vinculada a cuestiones jurídicas genéricas, como se lo hizo también a tiempo de plantear el recurso, donde inclusive advierte que se trata de una violación consentida y solamente pide aplicar medidas sustitutivas a la detención preventiva, sin siquiera advertir cuales; lo cual no devela vulneración alguna ya que la resolución emitida tiene como sustento la vigencia del presupuesto material o probabilidad de autoría y un riesgo de orden procesal, vinculado al interés superior de la víctima, mujer, adolescente en situación de violencia contra su libertad sexual, cuyo interés fue ponderado a efectos de la finalidad que tienen las medidas cautelares en el proceso penal, así como el interés de la colectividad de reprimir toda violencia contra la mujer y garantizar una sanción; b) Ante la imposibilidad jurídica de asumir funciones, se debe considerar quien va a cumplir con su resolución, de otorgarse la tutela y para responder también el recurso, cuando el sistema en cuanto a su funcionamiento esta garantizado por el instituto del suplente legal, suspendidas por la vacación judicial colectiva, para así intervenir dentro del marco de la ley y no contrariamente; y, c) Así también de tutelarse el derecho cuestionado, se debe precisar con exactitud el por tanto, dimensionando o modulando sus efectos cuando el caso concreto lo exija, tarea que debe tener en cuenta el o los problemas jurídicos que tiene que resolverse y la ratio decidendi; de ahí que las órdenes que imparta deben ser claras, específicas y contundentes sobre el plazo, modo o forma, como el juez constitucional entienda que los derechos vulnerados quedarán efectivamente amparados. Johnny Germán Buhezo Choque, Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Potosí, en audiencia pública solicitó se deniegue la tutela e informó: 1) En la hoja cuatro de la acción de libertad dice el Auto de Vista 176 de 2 de agosto de 2022, pero el último Auto es de 8 de noviembre de 2022; también en los últimos renglones indica que el principio -de proporcionalidad-no fue solicitado en la audiencia de apelación incidental, entonces cómo un Tribunal puede ir más allá de lo peticionado; también hace mención a que se estaría restringiendo a la parte accionante al no haber presentado el cuaderno, cuando la carga de la prueba corresponde a la parte; y, 2) Es falso que se trate de una pena anticipada, el proceso está en la fase de la última etapa de aplicación de la ley; se reiteró “N de veces” (sic) de presentar la cesación a la detención preventiva tratando de desvirtuar el art. 234.7 del CPP respectó a la víctima, que se aplicó con perspectiva de género con razonamiento y lógica, y se confirmó la resolución que emitió.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 13/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 41 a 42 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) No existe ninguna sentencia constitucional que indique que de existir un solo riesgo procesal emerja directamente una cesación de detención preventiva; ii) Las resoluciones emitidas tienen similitud en el fondo, pero difieren en sus caracteres, por la condición que una persona diferente en un cargo no puede asemejar sus criterios personales al del otro; sino, más bien sustentar el pensamiento y argumento que tienen en una decisión propia y armónica; iii) Sobre la problemática planteada del test de proporcionalidad que no hubiesen tomado en cuenta los accionados, se debe tomar en cuenta las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0641/2021-S4” (sic) y “0643/2021-S2” (sic), que establecen la obligación que tienen los administradores de justicia, de juzgar con perspectiva de género, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima, así se estableció que en el momento del hecho, la mujer era una adolescente, aspecto refrendado por las partes en la presente audiencia, fundamento legal que hace al Auto de Vista; empero, la resolución primaria del Juzgado de Sentencia Penal Tercero va precisamente en esa línea; y, iv) “La SC N° 001/2019-S2” (sic) obliga a las autoridades judiciales al enfoque interseccional en temas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, que las resoluciones emitidas emergen de este razonamiento jurídico legal que es recogido y de carácter vinculante y obligatorio conforme a la jurisprudencia mencionada.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de cesación de detención preventiva y Auto de 19 de octubre de 2022, a través del cual, Johnny Germán Buhezo Choque, Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Potosí, declaró infundada la solicitud de cesación formulada por Rafael Corsino Menacho López -hoy accionante- (fs. 30 a 32 vta.). II.2. Se tiene acta y Auto de Vista de 8 de noviembre de 2022, mediante el cual Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, admitió el recurso opuesto por el accionante, y deliberando en el fondo declaró improcedente el recurso de apelación, interpuesto contra el Auto citado en el acápite anterior (fs. 33 a 35).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de los derechos a la libertad, dignidad y debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación, vinculados a la interpretación de legalidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de delito de estupro agravado: a) El Juez accionado, mediante Resolución de 19 de octubre de 2022, declaró infundada su solicitud de cesación de detención preventiva, sin aplicar el principio de proporcionalidad ni valorar que la víctima en la actualidad no es menor de edad, el hecho ocurrió hace más de siete años atrás, que mantuvo concubinato con la víctima más de un año, y que no tiene ningún nivel de agresividad; y, b) Habiendo apelado el Auto Interlocutorio referido, el Vocal coaccionado, por Auto de Vista de 8 de noviembre de 2022, declaró improcedente el recurso de apelación, con una interpretación antijurídica y violatoria al derecho a la libertad y de la norma, violando los principios de proporcionalidad y verdad material; cuando la interpretación de la Ley, debe entenderse en sentido amplio y de modo que favorezca al imputado, como reconoce el art. 116 de la CPE. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la obligación de juzgar con perspectiva de género; y, del enfoque interseccional, su alcance de consideración y aplicación práctica

En relación a la obligación de juzgar con perspectiva de género, la SCP 0513/2021-S3 de 18 de agosto, estableció: “En función a todo ello, y por la importancia que reviste esta temática, existe un Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, para su aplicación en el sistema judicial boliviano, en el que se sistematizan los estándares aplicables sobre el tema con la finalidad de guiar a las y los impartidores de justicia en la implementación de un enfoque interseccional con especial énfasis en las discriminaciones y o situaciones de vulnerabilidad por cuestión de género; así se tiene la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir; por lo que, con este reconocimiento, quienes realicen la función de juzgar, podrán identificar las discriminaciones que pueden sufrir las mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional boliviano”.

Respecto al enfoque interseccional, la SCP 0207/2024-S3 de 24 de mayo, señaló: “… la SCP 0751/2022-S3 de 4 de julio, señaló que: ‘La jurisprudencia constitucional ha desarrollado entendimientos sobre el uso de mecanismos y herramientas que deben ser aplicados a momento de conocer situaciones que involucren grupos vulnerables dentro de todo proceso -judicial, administrativo, constitucional-, siendo una de esas herramientas el enfoque interseccional, entendido por la SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, en el siguiente alcance y dimensión: «…ese enfoque interseccional comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas (…) y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría…».

Nótese en consecuencia, que la aplicación del enfoque interseccional no constituye un criterio aislado, ni una actuación individual, sino que converge en un trabajo institucional orgánico y conjunto de identificación de criterios de vulnerabilidad de las partes procesales dentro de un determinado proceso, con especial énfasis en una investigación y/o proceso penal, y que puede además involucrar no solo a dichas partes, sino también a terceros con afectación directa de sus derechos, siendo dicha herramienta la que contribuye a identificar esas posibles situaciones y las medidas y acciones a asumirse al respecto por las autoridades que conocen esos casos, así se entiende del citado fallo constitucional que establece el alcance y dimensión de esta herramienta y la eficacia práctica de su aplicación cuando señala: «…estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; (…) criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo…»’” (Las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Deber del Estado adoptado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

En la SCP 0208/2024-S3 de 24 de mayo, Fundamento Jurídico III.2, reiterando el entendimiento asumido en la SCP 0932/2023-S4 de 2 de octubre, establece: “(...) Respecto a la prevención, asistencia, protección, sanción y erradicación de violencia contra la mujer, entre otros instrumentos internacionales, el Estado boliviano mediante la Ley 1599 de 18 de agosto de 1994, aprobó y ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención de Belém Dó Pará‛ adoptada el 9 de junio de igual año, en Belém Dó Pará, Brasil, en el Vigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) (…).

Así también, el mismo Convenio, estableció en su art. 7, como deberes de los Estados: Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.

El Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia, que se configura como una obligación del estado para actuar de manera diligente para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; y, en ese sentido, además incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza.

III.3. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso

La SCP 0074/2024-S3, de 10 de abril, sobre la fundamentación, motivación y congruencia como elemento del debido proceso, estableció: “La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.,-porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: ‘la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una «decisión sin motivación», o extiendo esta es, b.2) una «motivación arbitraria»; o en su caso, b.3) una «motivación insuficiente, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas».

«b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una [decisión sin motivación], debido a que [decidir no es motivar]. La [justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice (asunto pendiente de decisión)]. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una [motivación arbitraria]. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) [Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales]. En efecto, un supuesto de [motivación arbitraria] es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente»’. En ese mismo sentido, la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, señalando a la SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, estableció que: ‘La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado. (...) Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: «…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas», coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como

«…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume» (SCP 0387/2012 de 22 de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales. En cuanto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: «La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto. En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita (…). Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo)»’”. (El resaltado corresponde al texto original).

III.4. Sobre la revisión de la interpretación de legalidad ordinaria

Sobre esta temática en particular, la SCP 0318/2023-S4 de 22 de mayo, sostuvo que: “Sobre la interpretación de legalidad ordinaria, la SCP 0836/2018-S4 de 12 de diciembre, haciendo referencia a lo desarrollado en la SC 0854/2010-R de 10 de agosto, estableció lo siguiente: ‘Toda vez que la Constitución reconoce diversas jurisdicciones en las cuales las autoridades con plenitud de jurisdicción y competencia interpretan y aplican las normas al caso concreto, la jurisdicción constitucional no puede desconocer esa atribución y generar un desequilibrio entre jurisdicciones; aspecto que no ha sido comprendido y que en muchas ocasiones ha generado confusión en el foro jurídico. No obstante, teniendo en cuenta que las autoridades judiciales o administrativas son seres humanos; y por tanto, falibles se consideran aquellos casos de interpretaciones evidentemente lesivas a derechos fundamentales, arbitrarias o irracionales, situación en la cual, de manera excepcional puede el Tribunal Constitucional verificar: «…si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación…». Para que la justicia constitucional cumpla con su labor de revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria, la SC 0718/2005-R de 28 de junio, estableció que, es necesario que: «…la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional…». En consecuencia, de manera general, este Tribunal tiene vetada la revisión de la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios; sin embargo, esa regla no resulta absoluta, pues en caso de que en dicha labor, se detecten vulneraciones de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, entonces compete a esta jurisdicción verificar dichos extremos; empero, siempre y cuando el impetrante de tutela, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria hubiera cumplido ciertas exigencias con el objeto de demostrar que la situación planteada adquiere relevancia constitucional. Requisitos desarrollados por la propia jurisprudencia y que consisten una obligación para los accionantes; así la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, estableció lo siguiente: «…excepcionalmente puede analizarse la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios; empero, es necesario que el accionante a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria cumpla ciertas exigencias, a objeto de que la situación planteada adquiera relevancia constitucional, como ser:

1) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo;

2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha interpretación; y,

3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional».

Por lo precedentemente analizado, se entiende que la labor interpretativa de la ley, corresponde a la jurisdicción ordinaria, salvo ciertas excepciones que importen lesión a derechos fundamentales, mismos que deben ser acreditados, por lo que la jurisdicción constitucional mediante la acción de amparo constitucional no puede dejar de lado dicha limitación, ya que de hacerlo ocasionaría un desequilibrio entre jurisdicciones‴ (las negrillas corresponden al texto original).

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante alega la vulneración de los derechos a la libertad, dignidad y debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación, vinculados a la interpretación de legalidad; debido a que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de delito de estupro agravado: 1) El Juez accionado, mediante Resolución de 19 de octubre de 2022, declaró infundada su solicitud de cesación de detención preventiva, sin aplicar el principio de proporcionalidad ni valorar que la víctima en la actualidad no es menor de edad, el hecho ocurrió hace más de siete años atrás, que mantuvo concubinato con la víctima más de un año, y que no tiene ningún nivel de agresividad; y, 2) Habiendo apelado el Auto Interlocutorio referido, el Vocal coaccionado, por Auto de Vista de 8 de noviembre de 2022, declaró improcedente el recurso de apelación, con una interpretación antijurídica y violatoria al derecho a la libertad y de la norma, violando los principios de proporcionalidad y verdad material; cuando la interpretación de la Ley, debe entenderse en sentido amplio y de modo que favorezca al imputado, como reconoce el art. 116 de la CPE. Identificada la problemática jurídica, corresponde realizar el siguiente análisis:

III.5.1. Respecto a Johnny Germán Buhezo Choque, Juez de Sentencia

Penal Tercero del departamento de Potosí

El impetrante de tutela, denuncia que el Juez accionado, mediante Resolución de 19 de octubre de 2022, declaró infundada su solicitud de cesación de detención preventiva, sin aplicar el principio de proporcionalidad ni valorar que la víctima en la actualidad no es menor de edad, el hecho ocurrió hace más de siete años atrás, que mantuvo concubinato con la víctima más de un año, y que no tiene ningún nivel de agresividad. Resolución que apeló y fue resuelto por el Vocal coaccionado, a través del Auto de Vista de 8 de noviembre de 2022, que en el fondo declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto. En ese contexto, si bien el accionante también identifica al Auto Interlocutorio de 19 de octubre de 2022 como acto lesivo vulnerador de los derechos que alega, al haber sido apelado y debido a que fue objeto de revisión y resuelto en alzada por el Vocal coaccionado, en aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de defensa de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional en las SSCC 1569/2004-R de 27 de septiembre, 1824/2004-R de 23 de noviembre y reiterada por la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, entre otras, el análisis del presente fallo constitucional se circunscribirá a partir de la resolución de alzada referida, debido a que ésta fue la que definió, en última instancia, la situación jurídica del accionante en cuanto a la cesación de detención preventiva opuesta. Por consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada con relación al Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Potosí.

III.5.2. En cuanto al Vocal de Sala Penal Segunda del Tribunal

Departamental de Justicia de Potosí Del contenido de la demanda tutelar presentada por el accionante, tanto como de su exposición oral en audiencia, se tiene que el problema jurídico sustancial radica en que el Vocal accionado, declaró improcedente el recurso de apelación, con una interpretación antijurídica y violatoria al derecho a la libertad y de la norma, violando los principios de proporcionalidad y verdad material; cuando la interpretación de la Ley, debe entenderse en sentido amplio, por lo que correspondía operar obligatoriamente a su favor, como reconoce el art. 116 de la CPE. Es imprescindible considerar el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, que en cuanto al derecho al debido proceso, establece que, toda resolución emitida dentro de un proceso, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Al respecto, de la revisión del Auto de Vista de 8 de noviembre de 2022; mediante el cual, el accionado declaró improcedente el recurso de apelación opuesto por el accionante, no se identifica dónde se encontraría la vulneración sobre la labor intelectiva del Vocal accionado, en relación a la lesión de los derechos que alega; al contrario, se corrobora que, el Vocal accionado, si emitió un pronunciamiento fundamentado y motivado que sustenta su decisión; debido a que desarrolló normativa aplicable a la aplicación de medidas cautelares, como los arts. 7, 221 y 239.1 del CPP; fundamentos que dejan pleno convencimiento que las normas sustantivas y procesales en las que se sustentó no son contrarias a la Constitución Política del Estado ni al bloque constitucional, ni son impertinentes al instituto procesal resuelto.

En relación al peligro de fuga previsto por el art. 234.7 del CPP, respecto a la mala o defectuosa valoración, cuestionada por el accionante en el recurso que opuso, el accionado explicó que de acuerdo a los antecedentes que cursan en obrados se puede establecer que presentó un certificado de conducta y permanencia, extractando que el imputado tuvo buena conducta y tiene una detención de un año, un mes y veintisiete días; un comprobante de asistencia familiar; un acta de apelación de cesación de detención preventiva; y, la “SC 340/2019” (sic), mencionando que dentro de los elementos que contiene esta refiere el principio de proporcionalidad como un elemento a considerarse en el tratamiento de la detención preventiva; arguyendo que ninguna de esta prueba incide en dejar sin efecto los elementos que hubieran fundado los motivos por los cuales se mantiene vigente o concurrente el art. 234.7 del CPP; en base de lo cual concluyó que, aun no hayan sido valorados o lo hayan sido defectuosamente, no advierte que la determinación de no añadirse a la perspectiva y petición del recurrente, hubiera vulnerado a la misma respecto a la valoración denunciada; justificando que, no transgrede finalmente en dejar sin efecto la vigencia del peligro para la víctima. En relación a la Sentencia Constitucional Plurinacional citada y los criterios del accionante que se torna conveniente porque se hubiera cumplido ya con la finalidad de las medidas cautelares, salvo como esta establece, la aplicación de la ley; el accionado, no advirtió que sea un elemento idóneo a ese efecto, vinculado inclusive a los elementos de convicción; señalando que la misma parte apelante advirtió que falta generar la aplicación de la ley; es decir, la ejecución de una eventual condena. Agregó, que en antecedentes se tiene la emisión de una sentencia, en consecuencia, es latente la posibilidad de la aplicación de la Ley; por consiguiente, no se hubiera agraviado al accionante en los elementos denunciados, de mala valoración probatoria, inexistencia de motivos y fundamentos, e inaplicación del principio de proporcionalidad. En ese contexto, el accionado señaló que, es evidente que una fase hubiera culminado con la realización del juicio oral, pero aún está pendiente la etapa recursiva y la ejecución que tiene como finalidad el art. “222” del CPP. Concluyó indicando que, existiendo esa colisión de derechos y garantías, uno relativo a la libertad, y el otro, a la indemnidad sexual, más allá que se trate del tipo penal de estupro, lo que se protege cuando se trata de menores de edad es la indemnidad, incluso más allá de la libertad sexual; y, por la previsión del art. 60 de la CPE, ante la colisión de determinados derechos, prevalece el interés superior del niño, como un elemento decisivo y ponderable, sobre cualquier otro derecho; existiendo el requisito sustancial, con mayor grado de certeza a partir de la emisión de una sentencia, el peligro de fuga del art. 234.7 del CPP; estableciendo finalmente que, no advierte que la medida no cumpla una finalidad y que ésta, no garantice plenamente los intereses de la víctima. El Fundamento esgrimido por el accionado, conforme se evidencia, si cumplió con el entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, toda vez que para resolver el problema jurídico, además consideró estas circunstancias de género y generacional como elementos y factores de vulnerabilidad de la víctima frente al agresor. Se evidencia también que, el accionando en control de legalidad y logicidad del Auto Interlocutorio apelado, fundamentó y motivó de forma integral, bajo el mandato constitucional previsto en el art. 60 de la CPE, que impone al Estado, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado, para salvaguardar los intereses y la afectación de los bienes jurídicos lesionados, en este caso a la indemnidad sexual, conforme a la jurisprudencia desarrollada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo, que determina como una obligación del Estado actuar de manera diligente para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, más aun tratándose de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en preeminencia de sus derechos y el principio de protección reforzada frente a otros intereses, para así aplicando el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y el Enfoque Interseccional, concretizar la protección y preeminencia de sus derechos y garantías de acuerdo a lo establecido en los arts. 15.I y II; y, 61.I de la CPE, a la integridad física, psicológica y sexual; y, a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Por otra parte, para asumir su decisorio, se verifica que el accionado aplicó el ejercicio de ponderación, al establecer esa colisión de derechos y garantías, uno relativo a la libertad, y el otro, a la indemnidad sexual, más allá que se trate del tipo penal de estupro, y argüir que lo que se protege cuando se trata de menores de edad es la indemnidad, incluso más allá de la libertad sexual; y, por la previsión del art. 60 de la CPE, ante la colisión de determinados derechos, prevalece el interés superior del niño, como un elemento decisivo y ponderable, sobre cualquier otro derecho; existiendo el requisito sustancial, con mayor grado de certeza a partir de la emisión de una sentencia, el peligro de fuga del art. 234.7 del CPP; estableciendo finalmente que, no advierte que la medida no cumpla una finalidad y que esta no garantice plenamente los intereses de la víctima. Conforme se advierte, el accionando argumentó razonadamente que los derechos y garantías del accionante, no se sobreponen automáticamente a los derechos y garantías de la víctima en el proceso penal concreto, quien de igual manera merece una protección del Estado; por cuanto no solamente tomó en cuenta el derecho a la libertad y al debido proceso del accionante, sino, también los derechos y garantías que asiste a la víctima, quien no sólo sufrió un menoscabo a sus bienes jurídicos protegidos; sino, también se encuentra en situación de vulnerabilidad, aspecto que importa considerar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en el bloque constitucional sobre derechos humanos respecto a víctimas menores de edad. Es importante resaltar que, como se advierte, la argumentación utilizada por el accionado, es bastante clara, concisa y precisa, y no es contraria al principio de razonabilidad, toda vez que tomó en cuenta los antecedentes del caso para mantener el peligro efectivo para la víctima, analizando la situación de vulnerabilidad de la víctima en contexto al momento de la comisión del hecho ilícito, conforme con la jurisprudencia constitucional establecida sobre esta temática, como en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que en relación a los parámetros para la aplicación del art. 234.7 del CPP, señaló que debe considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja de la víctima respecto al imputado; así como las características del delito; y, la conducta exteriorizada por el imputado contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos de la víctima. Conjuntamente, se debe tomar en cuenta que, el accionado aplicó la perspectiva de género, el enfoque interseccional y el principio de la debida diligencia, sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja de la víctima, quien es mujer y al tiempo de la comisión del delito, era menor de edad; para juzgar bajo criterios de vulnerabilidad, siendo esa herramienta la que contribuye a identificar esas posibles situaciones y las medidas y acciones a asumirse al respecto dentro del proceso penal, conforme al entendimiento plasmado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2. de este fallo constitucional. En ese marco, el accionado, a momento de declarar improcedente el recurso de apelación y por consecuencia confirmar el rechazo a la solicitud de cesación de la detención preventiva, se pronunció y fundamentó a los reclamos del accionante, explicando por qué la prueba presentada, no desvirtuaba el riesgo procesal incurso en el art. 234.7 del CPP, al señalar que la misma, consistente en el certificado de conducta y permanencia, un comprobante de asistencia familiar, un acta de apelación de cesación de detención preventiva, y la “SC 340/2019” (sic), no inciden en dejar sin efecto los elementos que hubieran fundado los motivos por los cuales se mantiene vigente o concurrente el peligro para la víctima. Sustentando, además, su decisión en base a la finalidad y alcance de las medidas cautelares, cuando establece que es evidente que una fase del proceso penal hubiera culminado con la realización del juicio oral, pero, aún está pendiente la etapa recursiva y la ejecución; argumento que es coherente a la finalidad y alcance del art. 221 del CPP, y es, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, que determina como una obligación del Estado, actuar de manera diligente para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, más aun tratándose de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en preeminencia de sus derechos y el principio de protección reforzada frente a otros intereses, para así aplicando el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y el Enfoque Interseccional, concretizar la protección y preeminencia de sus derechos y garantías de acuerdo a lo establecido en los arts. 15.I y II; y, 61.I de la CPE, a la integridad física, psicológica y sexual; y, a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. En ese sentido, al no advertir ninguna vulneración por parte del accionado a los derechos denunciados, corresponde denegar la tutela impetrada.

III.5.3. Sobre la errónea interpretación de la norma

Sobre este particular, el accionante reclama que el Vocal accionado, al pronunciar el Auto de Vista cuestionado, incurrió en una interpretación antijurídica de la norma. Al respecto, es insoslayable destacar que, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo, que determina que la jurisdicción constitucional en atención a los principios de independencia judicial, autonomía decisoria, verdad material e inmediación, construyó la doctrina de las autorestricciones, a través de las cuales se establecieron jurisprudencialmente, subreglas que permiten a la jurisdicción constitucional verificar, en relación a la errónea interpretación y aplicación de legalidad ordinaria, que si bien es evidente que el Tribunal Constitucional puede ingresar a revisar la facultad de interpretar y/o aplicar las normas del ordenamiento jurídico ordinario, que está reservada a las autoridades judiciales y administrativas; sin embargo, para ello la parte accionante debe explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; precisar los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha interpretación, y establecer el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando cuál, la relevancia constitucional. En la presente acción tutelar, el accionante para sostener su reclamo, únicamente se limitó a señalar una argumentación general, sin precisar ni identificar cuáles normas legales fueron interpretadas antijurídicamente, que en su criterio fueron erróneamente aplicadas en el ámbito de aplicación que regulan, en relación al peligro de fuga para la víctima, que vulneraría sus derechos y principios constitucionales alegados; además, tampoco estableció cómo debió aplicarse éstas al caso concreto; es decir, no precisó la relación de vinculación o nexo de causalidad entre los derechos y principios cuya lesión denuncia y la errónea actividad ordinaria incurrida por el Vocal accionado. Por consecuencia, al no haberse cumplido con los supuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional a efectos que ésta, pueda revisar la falta de fundamentación, motivación y congruencia, en cuanto la supuesta errónea aplicación de legalidad ordinaria; y, al no existir una evidente lesión a derechos y garantías constitucionales que permitan a esta instancia, de manera excepcional y como facultad potestativa en grado de revisión de oficio, realizar un análisis de fondo de esta problemática planteada, impide ingresar al análisis de fondo alegado; por consecuencia, en este punto también, corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, en relación al derecho a la dignidad, el accionante no expuso la argumentación necesaria para acreditar la vulneración denunciada; por lo que, sin un mayor pronunciamiento, se debe denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 41 a 42 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0535_2025-S4.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9b8fece3ea0e8c6bf5af87ab7e5c03e433ee9d5da2a589ae9e73e7fdaf8be5c7

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