B.IA.LEGAL

SCP 0535/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 6 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
6 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
49497-2022-99-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela denuncia que el Vocal demandado dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de abuso sexual, mediante Auto de Vista de 26 de julio de 2022, determinó declarar sin mérito su recurso de apelación incidental incurriendo en falta de fundamentación y motivación y congruencia vinculado a su libertad por cuanto: 1) Sobre su reclamo de la aplicación del principio de favorabilidad, sin realizar un análisis correcto de los antecedentes y elementos probatorios, con argumentos irracionales estableció que no existe certificado médico que indique que se le debe otorgar la cesación a la detención preventiva y en base a ello no se puede aplicar dicho principio; asimismo de forma incongruente, luego de advertir que no existe una debida fundamentación en la Resolución apelada, de manera errónea y arbitraria ingresa a valorar elementos probatorios señalando que no existe un certificado actualizado que evidencie que tiene una enfermedad crónica que además diga que no corresponde su detención preventiva; y, 2) Respecto a su reclamo de la realización del test de proporcionalidad, apartándose de los razonamientos emitidos anteriormente por las Salas Penales Primera y Segunda -que establecieron que el Juez a quo debía realizar una fundamentación del porque la medida de la detención preventiva era la más idónea- señaló que no es necesario analizar dicho test, ya que no se demostró que tenga una enfermedad crónica “a la fecha” y que no cumplió con la carga argumentativa, siendo que, no era una cesación a la detención preventiva el orige…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 007/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 151 a 156 vta.; pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer la notificación de Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a objeto de que en futuros casos, evite en incurrir en errores procedimentales disponiendo el reenvío del caso, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
  2. III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  3. III.3. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0535/2024-S1 Sucre, 6 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrado Relator: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 49497-2022-99-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 007/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 151 a 156 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ramiro Villarroel Soliz contra Pablo Antezana Vargas Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de agosto de 2022, cursante de fs. 31 a 43 vta. el accionante expresó lo siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra injustamente detenido por más de seis meses por la supuesta comisión del delito de abuso sexual vinculado a la Ley 348 de 9 de marzo de 2013; por lo que, estando próximo a la tercera edad y con enfermedad de fibrosis pulmonar que fue advertida en diferentes audiencias de cesación a la detención preventiva, en las últimas ocasiones los Vocales de las diferentes Salas Penales anularon la Resolución del Juez Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba por no aplicarse correctamente el principio de favorabilidad así, como el test de proporcionalidad; por cuanto, el Auto Interlocutorio de 3 de mayo de 2022, fue anulado mediante Auto de Vista de 12 del citado mes y año, a fin de que se analice las pruebas sobre el estado de su salud y realizar el test de proporcionalidad para establecer la procedencia o no de la cesación a la detención preventiva; situación que al no ser cumplida por el Juez a quo en el Auto Interlocutorio de 27 de mayo del referido año, nuevamente fue anulado por Auto de Vista de 13 de junio del señalado año. Posteriormente, el Juez de la causa mediante Auto interlocutorio de 6 de julio de 2022, por tercera vez incumplió el referido Auto de Vista de 13 de junio del mismo año, emitido por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por lo que, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental, se asignó ante el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quien a través de Auto de Vista de 26 de julio del mismo año, determinó declarar sin mérito su apelación incurriendo en falta de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, respecto al reclamo de la aplicación del principio de favorabilidad, sin realizar un análisis correcto de los antecedentes, con argumentos irracionales señaló que no existe certificado médico que indique que se le debe otorgar la cesación a la detención preventiva y en base a ello no puede aplicarse dicho principio. El Auto de Vista ahora impugnado resulta arbitrario y alejado de los parámetros previstos en los anteriores Autos de Vista, ya que de forma incongruente luego de advertir que no existe una debida fundamentación y motivación en la Resolución apelada; de forma arbitraria ingresa a valorar los elementos probatorios señalando de forma errónea que no existe un certificado actualizado que evidencie que se tiene una enfermedad crónica y que además diga que no corresponde la medida cautelar de la detención preventiva; es decir que, valora la prueba, siendo que no le está permitido, peor aun cuando se trata de una resolución de cumplimiento de un Auto de Vista. Respecto al reclamo de la realización del test de proporcionalidad, la Autoridad demandada apartándose de los razonamientos anteriores esgrimidos por las Salas Penales Primera y Segunda que establecieron que el Juez a quo debió realizar una fundamentación del porque la medida de detención preventiva era la más idónea, señalaron que no es necesario realizar dicho test porque no se demostró que tenga una enfermedad crónica “a la fecha” y que la defensa del imputado no cumplió con la carga argumentativa, siendo que no era una cesación a la detención preventiva el origen de dicha audiencia, sino uno de cumplimiento de Auto de Vista, razonamiento que le deja en indefensión ya que se aplica la reforma en perjuicio, aspecto censurado por la jurisprudencia porque se debe estar a lo más favorable para el imputado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció como vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 23.I, 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), 7 y 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela impetrada, que disponga declarar sin efecto el Auto de Vista de 26 de julio de 2022, únicamente respecto al razonamiento apelado sobre el principio de favorabilidad y analizar el test de proporcionalidad, y en consecuencia se dicte una nueva resolución en el menor tiempo posible siendo que se encuentra terriblemente enfermo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia (virtual) se efectuó el 4 de agosto de 2022, según acta cursante de fs. 149 a 150 vta. produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado, en audiencia ratificó inextenso su demanda de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Pablo Antezana Vargas Vocal de la Sala Panel Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 4 de agosto de 2022 cursante de fs. 54 a 57 manifestó que: a) Conforme a la jurisprudencia se tiene que un Tribunal o Juez de garantías está impedido de revisar o sustituir a la jurisdicción común, por cuanto la interpretación de la legalidad ordinaria es realizada por los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, en razón de que la acción de libertad no se constituye en una instancia procesal de revisión de resoluciones; b) De la lectura de la acción de libertad, se colige que el ahora solicitante de tutela omitió exponer el nexo de causalidad entre los derechos denunciados y las presuntas conductas vulneradoras de ellos, puesto que si bien denuncia la lesión al debido proceso, a la debida fundamentación, motivación y congruencia, empero, omitió explicar a partir de qué acciones y/o fundamentos se habría violentado tales derechos; c) Tampoco expresó porqué la valoración y fundamentación no es correcta o resulta irracional, es decir por qué se aparta de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir, tal como exige la jurisprudencia por cuanto de la revisión del Auto de Vista, se puede advertir que dicha resolución de modo alguno incurrió en una valoración irrazonable de las pruebas porque en apelación no se realiza valoración de pruebas, en razón de que su labor se limita a verificar si el Juez de primera instancia cumplió o no con las reglas establecidas en el art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y en la jurisprudencia vinculante al caso; d) No obstante de lo referido, en el entendido de que la acción de defensa fue admitida, se debe considerar que no es evidente lo vertido por el accionante, en sentido de que esta autoridad no habría efectuado una debida fundamentación y motivación, puesto que, de la resolución dictada se puede colegir que se ingresó a considerar el fondo del recurso, al haber advertido que el Juez a quo realizó una insuficiente fundamentación, respondiendo así al agravio expuesto por el apelante en sentido de que el Juez a quo no habría realizado el test de proporcionalidad tomando en cuenta la documentación que presentó respecto a que padecería de una enfermedad pulmonar; e) Al respecto, cabe precisar que el suscrito al haber advertido insuficiente fundamentación sobre la prueba presentada por el imputado, complementó la fundamentación efectuada por el Juez a quo, no debiendo considerarse ello como una revalorización de la prueba, por cuanto como se precisó la labor de los Tribunales de alzada es de revisión de la resoluciones emitidas por los jueces y tribunales de primera instancia, concluyendo que, las pruebas mencionadas por el impetrante de tutela de manera alguna no constituyen en elementos suficientes para determinar que el imputado se encuentre en una fase terminal o este en un estado crónico que amerite la revocatoria de la medida impuesta; f) Respecto al fundamento de que no se efectuó el test de proporcionalidad, se debe precisar que este Tribunal de Alzada dio a conocer la imposibilidad de realizar dicho test, esto por el hecho de que el peticionante de tutela en audiencia de consideración del recurso de apelación no desplegó la carga argumentativa necesaria; puesto que, no señaló el motivo por el cual la medida cautelar de la detención preventiva le causa perjuicio, pues debió referir porque la detención preventiva no es idónea o adecuada en el caso en concreto, o porque dicha medida cautelar no es necesaria, y/o porque la detención preventiva no es proporcional o que sea una medida exagerada; g) Sobre el argumento de que esta Sala Penal se apartó de los lineamientos emitidos por otras Salas en el caso en concreto, se debe tomar en cuenta que los Tribunales de Alzada no se encuentran vinculados a resoluciones o Autos de Vista emitidos por autoridades similares y homólogos, toda vez que, conforme a la normativa constitucional las únicas resoluciones que son vinculantes y de cumplimiento obligatorio son los Autos y/o Sentencias Constitucionales; por lo que, el razonamiento efectuado por el solicitante de tutela en sentido de que este Tribunal de alzada debió limitarse al control de cumplimiento de las resoluciones efectuadas por las otras Salas Penales, resulta siendo equívoca; y, h) Finalmente, no se debe dejar de lado que el caso en cuestión versa sobre la supuesta comisión de un delito contra víctima mujer menor de edad, y que las normas y la Jurisprudencia, determinan la obligación que tienen las autoridades judiciales de ponderar derechos, tomando en cuenta la perspectiva de género, por lo que, de dichos razonamientos es posible concluir que el Auto de Vista ahora cuestionado se encuentra debidamente fundamentado y motivado, por no haberse cumplido a cabalidad con lo dispuesto por los arts. 124 y 173 del CPP, solicita se DENIEGUE la tutela impetrada.

I.2.2. Intervención del Ministerio Público

El Fiscal de materia asignado al caso mediante informe prestado en audiencia manifestó que: “…se considere la valoración de la documentación acompañada por la defensa, por cuanto el Vocal demandado realizó una valoración objetiva en relación a los agravios efectuados por el imputado, consecuentemente la fundamentación que debe realizarse debe emerger en desvirtuar los peligros procesales, circunstancia que no se hubiese cumplido por el accionante conforme a procedimiento, por lo que en función a ello el Juez de Cliza emitió resolución cumpliendo los parámetros establecidos por las Salas Penales, por lo que el Vocal ahora demandado se remitió a fundamentar los agravios en ese sentido, que la víctima se encuentra dentro de un grupo de vulnerabilidad, dentro el bloque de género, consecuentemente prevalecen más los derechos de la referida víctima por su situación de vulnerabilidad y en su condición de menor de edad y su condición de mujer, por lo que de su parte solicita se rechace la solicitud realizada por la parte accionante” (sic).

I.2.2. Intervención del tercero interesado

Margarita Delgadillo Coca, madre de la víctima menor de edad, a través de su abogado mediante informe prestado en audiencia manifestó que: 1) Respecto de la petición de dejarse sin efecto el Auto de Vista y se ordene se emita nueva resolución por encontrarse enfermo el impetrante de tutela, se debe considerar lo establecido por el art. 125 de la CPE, y en ese entendido lo que pretende el peticionante de tutela es que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar lo establecido por la jurisdicción ordinaria, es decir, que se inmiscuya en el proceso penal; 2) El Auto de Vista resuelve en función a una solicitud de cesación a la detención preventiva y consiguientemente acorde al art. 239 núm. 1 del CPP, que si bien resulta evidente lo expresado por el solicitante de tutela respecto a lo determinado por otras Salas Penales, entre ellas la Primera, sobre el principio de favorabilidad, sin embargo aquello -refiere- no implica que con ello se estuviese desvirtuando los riesgos procesales, y ello resultaría la pretensión del accionante a través de la vía constitucional; y, 3) Remitiéndose a la definición que realiza el diccionario jurídico de Cabanellas respecto a una enfermedad crónica, precisa que la misma no resulta ser una enfermedad terminal a efectos del test de aplicarse el principio de favorabilidad y asimismo una proporcionalidad pretendida por el ahora impetrante de tutela; que a su vez el Vocal hubiese indicado en la resolución que esos principios tuvieren limite cuando se trata de una víctima menor de abuso sexual conforme el art. 410 de la CPE, en consideración a tratados internacionales que determinan la aplicación de manera preferente los derechos de esta última, citando la Convención de Belén Do Pará y otros, se remite a la SCP 2236/2012 de 8 de noviembre, SCP 0010/2018-S3 de 1 de marzo respecto del principio de favorabilidad, indicando que esos parámetros también vinculan respecto de la protección de las niñas con enfoque interseccional como víctimas, y que el Juez cautelar inicialmente y los Vocales que conocieron de manera sucesiva las peticiones de cesación de la detención y apelación, resultan ser las autoridades quienes se encuentran habilitados para modificar las medidas cautelares, no así se pudiera realizar aquello en la vía constitucional; por lo que, solicita se deniegue la tutela. Jimena Carola Valdivia Borda, representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Átomo Municipal de Cliza del departamento de Cochabamba, mediante informe prestado en audiencia manifestó que: “…en función a los argumentos realizados por la víctima, en relación a la petición de tutela realizado por el accionante se debe considerar lo establecido por el art. 239.1 del CPP, respecto de una solicitud de cesación a la detención preventiva y consecuentemente no haberse desvirtuado por la parte accionante los riesgos procesales en el proceso penal y que asimismo la enfermedad que argumenta no resulta ser terminal; con estas puntualizaciones ha solicitado de manera idéntica que el anterior se deniegue la tutela” (sic).

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 007/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 151 a 156 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: i) Establecida la problemática y contrastada con el informe del demandado además de lo expuesto por los terceros interesados, corresponde verificar si lo expuesto por el peticionante de tutela; en ese entendido de la revisión a tales antecedentes se tiene el memorial de “20.04.2022” realizado por el ahora solicitante de tutela al Juez Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, en la cual solicita audiencia de cesación a la detención preventiva, petición que fue resuelta por dicho Juez, mediante Auto Interlocutorio de “03.05.2022”, que resolvió rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva, cuya solicitud de enmienda y complementación ratificó lo determinado; ii) Una vez interpuesto el recurso de apelación fue resuelto por la Sala Penal Primera quien mediante Auto de Vista de “12.05.2022”, declaró procedente el recurso de apelación planteado por el accionante y en consecuencia revocó de manera parcial el Auto de 3 de mayo del 2022, esto únicamente respecto al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP y al principio de favorabilidad, disponiendo que el Juez a quo una vez devuelto los antecedentes al Tribunal de origen en el plazo máximo de veinticuatro horas reinstale la audiencia y emita nueva resolución respecto a estos tópicos, por lo demás dejó incólume el Auto de 3 de mayo del señalado año; iii) Emergente de ello, se emitió el nuevo Auto Interlocutorio de “27.05.2022” por el cual el Juez a quo, determinó rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva solicitada por el impetrante de tutela, que luego de su solicitud de enmienda y complementación, resuelto el mismo, fue interpuesto recurso de apelación en el mismo acto, emitiéndose el Auto de Vista de “14.06.2022” por el cual la Sala Penal Segunda, declaró procedente en parte el recurso de apelación y en consecuencia revocó en parte el Auto interlocutorio de “27.05.2022”, únicamente en lo que respecta al principio de favorabilidad, disponiendo que la autoridad a quo en el plazo de veinticuatro horas de devuelto el presente cuadernillo emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada; iv) Mediante Auto Interlocutorio de “06.07.2022” el Juez de control jurisdiccional determinó rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por el peticionante de tutela, posteriormente la Sala Penal Cuarta del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de 26 de julio del citado año, pese a la observación de que "el Juez a quo no cumplió con el Auto de Vista emitido por la Sala Penal Segunda, en la cual se dictó nueva resolución analizando el principio de favorabilidad, además de analizarse el test de proporcionalidad conforme al certificado médico acompañado (…) de manera contradictoria en su razonamiento resuelve no dar lugar ni tomar en cuenta dichas certificaciones médicas, vulnerando de esta forma lo establecido en la SCP 0340/2019” (sic); v) El Auto de Vista ahora impugnado estableció los fundamentos del art. 398 del CPP así como el contenido del art. 239 del CPP, a continuación precisa el lineamiento jurisprudencial respecto del tratamiento que debe darse a una solicitud de cesación a la detención preventiva, e ingresando al análisis del caso, remitiéndose a los fundamentos de agravio del ahora solicitante de tutela, así como a lo determinado en la resolución apelada -con criterio propio-advirtió insuficiente fundamentación, pero que sin embargo habiendo el Juez a quo valorado todos y cada uno de los elementos de prueba a fin de acreditar una duda razonable respecto de la aplicación de medida cautelar como fue las citas médicas, solicitud de exámenes complementarios, certificado, historial médico, llegó a la conclusión, de que en la ponderación de derechos con relación al imputado priman los de la víctima menor de edad; vi) Asimismo con criterio propio refiere que no advierte y no tiene convicción plena de la situación actual de salud del imputado, y pasa a realizar el análisis de la documentación que hubiesen sido presentadas por la defensa sustentatorias de su petición de cesación a la detención preventiva, indicando no tenerse un informe médico que establezca cuál es la situación actual en la que se encuentra el imputado o que este en una situación grave crónica y terminal que conlleve a la necesidad de aplicar el principio de favorabilidad o torne conveniente modificar la medida cautelar de la detención preventiva; vii) Realizando igual análisis a un certificado médico emitido por Régimen Penitenciario, indica que esas fueron las circunstancias que generaron en el Juez a quo la duda razonable de la no existencia de suficiente prueba que establezca la situación actual y el estado crónico del imputado, si esto es así- refiere- tampoco en el presente caso resulta aplicable el principio de favorabilidad por la insuficiente documentación para establecer la situación crónica del imputado “a la fecha”, asimismo citado el lineamiento jurisprudencial sobre el test de proporcionalidad, con criterio propio refiere que ciertamente dicho principio no resulta aplicable; toda vez que, la parte imputada no acompañó documentación que acredita que se encuentra con una enfermedad pulmonar crónica que en su caso este causando un perjuicio grave al estar detenido; viii) Además de considerar los argumentos expuestos por el Juez a quo al señalar que el imputado al presente viene recibiendo atención médica correspondiente a un tratamiento de la enfermedad que padece; por lo que, no tiene mérito la apelación efectuada por la parte recurrente, más aun cuando no se hubiere desvirtuado los riesgos procesales que determinaron su detención preventiva; determinando en consecuencia la improcedencia de la apelación incidental; ix) Sobre la solicitud de enmienda y complementación indica el Vocal ahora demandado, que se debe tomar en cuenta que las autoridades jurisdiccionales, las Salas revisoras, no se encuentran vinculadas a resoluciones o Auto de Vista alguno; toda vez que, conforme a la normativa las únicas resoluciones que son vinculantes resultan siendo los Autos o Sentencias Constitucionales, manteniendo en consecuencia la determinación asumida; x) El Auto de Vista en consideración a los argumentos expuestos en la acción de libertad, tomando en cuenta los lineamientos jurisprudenciales, fundamentalmente en relación a los presupuestos que debe contener una resolución de alzada cuando se trata de medidas cautelares de carácter personal, conforme a la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, en caso de evidenciar que el Juez a quo hubiese omitido explicar los motivos que le llevaron a emitir una determinada resolución, no le está permitido a un Tribunal de alzada anular obrados, sino que al evidenciar tales aspectos, resolver directamente el caso remitido; xi) En ese entendido esta Sala Constitucional verifica, que no resultan evidentes los argumentos de la acción de libertad respecto al cuestionamiento de lo resuelto por el Vocal ahora demandado, en sentido de que el Juez a quo debió advocarse específicamente a sus elementos de agravio, es decir remitirse básicamente a pronunciarse tal como se hubiese determinado en Auto de Vista de “12.05.2022”, respecto del principio de favorabilidad, por cuanto, del acta de audiencia se extrae que se reclamó el test de proporcionalidad en relación a la documentación que hubiese sido acompañada de su parte, consistente entre otros, el certificado médico, asimismo la existencia de una enfermedad crónica a objeto de que se dé curso a su solicitud de revocatoria de la resolución del Juez a quo y se pueda aplicar medidas cautelares menos gravosas, es decir, que de estos argumentos necesariamente el ahora demandado, le correspondió revisar todos esos aspectos de la resolución del Juez a quo; xii) Consecuentemente de los elementos que han sido objeto de resolución en el Auto de Vista cuestionado, no se advierte que se hubiese apartado de tales elementos de agravio y emitido una resolución ultra petita o en su caso con falta de debida fundamentación, motivación, o incongruencia omisiva; toda vez que, se remite a resolver sobre si efectivamente se dio cumplimiento por el Juez a quo a la aplicación del principio de favorabilidad determinado por una anterior Sala Penal Segunda y en atención a lo peticionado por el recurrente, pasó a resolver sobre el test de proporcionalidad que no se hubiese aplicado de manera correcta; xiii) Asimismo evidenciando de su parte insuficiencia de fundamentación del inferior, sin ingresar a determinar la nulidad por esa causa, por cuanto le está vetado a una Sala Penal en resolución de medidas cautelares determinar tal circunstancia en función al principio de celeridad que debe primar, sino de resolver o ingresar a analizar de su parte todos los aspectos cuestionados a fin de emitir una resolución debidamente razonada, y confirmar, como sucedió en el caso presente, o de revocar la decisión del Juez a quo, en función a ese lineamiento jurisprudencial, se pasa a analizar los elementos de convicción que como carga probatoria fueron puestos a consideración a tiempo de solicitar la cesación, por cuanto en los elementos de agravio a ser resueltos por el indicado Vocal, también se cuestiona de manera precisa no haberse considerado debidamente tal documentación, que no hubiese valorado correctamente por el Juez a quo; y, xiv) De lo precedentemente establecido, no se advierte que la resolución emitida por el Vocal ahora demandado hubiese lesionado el debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, por cuanto sin ser una resolución ampulosa con consideraciones de citas legales o lineamientos ampulosos, se advierte contener la debida estructura de forma y de fondo, resolución que expresa sus propias convicciones determinativas que justifican razonablemente su decisión, en función asimismo a consideraciones propias que involucran el proceso penal en particular vinculado a víctima de agresión sexual menor de edad; más aún cuando señala la SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero, y que se indica que no hubiese considerado el Vocal demandado en la pretensión de aplicarse el test de proporcionalidad, se entiende en cuanto a su situación de adulto mayor, que en los hechos no resulta evidente, máxime cuanto el Auto de Vista responde de manera clara a lo previsto por el art. 239.I del CPP de manera específica por lo que al no tenerse afectado el derecho a la libertad, que hubiese sido asimismo restringido por autoridad jurisdiccional competente, obliga a esta Sala Constitucional a denegar la tutela solicitada.

II. CONCLUSIONES

Del análisis de la documental adjunta al expediente se evidencia lo siguiente:

II.1. Consta copia de Acta de audiencia y Auto Interlocutorio de 3 de mayo de 2022, concerniente a la cesación de la detención preventiva por el cual, el Juez Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ramiro Villarroel Solís -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de abuso sexual; determinó rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva del nombrado (fs. 2 a 8 vta.).

II.2. El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de

Justicia de Cochabamba, en audiencia de apelación de 12 de mayo de 2022, interpuesto por el impetrante de tutela, mediante Auto de Vista revocó de manera parcial el Auto Interlocutorio de 3 de mayo del referido año, únicamente respecto al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP y al principio de favorabilidad, disponiendo que el Juez a quo, una vez devuelto los antecedentes al Tribunal de origen en el plazo máximo de veinticuatro horas reinstale la audiencia y emita nueva resolución sobre dichos tópicos; por lo demás queda incólume el citado Auto Interlocutorio relativo al presupuesto de probabilidad de autoría, así como el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, debido a que sobre dichos puntos no fueron debidamente fundamentados por el recurrente; asimismo, en vía de complementación y enmienda señaló que la autoridad judicial debe reinstalar la audiencia solo para emitir nueva resolución (fs. 10 a 16 vta.). II.3. Se tiene Acta de audiencia de apelación de 14 de junio de 2022, en la cual el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del aludido proceso penal, mediante Auto de Vista declaró procedente en parte el recurso de apelación planteado por el peticionante de tutela y en consecuencia revocó en parte el Auto Interlocutorio de 27 de mayo del citado año, únicamente en lo que se refiere al principio de favorabilidad; por lo que, dispuso que el Juez a quo en el plazo de veinticuatro horas emita nueva resolución debidamente fundamentada y motivada (fs. 19 a 23). II.4. Cursa copia de Acta de audiencia y Auto Interlocutorio de 6 de julio de 2022, por el cual el Juez de la causa en cumplimiento al Auto de Vista de 14 de junio del señalado año, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva del ahora solicitante de tutela hasta que nuevos elementos de convicción desvirtúen los motivos que fundaron la medida de última ratio o se torne conveniente su sustitución por otra medida, al efecto el imputado interpuso recurso de apelación conforme al art. 251 del CPP (fs. 24 a 28 vta.). II.5. El Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en audiencia de apelación de 26 de julio de 2022, realizada en forma virtual, mediante Auto de Vista declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el accionante y en consecuencia confirmó el Auto de 6 de julio del mismo año; asimismo en vía de complementación y enmienda señaló que las autoridades judiciales como las “revisorías” no están eventualmente vinculados a resoluciones o Autos de Vista alguno. Del referido Auto de Vista se tiene que el impetrante de tutela formuló su recurso de apelación con los siguientes puntos o argumentos: a) El Juez a quo no cumplió con el nuevo Auto de Vista emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba, en la cual se analizó el principio de favorabilidad, ya que el Auto Interlocutorio emitido resulta ser incongruente y arbitraria; b) Además debió analizarse el test de proporcionalidad conforme al certificado médico acompañado, siendo que tiene una enfermedad pulmonar crónica; por el que, fue atendido en reiteradas oportunidades en la Caja Nacional de Salud (CNS); empero, el Juez a quo si bien tomó en cuenta dichos aspectos, de manera contradictoria en su razonamiento resolvió no dar lugar ni tomar en cuenta dichas certificaciones médicas, vulnerando de esa forma lo establecido en la SCP 0340/2019; y, c) El Juez a quo no ha cumplido con el test de proporcionalidad, siendo que se ha anulado en reiteradas oportunidades sin que se haya observado el principio de favorabilidad y el citado test, por lo que, en observancia de la “SCP 0103/2019” ante la existencia de una enfermedad crónica, solicita revocar la Resolución de primera instancia y se aplique medidas cautelares menos gravosas. Al respecto el abogado de la supuesta víctima se opuso a la cesación de la detención preventiva señalando que el imputado no acreditó debidamente con prueba que padezca de una enfermedad crónica y que el Juez a quo realizando el control de convencionalidad precauteló los derechos de una mujer menor de edad víctima de agresión sexual. Respecto al recurso de apelación, la Vocal ahora demandada emitió su resolución bajo los siguientes fundamentos:

“CONSIDERANDO II:

1. Fundamentos jurídicos

Que, por disposición expresa del Art. 398 del CPP, se tiene establecido que: "Los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución". Al efecto también se tiene la SC. 0077/2012 del 16 de abril, que señala, "De la norma legal precedente [art. 398 del CPP], de manera general es posible concluir que los Tribunales de alzada solo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática....En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP"

Por otro lado, tomando en cuenta que en el presente caso el Auto impugnado versa sobre la consideración de una resolución que resuelve una solicitud de cesación a la detención preventiva planteada por el imputado, se debe tener en cuenta lo establecido por el Art. 239 del CPP modificado por la Ley 1173, que establece: "Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.

A este efecto, también se debe considerar la SC 0547/2010 de 12 de julio, citando las SSCC 0227/2004-R y 0320/2004-R, al establecer que tratándose de una solicitud de cesación a la detención preventiva:"...las Autoridades deben analizar la situación ponderando dos elementos: ...i) cuáles fueron los motivos que determinación la imposición de la detención preventiva y ii) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra. Quedando claro que si a través de los nuevos elementos de juicio que se presenten por el imputado se destruyen ambos o cualquiera de los motivos que fundaron la detención preventiva, el Juez o Tribunal debe de realizar una valoración de estos nuevos elementos; valoración similar a la que se hizo para disponer la detención preventiva en prima facie, sin que ello implique inmiscuirse en la investigación del hecho'. Por lo que corresponde al imputado probar conforme a norma precedentemente señalada la existencia de nuevos elementos de juicio que demuestren que ya no concurren los motivos que fundaron su detención preventiva o en su caso, tornen por conveniente que sea sustituida por la aplicación las otras medidas que se encuentran desarrolladas en el art. 240 del CPP".

Finalmente, la SC N° 1174/2011-R de 29 de agosto citando la SC 2517/2010-R de 19 de noviembre respecto a la carga de la prueba para la cesación a la detención preventiva, estableció: "...en el marco del principio de presunción de inocencia, la carga de la prueba corresponde al acusador, sin embargo, en la actividad probatoria relativa a la cesación de la detención preventiva, al amparo del art. 239.1 del CPP, excepcionalmente, se admite que corresponda al imputado la carga de la prueba; al respecto, este Tribunal en la SC 0252/2003-R de 28 de febrero de 2003 señaló: '...el art. 239.1) CPP prevé la cesación de la detención preventiva 'cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida'. A este efecto, corresponde al solicitante, desvirtuar a través de los medios de prueba a su alcance los presupuestos del art. 233 con relación a los arts. 234 y 235 de la misma norma penal adjetiva, pues de no hacerlo, no será posible la cesación de la medida cautelar".

2. Análisis del caso en concreto:

Ahora bien, en el presente caso de acuerdo a los fundamentos expuestos por la parte recurrente, en lo sustancial el mismo cuestiona la falta de cumplimiento y aplicación del principio de favorabilidad a favor de su defendido, asimismo, el test de proporcionalidad refiriendo que, con la documentación presentada en específico los certificados médicos correspondientes, se ha establecido o acreditado que su defendido tiene una enfermedad pulmonar crónica, además de que el mismo ha sido atendido en diferentes ocasiones en la caja de salud, en consecuencia la resolución apelada no obstante de haber evidenciado esta enfermedad crónica de manera contradictoria, resuelve rechazar la aplicación del principio de favorabilidad inobservando la SCP N° 340/2019, además de no haber cumplido con el test de proporcionalidad.

Al respecto, debemos remitirnos a la resolución apelada de la cual se tiene el siguiente razonamiento en específico al principio de favorabilidad: "...DE LA VALORACIÓN OBJETIVA DE DICHOS ELEMENTOS PROBATORIOS DESCRITOS, que consta de citas médicas, solicitud de exámenes complementarios y el mismo certificado médico e historial médico, hace ver que efectivamente el imputado Ramiro Villarroel Soliz sobrelleva la enfermedad pulmonar, según las pruebas a partir de octubre de 2021, ante la inseguridad de estos elementos en conjunto, establecen que el imputado sufre dicha enfermedad, por lo mismo, es menester de un tratamiento médico especialista en el área, porque su preservación del bienestar físico y mental del imputado es sumamente importante a través de los servicios público o privado prestados por profesionales de la salud para el beneficio del paciente y así lograr una estabilidad en su integridad física y estabilidad emocional, lo que constitucionalmente está garantizado por la Norma Suprema del Estado en sus arts. 35, 36, 37 puesto que el Estado tiene la obligación precisamente de proteger el derecho a la salud e integridad física, en ese contexto señala "el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera se prioriza la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades", de ahí la importancia de brindar la tención pertinente al paciente por un profesional especialista de salud, siendo un derecho reconocido por la Constitución que fue expuesto por elementos probatorios médicos adjuntados por la defensa que a mayor abundamiento en línea jurisprudencial la SC 0122/2015 de 10 de febrero, establece "que se puede valorar el certificado médico sin necesidad de ser certificado médico forense pudiendo el juez requerir de oficio pronunciamiento del médico forense para la comprobación de los hechos", es así que de las resoluciones emitidas con anterioridad, se puede constatar que el imputado Ramiro Villarroel ya recibe una atención médica a través de la Caja Nacional de Salud y a través de los médicos del Recinto Penitenciario, según la necesidad del paciente en procura de su mejoría respecto a la enfermedad que padece, tal cual se puede evidenciar de las mismas certificaciones, citas médicas, recetas, exámenes complementarios y el mismo certificado médico e historial médico propuestos por el imputado, dando cuenta, que el sindicado recibe el tratamiento respectivo por profesionales especialistas, atendiéndole oportunamente en el tratamiento de enfermedad pulmonar, permitiéndole sobrellevar su enfermedad pulmonar, permitiéndole sobrellevar su enfermedad, por lo que el Estado cumple con la obligación de garantizar y protege el derecho a la salud del imputado. Asimismo, en relación a los elementos presentados que consta: 10) Informe médico de fecha 13 de abril de 2022 emitido por el Médico del Régimen Penitenciario, del cual en la parte de conclusiones se verifica que el paciente, presenta en la impresión diagnostica - poliglobulia enfermedad pulmonar crónica en estudio, recomendado el medico una valoración por medicina interna y neumología; de donde se advierte que una vez más el informe médico establece que el imputado padece una enfermedad pulmonar crónica recomendando nueva valoración médica por especialistas en el área de medicina interna y neumología, entendiendo esto en procura de su mejoría y tratamiento pertinente a objeto de mejorar la condición de su salud. 11) Informe Psicológico del privado de libertad de fecha 21 de abril de 2022 emitido por la psicóloga de la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno; cuyo informe establece que el sindicado presenta conciencia lúcida y clara, ansiedad, inseguridad y angustia, fatiga, estrés y un posible derrumbe e inestabilidad emocional; del cual se establece que el imputado presenta angustia, ansiedad e inseguridad, además de inestabilidad en su estado de anímico debido a su estado de salud física y mental; de cuya valoración de la prueba en conjunto se advierte que el imputado tiene la enfermedad pulmonar crónica, que causa la inestabilidad de su estado anímico y en ese estado es dependiente de un tanque de oxígeno para la estabilización de su condición de salud. AHORA BIEN, LA DEFENSA ALEGA que no se podría mantener la detención preventiva de su defendido que es la más gravosa, enfatizando que dicha medida no puede ser objeto de abuso - privado de libertad por más de 6 meses, por cuanto al presente se debe aplicar el principio de favorabilidad en consideración a los informes médicos. Siendo ese el planteamiento, y tomando en cuenta que en el caso, se efectúa la averiguación de un posible abuso sexual generada en la integridad sexual de una menor vulnerable como es la víctima, frente a derechos del imputado relativos a su salud; se realiza la ponderación de derechos de la víctima imputado, y test de proporcionalidad tal como ordena el tribunal de alzada. (...) con ello el imputado tiene acceso a la salud que garantiza el Estado en procura de su bienestar físico y mental, pues no se está desatendiendo o desconociendo el derecho a una atención digna y adecuada en procuras de estabilizar y mejorar su estado de salud y por otro lado tratándose que la víctima de abuso sexual es menor de edad goza de la protección reforzada que le brinda la Constitución Política del Estado". De cuyo razonamiento este Tribunal de Alzada advierte una insuficiente fundamentación, sin embargo, no es menos cierto que el Juez A quo ha valorado todos y cada uno de los elementos de convicción aportados por parte de la defensa, a fin de acreditar una duda razonable respecto a la aplicación de una medida cautelar, como fue las citas médicas, solicitud de exámenes complementarios, certificado e historial médico, llegando a la conclusión y estableciendo que hechos demuestran cada uno de los elementos de prueba aportados por el imputado, llegando a establecer en el presente caso la ponderación de derechos que priman respecto a la víctima menor de edad con relación al imputado.

Por otra parte, este Tribunal de Alzada no advierte y no tiene convicción plena de la situación actual en la que se encuentra el imputado, toda vez que, de la certificación médica extendida por el médico Norman Mamani Tudela de fecha 02 de febrero de 2022, en la cual señala haber valorado al paciente Ramiro Villarroel Soliz por el servicio de neumología, con diagnóstico de fibrosis pulmonar, siendo una enfermedad pulmonar intersticial, con datos de lesión pulmonar difusa, con enfermedad grave no curable dependiente de oxigeno suplementario, sin embargo, no se tiene un informe médico en sí, que establezca cual es la situación actual en la que se encuentra el imputado o que se encuentre en una situación grave crónica terminal, que conlleve a la necesidad de aplicar el principio de favorabilidad y/o en el presente caso torne por conveniente modificar o sustituir la medida cautelar de la detención preventiva por otra medida.

Al margen de ello, se tiene otra certificación emitida por el médico del régimen penitenciario, que establece como diagnostico poliglobulia de enfermedad pulmonar crónica en estudio, lo que conlleva a establecer que la enfermedad que padece el imputado no resulta siendo crónica, toda vez que, la certificación antes expedida señala que eventualmente se encuentra en estudio, estas circunstancias conllevan a inferir a este Tribunal que en el presente caso la referida documentación resulte siendo insuficiente, para tener certeza de que el imputado se encuentre con una enfermedad crónica terminal, para que en su caso se tenga la necesidad de modificar la medida cautelar de la detención preventiva del imputado. En base a ello, respecto a los antecedentes también se refirió como datos la poliglobulia, enfermedad pulmonar de causa genética, hernioplastia supraumbilical, y que también resultaría ser dependiente de oxigeno desde el año 2008, son estas circunstancias que generan en el Juez A quo, la duda razonable de la no existencia de suficiente prueba que establezcan la situación actual y el estado crónica en la que se encuentra el imputado, si esto es así, tampoco en el presente caso, no resulta aplicable el principio de favorabilidad, por la insuficiente documentación para establecer la situación crónica en la que eventualmente se encuentra el imputado a la fecha.

En ese sentido, respecto al test de proporcionalidad que exige la parte imputada, debemos señalar lo establecido en la SC 2209/2009 que ha menciona el test de proporcionalidad que debe realizar el Juez A quo, en sentido de establecer: "1) si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada, para la finalidad utilizada con la misma, 2) si la medida limitativa o restrictiva es necesaria o que restrinjan el derecho fundamental, que es analizado en el caso en concreto, 3) analizar la proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en dilucidar si la atención tiene una restricción al derecho fundamental, si la detención tiene una restricción fundamental y no resulta exagerada,.."; De lo que se puede advertir ciertamente que, este principio de test de proporcionalidad, no resulta siendo aplicable, toda vez que, en el presente caso la parte imputada acompañó documentación que acredita que se encuentra con una enfermedad pulmonar, además de utilizar un oxígeno para poder sobrellevar la misma, empero, no se ha acreditado con documentación idónea y específica, que indique dicha enfermedad resulta siendo crónica y que en su caso este causando un perjuicio grave al imputado al estar detenido en el recinto penitenciario que amerite la modificación de la medida cautelar, toda vez que, se debe tomar en cuenta que para la modificación de la medida cautelar conforme al principio de proporcionalidad, es obligación de la defensa establecer la carga argumentativa, es decir señalar de qué manera este razonamiento viene causando un perjuicio a esta parte, en consecuencia la sola existencia de un certificado médico que establece una condición de enfermedad y al no haberse acreditado la cronicidad o que la enfermedad sea en su caso terminal, en el caso en cuestión no resulta siendo aplicable el principio de proporcionalidad del caso en cuestión, toda vez que, tampoco existe un certificado médico que establezca que la medida cautelar venga causando un perjuicio mayor al imputado, esto si tomamos en cuenta que conforme a los antecedentes el imputado viene siendo oxigeno dependiente desde el año 2008, además de considerar los argumentos expuestos por el Juez A quo, al señalar que, el imputado al presente viene recibiendo la atención médica, correspondiente para el tratamiento de la enfermedad que padece, por lo que no tiene mérito la apelación efectuada por la parte recurrente. En consecuencia, corresponde determinar lo que fuere de Ley (…)

…en virtud del Art. 125 del CPP, solicita complementación y enmienda de la resolución emitida señalado en lo sustancial lo siguiente:

Qué, en la resolución fundada establece que no existe informe o certificado médico actualizado a la fecha, que evidencie que el mismo tiene enfermedad crónica, en ese sentido no se ha analizado el informe médico de fecha 13 de abril de 2022, toda vez que, esta resolución ha sido anulada desde mayo al presente, ese sería el informe actualizado que evidencia en su razonamiento, que el imputado padece una enfermedad pulmonar crónica recomendando nueva valoración, en ese sentido, solicito enmiende su razonamiento al establecer que a la fecha no existiría documentación alguna, toda vez que, se supone que en audiencia de apelación se debe llevar en base a las certificaciones que han sido emitidas para dicho acto procesal y si este ha sido anulado a la fecha, no podemos proponer nueva documentación en este acto procesal.

Por otra parte, con relación al test de proporcionalidad está sacando un lineamiento apartado de lo dispuesto por otra Sala, lo que conlleva una inseguridad juridica, toda vez que, este Tribunal solo debía evidenciar si el razonamiento del Juez A quo responde a lo que ha sido observado por la Sala Penal Segunda, en este caso por el Auto de Vista de 14 de junio y ver si cumplió lo ordenado no sacar un nuevo razonamiento, en ese sentido solicito se complemente en base a que lineamiento jurisprudencial, normativa puede modificar un razonamiento que ya ha sido advertido por la Sala Penal Segunda y que este Auto Interlocutorio solo debería dar cumplimiento al mismo, lo que claramente lleva a que se esté estableciendo perjuicio en causa del imputado.

Ante la solicitud de enmienda y complementación, el Vocal pasó a dictar el siguiente Auto:

VISTOS Y CONSIDERANDO: En aplicación del Art. 125 del CPP, en vía de enmienda y complementación, en lo que respecta a lo expuesto por el abogado de la defensa, señalar que la resolución emitida por este Tribunal, es claro y preciso, sin embargo señalar que, de las certificaciones médicas acompañadas, no se ha establecido con certeza cuál es la situación actual del imputado, mucho menos se ha acreditado la cronicidad, como se tiene señalado o que en su caso se encuentre una situación terminal de una enfermedad del imputado, toda vez que, como ya se tiene señalado estas circunstancias se encuentran en proceso de estudio, conforme se tiene del certificado médico emitido por el régimen penitenciario, por lo que, al respecto este Tribunal de Alzada no advierte la necesidad de emitir mayor aclaración al respecto, más aún que tampoco existe una certificación médica que establezca que la medida cautelar de la detención preventiva venga generándole un perjuicio real y evidente que ya no le permita sobrellevar o que agrave la enfermedad que viene padeciendo el ahora imputado, aspecto que tampoco ha sido demostrado con documentación alguna.

Por otro lado, respecto a la observación efectuada por la defensa al señalar que esta autoridad no debió haber ingresado a efectuar un análisis, sino simplemente limitarse a establecer si en el caso el Juez A quo cumplió o no, con el Auto de Vista de fecha 14 de junio, al respecto se debe tomar en cuenta que las autoridades jurisdiccionales en específico las Salas revisorías no se encuentran eventualmente vinculados a resoluciones o Autos de Vista alguno, toda vez que, conforme a la normativa constitucional las únicas resoluciones que son vinculantes y obligatorias resultan siendo los Autos y/o Sentencias Constitucionales emitidos por las autoridades legales correspondientes, por lo que, al respecto tampoco merece su enmienda o complementación.

Por último, si analizamos la SCP N° 0077/2012 posibilita a la autoridad jurisdiccional realizar ante una resolución o motivación insuficiente, ingresar analizar la problemática en cuestión y en su caso la documentación que no habría sido valorada deficientemente por el Juez A quo, por lo que, tampoco al respecto tiene mérito su solicitud y en consecuencia se mantiene la determinación antes asumida.-POR TANTO: Con las aclaraciones y complementaciones realizadas, se mantiene la determinación antes asumida…” (fs. 142 a 146 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela denuncia que el Vocal demandado dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de abuso sexual, mediante Auto de Vista de 26 de julio de 2022, determinó declarar sin mérito su recurso de apelación incidental incurriendo en falta de fundamentación y motivación y congruencia vinculado a su libertad por cuanto: 1) Sobre su reclamo de la aplicación del principio de favorabilidad, sin realizar un análisis correcto de los antecedentes y elementos probatorios, con argumentos irracionales estableció que no existe certificado médico que indique que se le debe otorgar la cesación a la detención preventiva y en base a ello no se puede aplicar dicho principio; asimismo de forma incongruente, luego de advertir que no existe una debida fundamentación en la Resolución apelada, de manera errónea y arbitraria ingresa a valorar elementos probatorios señalando que no existe un certificado actualizado que evidencie que tiene una enfermedad crónica que además diga que no corresponde su detención preventiva; y, 2) Respecto a su reclamo de la realización del test de proporcionalidad, apartándose de los razonamientos emitidos anteriormente por las Salas Penales Primera y Segunda -que establecieron que el Juez a quo debía realizar una fundamentación del porque la medida de la detención preventiva era la más idónea- señaló que no es necesario analizar dicho test, ya que no se demostró que tenga una enfermedad crónica “a la fecha” y que no cumplió con la carga argumentativa, siendo que, no era una cesación a la detención preventiva el origen de la audiencia, sino una Resolución de cumplimiento de Auto de Vista, razonamiento que le deja en indefensión; lo cual, es una reforma en perjuicio, que está prohibido por la jurisprudencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela, para tal fin se desarrollará las siguientes temáticas: i) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; ii) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; iii) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; iv) Análisis del caso concreto.

III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:

“Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado es ilustrativo).

Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.

Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

“…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión” (el resaltado es añadido).

Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1356/2005-R de 31 de octubre, precisó que:

“…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (el resaltado es nuestro).

De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

“En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva’” (el resaltado es ilustrativo).

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que: al tratarse de la aplicación de medidas cautelares:

“Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’” (negrillas adicionadas).

En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 -ahora- art. 236.4 del CPP, agregó que:

“En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (el resaltado es ilustrativo).

Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017.

Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:

“…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria” (el resaltado nos corresponde).

Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones.

Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando4.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto5; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).

Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 5 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

(demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. Finalmente, a lo descrito corresponde efectuar una necesaria precisión en torno a la congruencia y su comprensión en el tratamiento y 6 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…).

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.

aplicación de las medidas cautelares por Tribunales de apelación según lo dispuesto por el art. 398 del CPP; que de acuerdo a la SCP 0077/2012, citada en el F.J.III.1 de este fallo constitucional, el mencionado art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad respecto a remitirse solamente a los agravios y lo señalado por las partes como expresión literal de la congruencia exigida; sino que, dicha previsión debe ser interpretada de forma integral y sistémica en el sentido que, los referidos Tribunales de alzada, al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados (congruencia externa), sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando objetivamente la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal.

III.3. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en

sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género

Por la connotación de la temática en cuestión, en este acápite se describirá la reflexión constitucional desarrollada en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, misma que, con un enfoque interseccional contienen argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.

III.3.1. Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes.

La SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia.

En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:

“…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación…”. (El resaltado es añadido)

Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belén Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación. Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, 7 Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 8 “…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.

La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: "…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…". Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.

Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras ("Campo Algodonero") vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…).

En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.

También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)”.

especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas.

Reanudando, la SCP 0394/2018 refirió que en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etáreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, las escuelas, entidades judiciales, la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorios para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como los arts. 19 de la CADH, que prevé medidas de protección para los menores, 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niño que en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención.

Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la CPE, reconoció un derecho especifico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:

“…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación ...

(…)

…el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable” (El resaltado es añadido). Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:

“...El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres”.

En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar” (El resaltado es añadido). En ese marco, añadió que en el caso el Caso, LC vs. Perú-octubre 2011, la Decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.

Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, y Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; El establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); La 14 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 15 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 16 “…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: "La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual". Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: "…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente". Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia”. (El resaltado es añadido)

prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, La obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA).

En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:

“…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.

En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (El resaltado es añadido).

Todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto sienta reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, en las situaciones dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables es por demás ponderable; extremo, que conlleva a que aquellos razonamiento deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a las que se obligó nuestro Estado, respecto del deber de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, niñas.

Niños y adolescentes guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.4. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela denuncia que el Vocal demandado dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de abuso sexual, mediante Auto de Vista de 26 de julio de 2022, determinó declarar sin merito su recurso de apelación incidental incurriendo en falta de fundamentación, motivación y congruencia vinculado a su libertad, por cuanto: a) Sobre su reclamo de la aplicación del principio de favorabilidad, sin realizar un análisis correcto de los antecedentes y elementos probatorios, con argumentos irracionales estableció que no existe certificado médico que indique que se le debe otorgar la cesación a la detención preventiva y en base a ello no se puede aplicar dicho principio; asimismo de forma incongruente, luego de advertir que no existe una debida fundamentación en la Resolución apelada, de manera errónea y arbitraria ingresa a valorar elementos probatorios señalando que no existe un certificado actualizado que evidencie que tiene una enfermedad crónica que además diga que no corresponde su detención preventiva; y, b) Respecto a su reclamo de la realización del test de proporcionalidad, apartándose de los razonamientos emitidos anteriormente por las Salas Penales Primera y Segunda -que establecieron que el Juez a quo debía realizar una fundamentación del porque la medida de la detención preventiva era la más idónea- señaló que no es necesario analizar dicho test, ya que no se demostró que tenga una enfermedad crónica “a la fecha” y que no cumplió con la carga argumentativa, siendo que no era una cesación a la detención preventiva el origen de la audiencia, sino una Resolución de cumplimiento de Auto de Vista, razonamiento que le deja en indefensión; lo cual, es una reforma en perjuicio que está prohibido por la jurisprudencia. De la revisión de antecedentes se tiene Acta de audiencia y Auto interlocutorio de 3 de mayo de 2022, por el cual, el Juez Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva; posteriormente el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 12 de mayo del mismo año revocó de manera parcial el Auto Interlocutorio precitado, únicamente respecto al peligro de obstaculización y al principio de favorabilidad disponiendo que el Juez a quo en el plazo de veinticuatro horas reinstale la audiencia y emita nueva resolución; asimismo, por Auto de Vista de 14 de junio del citado año, el Vocal de la Sala Penal Segunda del mencionado Tribunal declaró procedente en parte el recurso de apelación y en consecuencia revocó en parte el Auto Interlocutorio de 27 de mayo del referido año únicamente en lo que se refiere al principio de favorabilidad (Conclusiones II.1, II.2 y II.3).

Cursa copia de Acta de audiencia y Auto Interlocutorio de 6 de julio de 2022, por el cual el Juez de la causa en cumplimiento al Auto de Vista de 14 de junio del mismo año, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva del ahora impetrante de tutela, al efecto el imputado interpuso recurso de apelación, que fue resuelta por el Vocal de la Sala Penal Cuarta del referido Tribunal, mediante Auto de Vista de 26 de julio del citado año, por el que declaró improcedente el recurso de apelación y en consecuencia confirmó el Auto de 6 de julio del citado año; asimismo en vía de complementación y enmienda señaló que las autoridades judiciales como las “revisorias” no están eventualmente vinculados a resoluciones o Autos de Vista alguno (Conclusiones II.4 y II.5).

Ahora bien, de la revisión de antecedentes (Conclusión II.2) se establece que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 12 de mayo de 2022 revocó de manera parcial el Auto Interlocutorio de 3 de mayo del mismo año, únicamente respecto al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP y al principio de favorabilidad, disponiendo que el Juez a quo, una vez devuelto los antecedentes al Tribunal de origen en el plazo máximo de veinticuatro horas reinstale la audiencia y emita nueva resolución sobre dichos tópicos; por lo demás mantuvo incólume el citado Auto Interlocutorio relativo al presupuesto de probabilidad de autoría, así como el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, debido a que sobre dichos puntos no fueron debidamente fundamentados por el recurrente.

Sobre lo precisado en el párrafo anterior, cabe señalar que el Fundamento Jurídico III.1 de la SCP 0010/2014-S3 de 6 de octubre establece “importante aclarar que la actuación del Tribunal ad quem en la sustanciación de la apelación de medidas cautelares, responde a una revisión de lo actuado por el Juez de la causa, que a la vez implica una evaluación integral de la resolución misma en el marco del principio de potestad reglada que rige la disposición de medidas cautelares de carácter personal, que le exige un pronunciamiento que confirme o revoque la Resolución apelada y en ningún caso la anulación y reenvío de la misma.

En ese marco, corresponde señalar que el Vocal de la Sala Penal Primera al determinar en la parte resolutiva del Auto de Vista de 12 de mayo de 2022, revocar el Auto Interlocutorio de 3 de mayo del mismo año y a su vez disponer entre otros aspectos que el Juez a quo, una vez devuelto los antecedentes al Tribunal de origen en el plazo máximo de veinticuatro horas reinstale la audiencia y emita nueva resolución, en los hechos implica un reenvío del caso -que produjo una disfunción procesal- el cual conforme a la citada jurisprudencia en medidas cautelares no está permitido en ningún caso, siendo que como Tribunal de alzada y de revisión estaba facultado para poder realizar un análisis integral de la resolución impugnada y resolver el fondo del asunto ya sea confirmando o revocando la resolución impugnada relativo a las medidas cautelares; por lo que, al constatarse dicha irregularidad en circunstancias o casos normales ameritaba anular obrados hasta el Auto de Vista de 12 de mayo de 2022; sin embargo, al tratarse el presente caso en el que está de por medio los derechos de una víctima de violencia sexual, mujer y menor de edad, en observancia de la jurisprudencia glosada en el Fundamento jurídico III.3 del presente fallo constitucional que prohíbe su revictimización, la justicia constitucional velando el interés superior de la menor no retrotraerá el caso anulado obrados, sino que evitando la revictimizacion, velando su interés superior, ingresará al análisis de fondo del problema.

Ahora bien, a continuación por didáctica constitucional se analizará la problemática consignada en el inc. a) posteriormente el objeto procesal inserto en el inc. b). Sobre la problemática consignada en el inc. a)

En este punto reclama que el Vocal demandado mediante Auto de Vista de 26 de julio de 2022, determinó declarar sin mérito su recurso de apelación incidental incurriendo en falta de fundamentación y motivación y congruencia vinculado a su libertad, por cuanto sobre su reclamo de la aplicación del principio de favorabilidad, sin realizar un análisis correcto de los antecedentes y elementos probatorios, con argumentos irracionales estableció que no existe certificado médico que indique que se le debe otorgar la cesación a la detención preventiva y en base a ello no se puede aplicar dicho principio; asimismo de forma incongruente, luego de advertir que no existe una debida fundamentación en la Resolución apelada, de manera errónea y arbitraria ingresa a valorar elementos probatorios señalando que no existe un certificado actualizado que evidencie que tiene una enfermedad crónica que además diga que no corresponde su detención preventiva.

Respecto a la fundamentación y motivación cabe previamente señalar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que señala que dichos elementos del debido proceso no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; esa labor no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos lógico-jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

En ese marco, de la revisión del Auto de Vista de 26 de julio de 2022 (Conclusión II.5), se tiene que el Vocal demandado en el Considerando II, luego de citar los arts. 239 y 398 del CPP, así como la SCP 007/2012 de 16 de abril, además de las SS.CC. 1174/2011-R de 29 de agosto, 2517/2010-R de 19 de noviembre y 0547/2010 de 12 de junio, en el punto 2 analiza el caso concreto, para que finalmente en la parte resolutiva del fallo resolver por declarar improcedente el recurso de apelación planteado por el ahora peticionante de tutela y confirmar el Auto Interlocutorio de 6 de julio de 2022, entre otros aspectos bajo los siguientes fundamentos:

“…Ahora bien, en el presente caso de acuerdo a los fundamentos expuestos por la parte recurrente, en lo sustancial el mismo cuestiona la falta de cumplimiento y aplicación del principio de favorabilidad a favor de su defendido, asimismo, el test de proporcionalidad refiriendo que, con la documentación presentada en específico los certificados médicos correspondientes, se ha establecido o acreditado que su defendido tiene una enfermedad pulmonar crónica, además de que el mismo ha sido atendido en diferentes ocasiones en la caja de salud, en consecuencia la resolución apelada no obstante de haber evidenciado esta enfermedad crónica de manera contradictoria, resuelve rechazar la aplicación del principio de favorabilidad inobservando la SCP N° 340/2019, además de no haber cumplido con el test de proporcionalidad.

Al respecto, debemos remitirnos a la resolución apelada de la cual se tiene el siguiente razonamiento en específico al principio de favorabilidad: "...DE LA VALORACIÓN OBJETIVA DE DICHOS ELEMENTOS PROBATORIOS DESCRITOS, que consta de citas médicas, solicitud de exámenes complementarios y el mismo certificado médico e historial médico, hace ver que efectivamente el imputado Ramiro Villarroel Soliz sobrelleva la enfermedad pulmonar, según las pruebas a partir de octubre de 2021, ante la inseguridad de estos elementos en conjunto, establecen que el imputado sufre dicha enfermedad, por lo mismo, es menester de un tratamiento médico especialista en el área, porque su preservación del bienestar físico y mental del imputado es sumamente importante a través de los servicios público o privado prestados por profesionales de la salud para el beneficio del paciente y así lograr una estabilidad en su integridad física y estabilidad emocional, lo que constitucionalmente está garantizado por la Norma Suprema del Estado en sus arts. 35, 36, 37 puesto que el Estado tiene la obligación precisamente de proteger el derecho a la salud e integridad física, en ese contexto señala "el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera se prioriza la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades", de ahí la importancia de brindar la tención pertinente al paciente por un profesional especialista de salud, siendo un derecho reconocido por la Constitución que fue expuesto por elementos probatorios médicos adjuntados por la defensa que a mayor abundamiento en línea jurisprudencial la SC 0122/2015 de 10 de febrero, establece "que se puede valorar el certificado médico sin necesidad de ser certificado médico forense pudiendo el juez requerir de oficio pronunciamiento del médico forense para la comprobación de los hechos", es así que de las resoluciones emitidas con anterioridad, se puede constatar que el imputado Ramiro Villarroel ya recibe una atención médica a través de la Caja Nacional de Salud y a través de los médicos del Recinto Penitenciario, según la necesidad del paciente en procura de su mejoría respecto a la enfermedad que padece, tal cual se puede evidenciar de las mismas certificaciones, citas médicas, recetas, exámenes complementarios y el mismo certificado médico e historial médico propuestos por el imputado, dando cuenta, que el sindicado recibe el tratamiento respectivo por profesionales especialistas, atendiéndole oportunamente en el tratamiento de enfermedad pulmonar, permitiéndole sobrellevar su enfermedad pulmonar, permitiéndole sobrellevar su enfermedad, por lo que el Estado cumple con la obligación de garantizar y protege el derecho a la salud del imputado. Asimismo, en relación a los elementos presentados que consta: 10) Informe médico de fecha 13 de abril de 2022 emitido por el Médico del Régimen Penitenciario, del cual en la parte de conclusiones se verifica que el paciente, presenta en la impresión diagnostica - poliglobulia enfermedad pulmonar crónica en estudio, recomendado el medico una valoración por medicina interna y neumología; de donde se advierte que una vez más el informe médico establece que el imputado padece una enfermedad pulmonar crónica recomendando nueva valoración médica por especialistas en el área de medicina interna y neumología, entendiendo esto en procura de su mejoría y tratamiento pertinente a objeto de mejorar la condición de su salud. 11) Informe Psicológico del privado de libertad de fecha 21 de abril de 2022 emitido por la psicóloga de la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno; cuyo informe establece que el sindicado presenta conciencia lúcida y clara, ansiedad, inseguridad y angustia, fatiga, estrés y un posible derrumbe e inestabilidad emocional; del cual se establece que el imputado presenta angustia, ansiedad e inseguridad, además de inestabilidad en su estado de anímico debido a su estado de salud física y mental; de cuya valoración de la prueba en conjunto se advierte que el imputado tiene la enfermedad pulmonar crónica, que causa la inestabilidad de su estado anímico y en ese estado es dependiente de un tanque de oxígeno para la estabilización de su condición de salud. AHORA BIEN, LA DEFENSA ALEGA que no se podría mantener la detención preventiva de su defendido que es la más gravosa, enfatizando que dicha medida no puede ser objeto de abuso - privado de libertad por más de 6 meses, por cuanto al presente se debe aplicar el principio de favorabilidad en consideración a los informes médicos. Siendo ese el planteamiento, y tomando en cuenta que en el caso, se efectúa la averiguación de un posible abuso sexual generada en la integridad sexual de una menor vulnerable como es la víctima, frente a derechos del imputado relativos a su salud; se realiza la ponderación de derechos de la víctima imputado, y test de proporcionalidad tal como ordena el tribunal de alzada. (...) con ello el imputado tiene acceso a la salud que garantiza el Estado en procura de su bienestar físico y mental, pues no se está desatendiendo o desconociendo el derecho a una atención digna y adecuada en procuras de estabilizar y mejorar su estado de salud y por otro lado tratándose que la víctima de abuso sexual es menor de edad goza de la protección reforzada que le brinda la Constitución Política del Estado". De cuyo razonamiento este Tribunal de Alzada advierte una insuficiente fundamentación, sin embargo, no es menos cierto que el Juez A quo ha valorado todos y cada uno de los elementos de convicción aportados por parte de la defensa, a fin de acreditar una duda razonable respecto a la aplicación de una medida cautelar, como fue las citas médicas, solicitud de exámenes complementarios, certificado e historial médico, llegando a la conclusión y estableciendo que hechos demuestran cada uno de los elementos de prueba aportados por el imputado, llegando a establecer en el presente caso la ponderación de derechos que priman respecto a la víctima menor de edad con relación al imputado.

Por otra parte, este Tribunal de Alzada no advierte y no tiene convicción plena de la situación actual en la que se encuentra el imputado, toda vez que, de la certificación médica extendida por el médico Norman Mamani Tudela de fecha 02 de febrero de 2022, en la cual señala haber valorado al paciente Ramiro Villarroel Soliz por el servicio de neumología, con diagnóstico de fibrosis pulmonar, siendo una enfermedad pulmonar intersticial, con datos de lesión pulmonar difusa, con enfermedad grave no curable dependiente de oxigeno suplementario, sin embargo, no se tiene un informe médico en sí, que establezca cual es la situación actual en la que se encuentra el imputado o que se encuentre en una situación grave crónica terminal, que conlleve a la necesidad de aplicar el principio de favorabilidad y/o en el presente caso torne por conveniente modificar o sustituir la medida cautelar de la detención preventiva por otra medida.

Al margen de ello, se tiene otra certificación emitida por el médico del régimen penitenciario, que establece como diagnostico poliglobulia de enfermedad pulmonar crónica en estudio, lo que conlleva a establecer que la enfermedad que padece el imputado no resulta siendo crónica, toda vez que, la certificación antes expedida señala que eventualmente se encuentra en estudio, estas circunstancias conllevan a inferir a este Tribunal que en el presente caso la referida documentación resulte siendo insuficiente, para tener certeza de que el imputado se encuentre con una enfermedad crónica terminal, para que en su caso se tenga la necesidad de modificar la medida cautelar de la detención preventiva del imputado. En base a ello, respecto a los antecedentes también se refirió como datos la poliglobulia, enfermedad pulmonar de causa genética, hernioplastia supraumbilical, y que también resultaría ser dependiente de oxigeno desde el año 2008, son estas circunstancias que generan en el Juez A quo, la duda razonable de la no existencia de suficiente prueba que establezcan la situación actual y el estado crónica en la que se encuentra el imputado, si esto es así, tampoco en el presente caso, no resulta aplicable el principio de favorabilidad, por la insuficiente documentación para establecer la situación crónica en la que eventualmente se encuentra el imputado a la fecha…”.

De lo señalado y descrito en forma precedente, no se advierte una falta de fundamentación y motivación; toda vez que, respecto a la fundamentación -que implica la cita de norma y jurisprudencia aplicable-citando los arts. 239, 398 del CPP y la SCP 0077/2012 de 16 de abril, referidos a las causales de la cesación a la detención preventiva y competencia del Tribunal de alzada, luego de transcribir la parte pertinente de la Resolución de primera instancia relativo a la VALORACIÓN OBJETIVA de los elementos probatorios, con argumentos lógico-jurídicos o motivación explica y dio a entender que no existe plena convicción sobre la situación actual en la que se encuentra el imputado, ya que de la Certificación médica de 2 de febrero de 2022, que referiría entre otros aspectos que el mismo tendría un diagnóstico de fibrosis pulmonar; empero, no se tendría un Informe médico que establezca su situación actual o que se encuentre con una enfermedad grave crónica terminal que conlleve a la necesidad de aplicar el principio de favorabilidad y en consecuencia torne conveniente modificar la medida cautelar de la detención preventiva por otra medida, que en este caso sea menos gravosa; vale decir que, como Tribunal de alzada y revisión, dentro de sus facultades realizando un análisis correcto y pertinente de los antecedentes y elementos probatorios, con un debido sustento legal explica y aclara que el imputado, ahora solicitante de tutela no acreditó con prueba fehaciente que el mismo tendría una enfermedad grave o terminal para poder beneficiarse con una medida cautelar menos gravosa.

Asimismo, citando otra Certificación de 13 de abril de 2022 emitida por el médico del Régimen Penitenciario que señalaría que el accionante tiene un diagnóstico de poliglobulia de enfermedad pulmonar crónica en estudio, en observancia de la normativa citada en forma precedente -arts. 239, 398 del CPP y la SCP 0077/2012 de 16 de abril- con argumentos lógico-jurídicos o motivación, estableció y dio a entender que dicho elemento probatorio de la certificación, si bien señala una enfermedad crónica; empero, advierte que el mismo está aún “en estudio”, circunstancia que llevaría a inferir que dicha documentación resulta siendo insuficiente para tener certeza e inexistencia de duda razonable de que el imputado se encuentre con una enfermedad crónica terminal a objeto de que sea necesario modificar la medida cautelar de detención preventiva y aplicar el principio de favorabilidad al presente caso; no advirtiéndose a esos efectos una errónea o arbitraria valoración de los elementos probatorios en el afán o labor de motivar debidamente el Auto de Vista que confirmó el Auto Interlocutorio de 6 de julio de 2022.

Con relación al reclamo de una incongruencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que en este caso sería interna, de la revisión y lectura del Auto de Vista impugnado, ciertamente el Vocal demandado luego de transcribir la parte pertinente de la Resolución de primera instancia relativo a la VALORACIÓN OBJETIVA de los elementos probatorios, refiere que advierte una insuficiente fundamentación; empero, en aplicación del art. 398 del CPP, además de la SCP 0077/2012 de 16 de abril -que faculta al Tribunal de alzada fundamentar y motivar las resoluciones que modifiquen o mantengan la medida cautelar- de forma coherente siguiendo el hilo conductor señala que el Juez a quo, valoró todos y cada uno de los elementos de convicción aportados por el imputado entre ellos citas médicas y certificados que llevarían a establecer la ponderación de derechos del imputado respecto a una supuesta víctima mujer menor de edad, no advirtiéndose a esos efectos una incongruencia o incoherencia en el Auto de Vista ahora impugnado porque tal como se tiene precisado supra, el Tribunal de alzada con un debido sustento legal está facultado para poder realizar un análisis integral de la resolución impugnada y sus antecedentes a fin de confirmar o revocar las medidas cautelares.

En ese sentido, se establece que la Autoridad ahora demandada no incurrió en la vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia vinculado a su libertad, ya que tal como se tiene precisado supra, con un debido sustento legal y argumentos lógico-jurídicos o motivación, determinaron declarar improcedente el recurso de apelación y confirmar la Resolución de primera instancia cumpliendo el debido proceso en sus elementos señalados, aspecto que a su vez hace viable denegar la tutela impetrada sobre esta problemática.

Sobre la problemática consignada en el inc. b)

En este punto reclama que el Vocal demandado mediante Auto de Vista de 26 de julio de 2022 determinó declarar sin mérito su recurso de apelación incidental incurriendo en falta de fundamentación y motivación y congruencia vinculado a su libertad por cuanto, respecto a su reclamo de la realización del test de proporcionalidad, apartándose de los razonamientos emitidos anteriormente por las Salas Penales Primera y Segunda -que establecieron que el Juez a quo debía realizar una fundamentación del porque la medida de la detención preventiva era la más idónea- señaló que no es necesario analizar dicho test, ya que no se demostró que tenga una enfermedad crónica “a la fecha” y que no cumplió con la carga argumentativa, siendo que no era una cesación a la detención preventiva el origen de la audiencia, sino una Resolución de cumplimiento de Auto de Vista, razonamiento que le deja in indefensión, que a su vez es una reforma en perjuicio el cual está prohibido por la jurisprudencia.

Respecto a la fundamentación y motivación cabe previamente señalar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que señala que dichos elementos del debido proceso no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; esa labor no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos lógico-jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

En ese marco, de la revisión del Auto de Vista de 26 de julio de 2022, se tiene que el Vocal demandado luego de citar los arts. 239, 398 del CPP, así como citar algunas sentencias constitucionales como la SCP 007/2012 de 16 de abril, en el punto 2 analiza el caso concreto, para que finalmente en la parte resolutiva del fallo resolver por declarar improcedente el recurso de apelación planteado por el impetrante de tutela y confirmar el Auto interlocutorio apelado, entre otros aspectos bajo los siguientes fundamentos:

“…En ese sentido, respecto al test de proporcionalidad que exige la parte imputada, debemos señalar lo establecido en la SC 2209/2009 que ha menciona el test de proporcionalidad que debe realizar el Juez A quo, en sentido de establecer: "1) si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada, para la finalidad utilizada con la misma, 2) si la medida limitativa o restrictiva es necesaria o que restrinjan el derecho fundamental, que es analizado en el caso en concreto, 3) analizar la proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en dilucidar si la atención tiene una restricción al derecho fundamental, si la detención tiene una restricción fundamental y no resulta exagerada,.."; de lo que se puede advertir ciertamente que, este principio de test de proporcionalidad, no resulta siendo aplicable, toda vez que, en el presente caso la parte imputada acompañó documentación que acredita que se encuentra con una enfermedad pulmonar, además de utilizar un oxígeno para poder sobrellevar la misma, empero, no se ha acreditado con documentación idónea y específica, que indique dicha enfermedad resulta siendo crónica y que en su caso este causando un perjuicio grave al imputado al estar detenido en el recinto penitenciario que amerite la modificación de la medida cautelar, toda vez que, se debe tomar en cuenta que para la modificación de la medida cautelar conforme al principio de proporcionalidad, es obligación de la defensa establecer la carga argumentativa, es decir señalar de qué manera este razonamiento viene causando un perjuicio a esta parte, en consecuencia la sola existencia de un certificado médico que establece una condición de enfermedad y al no haberse acreditado la cronicidad o que la enfermedad sea en su caso terminal, en el caso en cuestión no resulta siendo aplicable el principio de proporcionalidad del caso en cuestión, toda vez que, tampoco existe un certificado médico que establezca que la medida cautelar venga causando un perjuicio mayor al imputado, esto si tomamos en cuenta que conforme a los antecedentes el imputado viene siendo oxigeno dependiente desde el año 2008, además de considerar los argumentos expuestos por el Juez a quo, al señalar que, el imputado al presente viene recibiendo la atención médica, correspondiente para el tratamiento de la enfermedad que padece, por lo que no tiene mérito la apelación efectuada por la parte recurrente. En consecuencia, corresponde determinar lo que fuere de Ley” En vía de complementación y enmienda el Vocal demandado señaló:

En aplicación del Art. 125 del CPP, en vía de enmienda y complementación, en lo que respecta a lo expuesto por el abogado de la defensa, señalar que la resolución emitida por este Tribunal, es claro y preciso, sin embargo señalar que, de las certificaciones médicas acompañadas, no se ha establecido con certeza cuál es la situación actual del imputado, mucho menos se ha acreditado la cronicidad, como se tiene señalado o que en su caso se encuentre una situación terminal de una enfermedad del imputado, toda vez que, como ya se tiene señalado estas circunstancias se encuentran en proceso de estudio, conforme se tiene del certificado médico emitido por el régimen penitenciario, por lo que, al respecto este Tribunal de Alzada no advierte la necesidad de emitir mayor aclaración al respecto, más aún que tampoco existe una certificación médica que establezca que la medida cautelar de la detención preventiva venga generándole un perjuicio real y evidente que ya no le permita sobrellevar o que agrave la enfermedad que viene padeciendo el ahora imputado, aspecto que tampoco ha sido demostrado con documentación alguna.

Por otro lado, respecto a la observación efectuada por la defensa al señalar que esta autoridad no debió haber ingresado a efectuar un análisis, sino simplemente limitarse a establecer si en el caso el Juez A quo cumplió o no, con el Auto de Vista de fecha 14 de junio, al respecto se debe tomar en cuenta que las autoridades jurisdiccionales en específico las Salas revisorías no se encuentran eventualmente vinculados a resoluciones o Autos de Vista alguno, toda vez que, conforme a la normativa constitucional las únicas resoluciones que son vinculantes y obligatorias resultan siendo los Autos y/o Sentencias Constitucionales emitidos por las autoridades legales correspondientes, por lo que, al respecto tampoco merece su enmienda o complementación.

Por último, si analizamos la SCP N° 0077/2012 posibilita a la autoridad jurisdiccional realizar ante una resolución o motivación insuficiente, ingresar analizar la problemática en cuestión y en su caso la documentación que no habría sido valorada deficientemente por el Juez A quo, por lo que, tampoco al respecto tiene mérito su solicitud y en consecuencia se mantiene la determinación antes asumida…” De lo señalado y descrito en forma precedente, tampoco se advierte una falta fundamentación y motivación; toda vez que, respecto a la fundamentación -que implica la cita de norma o jurisprudencia aplicable- citando la “SC 2209/2009” referido a los presupuestos del test de proporcionalidad, con argumentos lógico-jurídicos o motivación dio a entender que no es aplicable dicho test al presente caso porque si bien el peticionante de tutela adjuntó documentación que acreditaba que tiene una enfermedad pulmonar; empero, no demostró con documentación idónea y especifica que tenga una enfermedad crónica y que en su caso le esté causando grave perjuicio por estar detenido preventivamente en un recinto penitenciario que amerite la modificación de la medida cautelar, siendo que además es obligación del imputado establecer la carga argumentativa sobre las razones para aplicar dicho test, señalando que le está causando grave perjuicio; al efecto hace notar que el Juez a quo al señalar y advertir que el ahora solicitante de tutela está recibiendo la atención médica correspondiente para su tratamiento por la enfermedad que padece, concluyó que el recurso de apelación no tiene mérito; asimismo, en vía de complementación, reiteró que las certificaciones médicas adjuntadas por el imputado no acreditaron la cronicidad o enfermedad terminal, siendo que el certificado médico emitido por el Régimen Penitenciario señala que la enfermedad crónica está aún en estudio.

Asimismo, el cuestionamiento de que el Vocal demandado se hubiera apartado de los razonamientos emitidos anteriormente por los Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -que señalarían que el Juez a quo debía fundamentar a cerca del porque la detención preventiva del imputado era la más idónea- tal como se tiene precisado supra, se tiene que la Autoridad demandada al haber advertido que el ahora accionante no cumplió con la carga argumentativa para poder realizar el test de proporcionalidad en sus tres presupuestos -que son la idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha- siendo que no demostró con prueba idónea que tenga una enfermedad crónica y sea parte de un grupo vulnerable a fin de que se realice dicho test y se beneficie con una medida cautelar menos gravosa que la detención preventiva, este aspecto o razonamiento, tampoco evidencia que la Autoridad demandada se haya apartado de los razonamientos que se hubieran emitido por los Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda, siendo que con un debido sustento legal estableció que el impetrante de tutela no acreditó con elemento probatorio que sea una persona de la tercera edad y/o que tenga una enfermedad crónica a fin de verificar la idoneidad o no de la medida cautelar de detención preventiva, en relación a una supuesta víctima de abuso sexual y menor de edad.

En relación al reclamo de que el Vocal demandado estaría incurriendo en la reforma en perjuicio, o reformatio in peius, inmerso en la jurisprudencia; al respecto en observancia del art. 400 del CPP, referido al principio de la no reforma en perjuicio, corresponde señalar o precisar que el Vocal demandado al declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación del peticionante de tutela y confirmar el Auto Interlocutorio de 6 de julio de 2022, bajo el argumento de que el imputado no demostró que tenga una enfermedad crónica -art. 239.5 del CPP- y que el Juez a quo solo aplicó convenios internacionales en favor de una mujer, menor de edad víctima de agresión sexual; dicho razonamiento no evidencia que la Autoridad demandada haya modificado agravando la situación jurídico procesal del imputado -que esta con detención preventiva-que incluya por ejemplo algún riesgo procesal que en este caso implique la lesión del mencionado principio de no reforma en perjuicio, por lo que al no advertirse la lesión del referido principio hizo que sea pertinente denegar la tutela en relación a esta problemática.

Al margen de todo lo señalado, siendo que los criterios del enfoque interseccional y el juzgamiento con perspectiva de género (Fundamento Jurídico III.3.), se constituyen actualmente en directrices imprescindibles a ser consideradas en todos los niveles del sistema de administración o impartición de justicia; debe exhortarse a toda autoridad que ejerce jurisdicción -en el presente caso a la autoridad jurisdiccional que dirige el proceso penal seguido contra el solicitante de tutela- a que en el ejercicio de sus funciones, potestades y deberes, tal como lo hizo la Autoridad demandada, no se aparte de las referidas directrices, sin que ello signifique el comprometer su imparcialidad y sometimiento a la Constitución Política del Estado y la Ley. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 007/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 151 a 156 vta.; pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer la notificación de Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a objeto de que en futuros casos, evite en incurrir en errores procedimentales disponiendo el reenvío del caso, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).

2 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”

3 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.

4 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados

9 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993.

10 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005.

11 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA.

12 Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación…”.

13 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

17 Reiterado entre otras por la SCP 0571/2018-S4 de 28 de septiembre.

18 El Art. 400 del CPP señala: “Cuando la resolución sólo haya sido impugnada por el imputado o su defensor no podrá ser modificada en su perjuicio. Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la resolución aun en favor del imputado, salvo que el recurso se refiera exclusivamente a las costas”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0535_2024-S1.pdf · páginas 1 a 43.

Huella digital del PDF (SHA-256): 99a59d76810300b775d1ae6ffe5383482b0eb1672947204b3380fa1c882bf318

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