Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de junio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado con el debido proceso; puesto que, de la causa penal seguida por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, habiéndose presentado la imputación formal por parte del Fiscal de Materia a cargo del proceso ante la Rosa Yomar Giménez Soliz, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charagua, mediante Auto Interlocutorio 04/2022 la misma se excusó en cumplimiento del art. 316.11 del CPP, disponiendo que la presente causa pase a conocimiento de la Janethe Esperanza Castro Martínez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas –autoridades ahora demandadas–, la cual se negó a la recepción de dicho proceso ante la falta de una nota de remisión en grado de consulta ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, situación que generó incertidumbre en la situación jurídica del accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/22 de 8 de marzo de 2022, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada únicamente respecto a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas, disponiendo que, de no haberlo hecho, señale audiencia de consideración de medidas cautelares en el plazo máximo de veinticuatro horas, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional y lo dispuesto por la Jueza de garantías; y DENEGAR la tutela solictada con referencia a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charagua.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0535/2023-S4 Sucre, 22 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 46379-2022-93-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 15/22 de 8 de marzo de 2022, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Antonio Arteaga Justiniano contra Rosa Yomar Jimenez Soliz, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charagua; y, Janethe Esperanza Castro Martínez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas; ambas del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 7 de marzo de 2022, cursante de fs. 1 a 3, la parte impetrante de tutela manifestó lo siguiente:
Fue aprehendido el 3 de marzo de 2022, a raíz del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia familiar o domestica; por lo que, el Fiscal de Materia a cargo de la investigación presentó imputación formal en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charagua; sin embargo, la misma de manera infundada se excusó de conocer la causa, por lo cual, remitió antecedentes ante la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cabezas mediante Auto Interlocutorio 04/2022, la cual de igual forma, decidió no aceptar la causa y procedió a devolver el expediente al Juzgado de origen, por ello, desde el 3 de marzo de 2022, se encuentra detenido de manera indebida y sin control jurisdiccional.
La parte accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad, citando al efecto los arts. 9, 13, 23 115, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga su inmediata libertad, además se llame severamente la atención a las autoridades demandadas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 46 a 48 vta., presente la parte impetrante de tutela y ausente las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela en su intervención en audiencia haciendo una relato detallado de lo acontecido se ratificó integro en el contenido de su memorial de acción de libertad.
Rosa Yomar Jimenez Soliz, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Charagua mediante informe escrito presentado el 8 de marzo de 2022 señaló lo siguiente: a) El 4 de marzo de 2022 a las 15:15, José Heraldo Tarqui Flores Fiscal de Materia presentó imputación formal contra Jorge Antonio Arteaga Justiniano –impetrante de tutela– por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, señalándose audiencia de medidas cautelares para el 5 de marzo de 2022 a las 9:00; por lo que, en cumplimiento del art. 316.11 su persona se excusó de conocer dicha causa ordenando se remita de inmediato el expediente al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cabezas como corresponde; y, b) La Oficial de Diligencias de su Juzgado fue la encargada de la remisión del expediente, constituyéndose en persona a la localidad de Cabezas quien le informó, que nadie le contestaba los mensajes y llamadas para que le recepcionen la causa; toda vez que, momentos previos ya se comunicó con la oficial de diligencias de dicho Juzgado para informarle sobre la remisión de dicha excusa.
Janethe Esperanza Castro Martínez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz, no se hizo presente en audiencia ni remitió informe escrito alguno, pese a su legal notificación cursante a fs. 11.
La Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 15/22 de 8 de marzo de 2022 cursante de fs. 49 a 52, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que dicho proceso se radique y ejerza el control jurisdiccional de la causa por Janethe Esperanza Castro Martínez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas y emitir resolución en el plazo máximo de veinticuatro horas, decisión tomada con base en los siguientes fundamentos: a) Con relación a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charagua –codemandada– emitió proveído en el mismo día señalando audiencia de aplicación de medidas cautelares para el 5 de marzo de 2022; sin embargo, el mismo día de la audiencia emitió el Auto Interlocutorio 04/2022 mediante la cual al amparo del art. 316.11 del CPP se excusó para conocer la causa disponiendo la remisión del cuaderno procesal ante el Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del mismo departamento; b) Con relación a la Jueza de la localidad de Cabezas es evidente que la misma se rehusó tener conocimiento y control jurisdiccional de la causa con detenido, bajo el argumento de la falta de oficio de remisión en grado de consulta de la excusa emitida por la Jueza de Charagua, sin tomar en cuenta la situación del detenido, entendiéndose que en todo proceso penal el imputado no puede encontrarse sin control jurisdiccional por más de veinticuatro horas, lo cual implica además que una audiencia de medidas cautelares no puede quedar irresoluta, estableciéndose que el ahora accionante a partir de la emisión del Auto Interlocutorio 04/2022 por la que se excusó la Jueza de Charagua se encontraba sin control jurisdiccional; y, c) Ello implica que la autoridad ahora demandada debió resolver esa situación; por lo que, al haberse negado a la recepción y remitido el expediente nuevamente al Juzgado de Charagua, dilató aún más la definición de la situación jurídica del accionante, máxime si dicha remisión no fue concretada al no existir documental alguna que acredite la recepción del mismo, constando informes de la oficial de diligencias del Juzgado de Charagua refiriendo haberse constituido en el Juzgado de Cabezas, lo cual constituyo una mayor dilación que afecto al impetrante de tutela correspondiendo la concesión de tutela, a efectos que se resuelva su situación jurídica en una audiencia de medidas cautelares.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa imputación formal presentado por José Heraldo Tarqui Flores Fiscal de Materia, contra Jorge Antonio Arteaga Justiniano –impetrante de tutela– el 4 de marzo de 2022 ante la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charagua del departamento de Santa Cruz –autoridad ahora demandada– por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 BIS del Código Penal (CP); por lo que, la citada autoridad mediante proveído de la misma fecha programó audiencia de consideración de medidas cautelares para el 5 de marzo de 2022 a las 9:00 (fs. 25 a 31). II.2. Instalado el verificativo programado la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charagua del departamento de Santa Cruz emitió el Auto Interlocutorio 04/2022; por el cual, amparada en el art. 316.11 del Código de Procedimiento Penal (CPP) se excusó de conocer la causa, disponiendo remitirse los actuados ante la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del mismo departamento (fs. 34 y vta., a 35). II.3. Mediante nota de remisión emitida por Rosa Yomar Giménez Soliz, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charagua –autoridad ahora demandada–, dirigida al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con la suma “REMISION PARA SORTEO A LA SALA PENAL DE TURNO” (sic) en grado de consulta por excusa (fs. 40). II.4. Cursa Oficio 328/2022 de 8 de marzo, suscrito por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dirigida a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del mismo departamento, con la referencia “Remite Expediente original (con detenido)” para los fines legales correspondientes(sic), documentación enviada mediante la Cooperativa de Transporte “ANDRES IBAÑEZ R.L” con numero de guía 007083 (fs. 45 y vta.)
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado con el debido proceso; puesto que, de la causa penal seguida por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, habiéndose presentado la imputación formal por parte del Fiscal de Materia a cargo del proceso ante la Rosa Yomar Giménez Soliz, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charagua, mediante Auto Interlocutorio 04/2022 la misma se excusó en cumplimiento del art. 316.11 del CPP, disponiendo que la presente causa pase a conocimiento de la Janethe Esperanza Castro Martínez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas –autoridades ahora demandadas–, la cual se negó a la recepción de dicho proceso ante la falta de una nota de remisión en grado de consulta ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, situación que generó incertidumbre en la situación jurídica del accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la SCP 1608/2022-S4 de 6 de diciembre, haciendo mención a la SC 0011/2010-R de 6 de abril, en cuanto a la acción de libertad precisó que: “…es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC .0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”´. Así también, la SCP 0819/2019-S4 de 12 de septiembre, al respecto señaló que: “‘…el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona (…) pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. (…) Bajo esta premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’”.
La SCP 0673/2020-S4 de 4 de noviembre, citando a la SCP 0880/2019-S4 de 9 de octubre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas” (las negrillas pertenecen al texto original).
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la amplia y reiterada jurisprudencia, con relación a la invocación de la lesión del debido proceso en acciones de libertad, señala la necesaria incidencia que debe tener el acto denunciado de indebido o ilegal con el derecho a la libertad personal o de locomoción; es decir, que la irregularidad del debido proceso denunciada, constituya la causa directa de la restricción, supresión o amenaza del referido derecho fundamental, y que además hubiese existido indefensión absoluta, lo contrario implicaría efectuar una revisión de cualquier acto denunciado de lesivo, desvirtuando la naturaleza de esta acción de defensa. En ese sentido se ha pronunciado la SCP 0139/2015-S3 de 19 de febrero señalando que: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme, al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales -se reitera- el procesamiento indebido constituye la causa directa que originó la restricción o supresión del derecho a la libertad y además hubiese existido absoluto estado de indefensión” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 1821/2014 de 19 de septiembre, estableció que: “Durante la etapa preparatoria, el control jurisdiccional se encuentra a cargo del juez cautelar, instancia judicial encargada del control de todas las actividades de la investigación. Asumiendo un rol de juez de garantías, con la facultad de resolver los conflictos emergentes de la actividad investigativa del Ministerio Público, los derechos del imputado y de los demás sujetos procesales. El control jurisdiccional, se constituye en una garantía del proceso penal, procurando resguardar los derechos de los sujetos procesales y la intervención oportuna en caso de su vulneración. Así, el art. 226 en su segundo párrafo del CPP, determina que: ‘La persona aprehendida será puesta a disposición del Juez, en el plazo de veinticuatro (24) horas…’; asimismo, el art. 251 en su segundo párrafo del Código adjetivo penal, respecto de la apelación de medidas cautelares, dispone que: ‘…las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas’. Por lo que, el Legislador entendió que, dentro de un proceso penal, éste no puede quedarse sin control jurisdiccional por más de veinticuatro horas, lo contrario se constituye en una dilación innecesaria e injustificada, contrario al principio de celeridad procesal que debe regir la tramitación en esta vía ordinaria, más aun tratándose de privados de libertad -aprehendidos o detenidos preventivos-, cuya resolución de sus situación jurídica no puede ser postergada por cuestiones meramente formales y dilatorias” entendimientos reiterados por la SCP 0292/2015-S3 de 19 de marzo (las negrillas son nuestras). Sobre el particular, la SCP 0472/2015-S3 de 5 de mayo precisó que: “Entonces, por el carácter y la importancia que tiene el Juez que ejerce el control jurisdiccional, es necesario recalcar que durante la tramitación de todo proceso penal, debe existir una autoridad encargada de cumplir ese rol; puesto que, en ningún momento procesal, las partes pueden quedar sin un Juez encargado de controlar el resguardo de sus derechos y garantías constitucionales; ello, con el objeto de no perjudicar a la partes, y garantizar un acceso a la justicia de forma pronta y oportuna” (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado con el debido proceso; puesto que, de la causa penal seguida por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, habiéndose presentado la imputación formal por parte del Fiscal de Materia a cargo del proceso ante la Rosa Yomar Giménez Soliz, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charagua, mediante Auto Interlocutorio 04/2022 la misma se excusó en cumplimiento del art. 316.11 del CPP, disponiendo que la presente causa pase a conocimiento de la Janethe Esperanza Castro Martínez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas –autoridades ahora demandadas–, la cual se negó a la recepción de dicho proceso ante la falta de una nota de remisión en grado de consulta ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, situación que generó incertidumbre en la situación jurídica del accionante.
A efectos de verificar si existió o no lesión del derecho a la libertad del accionante, resulta pertinente desglosar los antecedentes que cursan en el expediente; en ese sentido, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jorge Antonio Arteaga Justiniano – impetrante de tutela– por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, fue aprendido el 3 de marzo de 2022; por lo que, el Fiscal de Materia a cargo de la investigación José Heraldo Tarqui Flores presentó imputación formal el 4 de igual mes y año ante la Jueza Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charagua, autoridad que mediante Auto Interlocutorio 04/2022 se excusó de tomar conocimiento de la causa, amparada en el art. 316.11 del CPP, disponiendo que la misma pase a conocimiento de Janethe Esperanza Castro Martínez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas, la cual se negó a la recepción del proceso, alegando la falta de la nota de remisión de la excusa ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a efectos de su revisión, remisión que fue concretada mediante nota de 7 de marzo de 2022 a las 15:55 (Conclusiones II.1; II.2 y II.3). De acuerdo con la nota de remisión 328/2022 de 8 de marzo, suscrita por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dirigida a la Jueza de Cabezas con la referencia “Remite Expediente original (con detenido)” (sic) para los fines legales correspondientes, se hizo la devolución del citado proceso (Conclusión II.4.). Ahora bien, de los argumentos expuestos por el impetrante de tutela, se advierte que el acto considerado como lesivo, se traduce en que, debido a la negativa de la Jueza de la localidad de Cabezas -autoridad hoy codemandada- de recibir del cuaderno de control jurisdiccional, bajo el argumento de que no constaba en el legajo, la nota de remisión en grado de revisión al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de la excusa y el cuaderno correspondiente al proceso penal remitido por la Jueza de Charagua, al haberse excusado la autoridad jurisdiccional de Cabezas, el accionante no cuenta con control jurisdiccional que defina su situación jurídica, continuando privado de libertad, sin que siquiera se hubiera llevado a cabo audiencia de consideración de medidas cautelares. En consecuencia, siendo que el trámite y la legalidad o ilegalidad de las excusas, en el presente caso, se encuentra directamente vinculado con el derecho a la libertad del accionante que, encontrándose restringido de la misma, se halla en espera de la celebración de audiencia de medidas cautelares y debido a los actos ejecutados por los juzgadores, no cuenta con control jurisdiccional, manteniéndose privado de libertad y en incertidumbre sobre su situación jurídica; consiguientemente, en el presente caso, la tramitación de la excusa cuestionada, constituye una situación que ligada al debido proceso, sí se encuentra directamente vinculad con la libertad; motivo por el cual, corresponde a este Tribunal, conforme se estableció en la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional atender la presente acción tutelar. Ahora bien, de los antecedentes aparejados al cuaderno constitucional, se tiene que la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charagua, con carácter previo a la realización de audiencia de consideración de medidas cautelares y en cumplimiento del art. 316.11 del CPP, formuló excusa apartándose del conocimiento de la causa, disponiendo que la misma pase a conocimiento de la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas, última esta que se negó a la recepción del proceso ante la falta de nota de remisión en grado de consulta ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Al respecto y a efectos de resolver la presente causa, resulta pertinente recordar que el art. 318 del adjetivo penal, bajo el título “Trámite y Resolución de Excusas”, establece el siguiente procedimiento: I. La o el Juez comprendido en alguna de las causales establecidas en el Artículo 316 del presente Código, está obligado a excusarse en el término de veinticuatro (24) horas mediante resolución fundamentada, apartándose de forma inmediata del conocimiento del proceso.
de los antecedentes pertinentes ante la Sala Penal correspondiente del Tribunal Departamental de Justicia, la que sin necesidad de audiencia debe pronunciarse en el plazo improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas de recibidos los actuados, bajo alternativa de incurrir en retardación de justicia, sin recurso ulterior. Si el Tribunal Superior acepta o rechaza la excusa, según el caso, ordenará a la o el Juez reemplazante o a la o el Juez reemplazado que continúe con la sustanciación del proceso. Todas las actuaciones de uno y otro Juez conservarán validez. III. Cuando la o el Juez que se excusa integra un Tribunal, pedirá a éste que lo separe del conocimiento del proceso, sin suspender actuados procesales, el mismo Tribunal se pronunciará sobre la aceptación o rechazo de la excusa, en caso de ser aceptada, se elevarán copias de los antecedentes ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia, la que se pronunciará en el plazo improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, desde su recepción, bajo responsabilidad, sin recurso ulterior.
IV. Cuando el número de excusas impida la existencia de quórum o se acepte la excusa de alguno de sus miembros, el Tribunal se completará de acuerdo a lo establecido en las disposiciones orgánicas” (el resaltado es nuestro). Con relación a la situación jurídica del accionante, de acuerdo a los antecedentes que informan el proceso y de la normativa previamente glosada, se advierte que la Jueza de la localidad de Cabezas, al tomar conocimiento del proceso enviado con excusa, no debió rehusarse a recibir la causa bajo el justificativo de que no se habría remitido la nota por la cual, la autoridad de origen que se había excusado, hubiera puesto en conocimiento de dicho actuado al Tribunal Departamental de Justicia, pues, en el marco de lo estipulado en el referido art. 318.II del CPP, le correspondía asumir conocimiento del proceso inmediatamente y proseguir su curso sin interrupción de actuaciones y audiencias, además de remitir en el día copias de los antecedentes pertinentes ante la Sala Penal correspondiente del Tribunal Departamental de Justicia, a efectos de que esta, sin necesidad de audiencia, se pronuncie sobre la excusa en el plazo improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas de recibidos los actuados; infiriéndose en consecuencia, que la Jueza de la localidad de Cabezas, una vez remitido el cuaderno procesal, sin mayor trámite u observación, debió recibirlo, radicarlo en su despacho judicial y darle prosecución inmediata al tratarse de una persona privada de libertad, debiendo en consecuencia, señalar la audiencia de medidas cautelares en favor del accionante a la brevedad posible, lo que no ocurrió, siendo que, por el contrario, apartándose del procedimiento legal establecido en el referido art. 318.II del adjetivo penal, determinó la devolución del cuaderno de control jurisdiccional ante la Jueza de origen a efectos de que se “subsane” la falta de nota de envió en consulta al Tribunal Departamental de Justicia; actuación indebida y contraria a la normativa procedimental penal señalada que, al margen de no hallarse contemplada en el procedimiento del Trámite y Resolución de Excusas, regulado por el Código de Procedimiento Penal (art. 318.I) no solamente generó una dilación indebida, sino y por sobre todo, colocó en absoluto estado de indefensión al imputado, pues lo mantuvo de manera ilegal e injustificada, sin control jurisdiccional que resulta su situación jurídica. A lo anterior, debe añadirse que la exigencia formalismos como la presentación de una nota de remisión al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a efectos de la revisión de la excusa formulada por la Jueza de la localidad de Charagua que -se reitera- no correspondía ser tramitada por esta sino por la autoridad que asumiría conocimiento en su reemplazo, de ninguna manera puede ir en menoscabo de los derechos del justiciable; por lo que, la Jueza receptora de la causa por causal de excusa de la autoridad jurisdiccional de origen, debió asumir de forma inmediata el control jurisdiccional y resolver la situación jurídica del impetrante de tutela, pues la falta de una nota de remisión no constituye un justificativo legalmente válido para no señalar y celebrar la audiencia de medidas cautelares, máxime si se trataba de un caso directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción de un aprendido, cuya resolución no podía ser dilatada, ello por la preminencia del derecho que se encuentra de por medio con la consecuente necesidad de una inmediata resolución. En ese contexto, conforme a los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, concordante con la jurisprudencia referida a la observancia del principio de celeridad, se tiene que, ante la existencia de dilaciones innecesaria o indebidas que impidan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad con la mayor celeridad, resulta viable la concesión de la tutela en vía constitucional, a través de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, pues toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho. En armonía con los entendimientos señalados precedentemente, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3, establece que en todo proceso penal, el imputado no puede encontrarse sin control jurisdiccional por más de veinticuatro horas, menos aún cuando se halla privado de libertad sin que siquiera se le hubiera impuesto medida cautelar de detención preventiva, lo cual implica –per sé–, que la definición de su situación jurídica sobre las cuestiones vinculadas a su libertad, en caso específico de la aplicación, modificación y/o suspensión de una medida cautelar no puede quedar irresuelta por tiempo indefinido, pues ello constituye una gravísimo atentado contra el derecho a la libertad, mismo que se agrava cuando aquella restricción se debe a cuestiones ajenas al justiciable y que hacen al desenvolvimiento interno del órgano encargado de administrar justicia y, adicionalmente, emergen de la errónea interpretación y aplicación del procedimiento legalmente establecido. Así, en el caso en examen, se tiene que el accionante, a partir de la emisión del Auto Interlocutorio 04/2022 de 5 de marzo; por la cual, la Jueza de Charagua se excusó del conocimiento de la causa en concordancia del art. 316.11, se encontró sin control jurisdiccional hasta el 8 de marzo de igual año –aproximadamente tres días–, debido a la negativa de Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas de recibir la causa, cuando, conforme se tiene establecido, no existía causa legal alguna que justificara su renuencia y convalidara de forma alguna que la celebración de audiencia de medidas cautelares se mantuviera en, cuando al contrario, en el marco de lo dispuesto por el art. 318.I del CPP, en reemplazo de la autoridad excusad, le correspondía dar continuidad al proceso resolver con prontitud la situación jurídica del imputado en ejercicio del control jurisdiccional del proceso que en ese momento le era inherente.
Consecuentemente, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas –autoridad co demandada–, debió recibir la causa puesta a su conocimiento y verificada la existencia de un proceso penal con aprehendido, darle continuidad inmediata al mismo asumiendo el ejercicio del control jurisdiccional y no incurrir en acciones que, al margen de no encontrase previsto en el procedimiento aplicable a la tramitación y resolución de excusas, generasen dilación en la definición de la situación jurídica del privado de libertad; por lo que, al haber determinado la devolución del cuaderno procesal a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charagua, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas, incurrió en una demora ilegal e indebida que, vulnerando el debido proceso y colocándole en absoluto estado de indefensión, incidió directamente en su derecho a la libertad, correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela impetrada, a objeto de concretar la referida audiencia y emitir resolución siempre y cuando dicho actuado procesal no se hubiese ya cumplido, bajo la dirección de la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas que, conforme fue dispuesto mediante Oficio 328/2022 de 8 de marzo, suscrito por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (Conclusión II.4), es la autoridad competente para conocer el proceso. Finalmente, al no advertirse que la codemandada Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charagua, hubiera incurrido en acto lesivo alguno, respecto a esta habrá de denegarse la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/22 de 8 de marzo de 2022, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada únicamente respecto a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas, disponiendo que, de no haberlo hecho, señale audiencia de consideración de medidas cautelares en el plazo máximo de veinticuatro horas, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional y lo dispuesto por la Jueza de garantías; y DENEGAR la tutela solictada con referencia a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charagua. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0535_2023-S4.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): a6f661f48667cbe8faa0bbede0644b90050a82762f7074f5726066db7f1d56b8
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