B.IA.LEGAL

SCP 0534/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de junio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54886-2023-110-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, en razón a que, dentro del proceso penal promovido por el Ministerio Público en su contra y de otros, por la presunta comisión de los delitos de concusión, privación de libertad, incumplimiento de deberes y organización criminal; el Fiscal de Materia emitió el Requerimiento de Sobreseimiento; sin embargo, el querellante impugnó dicha determinación, por lo cual se emitió la Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G. 52 bis/2022, pronunciada por la Fiscal Departamental de Potosí, en la que se revocó el sobreseimiento y se dispuso que se presente dentro del plazo de diez días la acusación formal en contra de todos los imputados; tal resolución resulta incongruente ya que dentro de su contenido no se refiere en parte alguna sobre su participación en los hechos investigados, ni cuál hubiese sido su participación y las pruebas que demuestren tales extremos, lo que si se realiza respecto a los otros dos coimputados, y a pesar de ello, de manera incongruente se determina revocar la resolución de sobreseimiento, afectándole en sus derechos sin explicación alguna; por tales motivos, solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se deje sin efecto la Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 019/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 213 a 220, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; correspondiendo CONCEDER la tutela solicitada, y en consecuencia se dispone dejar sin efecto la Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G. 52 bis/2022 y que la Fiscal Departamental de Potosí emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público
  2. III.2. Sobre el principio de congruencia como componente del debido proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0534/2025-S3 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 54886-2023-110-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 019/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 213 a 220, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luciano Canaviri Blanco contra Roxana Choque Gutiérrez, Fiscal Departamental de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de marzo de 2023, cursante de fs. 159 a 167, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, a querella de José Luis Mendoza Calizaya, el 19 de julio de 2021, se emitió la resolución de imputación formal, por la cual se imputó a Juan Cornejo Patzi por la presunta comisión del ilícito de concusión; a Ricardo Gastón García por privación de libertad e incumplimiento de deberes, y Luciano Canaviri Blanco -ahora impetrante de tutela-, por privación de libertad. El 4 de febrero de 2022, se emitió la resolución de sobreseimiento a favor de todos los coimputados, en su caso especialmente porque al margen de las atestaciones contradictorias, se tiene la existencia de un documento firmado por el propio querellante, que denota una situación diferente a la expuesta en su querella. José Luis Mendoza Calizaya, impugnó dicha resolución de sobreseimiento, por memorial presentado el 11 de febrero de 2022; dicha impugnación fue resuelta por Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G.52 bis/2022 de 2 de marzo, emitida por la Fiscal Departamental de Potosí, en la que se revocó el sobreseimiento y se dispuso que se presente dentro del plazo de diez días la acusación formal, por el o los delitos que sean sostenibles, llegando a presentar acusación en su contra; sin embargo, de la revisión de la referida resolución jerárquica, se tiene que no existe pronunciamiento o análisis en sus fundamentos o motivación de la denuncia porque se revoca el sobreseimiento que fue emitido a su favor, hecho que le produce un gran perjuicio, ya que se emitirá una resolución de acusación, sin que se tenga sustento, motivación, ni fundamento por parte de la Fiscal Departamental de Potosí que establezca porque debe de revocarse la decisión y tener que enfrentar un juicio que vulnera su presunción de inocencia. Del análisis de la Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G.52 bis/2022, sostiene que no se estableció de qué forma su conducta se adecúa al tipo penal de privación de libertad, previsto en el art. 292 del Código Penal (CP); asimismo, en su considerando cuarto, careció de una descripción concreta de hechos atribuibles a su persona en cuanto a tiempo, lugar y modo de comisión precisa sobre su supuesta participación. Observó que, si bien apreciaron ciertos elementos probatorios respecto a otros coimputados, no existe en la resolución un pronunciamiento específico que lo vincule, evidenciando una omisión en la valoración probatoria, ya que se debió de compulsar el Informe de Intervención Policial Preventiva de Acción Directa de 1 de enero de 2021 y el Formulario o Papeleta de Arresto de 1 de enero de 2021, en los que se demuestra que tales documentos fueron llenados por otras personas; tampoco se advierte, que se haya descrito de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales y la valoración de manera concreta y explicita de todos y cada uno de los medios probatorios producidos. Dentro de la indicada resolución, si bien se valoraron las pruebas testificales, que darían elementos de responsabilidad con relación a Juan Cornejo Patzi y Ricardo Gastón García, pero no existe pronunciamiento alguno respecto a su persona dentro del Considerando Cuarto, que justifique la revocatoria de la resolución de sobreseimiento respecto de su persona.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y, en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto la Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G. 52 bis/2022; y, b) Emita una nueva resolución jerárquica, respetando el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, en base a una valoración de los elementos de prueba colectados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 5 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 200 a 212 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, en audiencia ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señalo que: 1) La intervención del impetrante de tutela el 1 de enero de 2021, se limitó a brindar apoyo en una acción preventiva, ejecutada por Juan Cornejo Patzi -efectivo policial-, mismo que fue convocado por instrucciones superiores, ante la carencia de personal en la Unidad de Radio Patrullas 110; afirmó que el informe de intervención y la papeleta de arresto, no fueron elaborados por él, sino por los coimputados mencionados, aspecto que no fue valorado de forma individualizada en la resolución impugnada; 2) La Resolución Jerárquica únicamente realiza razonamientos respecto a Juan Cornejo Patzi y Ricardo Gastón García -coimputados-, sin fundamentar ni realizar el análisis fáctico ni probatorio respecto a su persona, lo cual evidenciaría una incongruencia entre la parte considerativa y dispositiva de la resolución ahora confutada; 3) Tuvo conocimiento de la Resolución Jerárquica el 24 de febrero de 2023, al acceder al Sistema Justicia Libre 2 (JL2), ya que no fue notificado formalmente; a raíz de ello, alegó vulneración a su derecho a la comunicación; y, 4) Sostuvo que se causó un perjuicio irreparable al haberse ordenado la acusación en su contra, razón por la cual solicitó la suspensión del proceso penal tramitado en el municipio de Tupiza, como medida cautelar, mientras se resuelve la acción tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Roxana Choque Gutiérrez, Fiscal Departamental de Potosí, mediante informe escrito de 5 de abril de 2023, cursante a fs. 183 vta., y en audiencia de garantías a través de su representante, expresó que: i) Mediante Of. SCP 1° 036/2023, le solicitaron la remisión del cuaderno de investigaciones signado con CUD: 508102102100067; empero, dicho requerimiento no pudo cumplirse, ya que el cuaderno de investigaciones se encuentra en el Asiento Fiscal de Tupiza; por lo que, no fue posible su remisión oportuna; ii) La Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G. 52 bis/2022, contiene análisis suficiente para fundamentar una acusación formal, respetando los estándares jurisprudenciales de forma y fondo, ya que contiene una exposición de los antecedentes fácticos que motivaron el proceso, los argumentos que sustentaron la imputación, sobreseimiento, y una valoración razonada e integral de la prueba acumulada en el cuaderno de investigaciones, diferenciando con claridad los hechos atribuidos y delitos imputados a cada sindicado; iii) El accionante intervino en el traslado de la víctima junto a los coimputados, conducta que fue subsumida como privación de libertad por carecer de justificación legal de esa actuación; iv) El análisis de la resolución jerárquica incluye la valoración de informes, declaraciones testificales, formularios de arresto, actas de arraigo y otros elementos, incluyendo la acción de libertad promovida dentro del mismo caso; v) No existe incongruencia entre la parte considerativa y dispositiva de la resolución, afirmando que el hecho de no mencionar expresamente al accionante en cada párrafo no implica una omisión, toda vez que su participación en los hechos está descrita de manera coherente; y, vi) La calificación penal y la participación de los sindicados se encuentran claramente detalladas desde la imputación formal, confirmadas en el sobreseimiento y desarrolladas en la acusación posterior, con lo cual el impetrante de tutela siempre tuvo conocimiento de los hechos endilgados; por lo que, solicitó se deniegue la tutela al no existir vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

José Luis Mendoza Calizaya, en audiencia de garantías, a través de su abogado y representante legal, expresó que: a) La acción de defensa interpuesta carece de fundamento, ya que el impetrante de tutela conocía de la existencia de una acusación formal presentada ante el Tribunal de Sentencia de turno, incluyendo los hechos y pruebas que se le atribuyen, sin haber promovido acción previa alguna para su defensa, como una acción de libertad; b) La resolución jerárquica emitida por la Fiscal de Distrito, cumple con los presupuestos exigidos por el art. 54 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), estando debidamente fundamentada y detallando de forma específica los hechos y delitos atribuidos al solicitante de tutela; c) Existe constancia en el expediente de declaraciones de testigos que identifican al impetrante de tutela como uno de los presuntos autores de los actos ilícitos, lo cual evidencia conocimiento previo de los hechos y pruebas en su contra, siendo que el accionante condujo el vehículo hacia Tránsito sin justificación legal; d) La resolución de sobreseimiento fue emitida de manera parcializada por el Fiscal de Materia, lo cual justificaría su invalidez conforme a las normas aplicables; e) La acción de amparo constitucional está siendo utilizada solo con fines dilatorios, destinada a evitar la prosecución del correspondiente juicio oral; y, f) El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la acción de libertad presentada en primera instancia por la víctima, se pronunció a través de la SCP 0302/2022-S4 de 11 de mayo, en la cual concedió la tutela, respecto al derecho a la libertad de locomoción y al debido proceso; por ello, solicitó se deniegue la tutela, sea con costas y costos.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 019/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 213 a 220, concedió la tutela, disponiendo que: 1) Dejar sin efecto, de manera parcial la Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G. 52 bis/2022, emitida por la Fiscal Departamental de Potosí, únicamente en lo que refiere a la revocatoria de la resolución de sobreseimiento y la disposición de acusación en contra del accionante; 2) Se emita una nueva resolución jerárquica en el plazo máximo de diez días, conforme a los parámetros y consideraciones expuestos en la presente resolución, sea exclusivamente en relación al impetrante de tutela; y, 3) Se precisa que la tutela concedida, así como los efectos derivados de esta, no comprenden a los demás sindicados, motivo por el cual el trámite deberá proseguir respecto de estos. Tal decisión fue asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Del análisis del contenido de la resolución ahora confutada, se tiene que en su considerando primero se trató de los antecedentes facticos de la resolución de sobreseimiento; el considerando segundo, se refirió a la resolución de 4 de febrero de 2022, en favor de los sindicados, en los que la Fiscal de Materia concluyó que los elementos de prueba eran insuficientes para fundar la acusación; el considerando tercero trató sobre la impugnación presentada por José Luis Mendoza -víctima y ahora tercero interesado-, y el cuarto considerando, en el que se analizan los argumentos utilizados para la emisión de la resolución de sobreseimiento, para que estos fueran contrastados con los elementos acumulados en la investigación, llegándose a la conclusión de que Juan Cornejo Patzi hubiese exigido a la víctima dineros de manera ilícita, con el pretexto de evitar remitir su vehículo como indocumentado a tránsito, donde perdería el motorizado; aparte de ello, se concluyó que la víctima hubiese sido detenida por más de ocho horas; que Ricardo Gastón hubiese recibido la declaración como testigo de la víctima, lo que no correspondía, si se presumía una presunta comisión de delitos; siendo luego la víctima incomunicado de sus familiares, intentando justificar tales actos con un aparente estado de ebriedad de la víctima, siendo el resultado de la alcoholemia negativo, motivo por el cual se concluye que se intentó justificar esa privación de libertad con versiones distintas y contradictorias; el considerando quinto se refiere al art. 323 CPP, y el considerando sexto de la obligación de la Fiscal y el, por tanto, por el cual se revocó la resolución de sobreseimiento y se dispuso que dentro del plazo de diez días se presente el pliego acusatorio en contra de los imputados, Juan Cornejo Patzi, Ricardo Gastón García y Luciano Canaviri Blanco; ii) Dentro del presente caso se tiene que se ha vulnerado el derecho al debido proceso en su elemento de valoración razonable de la prueba en su vertiente de omisión de valoración de la prueba, porque en la indicada resolución no se refirió sobre las pruebas que sustenten una posible acusación contra el ahora impetrante de tutela, tampoco existe una individualización de los actos que este hubiere cometido, siendo lo determinado incongruente respecto al ahora accionante, ya que no existe pronunciamiento alguno sobre su participación en los hechos, pero en su parte resolutiva se determina revocar la resolución de sobreseimiento también respecto a su persona; y, iii) Si bien corresponde conceder la tutela respecto al ahora accionante, Luciano Canaviri Blanco, mas no así respecto a los otros acusados, Ricardo Gastón García y Juan Cornejo Patzi, toda vez que con relación a estas personas existe la motivación y el análisis correspondiente, resultando congruente su parte resolutiva respecto a la revocatoria de la resolución de sobreseimiento.

El representante de la Fiscal de Distrito solicito la enmienda en cuanto a el punto tres de la Resolución, a fin de que se deje sin efecto en su integridad la Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G. 52 bis/2022, incluyendo a los otros dos denunciados, argumentando que mantener parcialmente vigente dicha resolución podría generar una división de procesos por un mismo hecho, lo cual contraviene el art. 45 CPP; por ello, en aplicación del art. 40 del Código Procesal Constitucional (CPCo), solicitó que se disponga expresamente la nulidad de todos los actos posteriores a la resolución jerárquica. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, resolviendo la solicitud precedentemente señalada, indicó en audiencia que la acción de amparo constitucional no estableció una limitación expresa en su petitorio respecto al alcance de la nulidad solicitada; en ese contexto, por razones procesales y a solicitud expresa del Ministerio Público, se dejó sin efecto en su totalidad la Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G. 52 bis/2022, bajo entera responsabilidad del Fiscal de Materia, incluyendo todos los efectos posteriores; en lo demás, se mantiene lo resuelto en audiencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 4 de febrero de 2022, emitido por Daniela Aricoma Salgueiro, Fiscal de Materia, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella de José Luis Mendoza Calizaya, por la presunta comisión de los delitos de concusión, privación de libertad e incumplimiento de deberes contra Juan Cornejo Patzi, Ricardo Gastón García y Luciano Canaviri Blanco -ahora accionante-; en la que se determinó requerir el sobreseimiento debido a que los elementos de prueba eran insuficientes para fundar una acusación (fs. 25 a 35). II.2. Consta memorial de 11 de febrero de 2022, presentado por José Luis Mendoza Calizaya, -tercer interesado- impugnando la resolución de sobreseimiento y solicitando la remisión de antecedentes al Fiscal Superior para su correspondiente revocatoria (fs. 42 a 52). II.3. Se tiene copia legalizada de la Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G. 52 bis/2022 de 2 de marzo, emitida por Roxana Choque Gutiérrez, Fiscal Departamental de Potosí, disponiendo la Revocatoria de la Resolución de Sobreseimiento de 4 de febrero de 2022 y ordenando la presentación de acusación formal en el término de diez días (fs. 186 a 193).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, en razón a que, dentro del proceso penal promovido por el Ministerio Público en su contra y de otros, por la presunta comisión de los delitos de concusión, privación de libertad, incumplimiento de deberes y organización criminal; el Fiscal de Materia emitió el Requerimiento de Sobreseimiento; sin embargo, el querellante impugnó dicha determinación, por lo cual se emitió la Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G. 52 bis/2022, pronunciada por la Fiscal Departamental de Potosí, en la que se revocó el sobreseimiento y se dispuso que se presente dentro del plazo de diez días la acusación formal en contra de todos los imputados; tal resolución resulta incongruente ya que dentro de su contenido no se refiere en parte alguna sobre su participación en los hechos investigados, ni cuál hubiese sido su participación y las pruebas que demuestren tales extremos, lo que si se realiza respecto a los otros dos coimputados, y a pesar de ello, de manera incongruente se determina revocar la resolución de sobreseimiento, afectándole en sus derechos sin explicación alguna; por tales motivos, solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se deje sin efecto la Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G. 52 bis/2022; y, b) Emita una nueva resolución jerárquica, respetando el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, en base a una valoración de los elementos de prueba colectados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

Al respecto, la SCP 0245/2012 de 29 de mayo, ratificando el entendimiento de la SC 1523/2004-R de 28 septiembre, expresó que: “…se declaró la procedencia de un amparo constitucional en razón a que el requerimiento de sobreseimiento y su ratificación por el Fiscal de Distrito demandado se circunscribieron a citar algunas pruebas ignorando el resto de las mismas y a partir de generalizaciones se llegó a la conclusión de que no existían suficientes elementos de juicio para el juzgamiento penal sin individualizar siquiera a los imputados, ni analizar sus conductas en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los que fueron imputados, lesionándose el derecho de acceso a la justicia de la víctima e ignorándose que toda resolución que resuelva el fondo del asunto: '…no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver…', de lo contrario su decisión resultaría arbitraria: '…pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión…'; lo que en definitiva debió ser observado por el fiscal superior”. De la misma manera, la SCP 1630/2014 de 19 de agosto, en ese marco señaló que: “…cuando el Fiscal Departamental emita su resolución jerárquica ya sea revocando o ratificando el sobreseimiento dispuesto por el fiscal de materia en favor del imputado, por cuanto no puede limitarse únicamente a la citación de algunas pruebas, sin individualizar la actuación de los imputados y sin examinar su conducta en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los cuales se les imputó, por lo que el fiscal superior deberá verter el razonamiento jurídico de su decisión con la debida diligencia que merecen los justiciables. Por lo que la Resolución fiscal debe estar debidamente fundamentada lo que significa que resolviendo el fondo, su requerimiento debe cumplir exigencias de estructura de forma como de contenido, no limitándose a relatar lo ya expuesto por los sujetos procesales, sino citar los elementos probatorios aportados por éstos, exponer su criterio sobre el valor dado a los mismos luego del contraste y valoración que hagan de ellos y aplicando las normas jurídicas a resolver, evitando así tomar decisiones arbitrarias” (el resaltado es añadido).

En el mismo sentido, la SCP 0645/2018-S3 de 11 de diciembre, haciendo alusión a la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, sostuvo que: “‘…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45 inc. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP'. La fundamentación y motivación de resoluciones como componente del debido proceso, es también exigible en los requerimientos emitidos por el Ministerio Público, máxime, si en ejercicio del principio de objetividad los Fiscales de Materia como tenedores del monopolio de la investigación criminal en delitos de acción pública, optan por la desestimación, rechazo de la denuncia y sobreseimiento; por lo cual, resulta pertinente establecer, que a tiempo de analizar la fundamentación y motivación desplegada por los Fiscales de Materia, se debe considerar el momento procesal de la investigación penal; es decir, que, en los actos iniciales no se puede exigir la misma intensidad argumentativa que en los momentos conclusivos de la investigación penal; por cuanto, una resolución de rechazo de denuncia, y la de sobreseimiento -formas de requerimientos conclusivos de la etapa preliminar y preparatoria-, son el resultado del análisis de los actos investigativos, en tanto que, una desestimación solo obedece al incumplimiento de las formalidades o presupuestos para la activación de la etapa inicial de la investigación. Dicho criterio se aplica no solo en cuanto a las resoluciones y requerimientos emitidos por los fiscales del caso, sino también a las autoridades jerárquicas, cuando resuelven impugnaciones contra las determinaciones de los primeros” (las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre el principio de congruencia como componente del debido proceso

Con relación al tópico de referencia, reiterando entendimientos jurisprudenciales anteriores, se tiene que la SC 0486/2010-R de 5 de julio, señalo que: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas y subrayado nos corresponden). Razonamiento que fue reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 de 12 de febrero y 0704/2014 de 10 de abril. Por su parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a este principio estructurante del debido proceso, expresó que: “El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: ‘Oportunidad, conveniencia entre preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y las pretensiones plateadas por las partes. Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos de procedimiento…’. En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas nos pertenecen). Por su parte, la SCP 0515/2020-S2 de 6 de octubre, estableció: “La SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, entendió que: ‘…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión’. En efecto la congruencia externa debe ser entendida en la correspondencia necesaria que debe existir entre el agravio recurrido por el impugnante y la motivación contenida en la resolución emitida por la autoridad que administra justicia en alzada, misma que debe ser en el fondo -pertinencia-, sin dejar de considerar lo impugnado; por su parte, la congruencia interna, es entendida como la coherencia que tiene todo fallo, entre la parte considerativa y la dispositiva; es decir, el hilo conductor que debe haber entre la motivación determinativa que en suma sostiene de manera lógica la decisión. En las resoluciones jerárquicas emitidas por el Ministerio Público, este aspecto no tiene carácter estricto en razón al principio de unidad que rige en su labor investigativa, así la SCP 0829/2019-S3 de 18 de noviembre, entendió: ‘…es evidente que los actos y decisiones del Ministerio Público como titular de la acción penal pública, se rigen por los principios de objetividad, legalidad, oportunidad, unidad y utilidad, entre otros, deben también observar el debido proceso; en dicho marco, el principio de congruencia no constituye un parámetro infranqueable al momento de resolver las impugnaciones y emitir las resoluciones jerárquicas, de manera que durante el análisis del requerimiento objetado, la entonces Fiscal Departamental codemandada, se encontraba facultada para examinar y considerar otros elementos del aludido requerimiento aunque no hubiesen sido rebatidos por las partes; sin embargo, dicha autoridad en resguardo del debido proceso, estaba obligada a fundamentar y motivar expresamente respecto a cada uno de los aspectos que fueron considerados para revocar el requerimiento expedido por el Fiscal de Materia, en observancia del principio de congruencia’. De la jurisprudencia citada, se tiene que la autoridad jerárquica del Ministerio Público en el marco del principio de unidad, al momento de emitir su resolución no se encuentra limitada a los puntos señalados como agravios por el impugnante, sino puede traer a examen otros aspectos que en el proceso investigativo debieron ser considerados; sin embargo, lo que no le está permitido es omitir resolver en el fondo cada uno de los puntos que el agraviado pone a su conocimiento en alzada, ello en observancia al principio de congruencia externa” (las negrillas corresponden al texto original).

III.3. Análisis del caso concreto

De la compulsa de antecedentes; se tiene Requerimiento de Sobreseimiento de 4 de febrero de 2022; por el cual, la Fiscal de Materia asignada al caso determinó, que, resulta evidente que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participo de él, y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundar la acusación respectiva (Conclusión II.1); Ante tal resolución, la presunta víctima, José Luis Mendoza Calizaya, presentó memorial de 11 de febrero de 2022, impugnando la resolución de sobreseimiento y solicitando la remisión de los antecedentes al Fiscal Superior para su correspondiente resolución (Conclusión II.2); Dicha impugnación fue resuelta por la Fiscal Departamental de Potosí a través de la Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G. 52 bis/2022, que determinó revocar la aludida resolución de sobreseimiento, dentro del proceso penal seguido en contra de Juan Cornejo Patzi por la presunta comisión del delito de concusión (art. 151 del CP), Ricargo Gastón García por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y privación de libertad (arts. 154 y 292 del CP) y Luciano Canaviri Blanco por la presunta comisión del delito de privación de libertad (art. 292 del CP); disponiendo que el plazo de diez días presente la acusación formal ante la autoridad jurisdiccional competente (Conclusión II.3).

Antes de analizar la problemática de fondo de la presente acción de amparo constitucional; impele señalar, respecto a los requisitos de admisibilidad que rigen a la misma, que la parte accionante al demandar a la Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G. 52 bis/2022, pronunciada por la Fiscal Departamental de Potosí, esta al constituirse en la última determinación asumida en sede fiscal, implica la superación del principio de subsidiariedad al no existir la posibilidad de interponer otro recurso en esta vía. A su vez, teniendo presente que dicha determinación fue notificada el 24 de marzo de 2023, por el portafolio digital en el sistema JL-2, y siendo que la presente acción de defensa fue formulada el 30 de marzo de 2023 -dentro de los seis meses-, se tiene que la misma se encuentra dentro del plazo establecido por el art. 55 CPCo; por lo que, también cumplió con lo referente al principio de inmediatez. Ahora, analizando el contenido de la Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G. 52 bis/2022, se tiene que esta, dentro de su considerando cuarto analiza los argumentos utilizados para la emisión de la Resolución de Sobreseimiento para que estos fueran contrastados con los elementos acumulados en la investigación, que resumidamente se detalla a continuación:

La intervención del funcionario policial Juan Cornejo Patzi, quien tomó contacto con la víctima, José Luis Mendoza Calizaya, debido a que el vehículo que este venía conduciendo se encontraba supuestamente mal estacionado, para luego intentar obtener la suma de $us1 500.- (mil quinientos dólares estadounidenses), a cambio de no remitir dicho vehículo a tránsito, por ser indocumentado; que, ante su negativa, este fue trasladado con su vehículo a dependencias judiciales. El informe realizado por el Policía Ricardo Gastón García, denota que la intervención policial se hubiera producido por las irregularidades que tenía el vehículo de la víctima, y que esta les hubiese amenazado con hacerles dar de baja, pero la irregularidad es que dicho informe fue presentado el 2 de enero de 2021; es decir, al día siguiente de la detención de la víctima, cuando este ya había sido liberado; lo que implica que si se hubiese encontrado el indicado vehículo con documentación falsa, debió de consignarse como aprehendido en flagrancia a José Mendoza Calisaya; sin embargo se concluye que solamente se pretendió justificar el accionar policial con informes de acciones directas y actas de registro del lugar de hecho y fotografías, cuando ni siquiera se abrió una investigación penal por el supuesto hecho de la falsedad de los documentos del vehículo, siendo estos actos irregulares de los sindicados.

Otro elemento es que la papeleta de arresto, por el cual se intentó acreditar la legal detención de la víctima, permitió establecer la irregular actuación de dichos funcionarios policiales, que optaron por arrestar a la víctima por faltamiento a la autoridad y liberarlo después de las ocho horas, lo cual no resulta ser evidente, ya que la acción de libertad presentada por la victima indica que este fue detenido por más de las ocho horas, además de otra incoherencias, como ser que este hubiese sido arrestado por la presunta comisión del delito de falsificación de sellos y contraseñas, lo que implica que no debió de recibirle una declaración como testigo, por el sindicado Ricardo Gastón García, como consta en obrados, pues si se presumía la comisión de algún delito, lo que correspondía era remitir a la víctima ante el Fiscal, lo que denota el incumplimiento de deberes por parte del supra mencionado. Por lo previamente detallado, se tiene que existió una detención ilegal de José Luis Mendoza Calizaya; toda vez que, ante un supuesto hecho de infracción de tránsito, correspondía la emisión de una multa, pero en cambio se lo trasladó a dependencias policiales, fue incomunicado con sus familiares, y se intentó justificar la detención con un aparente estado de ebriedad -el resultado de alcoholemia fue negativo- y se pretendió atribuirle la comisión de hechos delictivos, sin que se tenga aperturado proceso por esos supuestos delitos. Por todos esos elementos, la Fiscal Departamental de Potosí dentro de la parte resolutiva de la indicada resolución, determinó la revocatoria del sobreseimiento respecto a todos los coimputados, Juan Cornejo Patzi, Ricardo Gastón García y Luciano Canaviri Blanco. De lo previamente descrito, resulta claro que la resolución confutada vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y sobretodo congruencia; ya que, respecto al ahora accionante, Luciano Canaviri Blanco, dentro del análisis del caso, como la descripción de los hechos y las pruebas testificales y los informes emitidos por uno de los oficiales sindicados, en momento alguno mencionan al imperante de tutela, ni se indica en qué sentido o como hubiera intervenido el ahora accionante en los actos investigados, ya que dicha resolución individualiza los actos que supuestamente cometieron los Policías Juan Cornejo Patzi y Ricardo Gastón García; sin embargo, no existe mención alguna sobre los actos que hubiera cometido Luciano Canaviri Blanco, impetrante de tutela, sin que exista explicación alguna, se determina también la revocatoria del sobreseimiento que lo favorecía. La resolución emitida por la Fiscal Departamental de Potosí padece de incongruencia interna, ya que la relación de hechos, las pruebas valoradas, y los informes analizados, dentro de su parte considerativa omiten pronunciarse sobre la participación del ahora accionante dentro de los hechos investigados, o si estuvo o no en el lugar de los hechos, y a pesar de ello, en su parte dispositiva se determina la revocatoria de la resolución de sobreseimiento, por lo que evidentemente tal omisión de pronunciamiento resulta vulneratorio de sus derechos, más aún cuando sin explicación alguna se determina que el proceso penal siga en su contra, correspondiendo en consecuencia que se conceda la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 019/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 213 a 220, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; correspondiendo CONCEDER la tutela solicitada, y en consecuencia se dispone dejar sin efecto la Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G. 52 bis/2022 y que la Fiscal Departamental de Potosí emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0534_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): a705be1685e353b935b4a586fdd36ca01276bba24478cdc32fb7c6b356349295

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