Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 23 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y otros, refiere que mediante memorial de 19 de octubre de 2022, presentado ante el director funcional de la investigación, solicitó requerimientos fiscales para obtener documentación relevante y mejorar su situación jurídica; sin embargo, la Fiscal Asistente -ahora demandada- negó el acceso al cuaderno de investigaciones, indicando que su abogada debía previamente apersonarse al proceso; en atención a ello, por memorial de 24 del mismo mes y año, presentó su apersonamiento pidiendo el acceso a los actuados investigativos para asumir defensa; no obstante, la referida funcionaria ahora demandada dilató injustificadamente dicho acceso, indicando que “…el cuaderno había sido llevado a otro lado sin dar más explicación…” (sic); por lo que, solicita se conceda la tutela, disponiendo: i) Se permita el acceso al cuaderno de investigaciones a su abogada Mónica Terrazas Rocha, legalmente apersonada; ii) La emisión de los requerimientos solicitados en los referidos memoriales; y, iii) Se extiendan fotocopias legalizadas de todo lo obrado, solicitadas mediante memorial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos sup…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/22 de 28 de octubre de 2022, cursante de fs. 26 a 27, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de las cuestiones planteadas, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0534/2025-S1 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52468-2023-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 22/22 de 28 de octubre de 2022, cursante de fs. 26 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ericka Liliana Añez Chávez en representación sin mandato de Rodrigo Armando Cuba Chambi contra Andrea Tarcila Velasco Vargas, Fiscal Asistente de la Fiscalía Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 28 de octubre de 2022, cursante de fs. 6 a 9 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y otros, se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. Agrega que, el 19 de octubre 2022, su abogada presentó memorial -ante la Fiscalía- solicitando requerimientos fiscales para poder obtener los documentos necesarios y mejorar su situación jurídica, considerando que en audiencia de medidas cautelares no le fue posible presentar documentación; empero, la Fiscal Asistente -ahora demandada-, le negó la misma, indicando que su abogada primero tenía que presentar su apersonamiento, tampoco le permitió revisar el cuaderno de investigaciones.
El 24 de octubre de 2022, su abogada presentó su apersonamiento solicitando el acceso al expediente para comenzar a asumir su defensa, puesto que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, nunca ha podido ver dicho cuaderno; no obstante, “el día de hoy”, cuando su abogada se apersonó a oficinas -de la Fiscalía- donde desempeña sus funciones la Fiscal Asistente ahora demandada, “…sin justificativo alguno manifestó que el cuaderno no se encuentra en las dependencias de esa fiscalía que el cuaderno había sido llevado a otro lado sin dar más explicación…” (sic), es decir, nuevamente le fue negado el acceso a contar con la información referente al proceso por el cual está con detención preventiva; al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales” (SC 1138/2004-R de 21 de julio). Finalmente, indica que estas dilaciones ocasionaron que hasta el momento no haya podido comenzar los trámites para mejorar su situación jurídica ni asumir una defensa basada en la documental que se encuentra en el cuaderno de investigaciones, siendo estos actos dilatorios y evidentes lesiones contra su derecho a la libertad.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, considera lesionado su derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 21.7 y 23.I y III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Permitir el acceso al cuaderno de investigaciones a su abogada Mónica Terrazas Rocha, legalmente apersonada; b) La emisión de los requerimientos solicitados en los memoriales de 19 y 24 de octubre de 2022; y, c) Que se extiendan fotocopias legalizadas de todo lo obrado, conforme a lo impetrado mediante memorial.
Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 25 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliando sus fundamentos, señaló que: 1) El 19 de octubre de 2022, presentó memorial solicitando requerimientos fiscales; sin embargo, el mismo fue rechazado por la Fiscal Asistente ahora demandada, que “…afirmo de manera verbal que iba a ser rechazado…” (sic); posteriormente, presentó su apersonamiento para lograr el acceso al cuaderno de investigaciones; sin embargo, no se encontraba en oficinas del Ministerio Público, sin dar explicación del lugar donde se encontraba; y, 2) Desde el 19 del indicado mes y año, solicitaron el acceso al cuaderno de investigaciones; empero, hasta el día de celebración de la audiencia tutelar no tuvo acceso al mismo, situación que vulnera sus derechos, por lo que solicita se conceda la tutela.
Andrea Tarcila Velasco Vargas, Fiscal Asistente de la Fiscalía Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del departamento de Santa Cruz, en audiencia refirió lo siguiente: i) No tiene legitimación pasiva para ser demandada, de acuerdo a la SCP 0521/2021-S3 de 18 de agosto; sin embargo, para desvirtuar lo aseverado indica que, si bien -el accionante- presentó un memorial el 19 de octubre de 2022, no está dentro de sus funciones establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012- decretar los memoriales, siendo el Fiscal titular a cargo de esta cartera, quien ha decretado en su momento lo que corresponde; y, ii) En cuanto a que no se le ha querido prestar el cuaderno de investigaciones; se le explicó a la abogada que ese cuaderno está con el Investigador asignado al caso desde el 24 de octubre de 2022 y los memoriales de la fecha mencionada, se encuentran en despacho del Fiscal para que él pueda resolver de acuerdo a lo que corresponda, habiéndosele indicado además, que sus escritos no están correctamente dirigidos, si bien tienen el nombre de la persona y del Fiscal a los que van dirigidos, no cuentan con el “código único”, lo que dificulta en su momento a buscar dichos cuadernos y escritos; por lo que, solicita se deniegue la tutela impetrada.
La Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 22/22 de 28 de octubre de 2022, cursante de fs. 26 a 27, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El art. 203 de la CPE, establece la vinculatoriedad de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales respecto a esta acción de defensa, en este entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional a partir de la SCP 0252/2018-S1 de 13 de junio, ha previsto que el control jurisdiccional de la investigación de un proceso penal estaría demarcado en las competencias del juez de instrucción; en efecto, los arts. 54 y 279 del CPP, establecen esa función de la autoridad jurisdiccional, de ejercer el control dentro del trámite de la investigación, de los actos que realiza el Ministerio Público, los funcionarios de la Policía Boliviana y dependientes del Ministerio Público; en esa labor que realiza -el juez de instrucción-; b) El Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó los entendimientos a partir de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “54/2010” y “239/2005”, específicamente respecto a esos aspectos de denuncia acerca de irregularidades, en cuanto a las labores que realizan los funcionarios policiales, fiscales y asignados al caso, dentro del trámite de un proceso penal, refiriendo además, que si no se diera aviso al Fiscal o a la autoridad jurisdiccional respecto de cualquier incumplimiento de deberes en cuanto a adoptar una actitud evasiva en la cual no estén resguardando los derechos fundamentales de exigir que se cumpla efectivamente con actos de comunicación, también la posibilidad de poder impugnar cualquier resolución y que se pueda advertir una flagrante dilación indebida e injustificada en el trámite, debe ponerse en conocimiento estos aspectos ante el juez de instrucción; puesto que, es quien tiene el control jurisdiccional del proceso, extremo claramente determinado en la norma adjetiva penal, que únicamente viabilizan poder “aperturar” una acción de libertad evitando la subsidiariedad excepcional solo en los casos en los que, habiéndose acudido ante el juez de instrucción, el mismo no haya dado una respuesta eficaz ni oportuna respecto a los derechos reclamados; y, c) En ese sentido, el aporte de las pruebas presentadas dentro de esta acción de libertad respecto a memoriales que están dirigidos ante el Fiscal de Sustancias Controladas a cargo “Dr. Ordóñez” y del cual, en este caso, la Asistente Fiscal estaría siendo acusada, manifestándose que se habría negado -a prestar- el cuaderno de investigación y que había rechazado otorgar requerimientos solicitados; dentro de este mismo aporte de pruebas mínimo que hace la parte accionante no se logra evidenciar que se haya acudido con memorial -alguno-ante la autoridad judicial que tendría un control jurisdiccional del proceso respecto a esos aspectos; es decir, que habría saltado el procedimiento común y acudido de forma directa a esta jurisdicción, puesto que dentro del marco constitucional, a partir del art. “225” del CPP, tanto para el Ministerio Público como para todos los funcionarios dentro del Órgano Judicial se tienen funciones delimitadas; en este caso el Ministerio Público a partir de lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público; en este sentido, todo servidor público es pasible a una acción de libertad dentro de lo que corresponda al marco de sus funciones y competencias; por lo que, no habiéndose acreditado con prueba idónea mínima que debería ser acompañada dentro de la presente acción de libertad, se concluye que se habría omitido la vía del conducto regular, lo que inviabiliza la interposición de la acción de libertad de forma directa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursan memoriales presentados por Rodrigo Armando Cuba Chambi -ahora accionante- dirigidos al Fiscal adscrito a la Fiscalía Especializada de Sustancias Controladas del departamento de Santa Cruz, dentro del caso X416/2022 con Código Único de Denuncia (CUD): 7011230220461, con cargo de recepción y datos siguientes: 1) De 19 de octubre de 2022, a horas 15:18, con referencia: “SOLICITA REQUIERA”; 2) De 24 de octubre de 2022, a horas 15:25, con referencia: “PRESENTA NUEVO PATROCINO”; y, 3) De 24 de octubre de 2022, a horas 15:28, con referencia: “SOLICITA REQUIERA” (fs. 2 a 5 vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y otros, refiere que mediante memorial de 19 de octubre de 2022, presentado ante el director funcional de la investigación, solicitó requerimientos fiscales para obtener documentación relevante y mejorar su situación jurídica; sin embargo, la Fiscal Asistente -ahora demandada- negó el acceso al cuaderno de investigaciones, indicando que su abogada debía previamente apersonarse al proceso; en atención a ello, por memorial de 24 del mismo mes y año, presentó su apersonamiento pidiendo el acceso a los actuados investigativos para asumir defensa; no obstante, la referida funcionaria ahora demandada dilató injustificadamente dicho acceso, indicando que “…el cuaderno había sido llevado a otro lado sin dar más explicación…” (sic); por lo que, solicita se conceda la tutela, disponiendo: i) Se permita el acceso al cuaderno de investigaciones a su abogada Mónica Terrazas Rocha, legalmente apersonada; ii) La emisión de los requerimientos solicitados en los referidos memoriales; y, iii) Se extiendan fotocopias legalizadas de todo lo obrado, solicitadas mediante memorial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público; y, b) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0077/2018-S2 de 23 de marzo, complementada por el Voto Disidente de la SCP 0262/2018-S2 de 18 de junio y la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, desarrolló el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…)
Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (el subrayado es nuestro).
2 El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”.
3 El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”.
4 El FJ III.4, determina:
“Primer supuesto:
Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones.
Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa.
Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…) 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto:
Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto:
Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas son introducidas).
5 El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (...)
Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.
la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, b) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; 2) Cuando existiendo dicha vinculación: 2.i) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: 2.ii) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y otros, refiere que mediante memorial de 19 de octubre de 2022, presentado ante el director funcional de la investigación, solicitó requerimientos fiscales para obtener documentación relevante y mejorar su situación jurídica; sin embargo, la Fiscal Asistente -ahora demandada- negó el acceso al cuaderno de investigaciones, indicando que su abogada debía previamente apersonarse al proceso; en atención a ello, por memorial de 24 del mismo mes y año, presentó su apersonamiento pidiendo el acceso a los actuados investigativos para asumir defensa; no obstante, la referida funcionaria ahora demandada dilató injustificadamente dicho acceso, indicando que “…el cuaderno había sido llevado a otro lado sin dar más explicación…” (sic). De la revisión de antecedentes se tiene que dentro del proceso penal de referencia, con CUD 7011230220461; el ahora accionante presentó memoriales dirigidos al Fiscal adscrito a la Fiscalía Especializada de Sustancias Controladas del departamento de Santa Cruz, con cargo de recepción y datos siguientes: 1) De 19 de octubre de 2022, a horas 15:18, con referencia: “SOLICITA REQUIERA”; 2) De 24 de octubre de 2022, a horas 15:25, con referencia: “PRESENTA NUEVO PATROCINO”; y, 3) De 24 de octubre de 2022, a horas 15:28, con referencia: “SOLICITA REQUIERA” (Conclusión II.1). Según refiere el accionante, la Fiscal Asistente ahora demandada afirmó “de manera verbal” que las solicitudes presentadas serían rechazadas, y además, le negó el acceso al cuaderno de investigaciones, indicando que su abogada debía previamente apersonarse al proceso; una vez cumplido dicho requisito, dicha profesional reiteró la solicitud de acceso a los actuados investigativos; sin embargo, de manera injustificada nuevamente se le negó dicho acceso, señalando que el cuaderno se encontraba en otro lugar, sin brindar explicación alguna; esta conducta, impidió al ahora impetrante de tutela, recabar documentación necesaria para solicitar la modificación de medidas cautelares, pese a que se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, situación que exige, una atención diligente y oportuna, al estar directamente vinculada con el ejercicio de su derecho a la libertad.
No obstante, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; siendo aplicable en el caso de examen, el art. 54.1 del CPP, que prevé: “Las Juezas o los Jueces de Instrucción, son competentes para: 1. El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código”. Consecuentemente, con relación a la denuncia formulada contra la Fiscal Asistente del Ministerio Público ahora demandada, respecto a las actuaciones arbitrarias descritas de forma precedente; correspondía que el demandante de tutela antes de acudir a la jurisdicción constitucional, previamente reclame la supuesta vulneración de sus derechos a través de los mecanismos de defensa previstos legalmente, ante la autoridad jurisdiccional a cargo del proceso; para luego recién, en caso de no obtener la reparación de sus derechos, acudir a la vía constitucional; razón por la cual corresponde denegar la tutela por incumplimiento a la subsidiariedad excepcional, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de las cuestiones planteadas. En consecuencia, la Jueza garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/22 de 28 de octubre de 2022, cursante de fs. 26 a 27, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de las cuestiones planteadas, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a
6 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0534_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.
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