B.IA.LEGAL

SCP 0534/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 22 de julio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
22 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
49421-2022-99-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; puesto que: 1) La Jueza de Instrucción Penal hoy coaccionada no remitió el Acta de audiencia de medidas cautelares al Juzgado de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, por acusación, para que este lo remita ante la Jueza de Ejecución Penal ahora accionada ante la emisión de Sentencia dentro de un procedimiento abreviado, lo que impidió realizar el cómputo de la pena; y, 2) La Jueza de Ejecución Penal hoy accionada no expidió el mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena de dos meses impuesta contra su persona, causando dilación indebida en la obtención de su libertad, señalando a través de Secretaría que al no existir dicha Acta en el Juzgado, no se podía realizar el computo de la pena y librar el respectivo mandamiento de libertad, incurriendo de esa manera en incumplimiento de lo establecido por el art. 39 de la LEPS.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 31 a 37 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a las Juezas de Ejecución Penal Tercera y de Instrucción Penal Segunda ambas de la Capital del departamento de Cochabamba, por la vulneración del derecho a la libertad personal, en la modalidad de acción de libertad de pronto despacho e innovativa.

2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a los derechos a la dignidad y a la libertad de circulación.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Acción de libertad innovativa
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0534/2024-S3 Sucre, 22 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 49421-2022-99-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 08/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 31 a 37 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Javier Dávalos Pozo contra Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera; y, Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda ambos de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Hechos que motivan la acción

El accionante por memorial presentado el 28 de julio de 2022, cursante de fs. 4 a 7 manifestó que desde el 22 de diciembre de 2021, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, por la comisión del delito de hurto previsto y sancionado por el art. 326 del Código Penal (CP) habiéndose sometido a un proceso abreviado, fue sentenciado a una pena privativa de libertad de siete meses, la cual fue cumplida el 22 de julio de 2022; motivo por el cual solicitó la libertad definitiva por cumplimiento de condena y se libre mandamiento de libertad, que fue expedido por la Jueza de Ejecución Penal hoy accionada, el 25 del citado mes y año, y notificado al referido Centro Penitenciario en la misma fecha. Mientras cumplía dicha condena, fue sentenciado en un segundo proceso penal por el mismo delito dentro de un procedimiento abreviado, siendo condenado a la pena privativa de libertad de dos meses, computables del 9 de marzo al 9 de mayo de 2022, conforme dispuso la Sentencia 05/2022 de 9 de marzo, emitida por la Jueza de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba. El 7 de junio de igual año, se libró mandamiento de condena, remitiéndose el cuaderno procesal al Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del indicado departamento, el 24 del referido mes y año.

De lo referido, advirtió negligencia por parte de la Jueza de Instrucción Penal hoy coaccionada al no remitir todas las piezas procesales, como el Acta de audiencia de medidas cautelares, ante la Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba, y por secuencia procesal las mismas sean remitidas ante el Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del referido departamento; por lo que, al no existir dicha Acta en ese Juzgado señalaron que no podían realizar el computo de la pena y librar el respectivo mandamiento de libertad, incurriendo de esa manera en incumplimiento de lo establecido por el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2021-, que señala: “Cumplida la condena concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día sin necesidad de trámite alguno…” (sic); como se evidencia, al no expedirse el mandamiento de libertad se encuentra ilegalmente privado de libertad, siendo que ya cumplió la condena impuesta de dos meses.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que: a) La Jueza de Instrucción Penal hoy coaccionada, remita el Acta de audiencia de medidas cautelares del proceso de hurto signado como Código Único de Denuncia (CUD) 301103012100072; y, b) La Jueza de Ejecución Penal ahora accionada, libre de manera inmediata el respectivo mandamiento de libertad en su favor y sea en el día.

I.2. Informe de las autoridades accionadas

Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 29 de julio de 2022, cursante de fs. 25 a 27, señaló que: 1) Ante la solicitud de libertad definitiva efectuada por el accionante, se observó que los actuados remitidos no eran suficientes para realizar el cómputo -de la pena-; tomando en cuenta que tiene dos procesos con similar delito; no habiendo acompañado el certificado de permanencia y conducta; 2) Se solicitó al Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinto de la Capital del referido departamento, remitan los actuados a objeto de informarse sobre el cómputo de la pena, refiriendo al accionante que estaba recargado en sus labores, al no contar con autoridades judiciales los otros juzgados y que debía presentar la documentación respectiva; 3) El 28 del indicado mes y año, después de mediodía, el mencionado Juzgado, informó que los actuados no se encontraban a su cargo, sino en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del referido departamento; por lo que, se solicitó al mismo que remitan dichos actuados; y, 4) Tomando en cuenta la pena privativa de dos meses, se realizó el cómputo desde la fecha de la Sentencia 05/2022, siendo notificados -el 28 de julio de 2022- a las partes, al Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba y al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) con el Auto Interlocutorio y el mandamiento de libertad definitiva, atendiendo de manera favorable su solicitud; sin que exista dilación como menciona erróneamente el accionante, ni negligencia en su personal de apoyo jurisdiccional, ya que la documentación que adjuntó demuestra que existió una razón fundada para la solicitud previa a atenderse la libertad definitiva; por lo expuesto, pidió se deniegue la tutela solicitada. Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, por informe presentado el 29 de julio de 2022, cursante a fs. 17, manifestó que: i) El despacho judicial a su cargo, no determinó detención alguna del accionante; al respecto adjunta fotocopia de la Nota de remisión del cuaderno procesal por acusación de 14 de octubre de 2021, al Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinto de la Capital del referido departamento, donde se hizo constar de manera textual que la situación jurídica del accionante, es que se encontraba con medidas cautelares personales; y, ii) No existe memorial alguno -en su despacho- pendiente de resolución.

I.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 08/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 31 a 37 vta., concedió -en parte- la tutela solicitada con relación a la Jueza de Ejecución Penal ahora accionada, en su carácter reparador, ya que la misma busca reparar una vulneración ya consumada y evitar que sean repetidas por otras autoridades judiciales; y, denegó la tutela respecto a la Jueza de Instrucción Penal hoy coaccionada, tomando en cuenta que no es la autoridad competente para emitir mandamiento de libertad por cumplimiento de condena; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) Conforme el legajo que cursa en el Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del mencionado departamento y el mandamiento de condena adjunto, la presente acción de libertad versaría respecto a la condena de dos meses que fue a partir del 9 de marzo al 9 de mayo de 2022 y no así con relación a la condena de siete meses; b) En audiencia de juicio oral púbico y contradictorio de 9 de marzo del referido año, el imputado -accionante- se sometió a procedimiento abreviado imponiéndole una pena privativa de libertad de dos meses por el delito de hurto, ordenándose se expida el correspondiente mandamiento de condena para ser remitido al Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba. El legajo fue remitido a través de Nota de 10 de junio del indicado año y radicó en el Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital de dicho departamento el 24 del mismo mes y año, teniendo control de la ejecución penal desde esa fecha; c) Por memorial de 26 de julio de 2022, el accionante solicitó la libertad definitiva al haber cumplido su condena de dos meses, pidiendo se libre mandamiento de libertad conforme establece el art. 39 de la LEPS, petición que fue considerada en la misma fecha negándose su atención inmediata al señalar que previamente se notifique al Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinto de la Capital del indicado departamento a objeto de que remita el Acta de audiencia de medidas cautelares y el mandamiento de detención preventiva por no contar con esos actuados para poder realizar el informe de computo de la pena, situación que se contrapone al art. 39 de la citada Ley, generándose una demora injustificada tratándose de una persona privada de libertad que ya hubiese cumplido su condena; d) La Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinto de la Capital del indicado departamento, respondió que no contaba con los actuados solicitados puesto que no fueron remitidos por la Jueza de Instrucción Penal hoy coaccionada; por lo que, la Jueza de Ejecución Penal ahora accionada por decreto de 28 del referido mes y año, dispuso que se notifique a ese último Juzgado para que se remitan dichos actuados; esos actos formales evidencian que no se efectivizó la libertad del accionante que cumplió su condena, situación irregular que vulneró su derecho a la libertad ocasionando una dilación indebida en la emisión del mandamiento de libertad por cumplimiento de condena; más aún cuando el Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinto de la Capital del referido departamento, dictó Sentencia condenatoria -05/2022-, misma que fue ejecutoriada y el mandamiento de condena fue notificado recién el 7 de junio de similar año y remitido al Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del referido departamento el 10 de igual mes y año, de lo que se colige que el imputado -accionante- al encontrarse detenido en esa fecha por otro proceso penal , materialmente ya se encontraba cumpliendo la Sentencia, situación que obviamente dificultó realizar el computo correspondiente; e) De acuerdo a la jurisprudencia establecida en la SCP 1707/2013 de 10 de octubre, el juez de ejecución penal no puede deslindarse del cumplimiento de la emisión de un mandamiento de libertad cuando el condenado haya cumplido su condena por demás y suficiente. Si bien existen razones excusables para no emitir en el día el mandamiento de libertad, esa situación debió ser prevista con anticipación ya que el legajo se encontraba radicado en el Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del indicado departamento desde el 24 de junio del señalado año, donde se encontraba el certificado de permanencia y disciplina del accionante, que establece que cuenta de dos sentencias condenatorias; la primera, de siete meses desde el 21 de diciembre de 2021; y, la segunda, motivo de la presente acción de defensa con una condena de dos meses, desde el 9 de marzo de 2022. De lo anterior se advierte que, más allá de las dificultades para realizar el cómputo, la Jueza de Ejecución Penal hoy accionada, contaba con el certificado de permanencia y disciplina para realizar dicho cómputo desde un sentido material y poder constatar que la condena de dos meses evidentemente ya fue cumplida; sin embargo, desde una perspectiva sumamente formalista, exigió informe por parte de las otras autoridades judiciales que conocieron el proceso penal, evidenciándose de ello la existencia de una demora injustificada sobre la solicitud de libertad definitiva realizada el 26 de julio del mencionado año; f) Del informe presentado por la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del referido departamento, el accionante se encontraba detenido por cuatro meses y diecinueve días, lo que evidencia una demora injustificada; situación que llevó a la Jueza de Ejecución Penal ahora accionada, a emitir el mandamiento de libertad definitiva recién el 28 del referido mes y año, después de más de un día de que fuera solicitado, siendo que la jurisprudencia constitucional establece que no se deberá necesariamente esperar que un sentenciado que cumpla su condena solicite expresamente ese mandamiento, sino que el juez de ejecución penal inclusive de oficio “podrá” disponer la libertad expidiendo el correspondiente mandamiento previa constatación del cumplimiento de la condena, y siempre que no se encuentre detenido por otra circunstancia; por lo que se observa no se dio cumplimiento al art. 39 de la LEPS, existiendo una demora injustificada que vulneró el derecho a la libertad del accionante; y, g) Respecto a la Jueza de Instrucción Penal ahora coaccionada, la misma no es competente para emitir el mandamiento de libertad después del cumplimiento de una condena.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante el Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-03/2023 de 24 de mayo, se dispuso el adelanto de sorteo en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Mandamiento de Condena de 7 de junio de 2022, librado por Liliana Romero Espinoza, Jueza de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba, contra Javier Dávalos Pozo -ahora accionante-, a objeto de que cumpla la condena de dos meses de reclusión en observancia de la Sentencia 05/2022 de 9 de marzo (fs. 2). II.2. Por memorial de 26 de julio de 2022, el accionante solicitó a Giovanna Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba -hoy accionada-, su libertad definitiva por cumplimiento de condena, debiendo emitirse en su favor el respectivo mandamiento de libertad, de conformidad al art. 39 de la LEPS (fs. 3 y vta.). II.3. Consta Auto 34/2022 de 28 de julio, por el cual la Jueza de Ejecución Penal ahora accionada, declaró cumplida la condena impuesta al accionante y la consiguiente extinción de la pena, disponiendo que por Secretaría se extienda el respectivo mandamiento de libertad definitiva en su favor; la cual fue emitida en la indicada fecha (fs. 18 a 19).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; puesto que: 1) La Jueza de Instrucción Penal hoy coaccionada no remitió el Acta de audiencia de medidas cautelares al Juzgado de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, por acusación, para que este lo remita ante la Jueza de Ejecución Penal ahora accionada ante la emisión de Sentencia dentro de un procedimiento abreviado, lo que impidió realizar el cómputo de la pena; y, 2) La Jueza de Ejecución Penal hoy accionada no expidió el mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena de dos meses impuesta contra su persona, causando dilación indebida en la obtención de su libertad, señalando a través de Secretaría que al no existir dicha Acta en el Juzgado, no se podía realizar el computo de la pena y librar el respectivo mandamiento de libertad, incurriendo de esa manera en incumplimiento de lo establecido por el art. 39 de la LEPS.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).

III.2. Acción de libertad innovativa

La SCP 0150/2023-S1 de 29 de marzo, refirió que: “…la acción de libertad innovativa es el mecanismo idóneo que procede aun hubiere cesado el acto ilegal ante amenazas a los derechos a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento; siendo su principal finalidad evitar que en el futuro se repitan actos que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, conforme establece el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el efecto de la concesión de tutela será la responsabilidad de los particulares o servidores públicos’” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; puesto que: a) La Jueza de Instrucción Penal hoy coaccionada no remitió el Acta de audiencia de medidas cautelares al Juzgado de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, por acusación, para que este lo remita ante la Jueza de Ejecución Penal ahora accionada ante la emisión de Sentencia dentro de un procedimiento abreviado, lo que impidió realizar el cómputo de la pena; y, b) La Jueza de Ejecución Penal hoy accionada no expidió el mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena de dos meses impuesta contra su persona, causando dilación indebida en la obtención de su libertad, señalando a través de Secretaría que al no existir dicha Acta en el Juzgado, no se podía realizar el computo de la pena y librar el respectivo mandamiento de libertad, incurriendo de esa manera en incumplimiento de lo establecido por el art. 39 de la LEPS.

De la revisión de antecedentes y lo manifestado por el accionante, se tiene que se encontraría privado de su libertad en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, al haber sido sentenciado dentro de dos procesos penales por el delito de hurto; el primero, con una condena de siete meses que viene cumpliendo desde el 22 de diciembre de 2021 y el segundo, por una sentencia de dos meses de privación de libertad desde el 9 de marzo de 2022. Cursando sobre esta última, el mandamiento de condena de 7 de junio del indicado año, librado por la Jueza de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del indicado departamento; y habiendo cumplido la condena de dos meses, el 26 de julio del referido año, solicitó a la Jueza de Ejecución Penal ahora accionada, expida mandamiento de libertad en su favor, conforme lo dispone el art. 39 de la LEPS (Conclusiones II.1. y II.2.).

Al respecto, la Jueza de Ejecución Penal hoy accionada en su informe presentado dentro de esta acción de defensa, señaló que observó la solicitud de libertad definitiva, al advertir que los actuados para realizar el cómputo de la pena eran insuficientes; por lo que, solicitó al juzgado de origen remita los mismos, entre ellos, el acta de audiencia de medidas cautelares del segundo proceso penal para poder computar el tiempo de reclusión; sin embargo, frente a esa determinación formalista, se evidencia que el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba constituido en Tribunal de garantías quien revisó el legajo que se encuentra en el juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, verificó que el mismo fue remitido a través de una nota de 10 de junio de 2022, radicando en ese juzgado desde el 24 del mismo mes y año, teniendo control de la ejecución penal desde esa fecha; además que en dicho legajo se encontraba el certificado de permanencia y disciplina emitido por el Gobernador del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del indicado departamento, el cual señaló que el accionante contaba con dos sentencias condenatorias; la primera de siete meses desde el 21 de diciembre de 2021, y la segunda con una condena de dos meses, desde el 9 de marzo de 2022.

En ese contexto, se colige que mientras cumplía su primera condena de siete meses, el accionante cumplió además, la segunda condena impuesta contra su persona de dos meses de reclusión; en tal sentido, frente a la solicitud para que se expida mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena -de dos meses- efectuado por memorial de 26 de junio de 2022, la Jueza de Ejecución Penal hoy accionada, debió tomar en cuenta esos aspectos para expedir el correspondiente mandamiento de libertad y no dilatar su emisión con el argumento de que previamente se remita el acta de medida cautelar; más aún si en el legajo remitido a su despacho el 10 de referido mes y año se encontraba el mandamiento de condena de 7 del mismo mes y año; actuados que debieron ser valorados y analizados para verificar el cómputo del tiempo de reclusión y advertir que el accionante ya había cumplido la condena de dos meses y de esa manera, en el día, disponer su libertad con la emisión del correspondiente mandamiento de libertad, situación que no ocurrió en el presente caso, denotándose de esa manera, la falta de celeridad y dilación en el actuar de la Jueza de Ejecución Penal hoy accionada, más aun cuando el accionante se encuentra privado de libertad a pesar que cumplió el tiempo de su condena.

Por lo expuesto, la Jueza de Ejecución Penal ahora accionada, debió actuar con la diligencia y celeridad necesarias en el marco de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual dejó establecido que toda autoridad judicial o administrativa que conozca la solicitud de una persona que se encuentra privada de libertad y en la que se vea involucrado el derecho a su libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del mencionado derecho, activándose en ese caso la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la cual busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones o demoras innecesarias e indebidas que perjudican al privado de libertad en cuanto a resolver su situación jurídica. Bajo ese contexto jurisprudencial, le correspondía a la Jueza de Ejecución Penal hoy accionada librar el correspondiente mandamiento de libertad en el día, dando cumplimiento a lo establecido por el art. 39 de la LEPS, que estipula: “Cumplida la condena concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día sin necesidad de trámite alguno”.

Por otro lado, se tiene que luego de practicada la notificación con la presente acción de libertad (fs. 9), la Jueza de Ejecución Penal ahora accionada recién emitió el Auto 34/2022, por el cual declaró cumplida la condena impuesta al accionante y la consiguiente extinción de la pena, disponiendo se extienda el respectivo mandamiento de libertad definitiva; el mismo que fue expedido en esa misma fecha (Conclusión II.3.), observándose de ello el cese del acto vulneratorio que dio lugar a la presente acción tutelar; sin embargo, como se tiene señalado, existió dilación en la emisión del citado mandamiento que vulneró su derecho a la libertad personal; por lo que, corresponde en el caso concreto conceder la tutela en aplicación de la acción de libertad innovativa, conforme a la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, que tiene la finalidad de que la conducta dilatoria en la que se hubiese incurrido no vuelva a repetirse en el futuro en actuaciones similares, recomendando a la indicada autoridad judicial hoy accionada, a que en actuaciones posteriores no incurra en las demoras evidenciadas respecto a la resolución de solicitudes de emisión de mandamiento de libertad por personas privadas de libertad que hayan cumplido su condena.

Finalmente, respecto a la Jueza de Instrucción Penal hoy coaccionada, se denuncia que al remitir el cuaderno procesal por acusación al Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, no remitió el Acta de audiencia de medidas Cautelares, con la finalidad de que ese último Juzgado lo remita al Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del indicado departamento, por la emisión de Sentencia condenatoria dentro de un procedimiento abreviado, lo que impidió realizar el cómputo del tiempo de reclusión del accionante.

Si bien no existen actuados que respalden esa denuncia; sin embargo, en su informe presentado dentro de esta acción tutelar, la Jueza de Ejecución Penal ahora accionada, indicó que, al conocer la solicitud de libertad definitiva efectuada por el accionante, observó que los actuados remitidos eran insuficientes para realizar el cómputo de la pena. Asimismo, en su informe presentado dentro de esta acción de defensa, la Jueza de Instrucción Penal hoy coaccionada, no desvirtuó el cuestionamiento sobre su actuación, relativo a la falta de remisión del Acta de audiencia de medidas cautelares, limitándose a señalar que no determinó detención alguna del accionante y que su situación jurídica era que se encontraba con medidas cautelares personales.

De lo expuesto, se tiene por cierta la denuncia expuesta por la Jueza de Instrucción Penal hoy coaccionada, debiendo concederse la tutela solicitada al ser evidente que no remitió los actuados respectivos al presentar el pliego acusatorio en contra del accionante, entre ellos, el Acta de audiencia de medidas cautelares, lo que dificultó que pueda realizarse posteriormente el cómputo del tiempo de reclusión, y que prolongó la privación de la libertad de dicho accionante, pese al cumplimiento de su condena, vulnerando así su derecho a la libertad personal; empero, al haberse ya dispuesto su libertad y emitirse el mandamiento de libertad solicitado, no corresponde disponer nada al efecto; siendo la concesión de la tutela solicitada en contra de dicha autoridad judicial, también bajo la modalidad innovativa, con la finalidad de que en actuaciones posteriores cumpla con remitir todos los actuados pertinentes, para no ocasionar perjuicios a ninguna de las partes procesales.

Finalmente, en cuanto a los derechos a la dignidad y a la libertad de circulación, al no haberse fundamentado la forma en que los mismos fueron vulnerados por las actuaciones de las autoridades ahora accionadas, no corresponde emitir pronunciamiento alguno, debiendo denegarse la tutela solicitada sobre los mismos. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder -en parte- la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 31 a 37 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a las Juezas de Ejecución Penal Tercera y de Instrucción Penal Segunda ambas de la Capital del departamento de Cochabamba, por la vulneración del derecho a la libertad personal, en la modalidad de acción de libertad de pronto despacho e innovativa.

2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a los derechos a la dignidad y a la libertad de circulación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0534_2024-S3.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 29d98f4b48921913ca2f6ac4e727c9470cacce292dc2a6ab5ca37e8947370a12

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →