B.IA.LEGAL

SCP 0534/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de agosto de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
23 de agosto de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
47839-2022-96-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su componente de fundamentación, y a una justicia pronta, oportuna y efectiva; alegando que, el Tribunal de Sentencia demandado, rechazó la cesación de la detención preventiva mediante el Auto Interlocutorio 026/2022 de 15 de febrero, señalando que no tenía potestad para conocer esa pretensión y que debía desvirtuar los riesgos procesales latentes por lo que se le aplicó la extrema medida, siendo que su solicitud de cesación fue por el art. 239.2 del CPP y no el art. 239.1 de la misma norma; ante lo cual, interpuso recurso de apelación, resuelto por la Vocal demandada a través de Auto del Vista 288/2022 de 25 de abril, sin una debida fundamentación, quien declaró la improcedencia de los agravios que expuso confirmando el citado Auto Interlocutorio desconociendo el párrafo quinto del art. 239 de dicho Código y sin valorar el fondo de su reclamo, lo cual vulneró sus derechos reclamados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 17 de mayo, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la exigencia de motivar y fundamentar que tienen los tribunales de apelación al momento de resolver medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP
  2. III.2. La solicitud de la cesación de la detención preventiva en fase del juicio oral
  3. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0534/2024-S2 Sucre, 23 de agosto de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 47839-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2022 de 17 de mayo, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fortunato Molina Pérez contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Javier Rubén Cahuasa Torrez y Mónica Judid Cuentas Silva, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de mayo de 2022, cursante de fs. 14 a 17 vta., el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, se encuentra detenido preventivamente por más de dos años en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; siendo que por Auto Interlocutorio 17/2020 -de 6 de enero-, esa medida extrema fue determinada por cuatro meses; empero, la autoridad judicial que conoció la causa mediante Auto Interlocutorio 192/2021 de 17 de marzo, amplió la misma por treinta días más, y dispuso audiencia para el 19 de abril de 2021, ordenando también la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Tribunal de Sentencia demandado, por la existencia de acusación formal, y estando pendiente la celebración del referido verificativo, el citado Tribunal no dio cumplimiento a ello.

En razón a ello, el 28 de enero de 2022, en virtud al art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) pidió la cesación de la detención preventiva, resuelta por el mismo Tribunal mediante Auto Interlocutorio 026/2022 de 15 de febrero, disponiendo el rechazo de esa solicitud; en razón a que, no tuviera potestad para resolver dicha cesación por el citado artículo, y que debió desvirtuar los riesgos procesales latentes, cuando el señalado artículo no refiere ello y “…la solicitud de mis abogados de cesación fue por el art. 239 inc. 2 y no por el art. 239 inc. 1, y también se evidencia que el tribunal desconoce el apartado 5to del art. 239…” (sic), y emitió una resolución contraria a la ley y la Constitución Política del Estado, vulnerando sus derechos . Así, planteó recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 026/2022, resuelto por la Vocal demandada a través del Auto de Vista 288/2022 de 25 de abril, que señaló: “…bajo esos fundamentos este tribunal de alzada considera que los fundamentos que han sido expuestos por el tribunal a-quo tiene la suficiente LOGICIDAD jurídica donde los mismos en ningún momento se ha declarado incompetente para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva tomando en cuenta que los mismos dan lineamiento establecido del articulo 239 inc. 2 aspecto por lo que este tribunal de alzada considera que no existe agravio alguno que reparar, tomando en cuenta que el tribunal a-quo si se ha considerado competente para considerar la cesación a la detención preventiva” (sic), y sin valorar el fondo de su solicitud dispuso la improcedencia del mismo, con falta de fundamento legal. Además de que dicho Auto de Vista inobservó el “…art. 239 en su apartado 5to…” (sic), que fue cuestionado por su abogado mediante una solicitud enmienda y complementación, reclamando que se omitió la referida normativa “…aclarando que se trata de la omisión del art. 239 en su apartado 5to y no así del inciso 5, ante esa corrección la Sra. Vocal dispone dar la palabra (…) sin resolver lo que se está observado, de la omisión de no aplicación de la ley (…) poniendo en paréntesis de y no resolver la observancia, dispone la suspensión de la audiencia, dejándose entendida que no ha concluido la audiencia…” (sic) lo que causó transgresión a sus derechos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su componente de fundamentación, y a una justicia pronta, oportuna y efectiva, citando al efecto los arts. 23, 115, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) “se revoque” el Auto de Vista 288/2022 ordenando a la Vocal demandada emitir uno nuevo y sea debidamente fundamentada con relación al art. 239.2 del CPP; y, b) El resarcimiento de daños y perjuicios debiendo cancelarse a su favor Bs30 000.- (treinta mil bolivianos), que deberán ser cancelados por el Tribunal demandado.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 22 a 23, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado ratificó los argumentos contenidos en la acción tutelar, y ampliándolos añadió que: 1) Los Jueces demandados dispusieron el rechazo de la cesación de su detención preventiva en inobservancia del Auto Supremo 355/2019-RRC de 15 de mayo, y en ambas instancias no se aplicó lo previsto en el art. 239.2 del CPP ni el último parágrafo de ese precepto legal; 2) Tampoco se respetó el debido proceso; siendo que, las autoridades incumplieron el art. 3 del citado Código, vulnerando sus derechos; 3) La Vocal demandada no realizó un pronunciamiento claro y coherente a su solicitud de complementación y enmienda, y se apartó de la logicidad; y, 4) La interpretación del referido artículo es incorrecta y no existe jurisprudencia vinculante con relación a la cesación de la detención preventiva por duración que exceda el tiempo determinado en los casos que se encuentren en juicio oral.

I.2.2. Informe de los demandados

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 17 de mayo de 2022, cursante a fs. 20 y vta., señaló que: i) El Tribunal de alzada debe regirse por el principio de limitación por competencia, y es sobre los agravios expuestos por el accionante que debe emitirse la fundamentación correspondiente; en razón a ello, emitió el Auto de Vista 288/2022 con la debida fundamentación y motivación, y sin vulnerar el debido proceso; ii) El impetrante de tutela únicamente refiere que el Tribunal de Sentencia demandado se declaró incompetente para considerar la cesación de la detención preventiva y no manifestó si a la fecha existirían riesgos procesales vigentes a fin de considerar el art. 239.2 del CPP; ya que, el presente caso se encuentra con acusación formal y bajo jurisdicción del citado Tribunal; iii) En la solicitud de complementación y enmienda se explicó que con relación al párrafo quinto del art. 239 de la misma norma, esta señala que la persona privada de libertad acredite enfermedad grave, fundamento que es diferente a la petición del art. 239.2 de dicho Código; por lo que, solo circunscribió su decisión conforme el art. 398 del CPP, siendo una de las víctimas una persona vulnerable, a la cual el Estado tiene la obligación de proteger, más aún cuando existen riesgos procesales pendientes, los cuales el accionante tiene la obligación de desvirtuar; y, iv) El tribunal de garantías no es un tribunal ordinario u otra instancia para revisar las decisiones de la justicia ordinaria, y el peticionante de tutela debió realizar una relación de la vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa, aspecto ausente en la presente acción tutelar, la cual efectúa una síntesis muy escueta de las actuaciones efectuadas en la audiencia de apelación, sin establecer de manera cierta y concreta como se habría lesionado sus derechos y garantías; por lo que, pidió se deniegue la tutela. Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Javier Rubén Cahuasa Torrez y Mónica Judid Cuentas Silva, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, no emitieron informe escrito alguno ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 19.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 10/2022 de 17 de mayo, cursante de fs. 24 a 26 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: Que, la SCP 0685/2021-S4 de 12 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.2 refirió: “…En cambio, sí a la culminación del plazo otorgado para la detención preventiva el querellante o el Ministerio Público hubieran presentado acusación formal por la comisión de uno o más delitos que hacen viable la detención preventiva y la causa hubiera sido radicada, el juez o el tribunal de sentencia NO tienen facultad para resolver de oficio la situación jurídica del detenido preventivo, aun el plazo de la detención preventiva fijado por el juez hubiera vencido; toda vez que, por disposición del art. 233 en su penúltimo párrafo, para que proceda la detención preventiva en etapa de juicio y recursos se deben acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 de dicho artículo; es decir, ‘la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’; y tomando en cuenta que para disponer la detención preventiva la autoridad jurisdiccional ya estableció la concurrencia de determinados riesgos procesales, corresponde a la parte acusada y con detención preventiva, desvirtuar la concurrencia de los riesgos que motivaron tal decisión, acompañando para ello los elementos que demuestren aquello o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida de menor rigor, conforme a la causal prevista en el art. 239.1 del CPP. …Lo señalado anteriormente guarda absoluta relación con lo dispuesto en el art. 239 de la norma procesal penal (Cesación de las Medidas Cautelares Personales), cuando, luego de enumerar las causales que hacen procedente la cesación de la detención preventiva, refiere que: ‘Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas’; disposición que bajo una interpretación literal, exige la presentación de una solicitud para resolver la cesación a la detención preventiva” (sic); y si bien, el accionante señaló que el plazo de su detención venció sin resolverse su situación jurídica, el Ministerio Público presentó acusación formal en su contra, y la causa fue radicada en el Tribunal de Sentencia demandado, el cual no tiene facultad para resolver de oficio su solicitud de cesación de la detención preventiva, correspondiendo al peticionante de tutela desvirtuar la concurrencia de los riesgos procesales que motivaron tal decisión, acompañando los elementos que demuestren que esa medida pueda ser sustituida por otra de menor rigor. Ante la solicitud de complementación y enmienda del impetrante de tutela, respecto a la inexistencia de logicidad jurídica en la determinación que confirma el rechazo de la cesación de la detención preventiva y la inobservancia de la última parte del art. “…239 de la Ley 1173…” (sic); en sustanciación y resolución el Tribunal de garantías resolvió no ha lugar, determinando su rechazo.

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 22 de abril de 2024, cursante a fs. 33, se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a objeto de recabar documentación complementaria; habiéndose obtenido la misma, se reanudó el cómputo del plazo, a partir de la notificación con el decreto constitucional de 23 de agosto de igual año (fs. 82 a 84); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 026/2022 de 15 de febrero, el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz -demandado-, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela; determinación que fue objeto del recurso de apelación incidental de manera oral (fs. 6 a 9). II.2. A través del Auto de Vista 288/2022 de 25 de abril, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró improcedente el citado recurso interpuesto por el peticionante de tutela, y confirmó el señalado Auto Interlocutorio; de igual manera, dispuso no ha lugar a la solicitud de complementación y enmienda formulada por el prenombrado (fs. 10 a 11 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su componente de fundamentación, y a una justicia pronta, oportuna y efectiva; alegando que, el Tribunal de Sentencia demandado, rechazó la cesación de la detención preventiva mediante el Auto Interlocutorio 026/2022 de 15 de febrero, señalando que no tenía potestad para conocer esa pretensión y que debía desvirtuar los riesgos procesales latentes por lo que se le aplicó la extrema medida, siendo que su solicitud de cesación fue por el art. 239.2 del CPP y no el art. 239.1 de la misma norma; ante lo cual, interpuso recurso de apelación, resuelto por la Vocal demandada a través de Auto del Vista 288/2022 de 25 de abril, sin una debida fundamentación, quien declaró la improcedencia de los agravios que expuso confirmando el citado Auto Interlocutorio desconociendo el párrafo quinto del art. 239 de dicho Código y sin valorar el fondo de su reclamo, lo cual vulneró sus derechos reclamados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la exigencia de motivar y fundamentar que tienen los tribunales de apelación al momento de resolver medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP

La SCP 0077/2012 de 16 de abril, sobre este particular señaló que: “La jurisprudencia constitucional ha establecido en forma uniforme la observancia en el cumplimiento de las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia que debe ser observada tanto por el juez cautelar como por el tribunal que resuelve la apelación de medidas cautelares. Así, la SC 1141/2003-R de 12 de agosto, reiterada por las SSCC 0434/2011-R y 0856/2011-R, entre otras, señaló que: ʽ...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligada a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentesʼ. En esta perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, refiriéndose al cumplimiento de estos requisitos por parte de los tribunales que conocen la apelación de medidas cautelares, estableció lo siguiente: ʽAhora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar”’ (las negrillas nos corresponden). Asimismo, la SCP 0107/2018-S3 de 10 de abril, expuso que: “Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los Tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: ʽLos tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resoluciónʼ. Sobre la norma legal precedente, la SCP 0077/2012 de 16 de abril concluyó lo siguiente: ʽ…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. (…) En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva…ʼ. Más adelante, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, respecto a este tema señaló: ʽ…ante la interposición de una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideraciónʼ” (el resaltado corresponde al texto original).

III.2. La solicitud de la cesación de la detención preventiva en fase del juicio oral

Al respecto, la SCP 0281/2021-S2 de 8 de julio, estableció que: “…la Disposición Transitoria Décima Segunda en su párrafo segundo de la Ley 1173, indica: ʽEn caso de solicitarse la continuidad de la detención, deberá establecer el plazo de duración de la misma y los actos investigativos a realizar. El juez fijará el plazo atendiendo a la razonabilidad y proporcionalidad del planteamiento fiscal, víctima, querellante o coadyuvanteʼ; debiendo armonizar la disposición con el art. 233.3 del CPP, modificado por el art. 2.III de la Ley 1226, que en su parte pertinente al caso, determinó que en audiencia debe acreditarse ‘El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término…ʼ; más abajo el precitado precepto señala: ʽEn etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículoʼ; significando que, únicamente en etapa preparatoria procede la aplicación de la cesación de acuerdo al art. 239.2 del CPP, en cuanto al plazo de la detención preventiva, vencida esta etapa el mencionado término será considerado para la cesación de la medida cautelar en el marco de los numerales 3 y 4 del aludido artículo Código Adjetivo Penal; en efecto, en fase de juicio oral al no existir actos investigativos que desplegar; en razón a que, ya existe requerimiento de acusación fiscal, corresponde necesariamente enervar los riesgos procesales que sostienen la medida cautelar extrema para obtener la cesación a la medida impuesta” (énfasis agregado).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su componente de fundamentación, y a una justicia pronta, oportuna y efectiva; alegando que, el Tribunal de Sentencia demandado rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva mediante el Auto Interlocutorio 026/2022 de 15 de febrero, señalando que no tenía potestad para conocer esa pretensión y que debía desvirtuar los riesgos procesales latentes, por lo que, se le aplicó la medida extrema, siendo que su solicitud de cesación fue por el art. 239.2 del CPP y no el art. 239.1 de la misma norma; ante lo cual, interpuso recurso de apelación resuelto a través de Auto del Vista 288/2022 de 25 de abril, por la Vocal demandada, quien sin una debida fundamentación declaró la improcedencia de los agravios que expuso, confirmando el citado Auto Interlocutorio desconociendo el párrafo quinto del art. 239 del indicado Código y sin valorar el fondo de su reclamo, lo cual vulneró sus derechos reclamados. De la revisión de los antecedentes, se contrasta que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación, se le impuso la detención preventiva; ante tal situación, planteó cesación de esa medida extrema, que fue rechazada por Auto Interlocutorio 026/2022, por el Tribunal de Sentencia demandado, indicando que la cesación a dicha medida por el cumplimiento de plazo se aplica en la etapa preparatoria y en la fase de juicio oral deben enervarse los riesgos procesales; determinación objeto del recurso de apelación incidental (Conclusión II.1); resuelto mediante el Auto de Vista 288/2022, por la Vocal demandada, quien declaró improcedente el citado recurso y confirmó el señalado Auto Interlocutorio; de igual manera, dispuso no ha lugar a la solicitud de complementación y enmienda formulada por el prenombrado (Conclusión II.2). En ese contexto, el peticionante de tutela activó la justicia constitucional denunciando la vulneración a sus derechos invocados, reclamando que la Vocal demandada emitió el referido Auto de Vista, confirmando el indicado Auto Interlocutorio que rechazó la cesación de su detención preventiva, en desconocimiento del párrafo quinto del art. 239 del CPP, sin valorar el fondo de su reclamo ni la debida fundamentación. Previo a ingresar a resolver la problemática planteada, corresponde indicar que la revisión de las decisiones asumidas debe efectuarse en el marco de la subsidiariedad excepcional establecida por la jurisprudencia constitucional para esta acción de defensa; es decir, a partir de la última resolución pronunciada -razonamiento acorde asumido en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo-; en razón a que, en la misma se pudo corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía; en virtud a ello, amerita denegar la tutela respecto a los Jueces demandados; en consecuencia, se procederá al análisis de la presunta transgresión de derechos a partir del Auto de Vista 288/2022. Ahora bien, ingresando al análisis del presente caso, se tiene que el accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 026/2022; a cuyo efecto, expresó los siguientes agravios -mismos que fueron extraídos del acta de audiencia pública (fs. 66 a 67)-:

a) Vulneración del art. 239.2 del CPP, porque se encuentra detenido por más de dos años, cuyo plazo de detención preventiva habría vencido; y, “…el tribunal que a emitido la presente resolución a manifestado en [la] presente resolución que ellos no son competentes para resolver una cesación con respecto al 239 num.2 indicando que existe una cláusula en la ley 1173 la cláusula décimo segunda donde solo dice que lo[s] jueces cautelares podrían emitir un resolución respecto a los plazos mediante el control jurisdiccional…” (sic); y, b) El Tribunal de Sentencia demandado indicó que no existiría una situación para que pueda otorgarle la cesación de la detención preventiva, y que no es competente, sin manifestar qué autoridad lo sería; y, que el art. 238 del CPP estableció “…en sus últimos parágrafos que sí es competente…” (sic); por lo que, debió haber valorado el fondo del asunto.

A su turno, la Vocal demandada a través del Auto de Vista 288/2022, declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por el accionante, manteniendo en consecuencia incólume el Auto Interlocutorio impugnado, expresando los siguientes fundamentos:

1) El accionante no expuso “…la falta de fundamentación en sus vertientes errónea aplicación de la norma o vulneración a la incongruencia omisiva o aditiva…” (sic);

2) Con relación al art. 239.2 del CPP, “…se debe tener presente la Ley 1173 ratificado por la Ley 1226 (…) el simple transcurso del tiempo no puede asumir su entender que se tiene un plazo vencido si no debe existir el debido sustento y respaldo en toda afirmación y petición. Que en cuanto al articulo 239.2 estableciendo que la Cesación a la Detención Preventiva por el cumplimiento del plazo se aplica la etapa preparatoria bajo control del juez cautelar pero en etapa de juicio o apelación debe enervarse los riesgos procesales…” (sic) y al existir riesgos procesales vigentes no corresponde considerar el plazo del tiempo transcurrido; y, 3) Señaló “…bajo esos fundamentos este Tribunal de Alzada considera que los fundamentos que han sido expuestos por el tribunal a quo tiene la suficiente logicidad jurídica donde los mismos en ningún momento se han declarado incompetentes para considerar la solicitud de Cesación a la Detención Preventiva, tomando en cuenta que los mismos dan lineamiento establecido del articulo 239 numeral 2, aspecto por el cual este Tribunal de Alzada considera que no existe agravio alguno que reparar, tomando en cuenta que el Tribunal a quo si se ha considerado competente para considerar la Cesación a la Detención Preventiva” (sic). Conforme al desarrollo jurisprudencial expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, uno de los elementos del debido proceso es la debida fundamentación y motivación de las resoluciones, de ahí que, emerge la obligación de las autoridades jurisdiccionales al momento de emitir una decisión, más si estas tienen que ver con la resolución de recursos de apelación interpuestos contra fallos que modifiquen, dispongan o rechacen las medidas cautelares; siendo que, estas autoridades deben resolver un proceso, exponiendo de manera suficiente las razones de su determinación y el sustento jurídico que deben generar convencimiento en las partes y respetar una estructura tanto en el fondo como en la forma, actuando de manera imparcial. Es así que, ingresando al contexto de análisis de los fundamentos expresados en el Auto de Vista 288/2022, se concluye que la Vocal demandada respecto al primer agravio del art. 239.2 del CPP, supuestamente vulnerado, señaló que el Tribunal de Sentencia demandado, a través del Auto Interlocutorio 026/2022, expuso al accionante que la consideración de la cesación de la detención preventiva por cumplimiento de plazo debe ser reclamado en la etapa preparatoria y que en la fase de juicio oral, deben enervarse los riesgos procesales latentes que mantuvo vigente la medida extrema conforme a la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- ratificada por la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-; por otra parte, respecto a que dicho Tribunal habría manifestado no tener competencia para conocer esa solicitud, señaló que el mismo en ningún momento se declaró incompetente siendo que los fundamentos del mismo contienen la suficiente logicidad, más cuando los agravios expuestos por el impetrante de tutela no fueron debidamente fundamentados, señalando que no existía agravios por reparar. En ese marco, la decisión que asumió el Tribunal de Sentencia demandado y confirmado por la Vocal demandada respecto a que la solicitud de cesación de la detención preventiva, presentada durante la fase de juicio oral debe estar orientada a desvirtuar los riesgos procesales latentes para que sea otorgada, es conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que sostuvo “…En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo; significando que, únicamente en etapa preparatoria procede la aplicación de la cesación de acuerdo al art. 239.2 del CPP…” (SCP 0281/2021-S2); por lo que, al haber sustentado el impetrante de tutela su solicitud de cesación de dicha medida extrema únicamente por el art. 239.2 del CPP, sin enervar los riesgos procesales vigentes se constituye en una imposibilidad para que estas sean sustituidas por otras medidas cautelares menos gravosas, además, de inobservar el peticionante de tutela su obligación de cumplir con el descargo de los elementos probatorios necesarios para desvirtuar tales peligros procesales y que concurrían nuevos elementos que hagan posible se otorgue la referida solicitud. En consecuencia, este Tribunal no advierte que la Vocal demandada haya incurrido en falta de fundamentación al momento de emitir el Auto de Vista confutado; ya que, identificó claramente los reclamos expuestos por el impetrante de tutela resolviéndolos en su totalidad a través de un razonamiento coherente, siendo que, la debida fundamentación no debe ser necesariamente ampulosa o exagerada, sino, dar respuesta a todos los puntos demandados en el fondo de manera clara y razonable, lo cual fue cumplido en el presente caso. En efecto, si bien en la audiencia de garantías el impetrante de tutela enfatiza el hecho de no existir fundamentación y motivación en el Auto de Vista reclamado, en sentido de haberse inobservado la última parte del art. 239 del CPP modificada por la Ley 1173, conforme ya se expuso supra; emergió en el caso, un antecedente que modificó la situación del ahora accionante, siendo el hecho de haberse presentado el requerimiento conclusivo de acusación formal; en tal sentido, independientemente de que la solicitud de la cesación a la detención preventiva haya tenido su base en el art. 239.2 del CPP, el razonamiento abordado por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, no podía decantarse en el solo análisis de verificación del citado artículo, pues se reitera, en el caso ya se contaba con dicho requerimiento conclusivo, que fue remitido por orden contenido en el Auto Interlocutorio 192/2021 de 17 de marzo; en cuyo mérito la Vocal demandada estableció que al estar ya en etapa de juicio oral, correspondía enervarse los riesgos procesales, criterio que condice con el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional.

Por todo lo precedentemente señalado, no se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en su componente fundamentación, no correspondiendo en tal sentido otorgar la tutela demandada. Finalmente, respecto al derecho a una justicia pronta, oportuna y efectiva también invocado, no se advierte argumento alguno de cómo fue afectado tal derecho; por lo que, no corresponde emitir pronunciamiento alguno. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 17 de mayo, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0534_2024-S2.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 65540274567a7575dce4af90e215c003b66d9a496a3297e8e504066ed08ed14b

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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