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SCP 0534/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 6 de septiembre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
6 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
49462-2022-99-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos a la defensa, a ser oído, al acceso a la justicia y a la impugnación; toda vez que, en la audiencia de apelación incidental de medida cautelar, el Vocal -ahora demandado- instaló la audiencia y emitió el Auto de Vista 481/2022 de 22 de julio, confirmando el Auto Interlocutorio 265/2022 de 4 de julio, que dispone la detención preventiva, sin permitir que el abogado de la defensa fundamente los agravios ante la ausencia del imputado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) El derecho a la defensa técnica en la audiencia de apelación de medidas cautelares; b) Presencia del imputado detenido en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 76 a 78, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispositivos establecido por el Juez de garantías y los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la defensa técnica en la audiencia de apelación de medidas cautelares
  2. III.2. Presencia del imputado detenido en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0534/2024-S1 Sucre, 6 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 49462-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 28/2022 de 29 julio, cursante de fs. 76 a 78, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Alberto Copa Santivañez contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de julio de 2022, cursante de fs. 56 a 61 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de lesiones gravísimas; en audiencia de medidas cautelares a través del Auto Interlocutorio 265/2022 de 4 de julio, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Ante tal determinación, interpuso recurso de apelación incidental que fue remitida a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señalándose audiencia virtual para el 22 de julio de 2022 a horas 08:30, por lo que su abogado ingresó diez minutos antes a la sala virtual. Una vez instalada la audiencia, el Secretario verificó la presencia de las partes percatándose la ausencia del imputado detenido, por lo que informó que se notificó a las partes y se remitió oficio al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, que no se encontraban el Ministerio Público, la víctima, ni el imputado apelante, pero si su abogado; inmediatamente el Vocal -ahora demandado-, determinó que al no estar presente el imputado, corresponde aplicar la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, en su disposición Décima Tercera que crea el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarios inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, aplicando el art. 50, concluyó el acto procesal. El Vocal demandado, no llegó a considerar que el impetrante de tutela se encontraba con detención preventiva y que no dependía de él comparecer, al igual que justificar su inasistencia y que la audiencia se instaló y resolvió a horas 08:32, sin esperar un plazo razonable; y que al estar presente su abogado jamás se le dio la oportunidad de justificar su inasistencia, solicitar nuevo señalamiento de audiencia y en su representación fundamentar los agravios.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El demandante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos a la defensa, a ser oído, al acceso a la justicia y a la impugnación; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 110.I y II, 114, 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 del Pacto de San José de Costa Rica.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares de 22 de julio de 2022 y el Auto de Vista 481/2022 de igual data, y se proceda a un nuevo sorteo de Sala a fin de que se señale y celebre la audiencia de forma inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual de la presente acción de libertad, el 29 de julio de 2022, según consta en acta cursante a fs. 74 a 75 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando el mismo, señaló que: a) Tal vez se pretendía justificar la determinación asumida, señalando que el abogado no justificó la incomparecencia del imputado; sin embargo, no se le otorgó la palabra, sino directamente se emitió la decisión; y, b) Si se refirió a que se cumplió al enviar el oficio al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para que se conectara el encausado; empero, no es suficiente, sino debió agotarse los medios para asegurar la presencia del sindicado.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe escrito cursante de fs. 71 a 73, con los siguientes argumentos: 1) Mediante Auto de Vista 481/2022 de 22 de julio, se dispuso confirmar el Auto Interlocutorio 265/2022 de 4 del referido mes y año, con fundamentos de hecho, derecho y jurisprudencial, no existiendo ninguna vulneración al debido proceso con relación a la locomoción y a la defensa del imputado; 2) En la acción de libertad no se fundamentó la vulneración al debido proceso en relación al Auto de Vista emitido; 3) El 22 de julio del citado año, en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares no se encontraba el encausado, tampoco justificaron los motivos de su inasistencia con ningún elemento de convicción, conforme lo establece el art. 113 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no cumplió con el protocolo de audiencias virtuales, que obliga a las partes estén quince minutos antes; entonces su negligencia no puede ser atribuible a la autoridad judicial. El abogado de la defensa, en audiencia virtual no señaló por qué no estaba presente el accionante; 4) El Tribunal de alzada no pretendió vulnerar el principio de celeridad previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, mucho menos ingresar en retardación de justicia al suspender la audiencia sin justificación alguna, más si se consideraría el plazo previsto en el art. 251 del CPP modificado por la Ley 1173; 5) El peticionante de tutela en ninguna parte de su acción de libertad, destruyó los fundamentos del Auto de Vista 481/2022, eso significaría que está de acuerdo, ya que solo señaló que se vulneraron sus derechos, sin fundamentar por qué el imputado no se encontraba conectado en audiencia; 6) No se entendió los fundamentos del Auto de Vista 481/2022, entonces la parte accionante tenía la obligación de solicitar explicación, complementación y enmienda al amparo del art. 125 del CPP que no lo hizo, porque estaba de acuerdo con la decisión que se emitió, ya que la misma sería clara y coherente, después de casi más de un mes sin agotar esa instancia, lesionando la subsidiariedad pretendería acudir vía acción constitucional para subsanar su negligencia; y, 7) El Tribunal de alzada no conculcó ningún derecho ni garantía constitucional del accionante, quien tenía la obligación de especificar de manera clara en qué consistiría la transgresión de derechos, así como el nexo causal, tampoco se vulneró el derecho a libertad, toda vez que no dispuso su detención preventiva; por lo que, solicita se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 28/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 76 a 78, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto y nulo el Auto de Vista 481/2022 de 22 de julio, disponiendo que el Vocal -ahora demandado-, señale audiencia de consideración de apelación incidental, escuche sus fundamentos y emita nueva resolución en el plazo de setenta y dos horas, con los siguientes fundamentos: i) El Vocal demandado al emitir el Auto de Vista 481/2022, no consideró que la presencia del imputado a la audiencia señalada no estaba sujeta a su voluntad, ya que existiría solicitudes de conectarlos a las audiencias de acuerdo a listas elaboradas por el personal del Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz y sin evaluar estos aspectos prosiguió con la audiencia, sin otorgar al privado de libertad la posibilidad de justificar su inconcurrencia y fundamentar los agravios, tampoco dispuso que la Gobernación de San Pedro informe el motivo por el que no se conectó el privado de libertad vía virtual, siendo que en el Recinto Penitencio San Pedro del citado departamento, el servicio de telefonía celular está prohibido, limitándose a indicar que la detención preventiva no causa estado, por lo que aplicó la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley 1173; ii) Se debe considerar lo establecido en las SCP 0190/2018 de 11 de mayo, SC 1698/2005-R, así como la SC 0274/2006-R; pues en el presente caso, al accionante no se le dio la oportunidad de participar y fundamentar los agravios ante el Tribunal de alzada ya que la audiencia de 22 de julio fue suspendida a horas 08:32; iii) Si bien los tribunales de apelación se encuentran en la obligación de motivar y fundamentar las resoluciones, por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedan igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, que no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada de forma integral y sistemática; y, iv) Al no haberse considerado el motivo de la ausencia del privado de libertad, que a través de su defensa técnica debió fundamentar en audiencia los agravios que motivaron la apelación ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no sería viable un nuevo sorteo a otra Sala Penal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Consta proveído de 19 de julio de 2022, que señala audiencia virtual de apelación incidental de medida cautelar para el viernes 22 de julio de 2022 a horas 08:30, que fue notificado a las partes el 21 de igual mes y año (fs. 3 a 4). II.2. Mediante oficio de 21 de julio de 2022, se pone en conocimiento el señalamiento de audiencia virtual al Director del Centro Penitenciario San Pedro de la Paz (fs. 6). II.3. Cursa Acta de Audiencia Pública de Fundamentación de Apelación Incidental de Medida Cautelar, y el correspondiente Auto de Vista 481/2022 de 22 de julio, emitido por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en cuya parte resolutiva dispone que al no haberse fundamentado agravio alguno, se confirma el Auto Interlocutorio 265/2022 de 4 de julio, emitido por el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz (fs. 7 a 9 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos a la defensa, a ser oído, al acceso a la justicia y a la impugnación; toda vez que, en la audiencia de apelación incidental de medida cautelar, el Vocal -ahora demandado- instaló la audiencia y emitió el Auto de Vista 481/2022 de 22 de julio, confirmando el Auto Interlocutorio 265/2022 de 4 de julio, que dispone la detención preventiva, sin permitir que el abogado de la defensa fundamente los agravios ante la ausencia del imputado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) El derecho a la defensa técnica en la audiencia de apelación de medidas cautelares; b) Presencia del imputado detenido en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la defensa técnica en la audiencia de apelación de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0138/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0155/2012 14 de mayo, confirmando el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, en la que establece que el derecho a la defensa: “…tiene dos dimensiones: a) La defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-… b) La defensa técnica, consiste en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena…”, señala en el Fundamento Jurídico III.1, que a partir del análisis de la Constitución Política del Estado y del bloque de constitucionalidad:

…si bien es importante la defensa material del imputado, la defensa técnica sigue constituyendo, la más efectiva garantía para el resguardo de sus derechos, sea que se ejerza por el abogado de su confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, sostiene que en el art. 9 del actual Código Adjetivo, le otorga prevalencia a la defensa técnica al declarar su carácter irrenunciable, ya que con similares características se encuentra contenida y regulada en los arts. 92 y 94 del CPP; asimismo afirma que, su inobservancia, conforme a lo establecido por el art. 100 del mismo Código, no sirve para fundar ninguna decisión contra el imputado.

En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente, pues el incumplimiento de la parte in fine del art. 94 del CPP, no permite utilizar bajo ninguna circunstancia la información obtenida contra el imputado, situación que conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, constituye actividad procesal defectuosa. Así, la referida SCP 0155/2012, al analizar el problema jurídico planteado, referido a la lesión del derecho a la defensa del accionante, por cuando la audiencia de apelación de medidas cautelares se desarrolló sin presencia de su abogado, concedió la tutela por lesión del derecho a la defensa técnica, toda vez que, los Vocales demandados la instalaron sin tomar en cuenta que el abogado del impetrante de tutela no estaba presente; añadiendo que las autoridades demandadas no podían ingresar a analizar las medidas cautelares en ausencia del abogado, y que en todo caso, debieron nombrar a un defensor de oficio. Posteriormente, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0045/2014-S3 de 14 de octubre y 0068/2015-S3 de 30 de enero, confirmaron el criterio de la SCP 0155/2012, concediendo la tutela, porque los Vocales demandados instalaron la audiencia del recurso de apelación de medida cautelar, sin tomar en cuenta que el abogado del demandante de tutela, no estaba presente.

Cabe señalar, que todas las Sentencias Constitucionales Plurinacionales y la SC 1556/2002-R analizadas precedentemente, fueron pronunciadas en acciones de libertad, al existir una vinculación directa del derecho a la defensa con el de libertad física; por cuanto, la falta de nombramiento de abogado defensor en la audiencia de apelación de medidas cautelares, indudablemente supone una vulneración del derecho a la defensa, que repercute directamente en la imposición o confirmación de la detención preventiva contra el imputado, medida cautelar extrema rodeada de garantías constitucionales, a efecto de no tornarse en ilegal o arbitraria, siendo una de ellas, precisamente, la de ser impuesta previo ejercicio del derecho a la defensa, tanto material como técnica.

III.2. Presencia del imputado detenido en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0299/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente razonamiento: Sobre la presencia del detenido en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1491/2003-R de 20 de octubre, estableció que no es necesario que las partes sean notificadas personalmente con el señalamiento de día y hora de la misma; entendimiento que fue reiterado por las SSCC 0220/2004-R de 12 de febrero y 0663/2006-R de 10 de julio; y, por la SCP 0619/2012 de 23 de julio, entre otras. En ese marco, la SC 0220/2004-R de 12 de febrero, sobre la base de la SC 0287/2003-R de 12 de igual mes, señaló que si las partes deciden no hacer el seguimiento al recurso ni asistir a la audiencia, no obstante que fueron legalmente notificadas, con ningún argumento podrán alegar indefensión; pues son ellas, las que provocaron dicha situación.

4El FJ III.3, manifiesta: “Practicada la notificación legal a las partes, con la resolución que impone la medida cautelar personal, el decreto de remisión de obrados ante el tribunal de alzada y por ende, habiendo sido de conocimiento de los mismos, la existencia del recurso de apelación, no es necesario que las partes sean notificadas personalmente con el decreto de señalamiento de audiencia de consideración del recurso de apelación; consecuentemente, ésta debe practicarse en una de las formas señaladas por los arts. 161 y 162 CPP” (las negrillas son añadidas). 5El FJ III.4, establece: “En el caso de autos, los representados del recurrente tuvieron pleno conocimiento de la apelación y de la remisión de los actuados de la misma al tribunal ad-quem, de manera que en ningún momento, los recurridos les causaron indefensión, pues de la parte conclusiva de esta Sentencia se tiene que fueron notificados en la oficina de su abogado con el Auto de remisión de antecedentes a la Corte Superior de Justicia -extremo que no han negado ni desvirtuado-, momento a partir del cual, de acuerdo a su propio interés debieron hacer el seguimiento del recurso e informe de los actuados de la apelación, pero no lo hicieron, pretendiendo ahora por esta vía subsanar dicha negligencia, que bajo ningún argumento puede ser asumida por este Tribunal como una situación de indefensión, pues ésta según ha entendido la jurisprudencia constitucional en la SC 287/2003-R, no puede ser alegada `(...) cuando ha sido provocada deliberadamente, vale decir, cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso, o ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, provocando su propia indefensión, que en los hechos no sería tal, porque en estos casos no existe lesión alguna de tal derecho por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o por dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo´”.

Más tarde, la SC 1234/2006-R de 1 de diciembre, sobre la base de los precedentes recogidos en la jurisprudencia constitucional, en el Fundamento Jurídico III.3, estableció que:

…a) no es exigible la notificación personal del imputado con el decreto de señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar; b) si el imputado es legalmente notificado con ese decreto, y no comparece a la audiencia, ésta puede desarrollarse válidamente pese a su ausencia; c) ausente el imputado, resulta exigible la concurrencia del defensor, quien lo representa y ejerce el derecho a la defensa. La misma Sentencia Constitucional Plurinacional, señala que si bien no es exigible una notificación personal con la audiencia de medidas cautelares en apelación, tratándose de imputados detenidos en recintos carcelarios, se requiere una determinación judicial que autorice su salida; consecuentemente, la autoridad judicial debe emitir la respectiva orden de salida; por cuanto, no depende de la voluntad de la persona detenida preventivamente, asistir o no a la audiencia. Precedente que guarda concordancia con el orden constitucional que surge a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado, que fue reiterado en numerosas Sentencias Constitucionales Plurinacionales emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, siendo la primera Sentencia confirmadora de dicho entendimiento, la SCP 0746/2012 de 13 de agosto.

III.3. Análisis del caso concreto

El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos a la defensa, a ser oído, al acceso a la justicia y a la impugnación; toda vez que, en la audiencia de 6El FJ III.3, precisa que: “Ahora bien, de la línea jurisprudencial citada precedentemente, se establecen los siguientes aspectos: a) no es exigible la notificación personal del imputado con el decreto de señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar; b) si el imputado es legalmente notificado con ese decreto, y no comparece a la audiencia, ésta puede desarrollarse válidamente pese a su ausencia; c) ausente el imputado, resulta exigible la concurrencia del defensor, quien lo representa y ejerce el derecho a la defensa.

Efectuada esa precisión, debe destacarse que el imputado que sea legalmente notificado con el decreto de señalamiento de audiencia, y no comparece para su realización, no puede alegar un estado de indefensión, teniendo en cuenta que así se determinó en la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, la que siguiendo la jurisprudencia comparada establecida por el Tribunal Constitucional de España en su SC 48/1984, determinó que: “`la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad (…)´.

Sin embargo, la situación de los imputados detenidos en los recintos carcelarios, merece un análisis distinto, teniendo en cuenta que si bien en esos casos, tampoco es exigible una notificación personal, su comparecencia a la audiencia de apelación, por ende, el ejercicio del derecho a la defensa material reconocida por el art. 8 del CPP, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que autorice su salida del recinto carcelario y facilite su comparecencia a la audiencia de fundamentación del recurso de apelación, sea o no el apelante, teniendo en cuenta que al tratarse de un imputado sometido a detención preventiva, el art. 238 del CPP dispone: `(…) Todo permiso de salida o traslado, únicamente lo autorizará el juez del proceso´; en consecuencia, si el proceso penal involucra a un imputado sometido a detención preventiva, el Tribunal de alzada, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los arts. 16.II de la CPE, 5, 8 y 84 del CPP, deberá emitir la respectiva orden de salida, a fin de que el imputado sea conducido ante el tribunal y pueda ejercer su derecho a la defensa material. Entendimiento que implica una modulación de la SC 0663/2006-R, de 10 de julio”.

apelación incidental de medidas cautelares, el Vocal -ahora demandado- instaló la audiencia y emitió el Auto de Vista 481/2022 de 22 de julio, confirmando el Auto Interlocutorio 265/2022 de 4 de julio, que dispuso la detención preventiva, sin permitir que el abogado de la defensa fundamente los agravios ante la ausencia del imputado. En ese sentido, de la revisión de los antecedentes, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luis Alberto Copa Santivañez -ahora impetrante de tutela-, por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, a través de proveído de 19 de julio de 2022, el Vocal demandado señaló audiencia virtual para la resolución del recurso de apelación incidental el 22 de julio del referido año a horas 08:30, mediante plataforma Cisco Webex; por lo cual, dispuso que las partes deberían conectarse a la sala virtual de forma directa mediante enlace con quince minutos de anticipación de la hora mencionada, para el efecto se realizaron las diligencias de notificaciones a todas las partes (Conclusión II.1);C mediante oficio de 21 de julio de 2022, se pone en conocimiento el señalamiento de audiencia virtual al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (Conclusión II.2); asimismo, se tiene el acta de audiencia virtual de apelación incidental de medidas cautelares, desarrollada el 22 de igual mes y año, en la que el Secretario informó que el imputado -ahora accionante-, no se encontraba conectado, pero sí su abogado defensor, además que el mismo no justificó la inasistencia del procesado, tampoco indicó cuál es el motivo de la inasistencia de este; razón por la cual, el Vocal demandado, una vez que verificó que las partes fueron debidamente notificadas y no se encontraba presente en audiencia la parte imputada apelante, dispone: “consecuentemente en estos caso se debe aplicar lo que establece la Ley 1173 en su Disposición Transitoria Décima Tercera que ha creado el Reglamento N° 12/2019 (Reglamento de Conductas y Medias Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinarias en Audiencia en Materia Penal) y ante la inasistencia de la parte imputada apelante se debe aplicar el art. 50 de la citada norma legal” (sic), en base al cual se dictó el Auto de Vista 481/2022, que confirmó el Auto Interlocutorio 265/2022, que dispuso su detención preventiva, al no haberse fundamentado agravio alguno (Conclusión II.3). En lo que se refiere a la incomparecencia del encausado, cabe precisar que conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la asistencia o no del imputado a la audiencia de apelación de medidas cautelares, no depende de su propia voluntad cuando está privado de su libertad, sino de una decisión judicial -orden de traslado o de conducción- que autorice su salida del centro penitenciario donde se encuentre detenido preventivamente hacia el lugar donde se llevará a cabo la referida audiencia. Al respecto, el deber de la autoridad judicial no se limita solo a la emisión de esa orden de salida o de conducción, sino también abarca a su verificación y diligente cumplimiento por parte de las autoridades carcelarias.

En el caso que se examina, de los datos del proceso relacionados precedentemente, se constata que la audiencia virtual fijada para el 22 de julio de 2022, por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se llevó a cabo en ausencia del peticionante de tutela, quien no se conectó a la sala virtual, conforme se tiene del registro de audiencia, donde el Secretario informó este aspecto al Vocal demandado, así como que en el actuado referido se encontraba presente su abogado defensor; no obstante, se emitió el Auto de Vista por el cual el Vocal demandado confirmó la resolución del Juez inferior que ordenó su detención preventiva. En ese contexto, si bien es cierto que el Tribunal de alzada dispuso que se comunique al “Director” del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, el señalamiento de audiencia virtual para que provea y gestione medios tecnológicos para asegurar el desarrollo de la misma, emitiéndose el oficio de 21 de julio de 2022 –nota en la que no se observa el sello de recepción-, lo que implicaba el traslado del procesado apelante, en este caso a la sala virtual instalada en el referido Centro Penitenciario, es lógico que en virtud al derecho a una tutela judicial efectiva, deba velar por la eficacia y correcto cumplimiento de sus órdenes, pues al disponer el traslado de un detenido a su audiencia de apelación, debe cerciorarse de que el recinto carcelario haya adoptado todas las previsiones administrativas y técnicas para garantizar la asistencia del privado de libertad de forma virtual a la audiencia señalada, en cumplimiento de su orden; pues de lo contrario, se vulnera el derecho a la defensa. En todo caso, ante el informe brindado por el Secretario de que el peticionante de tutela no se conectó a la audiencia, debió pedir informe al personal del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, sobre las razones por las cuales el imputado Luis Alberto Copa Santivañez no se había conectado a la audiencia virtual. Al no haber procedido de forma diligente, para esclarecer si la ausencia del mencionado se debía a su decisión personal o algún problema administrativo o técnico del penal, resulta evidente que la autoridad demandada, lesionó el derecho a la defensa del ahora demandante de tutela; y por consiguiente, de su derecho a la libertad; toda vez que, se trataba de una audiencia de apelación de medidas cautelares. Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la defensa técnica durante todo el desarrollo del proceso penal es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado hasta la conclusión del proceso; razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea un abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por autoridad competente; por lo que, el juez o tribunal no puede permitir que el imputado asista a una audiencia sin el asesoramiento de su abogado, y si se diera este caso, el juez debe nombrar de inmediato a un defensor de oficio; caso contrario, vulneraría su derecho a la igualdad y a la defensa técnica. Dicho esto, en la audiencia referida se advierte que se encontraba presente el abogado defensor del imputado, tal como lo señaló el Secretario de Sala en su informe; en ese entendido, éste en representación del imputado ausente bien pudo fundamentar los agravios en relación al Auto Interlocutorio 265/2022; por lo que, la autoridad demandada de ninguna manera podía confirmar directamente la decisión apelada, sin dar la oportunidad al abogado exponga los agravios que le ocasionaba al imputado la decisión apelada, pues al hacerlo, incumplió con su obligación de garantizar la efectividad del debido proceso en lo que implica al ejercicio amplio e irrestricto del derecho a la defensa técnica; razón por la que, en el caso que se examina, evidentemente se ha vulnerado el derecho a la defensa técnica y con ello el derecho a la libertad del peticionante de tutela, puesto que se trataba de la audiencia de apelación de medidas cautelares de carácter personal y al estar presente su abogado, debió otorgarse la oportunidad de que exprese los agravios e ingresar a resolver el fondo; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 76 a 78, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispositivos establecido por el Juez de garantías y los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, señala: “Al respecto y según la opinión de Jorge Eduardo Vásquez Rossi, se puede decir que si bien es importante la defensa material del imputado, la defensa técnica sigue constituyendo, la más efectiva garantía para el resguardo de sus derechos, sea que se ejerza por el abogado de su confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, sostiene que en el art. 9 del actual Código Adjetivo, le otorga prevalencia a la defensa técnica al declarar su carácter irrenunciable, ya que con similares características se encuentra contenida y regulada en los arts. 92 y 94 del CPP; asimismo afirma que, su inobservancia, conforme a lo establecido por el art. 100 del mismo Código, no sirve para fundar ninguna decisión contra el imputado. En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente, pues el incumplimiento de la parte in fine del art. 94 del CPP, no permite utilizar bajo ninguna circunstancia la información obtenida contra el imputado, situación que conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, constituye actividad procesal defectuosa”.

2 El FJ III.3, indica: “Ahora bien es preciso puntualizar que la SCP 0155/2012, a través de una interpretación desde y conforme a la Constitución interpretó el carácter irrenunciable de la defensa técnica determinando que, las autoridades judiciales no deben permitir durante el desarrollo del proceso, que el imputado asista a la audiencia sin la necesaria asistencia técnica, de lo contrario, deberán nombrar un defensor de oficio. Ello significa que, la exigencia de la defensa técnica determina las decisiones de las autoridades judiciales durante el desarrollo de una audiencia”. 3El FJ III.2, refiere: “…se hace mención a lo señalado en la SCP 0155/2012 de 14 de mayo, que dice: `…la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente…´; estableciéndose además en el citado caso, que: `…las autoridades demandadas no deben permitir durante el proceso, que el imputado asista a la audiencia sin la necesaria asistencia técnica, de lo contrario, deberían haber nombrado un defensor de oficio; vulnerándose su derecho a la defensa´”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0534_2024-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 21887c7a92e10924fe6bd5446c30d952f1915fe6e24438828a219b23d51b0a1e

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