B.IA.LEGAL

SCP 0532/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54847-2023-110-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso, en su vertiente motivación; además de que dentro de resolución ahora cuestionada, existió una errónea interpretación de la Ley; por cuanto, los Vocales demandados, dentro del proceso penal, interpuesto por el impetrante de tutela en contra de José Horacio Monasterio Romay y otros, por la comisión del delito estafa, ante la apelación incidental presentada por el prenombrado ciudadano, emitieron el Auto de Vista 213 de 30 de agosto de 2022, por el que declararon procedente la excepción de incompetencia en razón de materia, en base a la aplicación errónea del art. 314, concordante con el art. 344 y 345 del CPP, que permitieron plantear la excepción fuera del plazo establecido -diez días-; por otra parte, las autoridades demandadas llegaron a concluir que dentro del presente caso, no existía dolo por parte de los demandados, extremo que no correspondía sea analizado a través de una excepción de incompetencia, ya que dicho análisis correspondería en todo caso, al constituirse en elementos del delito, al Juez de Sentencia Penal; por lo que solicitó que se conceda la tutela, en consecuencia, se disponga: a) Se anule el Auto de Vista 213 de 30 de agosto de 2022, su complementación y explicación emitida por las autoridades demandadas; y, b) Se emita un nuevo Auto de Vista, conforme a los fundamentos que se emitan en la Resolución de la Sala Constitucional. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 55/2023 de 10 de abril, cursante de fs. 398 vta., a 400, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada CORRESPONDE SCP 0532/2025-S3 (viene de la pág. 15).

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0532/2025-S3 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 54847-2023-110-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 55/2023 de 10 de abril, cursante de fs. 397 vta., a 400, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Isabelio Acuña Abrigo contra Gladys Alba Franco y Julio Nelson Alba Flores, Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 14 y 28 de febrero de 2023, cursantes de fs. 330 a 339; y 342 a 343, respectivamente, el accionante señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 22 de octubre de 2018, presentó denuncia por la comisión del delito de estafa, en contra José Horacio Monasterio Romay, Sergio, Pablo Marcelo, Carolina, René Andrés Martín todos Arce Romero, debido a que estos, mediante engaños el 16 de mayo de 2014, le hicieron firmar un documento en el que supuestamente, José Horacio Monasterio Romay, le cancelaría la suma de $us46 000.- (cuarenta y seis mil dólares estadounidenses), de un total de $us54 000.- (cincuenta y cuatro mil dólares estadounidenses). Posteriormente, en el documento de 24 de junio de 2016, suscrito con los imputados Sergio, Pablo Marcelo, Carolina, René Andrés Martín todos Arce Romero, le subrogaron la acreencia que tenían con el imputado José Horacio Monasterio Romay, producto del contrato de 16 de mayo de 2014; sin embargo, solamente se le entregó $us16 000 (dieciséis mil dólares estadounidenses), y pese a sus constantes reclamos, al no ser atendido, tuvo que iniciar una acción penal. El coimputado, José Horacio Monasterio Romay, por memorial presentado el 8 de febrero de 2022, planteó ante el Juez de la causa, tres excepciones: a) Incompetencia en razón de materia; b) Cosa juzgada; y, c) Extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; que fueron resueltas mediante Auto Interlocutorio 01/2022 de 2 de junio; resolución contra la cual el referido imputado interpuso recurso de apelación, que fue resuelta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 213 de 30 de agosto de 2022, , por el que declararon fundada la excepción de incompetencia propuesta por el imputado y en consecuencia dispusieron el archivo de obrados; cuyo contenido, al analizar la excepción de incompetencia en razón de materia, se determinó que la vía penal no era la indicada para exigir el cumplimiento de un contrato; por lo que a criterio del accionante, en el referido Auto de Vista, existieron los siguientes actos ilegales: Primer acto: Sostiene que los Vocales demandados actuaron de manera ilegal, al considerar que no existía dolo en la conducta del acusado, cuando ello, a consideración del accionante, debía de ser dilucidado en un juicio oral y público, pues se trata de un elemento del delito y no llegar a tal conclusión a través de una excepción de incompetencia, como ocurrió en el presente caso; sostiene además que el art. 308 y 310 del Código de Procedimiento Penal (CPP), determinan que respecto a los conflictos de competencia, corresponderá aplicar las disposiciones procesales civiles, relativas la inhibitoria y declinatoria, por lo que en el caso concreto debió aplicarse el art. 17 del Código Procesal Civil (CPC), cuyo contenido establece que el cuestionamiento de la competencia del Juez, debe interponerse en el primer momento que sea posible, y no después de haber consentido tal extremo; sosteniendo que la competencia del Juez fue consentida por el acusado desde el momento en que se le notificó con esta causa, ello demuestra que dentro del Auto de Vista, existió una consideración parcializada de los hechos a favor del imputado. Segundo acto: Que el referido Auto, así como de la explicación y complementación, los Vocales ahora demandados, realizaron una errónea y arbitraria interpretación de los art. 314, 315, 344; y, 345 del CPP, al señalar que al no existir una etapa preparatoria dentro del proceso penal, la excepción de incompetencia podría plantearse antes de la declaración del imputado; cuando de la lectura de los citados artículos, evidenció que las excepciones e incidentes deben ser planteados dentro de los diez días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía constitucional (extremo dispuesto en art. 314.I), que las excepciones solo pueden darse en los casos en que existan causales sobrevinientes y en las excepciones de extinción de la acción penal, que estas se dan por el transcurso del tiempo.

Pese a lo detallado precedentemente, los Vocales demandados permitieron que el imputado plantee una excepción, cuando mejor le pareció, dando por bien planteada la misma, con una interpretación de la norma, infra constitucional, que contradice el método de interpretación literal, vulnerando el derecho a una justicia plural pronta y oportuna, así como el principio de seguridad jurídica.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su vertiente de una resolución motivada; y, una errónea interpretación de legalidad ordinaria; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: 1) Se anule el Auto de Vista 213 de 30 de agosto de 2022, su complementación y explicación emitida por las autoridades demandadas; y, 2) Se emita un nuevo Auto de Vista, conforme a los fundamentos que se emitan en la Resolución de la Sala Constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 10 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 389 a 397 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de la acción de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Gladys Alba Franco y Julio Nelson Alba Flores, Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito, tampoco asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 356 y 357.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

René Andrés Martín Arce Moreno, en calidad de tercero interesado, por medio de su abogado en audiencia, solicitó se deniegue la tutela, indicando que: i) Ninguno de los acusados, tuvieron la oportunidad de oponer incidentes y excepciones dentro de los diez días a que se refiere el art. 314 del CPP, precisamente porque no existió la etapa preparatoria de juicio, y no hubo imputación; además el juicio era de acción privada y se tramita según lo determinado en los arts. 375 y 376 y siguientes del CPP, entonces no se está ante un procedimiento ordinario, como es el que se establece para los delitos de orden público, ii) La parte accionante realizó una errónea interpretación de la norma, ya que de manera maliciosa se refiere al art. 344 del CPP, cuando dicho artículo está referido al juicio penal de orden público, específicamente a los actos preparatorios del juicio en sí, en consecuencia no es aplicable al art. 375 del CPP, porque el mismo regula los delitos que vienen ante los Jueces de Sentencia por una acusación particular, o como en el caso presente por una conversión de acciones; y, iii) El Auto de Vista en el que se declara probada la extinción de incompetencia está debidamente Fundamentado, donde los vocales señalan la aplicación de los arts. 245 y 345 del CPP. que determina que, respecto a los incidentes y las excepciones deben de ser tramitados en un solo acto y al no ser un proceso ordinario, que se tramita en los casos de los delitos de orden público y el presente caso se trata de un proceso por una acción privada, además que tampoco existieron los actos preparatorios del juicio, ello implica que desde el primer momento del proceso oral se puede interponer la excepción de incompetencia, en consecuencia la excepción de incompetencia es a todas luces procedente. José Horacio Monasterio Romay, en calidad de tercero interesado por medio de su abogado, solicitó se deniegue la tutela, señalando que: a) El Auto de Vista impugnado por el accionante, cuenta con motivación fáctica y motivación jurídica debidamente coherente, razonable, que no viola ningún derecho, ni garantía constitucional; b) En cuanto al cómputo de los diez días, es necesario conocer el contenido del art. 46 del CPP, en el que establece, que la incompetencia en razón de materia puede ser declarada en cualquier estado del proceso; por lo que existe una confusión con el tema de los plazos del derecho material, como es el del Juez natural y el Juez competente en razón de materia, cuando esta puede ser declarada aun de oficio; c) Refiere que en el caso concreto, nunca se aperturó la etapa preparatoria, además que en su caso se planteó una objeción de querella; sin embargo, la audiencia de conciliación no se llevó a cabo conforme lo previsto por el art. 377 del CPP, lo que implica que procesalmente no nació el proceso oral, así que se planteó la excepción de competencia en razón de materia, por lo que no tiene sentido el afirmar que dicha excepción se presentó fuera del plazo de diez días; y, d) El Auto de Vista confutado, se basó en dos Autos Supremos, que desarrollan la doctrina legal aplicable, de lo que se denomina contratos criminalizados, o la estafa por medio de los contratos; llegándose a la conclusión que los hechos de este caso, no se constituían en un delito, y que se trata de un caso incumplimiento contractual, extremo que se encuentra correctamente explicado dentro de dicha resolución.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 55/2023 de 10 de abril, cursante de fs. 397 vta. a 400 vta., denegó la tutela solicitada. Determinación asumida bajo los siguientes fundamentos; que dentro del presente caso, debe considerarse tres aspectos, que corresponden sean puntualizados: 1) La primera, en el hecho de que los procesos por delitos de acción pública tienen una tramitación y los delitos de acción pública convertidos o de acción privada también, tienen otro procedimiento, que deben ser seguidos por el Juez de Sentencia; ese procedimiento ubica la fase de planteamiento de excepciones o incidentes en un momento procesal, similar al de los juicios de acción pública, lo que no hace o impide la posibilidad de poder presentar algún medio de defensa previo o posterior, dependiendo de la naturaleza que ellos tengan; 2) La segunda, en el hecho de lo establecido por el art. 46 del CPP, respecto al planteamiento de la excepción de incompetencia, que señala que la incompetencia por razón de materia puede ser declarada aun de oficio, en cualquier estado del proceso, y por otro lado, la relación con el artículo del Código de Procedimiento Penal, que evidentemente señala que las excepciones deben ser planteadas en los diez primeros días de conocida la acusación o el cargo que se plantea; en ese sentido, es necesario distinguir que el art 314 del CPP está diseñado en la lógica de las excepciones o incidentes, que tengan un carácter formal, y que no puedan surgir a lo largo del proceso; ahora, se puede nominar aquellas excepciones que por su naturaleza no tienen la limitación establecida en el citado artículo, como ser la excepción por duración máxima del proceso, el de la prescripción o de la extinción de la acción penal, que pueden plantearse en cualquier momento o etapa procesal; resulta claro que la incompetencia por razón de materia, establecida en el art. 46 CPP, es un elemento propio de las cuestiones de orden público y por ello, esta puede ser planteada y resuelta en cualquier momento, incluso en sentencia; y si bien las autoridades demandadas, dentro de la resolución impugnada no hicieron mención al art. 46 CPP, al ser esta una cuestión de orden público determinada por el código adjetivo penal, no ameritaría que el Tribunal de apelación referirse a esas cuestiones que son de conocimiento general del derecho y que además surgen apegadas fundamentalmente al hecho de que un Juez pueda o no tener la competencia frente a un hecho, dado que fundamentalmente, para que exista un Juez competente en materia penal, este tiene que observar de que los hechos atribuidos ante su Tribunal, no sean ni estén previstos en ninguna otra materia; tal y como ocurre en el presente caso, que los hechos denunciados, puede hablarse del Proceso Civil, por lo tanto la protección del derecho, no va a estar en el marco del derecho penal; y, 3) Finalmente, la tercera es la relevancia constitucional, ya que la lógica del accionante, es que los Vocales demandados pronuncien una nueva Resolución, respecto a las observaciones planteadas; sin embargo, ello resultaría irrelevante frente a lo dispuesto por el art. 46 del CPP, por lo que incluso la concesión de tutela, no cambiaría la misma en el fondo, ya que resulta claro que dicha excepción, puede ser presentada en cualquier etapa del proceso, incluso en sentencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante memorial de 8 de febrero de 2022 presentado ante el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, José Horacio Monasterio Romay, interpuso excepciones de incompetencia en razón de materia, cosa juzgada por violación de la garantía del no bis in ídem y extinción de la acción penal por duración máxima del proceso (fs. 242 a 256). II.2. Cursa Auto Interlocutorio 01/2022 de 02 de junio, emitido por la Jueza de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, por el que determinó declarar improbadas; las excepciones de incompetencia, cosa juzgada y duración máxima del proceso planteadas por José Horacio Monasterio Romay; entre sus razones de la decisión por las cuales resolvió declarar improbadas las excepciones planteadas son: respecto a la excepción de incompetencia, manifiesta que si bien es cierto que existe una Resolución de Rechazo de denuncia por parte del Ministerio Público, no es menos cierto que se podía solicitar la conversión de acciones ante el Juez que tenga el control jurisdiccional de la causa y que al haberse dado la misma, se utilizó el procedimiento para delitos de acción privada; y, que su autoridad era competente para conocer los mismos conforme el art. 53.1 y siguientes del CPP. (fs. 275 a 289) II.3. Se tiene recurso de apelación incidental de 14 de junio de 2022, planteada por José Horacio Monasterio Romay, ante la Jueza de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; entre sus argumentos manifiesta, en relación al rechazo de la excepción de incompetencia, que la Juez ad quo, no valoró correctamente que se estaba ante un hecho de naturaleza civil, siendo competente el Juez en materia civil; asimismo, ante un hecho de cosa juzgada y doble procesamiento, ya que el Ministerio Público resolvió el proceso penal disponiendo el rechazo. (fs. 293 a 298 vta.) II.4. Por memorial de 22 de junio de 2022, el impetrante de tutela contestó el recurso de apelación incidental, argumentando que la excepción de incompetencia, fue extemporánea; y, que conforme a lo establecido en el art. 314 del CPP, la misma debió ser planteada dentro de los diez días notificado o conocido el acto que vulnero sus derechos. (fs. 301 a 302) II.5. Mediante Auto de Vista 213 de 30 de agosto de 2022, Gladys Alba Franco y Julio Nelson Alba Flores, Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera respectivamente, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declararon ADMISIBLE Y PROCEDENTE parcialmente la apelación interpuesta por la parte apelante imputada -José Horacio Monasterio Romay-, contra la Resolución de 2 de junio de 2022, dictada por el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del mismo departamento; y, declararon FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA EN RAZON DE LA MATERIA, disponiendo el archivo de obrados (fs. 307 vta. a 310 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso, en su vertiente motivación; además de que dentro de resolución ahora cuestionada, existió una errónea interpretación de la Ley; por cuanto, los Vocales demandados, dentro del proceso penal, interpuesto por el impetrante de tutela en contra de José Horacio Monasterio Romay y otros, por la comisión del delito estafa, ante la apelación incidental presentada por el prenombrado ciudadano, emitieron el Auto de Vista 213 de 30 de agosto de 2022, por el que declararon procedente la excepción de incompetencia en razón de materia, en base a la aplicación errónea del art. 314, concordante con el art. 344 y 345 del CPP, que permitieron plantear la excepción fuera del plazo establecido -diez días-; por otra parte, las autoridades demandadas llegaron a concluir que dentro del presente caso, no existía dolo por parte de los demandados, extremo que no correspondía sea analizado a través de una excepción de incompetencia, ya que dicho análisis correspondería en todo caso, al constituirse en elementos del delito, al Juez de Sentencia Penal; por lo que solicitó que se conceda la tutela, en consecuencia, se disponga: a) Se anule el Auto de Vista 213 de 30 de agosto de 2022, su complementación y explicación emitida por las autoridades demandadas; y, b) Se emita un nuevo Auto de Vista, conforme a los fundamentos que se emitan en la Resolución de la Sala Constitucional. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia

Al respecto la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, realizó el siguiente análisis:

“El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio2, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3. de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución” 2 El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3 El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.

4 El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.

SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv. a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -

POR TANTO

-; y, iv. b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su 5 El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6 El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación; previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional, por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se 7 El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.

8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”

9 El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.

10 El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones; es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aun carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna” (todas las negrillas fueron añadidas).

III.2. Sobre la relevancia constitucional

A objeto de resolver parcialmente el caso en análisis, corresponde hacer alusión a lo expresado por la SCP 0323/2013 de 18 de marzo, al señalar: “…es pertinente recordar lo establecido por el Tribunal Constitucional en la jurisprudencia trazada en la SC 0995/2004-R de 29 de junio, en la que se señaló lo siguiente: '…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados'. Conforme a la jurisprudencia constitucional citada precedentemente, el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión final adoptada, ya sea en un proceso judicial o un proceso administrativo interno, esto en razón de que no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen los posibles defectos procedimentales, si es que finalmente se llegará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales” (las negrillas nos corresponden). Este entendimiento jurisprudencial fue extraído de la SCP 101/2014-S2 de 4 de noviembre.

III.3. Análisis del caso concreto

De manera previa al análisis de fondo, corresponde realizar una correlación de los actos jurídicos que desencadenaron en la emisión del Auto de Vista 213 de 30 de agosto de 2022; en ese sentido José Horacio Monasterio Romay, el 8 de febrero de similar año, interpone excepciones de: incompetencia en razón de materia, cosa juzgada por la violación de la garantía del no bis ídem y extinción de la acción penal por duración máxima del proceso (Conclusión II.1). Excepción dio lugar a la emisión de Auto Interlocutorio 01/2022 de 2 de junio, emitido por la Jueza de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, por el que declara improbadas las excepciones planteadas por el demandado (Conclusión II.2). Posteriormente, el 14 de junio de 2022, José Horacio Monasterio Romay, interpuso recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio (Conclusión II.3), que fue respondida por el impetrante de tutela, el 22 de junio de similar año, con el argumento; que respecto a la excepción de incompetencia, la misma fue presentada de manera extemporánea y que conforme establece el art. 314 del CPP, debió ser planteada dentro de los diez días de notificado o conocido el acto que vulnero sus derechos (Conclusión II.4); emitiéndose el auto ahora impugnado. Dentro del presente caso, se tiene que el solicitante de tutela, denuncia que en el Auto de Vista 213 de 30 de agosto de 2022, emitido por los Vocales ahora demandados, se cometieron los siguientes agravios: Primer agravio: Que los Vocales demandados hubieran actuado de manera ilegal, al considerar que dentro del caso concreto, los hechos denunciados, no se advierte de la existencia de dolo en la conducta de los acusados, y que en todo caso la conducta se circunscribe más a un incumplimiento de contrato, que puede ser analizado y resuelto por la vía civil; tal conclusión, a consideración del accionante, debía de ser dilucidado en un juicio oral y público, pues se trata de un elemento del delito y no se puede llegar a tal conclusión a través de una excepción de incompetencia, como en los hechos ocurrió, siendo que tales extremos debían ser analizados en todo caso por el Juez de Sentencia. Segundo agravio: Que al declarar procedente la excepción de incompetencia interpuesta por uno de los demandados; realizaron una aplicación errónea del art. 314 concordante con el art. 344 y 345 del CPP, cuando claramente, la excepción fue planteada fuera del plazo de los diez días establecidos por el art. 314 del CPP; cuyo argumento se basó, que al no existir una etapa preparatoria, la excepción de incompetencia podía plantearse antes de la declaración del imputado, cuando de la lectura de los indicados artículos, se puede evidenciar que las excepciones e incidentes deben ser planteados dentro de los diez días de notificado o conocido el acto, que vulnere un derecho o garantía constitucional, que las excepciones solo se pueden dar en los casos que existan causales sobrevinientes; y, que la excepción de extinción de la acción penal, se da por el transcurso del tiempo.

III.3.1. Respecto a la actuación ilegal de los Vocales demandados, al analizar elementos de fondo en cuanto a la naturaleza de los hechos denunciados -estafa-, cuando dicho extremo es competencia del juez-aquo.

Respecto al primer agravio, del contenido de la resolución impugnada, se tiene que llegó a la conclusión de que en el presente caso no se presentaba el elemento del dolo en los siguientes términos: Efectivamente existe un documento colectivo de compra-venta; y, otro de subrogación de deuda, entre los hermanos Arce Romero e Isabelio Acuña, en el que el imputado se comprometió a cancelar la suma de $us46 000.- (cuarenta y seis mil dólares estadounidenses), por concepto de una anterior compra que había realizado el padre (ahora occiso) de los suscribientes de dicha subrogación de obligación; por lo que no puede decirse que a partir de ese momento se hubiera podido evidenciar la existencia de un dolo directo y sancionable penalmente, ya que el ahora impetrante de tutela, admite que ya se le habían dado pagos parciales del monto debido; pero que finalmente se incumplió con el pago total de lo convenido; por lo que estos extremos, no se acomodan al dolo sancionable penalmente, que es aquel que procede a la firma o suscripción de un contrato con características de un contrato civil; así lo establece el Auto Supremo 137/2012 de 10 de julio. En ese entendido, se tiene que cuando el propósito es el defraudar, el mismo debe degenerarse antes o a momento de la celebración del contrato; sin embargo, dentro del presente caso, se tiene que la presunta víctima recibió el monto de $us16 000.-(dieciséis mil dólares estadounidenses), por concepto de la obligación que está pactada en el documento de subrogación de obligación de 14 de junio de 2016; por lo que no puede considerarse un dolo eventual ni directo, no siendo punible penalmente, y que el incumplimiento de pago adeudado, deviene en una responsabilidad civil. Resumidos los argumentos expuestos, se concluye que los mismos describen los hechos denunciados (describe un marco fáctico), conceptualiza el elemento del dolo en el delito de estafa; y, cita jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (doctrina legal aplicable) para llegar a la conclusión de que en este caso la responsabilidad tiene una naturaleza civil y no así penal, ya que en este caso no se pudo evidenciar un acto doloso con carácter previo a la firma del indicado contrato. Por lo previamente detallado, los argumentos del accionante revelan su desacuerdo con lo decidido por las autoridades demandadas, cuando en realidad, estos fundamentaron y motivaron su decisión, dando una respuesta racional del porque determinaron que este caso no tenía una naturaleza penal; y, que el objeto del mismo es el incumpliendo de una obligación patrimonial, ya que no se evidencia la existencia de un acto doloso; por lo que dicha fundamentación resulta necesaria para determinar la procedencia de la excepción de incompetencia en razón de la materia, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada sobre este punto.

III.3.2. Respecto al plazo para la interposición de la excepción de incompetencia en razón de materia

El impetrante de tutela, manifiesta que en el Auto de Vista 213 de 30 de agosto de 2022 emitido por las autoridades demandas, se realizó una interpretación literal y gramatical errónea respecto al art. 345 del CPP, en relación con el art. 314 y 315 del mismo código, puesto que no consideraron que la excepción fue presentada fuera de plazo; al respecto, debemos señalar que las autoridades demandadas, fundaron su decisión en aplicación del art. 345 del CPP., concordante con el art. 314 y 315 del referido código, entendiendo que la excepción de incompetencia podía ser planteada en cualquier momento, hasta antes de la declaración del imputado y que en el caso particular, fue planteada antes de que comience el juicio oral.

En ese sentido, si bien el sustento del impetrante de tutela sobre el acto lesivo se funda en la inaplicación del art. 314.I del CPP, que establece, “las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal”; sin embargo, no es menos evidente que, el procedimiento penal, como regla general respecto a la incompetencia en razón de materia, en su art. 46 establece que “la incompetencia por razón de materia será declarada, aun de oficio, en cualquier estado del proceso”, bajo esa lógica y siguiendo la interpretación de la regla específica por la norma procesal penal para casos como este, las excepciones de incompetencia en razón de materia de oficio o a petición de parte podrán ser tramitadas en cualquier momento del proceso; por lo que se concluye, que si bien, la excepción de incompetencia en razón de materia, fue admitida bajo un razonamiento diferente por parte de los Vocales demandados, resulta claro que el efecto básicamente es el mismo, que el descrito por el referido art. 46 del CPP. Si bien es cierto que dentro de su contenido, en el análisis propio de la excepción de incompetencia en razón de materia, las autoridades demandadas no cumplieron a cabalidad con los presupuestos establecidos para ser una resolución motivada y fundamentada, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, puesto que no explicaron el sustento legal de su determinación, es decir la norma aplicable al caso concreto, para declarar fundada la excepción de incompetencia en razón de la materia, ya que sus fundamentos se centraron en hacer una exposición respecto al delito de estafa y la subsunción de los hechos al tipo penal y no así al sustento legal por el cual existe la incompetencia; sin embargo, en conclusión, si bien la aplicación y entendimiento de la norma por parte del Tribunal de alzada pudo ser diferente y la motivación de dicha resolución no llegó a ser suficiente, en este punto, debe considerarse que en el presente caso, en particular, el impetrante de tutela a través de la presente acción tutelar, pretende que se realice una corrección respecto a la norma aplicable al caso concreto, y en consecuencia se deje sin efecto la resolución impugnada, con la finalidad de que en el fondo se determine que la excepción de incompetencia en razón de materia está planteada fuera de plazo. En este punto, debe tomarse en cuenta lo razonado respecto al contenido del art. 46 del CPP; que la incompetencia en razón de materia, podrá ser planteada en cualquier momento del proceso; por lo que aun dejando sin efecto el Auto de Vista ahora impugnado, las razones para emitir una nueva Resolución fundamentada, en el fondo motivarían a que se emita un nuevo Auto de Vista que no tenga efectos modificatorios respecto al fondo de lo decidido, razón por lo que las omisiones de fundamentación detectadas, carecen de relevancia constitucional, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por cuanto corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 55/2023 de 10 de abril, cursante de fs. 398 vta., a 400, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada CORRESPONDE SCP 0532/2025-S3 (viene de la pág. 15). Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0532_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 92f805c359fb2d792ce1a8059afde5bf27c6dc6e0c8089c31ec2f7b7315eadea

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →