B.IA.LEGAL

SCP 0532/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de agosto de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
23 de agosto de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
49285-2022-99-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, restringido a consecuencia de la ejecución de un mandamiento de apremio, librado el 20 de junio de 2022 en su contra, dentro del proceso laboral seguido contra el “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO”, del que fue representante legal hasta la revocatoria de dicho mandato mediante el Testimonio 554/2019. Por ello, al no ser ya la apoderada de la Asociación demandada, mucho tiempo antes de la notificación de la Sentencia 04-22 -dictada en dicha causal laboral- inclusive; por escrito de 8 de julio de ese año, solicitó ante el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, que se deje sin efecto el referido mandamiento de apremio consignado a su nombre; sin embargo, en un actuar negligente, la referida autoridad judicial dilató la tramitación de su requerimiento, notificando el decreto para correrlo en traslado después de dos semanas, el 22 del indicado mes y año, el mismo día y de forma casi simultánea a la privación de su libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 17/2022 de 24 de julio, cursante de fs. 129 vta. a 133 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada por dilación vinculada al derecho a la libertad de la accionante; y en consecuencia, ordenar al Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, que en el plazo de veinticuatro horas computables desde su notificación con el presente fallo constitucional, imprima el trámite correspondiente y resuelva la situación jurídica de la prenombrada dentro del proceso laboral seguido por Erasmo Veramendi Gutiérrez contra “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO”; siempre y cuando ello no hubiese ya sucedido, y estar definida ya la condición y representación legal de la parte demandada. 2º DENEGAR la tutela impetrada en cuanto a la definición de la condición de la peticionante de tutela dentro del proceso laboral de referencia, así como, respecto a su petitorio de que se disponga la nulidad del Mandamiento de Apremio de 20 de junio de 2022; la legal notificación con la Sentencia 04-22 de 3 de febrero de igual año en la forma debida; y, se disponga su inmediata libertad; pues todo ello corresponde ser analizado y resuelto intraproceso por el Juez accionado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el cumplimiento de plazos y celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0532/2024-S2 Sucre, 23 de agosto de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 49285-2022-99-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 17/2022 de 24 de julio, cursante de fs. 129 vta. a 133 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por René Sauciri Choque en representación sin mandato de Darling Socorro Cabrera Vargas contra Jhonny Escobar Llanos, Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de julio de 2022, cursante de fs. 112 a 113, la accionante a través de su representante, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el despacho judicial a cargo de Jhonny Escobar Llanos, Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, se tramita un proceso por cobro de beneficios sociales interpuesto por Erasmo Veramendi Gutiérrez contra el “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO”, -tal como consta en la demanda y en el auto de admisión respectivo-, en los que no figura su nombre como una persona natural que sea parte del proceso. Así, consta la citación irregular con la demanda al referido Centro Comercial, practicada el 11 de abril de 2019, con la intervención de la Oficial de Diligencias y de “…Jorge H Álvarez de la Asociación de copropietarios” (sic); luego, otra notificación de 23 de febrero de 2022, a la misma persona jurídica demandada, figurando como receptora de tal diligencia María Laura Valencia Gutiérrez, en la calle Quijarro 123 “…que estando identificado la representación de la parte demandada y con la misma se tiene el domicilio real en Av Cañoto pasando una cuadra de la Av. Centenario(ver OTROSI 1ro de la demanda a fs 8 vlta y admisión de la demanda de fecha 17 de Diciembre de 2018…” (sic). Por lo tanto, enfatiza que en la misma forma que fue citada con la demanda y su admisión, debió procederse respecto al diligenciamiento de la “Sentencia” de 3 de febrero de 2022, para así asegurar y garantizar su derecho irrenunciable a la impugnación; empero, al no haberse obrado de esa manera, se la situó en estado de indefensión. Siendo tal proceder, el antecedente que dio lugar a la emisión de un ilegal mandamiento de apremio en su contra; ya que “a fs. 77” se pidió ejecutoria -se entiende de la Sentencia 04-22, por el demandante-, dando irregularmente curso a ello el 17 de marzo de 2022 “…a fs 80 se pide MANDAMIENTO fs 81 se CONMINA cuya diligencia es irregular fs 86…” (sic); pues dicha decisión se notificó en la persona “…de un testigo de la calle…” (sic), de nombre Encarnación Justiniano Méndez, siendo el “diligenciero” -se entiende el Oficial de Diligencias a cargo de dicha actuación- Cristian Céspedes Mendoza, no obstante de ser -la conminatoria- un actuado relevante que debe comunicarse de forma personal para que tenga efecto legal y constitucional, a fin de proscribir toda indefensión. Una vez reiterado el pedido de apremio por el demandante y sin apercibirse correctamente, el Juez hoy accionado cometió el agravio de librar mandamiento de apremio en su contra, sin antes constatar y garantizarle el conocimiento de la Sentencia; pues en el ínterin de las innumerables suspensiones de audiencia, la “…ASOCIACION DE COPROPIETARIOS COMERCIAL CAÑOTO…” (sic); cambió de representante legal, mediante el Instrumento Público 554/2019 de 31 de mayo, suscrito ante la Notaría de Fe Pública “71”, por el cual se revocó el Poder Especial 931/2015 de 26 de junio, que le fue otorgado para que asuma en tal calidad. Conforme a esos antecedentes, su apersonamiento ya no tiene efecto -se entiende al proceso laboral en cuestión-, por ser la parte demandada una persona jurídica, a la que el demandante y el Juez accionado, deben pedir y ordenar su notificación con la “sentencia” en sus actuales representantes legales. Por lo que, desde entonces -2019-, ya no asistió “…al juicio, (ver timbre electrónico del 8 de julio 2022)…” (sic); y por la demora “en resolver” -no identifica qué requerimiento- se “CORRE EN TRASLADO”; por lo que, fue dicha demora la que provocó su privación de libertad. Debiéndose tener tal antecedente como constancia irregular en la ejecución del Mandamiento de Apremio de 22 de julio de 2022.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La parte accionante a través de su representante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 22, 23.I, “24”, “108, 109, 110, 113”, “115.II”, “125”, “126”, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se disponga la nulidad del mandamiento de apremio; b) Se ordene la legal notificación con la Sentencia -se asume 04-22- en la forma debida; y, c) Se ordene a la Gobernadora del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, disponga su inmediata libertad, sin condiciones ni dilaciones.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia el 24 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 127 a 129 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción libertad y, ampliando en audiencia, manifestó que: 1) No obstante que ante la falta de informe de la parte accionada y la omisión de remisión del expediente laboral, la jurisprudencia constitucional estableció que se presume la veracidad de los hechos alegados en su demanda de acción tutelar, enfatiza que la tramitación del proceso laboral que dio origen al mandamiento de apremio ejecutado en su contra, se desarrolló de manera irregular, ya que hubo suspensiones debido al paro cívico -sin fecha-, “…a la de la Asociación de Copropietarios Comercial Cañoto” (sic); 2) Ante la revocatoria del poder de representación, la emisión del mandamiento de apremio en su contra resulta irregular, porque no tuvo conocimiento de la sentencia en forma legal, ni de la conminatoria para dar cumplimiento. De donde resulta que dicho fallo cobró cosa juzgada formal y no material, pues ante los rumores “…a fs. 103 al 105” (sic); a través de un incidente se “hizo conocer” dicha situación, en sentido que dejó de ser representante de la Asociación de Copropietarios del “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO” desde el 2019, y a pesar de ello, se emitió dicha orden judicial el año 2022 -se entiende, en su contra-; 3) Correspondía al Juez hoy accionado, dar celeridad a la “tramitación” de hacer conocer al “interesado, al demandante” para que indique quién es el nuevo representante de la indicada Asociación de Copropietarios; reiterando lo aducido en su memorial principal, respecto a la citación y notificación personal en el domicilio de la persona natural involucrada, pues más allá de que fuera posible interpretarse que la comunicación con la sentencia, puede realizarse en el domicilio procesal, resulta que en su caso, tal diligencia fue representada por su anterior abogado, quien refirió que tiene cerrada su oficina por estar cumpliendo funciones en la Alcaldía Municipal de Warnes del departamento de Santa Cruz; 4) No obstante que ello fue de conocimiento del Juez accionado, se procedió a ordenar y luego a ejecutarse el mandamiento de apremio en su contra. Actuación que denota negligencia, pues “…pudo haber rechazado el incidente, impugnado…” (sic), pero no se hubiera consumado el acto ilegal; 5)

Ante la reacción por la ejecución de dicha orden judicial “el viernes 22”, recién “hacen aparecer” el traslado -no precisa de qué actuación en concreto-; por lo que, no existe cosa juzgada material; 6) Le fue privado el derecho a la impugnación, consagrado en el art. 180.II de la CPE y en el Código Procesal del Trabajo; ya que debió corregirse el error procesal incurrido y notificarse con la sentencia a la persona que actualmente funge como representante de la parte demandada del proceso laboral -Asociación de Copropietarios del “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO”-, a fin de computar el cumplimiento de la obligación perseguida y embargarse preventivamente su patrimonio; más no apremiar a una persona natural que ya no es representante de dicha sociedad ni puede disponer sobre los bienes de aquella; 7) Al haberse obviado los aspectos señalados, se restringió su derecho a la dignidad, pues fue privada arbitrariamente de su derecho a la libertad, debido a que el incidente que opuso no fue oportunamente decretado; pues más allá de haberse privado a la “entidad demandada” de su derecho a la impugnación, en su caso particular, no tuvo oportunidad de efectuar reclamo alguno, alcanzando únicamente a hacer conocer al Juez accionado, que ya no “tiene” el poder con el que se apersonó; 8) El “7” cuando la demandan y “dicen” que hay un mandamiento de apremio en su contra, -se entiende, puso ello a conocimiento de su abogada-; y el 8 de julio de 2022, “ingresó” un memorial a través del cual se apersonó también su asesora; sin embargo de ello, no le permitieron el acceso al expediente de la causa; 9) “El 12 hay un abogado en el cuadernillo de registro que presente pase profesional (…) me fijo y se sigue quedando mi expediente” (sic). Pese a que -se entiende, su abogada-, fue todos los días al Juzgado, no le fue permitido revisar actuados; 10) Tuvo que esconderse “esta semana”, para que no se ejecute la orden de apremio; empero, ante la necesidad de procurarse sostén económico para sí, su hijo y su madre que está en estado vegetal, decidió salir a trabajar y fue privada de su libertad; 11) Los mandamientos de apremio se negocian “…hay un abogado que aparece con el mandamiento de apremio, fíjense a fs. 86 atrás recibe el abogado y el lo ejecuta…” (sic); 12) El personal de apoyo jurisdiccional del Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no permitió que su abogada se entreviste con el Juez -ahora accionado- ni que acceda al expediente, aduciendo que dicha profesional no estuviera apersonada, pues hasta ese entonces no se había proveído su “memorial”; 13) Fue apremiada a las dos de la tarde -no indica fecha-, en el ínterin que su abogada patrocinante aguardaba una respuesta a su memorial; al que tuvo acceso a las “tres y media” -no precisa fecha-; añadiendo -dicha abogada- que “…por eso no lo han traído, [el expediente a la audiencia de acción de libertad], me notifican en blanco (…) con el traslado me notifican, me sacan el memorial de este señor, donde dice que él ya no es patrocinante (…) lo tomaron mi memorial como un incidente no revoco, no hizo nada con el mandamiento de apremio, ‘les dije ya están en venida, ahora que hago’, ‘fácil mamita el lunes pague’, me dijo el secretario, de donde va a sacar [para pagar] (…) si no es ella la dueña de la cuenta, de la plata, todavía llego uno del Comercial Cañoto, me dijo ‘Dra. Dicen que se han llevado a la clienta’, ‘no’, le digo ‘aquí estoy reclamando’, ‘sabe que quiero pagar’ le dijo el hombre, 15:30 pm, quien va pagar si a las 15:00pm cierran las cajas, me entregaron una nota de pago, está en el expediente, lo voy hacer llegar al tribunal constitucional, cuando vaya a revisión esto, para que vean todas las irregularidades que han pasado, recién el 22 a las 15:30 pm tuve conocimiento del expediente, cuando ella [la accionante] estaba en Palmasola, recién salió el memorial que presente el 08 de julio” (sic); y, 14) Se ratifica en su petitorio y los alcances de la tutela impetrada. A la pregunta del Tribunal de garantías, en cuanto si denunció de manera formal todo lo referido, en particular sobre la ejecución del mandamiento de apremio, ante el Juez hoy accionado; la accionante respondió que ello no le fue permitido por el Secretario del Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, añadiendo que no conoce a dicha autoridad judicial.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Jhonny Escobar Llanos, Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad ni presentó informe escrito; constando su citación con la demanda de acción tutelar y el Auto de admisión de 23 de julio de 2022 (fs. 114), practicada en la misma fecha, indicándose en el Informe suscrito por el Gestor de la Oficina Gestora de Proceso 7 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que esa diligencia se efectuó vía WhatsApp, anexándose las capturas de pantalla respectivas (fs. 115 a 117).

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 17/2022 de 24 de julio, cursante de fs. 129 vta. a 133 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) De acuerdo a los antecedentes procesales presentados por la accionante, el 10 de diciembre del 2018, Erasmo Veramendi Gutiérrez formuló una demanda laboral por beneficios sociales ante el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionado-; misma que fue admitida mediante Auto Interlocutorio de 17 del indicado mes y año, y notificada a la demandada, hoy accionante; quien a través del escrito de 18 de abril de 2019, se apersonó y contestó negativamente la demanda, adjuntando el Testimonio Poder 931/2015 de 26 de junio, a través del cual fuera hasta ese entonces “administradora” del “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO”; ii) “seguramente”, el Juez accionado, el 22 de abril -se entiende, de 2019-, dictó “un auto interlocutorio” disponiendo el término probatorio de diez días comunes a las partes; mismas que presentaron sus pruebas de cargo y descargo, constando tal actuación por parte de la demandada, ahora accionante el 27 de mayo de ese año; iii) Por escrito de 13 de marzo de 2020, la impetrante de tutela, solicitó al Juez accionado, una nueva audiencia de conciliación y de testigos de descargo; proveyéndose favorablemente con el señalamiento de tal verificativo; iv) Consta que posterior a ello, el nombrado Juez dictó la Sentencia 04-22 de 3 de febrero de 2022, mediante la cual se declaró probada la demanda, disponiendo el pago de Bs39 003,7.- (treinta y nueve mil tres 7/100 bolivianos), por concepto de beneficios sociales en favor del demandante. Fallo que fue notificado a las partes, particularmente a la impetrante de tutela “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO”, en el domicilio procesal señalado sito en la calle Quijarro 132 entre Bolívar y Arenales; v) Una vez solicitada la ejecutoria de la Sentencia por el demandante, el Juez accionado, a través de la providencia del 17 de marzo de igual año, absolvió favorablemente y ordenó su ejecución; y a solicitud escrita del actor, formulada el 11 de abril del referido año, por providencia de la misma fecha, la indicada autoridad judicial conminó al “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO”, representado por la accionante, al pago de la suma indicada, bajo apercibimiento de aplicación del art. 216 del Código Procesal del Trabajo (CPT); actuado que fue notificado a la parte demandada, en su domicilio procesal antes indicado; vi) Al requerimiento del demandante, de 25 de mayo del señalado año, el Juez accionado, mediante providencia de la misma fecha, dispuso se libre el mandamiento de apremio, cursando éste consignado la fecha de 20 de junio del indicado año; vii) Por memorial de 8 de julio de ese año, la accionante solicitó se deje sin efecto el mandamiento de apremio, indicando que desde la gestión 2019 ya no sería la representante de la Asociación de Copropietarios del “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO”, adjuntando el Testimonio 554/2019 de 31 de mayo, por el que se revoca su mandato otorgado mediante el Testimonio 931/2015 y se confiere a otras personas, en su condición de copropietarios, tal representación. Ese escrito, fue corrido en traslado mediante decreto de la misma fecha; viii) Adicionalmente a ello, cursa un memorial de 12 de julio de 2022, presentado por el abogado Charles Adolfo Hurtado Suárez, a través del cual renuncia al patrocinio e indica que ya no sería abogado de la empresa “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO” desde el 2020; escrito providenciado el 13 de ese mes y año, indicando ‘“Se tiene presente y estese al art. 75 del CPT”’ (sic); ix) Evidentemente, por el Testimonio 554/2019, la impetrante de tutela ya no es representante legal de la Asociación de Copropietarios del “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO”; sin embargo, posterior a la emisión de tal documento notarial, llama la atención que la prenombrada haya continuado presentando memoriales en representación de tal sociedad, como consta en el memorial de 13 de marzo de 2020, solicitando audiencia de conciliación y la concretización de la prueba testifical de cargo; pues si ya no ostentaba tal mandato, tenía el deber y obligación de presentarlo ante el Juez accionado para evitar cualquier complicación futura; x) De otra parte, consta que el domicilio procesal señalado en la contestación de la demanda laboral, fue el mismo en el que se notificó actuados posteriores, inclusive la Sentencia 04-22; debiéndose considerar al respecto, el art. 75 del CPT, por el que se tiene por válido el domicilio que establezcan las partes a fin de no entrabar la prosecución normal del proceso; no siendo válido por ello, la renuncia extemporánea del patrocinio legal presentada el 12 de julio de 2022, por quien fuera asesor de la parte demandada del proceso laboral; xi) Tratándose de procesos laborales, el Código Procesal del Trabajo, establece de que una vez ejecutoriada la sentencia y si transcurridos tres días no se procede al cumplimiento de la obligación, la autoridad judicial deberá disponer el mandamiento de apremio, conforme al art. 216 de CPT; aspecto abordado en la SCP 0146/2018-S2 del 30 de abril, que en lo pertinente indica que dichas órdenes tienen la finalidad de lograr el cumplimiento de la obligación dilucidada en sede judicial y que, en su caso, deben consignar a la persona que se encuentre en actual representación de la persona jurídica demandada, siendo prerrogativa de la parte demandada hacer conocer tal situación en sede judicial; y, xii) Extremo que no fue cumplido por la parte demandada en el proceso laboral, evidenciándose su negligencia, que condujo a la privación de su libertad; pues no puso a conocimiento oportuno del Juez accionado, la revocatoria de su mandato, desencadenando todo ello en la ejecución del mandamiento de apremio en su contra, no siendo meritorio -por ello- discurrir el estado deplorable de salud de la madre de la impetrante de tutela, para viabilizar consideración alguna. En la vía de complementación y enmienda, la accionante solicitó se considere que el memorial posterior al Testimonio 554/2019, lleva una firma diferente al de la contestación de la demanda laboral, siendo suplantada por su entonces abogado patrocinante. Y de otra parte, que es claro el memorial de 12 de julio de 2022, en el que el otro profesional copatrocinante, indica que nunca tuvo contacto con la Asociación de Copropietarios del “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO”, habiéndose llevado la causa únicamente por el otro profesional que prestaba asesoramiento. Reiterando luego, que lo que se denuncia, es la dilación del Juez accionado, en tramitar su memorial de 8 de igual mes y año, al que adjuntó el referido Testimonio, por el que se revocó desde el año 2019 su mandato, a fin de que deje sin efecto la orden de apremio en su contra; actitud negligente que provocó que el 22 de ese mes y año, luego de más de diez días después de silencio respecto a la atención de su escrito, se ejecutara la restricción de su libertad. Peticiones que fueron absueltas por el Tribunal de garantías, indicando de una parte, que no tiene atribución para determinar la falsedad o no de la firma aludida por la solicitante de tutela, quien en su caso debe iniciar las acciones legales que correspondan. Y en lo demás, al concernir a cuestiones de fondo, se declaró no ha lugar la complementación y enmienda peticionadas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Mandamiento de Apremio de 20 de junio de 2022, contra Darling Socorro Cabrera Vargas -hoy accionante-, librado por orden de Jhonny Escobar Llanos, Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionado-, dentro del proceso por pago de beneficios sociales seguido por Erasmo Veramendi Gutiérrez contra el “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO” (fs. 86).

II.2. Por memorial presentado el 8 de julio de 2022, la accionante solicitó ante la autoridad judicial accionada, se deje sin efecto el Mandamiento de Apremio librado en su contra, aduciendo que por Testimonio 554/2019 de 31 de mayo (fs. 92 a 96 vta.), se revocó el mandato conferido a su persona mediante Testimonio 931/2015 de 26 de junio, como representante legal de la Asociación de Copropietarios del “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO” (fs. 103 a 105), el cual mereció el decreto de 8 de julio del mismo año, que dispuso su traslado (fs. 106); sin que conste la notificación respectiva a las partes.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, restringido a consecuencia de la ejecución de un mandamiento de apremio, librado el 20 de junio de 2022 en su contra, dentro del proceso laboral seguido contra el “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO”, del que fue representante legal hasta la revocatoria de dicho mandato mediante el Testimonio 554/2019. Por ello, al no ser ya la apoderada de la Asociación demandada, mucho tiempo antes de la notificación de la Sentencia 04-22 -dictada en dicha causal laboral- inclusive; por escrito de 8 de julio de ese año, solicitó ante el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, que se deje sin efecto el referido mandamiento de apremio consignado a su nombre; sin embargo, en un actuar negligente, la referida autoridad judicial dilató la tramitación de su requerimiento, notificando el decreto para correrlo en traslado después de dos semanas, el 22 del indicado mes y año, el mismo día y de forma casi simultánea a la privación de su libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el cumplimiento de plazos y celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0355/2021-S3 de 14 de julio, siguiendo el uniforme lineamiento jurisprudencial constitucional concerniente a este tópico, señaló que: [«La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele”. Por su parte la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Del mismo modo el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, en su Fundamento Jurídico III.4 determinó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (…). De lo que se concluye que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: “…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”…»] (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, restringido a consecuencia de la ejecución de un mandamiento de apremio, librado el 20 de junio de 2022 en su contra, dentro del proceso laboral seguido por Erasmo Veramendi Gutiérrez contra el “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO”, del que fue su representante legal hasta la revocatoria de dicho mandato mediante el Testimonio 554/2019 de 31 de mayo. Por ello, al no ser ya apoderada de la Asociación demandada, mucho tiempo antes de la notificación de la Sentencia 04-22 de 3 de febrero -dictada en dicha causal laboral-inclusive; por escrito de 8 de julio de 2022, solicitó ante el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, que se deje sin efecto el referido mandamiento de apremio consignado a su nombre; sin embargo, en un actuar negligente, la referida autoridad judicial dilató la tramitación de su requerimiento, notificando el decreto para correrlo en traslado después de dos semanas, -el 22 del indicado mes y año-, el mismo día y de forma casi simultánea a la ejecución de su privación de libertad.

Ahora bien, precisada así la problemática a resolver, que fue circunscrita por la accionante -en la audiencia de consideración de la acción de libertad- en el acto lesivo de su derecho a la libertad, constituido en el supuesto rezago incurrido por el Juez accionado, de considerar oportunamente su solicitud de dejar sin efecto el mandamiento de apremio librado en su contra, por haberse revocado su calidad de representante legal de la Asociación de Copropietarios del “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO” mediante Testimonio 554/2019; consta que una vez presentada la señalada solicitud mediante memorial de 8 de julio de 2022, este fue proveído mediante decreto de la misma fecha, disponiéndose su traslado. Sin embargo, si bien en actuados no cursa la notificación a las partes con el referido decreto, por lo que no es verificable que este se haya notificado a la hoy impetrante de tutela, el mismo día y de forma casi paralela a la ejecución del mandamiento de apremio en su contra; empero, en igual sentido de verificación de lesividad, tomando en cuenta que la restricción de su libertad -según indica- ocurrió el 22 de julio de 2022, -motivando por ello la interposición de la acción de libertad al día siguiente-, se deduce que la activación de la jurisdicción constitucional por la accionante, se debió precisamente como efecto de la materialización de la referida orden judicial cuestionada en sede ordinaria laboral. Infiriéndose entonces, -ante la ausencia del informe de la autoridad accionada que desvirtúe lo alegado por la impetrante de tutela-, que desde la presentación el 8 de julio de 2022, de la solicitud de dejar sin efecto el mandamiento de apremio por su invocada situación de no ejercer la representación -legal- del Centro Comercial demandado en el proceso laboral, incoada por la impetrante de tutela, hasta la ejecución de esa orden judicial y la formulación de la presente acción de libertad inclusive, el 22 y 23 del indicado mes y año, el Juez accionado, no se pronunció respecto a la vigencia de la representación legal de la Asociación de Copropietarios del “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO” en la persona de la accionante; operando por ello su apremio, sin estar absuelta la controversia planteada por la solicitante de tutela respecto los efectos del Testimonio 554/2019 en cuanto a su representación legal de la referida Asociación en la causa laboral en cuestión. Solicitud que al involucrar tanto la definición de la situación jurídica de la accionante en el proceso laboral -en cuanto a su calidad o no de representante legal de la Asociación demandada-, como su derecho a la libertad -al estar librada y vigente una orden de apremio en su contra-; trasunta en una postulación que se subsume a los supuestos del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, al concernir -el memorial de 8 de julio de 2022-, en un requerimiento para dejar sin efecto una orden judicial que amenazaba su derecho a la libertad, mismo que, a la activación de la jurisdicción constitucional, fue restringido a consecuencia -precisamente- de la dilación ostensible por dos semanas por parte del Juez accionado, de su ejecución sin previamente absolver dicha solicitud; lo que condujo que al 23 de igual mes y año, la hoy impetrante de tutela, se haya encontrado privada de su libertad, sin tener respuesta hasta entonces, sobre su situación jurídica en la causa laboral de la que -dice- ya no ser parte procesal tras la revocatoria de su mandato mediante el Testimonio 554/2019. En ese contexto, es cierta y evidente la vulneración del derecho a la libertad de la accionante, por dilación y omisión de pronunciamiento sobre su postulación y si se mantenía o no su condición de representación legal de la parte demandada en el proceso laboral de origen, al haberse dejado irresuelta por dos semanas dicha controversia sobre su calidad de representante legal de la Asociación de Copropietarios del “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO”, formulada por esta ante el Juez accionado, mediante el memorial de 8 de julio de 2022; puesto que, dicha orden en su momento implicaba una amenaza al existir una orden de apremio en su contra, que en efecto llegó a materializarse sin estar absuelto oportunamente dicho requerimiento. Por lo que, considerando la fecha de formulación de la presente acción de libertad, el 23 de julio de 2022, y encontrándose en ese momento recluida en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, se hace factible acoger la tutela pretendida mediante esta acción de defensa en su modalidad de pronto despacho, a fin de que el Juez accionado, se pronuncie y absuelva de forma inmediata, sobre la situación jurídica de la impetrante de tutela, en cuanto a su calidad o no de representante legal de la referida Asociación, y con ello, otorgue certeza sobre la vigencia de la orden de apremio, disponiendo lo que corresponda. En ese marco y concedida la tutela solo por el referido pronto despacho, y limitación de definición de la situación jurídica laboral de fondo por la autoridad accionada como Juez de proceso laboral, es evidente que no puede accederse al petitorio de la impetrante de tutela expuesto en su demanda, en sentido que concedida la tutela se disponga la nulidad del Mandamiento de Apremio de 20 de junio de 2022, se disponga la legal notificación con la Sentencia 04-22 en la forma debida; y, en su consecuencia se ordene a la Gobernadora del Centro Penitenciario del departamento de Santa Cruz, disponga a su vez su inmediata libertad, sin condiciones ni dilaciones; dado que, todo ello hace ya al fondo del proceso laboral y la ejecución de la citada Sentencia dictada dentro del mismo, contexto fáctico procesal de definición sobre la representación legal de la parte demandada y la prosecución de las actuaciones respectivas dentro de dicho proceso, que deben ser dilucidadas por la autoridad judicial en conocimiento del proceso, quien definirá lo que en derecho corresponda sobre la referida vigencia o no de la representación legal de la parte demandada y sus efectos intraproceso; por lo que, respecto a este punto se debe denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 17/2022 de 24 de julio, cursante de fs. 129 vta. a 133 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada por dilación vinculada al derecho a la libertad de la accionante; y en consecuencia, ordenar al Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, que en el plazo de veinticuatro horas computables desde su notificación con el presente fallo constitucional, imprima el trámite correspondiente y resuelva la situación jurídica de la prenombrada dentro del proceso laboral seguido por Erasmo Veramendi Gutiérrez contra “CENTRO COMERCIAL CAÑOTO”; siempre y cuando ello no hubiese ya sucedido, y estar definida ya la condición y representación legal de la parte demandada. 2º DENEGAR la tutela impetrada en cuanto a la definición de la condición de la peticionante de tutela dentro del proceso laboral de referencia, así como, respecto a su petitorio de que se disponga la nulidad del Mandamiento de Apremio de 20 de junio de 2022; la legal notificación con la Sentencia 04-22 de 3 de febrero de igual año en la forma debida; y, se disponga su inmediata libertad; pues todo ello corresponde ser analizado y resuelto intraproceso por el Juez accionado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0532_2024-S2.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4a4bfe918e16274ed462ecf1a82486e03cc6ba2e634f46289dc8166c35f40611

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