B.IA.LEGAL

SCP 0532/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
22 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
46644-2022-94-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela, por medio de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes debida fundamentación y motivación; así como, sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al in dubio pro reo, al juez imparcial y a la valoración adecuada de la prueba; alegando que: i) La Jueza codemandada, a tiempo de emitir el Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022, no efectuó una adecuada valoración integral de los medios probatorios que propuso a objeto de desvirtuar los riesgos procesales que fundaron su detención preventiva, limitándose a hacer una simple relación de los mismos; sin considerar también, que la finalidad de la medida cautelar ya fue cumplida; y, que el acuerdo transaccional con la víctima debía tenerse como desistimiento de la acción penal; y, ii) El Vocal codemandado, declaró improcedente su impugnación, determinando erróneamente que no se hubiese establecido el hecho generador de la vulneración reclamada. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 71 a 79, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. En cuanto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones de medidas cautelares. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. De la valoración de la prueba en sede constitucional
  4. III.4. Sobre el alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y los límites de los tribunales de apelación de circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0532/2023-S4 Sucre, 22 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 46644-2022-94-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 12/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 71 a 79, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ángel Cervantes Mora en representación sin mandato de Humberto Cervantes Cala contra Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Sofía Jhenny Almanza Camacho, Jueza de Sentencia Penal Novena del nombrado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de marzo de 2022, cursante de fs. 39 a 43 vta., el accionante, por medio de su representante sin mandato; manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra y de otros, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, sustracción de menor incapaz, privación de libertad y concurso real, por Auto Interlocutorio de 20 de mayo de 2021, se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, por el plazo de seis meses, estableciendo la concurrencia de los riesgos procesales fuga y obstaculización insertos en los arts. 234 numerales 1, 4 y, 7; y, 235.1 y 2 todos del Código de Procedimiento Penal (CPP); decisión que siendo impugnada, mereció el Auto de Vista de 10 de junio de 2021; a través del cual, se declaró procedente en parte el recurso de apelación interpuesto, manteniéndose vigente únicamente en su contra, los peligros procesales establecidos en los arts. 234.4 y 7; y, 235.2 del adjetivo penal, además de reducirse el lapso de detención preventiva a tres meses, señalándose la audiencia respectiva a la finalización de dicho plazo, para el 23 de agosto de 2021; en la cual mediante Auto Interlocutorio de la misma fecha, a solicitud del Ministerio Público, se amplió el lapso de la medida cautelar anotada por veinte días más, señalándose así un nuevo verificativo para la consideración de su situación jurídica para el 13 de septiembre del año referido; sin embargo, esa audiencia no se llevó a cabo por la incomparecencia de la víctima y la autoridad fiscal; y, debido a la impugnación que formuló el otro co-procesado contra el Auto Interlocutorio precitado, que estaría pendiente de resolución; extremo que, no debía tomarse en cuenta para dirimir su situación jurídica; pues, su persona no apeló tal decisión. Agregó que, recién el 13 de septiembre de 2021, el legajo de apelación retornó al Juzgado de la causa, donde se señaló audiencia para el 17 de igual mes y año, para pronunciarse sobre la situación jurídica de los sindicados; empero, por problemas de conexión, no pudo conectarse a ese verificativo; no obstante, de manera extraña, se continuó con el actuado donde se le rechazó la cesación de la detención preventiva al otro co-procesado, quien impugnando tal determinación consiguió medidas sustitutivas a la merituada medida extrema cautelar, pese a que persistía latentes los riesgos procesales insertos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; más adelante, el 6 de octubre de 2021, solicitó audiencia de cesación a su detención preventiva, misma que fue suspendida por estar la autoridad jurisdiccional bajo declaratoria de comisión; por lo que, finalmente esta fue celebrada el 13 del mes y año precitados, donde no solo se consideró su situación jurídica sino también la de otro co-procesado, solicitando en ella el Ministerio Público la ampliación de la medida cautelar indicada, alegado la necesidad de tomar la declaración anticipada de la víctima, petición que fue rechazada por el Juez de la causa; sin embargo, mantuvo su detención preventiva; en virtud de todo esto, se encuentra detenido ilegalmente desde el 13 de septiembre de 2021, fecha en la que se venció la ampliación del plazo referido; más aún, si se toma en cuenta que recién el 20 de octubre del año citado, el Ministerio Público presentó acusación formal, evidenciándose de todo ello, una actividad procesal defectuosa. Continuó señalando que, a raíz del requerimiento conclusivo indicado, la causa fue remitida y radicada en el Juzgado de Sentencia Penal Noveno del departamento de Cochabamba, donde pese a notificarse a la parte víctima y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, estas no se apersonaron, adhirieron a la acusación fiscal o presentaron acusación particular, emitiéndose al efecto de oficio el Auto de 21 de febrero de 2022, que declaró vencido los plazos para formulas dichos actuados; así también, adjuntando el acuerdo transaccional de 2 de septiembre de 2021, firmado con la víctima, el cual refleja la reparación integral del daño, el 17 de febrero de 2022, solicitó cesación a la detención preventiva, habiendo transcurrido ya diez meses desde la imposición de la referida medida cautelar, acompañando además: certificación de No Emisión de Pasaporte y Flujo Migratorio, Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), Certificado de No Violencia (CENVI) y Antecedentes Policiales, Valoraciones Psicológica y Social; y, Certificados de Trabajo y Permanencia y Disciplina.

Por ello, se celebró audiencia de consideración a su solicitud el 25 de febrero de 2022, donde por Auto Interlocutorio de la misma fecha, Sofía Jhenny Almanza Camacho, Jueza de Sentencia Penal Novena del departamento de Cochabamba –ahora codemandada–, sin contar con la presencia del Ministerio Público, la víctima ni la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, rechazó lo impetrado; en virtud de lo cual, interpuso recurso de apelación contra tal decisión, obteniendo en resultado la emisión del Auto de Vista de 10 de marzo de 2022; por medio del que, Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –ahora codemandado–, declaró improcedente la impugnación indicada. Por todo ello; concluyó indicando que, la Jueza codemandada restó importancia a la documentación que propuso a efecto de desvirtuar los riesgos procesales, es decir, no efectuó una adecuada valoración integral de los medios probatorios, uno por uno; limitándose a hacer una relación de la misma; más aún, cuando la presentación del acuerdo transaccional con la víctima debía ser considerado como desistimiento de la acción penal; máxime, si la finalidad de la medida cautelar ya fue cumplida; por lo que, el mantenerla atenta contra el principio de inocencia convirtiéndose esta en una sentencia condenatoria por adelantado. Y, finalmente, el Vocal codemandado, basó su determinación de declarar improcedente su impugnación, en que no se hubiese establecido el hecho generador de la vulneración, delimitándose a lo previsto por el art. 398 del CPP, dejando de lado lo estipulado por el art. 250 del citado cuerpo legal, que faculta a la autoridad jurisdiccional a revocar y/o modificar aún de oficio la imposición de medidas cautelares; en virtud de lo cual, el Vocal codemandado tenía la obligación de efectuar una valoración integral de los elementos de prueba que propuso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, por medio de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes debida fundamentación y motivación; así como, sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al in dubio pro reo, al juez imparcial y a la valoración adecuada de la prueba; citando al efecto los arts. 22, 23, 116 y 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022; y, el Auto de Vista de 10 de marzo de igual año; asimismo, que la Jueza codemandada emita una nueva resolución determinando la modificación de la detención preventiva, por una medida cautelar menos gravosa.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 25 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 68 a 70 vta., presente la parte solicitante de tutela y ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante por medio de su abogado, se ratificó in extenso en los argumentos vertidos en su demanda de acción de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 25 de marzo de 2022, cursante de fs. 56 a 58; manifestó que: a) El Auto de Vista cuestionado aplicó los lineamientos establecidos por el art. 398 del CPP, es decir, pronunciándose resepcto a los agravios expuestos; y no así, sobre puntos no apelados, encontrándose debidamente fundamentado y motivado; y, b) La presente acción de libertad no cumple con los presupuestos previstos por el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), para la procedencia de la misma, ni tampoco con los necesarios para efectuar de forma excepcional la interpretación de la legalidad ordinaria, pretendiendo el impetrante de tutela utilizar a la vía constitucional como un medio recursivo. Sofía Jhenny Almanza Camacho, Jueza de Sentencia Penal Novena del departamento de Cochabamba, no asistió a la audiencia de esta acción tutelar ni presentó informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 46.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 12/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 71 a 79, concedió la tutela impetrada, únicamente con relación al Vocal codemandado, disponiendo la nulidad del Auto de Vista de 10 de marzo de 2022, debiendo dicha autoridad dictar una nueva resolución en audiencia, resguardando el debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su notificación con el fallo de garantías; ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) Se aclaró que el análisis a realizar se circunscribiría a la última resolución dictada dentro del proceso penal de origen; es decir, al Auto de Vista de 10 de marzo de 2022; tomando en cuenta que, el Vocal codemandado tuvo la oportunidad de corregir los presuntos defectos y errores en los cuales hubiese incurrido la Jueza a quo; 2) De la revisión de los agravios expuestos y los fundamentos esgrimidos en el fallo de alzada cuestionado; se tiene que, no existió por parte de la autoridad demandada, un análisis integral de los elementos que hacen y nacen de la causa, en lo que respecta a la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva; y esto es así, porque no existió una clara fundamentación y motivación que vaya a responder a cada uno de los cuatro puntos de agravio que fueron identificados por el propio Vocal demandado al inicio del merituado Auto de Vista, entre los cuales se observó una defectuosa valoración de los elementos de convicción acompañados por el recurrente al momento de solicitar su cesación a la detención preventiva; y, que no se hubiese realizado una valoración integral y objetiva de estos para tener por desvirtuados los peligros de fuga y obstaculización; en consecuencia, la labor que debió realizar el Vocal codemandado, era contrastar si evidentemente estos argumentos eran evidentes o no, realizando una revisión del fallo subido en apelación y verificar si estos extremos reclamados por la parte apelante eran evidentes, o si por el contrario la autoridad de primera instancia realizó una valoración correcta en base a la prueba aportada en relación a los datos del proceso, y principalmente a los motivos que dieron lugar a la construcción de cada riesgo procesal, contrastándolos con los nuevos elementos que fueron presentados para desvirtuarlos, debiendo ser estos suficientes y conducentes para poder desbaratar o desvirtuar los riesgos procesales en análisis; sin embargo, dicha labor intelectiva se encuentra totalmente ausente en el Auto de Vista de 10 de marzo de 2022, y al respecto debe recordarse que existe una exigencia de una debida fundamentación y motivación, en lo que concierne a los tribunales de alzada, siendo esta una especial exigencia; y, 3) Se estableció la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, además de constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente sí se le dio un valor diferente a algún medio probatorio desconociendo el principio de verdad material, aspectos y precisiones que no se advierten del contenido de la acción de libertad en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022, dictado dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en contra de Humberto Cervantes Cala –hoy accionante– y de otros, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, sustracción de menor incapaz, privación de libertad y concurso real, Sofía Jhenny Almanza Camacho, Jueza de Sentencia Penal Novena del departamento de Cochabamba –ahora codemandada–, determinó rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por el sindicado, interponiendo la defensa en el mismo actuado, recurso de apelación contra tal decisión (fs. 6 a 9 vta.). II.2. Consta acta de audiencia de apelación de medida cautelar de 10 de marzo de 2022, donde Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –ahora codemandado–, emitió el Auto de Vista de la misma fecha, el cual resolvió la impugnación descrita en la Conclusión previa, determinando declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela; y, por ende, confirmó la decisión recurrida (fs. 10 y vta.; y, 11 vta. a 12 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela, por medio de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes debida fundamentación y motivación; así como, sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al in dubio pro reo, al juez imparcial y a la valoración adecuada de la prueba; alegando que: i) La Jueza codemandada, a tiempo de emitir el Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022, no efectuó una adecuada valoración integral de los medios probatorios que propuso a objeto de desvirtuar los riesgos procesales que fundaron su detención preventiva, limitándose a hacer una simple relación de los mismos; sin considerar también, que la finalidad de la medida cautelar ya fue cumplida; y, que el acuerdo transaccional con la víctima debía tenerse como desistimiento de la acción penal; y, ii) El Vocal codemandado, declaró improcedente su impugnación, determinando erróneamente que no se hubiese establecido el hecho generador de la vulneración reclamada. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. En cuanto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

La SCP 0424/2019-S4 de 2 de julio, reiterando entendimientos anteriores; concluyó que: “La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, durante la vigencia de la Constitución Política del Estado abrogada, estableció la subsidiariedad excepcional del hábeas corpus -actualmente acción de libertad- en razón a que: ‘…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus’. No obstante, dicho entendimiento jurisprudencial fue reiterado en vigencia de la actual Constitución Política del Estado, a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, la cual determinó que: ‘…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones de medidas cautelares. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0621/2020-S4 de 20 de octubre, reiterando a la SCP 0584/2019-S4 de 29 de julio; estableció que: “‘Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por específicos requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de dichas autoridades, de fundamentar y motivar, suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar.

Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces y tribunales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus determinaciones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: «…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R…’ (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas», (SC 1365/2005-R de 31 de octubre). Del referido desglose jurisprudencial, es posible concluir que las autoridades judiciales a quienes les corresponda conocer y resolver la situación jurídica del procesado, deberán efectuar una fundamentación y motivación clara, debida y suficiente, en base a la compulsa de las pruebas y de las normas jurídicas aplicables al caso’” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. De la valoración de la prueba en sede constitucional

Sobre el particular, la precitada SCP 0621/2020-S4, reiterando la línea jurisprudencial emanada al efecto; sostuvo que: “‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente’”(las negrillas y subrayado son nuestros).

III.4. Sobre el alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y los límites de los tribunales de apelación de circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados

Con relación a la temática de exordio, la SCP 0738/2020-S4 de 12 de noviembre; afirmó que: “En cuanto a los términos que deben observar los Tribunales ad quem, a momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, el art. 398 de la ley adjetiva penal, establece lo siguiente: ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’.

Al efecto, la SCP 0077/2012 de 16 de abril expresó lo siguiente: ‘…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir.

(…)

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva (…).

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP’” (las negrillas y subrayado nos corresponden).

III.5. Análisis del caso concreto

Precisada que fue la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en contra de Humberto Cervantes Cala –hoy accionante– y de otros, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, sustracción de menor incapaz, privación de libertad y concurso real, mediante Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022, Sofía Jhenny Almanza Camacho, Jueza de Sentencia Penal Novena del departamento de Cochabamba –ahora codemandada–, determinó rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por el sindicado, interponiendo la defensa en el mismo actuado, recurso de apelación contra tal decisión (Conclusión II.1); obteniendo en respuesta, la emisión del Auto de Vista de 10 de marzo de 2022; por medio del cual, Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –ahora codemandado–, determinó declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela; y, por ende, confirmó la decisión recurrida (Conclusión II.2). En ese contexto, el solicitante de tutela, por medio de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes debida fundamentación y motivación; así como, sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al in dubio pro reo, al Juez imparcial y a la valoración adecuada de la prueba; alegando que: a) La Jueza codemandada, a tiempo de emitir el Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022, no efectuó una adecuada valoración integral de los medios probatorios que propuso a objeto de desvirtuar los riesgos procesales que fundaron su detención preventiva, limitándose a hacer una simple relación de los mismos; sin considerar también, que la finalidad de la medida cautelar ya fue cumplida; y, que el acuerdo transaccional con la víctima debía tenerse como desistimiento de la acción penal; y, b) El Vocal codemandado, declaró improcedente su impugnación, determinando erróneamente que no se hubiese establecido el hecho generador de la vulneración reclamada.

Ahora bien, identificada la problemática planteada; y, desarrollado que fueron los antecedentes remitidos a este Tribunal, corresponde efectuar el análisis respectivo, punto por punto, de la siguiente manera:

III.2.1. En cuanto a la Jueza de Sentencia Penal Novena del departamento de Cochabamba, ahora codemandada

El hoy accionante, mediante la presente acción de libertad, reclamó que la Jueza codemandada, a tiempo de emitir el Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022, no efectuó una adecuada valoración integral de los medios probatorios que propuso a objeto de desvirtuar los riesgos procesales que fundaron su detención preventiva, limitándose a hacer una simple relación de los mismos, sin considerar también, que la finalidad de la medida cautelar ya fue cumplida; y, que el acuerdo transaccional con la víctima debía tenerse como desistimiento de la acción penal. Así, con carácter previo a ingresar al fondo de la problemática planteada en este punto, debemos remitirnos al entendimiento desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que determinó que como el ordenamiento jurídico no puede crear y/o activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, la jurisdicción constitucional únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho conculcado, configurándose de este modo la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; en cuyo entendido, las decisiones asumidas por la jurisdicción ordinaria, se revisan de manera excepcional por la vía constitucional, a partir de la última resolución pronunciada; en razón a que, ella tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía; en ese sentido, el estudio de la presente acción de defensa, se debe enmarcar solamente en el Auto de Vista de 10 de marzo de 2022, emitido por el Vocal codemandado; en virtud de lo cual, corresponde denegar la tutela impetrada respecto a la Jueza de primera instancia, ahora codemandada.

III.2.2. Con relación al Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, hoy codemandado

Respecto a la citada autoridad de alzada, el impetrante de tutela, denunció que este declaró improcedente su impugnación, determinando erróneamente que no se hubiese establecido el hecho generador de la vulneración reclamada; en ese marco, ingresando al estudio de la problemática planteada en este punto, conviene precisar inicialmente que al tratarse el Auto de Vista cuestionado, de un fallo emitido en alzada, el mismo debe circunscribirse al alcance de lo estipulado por el art. 398 del CPP, es decir, resolviendo y pronunciándose sobre los agravios expresados en apelación, no pudiendo el Tribunal ad quem ir más allá de lo que la parte recurrente no hubiere cuestionado respecto al fallo apelado, lo que no implica que se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar su determinación (Fundamento Jurídico III.4.); por ello, corresponde inicialmente desglosar tales agravios, los cuales en el caso en cuestión, se encuentran detallados en el acta de audiencia de apelación de medida cautelar de 10 de marzo de 2022 (Conclusión II.2.); siendo estos los siguientes: 1) Primer agravio, la Jueza a quo vulneró sus derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos en los arts. 23 y 180.I de la CPE; y, 124, 173, 221 y 235 ter del CPP, afirmando que no efectuó una valoración adecuada de los elementos de convicción acompañados por su defensa, considerando que debió realizarse una valoración integral y objetiva de aquellos, para tener por desvirtuados los peligros de fuga u obstaculización previstos por los arts. 234.4 y 7; y, 235.2 del adjetivo penal. 2) Segundo agravio, la autoridad de primera instancia no consideró que las medidas cautelares son variables y pueden ser modificables en cualquier momento. 3) Tercer agravio, reclamó que se encontraba indebidamente detenido; debido a que, una vez vencido el término de la duración de la detención preventiva, se presentó la acusación correspondiente. 4) Cuarto agravio, la Jueza de la causa, tampoco realizó una debida fundamentación, sobre el valor de los medios de prueba, considerando que la autoridad de instancia emitió una resolución de oficio el 21 de febrero –se entiende, de 2022–, que da cuenta el desinterés que tendría la parte querellante o la víctima; más aún, cuando existe un acuerdo transaccional con esta, que tampoco fue considerado y que de mantenerlo detenido implicaría que está cumpliendo una sentencia anticipada; por lo que, pidió se aplique otras medidas cautelares menos gravosas. En ese marco, concierne ahora desglosar los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista de 10 de marzo de 2022, hoy cuestionado, en respuesta a los agravios descritos previamente; siendo estos los siguientes: i) Entre las condiciones de validez legal desarrolladas por el art. 396 del CPP, se instituye cuáles son las condiciones de forma que debe cumplir el apelante a objeto de sustanciar el recurso de apelación y este es un elemento que conjuntamente el tiempo y la legitimidad constituyen la reserva legal al ejercicio del derecho a la impugnación, de esta manera, el recurso de apelación de la medida cautelar debe indicar y/o especificar qué aspectos cuestiona de la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional de primera instancia; aspectos que, en definitiva delimitan la intervención del Tribunal de alzada, que está obligado a circunscribirse a la resolución y análisis de los aspectos identificados por el apelante; y, ii) En el caso que nos ocupa, de la exposición de los argumentos vertidos por la parte apelante, más allá de referir bajo su propio criterio que se hubiese vulnerado lo previsto por los arts. 23 y 180.I de la CPE; y, 124, 173, 221 y 235 ter del adjetivo penal, porque no se hubiese realizado una valoración adecuada, integral y objetiva de los elementos de prueba acompañados por el impetrante para poder desvirtuar los riesgos procesales que aún se encontraban vigentes con relación a su situación jurídica; y, que además se encontraría indebidamente detenido en razón a que el plazo de la detención preventiva ya hubiera fenecido y que la acusación seria posterior a aquella fecha; “sin embargo de ello no refiere en concreto que aspecto de la resolución es el reflejo generador de la aludida vulneración, cual es el razonamiento lógico -jurídico, erróneo de la Autoridad de instancia, y cual debió haber sido el correcto para causar convencimiento en este Tribunal de Alzada que lo alegado por la parte recurrente en verdad constituye agravio” (sic). De este modo, a objeto de dilucidar si lo reclamado en este segundo punto de la problemática planteada, es evidente, debemos remitirnos primero al entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, donde se estableció que toda autoridad judicial a quien le corresponda conocer y resolver la situación jurídica de un procesado, en cualquier instancia, deberá efectuar una fundamentación y motivación clara, debida y suficiente, en base a la compulsa de las pruebas y de las normas jurídicas aplicables al caso, no siendo exigible una exposición necesariamente amplia de consideraciones y citas legales, pero tampoco una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino que, debe contener una estructura de forma y de fondo que integre todos los puntos reclamados y que permita comprender los motivos de la determinación asumida de forma concisa y clara; entendimiento que guarda relación con lo estipulado por los arts. 124, 173 y 235 ter. del adjetivo penal. Bajo ese marco, del contraste de los agravios expuestos en apelación y los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista ahora cuestionado, ambos detallados supra, con relación a lo reclamado por el hoy solicitante de tutela en este punto; referido a que, el Vocal codemandado, declaró improcedente su impugnación, determinando erróneamente que no se hubiese establecido el hecho generador de la vulneración reclamada; se evidencia que, la referida autoridad de alzada, no se pronunció sobre ninguno de los cuatro agravios expuestos por el entonces recurrente, determinando incoherentemente, después de describir los agravios respectivos, que el apelante no especificó qué aspectos cuestionaba del fallo recurrido, cuando claramente el recurrente, reclamó en el primer agravio que la valoración probatoria realizada por la Jueza de primera instancia era incorrecta al no haber sido integral y concreta conforme lo ordenado por el art. 173 del CPP, que a su letra manda: “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”; precepto a partir del cual, se evidencia que el Vocal codemandado, de manera arbitraria omitió efectuar dicha valoración reclamada (Fundamento Jurídico III.3); por otro lado, se observa que en el segundo agravio se cuestionó la consideración de la finalidad de las medidas cautelares en el caso de análisis, sin mayor abundancia; así como, en el tercer agravio se reclamó un pronunciamiento sobre el plazo de la detención preventiva que se le impuso, sin mayor exposición de elementos facticos al respecto; se tiene que, “…del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa…” (SC 0577/2004-R de 15 de abril); en cuyo marco, si bien se advierte que el recurrente no expuso sobre dichos puntos una carga argumentativa fáctica suficiente; empero, la autoridad demandada, tenía la obligación de fundamentar las falencias en el planteamiento de estos, de manera individual; y, finalmente, en el cuarto agravio se cuestionó la fundamentación expuesta por la Jueza de primera instancia, respecto al acuerdo transaccional con la parte víctima y la posibilidad de aplicar medidas cautelares menos gravosas, lo que de igual modo se encuentra vinculado a la valoración probatoria observada en el primer agravio. Por consiguiente, conforme a la fundamentación desarrollada supra; se evidencia que el Auto de Vista hoy cuestionado, no contiene una estructura de forma y fondo, que exprese de manera suficiente las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, lo que no implica una respuesta positiva a sus agravios; sino, el convencimiento de las partes de que los mismos fueron debidamente considerados. Finalmente, como se estableció ut supra, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. En cuyo marco, conforme a lo establecido previamente, en el caso de análisis, se observa que el Vocal demandado, omitió emitir criterio alguno sobre la valoración probatoria que hubiese realizado la autoridad de primera instancia (Fundamento Jurídico III.3.); prescindiendo de igual modo, de pronunciarse sobre cada uno de los puntos de agravio denunciados, transgrediendo así el mandato contenido en el art. 398 del CPP (Fundamento Jurídico III.4.); en virtud de lo cual, se advierte la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales hoy reclamados de tutela; correspondiendo por ello, en este punto, conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, sólo con relación al Vocal codemandado, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 71 a 79, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0532_2023-S4.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 54a65d096d2965138ef31472b6e30f1f42f625ae1a13ce21cb16972ebe6b4329

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