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SCP 0531/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 27 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58491-2023-117-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la vida, a la dignidad humana, a una remuneración justa, al debido proceso, a la seguridad social y a la salud; alegando que la autoridad accionada no cumplió la Instructiva de Reincorporación MTEPS-VESCYCOOP-DGSC-IL 23, en lo relativo al pago de sueldos devengados y aguinaldos.

Conforme a lo anterior, solicita se otorgue la tutela solicitada y en consecuencia se anule la nota GAMI/OE/AL/002/2023 y en su lugar se dé cumplimiento a la Instructiva de Reincorporación MTEPS-VESCYCOOP-DGSC-IL 23, en lo que atinge al pago de sueldos devengados, cuya liquidación suma Bs35 250.-(treinta y cinco mil doscientos cincuenta bolivianos).

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 164/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 107 a 109, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada con la aclaración de que no se ingresó a resolver el fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de inmediatez como presupuesto procesal constitucional de inexcusable cumplimiento en la acción de amparo constitucional. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0531/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58491-2023-117-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 164/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 107 a 109, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Román Guarachi Asistiri contra Agapito Cabezas Tarqui, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Ichoca del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 13 de junio y 3 de julio, ambos de 2023, cursantes de fs. 31 a 36; y, 39 a 40 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Memorando 15/2021 de 28 de octubre, fue reincorporado al cargo de Responsable de Maquinaria Pesada en el GAM de Ichoca, en cumplimiento a la Instructiva de Reincorporación MTEPS-VESCYCOOP-DGSC-IL 23 de 27 de igual mes y año. En este contexto, solicitó en varias oportunidades la cancelación de sueldos impagos, emitiéndose el 7 de diciembre de 2021 un acta de conciliación interna por reincorporación laboral, así como de pago de sueldos y subsidios devengados, en la que participó el Asesor Legal del Ejecutivo del GAM de Ichoca y su persona, acordándose lo siguiente: a) La renuncia definitiva por motivos personales por su parte; b) El pago total de sueldos devengados hasta el mes de octubre de 2021; c) El pago de subsidios devengados hasta octubre de 2021; y, d) El pago en su totalidad de lo reclamado que asciende a la suma de Bs35 250.- (treinta y cinco mil doscientos cincuenta bolivianos) hasta el 24 de diciembre de 2021, sin postergación alguna. La Asesora Legal del GAM de Ichoca, mediante nota CITE: GAMI/OE/AL/002/2023 de 8 de febrero, señaló que: “…no se encontró en referido informe, sobre sueldos devengados. (…) en cuanto a los meses de febrero, marzo y abril, su persona no presenta informes ni registro de asistencia, es más no están registrados sus salarios devengados” (sic), negando así la existencia de la Instructiva de Reincorporación MTEPS-VESCYCOOP-DGSC-IL 23, al no reconocer lo que se adeuda por concepto de sueldos devengados, que es un derecho consolidado, siendo que fue obligado a renunciar cuando se encontraba con inamovilidad por ser padre progenitor.

I.1.2. Derechos y supuestamente vulnerados

El accionante alega la lesión de sus derechos al trabajo, a la vida, a la dignidad humana, a una remuneración justa, al debido proceso, a la seguridad social y a la salud; citando al efecto el art. 46 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se otorgue la tutela solicitada y en consecuencia se anule la nota GAMI/OE/AL/002/2023 y en su lugar se dé cumplimiento a la Instructiva de Reincorporación MTEPS-VESCYCOOP-DGSC-IL 23, en lo que atinge al pago de sueldos devengados, cuya liquidación suma Bs35 250.- (treinta y cinco mil doscientos cincuenta bolivianos).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 25 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 104 a 106 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, por intermedio de su abogado, ratificó in integrante los términos expuestos en su memorial de la presente acción titular y ampliándola, señalo que: 1) Se culpó a la anterior gestión de una transición sin transparencia y que por ese motivo no podrían pagar sus sueldos devengados, siendo que tres meses antes de su despido ya se le adeudaba por ese concepto; 2) De acuerdo a la liquidación realizada, solicitó que se cumpla la Instructiva de Reincorporación MTEPS-VESCYCOOP-DGSC-IL 23, en lo que respecta al pago de sueldos devengados y aguinaldo, no pudiéndose invocar el principio de subsidiariedad porque el presente caso reviste un carácter excepcional, en razón de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión que merece una inmediata y urgente protección; y, 3) No pidió el cumplimiento del acta de conciliación, sino el pago de sueldos devengados y aguinaldos, siendo que recién plantea la presente acción de defensa dada la respuesta tardía por parte del GAM de Ichoca al respecto.

I.2.2. Informe de la parte demandada

María Elena Tapia Terceros en representación de Agapito Cabezas Tarqui, Alcalde del GAM de Ichoca, a través de informe presentado el 9 de agosto de 2023, cursante de fs. 85 a 86 vta. y en audiencia, alegó que: i) La transición de autoridades ediles no se realizó de forma transparente, ordenada y responsable, conllevando la falta de entrega de activos e información para poder realizar los actuados necesarios, incluyendo las planillas salariales remitidas al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, así como los informes de actividades mensuales presentados por los servidores públicos, lo cual no permite determinar si efectivamente el accionante desempeñó funciones durante los meses de febrero, marzo y abril de la gestión 2021; ii) El Informe Legal GAMI/OE/AL/METT 009/2023 de 10 de febrero; señaló que, el impetrante de tutela fue reincorporado al cargo de Responsable de Maquinaria Pesada ya que su anterior puesto se encontraba ocupado, con el mismo sueldo; empero, este no se presentó a trabajar, dejando nuevamente acéfalo el cargo y renunció recién el 1 de noviembre de 2021, sin que se haya puesto al corriente sobre su reincorporación; iii) De la revisión del Sistema de Gestión Pública (SIGEP), se evidencia que no existen saldos pendientes siendo pagados los sueldos por los períodos de febrero, marzo y abril de 2021, al personal del GAM de Ichoca; además, el accionante cobró sus subsidios; iv) En la Resolución Constitucional 123/2022 de 14 de julio, emitida por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se mencionó a una nota emitida por una autoridad del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, en la que se indicó que en sus archivos no se encontraron las planillas salariales del GAM de Ichoca, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de la gestión 2021; v) El accionante de manera maliciosa indica que ese período de tiempo ejerció el cargo de Responsable de Maquinaria Pesada, lo cual es falso, ya que era secretario administrativo de recursos humanos; vi) De las notas presentadas por el impetrante de tutela ante la entidad municipal, se tiene que solicitó el pago de sueldos devengados; pero, no de aguinaldos; asimismo, presentó voluntariamente su renuncia; vii) Presenta como prueba fotocopias simples del libro de asistencia de la gestión 2021 “de fecha 19 de octubre al 05 de octubre de 2021” (sic), donde se evidencia que el impetrante de tutela jamás se reincorporó a sus funciones, incumpliendo la Instructiva de Reincorporación MTEPS-VESCYCOOP-DGSC-IL 23; viii) En la “nota emitida por la asesora legal del municipio de Ichoca de fecha 08 de febrero de 2022” (sic), se indica que jamás de efectivizó la reincorporación porque el accionante no se presentó a su lugar de trabajo, dejando acéfalo el cargo; y, ix) El acta de conciliación referida en la acción de defensa fue realizada sin conocimiento del Alcalde del GAM de Ichoca, pues no fue impresa en hojas membretadas institucionales ni firmada por el mismo, correspondiendo denegar la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 164/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 107 a 109, denegó la tutela solicitada con base en los siguientes motivos y fundamentos: a) La Instructiva de Reincorporación MTEPS-VESCYCOOP-DGSC-IL 23, fue notificada a la entidad municipal el 27 de octubre de 2021, y si es que no hubiera dado cumplimiento a lo determinado sobre el pago de sueldos devengados, tenía el plazo de seis meses para acudir a la jurisdicción constitucional; b) También, se hicieron conocer notas presentadas por el impetrante de tutela el 3 y 24 de junio de referido año, pidiendo el pago de los salarios de los meses de febrero, marzo y abril de citado año; sin embargo, desde esas fechas tampoco se activó de manera oportuna la acción de defensa; c) En cuanto a la solicitud realizada el 7 de febrero de 2023, esta fue contestada por la Asesora Legal del GAM de Ichoca, dando varios motivos de orden técnico por los cuales no se puede realizar el pago de los sueldos indicados; empero, de modo alguno se puede activar la jurisdicción constitucional a partir del acto de 8 del mismo mes y año, pues se entiende que el peticionante de tutela dejó precluir el principio de inmediatez; y, d) Aun cuando según el art. 48.IV de la CPE, los sueldos devengados son inembargables e imprescriptibles, no se tiene certeza sobre el derecho cuya tutela se demanda, en mérito a la documentación que se presentó como prueba, pues el acta de conciliación interna de 7 de diciembre de 2021, no se encuentra respaldada con la autorización de alguna autoridad del GAM de Ichoca, estando la liquidación realizada por el accionante en controversia, no pudiendo la jurisdicción constitucional arrogarse la competencia de otra autoridad en materia laboral, a la cual se debe acudir previamente.

I.3. Trámite procesal en el tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Consta la nota presentada el 3 de junio de 2021, por Román Guarachi Asistiri -ahora accionante- a Agapito Cabezas Tarqui, Alcalde del GAM de Ichoca del departamento de La Paz -ahora demandado-, solicitando el pago de sus sueldos devengados por los meses de febrero, marzo y abril de dicho año, por las funciones que desempeñó en calidad de Secretario Administrativo de Recursos Humanos (RR.HH.), dado que fue intempestivamente desalojado de su fuente laboral y se le dijo que fue despedido por abandono de funciones (fs. 14).

II.2. Cursa nota presentada el 24 de junio de 2021, por el impetrante de tutela a la autoridad demandada, reiterando la cancelación de sus sueldos devengados (fs. 15).

II.3. Mediante Instructiva de Reincorporación MTEPS-VESCYCOOP-DGSC-IL 23 de 27 de octubre de 2021, pronunciada por el Director General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se instruyó a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del GAM de Ichoca, la reincorporación laboral del peticionante de tutela al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación, sin afectar su nivel salarial, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales, sea en el plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la notificación; con cargo de recepción del GAM de Ichoca de la misma fecha (fs. 19 a 22).

II.4. Por Memorando 15/2021 de 28 de octubre, la autoridad demandada reincorporó laboralmente al accionante al cargo de Responsable de Maquinaria Pesada del GAM de Ichoca, esto en cumplimiento de la Instructiva de Reincorporación MTEPS-VESCYCOOP-DGSC-IL 23 (fs. 27).

II.5. Se tiene nota de 1 de noviembre de 2021, presentada por el accionante a la autoridad accionada, por la cual renuncia de manera irrevocable a su cargo de Responsable de Maquinaria Pesada del GAM de Ichoca (fs. 70).

II.6. Mediante acta de conciliación interna de 7 de diciembre de 2021, suscrita entre el impetrante de tutela y el Asesor Legal del GAM de Ichoca, acordaron la renuncia del primero a su cargo por motivos personales, el pago total de salarios devengados y subsidios hasta el mes de octubre de 2021, lo cual se debe efectuar hasta el 24 de diciembre del mismo año, sin postergación alguna (fs. 28).

II.7. Se tiene nota GAMI/OE/AL/002/2023 de 8 de febrero, emitida por la Asesora Legal del GAM de Ichoca, dirigida al impetrante de tutela en respuesta a su memorial de 7 de igual mes y año; señalando los motivos por los cuales no es viable el pago de los sueldos devengados que reclama (fs. 30).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la vida, a la dignidad humana, a una remuneración justa, al debido proceso, a la seguridad social y a la salud; alegando que la autoridad accionada no cumplió la Instructiva de Reincorporación MTEPS-VESCYCOOP-DGSC-IL 23, en lo relativo al pago de sueldos devengados y aguinaldos.

Conforme a lo anterior, solicita se otorgue la tutela solicitada y en consecuencia se anule la nota GAMI/OE/AL/002/2023 y en su lugar se dé cumplimiento a la Instructiva de Reincorporación MTEPS-VESCYCOOP-DGSC-IL 23, en lo que atinge al pago de sueldos devengados, cuya liquidación suma Bs35 250.-(treinta y cinco mil doscientos cincuenta bolivianos).

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el principio de inmediatez como presupuesto procesal constitucional de inexcusable cumplimiento en la acción de amparo constitucional. Jurisprudencia reiterada

En cuanto al principio de inmediatez el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), determina que la acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho; al respecto, el entendimiento jurisprudencial establecido igualmente es uniforme al señalar en la SCP 1098/2016-S3 de 10 de octubre, entre muchas otras que: «El art. 129.II de la CPE, en relación a la inmediatez establece que: “La acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; asimismo, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere expresamente que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.

La jurisprudencia constitucional en su SC 1039/2010-R de 23 de agosto, entre otras, estableció en cuanto al principio de inmediatez el siguiente entendimiento: “La inmediatez, es una condición esencial para que el control de constitucionalidad pueda operar a través del amparo constitucional, en virtud a este presupuesto de orden procesal-constitucional, éste se consagra como un mecanismo caracterizado por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida.

En efecto, la inmediatez del amparo constitucional encuentra su génesis en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que taxativamente manda a los estados miembros del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, disciplinar a favor de las personas un recurso sencillo, rápido y efectivo para la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución, la ley o la citada Convención, precepto que debe ser fielmente cumplido en virtud al principio ‘pacta sunt servanda’.

Por lo señalado, siguiendo el criterio desarrollado supra, se infiere que la acción de amparo, es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada”.

Respecto al cómputo del plazo de seis meses para la formulación de las acciones de amparo constitucional, la uniforme jurisprudencia constitucional, entre ellas la contenida en la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, estableció que: “Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa”» (las negrillas fueron añadidas).

Por su parte, la SCP 1316/2015-S2 de 16 de diciembre, respecto al principio de inmediatez, refirió también que: «…el art. 55 del CPCo, que establece: “I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computara desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace”; es decir que, por el principio de inmediatez, se establece un plazo prudencial de seis meses para que una persona a la cual, se le hayan vulnerado sus derechos y garantías constitucionales, pueda acudir ante sede constitucional, a fin de que dichos derechos o garantías sean restituidas previas las formalidades de ley; de tal forma se ha pronunciado la SCP 0809/2012 de 20 de agosto, misma que recogiendo la jurisprudencia de la SCP 1216/2010-R de 6 de septiembre, señalo: ‘“…en la Constitución vigente, se introduce el plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, plazo que se computa a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial y que se constituye en un verdadero plazo de caducidad del derecho de acudir a la justicia constitucional…’”; por cuanto, dejar pasar más tiempo del allí dispuesto, debe ser considerado como un acto negligente de la parte procesal presuntamente afectada y que no puede ameritar tutela constitucional, lo contrario implicaría que, esta jurisdicción se encontraría abierta de manera indefinida y sometido a la voluntad del accionante» (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitada la problemática que originó la interposición de esta acción de defensa, y conocidos los argumentos expuestos por las partes procesales, se tiene que el accionante ejercía el cargo de Secretario Administrativo de Recursos Humanos en el GAM de Ichoca y que, siendo desvinculado, a través de la nota presentada el 3 de junio de 2021, solicitó a la autoridad accionada el pago de sus sueldos devengados por los meses de febrero, marzo y abril de presente año (Conclusión II.1); petición que reiteró mediante nota presentada el 24 de junio de referido año (Conclusión II.2). Posteriormente, el impetrante de tutela, en calidad de padre de un niño menor a un año de edad, acudió ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que a través de la Instructiva de Reincorporación MTEPS-VESCYCOOP-DGSC-IL 23 de 27 de octubre de mencionado año, pronunciada por su Director General de Servicio Civil, instruyó a la MAE del GAM de Ichoca, la reincorporación laboral del prenombrado al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación, sin afectar su nivel salarial, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales, sea en el plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la notificación; asimismo, se puede verificar que dicha Instructiva cuenta con cargo de recepción de la mencionada institución y con la misma fecha (Conclusión II.3). En consecuencia, la autoridad accionada emitió el Memorando 15/2021 de 28 de octubre, reincorporando al accionante al cargo de cargo Responsable de Maquinaria Pesada del GAM de Ichoca (Conclusión II.4); sin embargo, este presentó su renuncia irrevocable el 1 de noviembre de 2021 (Conclusión II.5).

En ese contexto, se tiene que el impetrante de tutela y el Asesor Legal del GAM de Ichoca suscribieron el acta de conciliación interna de 7 de diciembre de 2021, acordando la renuncia del primero a su cargo por motivos personales, el pago total de salarios devengados y subsidios hasta el mes de octubre de año citado año, lo cual se debía efectuar hasta el 24 de diciembre del mismo año, sin postergación alguna (Conclusión II.6). Finalmente, se tiene la nota GAMI/OE/AL/002/2023 de 8 de febrero, emitida por la Asesora Legal del GAM de Ichoca, dirigida al peticionante de tutela en respuesta a su memorial de 7 de igual mes y año; señalando que: 1) De la revisión de la documentación no se encontró ningún informe legal de las gestión 2021, sobre sus sueldos devengados; 2) En lo relativo a su reincorporación, se halla el Memorando 15/2021, pero no se presentó a trabajar pese que era su obligación reportarse a su inmediato superior, siendo que el 1 de noviembre presentó renuncia irrevocable al cargo que desempeñaba; 3) No presenta registros de asistencia en los meses de febrero, marzo y abril, no estando registrados sus sueldos devengados, pues el responsable en ese momento no generó planilla de sueldos, dando a entender que no desempeño funciones en ese período de tiempo; 4) En ese entendido, se solicitó mayor información a la Dirección Administrativa Financiera, siendo que a falta de una transición transparente de la gestión del ex Alcalde del GAM de ICHOCA, existe una afectación económica que no permite pagar las deudas anteriores; y, 5) Esperando comprensión, posteriormente se hará llegar el informe solicitado, a partir del cual se podrá tener un enfoque más claro sobre los extremos mencionados (Conclusión II.7). Entonces, en primer lugar corresponde señalar que conforme a lo razonado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de amparo constitucional se encuentra regida por el principio de inmediatez previsto en el art. 55.I del CPCo, a partir de la cual la persona que se crea lesionada en sus derechos fundamentales y garantías constitucionales tiene el plazo de seis meses para plantear formalmente la acción de defensa, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho, pues la jurisdicción constitucional no se puede encontrar abierta de manera indefinida y sometida a la mera voluntad del accionante. En ese sentido, de la relación de antecedentes realizada precedentemente, se observa que la Instructiva de Reincorporación MTEPS-VESCYCOOP-DGSC-IL 23 del Director General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, fue recibida formalmente por el GAM de Ichoca, el 27 de octubre de 2021, momento a partir del cual se tenía el plazo máximo de cinco días hábiles, no solo para operar la reincorporación laboral del accionante en el mismo puesto que ocupaba, sin afectar su nivel salarial, sino también para el pago de salarios devengados y demás derechos sociales. Por lo que, incumplida dicha Instructiva en el término señalado, materialmente se configura su incumplimiento y comienza el cómputo del plazo de seis meses para la eventual interposición de una acción de amparo constitucional cuya pretensión sea lograr precisamente el cumplimiento integral de lo determinado, incluyendo el pago de los sueldos devengados y demás derechos sociales. Por lo señalado, al haberse planteado la presente acción de defensa el 13 de junio de 2023, se sobrepasó superabundantemente el plazo de inmediatez para la presentación de la acción de amparo constitucional con la pretensión de que la jurisdicción constitucional disponga el cumplimiento de la referida Instructiva, en lo que atinge al pago de sueldos devengados; máxime si la nota GAMI/OE/AL/002/2023, cuya nulidad ahora también se pretende, solamente constituye un informe del Asesor Legal del GAM de Ichoca, emitido ante una nueva solicitud realizada por el impetrante de tutela recién el 7 de febrero de 2023, informando sobre las circunstancias específicas de la reincorporación laboral del accionante y los motivos que impiden materializar el pago de los sueldos devengados; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó a resolver el fondo de la problemática planteada.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 164/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 107 a 109, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada con la aclaración de que no se ingresó a resolver el fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0531_2026-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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