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SCP 0531/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 19 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
19 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Isidora Jiménez Castro
Expediente
60237-2023-121-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su componente de aplicación objetiva de la Ley, a la propiedad privada "en sus dimensiones de usar, gozar y disponer" (sic.); así como mencionó los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra: 1) En la emisión de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417 de 1 de diciembre de 2016, no cumplió con el procedimiento establecido en el art. 9.1 de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 085/2014 de 8 de septiembre, relativo a la búsqueda de antecedentes del bien inmueble, como son la Escritura Pública 173/69 de 13 de marzo, que acredita su derecho propietario, y las Ordenanzas Municipales 02/85 de 5 de noviembre de 1985 y 026/86 de 18 de junio de 1986; 2) El proyecto de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417, no cumplió con el art 22 de la Ley Autonómica Municipal 009/2015 de 20 de enero, puesto que, al momento de remisión del proyecto de ley por el Ejecutivo Municipal, el mismo no acompañaba la exposición de motivos, asimismo carecía de fundamentación de hecho y derecho, y el informe técnico Legal TAES 56/2016 de 14 de septiembre, del departamento de Tierras y Equipamiento Social, remitido omitió cumplir con el art 9 de la Ley 085/2014; 3) En la aprobación de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417, el Concejo Municipal omitió cumplir el art. 23 de inc. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 189/2023 de 8 de noviembre, cursante de fs. 1702 vta. a 1709 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo:

a) Dejar sin efecto legal la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417 de 1 de diciembre de 2016, y todos los actos emergentes de la misma; así como el Testimonio 583/2019 de 30 de julio, otorgado por la Notaría de Gobierno del departamento de Santa Cruz, y en consecuencia, se ordena la cancelación del registro en DD.RR. de la matrícula computarizada 7.01.1.06.0179703 a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra; b) Que el Ejecutivo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, proceda en el plazo máximo de cinco días hábiles administrativos a emitir el Plano de Uso de Suelo y el Certificado Catastral del bien inmueble del accionante, registrado en DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.99.0057483; c) La ejecución del presente fallo constitucional por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conforme a lo establecido por el art. 16.I del Código Procesal Constitucional; y, d) La remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de investigación contra cualquier persona o servidor (a) público (a) que obstaculice el cumplimiento del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La expansión vertical y horizontal del debido proceso
  2. III.2. Los principios de la actividad administrativa, el acto administrativo y el debido proceso administrativo
  3. III.3. Sobre el principio de legalidad
  4. III.4. Respecto a la protección del principio de seguridad jurídica en la acción de amparo constitucional
  5. III.5. Sobre el derecho a la propiedad privada
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0531/2024-S3 Sucre, 19 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 60237-2023-121-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 189/2023 de 8 de noviembre, cursante de fs. 1702 vta. a 1709 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rodrigo Fernando Melgar Rivero en representación legal de Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos contra Gabriela Garzón Cruz, Israel Alcocer Candía, Juan Carlos Medrano Gonzáles, José Antonio Alberti Uzqueda, José Félix Quiroz Tapia, Silvana Mucarzel Demetry, Lola Terrazas Terrazas, Karina Segundina Orihuela Puma, Rosario Callejas Terrazas, Carlos Manuel Saavedra Saavedra; y, Luis Miguel Fernández Rea; Presidenta y Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de septiembre de 2023, cursante de fs. 68 a 102 vta., el accionante a través de su representante legal manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La Escritura Pública 173/69 de 13 de marzo de 1969, registrada bajo la matrícula computarizada 7.01.1.99.0057483, evidenciaría que es el único y absoluto propietario del lote de terreno con una superficie de 44.754,54 m², ubicado en la zona noroeste, Distrito 2, ET-3, entre las Unidades Vecinales (UV)-17 y UV-39 del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, puesto que el inmueble fue adquirido mediante compra venta de sus anteriores propietarios Rogelio Cuellar Encinas y Melfi Paz de Cuellar, propiedad que siempre cumplió con una función social hasta que en 1986 el entonces Alcalde de Santa Cruz de la Sierra -Pedro Ribera Sánchez- arbitrariamente "asentó con carácter de provisionalidad" (sic), a comerciantes que tenían sus puestos en el mercado "Los Pozos" mientras se realizaban mejoras y refacciones en ese centro de abasto; empero, el asentamiento provisional se convirtió en uno definitivo pese a que el terreno no estaba acondicionado para ser un mercado, pero los comerciantes no lo abandonaron para retornar a su mercado de origen, iniciándose de esa manera el "abuso municipal" de tomar a la fuerza propiedad privada sin expropiación, ni pago. Posteriormente, mediante Resolución Municipal 46/94 de 16 de mayo de 1994, bajo la presidencia del Concejal Cástulo Chávez Sosa, el municipio dispuso el traslado de "todos los comerciantes de objetos usados" que ejercían sus actividades sobre la calle Campero y pasillo "Oyola", lado norte del Mercado "Los Pozos" que debían ser reubicados en el Mercado "Mutualista", reafirmándose de esa manera la "toma" del predio privado a favor de los comerciantes de "Los Pozos", sin proceso expropietario ni pago de justiprecio, más al contrario el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra otorgó en usufructo parte del predio a varias asociaciones de comerciantes mediante Resolución Administrativa 368/97 de 26 de mayo de 1997 refrendada por el Concejo Municipal de esa misma ciudad, mediante Resolución Municipal 97/97 de 27 de mayo de 1997, sin tener derecho propietario, dado que la -Ley Confiscatoria Municipal 417 de 1 de diciembre de 2016-, fue emitida casi veinte años después. Señaló que el acto lesivo que vulneró sus derechos al debido proceso y a la propiedad en sus elementos de usar, gozar y disponer es la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417 de 1 de diciembre de 2016, pronunciada por el Concejo Municipal, que declaró de forma abusiva y arbitraria como bien de dominio público la superficie de 44 754,54 m² de su propiedad, cuando esa norma no cuenta con la calidad legal suficiente, al haber sido emitida sin contemplar y cumplir los procedimientos establecidos en el art. 7 de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 085/2014 de 8 de septiembre, además que la Ley es de naturaleza administrativa y no tiene características de ser normativo- legislativo, no pudiendo, por ello, aplicarse las acciones de inconstitucionalidad, naturaleza administrativa que por sus efectos únicamente recae sobre su derecho propietario, por lo que considerando la existencia de una laguna normativa, en el caso se activó el procedimiento administrativo a efecto de impugnarla ante el Órgano Legislativo que emitido dicha norma, ante lo cual el 11 de octubre de 2022 se solicitó al Pleno del Concejo Municipal la abrogación de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417 y alternativamente se pidió activar el proceso de expropiación o efectuar la devolución del inmueble. Posteriormente, por memorial de "recurso de reconsideración" de 28 de mayo de 2023, dirigido el Presidente del Concejo Municipal, se solicitó que se conmine a las Comisiones de Constitución y Planificación del Órgano Deliberante para que remitan al Plenario los Informes correspondientes para su consideración en el Concejo Municipal a efecto de abrogar la Ley 417; sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido ninguna respuesta a sus recursos de impugnación por parte del Concejo Municipal, pese incluso a la existencia de solicitudes de informes por parte de las Comisiones al Ejecutivo Municipal quien habría emitido informe con relación al caso en concreto; y, que el Concejo Municipal tenía el plazo de veinte días para resolver su petición, por lo que pasado ese plazo operó el silencio administrativo negativo, razón por la cual se encuentra dentro de plazo previsto en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo). Manifestó que, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra al aprobar el proyecto de Ley de Declaración como bien de dominio público municipal su propiedad, no observó el cumplimiento del procedimiento legislativo municipal establecido para tal efecto, puesto que del Acta de Sesión de 1 de diciembre de 2016, se tiene que la supuesta regularización e inscripción de su terreno como bien de dominio municipal, no cumplió con lo establecido en el art. 9 de la Ley 085/2014, que establece la regularización de Bienes Inmuebles de Dominio Municipal, omitiéndose la exigencia de buscar antecedentes del bien inmueble como ser la Escritura Pública 173/69 de 13 de marzo de 1969, el Folio Real y la matrícula computarizada 7.01.1.99.0057483, que evidencian la existencia de antecedentes dominiales de su lote de terreno, de igual manera, el Ejecutivo Municipal, no observó la existencia de la Ordenanza Municipal 02/85 de 5 de noviembre de 1985, la cual declaró de necesidad y utilidad pública los terrenos que se encuentran dentro del área de equipamiento Terciario ET-3; y la Ordenanza Municipal 26/86 vinculada con la señalada anteriormente, las cuales según el Jefe del Departamento de Expropiaciones en su comunicación interna de 9 de febrero de 2023, no fueron publicadas en la Gaceta Municipal; sin embargo, son antecedentes que tienen que ver con su lote de terreno. Por otra parte, el proyecto de Ley no cumple con el art. 22 de la Ley Autonómica Municipal 009/2015 de 20 de enero, la cual regula, sistematiza y vincula el ejercicio legislativo Municipal y el Ordenamiento Jurídico y Administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra; pues, al momento de remisión del proyecto de ley por el Ejecutivo Municipal, el mismo no acompañaba la exposición de motivos; asimismo carecía de fundamentación de hecho y derecho, y solo se remitió el Informe Técnico Legal TAES 56/2016 de 14 de septiembre del Departamento de Tierras y Equipamiento Social, el cual omitió cumplir con el art. 9 de la Ley 085/2014, de la misma manera, en cuanto a su aprobación, el Concejo Municipal, omitió cumplir el art. 23 inc. d) de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales -Ley 482 de 9 de enero de 2014-, puesto que luego de concluida la lectura del informe de la comisión, se puso a consideración el proyecto de ley y fue aprobado de manera directa; es decir, no cumplió con las diferentes etapas en la que se debe tratar el proyecto de ley. Por otra parte, el análisis técnico realizado por la comisión se limita a enunciar los documentos adjuntados al informe Técnico Legal TAES 56/2016, del departamento de Tierras y Equipamiento Social; ese análisis resulta pueril, ya que señala que de acuerdo a los planos el área funcionaba desde hace años como mercado Mutualista; esa imprecisión y ausencia de datos refleja la falta de seriedad del informe, del mismo modo, la comisión en ningún momento hace referencias al informe legal 215/2016 de 3 de octubre de la Secretaria Municipal de Asuntos Jurídicos, siendo que el mismo constituye un requisito sine quanom, exigido por el art. 9.VI del Ley 085/2014; finalmente el referido informe señala que la razón por la que corresponde declarar bien de dominio municipal es porque carece de antecedentes dominiales, afirmación falsa, puesto que por la Escritura Pública 173/69, se acredita que es el único y absoluto propietario, de esa manera se ha vulnerado el derecho al debido proceso en su vertiente de aplicación objetiva de la ley y el principio de legalidad. Así mismo, la Ley 417, al declarar como bien de dominio público municipal, no ha respetado lo dispuesto en el art. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE), la jurisprudencia constitucional e interamericana; y al no haber valorado los antecedentes dominiales, como es la Escritura Pública 173/69 de 13 de marzo, vulnera su derecho a la propiedad privada y la seguridad jurídica, puesto que se le está confiscando su propiedad, desconociendo que la única forma en la que la propiedad privada puede pasar a dominio público, es a través de la expropiación. Los Concejales municipales al dictar la Ley 417, se excedieron en sus facultades legislativas, la cual resulta desproporcionada respecto a la afectación de la propiedad privada, pues si bien este derecho puede sufrir restricciones, éstas deben ser impuestas conforme a la ley y en los límites que esta permite y en el marco del procedimiento establecido por las Constitución Política del Estado y las Leyes; y, aun cumpliendo con esa legalidad la determinación de la administración pública debe ser proporcional, donde de analizarse su idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en su componente de aplicación objetiva de la Ley, a la propiedad privada "en sus dimensiones de usar, gozar y disponer" (sic); y, la "seguridad jurídica", así como el principio de legalidad; citando al efecto los arts. 56, 115 y 117 de la CPE; y, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda tutela; y en consecuencia ordenar: a) Se deje sin efecto jurídico la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417 de 1 de diciembre de 2016, así como el Testimonio 583/2019 de 30 de julio, y se ordene la cancelación de la matrícula computarizada 7.01.1.06.0179703 que registró su terreno a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra; y, b) Se ordene al Ejecutivo Municipal del mismo municipio, proceda a emitir el Plano de Uso de Suelo y el Certificado Catastral de su bien inmueble registrado bajo la matrícula computarizada 7.01.1.99.0057483.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de noviembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 1670 a 1702 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante por intermedio de sus abogados ratificó in extenso el contenido del memorial de la demanda de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Gabriela Garzón Cruz, Luis Miguel Fernández Rea, Israel Alcocer Candía y Carlos Manuel Saavedra Saavedra, Presidenta y Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en audiencia virtual expresaron lo siguiente: a) El impetrante de tutela indicó ser propietario legítimo de un bien inmueble registrado bajo la matrícula computarizada de Derechos Reales (DD.RR.) "7011990057483" con una superficie de 444 753,54 m² 17 UVE 39 del Municipio de Santa Cruz; empero, éste no presentó certificado de DD.RR. que contenga ciertos aspectos técnicos de un bien inmueble registrado a nombre de Miguel Crapuzzi Direnzo, el cual no coincide con los datos técnicos del impetrante de tutela; b) No se estableció con claridad en qué momento se vulneró el derecho al debido proceso, respecto al cual solamente se limitó a mencionarlo sin indicar en qué elemento fue desconocido; más aún si no fue sometido a una instancia procesal, ya sea administrativa como el Concejo Municipal o judicial; c) El peticionante de tutela manifestó de manera clara que el acto que vulneró su derecho propietario fue la emisión de la Ley Autonómica "417/2017", estando a siete años de su aprobación, causando extrañeza que el accionante pretenda desconocer los recursos previstos en el art. 17 de la Ley Autonómica Municipal” 09/2015”; en ese entendido, la ley se encuentra vigente y está surtiendo sus efectos jurídicos para la cual fue creada; d) El art. 56 de la referida Ley establece los recursos de impugnación, entre los que se encuentra el recurso de control de legalidad, a través del cual el Concejo Municipal interpreta, analiza, deroga o modifica el contenido de las disposiciones impugnadas con el objetivo de restablecer la legalidad de la norma municipal contraventora y ajustar su contenido a efectos al marco jurídico legal vigente, de modo que no vulneren derechos del ciudadano y cumpla con el principio de legalidad; e) Asimismo, el art. 57 de la ya señalada -Ley Autonómica Municipal 09/2015-, prevé la procedencia y oportunidad de ese recurso administrativo que la parte accionante pudo haber invocado en su momento y tiempos en los que la norma establece, pudiendo hacer uso del recurso de control de legalidad a ser interpuesto en el plazo máximo de veinte días calendario a partir de la vigencia de la Ley y en una sola oportunidad; siendo por ello extraño que luego de siete años por negligencia el ahora accionante pretende interponer una acción de amparo constitucional sin haber agotado los medios de impugnación que franquea la norma municipal, siendo por ello la vía constitucional inidónea para reparar la negligencia del accionante; f) Por otro lado, el impetrante de tutela presentó tres memoriales, uno el 4 de octubre de 2022, "complementariamente el 2019" y el último el 18 de mayo de 2023, pretendiendo maliciosamente hacer ver que estuviera dentro de los seis meses previstos por el principio de inmediatez para interponer una acción de amparo constitucional; g) Se debe resaltar que el 12 de octubre "del presente año", de manera personal Nelson Miguel Crapuzzi fue notificado a través de las actas notariales en su domicilio real, respecto a las respuestas a los memoriales de 4 de octubre de 2022 y 19 de ese mismo mes y año, posteriormente se le notificó de manera personal a través de Acta Notarial, la respuesta a su memorial de 18 de mayo de 2023, habiendo por ello respondido a sus solicitudes; por lo que, no daría lugar a la presentación de esta acción de amparo constitucional; y, h) El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, ha demostrado su propiedad a través de documentación idónea; por lo cual, solicitan que además que se deniegue la tutela, se dejen sin efecto las medidas cautelares sobre los predios municipales impuestas por la Jueza de Pailón, quien declinó competencia. José Félix Quiroz Tapia, Concejal del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de su abogado en audiencia virtual señaló: 1) El accionante refiere ilegalidad en el proceso de concesión de la Ley 417, resolución que supuestamente habría vulnerado sus derechos a la propiedad, al debido proceso en su aplicación objetiva de la Ley, y los principios de legalidad y seguridad jurídica; empero cabe precisar que, el año 2016 en la que se sancionó dicha Ley, no fungía como Concejal Municipal; 2) En su calidad de ahora Concejal Municipal en una sesión plenaria a través de lectura por Secretaria tomó conocimiento de la solicitud del accionante de abrogar la Ley 417, bajo ese proyecto en el marco del Reglamento del Concejo Municipal y ceñido al "art. 62", hizo solicitudes junto a los demás concejales con la finalidad de conocer el contexto de la Ley cuestionada y sus antecedentes; y una vez recibida la información se pudo corroborar falta de personería del accionante en la vía administrativa, por lo que se determinó no entrar en la consideración de fondo; 3) Siendo que lo que se cuestiona es que la Ley 417 en su concepción incumplió con los requisitos de los arts. 7 y 9 de la Ley 085 de 2014 -Ley de Identificación y Registro de Bienes de Dominio Municipal- que supuestamente lesionaron los principios de seguridad jurídica, legalidad, y los derechos al debido proceso y a la propiedad y que no se habría cumplido con los procedimientos en su concepción; empero, el mecanismo para reclamar esa supuesta irregularidad no es el amparo constitucional sino el recurso de inconstitucionalidad; y, 4) Si bien, el accionante refiere tener un derecho de propiedad inscrito en DD.RR. sobre un terreno que es de dominio municipal, estaríamos ante un conflicto de mejor derecho, aspecto que no puede ser dilucidado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Juan Carlos Medrano Gonzáles, Concejal del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por informe presentado el 12 de octubre de 2023, cursante de fs. 842 a 846 vta.; y a través de su abogado en audiencia virtual; manifestó: i) Cuando se aprobó la Ley 417, no fungía como Concejal, por lo que no participó de la aprobación de esa norma; ii) Respecto a los memoriales que no habrían tenido una respuesta por el Concejo Municipal, cabe señalar que la nota de mayo de 2023, es un memorial de solicitud presentado al Concejo Municipal, el cual siguió un procedimiento, ingresó a ventanilla Única al Pleno del Concejo que fue derivada al Presidente de la Comisión de Constitución, en la cual la Concejala Karina Orihuela no tiene ni voz ni voto en esa comisión y el Concejal José Antonio Alberti, igualmente no puede definir ninguna solicitud, pudiendo entenderse de ello que habría supuestamente operado el silencio administrativo, puesto que el contenido de la acción de amparo constitucional es confusa; iii) La Comisión dio respuesta al ahora accionante con un oficio e informe de 17 de octubre de 2023 dirigido al Pleno del Concejo Municipal, el cual fue aprobado; por ello, resulta evidente indicar que ha cesado el acto reclamado; y, iv) No existe ningún antecedente de dominio anterior al derecho y registro propietario a favor del Municipio de Santa Cruz. Silvana Mucarzel Demetry y Lola Terrazas Terrazas, Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de su abogado en audiencia virtual, manifestaron: a) La Ley 417, proviene a exigencia de la Ley 2372 -Ley de Regularización de Derecho Propietario- que en su art. 6.II, prevé que los Gobiernos Municipales están obligados a inscribir el derecho de propiedad de sus predios en DD.RR. y las leyes que declaran la propiedad Municipal y constituyen título suficiente originario para su inscripción de pleno derecho, sin requerir información o documentación adicional; b) Sobre la relación de los hechos realizada por el accionante se puede observar que de 1989 al 1994 transcurrieron cinco años de la supuesta arbitrariedad denunciada, sin que el supuesto propietario se habría apersonado o haya realizado ninguna acción de recuperar su predio, el cual indica que supuestamente cumplió con una función social, más aún si desde 1989 al 2016 habrían transcurrido veintisiete años sin que el accionante se pronuncia al respecto; c) El art. 57 de la CPE, prevé que la expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, o cuando la propiedad no cumpla con una función social calificada conforme a ley y previa indemnización justa; por lo que al amparo de los arts. 9.3 y 34 de la Ley Marco de Autonomías y de Descentralización y el 8 de la Ley Autonómica Municipal 09/2015, es que se pronunció la Ley 417; por la cual, se declaró el bien de dominio público municipal y por ende la "expropiación" de los predios objeto de la presente acción; y, d) La pretensión de accionante es dejar sin efecto jurídico la Ley 417, así como el Testimonio 589/2019 y además ordenar la cancelación de la matrícula computarizada 70110600179703, correspondiente al Gobierno Autónomo Municipal y proceder además a emitir el plano y certificado catastral registrado bajo la matrícula computarizada 7011990057483, lo que implica desconocer el derecho propietario del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Rosario Callejas Terrazas, Concejala del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de su abogado en audiencia virtual señaló: 1) Entre otras cosas el accionante basó su solicitud en el principio de inmediatez y la falta de respuesta por parte del Concejo Municipal a los memoriales presentados por éste el 4 y 19 de octubre de 2022 y el último de 18 de mayo de 2023; solicitudes que fueron remitidas a las respectivas Comisiones del Concejo Municipal, como la Comisión de Constitución y Gestión Institucional, que emitió el Informe 154/2022-2023, el cual tiene como referencia a la solicitud de abrogación de la Ley Autonómica Municipal 417, recomendándose enviar el expediente a la Ejecutivo Municipal y remitir petición de informe escrito; 2) La Comisión de Planificación, Obras Públicas, medio ambiente y servicios, emitió el Informe 161/2022-2023, que recomienda tramitar de oficio al Ejecutivo Municipal y remitir petición de informe escrito; así el 5 de mayo de 2023, el Alcalde envió respuesta a la petición de Informe escrito mediante comunicación interna de la Secretaría de Edificación para el Desarrollo 559/2023; 3) Con la presentación de esos memoriales el accionante considera que se encuentra dentro del plazo de los seis meses para la presentación de la presente acción tutelar; 4) El 12 de octubre de 2023, se notificó personalmente y mediante Notario de Fe Pública en su domicilio real al accionante, con el Oficio de Presidencia 27/2023-2024, a través del cual se dio respuesta a los memoriales; y, 5) Se dio respuesta al memorial presentado por el accionante el 18 de mayo de 2023, no siendo evidente el cumplimiento de la inmediatez, considerando que se respondió a su requerimiento, evidenciándose de las Ordenanzas Municipales de expropiaciones de 1986 así como la Ley Autonómica Municipal 417, que transcurrieron "más de 30 años" sin realizar reclamos ni interponer algún recurso o iniciar algún proceso en la vía ordinaria contra la expropiación del precitado inmueble. Karina Segundina Orihuela Puma y José Antonio Alberti Uzqueda, Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra; por informe cursante de fs. 1424 a 1427 vta., expresaron lo siguiente: i) El "recurso" de amparo constitucional interpuesto es improcedente, dado que las peticiones realizadas por el accionante son sólo oficios que piden la abrogación de la Ley 417, solicitudes que de acuerdo a procedimiento ingresan a la Comisión de Constitución para su tratamiento, dicha comisión de la cual no son parte solo adscritos, habiéndose a la fecha emitido el informe aprobado por el Pleno dando respuesta al peticionante, liberándoles de cualquier responsabilidad ante un silencio administrativo aludido por el accionante; ii) Ante un supuesto silencio administrativo cabía la posibilidad de plantear los recursos administrativos pertinentes en caso de verse desfavorecido; iii) La petición del impetrante de tutela fue confusa y contradictoria, dado que por una parte de manera directa menciona la vulneración a sus derechos atribuidos por la Ley 417; empero, por otra parte, indica que fuera a consecuencia de la no respuesta a sus peticiones al Concejo Municipal, relacionadas a la solicitud de 4 de octubre de 2022, en la cual el accionante solicitó la abrogación de la Ley 417, que declaró como bien de dominio público municipal la superficie total de 44 754,52 m², ubicada en la zona Noreste, distrito municipal 2, ET-3, destinado a equipamiento denominado mercado "Mutualista"; solicitud que fue remitida a la comisión de Constitución y Planificación, la cual emitió sus respectivos informes aprobados por el Pleno; iv) Asimismo, el 17 de octubre de 2022, el accionante complementó su solicitud de abrogación de la Ley 417; solicitud que fue remitida igualmente a las Comisiones de Constitución y Planificación, las cuales emitieron sus informes respectivos aprobados por el Pleno;

v) El 18 de mayo de 2023, el ahora accionante por su representado, hace referencia a la legitimación activa y derecho propietario sobre el actual mercado mutualista; respecto a la cual se comprende que se encuentra en la Comisión de Constitución del Concejo Municipal, comisión de la que no forman parte; además dicha instancia deberá emitir informe de acuerdo al art. 38 del Reglamento General del Concejo Municipal en el plazo de quince días computables desde su presentación en Ventanilla Única de recepción; vi) El accionante tenía la vía expedita para interponer los recursos administrativos correspondientes; vii) No cursa en sus despachos ningún recurso de reconsideración al que el peticionante de tutela hizo referencia; por lo que, no se agotaron las instancias y no se dio lugar a la subsidiariedad; y, viii) Siendo la Ley Municipal que hubiera vulnerado sus derechos el plazo para la presentación del amparo constitucional esta vencido superabundantemente, al basar la vulneración de su derecho propietario en la Ley 417; por lo cual, el plazo para la presentación del presente amparo debía haber sido a los seis meses de promulgada dicha Ley y no siete años después.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en audiencia pública virtual, a través de su abogado, indicó: a) La acción va dirigida esencialmente contra la Ley 417, alegando la vulneración a los derechos al debido proceso y a la propiedad, pidiendo que se deje sin efecto la referida norma, la cancelación del Testimonio 583/2019, así como la matrícula computarizada del Gobierno Autónomo Municipal en DD.RR. y la emisión de certificado catastral y planos de uso de suelo; b) De acuerdo a la documentación presentada el accionante no cumplió con los principios básicos de validez y carece de legalidad para acreditar su legitimidad; c) No existen históricamente antecedentes dominiales del accionante o del señor Crapuzzi, por lo que carece de legitimación activa para interponer una acción de amparo constitucional; d) Si bien el demandante de tutela el 11 de octubre de 2022, solicitó al Pleno del Concejo la abrogación de la Ley 417, efectuando así un acto administrativo y petición precisa, la solicitud tuvo una respuesta y le fue notificada, habiendo trascurrido desde esa fecha más de once meses para que la parte ahora pretenda interponer una acción de amparo constitucional, incumpliendo de esa manera con los principios de inmediatez y subsidiariedad; e) En el caso se está confundiendo lo que es un procedimiento administrativo de uno legislativo; por lo que, al no interponer el accionante los recursos en tiempo y forma de ley, éste ha realizado un acto consentido, existiendo una total contradicción entre los argumentos expuestos y el petitorio; f) El impetrante de tutela nunca estuvo en posesión de los terrenos donde actualmente se encuentra ubicado el mercado "Mutualista", lo cual fue determinado en el propio memorial de acción de amparo constitucional que indica históricamente desde qué fecha fueron "localizados" los comerciantes del mercado "Los Pozos", aspecto que emerge de un procedimiento que cumplió con todas las fases y etapas, las cuales fueron precluyendo a partir de 1984 con la afectación y apropiación y adjudicación de los predios mediante un procedimiento administrativo; inclusive del 13 de junio de 1984, existe una declaratoria de rebeldía de los presuntos propietarios, al haberse convocado a persona especificas así como a todo aquel que considera tener derechos sobre los predios motivos del proceso administrativo, por lo que pasada la fase administrativa se pasó a la fase legislativa con la emisión de la Ley 417, cumpliendo con el procedimiento establecido en la Ley 009/2015, contando con los informes de viabilidad, norma que goza de presunción de constitucionalidad y legalidad, siendo de cumplimiento obligatorio; g) La matrícula computarizada 7011060179703, indica claramente que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, tiene su derecho propietario consolidado y perfeccionado en DD.RR. sobre la zona noreste, distrito municipal, entre las "v 17 UV 39", situación que fue puesta en conocimiento conforme establece la norma, indicando el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) que es un bien de dominio público municipal; y, h) Desde la fecha de promulgación de la Ley 417/2016, han transcurrido más de siete años sin que la parte hubiera realizado acciones contra la misma y peor aún no realizó las acciones dentro de los plazos previstos en la norma; y con relación a la medida cautelar, si bien fue emitida por otra autoridad al haber sido aprobada, se solicita sea dejada sin efecto, puesto que esa medida afectaría derechos colectivos como son de las asociaciones de comerciantes que se encuentran actualmente ocupando el mercado "Mutualista". Mónica Paz Siñani Mamani, en representación de la Procuraduría General del Estado, en audiencia pública virtual, señaló: 1) En el amparo no se hizo una fundamentación de los hechos y garantías que fueron vulnerados a través de la emisión tanto de la Ley 417, como de los memoriales a que a la fecha no existiría respuesta por las autoridades competentes; por lo que, se debe tomar en cuenta que la Ley Municipal de la cual se pide su abrogación data de la gestión 2016, y tenía todos los mecanismos legales para interponer los recursos previstos por la norma; empero luego de cinco años, se pretende que a través de la acción de amparo constitucional proceda a la abrogación de dicha resolución; y, 2) Existen causales de improcedencia conforme establece el art. 53 del CPCo; por lo que, se pide que se deniegue la tutela y se levanten las medidas cautelares ordenadas por autoridad constitucional. Gonzalo Rodríguez Cámara, Director General Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), representado por Mario Mayorga Chambi y Mariana Montero Quiroga, conforme el Testimonio de Poder 719/2023, cursante de fs. 1172 a 1174 vta., mediante memorial presentado el 16 de octubre de 2023, cursante de fs. 1175 a 1183 vta. y reiterando los argumentos de las autoridades que le precedieron respecto al incumplimiento de los principios de subsidiariedad e inmediatez por parte del accionante, la autoridad expresó: i) La UPRE representado por su persona y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Max Jhonny Fernández Saucedo, en calidad de Alcalde Municipal, suscribieron tres Convenios Intergubernativos de Financiamiento, así el Convenio Intergubernativo de Financiamiento UPRE-CIF-IG 001/2023 de 20 de enero, para canalizar el financiamiento del Proyecto denominado "CONST. MERCADO MUTUALISTA (8000 m) ET-3 Distrito 2 Bloque A - Santa Cruz de la Sierra, por un monto total de Bs68 360 779,54.- (sesenta y ocho millones trescientos sesenta mil setecientos setenta y nueve 54/100 bolivianos); asimismo, el Convenio Intergubernativo de Financiamiento UPRE-CIF- IG 002/2023 de 20 de enero, para canalizar el financiamiento del Proyecto "CONST. MERCADO MUTUALISTA ET-3 DIST. 2 BLOQUE B - SANTA CRUZ DE LA SIERRA", financiado por un monto total de Bs44 209 919,18.- (cuarenta y cuatro millones doscientos nueve mil novecientos diecinueve 18/100 bolivianos); y finalmente, el Convenio Inter gubernativo de Financiamiento UPRE-CIF-IG 003/2023 de 20 de enero, para la canalización del financiamiento del Proyecto denominado "CONST. MERCADO MUTUALISTA ET-3 DISTRITO 2 BLOQUE C - SANTA CRUZ DE LA SIERRA", por un monto total de Bs3 817 028,10.- (tres millones ochocientos diecisiete mil veintiocho 10/100 bolivianos); y, ii) Con relación al derecho propietario donde ser van a emplazar la ejecución de los proyectos, son los beneficiarios quienes deben acreditar su derecho propietario con documentación idónea; por lo que, previo a la ejecución de los Convenios en cumplimiento a la normativa vigente se solicitó al Municipio de Santa Cruz, la documentación que acredite el derecho propietario, quien presentó folio real con matrícula computarizada 7.01.1.06.0179703 Vigentes de Áreas de Terreno de Uso PUB, ubicado en la zona Noreste, Distrito Municipal 2, ET-3M, entre las UV 17 y UV 39, con una superficie de 44754.52 m² a su nombre, con Folio Real de 3 de diciembre de 2019, así como el Certificado Catastral 1471214, de donde se infiere que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, cuenta con derecho propietario debidamente registrado en DD.RR., en consecuencia constituyéndose en un bien del Estado. Miriam Salazar Albornoz, Presidenta de la Asociación de Comerciantes "26 de febrero"; Valeria Lima Zambrana, Presidenta de la Asociación de Comerciantes "16 de enero"; Magaly Mamani, Presidenta de la Asociación de Comerciantes "13 de enero"; Pánfilo Ardaya Vásquez, Presidente de la Asociación de Comerciantes "14 de mayo"; Félix Chambi Huanca, Vicepresidente de la Asociación de Comerciantes "10 de enero"; y, Félix Dávila Layme, Presidente de la Asociación "20 de agosto Abasto II"; por memorial presentado el 11 de octubre de 2023, cursante de fs. 319 a 321; y el de 7 de noviembre del mismo año, cursante de fs. 1412 1414 vta.; añadiendo a María Luisa Llanos Butrón, representante de la Asociación de Comerciantes "13 de agosto"; Sinda Silvia Cruz de Mérida, por la Asociación de Comerciantes "12 de octubre"; y, Antonia Montaño, en representación de la Asociación de Comerciantes "23 de septiembre"; señalaron que: a) El 7 de marzo de 1998, el entonces Alcalde Municipal, les traslado desde el mercado "Los Pozos" a los predios ubicados en el tercer anillo de la avenida Mutualista, con la promesa de volvernos a instalar en el mercado "Los Pozos", lo que no sucedió; por lo que, en calidad de comerciantes informales, formaron indistintamente parte de asociaciones que se encuentran ubicados sobre la avenida Mutualista, entre tercer anillo externo y tercer anillo interno, conocido como mercado Mutualista encontrándose desarrollando actividades de comercio; b) El 24 de febrero de 2023, acaeció un incendio que destruyó más del 40% de las casetas y casi un tercio del mercado Mutualista; desde esa fecha vienen sufriendo maltratos por parte de funcionarios de la Alcaldía municipal, quienes les prohíben volver a ingresar a los predios en los que ocurrió el siniestro, señalando que serían detentadores de esos terrenos desde 1987; c) El Ejecutivo Municipal insistió en realizar un proyecto de construcción del Mercado Modelo Mutualista, realizando una alianza estratégica con la UPRE, quien aprobó el proyecto sin que haya cumplido con los requisitos básicos para el financiamiento del mismo; siendo aprobado el mismo por la mayoría del Concejo Municipal; y, d) Existe una divergencia respecto al derecho propietario de los terrenos en los que se encuentra asentado el Mercado Mutualista, siendo atentatorio a sus derechos constitucionales por cuanto pretender ejercer tuición sobre ellos de manera abusiva, pese a no tener consagrado su derecho propietario sobre los predios que supuestamente se les otorgó en usufructo o concesión, lesionando incluso su derecho a la posesión que tienen después de veintiséis años que tienen como detentadores de sus casetas, realizando su labor de comerciantes. María Luisa Llanos Butrón, en representación de la Asociación de Comerciantes "13 de agosto"; Sinda Silvia Cruz de Mérida, por la Asociación de Comerciantes de "12 de octubre"; Magaly Mamani, Presidenta de la Asociación de Comerciantes "13 de enero"; y, Antonia Montaño, por la Asociación de Comerciantes "23 de septiembre"; por memorial presentado el 19 de octubre de 2023, cursante de fs. 1234 a 1236 vta., reiteraron lo alegado por las Asociaciones de Comerciantes que los anteceden. Nery Willman Chuquimia Lizarazo, en representación de la Asociación de Comerciantes Minoristas "27 de septiembre", por memorial presentado el 12 de octubre de 2023, cursante de fs. 870 a 871, y en audiencia virtual a través de su abogado, indicó que el impetrante apoderado mencionó que el 11 de octubre de 2022, el 26 de octubre del mismo año, y el 28 de mayo de 2023, realizó diversas peticiones dirigidas al Concejo Municipal de Santa Cruz para la abrogación de la Ley Municipal “414”, indicando que hasta la fecha no habrían recibido respuesta alguna a sus recursos de impugnación; por lo que siendo en el caso que existen derechos controvertidos resulta improcedente otorgar tutela, por ello solicitan se declare improcedentes la acción de amparo constitucional. Marco Antonio Chinche Arce, en representación de la Asociación de Comerciantes Minoristas "10 de abril", a través del memorial presentado el 12 de octubre de 2023, cursante de fs. 890 a 891 vta.; alegando los mismos argumentos del representante de la Asociación de Comerciantes Minoristas "27 de septiembre", añadió que la asociación que representa es legítima propietaria de las mejoras introducidas en el Mercado "Mutualista", el mismo que adquirieron con sus propios medios y esfuerzo mancomunado de seis asociaciones, gracias al Convenio de Usufructo suscrito con la Alcaldía Municipal de Santa Cruz, mediante Instrumento 798/97 de 19 de septiembre de 1997, suscrito ante la notaría de hacienda departamental, inscrito en DD.RR. bajo la Partida 040143328 de 10 de octubre de 1997; para posteriormente mediante Instrumento Público 119/97 contrataron los servicios de la empresa constructora "LACONT UP" para la construcción del mercado en el cual cada asociación invirtió con medios económicos propios, y hasta la fecha ese derecho, mantención, cuidado y desarrollo de su fuente de ingreso les pertenece. Marcos Fernández Sandoval, en representación de la Asociación de Comerciantes Minoristas "5 de septiembre", por memorial presentado el 12 de octubre de 2023, cursante de fs. 919 a 920 vta., alegó los mismos argumentos del representante de la Asociación de Comerciantes Minoristas "10 de abril"; reiterado por memorial presentado el 6 de noviembre de 2023, cursante de fs. 1375 a 1376 vta. Irma Genoveva Romero de Janeo, Presidenta de la Asociación "12 de febrero", a través del memorial presentado el 12 de octubre de 2023, cursante de fs. 1125 a 1130, indicó: 1) De la revisión de la acción de amparo constitucional se evidencia que no se acreditó la legitimación activa al no existir documento que confirme que el accionante es hijo de Miguel Crapuzzi Dirienzo, de quien no se tiene certificado de defunción; así como no hay certificado de nacimiento ni declaratoria de herederos que mencione ese inmueble, así como se omitió presentar el pago de impuestos sucesorios y los municipales de los últimos treinta años; no existe un alodial y en la vista rápida adjunta se menciona que la matrícula está bloqueada por procesos ordinarios del año 2006, no existe plano de ubicación, menos tradición y la titularidad, es más del segundo testimonio se pudo evidenciar que ni siquiera dicho predio corresponde a la zona reclamada, pretendiendo con todo ello perjudicar a toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; 2) Si lo que se pretende es anular una ordenanza municipal de 2016, el plazo de los seis meses está superabundantemente vencido; 3) Existen en la vía administrativa los recursos idóneos para dejar sin efecto una ley municipal y en el caso estos recursos está establecido en la Ley Autonómica Municipal 009/2015 de 20 de enero, en la cual el art. 57 refiere del control de legalidad de una ordenanza municipal, resolución municipal y otras leyes, debiendo interponerse el mismo en el plazo de veinte días; 4) En su petitorio el accionante menciona que se ordene la cancelación de la matrícula computarizada 7.01.1.06.0179703, aspecto que es improcedente en el ámbito constitucional, existiendo la vía ordinaria, como el proceso de mejor derecho propietario, que constituye un recurso de protección inmediata; y, 5) Al momento de emitir la Ordenanza Municipal -cuestionada de ilegal- se convocó a los supuestos propietarios para que presenten sus papeles en treinta días; empero, el accionante no lo hizo por más de treinta años, luego cuando se emite la -Ordenanza Municipal 417-, que ahora se pide dejar sin efecto, no hizo uso de los recursos idóneos y menos interpuso recurso de amparo constitucional dentro de los seis meses, pretendiendo hacerlo luego de más de siete años, así como no hizo uso de los recursos ordinarios previsto en la norma; con todo lo señalado solicita que se deniegue la tutela solicitada. Nélida Montaño Guzmán, Presidenta de la Asociación "01 de febrero", Juana Condo de Quispe, Presidenta de la Asociación "22 de Mayo"; Isaías Choque Obza, Presidente de la Asociación "12 de octubre"; Teodosio Choque Zegarra, Presidente de la Asociación "GREMIO UNIDO", por memorial presentado el 19 de octubre de 2023, cursante de fs. 1268 a 1269 vta.; indicaron que en la acción de amparo constitucional concurren causales de improcedencia como el vencimiento de plazos procesales y la existencia de actos consentidos; añadiendo en audiencia virtual a través de su abogado que en el caso concurren hechos controvertidos, puesto de ser cierto que el accionante tiene derecho propietario, la vía correcta para aclarar ese tema sería la ordinaria. Felipe Barra Machaca, Presidente de la Asociación gremial de comerciantes minoristas "23 de septiembre", por memorial presentado el 3 de noviembre de 2023, cursante de fs. 1349 a 1351 vta., y en audiencia pública virtual a través de su abogado señaló que: i) El accionante atacó la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417 de 1 de diciembre de 2016, que declaró bien de dominio público municipal los terrenos del mercado "Mutualista", promulgada por Percy Fernández Añez, respecto a la cual no se interpuso ninguna acción de defensa; ii) Por el alodial original y actualizado se puede evidenciar que el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, tiene inscrito su derecho propietario en DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.06.01.7970 y la Asociación que representa tiene un contrato de concesión registrado en el casillero B-1 concesión gratuita y temporal por veinte años, registro de DD.RR. que fue de conocimiento del accionante; y, iii) En varias oportunidades el impetrante de tutela, presentó cartas al Concejo Municipal pidiendo la abrogación de la Ley 417, concurriendo por ello un derecho controvertido, al existir dos inscripciones de DD.RR.; es decir, uno de accionante y otro del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, existiendo en conclusión deslealtad procesal en la presente acción de amparo constitucional. Isidoro Ávila, en representación de la asociación "15 de mayo" del Mercado Mutualista, en audiencia virtual manifestó: a) El presente problema no se podrá solucionar a través de la acción de amparo constitucional sino que corresponde que sea dilucidada en la vía ordinaria; y, b) Existe un contrato de usufructo ahora en vigencia, concedido en 1997 y suscrito por el actual Alcalde Municipal Max Johnny Fernández Saucedo, a favor de la asociación que representa, así como se encuentran asentadas las seis asociaciones beneficiadas con el usufructo, existiendo por ello un derecho que tiene que ser respetado.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 189/2023 de 8 de noviembre, cursante de fs. 1702 vta. a 1709 vta., concedió la tutela, disponiendo: 1) Dejar sin efecto legal la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417 y todos los actos emergentes de la misma; y, 2) Respecto a la solicitud de proceder a emitir el plano de uso de suelo y certificado catastral del bien inmueble de propiedad de Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos, corresponderá al Gobierno Municipal, cumplidos los requisitos que la Ley establece, la emisión de la documentación que requiere el accionante; argumentando que: i) Respecto al plazo de interposición de la acción de amparo constitucional, la parte accionante fue clara al señalar que no se puede computar un plazo cuando el acto aún está vigente, en este caso la vigencia de la Ley Autonómica Municipal se mantuvo y se mantiene hasta en tanto no sea modificada; ii) Conforme a la jurisprudencia "bastante sólida", se debe entender que las leyes de esta naturaleza y otro tipo de leyes municipales, son actos administrativos emitidos por un órgano legislativo; iii) En cuanto a la SCP 0284/2018-S4 de 18 de junio, citada respecto a dejar sin efecto leyes municipales vía recurso o acciones de defensa, se debe señalar cuál es la diferencia que existe entre la acción de amparo y la acción popular, básicamente los derechos que se protegen a través de las dos acciones; sin embargo, "ambas tienen la misma naturaleza e incluso tienen la misma tramitación por imperio de la constitución" (sic); iv) La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera a la propiedad privada como un derecho humano fundamental, además establece los procedimientos que se deben seguir y las formas y ponderación que se debe hacer, y en el caso la Ley 417, existe una autodeterminación respecto a la propiedad que se ocupa respecto al Mercado "Mutualista"; situación que debe ser corregida y seguir los procedimientos que la Ley establece si es que tanto el órgano ejecutivo como el legislativo considera oportuno, "entre tanto la persona que acredite ser propietario podrá ejercer los derechos de propiedad sobre un bien" (sic.); v) De la lectura del texto de la Ley Autonómica, objeto de la acción de amparo constitucional existe una autoproclamación del derecho propietario del municipio sobre el bien sin haber realizado los trámites que corresponden para tal efecto; no se recibió informe del Concejo Municipal o del Ejecutivo, que refiera sobre el procedimiento para llegar a la promulgación de la Ley cuestionada; y, vi) La Ley que vaya a afectar el derecho de propiedad privada debe cumplir con un procedimiento específico y reconocido en la Constitución y en la Ley; y en el caso la referida Ley resulta contradictoria al orden constitucional, dado que no puede una persona natural o el Estado declararse propietario de un bien a simple declaración; y si existe controversia evidente respecto al derecho propietario, éste tiene que cumplir un determinado fin, debiendo el Gobierno Municipal a través del Ejecutivo o Legislativo, determinar las medidas que considere necesarias pero con arreglo a la constitución y la Ley con relación a la propiedad privada, así como el "privado" podrá ejercer si es que considera y acredita su derecho ante las instancias correspondientes su derecho a la propiedad privada. En vía de aclaración, complementación y enmienda, en audiencia virtual, Iván Gutiérrez por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, señaló que dentro de la acción de amparo constitucional la parte accionante no efectuó el nexo causal de cuál sería el supuesto acto generado y menos en la resolución se indicó cuál sería el acto administrativo por el cual habrían incumplido el procedimiento, si no existen informes y si es que hay un incumplimiento de plazo, cuando dicho procedimiento fue cumplido y se respetaron los derechos de todas las personas; asimismo, indicó que no se mencionó que existen distintos procedimientos administrativos e inclusive se han realizado pagos por concepto de expropiación, se ha cumplido con el debido proceso, por lo que el accionante no pudo precisar un hecho vulnerador en cuanto al derecho al debido proceso; y, se aclare respecto a qué se estaría dejando sin efecto; es decir, la Ley Autonómica Municipal 417 y todos los actos posteriores; no obstante, que implicaría que se estaría anulando el derecho propietario sin que exista una controversia ingresando a analizar aspectos contradictorios que deben ser debatidos en la justicia ordinaria. Finalmente, en cuanto a la medida cautelar impuesta, igualmente se ha omitido que se está ante una situación en la que el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, actuando de buena fe y precautelando el derecho al trabajo generó proyectos y realizado inversiones a favor de la sociedad, por lo que cualquier medida cautelar estaría afectando el patrimonio del Estado generando inclusive convulsión social, viendo que existen dos asociaciones que se contradicen en su petitorio, no obstante que se cumplieron con los procedimientos, tanto dentro de la fase administrativa como de la legislativa para la emisión de una ley y posteriores actos de disposición de terrenos de dominio municipal. Andrés Ritter, por los terceros interesados, igualmente en audiencia virtual pidió se complemente y enmiende sobre si un Tribunal de garantías tiene la facultad mediante una acción de amparo constitucional para dejar sin efecto una Ley Municipal después de más de trece años; asimismo, se aclare que si bien se hizo conocer en audiencia la Ley 009/2015, que norma el mecanismo legal municipal que determina en su art. 57 el momento oportuno para reclamar mediante el control de legalidad que es de veinte días, debiendo explicar si esa Ley no tiene valor, o es que no se debe respetar plazo cuando se quiera interponer una acción tutelar; por otro lado, si bien se dijo que se debe respetar el derecho de terceros, dicho derecho no está consolidado, y debe quedar claramente establecido en la resolución que las asociaciones están en posesión por más de treinta años de esos predios. No se está protegiendo el derecho de posesión y el trabajo y la seguridad jurídica de los gremiales, más al contrario están pasando por encima de la Norma Suprema y de los tratados internacionales; asimismo, se aclare qué sucederá con la Ley que fue dejada sin efecto cuando lo que se está velando es por los derechos de los gremiales; y si se determina que dicha Ley vulnera el debido proceso se pedirá la remisión al Ministerio Público por resoluciones contrarias a la constitución y la Ley por la persona que autorizó esa Ley. Otto Ritter, por los terceros interesados, en vía de complementación y enmienda, solicitó que se responda: a) A qué hecho se establece que los gobiernos Municipales están obligados a inscribir el derecho de propiedad de sus predios en DD.RR. y las Leyes que declaran propiedad municipal constituyen título suficiente originario para su inscripción de pleno derecho sin requerir información o documentación original, lo cual está establecido en el art. 6 de la Ley 2372 de 22 de marzo de 2002, porque la Ley Municipal lo que hace es cumplir una ley nacional; b) Se manifieste expresamente si se dejó sin efecto la Ordenanza Municipal 02/85, que declaró la necesidad y utilidad pública para la expropiación de los predios en el que está ubicado el mercado Mutualista; c) Igualmente si se dejó sin efecto la Resolución Municipal 205/96 de 6 de diciembre de 1996, por la que se otorgó un plazo perentorio para el traslado de todos los "venteros" de la calle del área del mercado "Los Pozos" al mercado "Mutualista"; asimismo, se refieran sobre la Ordenanza Municipal 072/2002, que dispuso las áreas adyacentes del mercado "Los Pozos"; de igual manera se manifiesten sobre la Resolución Municipal “097/97”, que otorgó el usufructo de esos terrenos a los gremialistas del mercado Mutualista, todo ello porque son hechos anteriores a la Ley que dejaron ilegal y arbitrariamente sin efecto; y, d) Sobre qué planos de uso de suelo y aprobados por quién, consideran que el accionante tiene algún derecho sobre los terrenos donde se encuentra asentado el mercado Mutualista; y, finalmente, se pronuncien sobre la medida cautelar para evitar mayores perjuicios al municipio y a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y si se podrá continuar con las obras que estaban comprometidas. Jheyson Oliver, por la Asociación "23 de septiembre" en vía de complementación y enmienda, indicó que dicha Asociación tiene un convenio que estaba en ejecución para la construcción del nuevo mercado "Mutualista"; empero, en el fallo emitido no se hizo referencia a la concesión que fue expuesta dentro de sus argumentos; al mismo tiempo existen convenios que deben ser cumplidos debido a los plazos, siendo uno de ellos que vence "este mes"; asimismo, explique cuál el fundamento para resolver el recurso, siendo que en reiteradas oportunidades se hizo conocer que el accionante no tiene legitimación activa para poder demandar, no tiene declaratoria de herederos, no cuenta con la documentación pertinente que demuestre un vínculo familiar entre el demandante y el propietario del terreno, a efecto que se puede determinar que el terreno que reclama o dice ser de su propiedad, sobre los predios del mercado Mutualista que tiene un derecho propietario; en definitiva se estaría reconociendo un derecho a una persona que no tiene legitimación activa, negando a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra progreso, el mercado Mutualista tiene más de cuatro mil quinientos socios, viéndose muchas personas afectadas con un fallo en el que no se tomó en cuenta todo lo argumentado en audiencia, así como se refieran sobre la inscripción de la matrícula en DD.RR. que corresponde a la Alcaldía Municipal en el Asiento B1-1. Oscar Peña, por las Asociaciones "5 de Septiembre"; 27 de septiembre"; y, "10 de abril", en vía de complementación señaló que: 1) Al parecer existe una confusión, puesto que respecto a la Resolución el "Dr. Ramírez" en su parte resolutiva dispuso que el Concejo Municipal convoque a una nueva sesión y en el caso "dicte cualquier tipo de resolución" pudiendo ser sentencia, ley o resolución administrativa; sin embargo, "su autoridad" de manera contradictoria expresó que se anule directamente la Ley, por lo que no se entiende lo que debe hacer el Concejo; y, 2) No ha mencionado el Tribunal en la resolución si se va a mantener o no la medida precautoria de no innovar, por lo que se pide una aclaración concreta porque si existe contradicción entre la resolución que anuló hasta DD.RR. inclusive y por otro lado se dijo que se convoque al Concejo para arreglar la Ley y se otorgue derechos al supuesto dueño, es contradictorio. José Luis Ortíz, por la Asociación "29 de marzo", adhiriéndose con lo solicitado por los abogados Ritter y Peña, solicitó que se complemente la resolución respecto a las medidas precautorias vigentes que están ocasionando graves perjuicios de índole económico, dado que se les está coartando sus derechos al trabajo y a la "seguridad", así como mencione en qué quedan las anotaciones preventivas que actualmente todas las asociaciones de comerciantes tienen inscritas en DD.RR. y los diversos usufructos inscritos también en DD.RR. otorgado por el Gobierno Municipal. Gabriela Garzón Cruz, Luis Miguel Fernández Rea, Israel Alcocer Candía y Carlos Manuel Saavedra Saavedra, Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, a través de su abogado Luis Carlos Vásquez, solicitaron aclaración y enmienda de lo siguiente: i) Se solicitó la aclaración de la legitimación activa que tiene el accionante en relación al derecho de Miguel Crapuzzi Dirienzo, el cual hasta el momento de emitido el fallo de la acción de amparo constitucional no se acreditó y ni se subsanó; ii) Es importante aclarar que la Ley 09/2015, establece los recursos de impugnación contra una Ley y ordenanza o resolución, cuando afecta un derecho subjetivo de un tercero interesado; debiendo aclararse si el "recurso es improcedente", al haberse manifestado por esa Sala que la Ley es un acto administrativo; y, iii) Se debe establecer que la Ley 417 en su articulado segundo, manifiesta que la Ley es un instrumento legal suficiente para declarar el bien de dominio público municipal del terreno ubicado en la zona noreste, distrito municipal con una superficie de "447454.51", que constituye un título suficiente de la información documental adicionada lo que deriva de la Ley 2372, que indica que el objeto de la Ley es el procedimiento excepcional para regular masivamente la titulación individual de registro en DD.RR. de los inmuebles urbanos; indicando igualmente el art. 6 que los Gobiernos Municipales están obligados a inscribir el derecho propietario de sus predios, constituyendo título suficiente originario para la inscripción de pleno derecho sin requerir información o documentación adicional. Mario Mayorca, en representación de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), en vía de complementación y enmienda, solicitó que se aclare que a instancia del Vocal Ramírez apoyó su decisión en el hecho de que la UPRE habría solicitado al Municipio de Santa Cruz, que proceda a la regularización del derecho propietario; aspecto que debe ser aclarado en base a qué documento -bajo el principio de verdad material- se estableció dicho extremo, toda vez que se manifestó por su persona refirió contrariamente a lo manifestado por el Vocal Ramírez, puesto que el Municipio de Santa Cruz habría cumplido con presentar la documentación que acredite el derecho propietario sobre el mercado "Mutualista" donde se trazarían los proyectos; y, finalmente se aclare igualmente sobre la medida cautelar que se observó en sentido de que la Jueza que conoció la acción en primera instancia habría dictado una medida cautelar sin la debida acreditación y fundamentación por los accionantes y si la misma al presente quedará vigente. La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de la Sierra, respecto a las solicitudes de complementación en general consideraron que las mismas se encontraban aclaradas y plasmadas en los votos individuales de cada uno de los miembros de la sala; sin embargo, aclararon que: a) El contenido de la Ley emitida por el Presidente “Quiroga Ramírez”, no alcanza al ejercicio de la propiedad privada que debe ser respetada; b) Se complementa sobre los efecto de la Ley Municipal ahora cuestionada a través de la presente acción tutelar, indicando que la nulidad alcanza a los actos administrativos, siendo que lo se dijo es que una competencia del ejecutivo o legislativo para la regularización del trámite, "no se ha dicho que tiene la obligación o no" (sic.) siendo una facultad privativa del legislativo o del ejecutivo; c) Sobre la medida precautoria, no tiene sentido mantenerla, por lo que se dispone el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas anteriormente; d) La Ley 2372 de 22 de mayo de 2002, fue emitida con anterioridad a la Constitución Política del Estado, la cual le da competencia al municipio; e) Bajo el nuevo paradigma constitucional se debe aclarar que no solamente en la carga argumentativa y la interpretación de los derechos se debe tomar en cuenta los reconocidos por la Constitución, sino los señalados en el bloque de constitucionalidad; es por ello que lo ampliamente desarrollado fue a la luz del control de convencionalidad y la "convención americana de derechos"; y, f) Aclarar que dentro la carga argumentativa desarrollada al que refiere la UPRE, estaba referido al argumento que desarrolló el representante del tercero interesado Marco Antonio García, y que estableció los conflictos sociales que se generan producto de que no se tiene claridad en cuanto a la Ley Municipal y el derecho propietario; en ese sentido los demás argumentos desarrollados en la audiencia pública se encuentran claramente señalados. Nélida Montaño Guzmán, Presidenta de la Asociación "01 de febrero", Juana Condo de Quispe, Presidenta de la Asociación "22 de Mayo"; Isaías Choque Obza, Presidente de la Asociación "12 de octubre", mediante memorial presentado el 10 de noviembre de 2023, cursante de fs. 1805 a 1809; solicitaron complementación y enmienda de la Resolución 189/2023 de 8 de noviembre, referente a: 1) La acreditación de la legitimación activa dentro de la acción de amparo constitucional; 2) Los motivos en derecho por los cuales a través de la acción de amparo constitucional, ordenaron "dejar sin efecto jurídico la Ley Autonómica Municipal 417/2016 de 1 de diciembre", cuando el plazo de los seis meses se encuentra superabundantemente vencido; 3) El art. 57 de la Ley Autonómica Municipal 009/2015 de 20 de enero, prevé el control de legalidad de una Ordenanza Municipal, Resolución Municipal y otras leyes, a ser interpuesto dentro de los veinte días; ante la no presentación del recurso se está ante una causal de improcedencia; 4) En cuanto a que se "ordene la cancelación de la Matrícula Computarizada 7.01.1.06.0179703", dicho aspecto es improcedente en el ámbito constitucional, dado que existe la vía ordinaria, como el proceso de mejor derecho propietario, que viene constituir un recurso de protección inmediata a los supuestos derechos reclamados y consentidos; 5) Cursa un memorial dirigido al Concejo Municipal, en el cual el accionante menciona que no tuvo respuesta alguna, debiendo en ese caso presentar una acción de cumplimiento, encontrándose la petición fuera de plazo; 6) Al momento de emitir la "Ordenanza Municipal" se convocó a los supuestos propietarios para que presenten sus documentos en el plazo de treinta días; y el impetrante de tutela no lo hizo por más de treinta años; y, 7) Si la Sentencia emitida por la Sala Constitucional determinó mejor derecho propietario de alguna de las partes, debiendo dejarse claro sí determinó o no para que existan dudas y aspectos oscuros que fomenten la corrupción y malas interpretaciones; y, así como si su fallo ordenó a UPRE, la paralización de la construcción del mercado. A través de la Resolución de 10 de noviembre de 2023, cursante de fs. 1810 a 1811, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, determinó rechazar la solicitud de aclaración, enmienda y complementación, bajo el argumento de que en el caso se realizó una explicación de fundamentos clara y precisa de todos los puntos por el voto individual de cada Vocal, habiéndose igualmente realizado de manera oral en la vía de la aclaración, complementación y enmienda en la audiencia de 8 de igual mes y año; por lo que, ya se tienen respondidas esas cuestiones.

I.2.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 1 de marzo de 2024, cursante a fs. 1824 y de 26 de junio de igual año (fs. 3251), se dispuso la suspensión del cómputo del plazo procesal, para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria; posteriormente, se complementó la solicitud de documentación adicional; por lo que, a partir de la notificación de 4 de julio de 2024, con el proveído de 28 de junio de igual año cursante a fs. 3291, se reanudó dicho plazo, en ese sentido la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro de término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa informe Técnico Legal TAES 56/2016 de 14 de septiembre, emitido por la Secretaría Municipal de gestión Urbana Dirección de Ordenamiento Territorial (fs. 393 a 402). II.2 Cursa Testimonio 173/1996 de 16 de septiembre de 2022, de Segundo Traslado de Instrumento 173/1969, transferencia que celebran Rogelio Cuellar Encinas y Melfy Paz de Cuellar en favor de Miguel Crapuzzi Direnzo, de un inmueble ubicado al Noreste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sobre el camino a "Los Tusequis" (fs. 9 a 10 vta.). II.3. Consta informe legal 215/2016 de 3 de octubre, emitido por la Secretaría Municipal de Asuntos Jurídicos y Control Público, sobre regularización del derecho Propietario Municipal referente al terreno de Equipamiento "Mercado Mutualista", ubicado en la zona Noreste, Distrito Municipal 2, ET-3, entre las UV. 17 y UV.39, con una superficie de 44 754,52 m², D-21361 (fs. 403 a 408).

II.4. Cursa informe INF:CM-CPOMS de PROYECTO DE LEY MUNICIPAL QUE REGULA EL DERECHO PROPIETARIO DEL TERRENO UBICADO EN LA ZONA NOR ESTE, DISTRITO MUNICIPAL 2, ET-3, ENTRE LAS UU.V.39, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 44 754,52 M² A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, EMITIDO POR LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, OBRAS PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, leído en la sesión Septuagésima Primera del Concejo Municipal, de 1 de diciembre del 2017 (fs. 50 a 59). II.5. Cursa acta 071/2016-2017 de la Septuagésima Primera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, de 1 de diciembre del 2016 (fs. 49). II.6. A través de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417 de 1 de diciembre de 2016, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, declaró como bien de dominio público municipal, la superficie total de 44 754,52 m², ubicada en la zona Nor-Este, Distrito Municipal 2, ET-3, entre UV-17 y UV-39 de la ciudad de Santa Cruz, destinada el equipamiento denominado Mercado "Mutualista"; norma que en su art. 2.1, señala que la Ley Autonómica Municipal sería un instrumento legal suficiente para declarar bien de Dominio Público Municipal, y se constituiría en título suficiente originario para su inscripción de pleno derecho como bien Municipal sin requerir información o documentación adicional, ordenando por ello su inscripción en DD.RR. en aplicación del art. 6 de la Ley de Regularización de Derecho Propietario Urbano; asimismo, en el parágrafo II del art. 3, estableció que después de la inscripción en caso de controversias judiciales de mejor derecho suscitado entre el Municipio y particulares, las autoridades judiciales y administrativas, bajo responsabilidad están prohibidas de asignar derechos propietarios a terceros sobre los predios de propiedad municipal declarada por Ley (fs. 6 a 7). II.7. Por memorial presentado el 4 de octubre de 2022, dirigido el Presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos, -ahora accionante-, solicitó la abrogatoria de la Ley autonómica municipal 417, pidiendo alternativamente se active proceso de expropiación y consiguiente pago de justiprecio o se realice la devolución del inmueble, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Noreste, sobre el camino que conduce a los "Tuseguis", con una superficie de 46 441.85 m²; predio que se encuentra registrado en DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.99.0059322 del Registro de Propiedad a nombre de su propietario Miguel Crapuzzi Dirienzo (fs. 22 a 35).

II.7.1. El 18 de mayo de 2023, el accionante por su representado, hizo conocer al Presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, sobre la existencia de un Proyecto de Ley que promueve la Abrogación de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417, que declaró de dominio municipal del mercado Mutualista presentado por el Concejal de Comunidad Autonómica, debiendo seguir su curso según la normativa vigente; indicando igualmente que ante la confiscación del inmueble de propiedad de Miguel Crapuzzi Dirienzo, que sería de su propiedad por sucesión hereditaria, solicitó que se conmine a las Comisiones de Constitución y Planificación del Concejo Municipal de Santa Cruz para que remitan al Plenario los informes correspondientes para su consideración en el Concejo Municipal y la abrogatoria de la Ley 417 y como consecuencia lógica por caducidad se abroguen las Ordenanzas Municipales 02/85 de 5 de noviembre de 1985 y 026/86 de 18 de junio de 1986, que originalmente expropiaban el predio; y alternativamente se sirva concluir el proceso expropietario efectivizando el pago del justiprecio o la inmediata devolución del inmueble a su legítimo propietario, que se encuentra ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con una superficie de 46.441.85 m², el cual se encuentra registrado en DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.99.0059322 del Registro de Propiedad a nombre de su propietario original Miguel Crapuzzi Dirienzo, mientras se pronuncia el Concejo Municipal, pidió que se inhiban de conocer normas inherentes al Mercado Mutualista (fs. 13 a 20). II.8. Por Nota OF.INT.CM.CCGI 003/2023-2024 de 14 de agosto de 2023, a través de la cual la Comisión de Constitución y Gestión Institucional del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, puso a conocimiento de Rodrigo Fernando Melgar Rivero -apoderado legal de Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos- "el memorial de legitimación activa y derecho propietario sobre el actual mercado Mutualista", señalando que si bien no presentó poder que acredite su representación como apoderado, empero se le informó que el impetrante realizó en dos oportunidades las mismas solicitudes ante ese Concejo Municipal, las cuales fueron respondidas y puestas a conocimiento del solicitante Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos, siendo la última respuesta el contenido del Informe de esa Comisión con CM-CCGI 154/2022-2023 de 4 de abril de 2023, por ello esa solicitud implicaría una tercera reiterativa de lo que ya fue respondido (fs. 2859). II.9. Cursa Registro de Propiedad Inmueble ubicado en la zona noreste, distrito municipal 2, ET-3, entre las UV 17 y UV 39, con una superficie de 44 754,52 m², inscrita en DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.06.0179703 de 19 febrero de 2021; por el cual, se tiene como titular de dominio al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra (fs. 928).

II.10. Mediante Testimonio 583/2019 de 30 de julio, de protocolización de Minuta sobre inscripción de bien de dominio público Municipal 2, ET 3, entre UV 17 y 39, con una superficie total de 44 754,52 m², suscrito por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra (fs. 987 a 996). II.11. Consta memorial recibido el 15 de marzo de 2024, en calidad de información y documentación complementaria solicitada por este despacho; por el cual, el Pleno del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, informó sobre: i) La existencia de algún trámite de expropiación relacionada al predio de propiedad de Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos, indicando que: a) No se realizó ningún trámite de expropiación relacionado a algún predio de propiedad de Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos dentro de la jurisdicción del mismo municipio; b) Conforme al archivo histórico del municipio de Santa Cruz, así como a la Gaceta Municipal, se tendría la certeza que Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos ni su padre Miguel Crapuzzi Dirienzo, nunca tuvieron ninguna propiedad dentro del área denominada "equipamiento terciario 3 (E.T.-3/Mercado Mutualista)", conforme al Informe Técnico Legal sobre antecedentes del equipamiento terciario E.T.-3, Distrito Municipal D.M. 2, ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la propiedad del GAMSCS sobre los predios del mercado "Mutualista" de 15 de diciembre de 2023, emitido por la Directora Legal y la Jefa del Departamento Legal de la Dirección Legal y Administrativa y Asesor Legal de la Dirección Legal y Administrativa, dependientes de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo del Municipio de Santa Cruz (fs. 2872 a 2881); c) Se pretendió inducir en error, al haber quedado evidenciado que el accionante ni su padre, nunca tuvieron terrenos en la E.T.3 (Mercado Mutualista), no pudiendo ser afectados por ninguna Resolución, Ordenanza o Ley Municipal que dispusiera la expropiación de esa área; d) De la documentación se evidencia quienes fueron las personas que se apersonaron en su oportunidad ante la Alcaldía Municipal (Familia Bass Lijerón, Familia Grunbaum Bass, Hermanos Domínguez Justiniano y Distribuidora TOA Ltda.), acreditando su derecho propietario y tradición específica con relación a los terrenos donde actualmente se encuentra construido el mercado Mutualista, quienes se sometieron al proceso de expropiación procediéndose al pago de la indemnización, quedando demostrado el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa vigente en ese entonces; e) Respecto al primer punto concluyen que ni Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos, ni su padre Miguel Crapuzzi Dirienzo, nunca tuvieron ninguna propiedad dentro del área denominada equipamiento terciario 3 (E.T. -3 / Mercado Mutualista); no se realizó ningún trámite de expropiación relacionado a algún predio de propiedad o presunta propiedad del accionante dentro de la jurisdicción del municipio de Santa Cruz de la Sierra; los inmuebles en los cuales se encuentra ubicado actualmente el Mercado Mutualista fueron expropiados mediante Ordenanza Municipal 02/85 de 5 de noviembre de 1985; existieron actos administrativos realizados por Miguel Crapuzzi Dirienzo, no por su hijo y ahora accionante, para la urbanización de un lote de terreno de propiedad del mismo Miguel Crapuzzi Dirienzo, terreno que se encontraba ubicado en otra zona de la ciudad, fuera de la faja de equipamiento terciario, es decir en una zona muy distinta al lugar donde se encuentra construido el Mercado Mutualista, además que no consta ningún apersonamiento del supuesto heredero ahora accionante, para proseguir, reiniciar y gestionar hasta su conclusión los trámites administrativos iniciados por su padre para la urbanización de esos terrenos, los cuales no estuvieron nunca sujetos a un proceso de expropiación, desconociéndose el destino del mismo; f) Se acredita fehacientemente que las notas de 4 y 19 de octubre de 2022 y de 18 de mayo de 2023, presentadas por Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos, fueron debidamente respondidas y puestas personalmente en su conocimiento con intervención Notarial mucho antes a la fecha de realización de la audiencia de amparo constitucional de 8 de noviembre de 2023; g) Las respuestas a las notas referidas se encuentran contenidas en el Informe de la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios CM-CPOMS 061/2022-2023 de 19 de diciembre de 2022, en el Informe de la Comisión de Constitución y Gestión Institucional CM-CCGI 154/2022-2023 de 4 de abril de 2023, los cuales fueron aprobados en Sesión Ordinaria 117 de 13 del mismo mes y año, y en el Oficio de Secretaría General del Concejo Municipal CM- SG/LMER-OF EXT 245/2023-2024 de 18 de octubre de 2023, que adjunta oficio de la Comisión de Constitución y Gestión Institucional OF INT CM-CCGI 003/2023-2024 de 14 de agosto de 2023; y, h) A través de los precitados informes de ambas Comisiones, así como por el Oficio INT CM-CCGI 003/2023-2024 de 14 de agosto de 2023, se acredita que ese Órgano Deliberante no se pronunció en el fondo de la solicitud, determinando recabar mayor información del Órgano Ejecutivo Municipal a través de petición de Informe Escrito 1041 (fs. 2958 a 2968).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su componente de aplicación objetiva de la Ley, a la propiedad privada "en sus dimensiones de usar, gozar y disponer" (sic.); así como mencionó los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra: 1) En la emisión de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417 de 1 de diciembre de 2016, no cumplió con el procedimiento establecido en el art. 9.1 de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 085/2014 de 8 de septiembre, relativo a la búsqueda de antecedentes del bien inmueble, como son la Escritura Pública 173/69 de 13 de marzo, que acredita su derecho propietario, y las Ordenanzas Municipales 02/85 de 5 de noviembre de 1985 y 026/86 de 18 de junio de 1986; 2) El proyecto de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417, no cumplió con el art 22 de la Ley Autonómica Municipal 009/2015 de 20 de enero, puesto que, al momento de remisión del proyecto de ley por el Ejecutivo Municipal, el mismo no acompañaba la exposición de motivos, asimismo carecía de fundamentación de hecho y derecho, y el informe técnico Legal TAES 56/2016 de 14 de septiembre, del departamento de Tierras y Equipamiento Social, remitido omitió cumplir con el art 9 de la Ley 085/2014; 3) En la aprobación de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417, el Concejo Municipal omitió cumplir el art. 23 de inc. d) de la Ley 482 al haberse procedido a su aprobación directa, sin cumplir las etapas previstas para el efecto; 4) La comisión, en su informe, se limita aludir el informe técnico legal TAES 56/2016, efectuando afirmaciones imprecisas; y omite referirse al informe técnico legal 215/2016 de 3 de octubre, siendo que el mismo constituye un requisito sine quanom, exigido por el art. 9.VI del Ley 085/2014; y finalmente realiza afirmaciones falsas al señalar que procede la declaración de bien de dominio municipal al no existir antecedentes dominiales; 5) Al dictar la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417, sin considerar sus documentos que acreditan su derecho propietario y obrando contra lo dispuesto por el art. 56 de la CPE y la jurisprudencia constitucional y convencional se ha vulnerado su derecho, a la propiedad privada, puesto que se le ha confiscado su bien inmueble, desconociendo que la única forma en la que la propiedad privada puede pasar a dominio público es a través de la expropiación; por lo que los accionados se han excedió en sus facultades legislativas, la cual resulta desproporcionada respecto a la afectación de la propiedad privada. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La expansión vertical y horizontal del debido proceso

Con relación a expansión vertical y horizontal del debido proceso, la SCP 0085/2018-S2 de 23 de marzo, señala: "La vigencia y consolidación de un Estado Constitucional conlleva, entre otros temas, que las personas puedan ejercer y contar con una protección amplia de sus derechos fundamentales.

A la luz de lo dispuesto por los arts. 13.III y 109.1 de la CPE, todos los derechos tienen la misma importancia, por lo que, no existe una jerarquía entre los mismos; de ahí, es coherente afirmar que todos ellos son fundamentales, debido a que, cada uno reconoce y tutela un aspecto específico de la dignidad humana; la cual, debe entenderse y protegerse desde una visión integral y no parcelada. De esa manera, tanto los derechos ubicados en el catálogo constitucional como en los diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, suscritos y ratificados por el país, son fundamentales y tienen la misma importancia y protección. Sin perjuicio de lo anterior, se puede afirmar que existen derechos que son el fundamento de otros, que a partir de uno se desprenden otros conexos, en virtud de un derecho base; los cuales se denominan de esa manera, no por su importancia, sino por su contenido, siendo uno de estos, el debido proceso.

La Constitución Política del Estado reconoce y desarrolla sobre el debido proceso en sus diferentes normas; así, el art. 115.11 señala: ‘EI Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’, razonamiento concordante con el art. 117.1, el cual establece: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso’; de igual modo, el art. 180.1 dispone: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez’.

De acuerdo al descrito reconocimiento constitucional del debido proceso, la jurisprudencia constitucional desarrolló conceptualmente su contenido, señalando que es un instituto jurídico y un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, con una triple dimensión; es decir, constituido como derecho fundamental, principio de la administración de justicia y garantía jurisdiccional -según la SC 0316/2010-R de 15 de junio]-

Es importante hacer referencia a los ámbitos donde el debido proceso despliega su normatividad; para ello, es necesario partir del principio de supremacía constitucional, previsto en el art. 410.11 de la Norma Suprema, base de todo Estado Constitucional; mediante el cual, todas las personas particulares, servidoras y servidores públicos- se encuentran sometidas a sus normas y a las del bloque de constitucionalidad; por lo que, las autoridades jurisdiccionales y administrativas, además de estar vinculadas, deben aplicarla de forma obligatoria y preferente al momento de resolver un caso. Sobre este tema, Elisabeth Salmón y Cristina Blanco, sostienen que el debido proceso debe ser aplicado a todas las áreas del ordenamiento jurídico, no solo al ámbito penal o en el sector estatal, como tradicionalmente se entendía; así, la expansión vertical del debido proceso debe entenderse a la luz de las características de progresividad e interdependencia de los derechos fundamentales, establecidas en el art. 13.1 de la Ley Fundamental; las cuales permiten entender, que dentro del debido proceso están incluidos más derechos y garantías -juez natural, presunción de inocencia, debida fundamentación y motivación de las resoluciones, entre otros-, que cada vez más se irán acrecentando, con la finalidad de materializar el valor justicia. Por su parte, la expansión horizontal del debido proceso, permite que este derecho principio y garantía, sea aplicable en los órganos de poder e instituciones del Estado, así como en el sector privado, cuando se trate de una afectación de derechos; asimismo, en cuanto a su ámbito de aplicación, no solo alcanza al área penal, sino, a todas aquellas áreas del derecho donde se sustancie un proceso, incluyendo también a los procesos administrativos, donde todo su desarrollo queda vinculado al debido proceso de forma ineludible[2]. En esa línea de ideas, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dentro del caso Ives Morael v. France, en la Comunicación 207/1986 de 28 de julio de 1989, en el párrafo 9.3, estableció: ...El Comité observa, a este respecto, que el párrafo mencionado no sólo se aplica en materia penal, sino también en los litigios relativos a derechos y obligaciones de carácter civil. Si bien en el artículo 14 no se precisa cómo debe entenderse el concepto de juicio "con las debidas garantías en materia civil (a diferencia de lo que se hace en el párrafo 3 del mismo artículo cuando se trata de determinar el mérito de las acusaciones en materia penal), corresponde interpretar que el concepto de juicio "con las debidas garantías", en el contexto del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto, exige cierto número de condiciones, tales como el requisito de la igualdad de las armas, el respeto del juicio contradictorio, la exclusión de la agravación de oficio de las condenas y procedimientos judiciales ágiles. En consecuencia, deben examinarse las circunstancias del presente caso teniendo en cuenta esos criterios. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dentro del Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú, a través de la Sentencia de 31 de enero de 2001 sobre Fondo, Reparación y Costas, en el párrafo 71, refirió:

...que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente "para la "determinación de sus derechos" esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana.

De igual modo, dentro del Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, a través de la Sentencia de 2 de febrero de 2001 sobre Fondo, Reparación y Costas, en el párrafo 125, indicó:

La Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden "civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes.

Por su parte, el Tribunal Constitucional dispuso que la garantía del debido proceso está reconocida por los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, siendo aplicable tanto al ámbito judicial como al administrativo, en todo tipo de procedimiento donde se determine la responsabilidad o no de una persona -SC1234/00-R de 21 de diciembre de 2000-; asimismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en referencia a la expansión horizontal del debido proceso, señala que junto a sus componentes, se aplica en todos los procesos de todas las jurisdicciones, materializando el conjunto de los principios y valores constitucionales -SCP 0703/2013 de 3 de junio-.

III.2. Los principios de la actividad administrativa, el acto administrativo y el debido proceso administrativo

Con relación a los principios de la actividad administrativa, el acto y el debido proceso administrativo, la SCP 0024/2018-S2 de 28 de febrero, señala: "De acuerdo al art. 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, es posible aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo en el ámbito municipal, pero de manera supletoria, es decir, en aquellos aspectos en los que la ley especial encuentre algún vacío. En ese sentido, la norma actualmente vigente es la Ley de gobiernos autónomos municipales, que de acuerdo al art. 1, tiene por objeto regular la estructura y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales de manera supletoria, señalando en el art. 2 que la ‘...Ley se aplica a las Entidades Territoriales Autónomas Municipales que no cuenten con su Carta Orgánica Municipal vigente, y/o en lo que no hubieran legislados en el ámbito de sus competencias’.

Conforme a ello, la Ley de Procedimiento Administrativo aún es aplicable en el ámbito municipal, en todos los aspectos no regulados por la carta orgánica y normativa municipal, si corresponde, o la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales; en ese ámbito, se analizarán /as normas correspondientes a los principios generales del régimen administrativo y su comprensión por parte de la jurisprudencia constitucional, así como los elementos esenciales del acto administrativo, para finalmente hacer referencia al proceso en el ámbito administrativo general...’.

III.2.1. Los principios de la actividad administrativa

La citada SCP 0024/2018-S2, respecto a los principios de la actividad administrativa, señala: "Los principios generales de la actividad administrativa se encuentran previstos en el art. 4 de la LPA, entre ellos, se encuentran:

1) Principio de legalidad y presunción de legitimidad; que implica que las actuaciones de la administración pública, por estar sometidas plenamente a la ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario.

El principio de presunción de legitimidad fue desarrollado por la SC 0095/2001 de 21 de diciembre^, señalando que se funda en la razonable suposición de que el acto responde y se ajusta a las normas previstas en el ordenamiento jurídico vigente al tiempo de ser asumido el acto o dictada la resolución, es decir, cuenta con todos los elementos necesarios para producir efectos jurídicos, pues se presume que fue emitido observando las regias del debido proceso y respetando el derecho a la defensa. En similar sentido, la SC1464/2004-R de 13 de septiembre^ sostiene que dicho principio implica el sometimiento de la administración pública al derecho, para garantizar la situación jurídica de los particulares frente a la actividad administrativa, por lo que, las autoridades administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución Política del Estado, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron conferidos. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por la SCP 0411/2017-S1 de 12 de mayo.

2) Principio de buena fe; según el cual, en la relación de los particulares con la administración pública, se presume la buena fe; además, que la confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el procedimiento administrativo. La jurisprudencia constitucional también desarrolló este principio en la referida SC 0095/2001, señalando que el mismo permite que se tenga una razonable certidumbre sobre las decisiones y resoluciones de la administración pública.

3) Principio de proporcionalidad; de acuerdo al mismo, la administración pública actuará con sometimiento a los fines establecidos en la presente Ley y utilizará los medios adecuados para su cumplimiento. Al respecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1464/2004-R, reiterada entre otras, por la SCP 0249/2012 de 29 de mayo, señala que la potestad discrecional de la administración pública, es una libertad de elección entre alternativas igualmente justas, que tiene límites, pues siempre debe haber una adecuación a los fines de la norma y el acto debe ser proporcional a los hechos o causa que los originó.

4) Principio de informalismo; dispone que, la inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0642/2003-R de 8 de mayo, establece que este principio consiste en la excusación de la observancia de exigencias formales no esenciales y que pueden cumplirse después, por ejemplo la errónea calificación del recurso, y que dicha excusación debe ser interpretada siempre a favor del interesado o administrado, aplicando el principio pro accione, ‘para asegurar, más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento. Por consiguiente en virtud a ese principio de informalismo, la autoridad administrativa podrá interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del escrito, sino conforme a la intención del recurrente, corrigiendo equivocaciones formales de los administrados...’.

Junto a dichos principios, debe mencionarse también al de favorabilidad; en virtud al cual, el intérprete se encuentra obligado a optar por el entendimiento interpretativo que desarrolle de mejor forma y con la mayor efectividad, los derechos, principios y valores que consagran el orden constitucional; así concluyó la SCP 1086/2012 de 5 de septiembre, al sostener que: ‘Ambos principios; es decir, el de informalismo y el de favorabilidad, deben impregnar toda la labor administrativa en pro del administrado, con la finalidad de garantizar el debido proceso y derecho de defensa del mismo"’’. III2.2. El acto administrativo y sus requisitos esenciales.

En cuanto a los requisitos esenciales del acto administrativo, la referida SCP 0024/2018-S2, establece: "Respecto al acto administrativo, el art. 27 de la LPA, señala:

Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo.

El art. 28 de la misma Ley, establece como elementos esenciales del acto administrativo, los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable;

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible;

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico:

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.

Finalmente, el art. 29 de la LPA, dispone que: ‘Los actos administrativos se emitirán por el órgano administrativo competente y su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Los actos serán proporcionales y adecuados a los Enes previstos por el ordenamiento jurídico՛, recurso no de acuerdo a la letra del escrito, sino conforme a la intención del recurrente, corrigiendo equivocaciones formales de los administrados...

Sobre los actos administrativos, la SCP 0126/2014-S1 de 5 de diciembre señala que las resoluciones provenientes de la jurisdicción administrativa constituyen actos administrativos, son válidas y producen sus consecuencias en la medida que estén enmarcadas en los lineamientos y contenidos propios de la Norma Suprema del Estado y otras disposiciones normativas vigentes, añadiendo que mientras los actos cumplan con los requisitos de validez y eficacia, ‘ciertamente producen todos los efectos o consecuencias que ameritan su vigencia; por ello, tanto administradores y administrados tienen el deber insoslayable de observar y cumplir con las determinaciones de carácter administrativo՛.

En ese marco, la SC 0107/2003 de 10 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III. 1, determina los caracteres jurídicos esenciales del acto administrativo:

1) La estabilidad, en el sentido de que forman parte del orden jurídico nacional y de las instituciones administrativas; 2) La impugnabilidad, pues el administrado puede redamar y demandar se modifique o deje sin efecto un acto que considera lesivo a sus derechos e intereses; 3) La legitimidad, que es la presunción de validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente; 4) La ejecutividad, constituye una cualidad inseparable de los actos administrativos y consiste en que deben ser ejecutados de inmediato; 5) La ejecutoriedad, es la facultad que tiene la Administración de ejecutar sus propios actos sin intervención del órgano judicial; 6) La ejecución, que es el acto material por el que la Administración ejecuta sus propias decisiones. De otro lado, la reforma o modificación de un acto administrativo consiste en la eliminación o ampliación de una parte de su contenido, por razones de legitimidad, de mérito, oportunidad o conveniencia, es decir, cuando es parcialmente contrario a la ley, o inoportuno o inconveniente a los intereses generales de la sociedad. La SCP 0126/2014 antes citada, en el Fundamento Jurídico III. 2, señala que: ՛...un acto administrativo es válido y eficaz entre tanto su nulidad, modificación o reforma no hayan sido declarados por autoridad competente՝, añadiendo posteriormente, que:

...un acto administrativo es sujeto a nulidad, revocación, modificación o reforma, únicamente a través de una resolución de la misma o superior jerarquía y que sea pronunciada por autoridad competente, lo que permite inferir que, entretanto no ocurra aquello, las determinaciones administrativas gozan de la presunción de validez y causan estado; por lo mismo, autoridades, servidores públicos y personas particulares están competidos a observar y acatar sus términos y decisiones en la estricta medida de las determinaciones; sin embargo, la sola emisión de las decisiones de carácter administrativa no significa per se la sujeción a los marcos constitucionales ni tampoco es sinónimo de respeto de derechos fundamentales de la persona, es por ello que las normas que rigen la materia objeto de análisis han creado mecanismos de impugnación destinados a anular, revocar o modificarlas (...).

La indicada Sentencia precisó que en el modelo de un Estado Constitucional de Derecho, las autoridades investidas de jurisdicción tienen por misión principal garantizar la eficacia de los derechos fundamentales de la persona; y que una conducta orientada a desconocer y quebrantar las determinaciones emergentes del ámbito jurisdiccional y administrativo, ciertamente no constituyen acciones enmarcadas en derecho, sino que, configuran decisiones de hecho y son pura expresión de la arbitrariedad, la discrecionalidad, la ilegalidad y el abuso de poder.

(...)

Bajo esta normativa, se determinó una estructura de gobierno municipal, con dos órganos autónomos que tienen facultades específicas. Así, el Concejo Municipal tiene facultades legislativas, deliberativas y fiscalizadoras. Las primeras -legislativas-, fueron desarrolladas por la SCP 0035/2014 de 27 de junio, señalando que las mismas de dividen en dos: i) Legislativas propiamente dichas, es decir, la capacidad de emitir leyes; y, ii) Reglamentarlas, atribución restringida a viabilizar el ejercicio de sus atribuciones y competencias propias del Concejo Municipal -p. ej. la aprobación del Reglamento de Debates del Concejo Municipal-, sin que esta última atribución pueda ser confundida con la capacidad reglamentarla del Órgano Ejecutivo, entendida como la facultad de emitir reglamentos de observancia obligatoria para todos los estantes y habitantes del territorio municipal, con la finalidad de cumplir las leyes municipales.

(...)

Ahora bien, con relación a los órganos de los gobiernos autónomos municipales, la jurisprudencia constitucional contenida en la DCP 0026/2013 de 29 de noviembre, determina que aquellas disposiciones que establezcan la superioridad jerárquica de un órgano sobre el otro, son contrarias a la Constitución Política del Estado. La misma Declaración, dispuso que en el contexto constitucional actual, existe una clara independencia y separación de órganos y que ninguno de ellos puede ser declarado como máxima autoridad del conjunto del gobierno municipal.

Sobre la base de dichos argumentos, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció la SCP 0992/2016-S3 de 22 de septiembre dentro de una acción de amparo constitucional, en la que el accionante denunció que pese a acreditar su derecho propietario sobre un lote de terreno, el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro del departamento de Santa Cruz, dictó la Resolución Municipal que paralizó todo trámite de construcción en el mismo, alegando que se trataba de un bien de dominio público.

El Tribunal, al analizar el caso concreto, señaló que las autoridades demandadas -Concejo Municipal de Puerto Quijarro- además de haber soslayado la instauración de un debido proceso, en el cual se pueda dilucidar los derechos del accionante, no fue emitida en el ámbito de las facultades que te son reconocidas en la Constitución Política del Estado, aspecto que conllevó a la lesión de derechos y garantías constitucionales, suprimiendo el debido proceso en su elemento al juez natural, así como el derecho a la defensa y a la propiedad privada, por cuanto instruyeron al Ejecutivo Municipal que por la sección correspondiente se paralice todo tipo de trámite o construcción, sin considerar que "...el ente legislativo deliberante no cuenta con facultades para la emisión de instrucciones al Ejecutivo Municipal (...) sumado a ello que existe una sanción anticipada en la indicada Resolución Municipal que también afecta al principio de presunción de inocencia...

Efectivamente, debe recordarse que el debido proceso se encuentra previsto en el art. 115.11 de la CPE, que señala: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’, postulado que se complementa con el contenido del art. 117.1 de la citada Norma Suprema que establece: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso’.

Conforme a dichas normas, y como lo entendió la jurisprudencia constitucional, el principio, derecho y garantía del debido proceso debe ser aplicado tanto al ámbito judicial como al administrativo, siendo entendido por la SC 0160/2010-R de 17 de mayo - Fundamento Jurídico III.2-, entreoirás, como:

...el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos (...).

La SCP 0978/2016-S2 de 7 de octubre, sobre el derecho a la defensa, refiere que el mismo se materializa como la facultad constitucionalmente reconocida a favor de toda persona, dentro del ámbito judicial o administrativo, a ser oída y hacer prevalecer sus razones en el proceso a través de sus propios argumentos, contraviniendo y objetando aquellos producidos por la parte contraria, solicitando la producción de pruebas y evaluaciones que considere pertinentes, así como el derecho a activar todos los recursos que la ley le otorga.

Conforme a ello, el art. 4 inc. c) de la LPA, señala que la Administración Pública se regirá por el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido proceso.

Es así que, en el ámbito administrativo, a partir de los principios de legalidad, presunción de legitimidad, buena fe, proporcionalidad e informalismo, se concluye que, para la validez de los actos administrativos, es fundamental que se cumplan con ciertas condiciones, que se consideran estándares o subreglas, que tienen que ser cumplidas por la administración y se detallan a continuación:

a) Toda la actividad administrativa está siempre limitada por la Constitución Política del Estado y las Leyes;

b) Los actos, decisiones y resoluciones administrativas, para tener validez, deben ser dictadas por autoridad competente;

c) En el caso de los gobiernos autónomos municipales, cada órgano tiene atribuciones específicas, sin que ninguno de ellos -Ejecutivo o Legislativo- pueda tener mayor jerarquía que otro o invadir las facultades de otro, pues de suceder esto, se suprime la garantía del debido proceso en sus elementos al juez natural y a la defensa;

d) Las decisiones que asuma la administración, además de ser legales, deben ser proporcionales, es decir, que los medios utilizados deben ser adecuados y necesarios para lograr el cumplimiento de los fines de la norma y que deben ponderarse los aspectos favorables y desfavorables para los derechos del administrado, así como para los fines de la administración, especialmente en las resoluciones o decisiones que lo involucren; y, e) Las decisiones y resoluciones de la administración pública son impugnables a través de los recursos administrativos previstos en la ley, los cuales deben ser interpretados a partir del principio de informalismo, expresamente señalado en la Ley de Procedimiento Administrativo, así como el principio de favorabilidad, y dentro de éste, el principio pro actione”.

III.3. Sobre el principio de legalidad

La SCP 2488/2012 de 3 de diciembre, señaló que: "De conformidad al art. 180 de la CPE, la legalidad es un principio procesal de la jurisdicción ordinaria; al respecto la jurisprudencia constitucional estableció que: '...el principio general de legalidad, como elemento esencial del Estado de Derecho' (...) en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional), tiende a garantizar que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten las garantías establecidas por ley (Así la SC 0275/2010 de 7 de junio, que a su vez citó a i a SC 0919/2006-R de 18 de septiembre).

En ese sentido, el principio de legalidad, es la aplicación objetiva de la Ley propiamente dicha, a los casos en que deba emplearse; entendido como el sometimiento del ejercicio del poder público a la CPE y la Ley".

III.4. Respecto a la protección del principio de seguridad jurídica en la acción de amparo constitucional

La SCP 0231/2018-S2 de 28 de mayo, estableció que: "La protección de la seguridad jurídica a través de la acción de amparo constitucional, tiene como antecedente la SC 0287/99 de 28 de octubre de 1999, que en el Segundo Considerando la definió como:... condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran y que representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio'. Dicho entendimiento fue confirmado, entre otras, por la SC 946/2002-R de 8 de agosto. Posteriormente en vigencia de la Constitución Política del Estado de 1999, las SSCC 0096/2010-R de 4 de mayo y 0119/2010- R de 10 de mayo, entre otras, de manera contraria al estándar vigente en el control de constitucionalidad, establecieron que la seguridad Jurídica se constituye en un principio, y que por tanto, no puede ser tutelada de manera autónoma a través de las acciones de defensa, que tienen por finalidad proteger derechos fundamentales. Luego, a través de la SCP 0096/2012 de 19 de abril) se señaló que la seguridad jurídica podrá ser tutelable a través de la acción de amparo constitucional, cuando esté directamente vinculada a un derecho fundamental; sin embargo la SCP 0195/2013-L de 8 de abril, entre otras, continuaron aplicando el entendimiento de las SSCC 0096/2010-R y 0119/2010-R. A partir de lo señalado, en mérito a los principios de favorabilidad y progresividad de los derechos fundamentales, corresponde aplicar el razonamiento establecido en la SCP 0096/2012, por cuanto, permite la tutela del principio de la seguridad jurídica cuando se encuentre vinculado a un derecho fundamental".

III.5. Sobre el derecho a la propiedad privada

Conforme entendió la SC 0183/2010-R de 24 de mayo, se tiene que el derecho a la propiedad "...se encuentra protegido por la Constitución Política del Estado vigente, en su art. 56 (...) en el mismo sentido el art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, establece que: 'Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes...', es decir, al derecho de usar, percibir los frutos y disponer del mismo que se hace oponible a terceros, a través de su publicidad, sin otras limitaciones que las establecidas por la ley, comprendido desde la SC 050/2001 de 21 de junio, al señalar al derecho a la propiedad privada como: (...). La potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para poseer usar y gozar de un bien, sea de carácter material, intelectual, cultural o científico". Razonamiento asistido por la SC 1912/2004-R de 14 de diciembre, que señala: "La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa. el poder de disponer implica en la potestad de enajenar, gravar o transformar la cosa".

Asimismo, la SCP 1453/2013, de 19 de agosto: "En consecuencia, dicho derecho se ve perjudicado e impedido, cuando los actos de los particulares demandados impiden que el titular de un bien, haga uso, goce o disponga del bien de su propiedad en la forma que más convenga a su interés personal, en uso a su vez del derecho a la Ubre determinación de la persona y de sus bienes’; razonamiento de la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, que refiere: III. 6. La técnica del contenido esencial. Su aplicación en el derecho a la propiedad. La teoría constitucional ha desarrollado la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir de la cual, la aplicación directa de LOS mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos. En el marco de lo indicado, corresponde precisar que el derecho a la propiedad es un derecho fundamental expresamente reconocido por el bloque de constitucionalidad, así, el art. 56.1 de la CPE, indica que: 'Toda persona tiene derecho a i a propiedad privada individual o colectiva, siempre que esta cumpla una función social'; asimismo, el art. 17.1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), indica: 'Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente'; de i a misma forma, el segundo parágrafo de esta disposición, establece y: '...nadie será privado arbitrariamente de su propiedad'; también, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su art. 21.1 y 2 consagra ei derecho a la propiedad privada, estableciendo en su primer parágrafo lo siguiente: 'Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes...Además, el segundo numeral de esta disposición dispone que: ‘Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa...’. A partir de estas disposiciones que forman parte de! bloque de constitucionalidad boliviano de acuerdo al art. 410.1 de la Constitución, para efectos de una coherente argumentación jurídica, deben establecerse los elementos constitutivos del contenido esencial del derecho de propiedad, en ese sentido, este derecho fundamental, cuya génesis se encuentra no solamente en el texto constitucional sino también en el bloque de convencionalidad, en su núcleo duro se identifican tres elementos esenciales: a) El derecho de uso; b) El derecho de goce; y, c) El derecho de disfrute. Asimismo, estos tres elementos tienen un sustento axiológico que refuerza dicho contenido esencial, basado en los valores libertad, igualdad, solidaridad y justicia. Por su parte, es imperante además precisar que este núcleo esencial del derecho fundamental de propiedad, genera a su vez obligaciones negativas tanto para el Estado como para particulares que se traducen en las siguientes: 1) Prohibición de privación arbitrarla de propiedad; y, 2) Prohibición de limitación arbitrarla de propiedad. (…)

Por su parte, es imperante además precisar que este núcleo esencial del derecho fundamental de propiedad, genera a su vez obligaciones negativas tanto para el Estado como para particulares que se traducen en las siguientes: a) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, b) Prohibición de limitación arbitraria de propiedad. A partir de los aspectos precedentemente contemplados, debe indicarse que el principio de razonabilidad, el cual tal como se dijo, está conformado por los valores o pautas axiomáticas referentes a la libertad, igualdad, justicia y vivir bien, constituye el estándar axiomático para la directa justiciabilidad del derecho de propiedad, en ese orden, se establece que las decisiones jurisdiccionales que incurran en privación o limitación arbitraria de la propiedad, implican una directa afectación al principio de razonabilidad y como consecuencia directa afectan también el contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute. A partir de los aspectos precedentemente contemplados, debe señalarse que en el Estado Constitucional de Derecho, en el cual el derecho de propiedad debe estar plenamente asegurado, todo acto o medida de hecho que implique privación o limitación arbitrarla e ilegal de la propiedad, implican una directa afectación al contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute, motivo por el cual, la justicia constitucional, en el marco del ejercicio de los roles propios de! control de constitucionalidad, una vez activada por el o los afectados, deberá tutelar de manera directa dicho derecho fundamental". La Corte IDH, en el caso Salvador Chivoga v. Ecuador, señala:

60. El derecho a la propiedad privada debe ser entendido dentro del contexto de una sociedad democrática donde para la prevalencia del bien común y los derechos colectivos deben existir medidas proporcionales que garanticen los derechos individuales. La función social de la propiedad es un elemento fundamental para el funcionamiento de la misma, y es por ello que el Estado, a fin de garantizar otros derechos fundamentales de vital relevancia para una sociedad específica, puede limitar o restringir el derecho a la propiedad privada, respetando siempre los supuestos contenidos en la norma del art. 21 de la Convención, y los principios generales del derecho internacional. 61. El derecho a la propiedad no es un derecho absoluto, pues en el artículo 21.2 de la Convención se establece que para que la privación de los bienes de una persona sea compatible con el derecho a la propiedad debe fundarse en razones de utilidad pública o de interés social, sujetarse al pago de una justa indemnización, practicarse según los casos y las formas establecidas por la ley y efectuarse de conformidad con la Convención 56. 62. A su vez, este Tribunal ha señalado que: "la restricción de los derechos consagrados en la Convención debe ser proporcional al interés de la justicia y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio de [un] derecho [...]" 57. 63. La Corte considera que a fin que el Estado pueda satisfacer legítimamente un interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular, debe utilizar los medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona objeto de la restricción. En este sentido, el Tribunal considera que en el marco de una privación al derecho a la propiedad privada, en específico en el caso de una expropiación, dicha restricción demanda el cumplimiento y fiel ejercicio de requerimientos o exigencias que ya se encuentran consagradas en el artículo 21.2 de la Convención.

III.6. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su componente de aplicación objetiva de la Ley, a la propiedad privada "en sus dimensiones de usar, gozar y disponer" (sic); así como mencionó los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra: i) En la emisión de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417 de 1 de diciembre de 2016, no cumplió con el procedimiento establecido en el art. 9.1 de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 085/2014 de 8 de septiembre, relativo a búsqueda de antecedentes del bien inmueble, como son la Escritura Pública 173/69 de 13 de marzo que acredita su derecho propietario, y las Ordenanzas Municipales 02/85 de 5 de noviembre de 1985 y 026/86 de 18 de junio de 1986; ii) El proyecto de la Ley 417, no cumplió con el art 22 de la Ley Autonómica Municipal 009/2015 de 20 de enero, ya que, al momento de remisión del proyecto de ley por el Ejecutivo Municipal, el mismo no acompañaba la exposición de motivos, asimismo carecía de fundamentación de hecho y derecho, y el informe técnico Legal TAES 56/2016 de 14 de septiembre, del departamento de Tierras y Equipamiento Social, remitido omitió cumplir con el art. 9 de la Ley 085/2014; iii) En la aprobación de la Ley 417, el Concejo Municipal omitió cumplir el art. 23 de inc. d) de la Ley 482 al haberse procedido a su aprobación directa, sin cumplir las etapas previstas para el efecto; iv) La comisión, en su informe, se limita aludir el informe técnico legal TAES 56/2016, efectuando afirmaciones imprecisas; y omite referirse al informe técnico legal 215/2016 de 3 de octubre, siendo que el mismo constituye un requisito sine quanom, exigido por el art. 9.VI del Ley 085/2014; y finalmente realiza afirmaciones falsas al señalar que procede la declaración de bien de dominio municipal al no existir antecedentes domínales; y, v) Al dictar la Ley 417, sin considerar sus documentos que acreditan su derecho propietario y obrando contra lo dispuesto por el art. 56.1 de la CPE y la jurisprudencia constitucional y convencional se ha vulnerado su derecho a la propiedad privada, puesto que se le ha confiscado su bien inmueble, desconociendo que la única forma en la que la propiedad privada puede pasar a dominio público es a través de la expropiación; por lo que los accionados se han excedió en sus facultades legislativas, la cual resulta desproporcionada respecto a la afectación de la propiedad privada. De principio, corresponde hacer referencia a las cuestiones de orden procesal; por una parte, relativas a la idoneidad de la acción de amparo constitucional para ejercer control constitucional respecto a una ley municipal; y, por otra parte, a las invocadas por los accionados y terceros interesados, respecto a los principios de subsidiariedad e inmediatez que rige la acción de amparo constitucional, así como de la existencia de hechos y derechos controvertidos. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de sus atribuciones, ejerce control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: a) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; b) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y, c) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones. Ciertamente, el ejercicio del control normativo posterior, ya sea a través de la acción de inconstitucional abstracta o de la acción de inconstitucionalidad concreta, en el marco de lo establecido por el art. 73 de CPCo, también se ejerce respecto de leyes municipales, siempre y cuando que tengan como contenido material normas jurídicas de alcance general y abstracto; así lo establece la jurisprudencia constitucional, en la SC 0094/2005 de 24 de noviembre, al referirse al objeto del control normativo estableció que: "...el control de constitucionalidad sólo recae sobre las disposiciones legales que tengan como contenido materia, normas jurídicas de alcance general", de lo que se concluye que forman parte del objeto de control del recurso directo de inconstitucionalidad sólo aquellas resoluciones que reúnan las condiciones y características materiales de una Ley. Lo que significa que una Resolución emanada de autoridad pública competente para resolver un caso concreto no forma parte de las disposiciones legales objeto del control de constitucionalidad; en consecuencia, no puede ser impugnada mediante el recurso directo de inconstitucionalidad" entendimiento que también fue asumido en la SCP 0443/2014 de 25 de febrero, que declaró improcedente una acción de inconstitucionalidad abstracta promovida por un Diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, quien cuestionaba los arts. 1, 2, 3 y 4 de la Ley 4026 de 15 de abril de 2009, que declaraban la usucapión masiva a varias personas sobre unos terrenos; en dicho fallo, el Tribunal Constitucional Plurinacional señaló que: “La Ley demandada de inconstitucional no reúne las características de generalidad y abstracción que permita a este Tribunal ingresar a su consideración, porque de ser así, se desconocería la naturaleza y alcances de este Instituto creado para sanear el ordenamiento jurídico a través de la verificación de la compatibilidad de disposiciones legales con el texto constitucional en abstracto; es decir, sin vinculación a intereses particulares; situación que al no concurrir en este caso inviabiliza su consideración" Toda vez que en el caso en examen, la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417, hoy impugnada declaró como bien de dominio público municipal, la superficie total de 44 754,52 m², ubicada en la zona Nor-Este, Distrito Municipal 2, ET-3, entre UV-17 y UV-39 de la ciudad de Santa Cruz, de la Sierra, destinada el equipamiento denominado Mercado "Mutualista", resulta evidente que la norma legal en su contenido no tiene la característica de ser general y abstracta; sino más bien particular, puesto que se refiere a un bien inmueble concreto que por esa razón solo podría afectar intereses particulares concretos; por consiguiente, su control constitucional, no es posible por alguna de las vías del control constitucional normativo posterior, ello implica que no existe óbice alguno para que se lo efectué a través de la acción de amparo constitucional, que es la vía idónea para tutelar las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de las personas que resulten vulnerados o amenazados de serlos por los actos de la autoridad pública o particulares; tanto más si la SCP 0284/2018-S4 de 18 de junio, establece que las leyes municipales que no tienen un contenido de generalidad no constituyen actos legislativos sino actos administrativos, que pueden ser dejados sin efecto por vía de acción tutelar. En lo que concierne al principio de subsidiariedad, ciertamente el art. 129.I de la CPE, establece que: "La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazado', asimismo, el art. 54.I del CPCo determina que esta acción tutelar: "... no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de seria', sin embargo, esos medios y recursos legales, deben reunir ciertas características para ser exigibles antes de acudir a la vía constitucional, así lo tiene establecido la jurisprudencia constitucional que en la SCP 1302/2012 de 19 de septiembre, establece que: "... es de vital importancia señalar que, las vías o recursos ordinarios, deben tener la suficiente capacidad e idoneidad para brindar protección inmediata, oportuna y eficaz, ya sea reparando, corrigiendo y previniendo de las amenazas o lesiones a los derechos fundamentales; de no tener esa aptitud, no es exigirle que el afectado agote con carácter obligatorio los mismos", refiriéndose precisamente a la eficacia que deben cumplir esos medios y recursos intraprocesales, la SC 0651/2003-R de 13 de mayo, señala "... el principio de subsidiariedad que el orden constitucional informa al recurso de amparo constitucional, cede al principio de inmediatez en los supuestos en que no existan otros medios o recursos idóneos o eficaces para la protección de Los derechos o garantías invocados como restringidos, suprimidos o amenazados; esto determina que, en los casos en que el agotamiento de las vías ordinarias existentes se constituya en un obstáculo formal para acceder a la protección con la inmediatez que el caso singular exige, en razón a que la apertura posterior de la tutela resultaría irreparable por tardía; atendiendo al fin de protección de la norma y a la eficacia que redama todo derecho o garantía fundamental; en tales supuestos no es exigible el agotamiento de las vías ordinarias, abriéndose, consecuentemente la jurisdicción constitucional para otorgar en su caso, la tutela invocada, dado que, como lo ha establecido la jurisprudencia de este Tribunal el amparo no sólo procede cuando no existe otra vía legal para la tutela de los derechos conculcados, sino también, en los casos en que aquella resulta ineficaz, por tardía, para proteger el derecho fundamental conculcado o amenazado; asimismo, debe establecerse si el recurrido o sujeto pasivo del amparo se encuentra por razones de hecho en una clara situación de poder respecto al recurrente (Así, SSCC1010/2002-R, 158/2001- R, 1017/2002-R)…". En el caso que se examina, ciertamente que el art. 56 de la Ley del Ejercicio Legislativo y de Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal, -Ley Autonómica 9/2015 de 10 de febrero-, prevé el recurso de control de legalidad, mediante el cual, el Concejo Municipal interpreta, analiza, deroga, abroga y modifica el contenido de la disposición impugnada; empero, este recurso, puede ser interpuesto por un Concejal o una Concejal Municipal, a instancia de parte o por el Alcalde o la Alcaldesa Municipal, contra las leyes, ordenanzas municipales y resoluciones municipales que aparentemente vulneren el ordenamiento jurídico vigente, y afecten derechos subjetivos e intereses legítimos, en el plazo máximo de veinte días calendario a partir de la vigencia de la ley y en una sola oportunidad, según establece el art. 57 de la citada ley municipal, empero, como se advierte se trata de un recurso, al que el administrado solo puede acceder por medio de un concejal o concejala, lo cual implica que para el hoy accionante no constituye un medio de protección eficaz, razón por la cual su falta de presentación oportuna no implica el incumplimiento del principio de subsidiariedad; por consiguiente, no es una razón suficiente que impida examinar el fondo; tanto más, la jurisprudencia constitucional, en la SC 1294/2006-R de 18 de diciembre, ha establecido también, que corresponde abstraer el principio de subsidiariedad para la realización de la justicia material. En lo que atañe al principio de inmediatez, conforme al entendimiento establecido en la SC 0661/2005-R de 14 de junio, el plazo de caducidad no se computa cuando la lesión se prolonga en el tiempo, en el caso examinado, toda vez que los efectos de la Ley 417 hoy impugnada, se han prolongado en el tiempo y por lo mismo sus efectos eventualmente lesivos son permanentes, por lo que entre tanto se mantenga esa situación, no corre el plazo de caducidad; por lo que, igualmente se tiene también por cumplido el principio. Finalmente, cabe tener presente que la SCP 0030/2013 de 4 de enero, ha establecido que procede la flexibilización de los requisitos de admisión en caso de duda razonable sobre la lesión manifiesta y grosera de derechos; lo cual ocurre en el caso que se examina, en cuyo mérito tampoco existe óbice para examinar el fondo de la denuncia. Superados como están las observaciones de orden procesal, corresponde ingresar al examen de fondo.

Con relación al incumplimiento del art. 9.1 de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 085/2014 Conforme se tiene señalado, la accionante denuncia que en la emisión de la Ley 417, no cumplió con el procedimiento establecido en el art. 9.1 de la Ley 085/2014, relativo a búsqueda de antecedentes del bien inmueble, como son la Escritura Pública 173/69 de 13 de marzo, que acredita su derecho propietario, y las Ordenanzas Municipales 02/85 y 026/86. Conforme al entendimiento establecido por la SCP 0035/2014 de 27 de junio, las facultades legislativas de los órganos deliberativos, son legislativas propiamente dichas, referidas a la capacidad de emitir leyes; y las reglamentarlas, la cual es una "atribución restringida a viabilizar el ejercicio de sus atribuciones y competencias propias del Concejo Municipal -p. ej. la aprobación del Reglamento de Debates del Concejo Municipal-, sin que esta última atribución pueda ser confundida con la capacidad reglamentarla del Órgano Ejecutivo...” en el marco de esas facultades legislativas, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la Ley Autonómica Municipal Para la Regularización de Bienes Inmuebles de dominio Municipal -Ley Municipal GAMSCS 085/2014 de 8 de septiembre, en cuyo artículo Noveno, regula el procedimiento para la regularización de bienes inmuebles de dominio municipal, el cual, establece: "Para la Regularización de Bienes Inmuebles de Dominio Municipal, se deberá cumplir con el siguiente procedimiento:

I.- Identificación del Bien Inmueble de Dominio Municipal a regularizar y búsqueda de antecedentes que respalden el proceso, revisando la siguiente documentación: 1. Planos Directores. 2. Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial. 3. Procesos de aprobaciones de Urbanizaciones y Restructuraciones. 4. Ordenanzas Municipales vigentes de asignación de Uso de Suelo y de aprobación de urbanizaciones, restructuraciones, barrios y lineamientos. 5. Láminas de Restitución, Mosaicos de Unidades Vecinales y Planimetrías. 6. Documentos Técnicos y Legales relativos al Bien Inmueble de Dominio Municipal a regularizar. II.- Realizar levantamiento topográfico para determinar: 1. Ubicación exacta y límites con coordenadas geo-referenciadas. 2. Superficie real del Bien Inmueble Municipal a regularizar. III.- Elaboración del Plano de Uso de Suelo con límites y colindancia en base al levantamiento topográfico realizado. IV.- Elaboración de Informe "Técnico-Legal. V.- Elaborar el Proyecto de Ley Municipal que declare el o los Bienes Inmuebles de Dominio Municipal a Regularizar. VI.- Remitir la carpeta a la Secretarla Municipal de Asuntos Jurídicos, a efectos de emitir informe legal. VII.- Remitir la carpeta al Concejo Municipal para- consideración y aprobación del Proyecto de Ley Municipal. VIII.- Dictada y promulgada la Ley Municipal, el Órgano Ejecutivo procederá al registro del Bien Inmueble de Dominio Municipal ante las Oficinas de Derecho". Ahora bien, conforme se desarrolla en el Fundamento Jurídico III. 1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el debido proceso en su triple dimensión de principio, derecho y garantía debe ser aplicado por todas las entidades del Estado y en todos los procesos, incluidos los administrativos, así la SCP 0085/2018-S2 de 23 de marzo, señala "…La expansión horizontal del debido proceso, permite que este derecho, principio y garantía, sea aplicable en los órganos de poder e instituciones del Estado, así como en el sector privado, cuando se trate de una afectación de derechos; asimismo, en cuanto a su ámbito de aplicación, no solo alcanza al área penal, sino, a todas aquellas áreas del derecho donde se sustancie un proceso, incluyendo también a los procesos administrativos, donde todo su desarrollo queda vinculado al debido proceso de forma ineludible…”; "…que la garantía del debido proceso está reconocida por los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, siendo aplicable tanto al ámbito judicial como al administrativo, en todo tipo de procedimiento donde se determine la responsabilidad o no de una persona -SC 1234/00-R de 21 de diciembre de 2000-; asimismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en referencia a la expansión horizontal del debido proceso, señala que junto a sus componentes, se aplica en todos los procesos de todas las jurisdicciones, materializando el conjunto de los principios y valores constitucionales -SCP 0703/2013 de 3 de junio”. Consecuentemente, en la tramitación del referido procedimiento administrativo para la regularización de bienes inmuebles de dominio municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, para su validez constitucional, se debe respetar el debido proceso. En ese marco, el procedimiento debe estar regido por los principios de la actividad administrativa, entre ellos el principio de legalidad y presunción de legitimidad, que implica el sometimiento del ejercicio del poder público a la Constitución Política del Estado y la Ley; y como lo señala la SC 1464/2004-R de 13 de septiembre "...el sometimiento de la administración pública al derecho, para garantizar la situación jurídica de los particulares frente a la actividad administrativa, por lo que, las autoridades administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución Política de! Estado, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron conferidos. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por la SCP 0411/2017-S1 de 12 de mayo". Ahora bien, del contenido del artículo noveno de la Ley Autonómica Municipal Para la Regularización de Bienes Inmuebles de dominio Municipal -Ley Autonómica Municipal GAMSCS 085/2014 de 8 de septiembre, se advierte que la norma legal prevé como la primera fase del procedimiento, la identificación del bien inmueble a regularizar y la búsqueda de antecedentes que respalden el proceso, que implica la revisión, entre otros, de los documentos Técnicos y legales relativos al bien inmueble de dominio municipal a regularizar. Toda vez que, la finalidad de ese procedimiento es la regularización del derecho propietario de los bienes inmuebles de dominio municipal; es decir la obtención de un justo título respecto de esos bienes a favor del gobierno municipal; la búsqueda de los antecedentes domínales del bien sujeto a la regularización, es una labor investigativa, que debe estar regida por el principio de publicidad de los actos, como componente del debido proceso, dada la potencialidad que existe de afectar el derecho propietario de terceros, los cuales podrían no ser conocidos; precisamente con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la defensa y el derecho a la propiedad privada de esos eventuales terceros propietarios.

En razón a que, conforme lo establece la jurisprudencia constitucional y convencional; por una parte, no es posible la restricción de derechos fundamentales -como es el caso del derecho a la propiedad privada- sin previo debido proceso; y por otra parte, en virtud a que nadie puede ser privado de su derecho de la propiedad privada de forma arbitrarla, puesto que la restricción de ese derecho debe "fundarse en razones de utilidad pública o de interés social, sujetarse al pago de una justa indemnización, practicarse según los casos y las formas establecidas por la ley y efectuarse de conformidad con la Convención"; el referido procedimiento debe garantizar que los eventuales terceros interesados tengan la posibilidad de conocer de su tramitación; lo cual se logra a través de su difusión por medios de comunicación masiva, puesto que solo de esta manera se garantiza la publicidad de ese procedimiento y por consiguiente el debido proceso; por el contrario un procedimiento llevado a cabo sin ninguna publicidad no es compatible con la característica de la publicidad de los actos de gobierno. Entonces, esa publicidad que resulta consustancial a la búsqueda de los antecedentes domínales, así como la referencia a los actos realizados y los resultados obtenidos en torno a los antecedentes de los documentos legales, deben estar expresados en el informe técnico-legal y en el informe legal, el cual debe dar cuenta de esos extremos, no solo con el propósito de respaldar la decisión que adopte la autoridad competente y de esa manera darle eficacia a la ley que se emita, puesto, que como establece la disposición Transitarla Quinta de la Ley de Regularización de Derecho Propietario -Ley 247-, las leyes municipales que declaran la propiedad municipal constituyen justo título siempre que no afecten derechos de particulares; sino esencialmente para asegurar que no se afectará el derecho propietario de terceros, precisamente en lo que atañe a la afectación o la limitación del ejercicio de derechos fundamentales, en el marco de lo que establecen los arts. 109 de la CPE, 29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 30 de la CADH, la SCP 0020/2020- S1 de 13 de marzo, estableció que “De acuerdo a las normas constitucionales e internacionales glosadas, es evidente que los derechos pueden ser limitados; empero, esa limitación debe estar necesariamente contenida en una ley formal, restringida a los supuestos previstos en la misma norma constitucional y convencional; para que, sobre la base de esas normas, las autoridades, en los casos que sean pertinentes, y cuando se cumplan las condiciones previstas en la ley, limiten legalmente el ejercicio de Los derechos; sin embargo, se aclara que, para ello, no es suficiente la observancia de la ley; pues, pueden existir restricciones ‘legales’ a los derechos, que sin embargo, resultan arbitrarlas por ser desproporcionales; por ello, corresponde que toda limitación a derechos fundamentales dispuesta por autoridad administrativa o judicial cumpla con el principio de proporcionalidad, en el marco del test desarrollado por la Corte IDH al que se ha hecho referencia precedentemente, y que también fue desarrollado a nivel interno" Refiriéndose a la limitación o la privación de los bienes, es decir el derecho a la propiedad privada, la Corte IDH, en el caso Salvador Chivoga v. Ecuador, señala: "El derecho a la propiedad no es un derecho absoluto, pues en el artículo 21.2 de la Convención se establece que para que la privación de los bienes de una persona sea compatible con el derecho a la propiedad debe fundarse en razones de utilidad pública o de interés social, sujetarse al pago de una justa indemnización, practicarse según los casos y las formas establecidas por la ley y efectuarse de conformidad con la Convención. La jurisprudencia constitucional., refiriendo a la expropiación, que es el medio por el cual es posible que una propiedad privada pase a dominio del Estado, está sujeta a condiciones y requisitos formales y materiales, entre estos últimos el pago de la indemnización antes de la ocupación. Ahora bien, de la revisión del informe Técnico Legal TAES 56/2016, se advierte que el mismo se limita a concluir sobre este aspecto, que se ha revisado y analizado los antecedentes técnicos, jurídico, documentales que cursan en archivos del departamento de Tierras y Áreas de Equipamiento Social, con la finalidad de consolidar y perfeccionar el derecho propietario a favor del municipio de Santa Cruz de la Sierra (Conclusión II.1.); lo propio sucede en el Informe Legal 215/2016, que hace alusión a igual revisión (Conclusión II.3); sin embargo, en los informes no se indica y menos explica qué acciones concretas de investigación y verificación se habrían efectuado para conocer el antecedente dominar del indicado terreno; y de las que realizaron para evitar la afectación de derechos de terceros, no solo en los registros del propio gobierno municipal sino también en las oficinas públicas que tiene a su cargo el registro inmobiliario; del mismo modo, no se evidencia que, siempre con el propósito de garantizar la eficacia de la norma que se emita, y al propio tiempo el derecho a la defensa de quien pudiera resultar afectado, se le hubiera acudido a la publicación del trámite, como parte de las labores de investigación sobre las antecedentes, el incumplimiento de la búsqueda de antecedentes es tal, que en los referidos informes no se hace referencia Ordenanza Municipal 02/85 de 5 de noviembre de 1985, que según el informe remitido a requerimiento de este Tribunal (Conclusión II.11) habría dispuesto la expropiación de los inmuebles en los cuales se encuentra ubicado actualmente el Mercado Mutualista; lo cual tiene relevancia, dado que en el informe técnico-legal y en el informe legal se hace alusión a que el terreno objeto de dichos informes se encuentra ubicado en el Mercado Mutualista, finalmente, no se explica con base a qué fundamentos facticos y jurídicos se concluye que la superficie de 44 754,52 m², ubicado en la zona Noreste, Distrito Municipal 2, ET-3, entre las UV-17 y UV-39, sea un bien de dominio municipal, las omisiones advertidas, evidencia, que no se ha cumplido debidamente con el procedimiento establecido en el art. 9.1 de la Ley 085/2014, que a la postre ha acarreado como consecuencia, que el peticionante de tutela no haya tenido la oportunidad de hacer valer su documento de propiedad para su consideración antes de emitirse la norma legal. Estas irregularidades, no han sido advertidas y menos subsanadas por la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a tiempo de emitir su informe correspondiente; y menos aún por el pleno del ente deliberante, como era su deber en virtud al principio del debido proceso.

Consecuentemente, el incumplimiento del procedimiento advertido, vulnera el derecho al debido proceso, en su elemento de principio de publicidad, así como del principio de legalidad, que tiene trascendencia, dado que compromete la eficacia de la ley municipal que declara la propiedad municipal al no haberse garantizado que no afecta el derecho de propiedad de terceros, en este caso del accionante; razón por la cual corresponde conceder la tutela impetrada, sobre esta denuncia. Asimismo, se vulnera el principio de seguridad jurídica, que conforme señala la SC 0287/99 de 28 de octubre de 1999, es la condición “esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran y que representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio". En este caso, no se ha garantizado la aplicación objetiva del procedimiento de regularización. Con relación al incumplimiento del art. 22 de la Ley Municipal 009/2015

La denuncia que el proyecto de la Ley 417, no cumplió con el art. 22 de la Ley Municipal 009/2015; puesto que, al momento de remisión del proyecto de ley por el Ejecutivo Municipal, el mismo no acompañaba la exposición de motivos; asimismo, carecería de fundamentación de hecho y derecho, y el informe técnico Legal TAES 56/2016 del departamento de Tierras y Equipamiento Social remitido, omitió cumplir con el art 9 de la Ley 085/2014, cabe precisar lo siguiente: En torno al cumplimiento del procedimiento legal por parte de los órganos legislativos, la SC 0009/2003 de 3 de febrero, señala: "Que, en un Estado Democrático de Derecho, el procedimiento legislativo que da validez constitucional a una Ley material no se reduce a las diferentes fases o etapas que el legislador debe seguir para la formación de una Ley, desde la presentación de proyecto hasta la promulgación y publicación, que en el Sistema Constitucional boliviano están previstas en el Título IV, Parte Segunda, Capítulo V, arts. 71 al 81 de la Constitución, al contrario comprende también las condiciones de validez del acto legislativo, es decir, que el órgano emisor de la Ley sea competente y desarrolle el procedimiento de elaboración de una determinada Ley, como en el presente caso, en el marco de las normas previstas para su legal funcionamiento”. Del mismo modo, debe acotarse que conforme se desarrolla en el Fundamento Jurídico III. 2.2 del presente fallo constitucional, el art. 28.d de la Ley del Procedimiento, refiriéndose a los requisitos esenciales del acto administrativo establece: Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico. El ese marco, el art. 22 de la Ley Municipal 009/2015, referido al Tratamiento de Proyectos de Ley, en lo pertinente al caso, señala: "£7 Concejo Municipal tratará los Proyectos de Leyes Autonómicas Municipales de conformidad con el siguiente procedimiento:

1) El proyecto de Ley deberá ser presentado en la Ventanilla Única de! Concejo Municipal, para que, por Secretarla de Coordinación, se verifique que el proyecto contenga los siguientes requisitos: a) Exposición de motivos; b) Fundamentación de hecho y de derecho; y, c) Informes de viabilidad técnica, económica, financiera y legal en caso que el proyecto de ley hubiese sido remitido por el órgano Ejecutivo. 1.1. Cuando el proyecto de ley correspondiera a una iniciativa legislativa del Concejo Municipal, previamente deberá ser remitido al Órgano Ejecutivo para su socialización e informes de viabilidad técnica, económica, financiera y legal, quien deberá pronunciarse en un plazo máximo de 15 días hábiles de manera impostergable, salvo que por su naturaleza este proyecto de ley no requiera de pronunciamiento previo del Ejecutivo Municipal. 1.2. Los proyectos de Leyes que comprometan recursos municipales, deben previamente señalar la fuente del mismo, y serán enviados al Órgano Ejecutivo Municipal para el dictamen respectivo, quien deberá pronunciarse en un plazo máximo de 15 días hábiles de manera impostergable.

1.3. En caso de no contener los requisitos establecidos anteriormente, mediante oficio de la Directiva del Concejo Municipal, será devuelto al proponente para su complementación. 1.4. De contener los requisitos establecidos en el presente inciso, se procederá a su remisión inmediata a la (s) comisión (es) pertinente (es) donde se acumulará, si corresponde, a otras iniciativas que contengan un objeto similar”.

De la norma glosada se advierte que el proyecto de ley debe contener como requisitos, la exposición de motivos, la fundamentación de hecho y derecho y los informes de viabilidad técnica, económica, financiera y legal en caso que el proyecto de ley hubiese sido remitido por el órgano Ejecutivo. De la revisión del acta 071/2016-2017 de la septuagésima primera sesión ordinaria del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, de 1 de diciembre de 2016 (Conclusión II.5), se advierte que efectivamente, el proyecto de "LEY MUNICIPAL QUE REGULA EL DERECHO PROPIETARIO DEL TERRENO UBICADO EN LA ZONA NOR-ESTE, DISTRITO MUNICIPAL 2, ET-3, ENTRE LAS UV.17 Y UV 39, CON UNA SUPERFICIE DE 44 754,52 M² A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA", no consigna exposición de motivos; tampoco fundamentación de hecho y derecho; con lo cual se evidencia que el proyecto incumplió lo previsto en el art. 22 de la Ley 009/2015; ya que en lugar de proceder a su devolución para su complementación, conforme dispone el 1.3. de la citada norma, se dio curso a su tramitación. En lo que concierne al defecto del Informe técnico Legal TAES 56/2016, nos remitimos a lo ya analizado supra. Consecuentemente, resulta evidente que el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en el tratamiento del citado proyecto de ley, se ha apartado del principio de legalidad como componente del debido proceso. Respecto al incumplimiento del art. 23 inc. d) de la Ley 482

El accionante denuncia que en la aprobación de la Ley 417, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, omitió cumplir el art. 23 de inc. d) de la Ley 482, al haberse procedido a su aprobación directa, sin cumplir las etapas previstas para el efecto. A objeto de verificar esta denuncia, en el marco del principio de legalidad, que compele a las autoridades públicas a someter sus actuaciones al bloque de constitucionalidad y a las leyes, cabe hacer referencia que el art. 23 de la Ley 482, que regula el procedimiento legislativo en los Gobiernos Autónomos Municipales, establece:

“El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera: a. El Proyecto de Ley Municipal que sea presentado en ejercicio de la facultad de iniciativa legislativa, será remitido por el Concejo Municipal a la Comisión o Comisiones que correspondan, de acuerdo a su temática. En el mismo trámite se acumularán otras iniciativas que se presenten con un objeto similar. b. El Proyecto de Ley Municipal contará con un informe técnico-legal cuando sea iniciativa del Órgano Ejecutivo Municipal. c. Si el Proyecto de Ley Municipal es presentado por un miembro del Órgano Legislativo y compromete recursos económicos, deberá ser remitido en consulta ante el Órgano Ejecutivo, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera. d. Cuando el Proyecto de Ley Municipal cuente con informe de la Comisión o Comisiones correspondientes, pasará a consideración del Pleno del Concejo Municipal, donde será tratado en su estación en grande y en detalle, y modificado, rechazado o aprobado. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta del total de los miembros del Concejo Municipal, excepto los casos previstos en la presente Ley y el Reglamento General del Concejo Municipal. e. En caso que transcurriesen treinta (30) días calendario, sin que la Comisión o Comisiones correspondientes, se pronuncien sobre el Proyecto de Ley Municipal, podrá ser considerado por el Pleno del Concejo Municipal, a solicitud de la Concejala o el Concejal proyectista, o del Órgano Ejecutivo Municipal. f. El Proyecto de Ley que hubiera sido rechazado en su tratamiento por el Concejo Municipal, podrá ser propuesto nuevamente en la legislatura siguiente, siempre y cuando presente nuevos elementos de discusión o se subsane las observaciones. g. Ei Proyecto de Ley sancionado, será remitido al Órgano Ejecutivo Municipal para su promulgación como Ley Municipal. h. La Ley sancionada por el Concejo Municipal y remitida al Órgano Ejecutivo Municipal, podrá ser observada por la Alcaldesa o el Alcalde en el término de diez (10) días calendario desde el momento de su recepción. Las observaciones del Órgano Ejecutivo Municipal se dirigirán al Concejo Municipal.

i. Si el Concejo Municipal considera fundadas las observaciones, modificará la Ley Municipal y la devolverá al Órgano Ejecutivo Municipal para su promulgación. j. En caso de que el Concejo Municipal considere infundadas las observaciones, la Ley Municipal será promulgada por la Presidenta o el Presidente del Concejo Municipal. Las decisiones del Concejo Municipal se tomarán por mayoría absoluta del total de sus miembros. k. La Ley Municipal que no sea observada dentro del plazo correspondiente, será promulgada por la. Alcaldesa o el Alcalde. Las Leyes Municipales no promulgadas por el Órgano Ejecutivo Municipal en los plazos previstos en los numerales anteriores, serán promulgadas por la Presidenta o el Presidente del Concejo Municipal. l. Las Leyes Municipales serán de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación en el medio oficial establecido por el Gobierno Autónomo Municipal para dicho efecto, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia". Ahora bien, la revisión del acta 071/2016-2017 de la Septuagésima Primera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, de 1 de diciembre de 2016 (Conclusión II.5), se advierte que se dio lectura al informe de la Comisión de Planificación Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios sobre el proyecto de ley Municipal que regula del derecho Propietario Municipal del terreno Ubicado en la zona Nor este, Distrito Municipal 2, E-T3, entre U.V. 17 y U.V. 39, con una superficie total de 44 754,52 m² a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra; asimismo, que la presidenta del Concejo Municipal “Angélica Sosa de Perovic”, puso en consideración el proyecto de ley y el informe de la Comisión de Planificación y pido que "los colegas que estén de acuerdo con la aprobación del Proyecto de ley sírvanse levantar la mano"; luego del informe del secretario concejal que dio cuenta de la existencia de ocho votos, la referida presidenta determinó que queda aprobado el proyecto de Ley Municipal que regula del derecho Propietario Municipal del terreno Ubicado en la zona Nor este, Distrito Municipal 2, E-T3, entre U.V. 17 y U.V. 39, con una superficie total de 44 754,52 m² a favor del Gobierno. Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra; ordenando su remisión al órgano Ejecutivo Municipal para fines de promulgación de ley.

De lo relacionado precedentemente, resulta evidente que, en la aprobación de la Ley 417, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, incumplió el procedimiento legislativo previsto en el art. 23 inc. d) de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, ya que efectivamente, no se cumplió con la aprobación en sus estaciones en grande y en detalle, sino que se procedió a su aprobación directa, apartándose de esa manera del debido proceso administrativo, este proceder efectivamente, implica un ostensible apartamiento del procedimiento legislativo establecido por su normativa interna, que resulta contrario al principio de legalidad, con lo cual se vulnera el debido proceso administrativo.

Con relación al derecho propietario

En lo que atañe a la existencia de la vulneración del derecho a la propiedad, del razonamiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo constitucional y la jurisprudencia contenida en la SCP 0054/2013 de 11 de enero, se identificó como los elementos esenciales del mismo: i) El derecho de uso; ii) El derecho de goce; y, iii) El derecho de disfrute; lo que a su vez genera obligaciones negativas para el Estado particulares, tales como la: a) Prohibición de privación arbitrarla de propiedad; y, b) Prohibición de limitación arbitrarla de propiedad; debiendo considerarse que en caso de haberse quebrantado estas prohibiciones por el accionar de un “...particular o funcionario público realizados al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes que priven o limiten arbitrariamente el derecho a la propiedad, afectando los elementos componentes de su núcleo duro, se configurará como vías de hecho que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, pueden ser resguardados a través de la acción de amparo constitucional, por ser esta un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de este derecho fundamental..."; precisamente, en mérito del entendimiento, el accionante a través del Instrumento 173/1969 de 13 de marzo, relativo a la transferencia que celebran Rogelio Cuellar Encinas y Melfy Paz de Cuellar en favor de Miguel Crapuzzi Dirienzo, de un inmueble ubicado al Noreste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, acreditó su derecho propietario y la titularidad sobre el inmueble objeto de la presente acción de amparo constitucional, registrado en la oficina de DD.RR. con matricula computarizada 7.01.1.99.0057483, aspecto que de ninguna manera fue desvirtuado por los accionados; quienes ejerciendo medidas de hecho, conforme se evidenció de la documental y la normativa omitida por el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra; a través de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417 de 1 de diciembre de 2016, declararon ese inmueble como bien de dominio público municipal, en cuanto a la superficie total de 44 754,52 m², ubicada en la zona Nor- Este, Distrito Municipal 2, ET-3, entre UV-17 y UV- 39 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, destinándolo como equipamiento denominado Mercado "Mutualista", tal como se desarrolló en el presente fallo constitucional; en ese sentido, se tiene que esos actos administrativos, se realizaron sin considerar la existencia de su derecho propietario, y obrando contra lo dispuesto por el art. 56.1 de la CPE y la jurisprudencia constitucional y convencional mencionada en el Fundamento Jurídico antes referido, vulneraron el derecho a la propiedad privada; por cuanto los legisladores de la gestión 2016 al haber confiscado su bien inmueble, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes, desconocieron que la única forma en que la propiedad privada puede pasar a dominio público es a través de la expropiación; y debe fundarse en razones de utilidad pública o de interés social, sujetarse al pago de una justa indemnización, practicarse según los casos y las formas establecidas por la ley; por lo que, las autoridades se excedieron en sus facultades legislativas, las cuales resultan desproporcionadas respecto a la afectación del derecho a la propiedad privada.

Al respecto, la SC 1671/2003-R de 21 de noviembre, señala lo siguiente: "...si bien es cierto que, en el marco de la nueva concepción sobre los alcances de los derechos fundamentales, el Constituyente ha determinado una limitación al ejercicio del derecho a la propiedad privada, que se opera a través de la expropiación, no es menos cierto que, para la aplicación de esa limitación, ha establecido garantías a favor del titular del derecho limitado, las que se pueden resumir en lo siguiente: a) la expropiación sólo se realizará previa declaración solemne de la necesidad y utilidad pública, determinada por autoridad competente; b) el procedimiento se someterá a las disposiciones legales previamente establecidas; y c) la cesión del derecho propietario, así como la ocupación pública del bien expropiado, sólo se materializará previo pago de la justa indemnización".

Asimismo, conforme a los fundamentos expuestos y los razonamientos colegidos de acuerdo al análisis concreto del presente caso, se deduce que al haberse solicitado la actualización y extensión de la documentación requerida por el accionante en la acción tutelar planteada y ratificada de igual manera en audiencia de fundamentación de la misma; esa extensión a la fecha debió haberse gestionado; toda vez que, fue ordenada por el Tribunal de garantías; y en caso de no haberse tramitado en favor del accionado, revelaría la flagrantemente vulneración y Privación Arbitraria de la propiedad, así como también, la Prohibición de Limitación Arbitraria de la Propiedad; toda vez que la Resolución emitida por ese Tribunal, es de ejecución inmediata y de obligatorio cumplimiento, como lo establecen los arts. 129.V de la CPE; y, 36.8 y 40 del CPCo.

Al respecto, la SCP 1062/2019-S2 de 3 de diciembre, señaló que: "...la remisión de las resoluciones constitucionales emitidas por las salas, tribunales y jueces de garantías, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional a efectos de su revisión, no se constituye en un obstáculo para la ejecución y cumplimiento inmediato de las mismas.

En consecuencia, la tarea de revisión de las resoluciones constitucionales, no implica la suspensión de su cumplimiento, como si se tratara de un recurso de apelación o de casación, de cuyo resultado depende su ejecución; toda vez que, la naturaleza de las acciones de defensa; y la finalidad para la cual fueron creadas por el constituyente, es justamente para otorgar la tutela inmediata y oportuna ante la lesión de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, dado su carácter idóneo de las mismas; y esta finalidad se concretizará, con la ejecución y cumplimiento -se reitera- inmediato y oportuno de sus resoluciones..."

Finalmente, se tiene que los accionados y terceros interesados pretenden controvertir mediante esta vía constitucional un derecho que se encuentra tutelado; sin embargo, el derecho propietario del impetrante de tutela, que emerge del título de dominio, resulta suficiente para reconocerle su legitimidad, puesto que de otra manera se le denegaría el acceso a la justica y por consiguiente defender su derecho a la propiedad privada en la vía administrativa; por otra parte, ese extremo no impide que la Sala, examine las vulneraciones al debido proceso que se denuncia, con incidencia al derecho a la propiedad privada, al tratarse de un derecho fundamental que fue tutelado por esta acción constitucional.

Otras consideraciones

El 8 de noviembre de 2023, cuando se realizó la audiencia de la presente ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, NI EL CONCEJO MUNICIPAL, NI EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, en sus INFORMES ESCRITOS y FUNDAMENTACIONES ORALES se manifestaron o siquiera mencionaron aspectos tan relevantes respecto de "terceros propietarios", "pagos de expropiaciones" o de "títulos de propiedad emitidos en su favor.

Por otro lado, de antecedentes se tiene que, la parte accionante acompañó en calidad de prueba los planos "SEPIA" debidamente legalizados por el propio Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, que demuestran la ubicación geo -referencial del predio descrito precedentemente, y que registran el nombre del propietario -Miguel Crapuzzi Dirienzo-, desde el 7 de abril de 1969, como titular del registro topográfico realizado oportunamente por los dueños originales, documento legalizado que cuenta con total validez para acreditar la ubicación física del inmueble objeto de esta demanda tutelar. También se evidencian en los planos “SEPIA”, los registros asentados en el año 2022 y 2023 de trámites realizados por propietarios de inmuebles de la zona; información geográfica emitida por el propio Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y que certifica que los planos "SEPIA" están en pleno uso vigente y que dicho terreno se encuentra ocupado en su integridad por el Mercado Mutualista.

Al efecto, se tiene que los PLANOS SEPIA son instrumentos utilizados exclusivamente por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz con la finalidad de llevar control de los trámites que realizan los ciudadanos respecto de sus propiedades y los funcionarios municipales van registrando los cambios de derechos propietarios y/o las modificaciones que realizan los propietarios.

En el caso que nos ocupa se exhibieron DOS PLANOS “SEPIA” de propiedad de la Alcaldía Municipal; en el primero, anterior al año 1986, registra varios propietarios, entre ellos a MIGUEL CRAPUZZI DIRIENZO con todos sus datos de DERECHO PROPIETARIO; sin embargo, los otros "supuestos propietarios" NO REGISTRAN DATOS DE SUS TÍTULOS DE PROPIEDAD; en el SEGUNDO PLANO SEPIA, que ACTUALMENTE ESTA EN USO ADMINISTRATIVO, se establece a la zona como MERCADO PÚBLICO según la ORDENANZA MUNICIPAL 26/86 y REGISTRA ÚNICAMENTE a MIGUEL CRAPUZZI DIRIENZO como PROPIETARIO del predio, consignando los datos de su TÍTULO DE PROPIEDAD Y REGISTRO EN DD.RR.

En consecuencia, si bien es evidente que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, registra algunas compras; sin embargo, no se evidencian antecedentes dominiales que se sobrepongan al derecho del accionante, quien demostró su derecho propietario, el cual se encuentra registrado desde 1969. Y al dejarse sin efecto legal la Ley 417 y sus registros que resultan posteriores al que se encuentra inscrito en DD.RR, por incumplir lo previsto en el art. 56.I de la CPE, según el cual se debe respetar el derecho propietario, estableciendo como garantía para su posible afectación, el de pagarse previamente la indemnización justa que corresponda; en ese sentido, se tiene por lesionando el derecho propietario de la parte peticionante de tutela, sumado al atentando contra los principios de legalidad y la seguridad jurídica, de acuerdo al análisis precedentemente realizado, este último que fue invocado por el accionante como un derecho, pero que en el marco de la Constitución Política del Estado, constituye un principio rector del ordenamiento jurídico y que emana del Estado de Derecho, conforme lo señala la doctrina, al indicar que: "La seguridad jurídica debe hacer previsible la actuación estatal para el particular, tal actuación debe estar sujeta a reglas fijas. La limitación del poder estatal por tales reglas, es decir leyes, cuya observancia es vigilada por la justicia, es contenido especial del principio de estado de derecho" (Torsten Stein. Seguridad Jurídica y Desarrollo Económico. FKA).

En efecto, la seguridad jurídica dentro de un Estado de Derecho, "...implica la protección constitucional frente a la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental; es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal…” (SC 0070/2010-R de 3 de mayo). Este entendimiento está acorde con el nuevo texto constitucional, que en su art. 178 dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta entre otros, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad.

En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 189/2023 de 8 de noviembre, cursante de fs. 1702 vta. a 1709 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo:

a) Dejar sin efecto legal la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 417 de 1 de diciembre de 2016, y todos los actos emergentes de la misma; así como el Testimonio 583/2019 de 30 de julio, otorgado por la Notaría de Gobierno del departamento de Santa Cruz, y en consecuencia, se ordena la cancelación del registro en DD.RR. de la matrícula computarizada 7.01.1.06.0179703 a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra; b) Que el Ejecutivo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, proceda en el plazo máximo de cinco días hábiles administrativos a emitir el Plano de Uso de Suelo y el Certificado Catastral del bien inmueble del accionante, registrado en DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.99.0057483; c) La ejecución del presente fallo constitucional por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conforme a lo establecido por el art. 16.I del Código Procesal Constitucional; y, d) La remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de investigación contra cualquier persona o servidor (a) público (a) que obstaculice el cumplimiento del presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO

Notas al pie

1 Corte IDH, Caso Salvador Chivoga v. Ecuador, Sentencia, excepción preliminar y fondo, de 6 de mayo del 2008.

2 Sentencia Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador.

3 La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el art. 29.2 señala que "En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática" (las negrillas nos pertenecen). Por su parte, el art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), con el nombre de "Alcance de las Restricciones" a los derechos humanos, señala que: "Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas" (las negrillas son nuestras). Además, el art. 32.2 de la CADH, establece que: "Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática".

4 5 SC 1671/2003 -R de 21 de noviembre, SC 1960/2010-R de 25 de octubre y SCP 0542/2012 de 9 de julio, entre otras.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0531_2024-S3.pdf · páginas 1 a 58.

Huella digital del PDF (SHA-256): 41fc67766175b388420745a284db52201e1a87fd3b035a5014c532132aea8ad4

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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