Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de junio de 2023
Deniega la tutela
Los impetrantes de tutela alegaron la lesión de sus derechos a la libertad y debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, defensa, valoración probatoria, igualdad de partes, errónea interpretación de la ley; y los principios de presunción de inocencia, razonabilidad, incongruencia, y legalidad; en que incurre el Vocal demandado, que al resolver su recurso de apelación incidental de medidas cautelares, mediante Auto de Vista de 11 de febrero de 2022, nuevamente determinó aplicar una fianza económica a los imputados; pese a no, concurrir ningún riesgo procesal; y, no obstante que en anterior acción de amparo constitucional, en la que también denunció la imposición de dicha fianza, se dispuso la emisión de nueva resolución de alzada, conforme a los fundamentos desarrollados por el Tribunal de garantías. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 39 de 26 de marzo de 2022, cursante de fs. 91 a 92 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 9 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0531/2023-S4 Sucre, 22 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 46639-2022-94-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 39 de 26 de marzo de 2022, cursante de fs. 91 a 92 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gil Alberto Soliz Moreno y Miguel Ángel Soliz Moreno, contra Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 24 de marzo de 2022, cursante de fs. 49 a 52 vta., y de complementación el 25 del mismo mes y año (fs. 59 a 60), los accionantes, manifestaron lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público, a denuncia de Jhon Henry Villegas Cartagena, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, el 7 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a cargo de Ever Álvarez Orellana, Vocal hoy demandado; quien, pese a que los apelantes no fundamentaron su recurso y el Ministerio Público solicitó se quede incólume la resolución de la Jueza de instancia que determinó la inexistencia de riesgos procesales; de manera arbitraria e incongruente, en transgresión del art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin considerar que efectuaron una presentación espontánea; que, acudieron a cada acto procesal al que fueron convocados, y cumplieron con las firmas ante el Ministerio Público; además de, haber enervado todos los riesgos procesales; realizando una valoración extrapetita del certificado médico presentado para justificar su inasistencia a la audiencia de declaración informativa, utilizándolo como prueba de un acto de obstaculización que fundaba la detención preventiva; mediante Auto de Vista 402/21 de 7 de diciembre de 2021, les impuso una fianza por Bs7 000.- (siete mil bolivianos), sin fundamentar por qué, de dónde y cómo surgía su determinación. El 10 de diciembre de 2021, plantearon una acción de amparo constitucional, contra la automotivada y arbitraria decisión del Vocal demandado; resuelta por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; a través, de Resolución de 16 de diciembre de 2021, que determinó conceder la tutela impetrada y ordenó dejar sin efecto el Auto de Vista 402/21, disponiendo en consecuencia emitir nuevo Auto de Vista, de acuerdo a los elementos emitidos por el Tribunal de garantías. En cumplimiento a lo determinado en la acción de amparo constitucional interpuesta, el 11 de febrero de 2022, el Vocal de la Sala Penal Segunda –ahora demandado–, celebró nueva audiencia de apelación incidental de medidas cautelares; y nuevamente, de manera irracional y arbitraria, reincidió en la automotivación reclamada, emitiendo el Auto de Vista 15/22, decidiendo eliminar el peligro de obstaculización y manteniendo la fianza económica impuesta a Gil Alberto Soliz Moreno, con el monto de Bs7 000.- y a Miguel Ángel Soliz Moreno, de Bs3 000.- (tres mil bolivianos); manifestando que, dicho monto lo mantenía porque tenían una profesión y les era sustentable pagar dicha cuantía; lesionando así, sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.
La parte solicitante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad y debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, defensa, valoración probatoria, igualdad de partes, errónea interpretación de la ley; y los principios de presunción de inocencia, razonabilidad, incongruencia, y legalidad; citando al efecto los arts. 115 y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se disponga: a) Se “restablezcan las formalidades legales extrañadas CON TODOS MIS DERECHOS LESIONADOS POR LA AUTORIDAD JURISDICCIOANL EN ESPECIAL AL DEBIDO PROCESO EN SU VERTIENTE DE UNA AUTOMOTIVACION ARBITRARIA VINCULADO A LA LIBERTAD” (sic); y, b) Ordenar que “EN OBEDIENCIA DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL DE LA SALA CONSTITUCIONAL 2º DE LA CAPITAL SE PROCEDA DICTAR NUEVA RESOLUCIÓN SIN LA ARBITRARIA E IRRACIONAL FIANZA QUE LESIONA MIS DERECHOS FUNDAMENTALES …” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 26 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 86 a 92 vta., presentes los impetrantes de tutela, asistidos de su abogado; y, ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes en audiencia, a través de su abogado, ampliaron los términos de su demanda de acción tutelar, señalando que: 1) Arrimó a la presente acción tutelar, una Sentencia Constitucional de 16 de diciembre de 2021; misma que, fue motivo de la interposición de la actual acción de defensa, solicitando protección efectiva de sus derechos; y que, fue emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en cuya decisión concedió la tutela impetrada, únicamente en cuanto a la valoración razonable de la prueba y con cuya determinación se notificó a la autoridad ahora demandada; 2) En mérito a lo determinado en la anterior acción tutelar, el Vocal Ever Álvarez Orellana, llevó a cabo una audiencia para dictar nueva resolución y en la parte considerativa de la misma, estableció que con relación al art. 234.4 del CPP; toda vez que, Gil Alberto no compareció a prestar su declaración informativa, señalando que tenía COVID-19 y solicitó la suspensión de la misma; no obstante que, de acuerdo a lo establecido por la autoridad demandada, la correspondiente prueba de laboratorio dio resultado negativo, y que fue considerado como un comportamiento de los imputados que obstaculizaban el proceso, durante el transcurso de la investigación, dejando latente el peligro procesal previsto en el art. 234.4 del CPP; 3) Llevada a cabo la audiencia de apelación y ante la falta de valoración de la prueba por el Vocal demandado, interpuso la acción de amparo constitucional; ya que, estableció una fianza económica a objeto de garantizar su presencia; determinación que lesiona el debido proceso, al efectuar una auto motivación arbitraria e irracional valoración de la prueba, vinculada a su derecho a la libertad; 4) De manera irracional, la autoridad demandada indicó que los imputados eran abogados y que tenían la posibilidad de pagar la fianza de Bs7 000.- uno y Bs3 000.- el otro; 5) La parte civil, se amparó en la resolución emitida en alzada para pedir la revocatoria de la medida cautelar, poniendo en riesgo su libertad; toda vez que, no cumplieron con la fianza por razones obvias, al no estar de acuerdo con la resolución; y, 6) En el informe emitido por la autoridad demandada; señala que, ya no funge como Vocal de la Sala Penal Segunda, sino en la Sala Primera; empero, fue él quien falló la resolución hoy cuestionada de 11 de febrero de 2022; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada y se ordene al Vocal demandado que emita nueva resolución, en cumplimiento del fallo constitucional 180/2021.
Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante memorial presentado el 25 de marzo de 2022, cursante a fs. 83, señaló que: i) Por reconformación de salas, está fungiendo como Vocal de la Sala Penal Primera y no de la Segunda, como se afirma en la acción de libertad; por lo que, corresponde notificar al actual Vocal Walter Pérez Lora; toda vez que, resolvió la causa cuando era autoridad en el referido Tribunal de alzada; y, ii) La Resolución emitida el 11 de febrero de 2022, fue en cumplimiento al Auto Constitucional dictado por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; como consecuencia, de un recurso de acción de libertad anterior.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 39 de 26 de marzo de 2022, cursante de fs. 91 a 92 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Judicial de 11 de febrero de 2022, “EMERGENTE A PARTIR DE LA DICTACIÓN DE LA SEGUNDA AUDIENCIA DE MEDIDA CAUTELAR, DEBIENDO EN TODO CASO LA AUTORIDAD JUDICIAL, DICTAR NUEVA RESOLUCIÓN APEGADA FUNDAMENTALMENTE A LOS CRITERIOS DE PROPORCIONALIDAD Y FINALIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES” (sic); en base a los siguientes fundamentos: a) Las medidas cautelares o sustitutivas establecidas en el art. 240 del CPP, van a conjurar ciertos riesgos procesales; por ejemplo, si tenemos que la persona ingresa en el riesgo procesal del peligro de fuga, porque puede abandonar el país o permanecer oculto, la medida cautelar proporcional para su aplicación y para conjurar ese riesgo procesal sería el arraigo; si vemos que existe el riesgo procesal de peligro de obstaculización, que la persona pueda obstruir la averiguación de la verdad, influyendo negativamente en testigos, peritos u otros que pudiesen ser intervinientes en el proceso, la medida cautelar proporcional será la prohibición de comunicarse con ciertas personas; existiendo así, una correlación y proporcionalidad, como característica fundamental para la aplicación de las medidas cautelares; b) En el caso presente, no se justificó la aplicación de la medida cautelar que impuso la autoridad demandada; asimismo, no utilizó ningún criterio para su aplicación; entre ellos, indicar que los imputados estaban en condiciones de pagar esa fianza; como si ello fuere una condición principal; cuando correspondía considerar cuál era la medida cautelar proporcional de acuerdo al riesgo procesal identificado y no la posibilidad o no de pagar dicha fianza; y, c) La autoridad demandada, necesariamente debe establecer o considerar que el aplicar una medida cautelar se vincula a una solicitud que se justifique plenamente; es decir, que lo ideal para la aplicación de una medida cautelar, es que el Juez a tiempo de aplicarla deba considerar la solicitud de las partes; en ese entendido, este Tribunal considera que al aplicar la medida cautelar impuesta de fianza, más allá de que la autoridad judicial demandada pueda volver a aplicar la misma medida, debe justificar plenamente su aplicación, bajo las características y los parámetros que establece y las regla de proporcionalidad, desde la propia Constitución Política del Estado hasta el Código de Procedimiento Penal; por lo expuesto considera que si bien es cierto que en este momento no existe un riesgo evidente de lesionar el derecho de la libertad, en el futuro inmediato y frente a las demás disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Penal, respecto a su revocación , existiría una posibilidad de que se ponga en riesgo la libertad del hoy accionante; por lo que, debe concederse la tutela impetrada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución de 16 de diciembre de 2021, dictada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gil Alberto Soliz Moreno y Miguel Ángel Soliz Moreno –ahora accionantes–, contra Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del referido Tribunal –hoy demandado–; se concedió la tutela impetrada y ordenó dejar sin efecto el Auto de Vista 402/2021 de 7 de diciembre, debiendo emitirse nuevo Auto de Vista, de acuerdo a los fundamentos emitidos por el Tribunal de garantías (fs. 17 a 22 vta.). II.2. Por Auto de Vista de 11 de febrero de 2022, en cumplimiento a la Resolución Constitucional de 16 de diciembre de 2021, el Vocal demandado, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación interpuesto por los imputados –ahora accionantes–, y admisible y procedente parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte civil; en consecuencia, revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 403/2021 de 25 de agosto, disponiendo la medida cautelar de fianza económica de Bs7 000.- para Gil Alberto Soliz Moreno y Bs3 000.- para Miguel Ángel Soliz Moreno; en cuanto a lo demás, la resolución queda subsistente e incólume (fs. 23 a 28).
Los impetrantes de tutela alegaron la lesión de sus derechos a la libertad y debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, defensa, valoración probatoria, igualdad de partes, errónea interpretación de la ley; y los principios de presunción de inocencia, razonabilidad, incongruencia, y legalidad; en que incurre el Vocal demandado, que al resolver su recurso de apelación incidental de medidas cautelares, mediante Auto de Vista de 11 de febrero de 2022, nuevamente determinó aplicar una fianza económica a los imputados; pese a no, concurrir ningún riesgo procesal; y, no obstante que en anterior acción de amparo constitucional, en la que también denunció la imposición de dicha fianza, se dispuso la emisión de nueva resolución de alzada, conforme a los fundamentos desarrollados por el Tribunal de garantías. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0998/2019-S4 de 27 de noviembre, sistematizando la jurisprudencia constitucional en relación a la improcedencia señalada, citando la SCP 0047/2019-S2 de 1 de abril, sostuvo que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero, que si bien fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, efectuando una sistematización jurisprudencial con relación a la posibilidad de activar una acción de defensa para lograr el cumplimiento de una Sentencia Constitucional emergente de una primera acción tutelar; su razonamiento jurídico también es aplicable a otras acciones de defensa, entre ellas, la acción de libertad, estableciendo dos subreglas de improcedencia, referidas a:
i) Es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa, el cumplimiento de una resolución constitucional de amparo o de otra acción de defensa –incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional– o en su caso denunciar su incumplimiento; y, ii) Es improcedente, a través de otra acción de amparo u otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento -parcial, distorsionado o tardío- de las resoluciones constitucionales -incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional-.
En ambos supuestos, las partes accionante o demandada, aún ya exista sentencia constitucional pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional deben acudir ante el mismo juez o tribunal de garantías que emitió la resolución constitucional inicial, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 40.II del CPCo, que señala: ‘La Jueza, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, para el cumplimiento de sus resoluciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, adoptará las medidas que sean necesarias, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública y la imposición de multas progresivas a la autoridad o particular renuente’; y, lo indicado en el art. 16 del mismo cuerpo normativo, que cita: ‘I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción; II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida…’.
(…)
En razón a los remedios procesales idóneos que existen, esta línea jurisprudencial impide abrir una cadena interminable de acciones de defensa, porque desde el punto de vista práctico, una concesión de tutela perdería su efectividad en su cumplimiento, pues quedaría indefinidamente postergada hasta que la parte demandada convertida eventualmente en accionante presente otra acción de defensa contra la sentencia constitucional que le fue adversa, buscando que la justicia constitucional le otorgue razón, eventualidad, en la que el accionante original continuaría con la misma cadena de tutela hasta volver a obtenerla” (las negrillas corresponden al texto original).
Ahora bien, de la revisión de antecedentes desarrollados en Conclusiones de este fallo constitucional y lo aseverado por las partes; se tiene que, dentro del proceso penal seguido en contra de Gil Alberto Soliz Moreno y Miguel Ángel Soliz Moreno –hoy accionantes–, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, en audiencia de apelación de medidas cautelares efectuada el 11 de febrero de 2022, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz – ahora demandado–, por Auto de Vista de la indicada fecha, dispuso en su contra la aplicación de fianza económica (Conclusión II.2). Ante tal circunstancia, los solicitantes de tutela instauraron la presente acción de defensa, en contra del Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, denunciando que; pese a que, en una anterior acción de amparo constitucional presentada por los mismos accionantes, contra el propio Vocal demandado, el Tribunal de Garantías, mediante Resolución de 16 de diciembre de 2021, les concedió la tutela impetrada; y en consecuencia, dejó sin efecto el Auto de Vista de 7 de diciembre de 2021, que les impuso la fianza económica; a través, del Auto de Vista de 11 de febrero de 2022, emitido como producto de la concesión de la tutela anterior; éste no cumple con la debida fundamentación y motivación, por el contrario repitió los fundamentos del Auto de Vista inicial manteniendo la imposición de la fianza económica. En ese marco, es preciso tener presente lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere: “Es improcedente, a través de otra acción de amparo u otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento -parcial, distorsionado o tardío- de las resoluciones constitucionales -incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional-”.
En consecuencia, en el caso de autos, el impetrante de tutela pretende con una nueva acción de libertad se disponga la emisión de nueva resolución que deje sin efecto la fianza económica impuesta, al no haber logrado el cumplimiento a la Resolución emitida anteriormente por el Juez de garantías, autoridad que corroboró dicho extremo en la Resolución expresada en esta nueva acción de defensa; procedimiento que de modo alguno puede ser convalidado por este Tribunal, no resultando posible el análisis de fondo de la problemática planteada al tornarse en improcedente; ya que, los hechos denunciados devienen de un presunto incumplimiento de lo dispuesto en una anterior acción de tutela; por lo que, en el caso presente si el solicitante de tutela consideraba que dicha resolución no fue cumplida, le correspondía activar el procedimiento de queja por incumplimiento ante el Juez de garantías, conforme a lo previsto en el art. 16 del Código Procesal Constitucional (CPCo) que señala: “I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida”; y la SCP 0034/2019-S4 de 1 de abril, cuyo fallo desarrolló el trámite a ser aplicado al efecto, y no pretender que a través de una nueva acción tutelar se realice el análisis de cumplimiento de una anterior acción tutelar; en consecuencia, corresponde denegar la tutela impetrada; con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 39 de 26 de marzo de 2022, cursante de fs. 91 a 92 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0531_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2b2c4f70a2a49d90fa3c1a60de029e17d0ebba062b0509e3b968ee069e25eac9
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →