Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 1 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso en su elemento celeridad; en razón a que, durante la vacación judicial, el Juez hoy accionado, el 9 de diciembre de 2021, llevo a cabo la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, y ordenó su detención preventiva por tres meses, decisión contra la cual su defensa interpuso recurso de apelación incidental, que fue concedida por la mencionada autoridad; sin embargo, las actuaciones pertinentes no fueron remitidos con la inmediatez necesaria ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, habiendo transcurrido dos meses y dos semanas hasta la interposición de la presente acción de defensa -16 de febrero de 2022-; causando dilación indebida, por incumplimiento al plazo previsto por el art. 251 del CPP para dicha remisión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 02/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad de pronto despacho, en los mismos términos resueltos por la Jueza de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0531/2023-S3 Sucre, 1 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 46017-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 02/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lucio Edgar Abircata Ali en representación sin mandato de Gregorio Poma Coria contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 16 de febrero de 2022, cursante de fs. 21 a 23, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Rogelia Apaza Condori, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis. del Código Penal (CP), el 29 de octubre de 2021, la representante del Ministerio Público informó el inicio de investigación al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, para posteriormente mediante Resolución 109/2021 de 7 de diciembre, presentar imputación formal, por el aludido delito. Alega que, -durante la vacación judicial dispuesta desde el 7 al 31 de diciembre de 2021-, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado-, llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares, donde pronunció la Resolución 378/2021 de 9 de diciembre, ordenando su detención preventiva por el tiempo de tres meses, en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento; determinación contra la cual, dentro del plazo estipulado en el art. 251 del CPP, interpuso recurso de apelación incidental, que fue concedida por el mencionado Juez; sin embargo, las actuaciones pertinentes no fueron remitidas con la inmediatez necesaria al Tribunal de alzada, habiendo transcurrido desde esa data hasta “el presente” -16 de febrero de 2022-, dos meses y dos semanas, como tampoco el cuaderno procesal con Código Único 201502022107956, fue devuelto al Juzgado de origen, para el control jurisdiccional. Posteriormente, por memorial presentado el 4 de febrero de 2022, -al Juzgado de origen- solicitó la remisión de antecedentes de la apelación incidental formulada al Tribunal de alzada, que mereció el proveído de 8 de igual mes y año, a través del cual, manifestó que, al encontrarse en vacaciones judiciales, desconoce el acto de consideración de aplicación de medidas cautelares de detención preventiva, y la mencionada apelación, además de no contar con los actuados en ese despacho judicial; no obstante a ello, ordenó la notificación a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a efectos de que informe sobre los extremos referidos o en su caso cumplir a cabalidad con lo solicitado relativo a la remisión de la apelación incidental; sin embargo, a pesar de la notificación realizada al Juez ahora accionado, no existe ningún pronunciamiento al respecto, inobservando que al estar de por medio la libertad, tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso en su elemento celeridad; citando al efecto los arts. 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se ordene a la autoridad accionada: a) Remitir las actuaciones pertinentes ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad; y, b) Asimismo, dentro del referido plazo se devuelva el cuaderno de control jurisdiccional “(CUD 201502022107956)” al Juzgado de origen, a objeto del control jurisdiccional y garantizar sus derechos y garantías constitucionales.
Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de febrero de “2021” -lo correcto es 2022-, según consta en el acta cursante a fs. 29 y vta., con la presencia de la parte impetrante de tutela y de la autoridad accionada, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad.
René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito, cursante a fs. 27 y vta., refirió que: 1) Ante la presentación de imputación formal con aprehendido -durante la vacación judicial-, llevó a cabo la audiencia de medida cautelar, en la que dispuso la detención preventiva del accionante, misma que fue apelada por el prenombrado; sin embargo, no pudo remitir los antecedentes pertinentes al Tribunal de alzada, debido a que en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) no apareció el aludido proceso, para efectuar el sorteo correspondiente, ello al no haber sido remitido por ese sistema el proceso al Juzgado de turno por vacación judicial; 2) De otra parte alega que, el Juzgado de origen, en varias oportunidades negó recepcionar el cuaderno procesal, debido a que la apelación incidental se encontraba pendiente; y, 3) Finalmente arguye que, el impetrante de tutela no agotó el principio de subsidiariedad como requisito para interponer la presente acción tutelar, al no haber requerido lo impetrado en su momento, por tales argumentos solicita se deniegue la tutela solicitada, ordenando al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del citado departamento, a recibir el cuaderno de control jurisdiccional, o en su caso remitan por el SIREJ a fin del sorteo y remisión de legajo de apelación incidental al Tribunal de alzada.
La Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 02/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 30 a 31 vta., concedió la tutela solicitada, y en ese mérito conminó al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del referido departamento, a efecto de que remita en el día a través del SIREJ el proceso con Código Único 201502022107956, al Juzgado de su similar Tercero, a fin de que el mismo pueda realizar el sorteo y remitir el recurso de apelación incidental formulada contra la Resolución 378/2021, en el plazo de veinticuatro horas, conforme dispone el art. 251 CPP, y una vez realizado el sorteo y remitido el recurso de apelación incidental, en el día deberá devolver a través del SIREJ y físicamente el cuaderno procesal al Juzgado de origen; decisión asumida en base a los siguientes fundamentos: i) En el caso de análisis, se debe tener presente que todas las solicitudes relacionadas a la libertad del imputado deben ser tramitadas y resueltas sin ninguna demora o dilación, ello en atención al principio de celeridad que obliga a toda autoridad jurisdiccional a sujetarse a los plazos previstos en la norma penal, puesto que el ingresar en una demora o dilación indebida, implica una lesión a ese derecho fundamental, del igual forma, el art. 251 del CPP, establece que, el auto que disponga una medida cautelar es apelable en el plazo de setenta y dos horas en el efecto no suspensivo y que una vez interpuesto el recurso de apelación incidental, las actuaciones pertinentes deberán ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad; ii) De la prueba aparejada al expediente y de lo mencionado por las partes, se hizo referencia a que, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -cuyo titular es ahora accionado-, no tendría acceso a sistema SIREJ, por no haberse remitido a través de ese sistema el proceso, y que por ese motivo no se habría remitido el recurso de apelación incidental; sin embargo, de los datos adjuntos no se evidencia ninguna disposición de la autoridad accionada a efectos de que el Juzgado de origen, el encargado del SIREJ o incluso la Oficina Gestora de Procesos puedan gestionar la remisión de la causa y con ello realizar el sorteo del recurso de apelación incidental interpuesto, tampoco se advierte que curse oficio alguno, o algún informe que señale que se habría realizado el legajo de dicha apelación; y, iii) Por lo que, al no haberse procedido con la remisión del recurso de apelación incidental hasta el momento de la interposición de la presente acción tutelar, es evidente la dilación denunciada y el incumplimiento del plazo establecido por el art. 251 del CPP.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante escrito de 29 de octubre de 2021, presentado ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de turno de El Alto del departamento de La Paz, Juan Rojas Apaza, Fiscal de Materia, informó “INICIO DE INVESTIGACIONES” a denuncia formulada por Rogelia Apaza Condori contra Gregorio Poma Coria -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; que mereció el proveído de 1 de noviembre de ese año, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del citado departamento (fs. 9 a 10).
II.2. Cursa Resolución 109/2021 de 7 de diciembre, de imputación formal con aprehendido y solicitud de medidas cautelares, presentado por la representante del Ministerio Público contra el hoy accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz (fs. 2 a 5 vta.).
II.3. Consta Resolución 378/2021 de 9 de diciembre, René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado-, dentro del proceso de referencia, determinó la detención preventiva del hoy accionante, en el Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento, por el plazo de tres meses, disponiendo que por Secretaría se libre el correspondiente mandamiento, señalando de igual forma audiencia para considerar la situación jurídica del prenombrado para el 8 de marzo de 2022, a horas 11:00, -se hace constar que al final de dicho actuado procesal no se hizo alusión a ninguna apelación a la resolución pronunciada- (fs. 6 a 7).
II.4. Por memorial presentado el 4 de febrero de 2022, el accionante impetró ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada, puesto que, a la conclusión de la audiencia de aplicación de medidas cautelares que ordenó su detención preventiva, su defensa apeló la resolución pronunciada; empero, hasta la aludida data no se cumplió con la remisión de actuados al superior en grado. Ante ello, la mencionada autoridad judicial mediante proveído de 8 del citado mes y año, refirió que el “8” de diciembre de 2021, el mismo se encontraba en vacación judicial del 7 al 31 de igual mes y año, de manera que, desconoce la realización de ese acto procesal y la apelación formulada, además de no constar el expediente en ese despacho judicial; no obstante, dispuso la notificación a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del citado departamento, a efecto de que informe sobre los extremos referidos o en su caso cumplir a cabalidad con lo solicitado respecto a la remisión de la apelación interpuesta (fs. 16 a 17).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso en su elemento celeridad; en razón a que, durante la vacación judicial, el Juez hoy accionado, el 9 de diciembre de 2021, llevo a cabo la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, y ordenó su detención preventiva por tres meses, decisión contra la cual su defensa interpuso recurso de apelación incidental, que fue concedida por la mencionada autoridad; sin embargo, las actuaciones pertinentes no fueron remitidos con la inmediatez necesaria ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, habiendo transcurrido dos meses y dos semanas hasta la interposición de la presente acción de defensa -16 de febrero de 2022-; causando dilación indebida, por incumplimiento al plazo previsto por el art. 251 del CPP para dicha remisión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0503/2019-S1 de 9 de julio, reiterando los fundamentos de la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, con relación a la temática sostuvo que: «“La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al plazo otorgado para la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que imponga medidas cautelares.
La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que: ‘El Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones.
No cabe duda que recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley establece un lapso brevísimo para su Resolución (tres días). De lo expresado, se concluye que el Código de procedimiento penal, ha previsto un recurso expedito en resguardo del derecho a la libertad del imputado. En consecuencia, ese es el recurso que debe utilizarse para impugnar los actos del juez que se consideren lesivos al derecho aludido, y no acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional a través del recurso de hábeas corpus, garantía que podrá ser utilizada sólo cuando el tribunal superior en grado no haya reparado las lesiones denunciadas’” (criterio asumido por la SC 0385/2005-R de 18 de abril, entre otras)» (las negrillas nos corresponden).
De la problemática planteada en la presente acción de defensa; se tiene que, el impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso en su elemento celeridad; en razón a que, durante la vacación judicial, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionado-, llevo a cabo la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, donde mediante Resolución 378/2021 de 9 de diciembre, ordenó su detención preventiva, decisión contra la cual su defensa interpuso recurso de apelación incidental, que fue concedida por la mencionada autoridad; sin embargo, las actuaciones pertinentes no fueron remitidos con la inmediatez necesaria ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, habiendo transcurrido dos meses y dos semanas hasta la interposición de la presente acción de defensa -16 de febrero de 2022-, causando dilación indebida, por incumplimiento al plazo previsto por el art. 251 del CPP para dicha remisión. En ese contexto, de la revisión de antecedentes aparejados al expediente de la presente acción de libertad, y detalladas en las conclusiones descritas en el presente fallo constitucional, así como lo manifestado por los sujetos procesales, se constata que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Rogelia Apaza Condori contra Gregorio Poma Coria -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la autoridad fiscal informó “INICIO DE INVESTIGACIONES”; que mereció el proveído de 1 de noviembre de 2021, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; posteriormente, el 7 de diciembre de igual año, la representante del Ministerio Público, presentó Resolución 109/2021 de 7 de diciembre, de imputación formal con aprehendido y solicitud de medidas cautelares contra el hoy accionante, por el aludido delito; sin embargo, habiéndose determinado la vacación judicial del 7 al 31 de diciembre de 2021, la audiencia de aplicación de medidas cautelares fue llevada a cabo por el Juez de turno, en este caso por René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado-, donde por Resolución 378/2021, determinó la detención preventiva del imputado -hoy impetrante de tutela-, en el Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento, por el plazo de tres meses, fijando audiencia para considerar su situación jurídica para el 8 de marzo de 2022, a horas 11:00; decisión contra la cual, -a pesar de no constar de manera expresa-, el prenombrado habría formulado apelación incidental; sin embargo, las actuaciones pertinentes hasta la interposición de la presente acción de defensa no fueron remitidas para su revisión ante el Tribunal de alzada, en el plazo de veinticuatro horas, habiendo transcurrido dos meses y dos semanas sin que la misma haya sido cumplida; sumándose a ello, el cuaderno procesal con Código Único 201502022107956, tampoco habría sido devuelto al Juzgado de origen, a objeto del control jurisdiccional, conforme advierte del memorial presentado el 4 de febrero de ese año.
Realizada la puntualización precedente e ingresando al análisis de la problemática planteada, contrastando el reclamo constitucional que motivó esta acción de defensa y los antecedentes fáctico procesales, es evidente que existió una omisión indebida e incumplimiento de la norma procesal con incidencia en la incertidumbre de definición de la situación jurídica del accionante privado de libertad, quien contra la Resolución 378/2021, que determinó su detención preventiva, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, los antecedentes de la misma hasta la formulación de la presente acción de libertad -16 de febrero de 2022- no fueron remitidos para su consideración y revisión por el Tribunal de alzada; al respecto, la autoridad judicial accionada manifestó que evidentemente el acusado interpuso recurso de apelación incidental en la referida fecha; empero, señala que, dicha remisión no pudo ser efectuada, debido a que el Juzgado de origen no remitió la causa por el SIREJ, puesto que para realizar el sorteo y la remisión del legajo de apelación, se requiere de la habilitación de ese sistema; no obstante, tales argumentos no pueden aceptarse como válidos para justificar la omisión en la que incurrió la autoridad accionada, más aun cuando sobre dicha situación no se advierte actuación alguna que demuestre lo contrario a lo mencionado; en ese orden, y siempre bajo la luz de la sólida jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, la administración de justicia se rige, entre otros, por los principios de celeridad, eficacia, eficiencia, que en conjunto buscan que los justiciables accedan idónea y oportunamente al ejercicio material de sus derechos y garantías constitucionales; en ese sentido, los antecedentes fácticos descritos, denotan que evidentemente la mencionada autoridad no asumió el debido control del caso, e incumplió el plazo procesal para la remisión de antecedentes al superior en grado establecido en el art. 251 del CPP, norma procesal penal que determina dicho plazo breve, en razón al alcance y connotación del recurso del cual se está haciendo uso, y considerando además que es ejercido por una persona que se encuentra privada de libertad; consecuentemente, resulta evidente la denuncia formulada por el impetrante de tutela sobre la omisión y dilación en el trámite de su recurso de apelación incidental tendiente a resolver su situación jurídica, lo que conlleva la lesión del debido proceso en su elemento celeridad vinculado al derecho a la libertad, pues todo ello involucra la definición de la situación jurídica del procesado. De ahí que, el hecho de no haber remitido los antecedentes del recurso de apelación incidental de medida cautelar ante el Tribunal de alzada, dentro del plazo establecido por el art. 251 del CPP, conforme se tiene descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, constituye una dilación indebida que vulnera los citados derechos del imputado -hoy impetrante de tutela-, vinculado al principio de celeridad que constituye la necesidad de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 02/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad de pronto despacho, en los mismos términos resueltos por la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0531_2023-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): f4651f10068ad185816d8ae4d352026269ead26e5f6d622a887ba04e8dd70bb9
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