Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 19 de mayo de 2025
Concede la tutela
La accionante denunció como lesionado el debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, y tutela judicial efectiva; toda vez que, la Fiscal Departamental de Cochabamba, –hoy autoridad demandada–, emitió la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS. 840/2022, carente de una debida fundamentación, motivación, congruencia omisiva, y sin realizar una valoración de la prueba, para ratificar la Resolución de sobreseimiento que favoreció al imputado. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 045/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 92 a 97 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS. 840/2022 de 12 de septiembre, y ordenando que la Fiscal Departamental de Cochabamba, emita una nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, y sea en plazo de tres días una vez notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0530/2025-S4 Sucre, 19 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 55121-2023-111-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 045/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 92 a 97 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Falón Danova Orihuela Garfias contra Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 21 de marzo de 2023, cursante de fs. 1; y, 29 a 43; y, de subsanación de 29 de igual mes y año (fs. 46 a 51 vta.); la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Denunció a su expareja Mauricio Eduardo Antezana Tapia –ahora tercero interesado– ante el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, con el fin de solicitar el cumplimiento y la persecución penal de quien le ocasionó un daño psicológico no solo a ella sino a su hija menor de edad; y, por el cual, está acción penal obligaba a la referida institución pública a desarrollar acciones de investigación en la causa, y resolver el conflicto presentando un requerimiento en alguna de las maneras establecidas en la norma, y haciendo una valoración objetiva de los medios probatorios y no limitar su fundamentación a simples párrafos que no responden a los agravios que postuló en su impugnación al sobreseimiento. Es decir, a partir de la presentación de la querella formulada, efectivamente el Ministerio Público promovió diferentes acciones para establecer la verdad histórica de los hechos, como poner en conocimiento el inicio de las investigaciones ante el Juez cautelar, la emisión de un requerimiento de imputación formal contra el denunciado sin solicitar una medida cautelar, y desarrollar acciones necesarias para determinar la existencia de los hechos, en función a la denuncia desarrollada, y sobre los medios prueba que fueron presentados como sustento inicial de la misma, y las que fueron recolectadas en la etapa preparatoria; empero, a la conclusión de dicha etapa, el Ministerio Público mediante la Resolución de 9 de diciembre de 2021, dispuso el sobreseimiento de la causa, bajo entendimientos alejados de la realidad, y en particular desobedeciendo los lineamientos determinados en la ley para pronunciarse; es decir, debió de fundamentar su decisión a los fines de la comprensión de los sujetos procesales o adecuar sus razonamientos a los antecedentes de la causa y a los elementos materiales que la componen; toda vez que, según el criterio del Fiscal de Materia en el desarrollo de la etapa preparatoria se habría demostrado que no existe certeza de que la violencia psicológica seria causada por el imputado como padre; de igual manera, señaló que los tipos penales no se hubieran adecuado a lo descrito en la denuncia, y que eso también sería un óbice para que prosiga la causa; y, por último estableció que no existían suficientes elementos que permitan resolver de otra manera que no sea el sobreseimiento, cuando la referida autoridad con total negligencia, realizó una trascripción básica y pobre sobre los componentes del delito, y una simple mención de las pruebas presentadas a prima facie, sin tomar en cuenta la importancia de las mismas. En ese contexto alegó que, contra dicha determinación presentó recurso de impugnación, con la inocente idea de que la Fiscal Departamental de Cochabamba –ahora demandada– con un mejor criterio, pueda resolver su recurso de una forma diferente; puesto que, sus derechos se veían gravemente afectados por la decisión de la autoridad inferior; sin embargo, dicha autoridad, de una forma o acto ilegal, mediante Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS. 840/2022 de 12 de septiembre, ratificó la referida Resolución de sobreseimiento; toda vez que, en la indicada Resolución jerárquica no atendió su planteamiento, pues si bien la misma sería ampulosa de manera innecesaria, en ella existiría una incongruencia omisiva, ya que no se revisó su recurso de impugnación y menos se pronunció con relación a sus reclamos, y lo único que se hizo es copiar la Resolución de sobreseimiento; por lo que, a partir de ello considera que habría una insuficiente motivación en la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS. 840/2022, como primer elemento de reclamo y afectación de sus derechos; es decir, el derecho al debido proceso estipulado en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en su vertiente motivación; dado que: a) Según a los tres elementos que debe contar una resolución, la determinación de la precitada Resolución jerárquica, tiene un Obiter exagerado en sus consideraciones, y limitada en cuanto a las acciones de investigación; asimismo, en su Ratio Decidendi , se advierte que la autoridad demandada al decidir ratificar el fallo impugnado, no cumplió con las premisas establecidas para un pronunciamiento, ya que básicamente copió la Resolución de sobreseimiento, al hacer uso de la misma doctrina, además en ninguna de sus partes valoró los argumentos que propuso, y menos revisó los elementos de prueba que se aportó en la causa; por lo cual, dicha autoridad al haber actuado conforme a lo expuesto, e incorporando en su determinación los mismos errores en las que arribó el Fiscal de Materia, incurrió en la prohibición de repetición de argumentos, cuando debió realizar una contrastación de los fundamentos del fallo y lo objetado; b) La repetición de argumentos o propuesta de las partes está prohibida y hace arbitraria la determinación según la SCP 1206/2013-L de 4 de octubre, ya que en sus consideraciones, resolvió por arbitrariedad de las acciones vinculadas a la repetición de argumentos, señalando que: “…no solo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver” (sic); sin embargo, conforme a lo precitado, y la lectura de la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS. 840/2022, se evidenció que la autoridad demandada, no cumplió con lo requerido por la ley, en diversos aspectos; es decir, como primer elemento se advierte que la merituada autoridad, ante la imposibilidad de copiar los argumentos de las partes por estar prohibido, debió exponer su criterio con relación a los mismos, otorgando un valor, a determinada posición y en función a la ley, y estableciendo la procedencia o no de los reclamos efectuados por los sujetos procesales; asimismo, como segundo elemento, se evidencia como incumplido y se demuestra como relevancia constitucional, es la vinculación con la existencia de elementos de prueba que se encuentran en el cuaderno de investigaciones, que según la Resolución de sobreseimiento; son los que, se aportó durante el desarrollo de la etapa preliminar y preparatoria; c) Dos aspectos que debió considerar la autoridad demandada, el primero relacionado a la falta de pronunciamiento en concordancia al reclamo de la mala valoración de los elementos de prueba de la Resolución de sobreseimiento; mismos que, al cursar en el cuaderno de investigaciones, demuestran el daño psicológico originado por el imputado; y, el segundo, vinculado a la falta de pronunciamiento con relación a los demás elementos de prueba; d) La Fiscal Departamental demandada, a tiempo de pronunciarse, no solo debió señalar los documentos que hacen la supuesta duda, sino todas las pruebas que cursan al efecto en el cuaderno de investigaciones y las declaraciones en su integridad, y no solo enunciando su existencia, sino su importancia y lo más relevante el valor que les otorgó, ya sea positivo o negativo; y, si bien no todos los documentos demuestran los hechos, pero a los fines de la emisión de un fallo, estos debieron merecer un pronunciamiento; es decir, debió determinar de manera fundamentada, como todos estos documentos y/o de manera separada, no tienen el valor, y por qué no las consideró, ya que al no explicar de forma entendible por qué no mencionó y valoró los mismos, generó una imposibilidad de compresión de la resolución; dado que, no es posible que dicha Resolución jerárquica, solo contenga documentos o elementos de prueba que supuestamente demuestran los hechos, cuando existen medios de prueba que exponen de forma abundante la participación y comisión del ilícito en la manera que fue denunciado el imputado; e) No existe fundamentación en cuanto a la posibilidad de que dicha conducta se subsuma al delito denunciado; toda vez que, existe un error de concepto al pretender que la víctima adecue su conducta al tipo penal, cuando el trabajo de subsunción no le corresponde al denunciante, según lo estipulado en el art. 285 del Código de Procedimiento Penal (CPP);
asimismo, debió considerarse que no se investigan delitos, sino hechos que generan la posibilidad de su investigación; f) La Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS. 840/2022, también afectó al principio de congruencia; ya que, la autoridad demandada, al copiar los argumentos de la autoridad inferior, no realizó ninguna consideración en cuanto al planteamiento que efectuó en su impugnación; es decir, no respondió a las diversas dudas que tendría sobre el sobreseimiento que decreta o declara la inocencia del denunciado, la falta de acción o conducta delictual, la inexistencia de un delito por el supuesto argumento de que no hay certeza del daño psicológico y causado por el padre de la niña víctima, y otros; g) Dentro del cuaderno de investigaciones cursan elementos probatorios y también fueron transcritas en su impugnación, que no fueron valorados por la Fiscal Departamental demandada, al momento de resolver su recurso, como ser las declaraciones de testigos de cargo, la declaración de la menor de edad víctima de violencia, y el Informe Psicológico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); puesto que, tanto estos como todos los medios prueba, haciendo una revisión, logran individualizar la conducta del imputado, y establece los elementos objetivos que acreditaron la participación del mismo en el ilícito que se investiga; y, h) Por último, existiría una afectación al derecho de una tutela efectiva; siendo que, la autoridad demandada no revisó todos los antecedentes de la causa y la falta de compromiso del Fiscal de Materia en su trabajo, ya que en el trámite del proceso penal extrañamente se muestra una ausencia de valoración probatoria; que, hace en definitiva el no poder acceder a una justicia e inclusive ser pasible a una demanda recriminatoria.
La accionante denunció como lesionado el debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y tutela judicial efectiva; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: 1) Se anule la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS. 840/2022; y, 2) Se ordene a la autoridad demandada, emita una nueva resolución siguiendo los lineamientos previstos en la normativa vigente y convenios internacionales, sobre valoración reforzada y debida diligencia en cuanto a la protección de los sectores vulnerables.
Celebrada la audiencia virtual el 5 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 89 a 91 vta.; presentes la solicitante de tutela, el tercero interesado, ambos asistidos por sus abogados defensores y la autoridad demandada a través de Paola Martínez, Fiscal de Materia; se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, a través de su defensa técnica, en audiencia, ratificó íntegramente en los fundamentos expuestos en su demanda de acción de defensa y repitió los mismos argumentos de su demanda sin realizar ninguna ampliación al efecto.
Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba; por medio de Paola Martínez, Fiscal de Materia, en audiencia, manifestó que: i) Según la accionante, se le habría vulnerado el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, al haberse emitido la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.-IS. 840/2022, carente de dichos elementos; además, que no se hubieran valorado las declaraciones de testigos de cargo, la declaración de la menor víctima de violencia, y el Informe Psicológico del IDIF; empero, la impetrante de tutela no cumplió con la carga argumentativa suficiente para sustentar la “Resolución de Amparo Constitucional” (sic); por lo cual, no se podría ingresar al fondo de la solicitud de la misma; máxime cuando pretende que, la jurisdicción constitucional ingrese a valorar la prueba, siendo una competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria; ii) Respecto a la metodología aplicable para la emisión de resoluciones jerárquicas, es ameritable la aplicación del entendimiento de la SCP 0245/2021-S4 de 10 de junio, al establecer que el principio de congruencia no constituye un parámetro infranqueable al momento de resolver las impugnaciones y emitir las resoluciones jerárquicas; ya que, pueden considerarse otros aspectos del proceso, siempre y cuando pueda resolver los puntos de agravio expuestos; en ese entendido, la presunta vulneración al principio de congruencia no fue adecuadamente expresada por la accionante, al no identificar de qué modo o forma dicha lesión concurre en el caso concreto; ya que, en el punto VI de “AGRAVIOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Atentatorios A LOS DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES” (sic), de su memorial de impugnación de 29 de diciembre de 2021, solamente se limitó a señalar que se entiende por víctima y el debido proceso, y citar la SC 0537/2004-R de 14 de abril, sin expresar el agravio en concreto; cuando la Resolución Jerárquica cuestionada, aborda la problemática desde la perspectiva planteada por la propia Resolución de sobreseimiento, al analizar los hechos y su entidad penal, antes de ingresar a verificar la problemática vinculada a la suficiencia probatoria la que fue resuelta en la parte final de la referida Resolución Jerárquica; iii) En el caso concreto, la impetrante de tutela incumplió su deber respecto a la carga argumentativa; misma que, no podría ser suplida por las autoridades de esta instancia constitucional, ya que su agravio consistió en la expresión de desacuerdo con la resolución y el presunto derecho lesionado, sin expresar su nexo causal; iv) Para que proceda esta acción tutelar, la solicitante de tutela debió demostrar que, al momento de emitirse la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS. 840/2022, se cometieron actos ilegales, que amenacen, restrinjan o supriman sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, esto en consideración que la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar al fondo de lo ya resuelto; y, v) En mérito a lo precedentemente expuesto, se debe tomar en cuenta que la accionante al no haber cumplido con la carga argumentativa y la probatoria suficiente, la jurisdicción constitucional no podría ingresar a valorar la actividad que es exclusiva del Ministerio Público; más aún cuando, no se identificó ni estableció la restricción o amenaza, y mucho menos la vulneración de derechos fundamentales o garantías constitucionales; por lo que, al no existir lesiones objetivas contra la impetrante de tutela, que hayan sido ocasionados con la emisión de la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS. 840/2022, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Mauricio Eduardo Antezana Tapia, mediante su abogado defensor, en audiencia, refirió que: a) Se adherirá a la precedente manifestación de la Fiscal de Materia; y, b) Si bien en el proceso penal faltaría una pericia y demás actuados, fue a razón que la “señora radica en la ciudad de España y seria esta parte la que habría omitido realizar esta pericia y seria ajena a la voluntad de la Fiscalía o del Ministerio Público” (sic); puesto que, dicha pericia tuvo que haberse coordinado por la supuesta víctima; por lo que, conforme a lo precitado, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de la Resolución 045/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 92 a 97 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Del análisis efectuado a la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.-IS. 840/2022, se tiene en primera instancia que se realizó una relación de los fundamentos fácticos de la acción penal y los argumentos de la Resolución de sobreseimiento; y, en función a ello, la autoridad demandada procedió a efectuar el análisis del caso concreto, describiendo y detallando primeramente los veinte siete elementos probatorios que durante la investigación se logró colectar; y precisando que, en esa instancia jerárquica, se consideró necesario en señalar cuales de los elementos son típicamente constitutivos del delito de violencia familiar o doméstica; y, con ello, se advierte la respuesta al primer cuestionamiento de la parte impugnante, referente a la falta de valoración de los elementos probatorios en la resolución del inferior; igualmente, sobre la falta de fundamentación, motivación, y congruencia de la Resolución de sobreseimiento, que vulnera la seguridad jurídica y el debido proceso; se denota un respuesta al respecto; ya que, además de concluir que la misma contiene una debida fundamentación y motivación, respondió a las razones jurídicas de la decisión asumida; de igual forma, en relación a la violencia psicológica ejercida en contra de la menor de edad víctima, también se advierte una respuesta; y, referente a la pericia psicológica, se aclaró y se respondió al respecto; 2) Conforme a lo precitado, y de la revisión, se evidencia que la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS. 840/2022, contiene una debida fundamentación, motivación y congruencia, al responder y atender de manera precisa y concreta cada uno de los puntos cuestionados por la accionante en su impugnación; y, no sería evidente que la autoridad demandada, se haya limitado solo a realizar una copia de la Resolución de sobreseimiento, y que no se hubieran valorado los argumentos propuestos por la solicitante de tutela y los elementos de prueba que se aportaron; 3) Si bien la accionante en su demanda de acción de defensa, alegó que existen medios de prueba que demuestran de forma abundante la participación y conducta del imputado, y la comisión del ilícito penal en la forma que se denunció; sin embargo, la misma debió señalar, describir e identificar, cuál de estos los elementos probatorios fueron omitidos en su valoración por la autoridad demandada; además, cual es la incidencia de los mismos, y de qué manera demuestran la autoría y participación del imputado, que fueron omitidos en su valoración por dicha autoridad; y, también señalar y precisar cuál es el agravio ocasionado; y, 4) En ese entendido se evidencio que la Fiscal Departamental demandada, atendió el cuestionamiento del recurso de impugnación; ya que, al momento de asumir su decisión no solo se limitó a los fundamentos esgrimidos por la impugnante, sino al contrario, sustentó sus determinaciones en los indicios o elementos de prueba sometidos a su conocimiento, y explicando las razones de su decisión para ratificar la Resolución de Sobreseimiento, con base y función al principio de objetividad establecido en el art. 72 del CPP.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por escrito de 4 de marzo de 2021, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de Cochabamba; la Fiscal de Materia, presentó imputación formal contra Mauricio Eduardo Antezana Tapia –ahora tercero interesado–, dentro de la denuncia interpuesta por Falón Danova Orihuela Garfias –hoy accionante– y a través de ella la menor AA de seis años de edad –ambas víctimas dentro del proceso penal–, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 17 a 19 vta.). II.2. Mediante Resolución de 9 de diciembre de 2021, dirigido a la autoridad jurisdiccional; la Fiscal de Materia presentó y decretó sobreseimiento a favor del imputado, estableciendo que los elementos de prueba resultan insuficientes para fundar una acusación (fs. 20 a 23 vta.). II.3. A través del memorial presentado el 29 de diciembre de 2021, ante la Fiscal de Materia; la accionante presentó impugnación contra la determinación de la referida Resolución de sobreseimiento y solicitando la revocación de la misma (fs. 75 a 82).
II.4. Por Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS. 840/2022 de 12 de septiembre, la Fiscal Departamental de Cochabamba –ahora demandada–, ratificó la precitada Resolución de sobreseimiento (fs. 84 a 88).
La accionante denunció como lesionado el debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, y tutela judicial efectiva; toda vez que, la Fiscal Departamental de Cochabamba, –hoy autoridad demandada–, emitió la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS. 840/2022, carente de una debida fundamentación, motivación, congruencia omisiva, y sin realizar una valoración de la prueba, para ratificar la Resolución de sobreseimiento que favoreció al imputado. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0094/2024-S4 de 9 de abril, haciendo alusión a la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, sostuvo que: “'…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.
Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP’.
La fundamentación y motivación de resoluciones como componente del debido proceso, es también exigible en los requerimientos emitidos por el Ministerio Público, máxime, si en ejercicio del principio de objetividad los Fiscales de Materia como tenedores del monopolio de la investigación criminal en delitos de acción pública, optan por la desestimación, rechazo de la denuncia y sobreseimiento; por lo cual, resulta pertinente establecer, que a tiempo de analizar la fundamentación y motivación desplegada por los Fiscales de Materia, se debe considerar el momento procesal de la investigación penal; es decir, que, en los actos iniciales no se puede exigir la misma intensidad argumentativa que en los momentos conclusivos de la investigación penal; por cuanto, una resolución de rechazo de denuncia, y la de sobreseimiento -formas de requerimientos conclusivos de la etapa preliminar y preparatoria-, son el resultado del análisis de los actos investigativos, en tanto que, una desestimación solo obedece al incumplimiento de las formalidades o presupuestos para la activación de la etapa inicial de la investigación. Dicho criterio se aplica no solo en cuanto a las resoluciones y requerimientos emitidos por los fiscales del caso, sino también a las autoridades jerárquicas, cuando resuelven impugnaciones contra las determinaciones de los primeros” (las negrillas pertenecen al texto original).
Conforme lo establece el entendimiento jurisprudencial citado precedentemente, toda Resolución que se emita sea en el ámbito judicial o administrativo debe cumplir con las reglas del debido proceso como es la exigencia de la fundamentación y motivación que debe contener, explicando las razones de la decisión que es el derecho que inviste al justiciable.
La citada SCP 0094/2024-S4, señalando a la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, entendió que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución (…) existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas nos corresponden).
En efecto, la congruencia externa debe ser entendida en la correspondencia necesaria que debe existir entre el agravio recurrido por el impugnante y la motivación contenida en la resolución emitida por la autoridad que administra justicia en alzada, misma que tiene que ser en el fondo -pertinencia-, sin dejar de considerar lo cuestionado; por su parte, la congruencia interna, es entendida como la coherencia que tiene todo fallo, entre la parte considerativa y la dispositiva; es decir, el hilo conductor que debe haber entre la motivación determinativa, que en suma sostiene de manera lógica la decisión.
En las resoluciones jerárquicas emitidas por el Ministerio Público, la congruencia externa debe ser valorada en el marco del principio de unidad que rige a esta institución y otras que deben ser observadas en su labor investigativa; así, la SCP 0829/2019-S3 de 18 de noviembre, entendió que: “…es evidente que los actos y decisiones del Ministerio Público como titular de la acción penal pública, se rigen por los principios de objetividad, legalidad, oportunidad, unidad y utilidad, entre otros, deben también observar el debido proceso; en dicho marco, el principio de congruencia no constituye un parámetro infranqueable al momento de resolver las impugnaciones y emitir las resoluciones jerárquicas, de manera que durante el análisis del requerimiento objetado, la entonces Fiscal Departamental codemandada, se encontraba facultada para examinar y considerar otros elementos del aludido requerimiento aunque no hubiesen sido rebatidos por las partes; sin embargo, dicha autoridad en resguardo del debido proceso, estaba obligada a fundamentar y motivar expresamente respecto a cada uno de los aspectos que fueron considerados para revocar el requerimiento expedido por el Fiscal de Materia, en observancia del principio de congruencia” (las negrillas son nuestras).
Jurisprudencia reiterada
Respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la SCP 0712/2019-S4 de 3 de septiembre, citando a su vez la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, señaló que:“…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.
Para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la ya citada SC 0965/2006-R estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: ‘Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas
(…)
Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada…”
De la jurisprudencia descrita precedentemente, se advierte que la valoración de la prueba es una facultad exclusiva de la jurisdicción ordinaria y sólo de manera excepcional es posible que la jurisdicción constitucional pueda realizar dicha labor, ante la evidencia de vulneración de derechos y garantías constitucionales por apartamiento de los marcos de razonabilidad y equidad o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar la prueba” (las negrillas son añadidas).
Dentro de esta acción de amparo constitucional, la impetrante de tutela, denunció como lesionado el debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, y tutela judicial efectiva; toda vez que, la Fiscal Departamental demandada, emitió la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS. 840/2022, carente de una debida fundamentación, motivación, congruencia omisiva, y sin realizar una valoración de la prueba, para ratificar la Resolución de sobreseimiento que favoreció al imputado. Identificada que fue la problemática jurídica venida en revisión, de antecedentes y Conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro de la denuncia interpuesta por Falón Danova Orihuela Garfias – hoy accionante– y a través de ella la menor AA de seis años de edad –ambas víctimas dentro del proceso penal–, ante el Ministerio Público; la Fiscal de Materia asignada al caso, por escrito de 4 de marzo de 2021, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de Cochabamba, presentó imputación formal contra Mauricio Eduardo Antezana Tapia –ahora tercero interesado–, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (Conclusión II.1). Posteriormente, mediante Resolución de 9 de diciembre de 2021, la precitada Fiscal de Materia presentó y decretó sobreseimiento a favor del denunciado; estableciendo que, los elementos de prueba resultan insuficientes para fundar una acusación; ante tal determinación, la impetrante de tutela, a través del memorial presentado el 29 de diciembre de 2021, al haber interpuesto recurso de impugnación; obtuvo como respuesta, la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS. 840/2022 de 12 de septiembre, mediante el cual la Fiscal Departamental de Cochabamba –ahora demandada–, ratificó la aludida Resolución de sobreseimiento (Conclusiones II.2, II.3, y II.4). Ante tal circunstancia, la solicitante de tutela interpuso la presente acción de defensa, en contra de la Fiscal Departamental demandada, quien emitió la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS. 840/2022; fallo que ahora considera de lesivo a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, en mérito a ello, solicitó se le conceda la tutela impetrada, anulando la merituada Resolución y se ordene la emisión de una nueva siguiendo los lineamientos previstos en la normativa vigente y convenios internacionales. Bajo la premisa expuesta, corresponde conocer los argumentos de la impugnación interpuesta en contra de la Resolución de 9 de diciembre de 2021; por el cual, la impugnante ahora accionante solicitó la revocatoria de la misma; centrándose en los siguientes agravios que a través de la presente acción de amparo constitucional denuncia de no haber sido considerados: 1) En cuanto a la arbitraria, ilegal e infundada Resolución de sobreseimiento. Con un razonamiento carente de fundamentación, totalmente impreciso en sus conceptos, parcializándose con el imputado; y por demás, atentatorio a la seguridad jurídica y al debido proceso, la autoridad Fiscal, incurriendo inclusive en una falta muy grave, dictó una resolución indebida e infundada con la intención de perjudicarles como víctimas y favorecer al imputado, que dicho sea de paso en la actualidad el mismo viene amedrentando a la víctima menor de edad AA, aprovechándose de su papel de padre biológico, y de su derecho a las visitas, y más aun existiendo informes psicológicos; por lo que, de los puntos del tópico fundamentos de la resolución para la aplicación del sobreseimiento en el presente caso, su autoridad podrá abstraer que no se realizó en absoluto una adecuada valoración de los medios prueba aportados a la presente causa; es decir, no se hizo ninguna valoración de los medios de prueba material que cursan en el cuaderno de investigaciones; ya que, simplemente la Fiscal de Materia sin evaluar los elementos objetivos colectados, resolvió por un sobreseimiento ejercitando nula valoración sobre lo elementos probatorios aportados en la investigación, y solo enfocando su fundamentación en el sentido de que si bien existen informes psicológicos estos no demuestran la inestabilidad de las víctimas, sin tomar en cuenta que estos informes, y evaluaciones enmarcan el daño psicológico de una menor de edad, y por otra no tomó en cuenta todos los demás medios de prueba que se aportó en la causa; es decir, no se tomó la molestia de sustentar cuales fueron los medios de prueba acumulados que valoró para llegar a un criterio tan sesgado y tendiente a proteger la actividad delincuencial; y, es hasta contradictorio entender la resolución emitida por la Fiscal de Materia, cuando dentro de este tópico incluso de la valoración del medio de prueba sobre la evaluación psicológica realizada por la Lic. Yovana Jael Aguilar Tapia, determinando que: “se percibe su relación con la figura paterna de manera AMBIVALENTE lo que genera INESTABILIDAD EMOCIONAL” (sic). Y luego concluye estableciendo que no se sabe si el padre ejerce tal violencia sobre la menor, conclusiones que de forma arbitraria la Fiscal de Materia determina sin conocimiento de la causa; 2) El Ministerio Público, cuando indica que: “(…) Se dispuso la realización de una pericia psicológica conforme se tiene del requerimiento de designación PERITAJE PSICOLOGICO, respecto a la víctima de 6 AÑOS, de edad, con el fin de verificar su estado emocional, sobre la presencia de daño psicológico y no obstante que se solicitó mediante requerimiento fiscal, empero este no se logró efectivizar, pese que la querellante madre de la niña fue notificada el 05 de abril de 2021, quien no coordino las sesiones requeridas para su evaluación, conforme se tiene corroborado por el memorial de 13 de julio de 2021, presentada la misma querellante y que de manera reciente se acordó las sesiones conforme se tiene del informe del IDIF, EMPERO ESE ELEMENTO NO ES IMPRESCINDIBLE EN EL CASO QUE NOS OCUPA (…)” (sic); sería este el deprimente texto que emerge del razonamiento de una Fiscal de Materia, ya que es inconcebible que una autoridad protectora de los derechos de las víctimas pueda ejercitar tan ambiguo e ilegal razonamiento a título de fundamentación; más aún, cuando una de las víctimas es una niña de seis años; asimismo, no mencionó la utilidad y pertinencia de todos los elementos probatorio aportados a la presente causa para determinar de esa manera, si los componentes del tipo penal del delito se encuentran concurrentes; además, sin conocimiento alguno cambia su rol a un papel de psicóloga especialista, para determinar que la pericia solicitada ya no es necesaria para poder establecer el daño causado a una menor por una persona que sin ningún principio ni valor ostenta la carente calidad de padre; por lo que, en su condición de víctimas es escalofriante ver como una autoridad que ejercita la dirección funcional de la investigación, efectúe argumentos inverosímiles, desatinados y carentes de un mínimo criterio de fundamentación, dejándole en la necesidad de hacer una esfuerzo intelectual de interpretar y saber a qué se refiere con tan escueta fundamentación, ya que no se valoró de una forma correcta y objetiva ningún medio de prueba, como explica que a prima facie concurran suficientes elementos con relación al delito imputado; e, igualmente utiliza el principio indubio pro reo, y no tiene la capacidad de interpretar dicho principio; puesto que, si seguimos la línea de interpretación y explicación, la merituada autoridad reconoce que este principio se interpreta en lo más favorable al menos aventajado cuando no exista certeza; empero, si la misma hubiera tomado en cuenta los detalles de las pruebas presentadas en la etapa preliminar y preparatoria, podría colegir que en la causa que nos ocupa hay suficientes medios de prueba que permiten confirmar el actuar del sindicado y poder fundar una acusación viendo los detalles y realizando una verdadera valoración de cada medio de prueba, sin aventurarse a definir como si fuera una especialista en otras carreras y determinar si existe un daño o no en una niña de seis años; 3) Sobre los elementos de convicción colectados, la Fiscal de Materia con total negligencia realiza una trascripción básica y pobre sobre los componentes del delito, al mismo tiempo hace una simple mención de las pruebas presentadas a prima facie, sin tomar en cuenta la importancia de las mismas dentro de la problemática que nos ocupa; por lo que, se advierte claramente una carente valoración de elementos de prueba que en su momento han sido generados con la finalidad de demostrar la participación de los imputados en el hecho; y,
4) Los medios de prueba aportados y omitidos en su valoración de manera arbitraría por la autoridad Fiscal, son: i) Las declaraciones de los testigos de cargo; mismos que, de manera inequívoca y puntual refirieron los hechos de violencia psicológica perpetrados en su contra por el imputado y de igual forma indicaron la violencia ejercida contra su hija menor de edad, a la cual incluso amenazo con quitarle su apellido si esta se relacionaba con su actual pareja, acciones de desprecio que afectaron en el ámbito psicológico de la niña, víctima perteneciente a un grupo vulnerable, y merecedor de una protección reforzada; ii) La declaración de la menor víctima de violencia, quien manifestó de forma clara los hechos de violencia que ha presenciado a lo largo de su vida, ejercidos por parte del imputado en su contra, como insultos, malos tratos, falta de respeto e incluso agresiones físicas; asimismo, puntualizó el temor que le tiene al imputado, a quien no reconoce como su padre; y, también las amenazas que le hacía en cuanto a quitarle su apellido si esta mantenía una relación de paternidad con su actual pareja, acto que demás goza de la presunción de veracidad; y, iii) El Informe de la Psicóloga del IDIF, quien indicó que las entrevistas para la pericia psicológica de la menor ya fueron agendadas para mayo de 2022, esto no por voluntad de la parte, sino por la recargada carga procesal de dicha repartición, acto de investigación que debió ser tomado en cuenta, ya que pudo ser introducido en la etapa de juicio oral.
En ese entendido, a los fines de dilucidar si en efecto existe falta de fundamentación, motivación, congruencia, y valoración de la prueba denunciada; debe tenerse presente que, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de agravio expuestos por la parte recurrente u objetante en el presente caso, que se entiende, deben estar relacionado con lo discutido ante la autoridad a quo. Y siendo que la accionante denuncia en su memorial de esta acción tutelar, la lesión a su derecho a una resolución fundamentada, motivada, congruente, y valoración de la prueba, teniéndose que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; el debido proceso tiene como, uno de sus componentes la fundamentación, motivación, congruencia y valoración de las pruebas de las resoluciones que dilucida cualquier conflicto jurídico, entendido éste como la obligación que se impone a toda autoridad a que motive y fundamente adecuadamente sus fallos, mencionando las razones de hecho y de derecho, base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no siendo exigible una exposición necesariamente amplia de consideraciones y citas legales; pero tampoco, una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino debe contener una estructura de forma y de fondo que integre todos los puntos demandados y que permita comprender los motivos de la determinación asumida de forma concisa y clara.
En mérito a ello, corresponde efectuar el análisis pormenorizado, para establecer si es evidente o no lo señalado por la parte impetrante de tutela en su demanda de acción de amparo constitucional; por lo tanto, es necesario realizar la contrastación de los puntos de agravios en la objeción interpuesta por la parte solicitante de tutela en contra del Requerimiento Fundamentado de Rechazo de 15 de junio de 2022, y los fundamentos que utilizó la autoridad demandada, dentro de la Resolución Jerárquica FDP-T.O.R./R.CH.G. 134/2022; por el cual, determinó ratificar en su totalidad el fallo objetado y dispuso en consecuencia, el archivo de obrados de la merituada denuncia; en ese entendido, de dicha Resolución, se tiene lo siguiente: a) Durante las investigaciones, se logró colectar –veintisiete escritos– elementos de prueba. Inicialmente esta instancia jerárquica considera necesario señalar cuales son elementos típicamente constitutivos del delito de violencia familiar o doméstica, previsto en el art. 272bis del CPP. En consecuencia para la adecuación de la conducta del agente a los elementos típicamente constitutivos del precitado delito, se requiere que realice acciones sistemáticas (con prolongación en el tiempo), de desvalorización e intimidación que tengan por finalidad controlar el comportamiento del sujeto pasivo en cuanto a la toma de decisiones personales, provocando como consecuencia una baja autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio.
Ahora bien, en atención a los aspectos impugnados; en sentido que, la Fiscal de Materia no realizó una correcta valoración de todos los elementos probatorios cursantes en el cuaderno de investigaciones, donde a criterio de la parte impugnante se advierte la existencia de elementos probatorios para sustentar en juicio; en atención a este aspecto impugnado por la parte querellante, de la revisión de la resolución de sobreseimiento, se advierte que dicha autoridad realizó una correcta valoración de todos y cada uno de los elementos probatorios colectados durante la etapa preparatoria, y si para la impugnante esta valoración la considera nula, debió señalar cuál es la incidencia de los elementos probatorios cursantes y de qué manera se demuestra la autoría y participación del imputado, debiendo señalar cuál fue el agravio ocasionado por la decisión asumida por la autoridad Fiscal, y no simplemente referir que no se valoró y se vulneró derechos como víctima; por lo que, este primer aspecto impugnado en relación a la falta de fundamentación, congruencia y motivación de la Resolución de Sobreseimiento, y que lesiona el principio de seguridad jurídica y debido proceso; del análisis de la indicada Resolución se concluye que la misma se encuentra debidamente fundamentada y motivada, exponiendo las razones jurídicas de la decisión asumida; sin que, esta fundamentación y motivación implique la cita de disposiciones legales reiteradas y ampulosas, por tanto este aspecto carece de mérito.
b) Con relación de que la Resolución de sobreseimiento vulnera los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la víctima; ya que, la Fiscal de Materia no cumplió con su función de directora funcional de la investigación; en atención a dicho aspecto, conforme dispone el art. 323 del CPP, es una facultad conferida a los Fiscales que podrán: “Decretar de forma fundamentada el sobreseimiento, cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él, y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación”; por lo que, la Fiscal de Materia emitió la resolución conclusiva conforme a los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigaciones;
c) Ahora bien, descrito los elementos constitutivos del delito denunciado y considerado los puntos de impugnación formulados, corresponde remitirse a los fundamentos fácticos contenidos en el memorial de querella de 3 de diciembre de 2020, en lo sustancial señala que: “el imputado cuando quedó embarazada la Sra. Falon Danova se negó la paternidad de su hija, arguyendo que no sería su hija, señala que el mismo ejercía control extremo sobre ella, prohibiéndole asistir a reuniones familiares o acontecimientos sociales, asimismo señala que le obligaba a ser su empleada y debía de atenderlo en todo” (sic); este relato fáctico resulta ser el único cursante en antecedentes, tomando en cuenta que la denunciante no presto su declaración informativa policial que vaya a refrendar el relato contenido en su memorial de denuncia, “este relato factico resulta ser el único cursante en antecedentes, tomando en cuenta que la querellante a momento de prestar su declaración informativa policial que vaya a refrendar el relato contenido en su memorial de querella” (sic), se ratificó en el contenido literal del mismo.
Por otro lado, en relación a la violencia psicológica ejercida en contra de la menor, refiere de forma textual, que: “en cada contacto que logra tener con mi hija la amenaza e intenta manipular para ponerla en contra mía y de mi actual pareja, al punto de llegar a decirle, a través de llamadas telefónicas, que la castigaría, que no llevaría su apellido e incluso golpearla si mi hija llamaba papa a mi actual pareja, extremo que ocasiono que, mi hija no quiera en lo más mínimo tener contacto con el ahora sindicado, pues cuando le decimos que tiene que conversar con él, mi hija, comienza a llorar y decide que no quiere hablar con él, ni verlo porque el, la lastima y le grita mucho, así lo refleja el informe psicológico, que ofrezco, como medio probatorio, en la presente querella. De igual forma, en cada conversación telefónica, que mi hija sostiene con el sindicado, este le manifiesta que si de alguna forma le mostraba cariño a mi actual pareja o lo llamaba papa este le quitaría el apellido, lo cual género en mi hija el hecho de incluso no querer usar el apellido de su padre biológico, llegando abreviar el mismo, por temor a que su padre la castigue si usaba su apellido” (sic); del contexto fáctico motivo de investigación; se establece que, la querellante Falón Danova Orihuela Garfias, no identificó las acciones sistemáticas con prolongación en el tiempo realizadas por el imputado; habida cuenta que, en la querella solo identificó hechos de negación por parte del mismo con relación al hijo que esperaba la querellante, quien le refirió no ser el padre; respecto a la menor de edad, señaló que el imputado le pone en su contra y de su actual pareja, que la amenazaba con golpearla o quitarle su apellido; sin embargo, de la Declaración Informativa de la Víctima AA de 2 de marzo de 2021, en lo sustancial, refiere que: “…me fue diciendo cosas malas primero sobre mi mama y luego sobre mi papa, de mi no me decía cosas malas, a mi me trataba bien, me compraba cosas, algunas cosas no todo. Ya no voy a ir a la casa de mi papa Mauricio porque mi mama no me deja, me dice que no voy a ir a la casa de mi papa y yo le digo que ya, no quiero saber porque, porque seguro es cosa de adultos, nunca me maltrato mi papa Mauricio, el me ayuda en casi todas las cosas…” (sic); de donde se advierte que la menor de edad no identifica actos de violencia ejercidas por el padre en su contra, asimismo no se evidencia en el relato fáctico hubiere identificado las acciones de desvalorización e intimidación que tengan por finalidad controlar su comportamiento en cuanto a la toma de decisiones personales. A fin de corroborar la existencia de elementos constitutivos de violencia psicológica, el Ministerio Público extendió el requerimiento fiscal de 15 de marzo de 2021, para la realización de una pericia psicológica a la menor de edad; empero, no cursa dictamen pericial a objeto de establecer una violencia psicológica sistemática, elementos indispensables para sustentar la misma, y ante la ausencia de estos elementos probatorios que tengan una correspondencia directa con la realidad, no permite dar por corroborada la coherencia externa del relato fáctico del memorial de querella; y, d) Sumando a lo expuesto; se debe tener en cuenta que, en el sistema penal boliviano, opera la libre valoración probatoria o sana critica, y no el de la prueba tasa, conforme fu establecido por el Tribunal Supremo de Justicia en los Autos Supremos 409/2014-RRC y 825/2017-RRC, en ese contexto no resulta evidente que el único medio probatorio para la acreditación del daño psicológico en el delito de violencia familiar o doméstica; en su vertiente de violencia psicológica, resulte ser la pericia psicológica; puesto que, se requiere de un conjunto de elementos de convicción que acrediten que el agente ejerció actos sistemáticos de intimidación o desvalorización, traducidos en el control del comportamiento del sujeto pasivo, que provoquen una disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica o desorientación, dicha circunstancia en el caso concreto no concurren, conforme fue detallado líneas arriba.
Bajo estos parámetros, es posible identificar la insuficiencia de elementos probatorios para acreditar el hecho; ello en razón a que, los elementos probatorios, deben tener una entidad probatoria capaz de superar el estado de inocencia, lo que no ocurre en el caso concreto en razón a la carencia de múltiples elementos probatorios, convergentes y concordantes que permitan acreditar los aspectos centrales y periféricos de la declaración de la víctima. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, señaló que el propósito de las garantías judiciales subyace en el principio de inocencia, y su idea rectora es concebir que una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad; a este respecto, el art. 8.2 de Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), haciendo alusión al principio de inocencia, exigen que una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal, esto precisado y establecido por la referida Corte en los casos Cantoral Benavides Vs. Perú, y Ricardo Canese Vs. Paraguay. Esta ausencia de elementos probatorios, que respondan a las características de directos e indirectos, dan como resultado la insuficiencia de elementos para acreditar el grado de participación y/o autoría criminal;
además, resulta trascendental considerar lo establecido por el Auto Supremo 474/2005 de 8 de diciembre, cuando refiere que: “…Sólo se podrá admitir como ocurridos los hechos o circunstancias que hayan sido acreditados mediante pruebas objetivas, lo cual impide que aquellas sean fundadas en elementos puramente subjetivos. Que en la mente del juzgador, ante un caso, se presentan las fases intelectuales de “Verdad” y “Certeza”, pudiendo presentarse en los estados intermedios “Duda, Probabilidad o Improbabilidad”. Que sólo la “certeza” sobre la culpabilidad del imputado autorizará una condena en su contra, pues gozando éste de un estado jurídico de “Inocencia” constitucionalmente reconocida y legalmente reglamentada, únicamente podrá ser declarado culpable cuando las pruebas hayan producido la más plena convicción del tribunal al respecto, no existiendo certeza positiva, aplicando el principio del in dubio pro reo, “más absolver a un culpable que condenar a un inocente” (sic). En mérito a lo expuesto, y tomando en cuenta que los elementos de convicción colectados son insuficientes para acreditar la participación del imputado en el hecho procesado, corresponde confirmar la Resolución de sobreseimiento emitida dentro del caso de autos, en función al principio de objetividad establecido en el art. 72 del CPP.
Efectuada la contrastación entre lo denunciado en esta acción de defensa, los agravios del recurso de impugnación y lo resuelto por la Fiscal Departamental demandada; se tiene que, la citada autoridad no dio una respuesta de forma clara y concisa a cada una de los agravios u objeciones que realizó la accionante contra la Resolución de sobreseimiento; es decir, si bien realizó una descripción o enunciación de veintisiete elementos de convicción recolectados en el cuaderno de investigaciones, pero solo se limitó a señalar que la Fiscal de Materia realizó una correcta valoración de todos y cada uno de los elementos probatorios colectados durante la etapa preparatoria; además indicó que, si para la impugnante esta valoración la considera nula, debió señalar cuál es la incidencia de los elementos probatorios cursantes y de qué manera se demuestra la autoría y participación del imputado (inc. a); al respecto si bien sería cierto que en principio la impetrante de tutela en el primer agravio desarrollado (inc. 1) indicó de forma general que no se hizo una adecuada o ninguna valoración de los elementos probatorios por parte de la Fiscal de Materia; sin embargo, si señaló la evaluación psicológica realizada por la Lic. Yovana Jael Aguilar Tapia, cuestionando la conclusión que llegó la citada autoridad respecto a la menor víctima; con la determinación que, estableció la merituada profesional psicóloga sobre la misma; por lo que, esta observación debió ser respondida de forma motivada y fundamentada, por la Fiscal Departamental demandada, aclarando porqué la Fiscal de Materia llegó a tal conclusión sobre la misma y, si corresponde o no ser valorado para determinar respecto a la incidencia y/o participación o no del imputado sobre la menor víctima.
Asimismo, tampoco se advierte que la autoridad demandada, otorga una respuesta al agravio desarrollado (inc. 2), referente al cuestionamiento que realiza la accionante sobre los fundamentos de la Fiscal de Materia concerniente a la pericia psicológica requerida y no realizada a la menor de edad víctima, y la no consideración como un elemento imprescindible en el caso; puesto que, solo se limitó a señalar de forma escueta (inc. c) que, el Ministerio Público extendió el requerimiento fiscal de 15 de marzo de 2021, para la realización de una pericia psicológica a la menor de edad; empero, al no cursar dictamen pericial a objeto de establecer una violencia psicológica sistemática, y estos elementos serían indispensables para sustentar la misma, ante la ausencia de estos elementos probatorios, no permite dar por corroborada la coherencia con el relato fáctico del memorial de querella; argumento por demás simple que no responde de ninguna manera a la observación que realizó la accionante señalado precedentemente; además, tampoco la autoridad demandada, responde al cuestionamiento sobre la utilización y falta de interpretación por parte de la Fiscal de Materia respecto al principio indubio pro reo en la Resolución de sobreseimiento. Igualmente, no se evidencia alguna respuesta concreta sobre el agravio desarrollado (inc. 3), relativo a que la Fiscal de Materia con total negligencia realizó una trascripción básica y pobre sobre los componentes del delito, al mismo tiempo hace una simple mención de las pruebas presentadas a prima facie, sin tomar en cuenta la importancia de las mismas dentro de la causa. Y por último, referente a las pruebas aportadas que fueron omitidas presuntamente de forma arbitraria por la Fiscal de Materia, respecto a las declaraciones de los testigos de cargo, de la menor de edad víctima, y el Informe de la Psicóloga del IDIF (inc. 4); sobre ello tampoco se advierte una respuesta concreta y concisa que satisfaga a la impugnante ahora impetrante de tutela, por qué no fueron valorados estos, o por qué no fueron considerados o tendrían o no la relevancia y/o incidencia en el caso concreto. Por otra parte si bien, y no podemos soslayar, que la Fiscal Departamental demandada, en la Resolución Jerárquica cuestionada, más concretamente lo desarrollado en los incs. c) y d), realiza primeramente una valoración o análisis de lo expuesto en el memorial de querella de 3 de diciembre de 2020, y la Declaración Informativa de la víctima AA de 2 de marzo de 2021; para concluir que, ante la ausencia de elementos probatorios que tengan una correspondencia directa con la realidad, no permite dar por corroborada la coherencia externa del relato fáctico del memorial de querella; y, posteriormente hace mención de la doctrina establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto al principio de inocencia, y los establecido en el Auto Supremo 474/2005, referente la insuficiencia de elementos para acreditar el grado de participación y/o autoría criminal; y, todo lo descrito precedentemente sustenta su decisión de ratificar la Resolución de sobreseimiento; empero, no se podría concebir que una resolución este bien fundamentada y motivada, cuando la misma omite dar respuesta de forma concreta a los agravios estipulados por la parte impugnante, como ocurre en el presente caso, en el cual la autoridad demandada no dio una respuesta, de manera clara, concreta y por ende de forma fundamentada y motivada a los agravios denunciados por la accionante; es decir, la Fiscal Departamental demandada juntamente con la valorización y análisis que realizó sobre los elementos probatorios de la querella y la Declaración Informativa de la víctima AA, debió también realizar una compulsa con los extrañados por la impetrante de tutela, ya que la resolución para ser comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva (Fundamentos Jurídicos III.2). Por último, conforme al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, al establecer que por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”; en ese entendido, conforme se señaló precedentemente, el presente caso se enmarca al segundo requisito, al no tomarse en cuenta los actuados señalados por la accionante en su impugnación.
Por todo lo expuesto, es evidente el defecto de falta de fundamentación, motivación, congruencia y valoración integral de las pruebas, provocado por la falta de respuesta específica a los agravios señalados por la impetrante de tutela; en ese entendido, conforme lo analizado precedentemente de la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS.840/2022, y habiendo la Fiscal Departamental de Cochabamba –ahora demandada– con su conducta omisiva, desconocer las directrices que deben cumplirse para satisfacer el debido proceso, conforme previene el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional, en cuyo mérito corresponde conceder la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS. 840/2022, disponiendo la emisión de una nueva resolución, que deberá dar respuesta fundamentada, motivada, y congruente, y conforme a ello, con las debidas valoraciones de los elementos de prueba y los motivos de agravio contenidos en el memorial de objeción presentado por la hoy accionante.
Finalmente aclarar que la tutela impetrada otorgada únicamente abarca a la falta de fundamentación en cuanto a la valoración probatoria alegada por la ahora accionante y de ninguna manera a establecer si corresponde o no revocar la Resolución de sobreseimiento impugnada, pues ello corresponderá a la autoridad fiscal quien deberá otorgar los suficientes fundamentos para establecer la razón de su decisión y que se encuentre acorde a los elementos probatorios que cursen en el cuaderno de investigaciones. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 045/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 92 a 97 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.–IS. 840/2022 de 12 de septiembre, y ordenando que la Fiscal Departamental de Cochabamba, emita una nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, y sea en plazo de tres días una vez notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0530_2025-S4.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): bb8bfc16b8b38157bdeaf36b59b0536ee983900e95ce987cf26d220da25d61f6
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