Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 19 de julio de 2024
Concede en parte la tutela
El impetrante de tutela alega la vulneración sus derechos al debido proceso en su vertiente de acceso a la justicia, al interés superior de la niña y derecho de opinión de su hija y al desarrollo integral de la menor; toda vez que, en virtud al Auto de Vista 161/2023 de 17 de agosto, relativo al régimen de visitas, entre su hija y la madre de ésta, determinaron se diera cada jueves de la semana de horas 15:00 a 18:30, en sesiones supervisadas por dos profesionales psicólogos de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia del departamento de Potosí, a través de sesiones de acercamiento entre ambas; empero, estas resultaron traumáticas y nocivas para la niña, lo que motivó su reiterado reclamo ante el Juez de la causa, pese a que esa situación se encontraba reflejada en los informes emitidos por los referidos psicólogos, sin escuchar la opinión del menor y afectando su salud emocional.
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35/2024 de 17 de junio, cursante de fs. 236 a 242 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia; 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con respecto a Ernesto Vásquez Chosco, Juez Público de Familia Segundo del departamento de Potosí y María Elena Franco Zuleta, Psicóloga del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero del mismo departamento; 2° DENEGAR en relación a Edith Jennifer Martínez Vargas, conforme a lo dispuesto por la Sala Constitucional y los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0530/2024-S3 Sucre, 19 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 65020-2024-131-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 35/2024 de 17 de junio, cursante de fs. 236 a 242 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Álbaro Baciliny Martínez Ramos contra Ernesto Vásquez Chosco, Juez Público de Familia Segundo; María Elena Franco Zuleta, Psicóloga del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero, ambos del departamento de Potosí; y, Edith Jennifer Martínez Vargas.
Por memoriales presentados el 27 de mayo y 4 de junio de 2024, cursantes de fs. 63 a 85; y, 108 a 111 vta. el accionante expresó lo siguiente:
Como padre de la menor AA, de nueve años de edad, cuya guarda le fue otorgada inicialmente a su madre en el proceso de divorcio; la misma que asumió hace más de dos años, refrendada mediante Resolución judicial de 27 de febrero de 2023; contexto en el que fue otorgado el derecho de visita de su progenitora, a las cuales la menor opone resistencia; sin embargo, por Auto de Vista 161/2023 de 17 de agosto, los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dispusieron que el acercamiento debía darse todos los jueves de horas 15:00 a 18:30, llevando a la niña a oficinas de la Psicóloga del Juzgado de la Niñez y Adolescencia Primero de ese departamento, quien con su similar del Juzgado Segundo, debían realizar el acercamiento y relacionamiento de su hija con su madre, que resultó infructuoso y nocivo para la menor, pidiendo en resguardo de la salud emocional de su hija, el cese y suspensión temporal de dichas sesiones.
Es así que el Juez accionado, omitió atender y resolver de manera efectiva sus reiteradas peticiones, pese a dejar constancia que causaban malestar emocional en la niña, tampoco rechazó la solicitud de internación en un centro de acogida de su hija, efectuadas continuamente por la madre, indicando que esperaba los informes de los Psicólogos, cuando los mismos solamente referían el cumplimiento o no de los acercamientos impuestos, pronunciamiento que no podía delegarse, pues precisamente el único que puede determinar e imponer la suspensión es el juzgador sobre la base del derecho establecido. Pedidos que realizó a través de memoriales presentados el 14 de marzo, 16 de enero, 8 de marzo, 3 de abril, 24 de abril, 25 de abril, 22 de mayo, todos del año 2024, denunciando la revictimización su hija quien estaría siendo dañada, existiendo normas que la protegen en su condición de menor, solicitando el cese de esos encuentros de manera temporal, las que si bien obedecen al cumplimiento estricto del citado Auto de Vista, se convirtieron en una afrenta al derecho de la niña, atentando contra su estabilidad emocional, que como padre se esfuerza por tenerla sana, alegre, protegida. Con relación a María Elena Franco Zuleta, Psicóloga del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero del departamento de Potosí, mencionada profesional pese a que identificó que las sesiones de acercamiento causaban angustia en su hija, ésta persistió en que eran necesarias; cuando de ninguna forma era recomendable que tales aproximaciones se las realice de manera traumática, omitiendo su deber como profesional de orientación al juzgador en pro de los derechos de la menor; asumiendo conductas y derechos que no le asistían, realizados ante su persona, reprendiendo a la niña, cuando no era esa su función, obligándola a que hable con su madre, pese a su oposición, forzándola a recibir obsequios, sin respetar su individualidad y derecho de opinión, menos el respeto a la misma. Finalmente y en lo que respecta a Edith Jennifer Martínez Vargas (madre de AA), no aceptó ni entendió que esos encuentros iban siendo traumáticos para su hija, por actos y hechos que ella misma ocasionó, forzando esos acercamientos, tampoco respetó la opinión de la menor; pretendiendo internarla en un centro de acogida y separarla del entorno familiar que ahora tiene, no le interesó el desarrollo integral de la misma, entregándole en sus visitas jabón de limpieza, expresándole que era para que esté limpia y no como está, siempre con comentarios que dañan el autoestima y seguridad de la niña.
Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente de acceso a la justicia, al interés superior de la niña, derecho de opinión de su hija y al derecho del desarrollo integral de la menor, citando al efecto los arts. 58, 59, 60 y 61 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Respecto del Juez accionado: a.1 Disponga el cese del acto generador de la angustia de su hija, en tanto realicen un estudio profesional sobre el rechazo percibido; a.2 Resuelva la problemática planteada sobre el cese temporal de las sesiones de acercamiento, pronunciándose sin dilación alguna; a.3 Resuelva la irrita solicitud de internación en un centro de acogida efectuada por la parte contraria; a.4 A tiempo de resolver sus solicitudes priorice el interés superior de la niña; y a.5 Frene los actos vulneratorios de los derechos de la menor y cesen estos por parte de la psicóloga y de su madre; b) Respecto de Edith Jennifer Martínez Vargas: b.1 Tratar con apoyo psicólogo el rechazo temporal de su hija; b.2 Frenen los actos de riesgo y maltrato de la menor, pretendiendo internarla en un centro de acogida; y, b.3 Respete el derecho de opinión de su hija; c) Con relación a María Elena Franco Zuleta Psicóloga: c.1 Cese los actos de obligar, imponer, forzar el acercamiento de la niña con su madre, aplicando la preminencia de sus derechos e interés superior; c.2 Prohíba cualquier clase de llamada de atención hacia la menor, respetando su derecho de opinión; y, c.3 Realice un trabajo imparcial y transparente, que no genere crisis y aflicción en su hija.
Celebrada la audiencia pública el 17 de junio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 224 a 236 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; añadiendo que: 1) La vulneración de los derechos de la menor AA, se dieron desde que pretendieron obligarla a encontrarse con su madre en cumplimiento de lo resuelto por un Tribunal, de lo que la niña no tiene mayor comprensión, circunstancias respecto de las cuales el Juez no dio solución, aduciendo que los memoriales presentados obstaculizan los encuentros entre la menor y su madre, no protegen el interés superior de la menor, por lo que propuso la necesidad de un enfoque especializado en psicología; 2) La niña sufrió traumas en relación con su madre, que requiere una terapia especializada para mejorar su relación, preocupación que no tuvo respuesta por parte del Juez, así como la falta de un enfoque adecuado en la resolución de conflictos familiares, ante la necesidad de respetar el derecho de la menor a ser escuchada y la falta de atención a las recomendaciones de profesionales especializados; y, 3) Destacó la importancia de interpretar las normas de protección de menores de manera favorable a estos, respetando sus derechos y priorizando su bienestar, lo que motivo sus reiterados reclamos al Juez de la causa en relación con las medidas de protección solicitadas y la falta de respuesta a las necesidades específicas de la menor.
Ernesto Vásquez Chosco, Juez Público de Familia Segundo del departamento de Potosí, remitió informe de 14 de junio de 2024, cursante de fs. 134 a 142, mediante el cual se solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes fundamentos: i) Tramitó en el Juzgado a su cargo los procesos de divorcio, revocatoria de guarda, infracción por violencia, encontrándose en curso el de suspensión de autoridad materna, el referido proceso de divorcio concluyó con la Sentencia 142/2021 de 25 de mayo, otorgándole la guarda de la menor a la progenitora, empero por denuncia de su padre fue rescatada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pasando a su cargo, lo que dio inicio a una serie de problemas entre los progenitores que derivó en denuncias contra jueces, personal del equipo interdisciplinario de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, entre otros; ii) Fijó un horario de vistas para la madre, en el domicilio del accionante, que conllevó una cadena de dificultades e impases, dando lugar a que el 28 de marzo de 2022, el accionante planteara demanda de revocatoria de guarda contra Edith Jennifer Martínez Vargas, resuelto por Auto Definitivo 78/2023 de 27 de febrero, declarando probado el proceso; iii) El 17 de noviembre del mismo año, ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero del departamento de Potosí, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia presentó denuncia de infracción por violencia contra Edith Jennifer Martínez Vargas, que concluyó con la Sentencia 06/2023 de 14 de marzo, declarando probada la denuncia de infracción por violencia en contra de la menor AA y el 7 de marzo de 2023, el padre de la menor presentó demanda de suspensión de la autoridad materna ante el referido Juzgado, antecedentes adjuntos al proceso de divorcio, para tomarlos en cuenta al momento de establecer el régimen de visitas ordenado en favor de la progenitora; iv) De ahí que con referencia al régimen de visitas supervisado fue emitido el Auto de Vista 161/2023, estableciendo las mismas los jueves de cada semana de horas 15:00 a 18:30, entre otras medidas, empero se vieron entorpecidas por el padre de la menor, quien presentó recusa contra Waldo López Flores, Psicólogo del Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia, luego le denunció ante Consejo de la Magistratura, a partir de lo cual hubo constantes denuncias del accionante, cuestionando la labor de los profesionales psicólogos, los métodos empleados en las visitas, además de otros actos prohibidos en la indicada resolución; v) El 26 de mayo de 2024, conoció los informes parciales sobre las visitas supervisadas iniciadas en abril, cuya parte principal señalaban la existencia de alienación parental en la menor, promovida por su padre, anteponiendo toda clase de pretextos, por lo que no pudo darse cumplimiento exacto a lo determinado por los Vocales; vi) En relación con lo solicitado por la madre, de remitir a la menor a un centro de acogida, ello parte del contenido del referido Auto de Vista, de donde emergió ese pedido, debido a la manipulación del padre sobre la niña, actuando en consecuencia, con respaldo en los informes del equipo multidisciplinario (Psicólogos de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia Primero y Segundo), quienes determinaron en los tres meses que hicieron seguimiento al caso, la existencia de alienación parental, más aún cuando la denuncia de infracción por violencia fue declarada improbada en Sentencia por la Juez de la Niñez y Adolescencia Segunda, proceso que tuvo lugar a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y en el proceso de revocatoria de guarda, esta había sido concedida en favor del padre en mérito a la referida denuncia, que en la primera Sentencia fue declarada probada, empero en apelación fue anulada emitiéndose una segunda sentencia declarando improbada la denuncia de infracción por violencia; vii) Sobre lo solicitado por el peticionante de tutela, con relación al cese de las sesiones de acercamiento, el informe parcial de 26 de mayo de 2024 de los profesionales psicólogos relativo a la alienación parental ejercida por el padre de la niña, por el que ambos profesionales identificaron al progenitor como el que estuviera causando daño emocional a la menor, ratificado por dichos profesionales, deberán tomarse en cuenta, sujetándose en suma a lo que disponga el Tribunal de garantías, en apego a los antecedentes anotados; y, viii) Sobre la solicitud de la madre de llevar a la menor a un centro de acogida, ello no sería necesario si el accionante coadyuvara en las visitas supervisadas respetando el derecho de ésta de ser parte de la vida de su hija, y los problemas de los progenitores sean depuestos en virtud del interés superior de la niña, ya que remitirla a un centro de acogida, sería responsabilidad del padre que tiene su guarda y no de la madre o de su persona, ni de los profesionales psicólogos accionados. María Elena Franco Zuleta, Psicóloga del Juzgado de la Niñez y Adolescencia Primero del departamento de Potosí, presentó informe de 17 de junio de 2024, cursante de fs. 223 y vta., manifestando: a) Mediante Auto de Vista 161/2023 determinaron el régimen de visitas de Edith Jennifer Martínez Vargas a su hija, a realizarse conjuntamente su colega del Juzgado siguiente, quienes previamente debían recibir orientación en dos sesiones por separado para facilitar el encuentro entre ambas, luego las sesiones debían efectivizarse de manera supervisada los jueves de cada semana de horas 15:00 a 18:30 en instalaciones del Tribunal, las que se dieron a partir del 7 de marzo al 6 de junio de 2024, desde la primera sesión se realizaron informes a la Autoridad judicial de todo lo que acontecía en ellas, empero ya existió antecedente de alienación parental en el informe del Psicólogo Waldo López dentro del proceso instaurado ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia Segundo; b) Nunca le obligó a recibir obsequios, la madre los entregó y no hubo objeción de parte de la niña y respecto a la psicóloga externa que mencionaron, para un mejor y más completo e imparcial trabajo, esa profesional tendría que conocer los antecedentes y entrevistas con ambas partes y sólo contó con la información del padre; c) Respecto a las peticiones de la abogada, relativa la primera a que -la suscrita identificó que las sesiones de acercamiento causaban angustia en la niña, pero aun así mantuvo que eran necesarias- esa apreciación estaría fuera de contexto, pues el equipo no evalúa, sino supervisa el régimen de visitas, y en las primeras sesiones analizaron y concluyeron según lo vertido en las apreciaciones identificadas antes aludidas; con relación a la segunda, referida a que -omitió su deber de orientar al Juez en pro de los derechos de la niña-, reiteró que en todas las ocasiones informó a la autoridad judicial los pormenores de las sesiones, incluso el 24 de mayo de 2024, hizo llegar un informe exhaustivo y pormenorizado del análisis de las sesiones realizadas hasta el momento, nunca obligó ni forzó a la niña a encuentros con su madre, sino que como profesionales utilizan estrategias y herramientas para promover un encuentro satisfactorio y pacífico, lo cual, si no se hubiera dado, hubiese informado al citado Juez; en cuanto a la tercera, referida a que -asumió conductas y derechos que no le corresponden, reprendiendo a la niña y obligándola a que hable con su madre pese a que no quiere, así como forzarla a recibir obsequios-, en ningún momento realizó ese tipo de acciones, sí exhortó a la niña, como es deber de un orientador, por una conducta extrema de irreverencia hacia el padre en los corredores del juzgado, lo cual se realizó en presencia de éste, quien bien pudo reclamarle en el momento, lo cual no sucedió; y, d) Su trabajo siempre fue imparcial y estrictamente en beneficio de los intereses de la menor de edad, quien tiene derecho a no ser vulnerada con actos de manipulación y alienación como identificó que ejerce el padre generando en su propia hija sentimientos de tristeza, confusión, temor y culpa (todo eso ampliamente explicado en los informes presentados). Edith Jennifer Martínez Vargas (madre la menor AA), si bien estuvo presente en la audiencia asistida de su abogada Fabiola Chavarría Choque, no consta ninguna alocución de su parte.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Potosí, mediante Resolución 35/2024 de 17 de junio, cursante de fs. 236 a 242 vta., concedió en parte la tutela impetrada y dispuso: 1) Respecto al accionado Ernesto Vázquez Chosco, Juez Público de Familia Segundo del departamento de Potosí, se pronuncie en relación a los memoriales presentados por el accionante, siempre velando el interés superior de la menor AA y en base a la opinión que emita la menor; 2) Con relación a la accionada María Elena Franco Zuleta, Psicóloga del Juzgado Público de la Niñez Y Adolescencia Primero del mismo departamento, se aparte del conocimiento de la presente causa, y sea un equipo interdisciplinario especializado que realice la evaluación psicológica de la menor; y 3) En cuanto a Edith Jennifer Martínez Vargas, denegó la tutela por cuanto las solicitudes presentadas (de su parte) no vulneran ningún derecho, puesto que quien determinará alguna decisión es el juzgador y no así la prenombrada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) En observancia del Auto de Vista 161/2023, sobre las visitas de Edith Jennifer Martínez Vargas a su hija, se llevaron a cabo las sesiones de acercamiento entre ambas, a cuyo efecto y debido a la afectación provocada en la menor, el accionante presentó varios memoriales, concretamente el 14 de marzo, 16 de enero, 8 de marzo, 3 de abril, 24 de abril, 25 de abril, 22 de mayo, todos del año 2024, haciendo conocer la revictimización respecto de la menor, solicitando la cesación de los encuentros forzados de la niña con su madre; ii) Por su parte, Edith Jennifer Martínez Vargas, por memorial de 12 de abril de 2024, solicitó la remisión a un centro de acogida a su hija, advirtiéndose de las pruebas presentadas en audiencia, que el Juez accionado no dio respuesta oportuna a tales petitorios, pese al informe presentado el 14 de junio de 2024, de los psicólogos haciendo hincapié del cumplimiento del Auto de Vista 161/2023; iii) Establecieron que si bien por Auto de Vista, determinó un acercamiento de la menor con la madre, empero consideraron que debió velarse por el interés superior de la niña escuchando su opinión, conforme lo establecido en la jurisprudencia, puesto que sería obligación de las entidades públicas y privadas, así como de cualquier ente que administra justicia, respetar la opinión del menor, en cualquier instancia, pues ello contribuirá en su desarrollo integral, considerando que éstos están en una condición de desarrollo físico, psicológico y sexual; iv) La Psicóloga María Elena Franco Zuleta así como el Juez accionado, no debían aplicar la letra muerta de Ley y lo señalado en el Auto de Vista, si no considerar la opinión de la menor con relación a su interés superior; v) Con relación a la accionada Edith Jennifer Martínez Vargas, al solicitar la remisión al centro de acogida ante la negativa de acercamiento de la menor, resulta subjetivo, puesto que quien determinará ello a base de estudios especializados con psicólogos y un equipo interdisciplinario será el Juez y no la madre; vi) Con relación al acceso a la justicia fue otorgada, en sentido de que, si bien los continuos reclamos del impetrante de tutela fueron recibidos y de conocimiento del juzgador; empero, las mismas debieron contestarse en función al interés superior de la menor y respetando su opinión; de igual forma, advirtieron en audiencia que la psicóloga María Elena Franco Zuleta, confesó que vio en un momento que la niña faltó el respeto a su padre y ella intervino, creando susceptibilidad en la imparcialidad de la mencionada profesional, consiguientemente, el Juez accionado pedirá personal especializado en psicología de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a fin de que no se vea mellada su imparcialidad y quien llegue a ser portador de los informes psicológicos sea un profesional imparcial; y, v) Asimismo, de los informes presentados en esta audiencia por parte de la psicóloga coaccionada, así como las pruebas arrimadas en el expediente, las mismas fueron consideradas, empero también, tomaron en cuenta que previo a la instalación de esta audiencia, conocieron de manera directa la opinión de la menor de edad, empero, la Sala no ingresó al fondo del proceso familiar, por cuanto no sería competente, limitándose a verificar los derechos denunciados como vulnerados.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Mediante Auto de Vista 161/2023 de 17 de agosto, emitida por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segundo del Tribunal Departamental de Justicia Potosí, resolviendo el recurso de reposición con alternativa de apelación interpuesto por Álbaro Baciliny Martínez Ramos contra el Auto Interlocutorio 1087/2022 de 5 de octubre, pronunciado por el Juez Público de Familia Segundo, dentro del fenecido proceso de divorcio seguido contra Edith Jennifer Martínez Vargas, cuya parte resolutiva es como sigue: “POR TANTO: La Sala Civil - Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia No. 2 del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí conforme al art. 386.I inc. c) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, REVOCAR PARCIALMENTE el Auto N° 1087/2022 de fecha 5 de octubre (...) manteniéndose firme lo resuelto por el juez en sentido de haberse dispuesto el régimen de visita de la madre Edith Jennifer Martínez Vargas a su hija (…) en estado sano sobrio recomendando y conminando a los progenitores abstenerse de tener cualquier situación de altercado, riña o pelea, revocándose el resto del auto disponiéndose en su lugar lo siguiente:
1. Con anterioridad a la realización de las visitas, la señora Edith Jennifer Martínez Vargas y su hija (…) deben recibir por separado y en dos sesiones, la orientación necesaria de los psicólogos de los Juzgados Públicos de la Niñez y Adolescencia Nos. 1 y 2 de esta Capital, sobre el régimen de visitas que facilite el contacto a efectuarse de la hija con su madre, para cuyo efecto la indicada señora debe concurrir ante los profesionales indicados para coordinar con ellos el día y horas de la sesiones de orientación, debiendo el padre de la niña (…), hacer lo propio.
2. Efectuada la orientación dispuesta anteriormente, el régimen de visitas por parte de Edith Jennifer Martínez Vargas a su hija (…), debe efectivizarse de manera supervisada por los psicólogos de los Juzgados Públicos de la Niñas y Adolescencia Nos. 1 y 2 del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, los días jueves de cada semana de Hrs. es 15:00 p.m. a 18:00 p.m. en instalaciones de dicho Tribunal, debiendo realizarse tal régimen de visitas en caso de que un jueves fuese feriado, el día viernes siguiente, régimen de visitas supervisado que debe durar hasta que el contacto hija-madre sean normal y ya no requiera la supervisión de los mencionados profesionales, quienes deben informar tal aspecto al juez a quo, quien con el informe debe ampliar el tiempo de contacto madre-hija en un lugar distinto al domicilio de los padres y con se supervisión del Equipo Multidisciplinario de la Defensoría de la Niñez Adolescencia. Se recuerda a los psicólogos de los Juzgados Público de la Niñez y Adolescencia Nos. 1 y 2, que tienen el deber en caso de que el padre de la niña no cumpla con llevar o hacer llevar a su hija para el régimen de visitas supervisando ante dichos profesionales, o en caso de evidenciar cualquier acto de violación o que genere violación de los derechos de la niña por parte de los progenitores e incluso de los abogados, sea la violación de cualquier tipo de derecho que fuere, de informar a las instancias competentes o al juez de la causa, quien a su vez tiene el deber de formular según las circunstancias, las denuncias correspondientes ante las instancias competentes, recordándose al juez que tiene así mismo el deber de hacer cumplir esta resolución y las resoluciones que emita bajo responsabilidad, pudiendo aplicar conforme al art. 36 de la Ley No. 603, las medidas de protección social establecidas en la Ley No. 548, medidas entre las cuales se encuentra incluso respecto a las niñas, niños y adolescentes la integración a una familia sustituta y la inclusión a una entidad de acogimiento, no pudiendo tolerar el juez en ningún proceso el maltrato a los menores de edad” (sic [fs. 4 a 10 vta.]). II.2. Cursan los memoriales presentados el 16 de enero (fs. 11 a 12 vta.);
8 de marzo (fs. 28 a 31 vta.); 14 de marzo (fs. 35 a 40 vta.); 3 de abril (fs. 42 a 46 vta.); 24 de abril (fs. 53 a 54 vta.); 25 de abril (fs. 56 a 59); 22 de mayo (fs. 106 a 107), todos del año 2024, por el impetrante de tutela, ante el Juez accionado denunciando en cada uno de ellos que su hija estaría siendo revictimizada y dañada, solicitando el cese de esos encuentros, de manera temporal, que si bien obedecen al cumplimiento del aludido Auto de Vista, estas se habrían convertido en una afrenta al derecho de la niña, atentando contra su estabilidad emocional. II.3. Consta en actuados la entrevista de 17 de junio de 2024 sostenida previo al inicio de la audiencia de la acción de amparo constitucional, entre los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y la menor AA, con la asistencia de los psicólogos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y del referido Juzgado del mismo departamento, Pamela Salinas Barrientos e Ismael Farfán Quiroga, respectivamente, la citada Sala constitucional pudo conocer de manera directa la opinión de la niña (fs. 224 a 227 vta.).
El impetrante de tutela alega la vulneración sus derechos al debido proceso en su vertiente de acceso a la justicia, al interés superior de la niña y derecho de opinión de su hija y al desarrollo integral de la menor; toda vez que, en virtud al Auto de Vista 161/2023 de 17 de agosto, relativo al régimen de visitas, entre su hija y la madre de ésta, determinaron se diera cada jueves de la semana de horas 15:00 a 18:30, en sesiones supervisadas por dos profesionales psicólogos de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia del departamento de Potosí, a través de sesiones de acercamiento entre ambas; empero, estas resultaron traumáticas y nocivas para la niña, lo que motivó su reiterado reclamo ante el Juez de la causa, pese a que esa situación se encontraba reflejada en los informes emitidos por los referidos psicólogos, sin escuchar la opinión del menor y afectando su salud emocional.
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0023/2019-S2 de 15 de marzo, estableció que: “A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, Bolivia adquiere un nuevo modelo de Estado teniendo como uno de sus fines primordiales la protección y eficacia máxima de los derechos, encontrándose dentro de su amplio catálogo de derechos fundamentales los derechos a la vida y a la integridad física, psicológica y libertad sexual de las personas (art. 15.I de la CPE), precepto constitucional que en su parágrafo III estipula que: 'El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado'. Obligación por parte del Estado que adquiere mayor relevancia cuando se trata de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por considerarse un grupo vulnerable, y por ende merecen una protección reforzada. En ese entendido, el art. 60 de la CPE, establece que: 'Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado', norma constitucional que guarda relación con el art. 61.I que prevé: 'Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad'. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño que es el instrumento jurídico internacional más importante respecto al resguardo de los derechos de menores, se halla sustentada sobre cuatro pilares fundamentales que son: '…el derecho a la subsistencia, al desarrollo, a la protección y a la participación. El primero implica un reconocimiento de niveles de vida adecuados y acceso a los servicios básicos; el segundo, que los niños deben desarrollarse de manera armoniosa, con respecto, afecto y dignidad, desenvolviéndose en todos los ámbitos como la educación, el juego, actividades culturales, la libertad de pensamiento, de conciencia y religión; el derecho a la protección, comprende la tutela contra las formas de explotación y crueldad y la separación arbitraria de la familia, y, por último, el derecho a la participación, implica la libertad de expresar opiniones y manifestarse respecto a cuestiones que afectan su propia vida, lo que significa que ningún proceso pueda desarrollarse sin escuchar la opinión del niño (Sandra de Kolle, Carlos Tiffer, Justicia Juvenil en Bolivia)' (SC 0223/2007-R de 3 de abril). Norma internacional que conforme se desarrolló en la citada Resolución constitucional está regida por los siguientes principios: 'El principio de la no discriminación, en el entendido que los derechos incluidos en ella son aplicables a los niños con independencia de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, opinión política, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, nacimiento u otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales (art. 2 de la Convención). El principio de interés superior (art. 3), que tiene que guiar todas las decisiones que tomen las instituciones públicas o privadas, en sentido que los derechos del niño deben prevalecer sobre los demás, favoreciendo su desarrollo físico, psicológico, moral y social. El principio de unidad familiar, por el que se reconoce a la familia como el medio ideal para el desarrollo del niño, de donde surge la obligación del Estado de prestar la asistencia a los padres para que éstos cumplan sus responsabilidades en la educación integral del niño.
Finalmente, el principio de autonomía progresiva, que implica que los niños deben lograr en forma progresiva el ejercicio autónomo de todos sus derechos, consiguiendo superar el criterio dominante referido a que los padres tienen poder sobre los niños al carecer éstos de autonomía, para entender que los progenitores sólo tienen la función de orientar y dirigir en forma apropiada a los niños para que estos ejerzan sus derechos, como anota el art. 5 de la Convención'.
Convenio internacional en materia de Derechos Humanos que al haber sido ratificado por Bolivia mediante Ley 1152 y formar parte del bloque de constitucionalidad en previsión del art. 410.II de la CPE, debe ser aplicado en los casos donde directa o indirectamente se tenga que dilucidar sobre los derechos de los menores; máxime cuando, el principio de interés superior del niño, se encuentra regulado como principio procesal rector de los procesos familiares -art. 220 inc. k) de la Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- disponiendo que: '…las autoridades judiciales al adoptar toda decisión, disposición o acción jurisdiccional en la que se involucre una niña, niño o adolescente, se guiarán en interés de éstos, precautelando sus derechos, con preeminencia, primacía y prioridad con relación a los demás sujetos'.
En consecuencia, de acuerdo a lo desarrollado precedentemente, el principio de interés superior de la niña, niño o adolescente es comprendido como '…las acciones y procesos tendentes a garantizar a niños, niñas y adolescentes un desarrollo y protección integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible…'; por lo que, tiene un alcance amplio, cuyo contenido comprende la protección física psicológica y social del menor, que debe ser determinado en cada caso concreto por las autoridades, con el fin de hacer prevalecer los derechos de los menores sobre los derechos de sus progenitores” (énfasis añadido).
Conforme la SC 0165/2010-R de 17 de mayo, se concluyó que: “En noviembre de 1989, la Organización de las Naciones Unidas promulgó la Convención sobre los derechos del niño, que fue ratificada por Bolivia el 14 de mayo de 1990 por Ley 1152. Esa Convención, como ya lo señaló la SC 0223/2007-R, ‘es considerada como el instrumento jurídico internacional más importante sobre el tema, que se adscribe a la doctrina de la protección integral de la niñez que se sustenta en cuatro pilares: el derecho a la subsistencia, al desarrollo, a la protección y a la participación. El primero implica un reconocimiento de niveles de vida adecuados y acceso a los servicios básicos; el segundo, que los niños deben desarrollarse de manera armoniosa, con respecto, afecto y dignidad, desenvolviéndose en todos los ámbitos como la educación, el juego, actividades culturales, la libertad de pensamiento, de conciencia y religión; el derecho a la protección, comprende la tutela contra las formas de explotación y crueldad y la separación arbitraria de la familia, y, por último, el derecho a la participación, implica la libertad de expresar opiniones y manifestarse respecto a cuestiones que afectan su propia vida, lo que significa que ningún proceso pueda desarrollarse sin escuchar la opinión del niño (Sandra de Kolle, Carlos Tiffer, Justicia Juvenil en Bolivia)’. Los principios de la indicada Convención, como ya lo señalara la SC 0203/2007-R, pueden resumirse en los siguientes: 1. El principio de la no discriminación, por el cual los derechos contenidos en la Convención se aplican a todos los niños, con independencia de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, opinión política, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, nacimiento u otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales (art. 2 de la Convención). 2. El principio de interés superior, por el cual las decisiones de los tribunales, autoridades administrativas y órganos legislativos deben atender el interés superior del niño, teniendo en cuenta los "derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley" (art. 3 de la Convención). 3. El principio de unidad familiar, que reconoce a la familia como el medio ideal para el desarrollo del niño, de donde surge la obligación del Estado de respetar las responsabilidades, derechos y deberes de los padres, de los tutores y otras personas encargadas de impartir la dirección y protección apropiada para que el niño ejerce los derechos de la Convención (art. 5). 4. El principio de autonomía progresiva, que implica que los niños deben lograr en forma progresiva el ejercicio autónomo de todos sus derechos, consiguiendo superar el criterio dominante referido a que los padres tienen poder sobre los niños al carecer éstos de autonomía, para entender que los progenitores sólo tienen la función de orientar y dirigir en forma apropiada a los niños para que estos ejerzan sus derechos, como anota el art. 5 de la Convención. En este contexto, dentro de la autonomía progresiva, resalta el principio de participación o de respeto a las opiniones del niño, previsto en el art. 12 de la Convención, que determina: ‘1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional’. En ese contexto normativo internacional, la Constitución Política del Estado, se inscribe dentro de la corriente de protección integral adoptada por la Convención, pues en el art. 59.I establece que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral, y se reconocen, entre otros, los principios de no discriminación (art. 59.III), de unidad familiar (art. 59.II), el principio de interés superior (arts. 59.II y 60) y la autonomía progresiva, en sentido que las actividades que realicen las niños y adolescentes en el marco familiar y social están orientadas a su formación integral como ciudadanos, y tendrán una función formativa (art. 61 de la CPE). Por su parte, el Código Niño, Niña y Adolescente de 27 de octubre de 1999, considera a los niños y adolescentes como titulares de todos los derechos, que pueden ser ejercidos directamente de acuerdo a su edad y desarrollo, y también reconoce los principios de no discriminación (art. 3), de interés superior (arts. 6 y 7), de unidad familiar (art. 27 y ss.) y el de autonomía progresiva, que inspira todas las normas del Código, siendo la más importante para el ejercicio autónomo de sus derechos, la contenida en el art. 103, al señalar, en cuanto a la libertad de expresión y opinión, que ‘El niño, niña, o adolescente que esté en condiciones de emitir un juicio propio, tiene derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, por los medios que elija y a que se tome en cuenta sus opiniones’. (…) Dicha sentencia, añadió que la ‘opinión dada por el niño, niña o adolescente debe responder a su querer íntimo y no a presiones que podrían ser ejercidas por terceras personas, incluidos los padres. Para determinar si las determinaciones del niño, niña o adolescente son propias, el juez está en la obligación de solicitar los estudios periciales respectivos y, además, brindar a los niños o adolescente el entorno adecuado, sin presiones de ningún tipo, para que pueda emitir su criterio. Esto significa, que no podrán ser sometidos a una violencia psicológica, por ejemplo, dentro de un proceso de divorcio o en audiencia, pues el enfrentamiento que pudiera existir entre los padres, puede ser un detonante para que el niño manifieste una decisión que no corresponda con su íntimo querer. Por ello, el juez de familia, debe tener mucho tino y prudencia al momento de dar la oportunidad al niño o adolescente de ejercer ese derecho” (las negrillas nos corresponden). En ese orden, la SCP 1879/2012 de 12 de octubre, igualmente concluyó que: “En cuanto a instrumentos internacionales, se tiene la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1959, que en su art. 2, determina que los niños gozarán de una: ‘...protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño’. El art. 24.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), establece el: ‘…derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y el Estado’. En igual sentido se encuentran otros instrumentos internacionales que otorgan protección especial a los niños, niñas y adolescentes, tal el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, la Declaración de Ginebra sobre Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. (…) El fallo citado continúa estableciendo que: ‘...El denominado «interés superior» es un concepto de suma importancia que transformó sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el tratamiento de los menores de edad. En el pasado, el menor era considerado «menos que los demás» y, por consiguiente, su intervención y participación, en la vida jurídica (salvo algunos actos en que podía intervenir mediante representante) y, en la gran mayoría de situaciones que lo afectaban, prácticamente era inexistente o muy reducida. «Con la consolidación de la investigación científica, en disciplinas tales como la medicina, la [psicología], la sociología, etc., se hicieron patentes los rasgos y características propias del desarrollo de los niños, hasta establecer su carácter singular como personas, y la especial relevancia que a su status debía otorgar la familia, la sociedad y el Estado. Esta nueva visión del menor se justificó tanto desde una perspectiva humanista - que propende la mayor protección de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensión-, como desde la ética que sostiene que sólo una adecuada protección del menor garantiza la formación de un adulto sano, libre y autónomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consistió en reconocerle al menor una caracterización jurídica específica fundada en sus intereses prevalentes»’. Más adelante, señaló que el interés superior del menor es un principio que se caracteriza, esencialmente, por ser: ‘…«1) real, en cuanto se relaciona con las particulares necesidades del menor y con sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres, en tanto se trata de intereses jurídicamente autónomos; (3) un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de los derechos del menor; (4) la garantía de un interés jurídico supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la personalidad del menor». 6.10. A partir del reconocimiento explícito de un catálogo de derechos en favor de todos los niños y niñas, tanto en el orden jurídico interno como internacional, es posible afirmar que el interés superior del niño consiste en la plena satisfacción de sus derechos. El contenido de este principio son los propios derechos del menor, razón por la cual, puede decirse que interés y derechos, en este caso, se identifican plenamente’. (…) 6.16. En suma, el interés superior del menor es un principio rector, ampliamente reconocido por el derecho internacional y reproducido de manera directa en la Constitución Política, que propende por la máxima satisfacción de los derechos de que son titulares todos los niños, niñas y adolescentes, entendidos como fundamentales, prevalentes e interdependientes, y que como tal, constituye una limitación u obligación de carácter imperativo, especialmente dirigida a todas las autoridades del Estado, quienes deberán actuar con diligencia y especial cuidado al momento de adoptar sus decisiones, en aquellos asuntos en los que se hayan involucrados los intereses de un menor’. De todo lo relacionado se concluye que, los niños, niñas y adolescentes son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado. En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: ‘…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos”’ (las negrillas y el subrayado son agregados).
El impetrante de tutela alega la vulneración sus derechos al debido proceso en su vertiente de acceso a la justicia, al interés superior y derecho de opinión de su hija y al desarrollo integral de la menor; toda vez que, en virtud al Auto de Vista 161/2023 de 17 de agosto, relativo al régimen de visitas, entre su hija y la madre de ésta, determinaron se diera cada jueves de la semana de horas 15:00 a 18:30, en sesiones supervisadas por dos profesionales psicólogos de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia del departamento de Potosí, a través de sesiones de acercamiento entre ambas; empero, estas resultaron traumáticas y nocivas para la niña, lo que motivó su reiterado reclamo ante el Juez de la causa, pese a que esa situación se encontraba reflejada en los informes emitidos por los referidos profesionales psicólogos, sin escuchar la opinión del menor y afectando su salud emocional.
La problemática planteada en el caso que se examina emerge de lo dispuesto mediante Auto de Vista 161/2023, emitida por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segundo del Tribunal Departamental de Justicia Potosí, resolviendo el recurso de reposición con alternativa de apelación interpuesto por Álbaro Baciliny Martínez Ramos contra el Auto Interlocutorio 1087/2022 de 5 de octubre, pronunciado por el Juez Público de Familia Segundo, dentro del fenecido proceso de divorcio seguido por el impetrante de tutela contra Edith Jennifer Martínez Vargas, en el que fue determinado el régimen de visitas de la madre a la menor AA (Conclusión II.1).
Sin embargo, en observancia de dicha Resolución se realizaron las sesiones de acercamiento referidas, entre la menor AA y su madre, las que a decir del peticionante de tutela, resultaban traumáticas y nocivas, generando angustia y alteraciones en la niña, lo que motivó que su progenitor hiciera conocer su preocupación y reclamo ante el Juez de la causa a través de los memoriales presentados el 16 de enero (fs. 11 a 12 vta.); 8 de marzo (fs. 28 a 31 vta.); 14 de marzo (fs. 35 a 40 vta.); 3 de abril (fs. 42 a 46 vta.); 24 de abril (fs. 53 a 54 vta.); 25 de abril (fs. 56 a 59); 22 de mayo (fs. 106 a 107), todos del año 2024, denunciando que su hija estaría siendo revictimizada y dañada, solicitando el cese de esos encuentros, de manera temporal, que si bien obedecen al cumplimiento del aludido Auto de Vista, estas se habrían convertido en una afrenta al derecho de la niña, atentando contra su estabilidad emocional (Conclusión II.2).
Previo al inicio de la audiencia de la acción de amparo constitucional, los Vocales de la Sala Constitucional Segunda se entrevistaron con la menor AA, con la asistencia de los psicólogos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y del referido Juzgado del departamento de Potosí, Pamela Salinas Barrientos e Ismael Farfán Quiroga, respectivamente, la citada Sala constitucional pudo conocer de manera directa la opinión de la niña (Conclusión II.3).
En el presente caso, la niña pudo entrevistarse con la referida Sala constitucional, con el apoyo de profesionales psicólogos, y en la misma [la niña] ha expresado entre otros que, su madre hace todo lo posible por hacerla sentir mal (…) que luego de los acercamientos se siente mal y antes de ellos tiene tristeza, enojo y miedo, y que desearía tener menos encuentros (…) que ya no desea estar con su madre ni tener visitas con ella y que se siente obligada a ir todos los jueves. Expresiones que no fueron asumidas en su verdadera dimensión por los accionados, pues no obstante la complejidad del caso, era trascendental conocer el sentir de la menor, porque si bien es entendible que a sus nueve años no tiene la madurez suficiente para comprender este tipo de decisiones, los accionados no demostraron por qué la voluntad de la menor en el presente caso, no puede ser tomada en cuenta, respaldándose solo en el cumplimiento de una resolución judicial y la influencia del padre sobre la menor. De lo señalado precedentemente, es posible concluir que los reclamos efectuados por el accionante sobre la incidencia en la menor de las sesiones de acercamiento con su madre, si bien fueron realizadas en cumplimiento de lo dispuesto por los Vocales de la referida Sala, no tuvieron los resultados esperados; vale decir, que afectaron la estabilidad emocional de la niña, resultando en consecuencia ser perjudicial para ella; pese a que esa determinación tenía buenos propósitos y no logró los resultados esperados, circunstancias ante las cuales era absolutamente necesario conocer el sentir de la menor de esa resistencia a verse y estar con su madre; aspecto que los accionados obviaron; es decir, persistieron en mantener esas sesiones apoyadas en la Resolución que así lo dispuso. De igual forma, los informes de los psicólogos asignados, en concreto de la accionada (María Franco Zuleta) no fueron considerados por el Juez de la causa en todo su alcance, concretamente en la resistencia de la menor en los acercamientos con su madre, a saber: Informe de 12 de marzo de 2024: “…Afirma sentir temor pero no expresa un motivo real actual, sino un motivo que se encuentra en el imaginario, pues dice: ‘Puede hacerme algo, pienso que me odia’” (sic [fs. 211 a 212]); en el Informe de 24 de mayo de 2024: ”Todas las situaciones acontecidas permiten a los suscritos analizar la conducta de la niña y los factores que influyen en ella. Se pudo percibir desde un principio que efectivamente (AA) muestra rechazo a la madre, sin embargo, los motivos que expresa para ello no son coherentes con la situación actual…” (sic) entre otros; sin que, al momento de pronunciarse respectos de los reclamos del accionante, hiciera una nueva estimación de la situación de la menor, pese a que, por la complejidad del caso, tienen fundamental importancia, pues coadyuvan en la tarea de asumir una decisión trascendente en la vida del menor. Por ello, si bien es posible que las Autoridades judiciales se aparten de los informes periciales, debe justificarse de manera razonada y fundamentada los motivos que llevan a no considerar esos criterios.
Al respecto, el art. 122.I del Código Niña, Niño y Adolescente Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, prevé que “La niña, niño o adolescente, de acuerdo a su edad y características de la etapa de su desarrollo, tiene derecho a expresar libremente su opinión en asuntos de su interés y a que las opiniones que emitan sean tomadas en cuenta”. Sin embargo, este precepto normativo no fue considerado por los accionados en el proceso de origen, pues tanto la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las leyes, han establecido que la opinión del menor tiene relevancia y debe ser tomada en cuenta a momento de asumir decisiones respecto a asuntos de su interés, lo cual no sucedió en el caso de análisis, apartándose de lo establecido en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
Es necesario exhortar a los jueces que conocen problemas relacionados con las visitas de menores, a asumir decisiones orientadas al interés superior del niño, los jueces deben decidir y respaldar sus fallos en pericias, estudios psicológicos, sociales y los que sean necesarios para adoptar determinaciones que sean convenientes para el niño o niña.
Esta Sala también advierte, que si bien los accionados se ajustaron a lo dispuesto en el Auto de Vista que determinó en alzada el régimen de visitas de la madre y la menor; sin embargo, ello no quiere decir que en casos sensibles como el que se analiza, deba considerarse que al no obtenerse los resultados esperados, en las sesiones realizadas, el Juez pueda reencausar lo determinado de manera justificada, adecuada y suficientemente sustentada, con una razonable exposición de los motivos por los cuales adopte una decisión, en mejor interés de la niña y atendiendo a su opinión, la cual además tendrá un carácter temporal y no definitivo.
Consiguientemente, la Sala Constitucional al proceder como lo hizo, ha hecho prevalecer el sentir y opinión de la menor, respecto de lo que el acercamiento con su madre le provocó, haciendo predominar así el mejor interés de la niña, conforme los Fundamentos descritos en el presente fallo, quedando demostrada la lesión invocada por el impetrante de tutela, solo con respecto al Juez y la Psicóloga accionados, no así con relación a la madre de la menor, quien hizo su petitorio apoyado en lo dispuesto por el referido Auto de Vista 161/2023; reiterando en todo caso lo que el Juez de la causa determine en apego a lo dispuesto en el presente fallo constitucional tiene un carácter temporal y no definitivo, correspondiendo otorgar la tutela solicitada con el objeto de que la autoridad judicial accionada se pronuncie con relación a los reclamos del demandante de tutela, considerando lo establecido por la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y en especial las Leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35/2024 de 17 de junio, cursante de fs. 236 a 242 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia; 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con respecto a Ernesto Vásquez Chosco, Juez Público de Familia Segundo del departamento de Potosí y María Elena Franco Zuleta, Psicóloga del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero del mismo departamento; 2° DENEGAR en relación a Edith Jennifer Martínez Vargas, conforme a lo dispuesto por la Sala Constitucional y los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0530_2024-S3.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): c62f9fd17fc4d601c7c7f7543bacede2b882b01686b7d2bf35ab73b3916cc888
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