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SCP 0529/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
52413-2023-105-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, y a la fundamentación y motivación de las resoluciones; toda vez que, el Vocal demandado al emitir el Auto de Vista 286/2022, declaró improcedente su recurso de apelación incidental y mantuvo incólume su detención preventiva, sin motivar ni fundamentar la no existencia de riesgo de fuga, agravantes ni valorar la prueba sobre la mejoría de su situación jurídica. Ante ello, la autoridad demandada, no presentó informe alguno, tampoco participó de la audiencia de garantías programada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 12/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 244 a 245 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación en las resoluciones que resuelven medidas cautelares, se extiende al Tribunal de apelación: Alcance de la previsión contenida en el art. 398 del CPP
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0529/2025-S2 Sucre, 4 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52413-2023-105-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 12/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 244 a 245 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alcides Franz Flores Moreira contra Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1; y, 229 a 231, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estupro, se le impuso la medida restrictiva de la detención preventiva, misma que fue confirmada por Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandado-, mediante el Auto de Vista 286/2022 de 5 de diciembre, pronunciado sin la debida fundamentación ni motivación, puesto que: a) No consideró la falta de fundamentación y congruencia de la decisión recurrida, pese a que se desvirtuó la posibilidad de embarazo de la menor -supuesta víctima dentro del proceso penal-, circunstancia que eliminó el agravante por el cual se encuentra imputado; b) Tanto el informe psicológico como las pruebas de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), serían insuficientes para desvirtuar el riesgo de fuga; c) No argumentó sobre el reclamo de haber “destruido” el riesgo para la víctima, incumpliendo lo establecido en el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, d) No realizó ponderación de la prueba de acuerdo a lo establecido en el art. 173 del mencionado Código, sobre la “mejoría” de la situación jurídica del imputado de forma global.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, y a la fundamentación y motivación de las resoluciones; citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23.I y III y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene su inmediata libertad, debiendo para tal efecto, la autoridad demandada emitir un nuevo fallo en el que se establezca la inexistencia del riesgo de fuga inserto en el art. 234.7 del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública mixta (presencial-virtual) el 6 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 242 a 244; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción tutelar y ampliando en audiencia de garantías, sostuvo que: 1) De acuerdo con el examen de ADN, no le corresponde ni uno solo de los “alelos” a su persona, por lo que, hay certeza de que no embarazó a la menor de quince años, este extremo fue reconocido por la autoridad demandada, quien admitió que, con dicha prueba, no se logró desvirtuar plenamente la imputación; 2) Fue detenido preventivamente solo por la concurrencia de los arts. 233.1 y 234.7 del CPP; empero, ambos ya fueron desvirtuados. Pese a ello el Vocal ahora demandado señaló que si bien estos aspectos fueron debidamente acreditados, también existiría algún tipo de afectación psicológica en la víctima; 3) Toda la carga probatoria tendría que haberse realizado para demostrar la “…mejoría de la situación jurídica procesal…” (sic) de su persona, y no así de la víctima; y, 4) Estas razones eran suficientes para disponer su libertad, por lo que no correspondía pedirle más pruebas. En ese entendido, debió haber determinado su cesación a la detención preventiva; al no hacerlo, la autoridad demandada incurrió en una incongruencia de carácter omisivo. Ante las preguntas del Tribunal de garantías, manifestó lo siguiente: i) El proceso se encuentra en etapa preparatoria, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí; y, ii) El Vocal demandado reconoció que la prueba científica presentada mejoró la situación jurídica del accionante, pero al mismo tiempo sostuvo que esta era insuficiente, pese a que desapareció el requisito sustancial que sustentaba el riesgo previsto en el art. 234.7 del CPP.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no presentó informe alguno, tampoco participó de la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 236.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 12/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 244 a 245 vta., denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: a) De acuerdo al accionante, el medio científico sería suficiente para desvirtuar las razones por las cuales se determinó su detención preventiva; no obstante, también existe la declaración de la víctima, elemento que debe considerarse; b) Al tratarse de una mujer menor de edad en situación de violencia, hay dos herramientas que son de insoslayable consideración, como el enfoque interseccional y el juzgamiento con perspectiva de género, que en este caso, favorecen a la víctima; c) Respecto al art. 234.7 del CPP, lo alegado por el abogado del impetrante de tutela respecto a las pruebas, no desnaturalizan o dejan sin efecto lo ya determinado en dicho precepto legal; d) El debido proceso fue configurado como una garantía constitucional que guarda varios componentes que rigen la aplicación de cualquier proceso administrativo judicial; es decir, que deben de observarse todas las formalidades legales en su tramitación, y es ahí donde encaja la fundamentación y motivación, como ese derecho de las partes de saber cual fue el razonamiento del juzgador que lo llevó a la convicción de su decisión, lo que no implica exigir un texto ampuloso o con términos técnicos incomprensibles; y, e) La Resolución de alzada cumple con todos los cánones de fundamentación y motivación, ratificando la concurrencia del art. 234.7 del CPP, y la presencia del requisito sustancial en el presente trámite aún en la etapa investigativa.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia pública de apelación incidental de medida cautelar y Auto de Vista 286/2022 de 5 de diciembre, emitidos por Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandado-, por el cual declaró improcedente el recurso de apelación incidental presentado contra el Auto Interlocutorio de 23 de noviembre de 2022 que determinó rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva de Alcides Franz Flores Moreira -accionante- (fs. 239 a 241 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, y a la fundamentación y motivación de las resoluciones; toda vez que, el Vocal demandado al emitir el Auto de Vista 286/2022, declaró improcedente su recurso de apelación incidental y mantuvo incólume su detención preventiva, sin motivar ni fundamentar la no existencia de riesgo de fuga, agravantes ni valorar la prueba sobre la mejoría de su situación jurídica. Ante ello, la autoridad demandada, no presentó informe alguno, tampoco participó de la audiencia de garantías programada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación en las resoluciones que resuelven medidas cautelares, se extiende al Tribunal de apelación: Alcance de la previsión contenida en el art. 398 del CPP

Al respecto, la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto, manifestó que: “…la exigencia de fundamentación y motivación abarca también a los fallos de medidas cautelares, estando tanto los jueces cautelares como los tribunales de segunda instancia, constreñidos a cumplir el debido proceso, en la revisión de las resoluciones de una medida cautelar, que la revoca, modifica, sustituye u ordena la cesación de detención preventiva.

(…)

En ese sentido, (…) los tribunales de alzada se hallan constreñidos a dictar resoluciones con la debida fundamentación, motivación y congruencia, fundamentando la decisión por la que deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer su cesación, encontrándose obligados a determinar la concurrencia de los presupuestos procesales referentes a los peligros de fuga y obstaculización, precisando de forma debida las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, consignando motivadamente la presencia de los mismos, no pudiendo justificar su omisión respecto a lo indicado, en los límites instituidos en el art. 398 del CPP. En ese orden, en virtud a los razonamientos jurisprudenciales descritos supra tratándose de la aplicación de medidas cautelares el precitado artículo no debe ser entendido literalmente sino de forma integral y sistemática con los arts. 233 y 236 del CPP, lo que deriva en que, los tribunales de alzada no se encuentren eximidos en motivar y fundamentar su resolución explicando, se reitera, la presencia o no de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva” (el resaltado y subrayado son nuestros).

Asimismo, la SCP 0633/2018-S2 de 8 de octubre, respecto a los elementos necesarios a ser considerados por los jueces y tribunales penales en la definición de los pedidos de cesación de la detención preventiva, estableció los siguientes de necesaria concurrencia: “a) Debida ponderación respecto a cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y cuáles los nuevos elementos de convicción aportados a objeto de demostrar que ya no concurren o denoten la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; b) Fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones dictadas, por cuanto al estar vinculadas a la libertad de los imputados, la exigencia en dicho sentido, es aún mayor; c) Valoración integral de los medios probatorios en el marco de las reglas del debido proceso; no siendo viable apartarse de los marcos legales de razonabilidad y equidad, ni omitirla arbitrariamente; d) Efectuar una evaluación integral sobre los parámetros y criterios objetivos a fin de determinar la persistencia o no de los peligros procesales, realizando un test sobre los aspectos favorables o desfavorables, que informen al caso, no siendo viable sustentarse en cuestiones subjetivas y sin respaldo alguno; y, e) Todas las exigencias anotadas, deben ser cumplidas tanto en primera instancia, como en segunda, por los Tribunales de alzada” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante señala que fueron lesionados sus derechos a la libertad, así como a la fundamentación y motivación de las resoluciones; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de estupro, se dispuso su detención preventiva a través del Auto Interlocutorio de 23 de noviembre de 2022, razón por la cual interpuso recurso de apelación incidental, mismo que fue resuelto por el Vocal demandado, mediante el Auto de Vista 286/2022 de 5 de diciembre, declarándolo improcedente y manteniendo su detención preventiva, sin motivar ni fundamentar respecto a la no existencia del riesgo de fuga, agravantes, ni valorar la prueba sobre la mejoría de su situación jurídica.

De antecedentes, se tiene el Auto de Vista 286/2022 emitido por el Vocal demandado, mediante el cual declaró improcedente el recurso de apelación incidental presentado contra el Auto Interlocutorio de 23 de noviembre de 2022 que determinó la detención preventiva del ahora impetrante de tutela (Conclusión II.1).

Ahora bien, tratándose de resoluciones que resuelvan medidas cautelares, la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, estableció que la obligación de motivación y fundamentación se extiende de igual manera para el Tribunal de alzada que le toque revisar respecto a la aplicación de esta medida, entendiéndose esta como el deber de precisar de forma debida las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, consignando de forma motivada la presencia de los mismos, y no solo eso, sino que también determinó que, dentro de los elementos de necesaria concurrencia, está la valoración probatoria y evaluación integral de los motivos que pueden llegar a determinar el mantener sin modificación alguna la misma.

En el caso concreto, el accionante alude que el Vocal demandado no motivó respecto a los dos presupuestos establecidos en la norma Adjetiva Penal, como lo son la concurrencia del peligro de fuga y el agravante de acuerdo al tipo penal que se le imputa, que sería el embarazo de la menor de edad; no obstante, de acuerdo a lo evidenciado del Auto de Vista 286/2022, se tiene que el Vocal demandado en el apartado de “CONSIDERACIONES DE LA SALA” (Conclusión II.1), respecto a la probabilidad de autoría y su agravante, efectuó un análisis motivado de la prueba científica realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), identificando y valorándola, concluyó que no generó convicción ni idónea o suficiente; puesto que, no estableció la correspondencia del vínculo entre el accionante y los restos ovulares de la supuesta víctima. Además, que no fue el único elemento que consideró para la concurrencia de la autoría, refiriendo el valor de las declaraciones testificales, no solo de la víctima, sino también del hermano menor de esta, así como de la portera del lugar en el que fueron sorprendidos la víctima y el impetrante de tutela, delimitando de esta manera que el agravante no desvirtuó la probabilidad de autoría. Sobre el hecho de no haber valorado debida e integralmente la “mejoría” de la situación jurídica del accionante, de igual manera, el Vocal demandado hizo una valoración integral no solo del agravante, sino también de todo el contexto del proceso, estableciendo criterios como el de situación de vulnerabilidad y desventaja en la que se encontraba la presunta víctima, la conducta exteriorizada antes y con posterioridad a la consumación del delito, y valorando las pruebas aportados por el impetrante de tutela, llegó a la conclusión de “…que el imputado no tenga un perfil violente o antisocial no son elementos conducente a dejar sin efecto los elementos que se han considerado para mantener vigente el peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del CPP…” (sic); siendo que, la decisión se funda en “…elementos relativos a una ductilidad para generar un enamoramiento, seducción, etc., a la vulnerabilidad de la menor lo que hace peligroso al encausado” (sic [fs. 241]).

En ese entendido, y de lo analizado, se tiene que, el Vocal demandado motivó y fundamentó el Auto de Vista 286/2022 confutado por el accionante como lesivo; puesto que, identificó y precisó las razones y elementos por los cuales, a su criterio, debe mantenerse la medida de detención preventiva, como así también, valoró los nuevos elementos de convicción que sustenta su decisión, tal como se puede evidenciar en el párrafo precedente, sin que el impetrante de tutela hubiese demostrado o acreditado ante este Tribunal la falta de concurrencia de los elementos que hacen parte de la fundamentación y motivación con la que debe contar toda resolución, de acuerdo a la garantía al debido proceso; en ese entendido, y al no evidenciar la relevancia constitucional respecto al caso concreto, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros argumentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 12/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 244 a 245 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0529_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1dedf55964176d330810c6b73a4d1f1e4c3bdc98511ae87b8b6f11dbcb95e8ee

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