B.IA.LEGAL

SCP 0529/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 23 de mayo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
23 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
52367-2023-105-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante interpuso acción de libertad luego de que, en el marco de un nuevo proceso penal en su contra por el delito de robo, se le impusiera detención preventiva tomando en cuenta como antecedente un proceso del año 2015, cuyo estado actual es incierto. Al intentar obtener información sobre dicho proceso (NUREJ 201500704A4E) en el Juzgado Primero de Instrucción Penal de El Alto, no recibió respuestas claras por parte de la Secretaría ni del Auxiliar de ese Juzgado, y pese a las gestiones realizadas por sus abogados ante el Archivo Central judicial, el expediente no fue entregado, situación agravada por el inicio de la vacación judicial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) La fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto; 3) El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; 4) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; 5) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, 6) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 29/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 13 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en relación a los funcionarios de apoyo jurisdiccional demandados, por haber incurrido en dilación en brindar una respuesta oportuna. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz y al Encargado de Archivo Central del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por falta de legitimación pasiva.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. II.2. La fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto
  3. II.3. El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad
  4. III.4. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  5. III.5. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0529/2025-S1 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52367-2023-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 29/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 13 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gustavo Heylan Choque Toro contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez; Reyna Esther Choque Mendoza, Secretaria y Carla Claudia Baltazar Baltazar, Auxiliar todos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, Miguel Angel Choque, Encargado de Archivo Central del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2022, cursante de fs. 5 y vta., el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de robo, señala que al momento de disponerse su detención preventiva, el Juez de medidas cautelares utilizó como sustento la existencia de un proceso penal del año 2015, del cual no se conocía su estado actual, situación que contribuyó a la imposición de la medida privativa de libertad. Ante ello, acudió al Juzgado Primero de Instrucción Penal de El Alto, dentro del caso con número NUREJ 201500704A4E, presentando el memorial correspondiente. Sin embargo, observó que, según el sistema, dicho proceso aún figuraba en ese juzgado, aunque ni la Secretaria ni el Auxiliar pudieron brindar información clara sobre el estado del expediente. Además, advirtió que la situación se agravaba por el inicio del período de vacación judicial.

Indicó también que no se encontraba detenido por ese proceso de 2015 y que sus abogados realizaron gestiones ante el archivo judicial, donde les informaron que existía una solicitud de la Secretaria ahora demandada para la entrega del expediente, pero hasta la fecha no habían obtenido respuesta. Por estos motivos, interpuso la acción de libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante no especifica qué derechos o garantías constitucionales hubieran sido vulnerados y tampoco señala disposición constitucional alguna. En audiencia de manera general se indicó por parte del abogado del accionante que los derechos denunciados como lesionados son a la defensa y al debido proceso.

I.1.3. Petitorio

El accionante no señala un petitorio en concreto.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, fue llevada a cabo el 2 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 9 a 12 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado en audiencia reitero los argumentos de la acción de libertad, y ampliando los mismos señaló lo siguiente: a) Su defendido se encontraba detenido preventivamente en el penal de San Pedro por otro proceso y que dicha detención fue sustentada, entre otros elementos, en un proceso del año 2015 cuyo estado no era conocido; b) Indicó que se presentó un memorial ante el juzgado correspondiente para acceder al expediente, el cual figura en el sistema como radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto; sin embargo, ni la Secretaria ni el Auxiliar del Juzgado pudieron confirmar su ubicación, generando incertidumbre y afectando el derecho a la defensa, más aún ante la inminencia de la vacación judicial; y, c) Argumento que existe falta de celeridad e información clara por parte del Juzgado y del Archivo Judicial, lo que consideró una vulneración al debido proceso. Afirmó que esta incertidumbre motivó la interposición de la acción de libertad por procesamiento indebido y solicitó que se disponga la entrega inmediata de las fotocopias del cuaderno de control jurisdiccional, ya sea por parte del archivo central o del juzgado,

I.2.2. Informe de la autoridad judicial y funcionarios demandados

Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que no tenía legitimación pasiva en relación con la acción de libertad interpuesta. Señaló que la responsabilidad sobre la gestión y custodia de expedientes, archivos y demás actuaciones administrativas recaía exclusivamente en la secretaría y el auxiliar del juzgado. Reyna Esther Choque Mendoza, Secretaria codemandada, en audiencia refirió que: 1) El accionante Gustavo Heylan Choque Toro, presentó un memorial el 24 de noviembre de 2022 solicitando la exhibición del cuaderno de control jurisdiccional del proceso seguido en su contra por el supuesto delito de estelionato, así como la entrega de fotocopias simples. Este memorial fue respondido mediante decreto de fecha 28 de noviembre de 2022, disponiéndose que se ponga a la vista el cuaderno si correspondía; 2) Según el sistema informático judicial, el proceso solo contaba con el reparto inicial del año 2015 con NUREJ 20150070A4E, y que el único actuado registrado era el mencionado memorial del accionante; 3) Pese a la búsqueda realizada, no se halló físicamente el cuaderno jurisdiccional, además que el accionante no aportó información adicional sobre audiencias o fechas que permitieran ubicar el expediente; 4) Aclaró que los funcionarios actuales del Juzgado ingresaron recientemente y no contaban con un inventario dejado por la gestión anterior; y, 5) El accionante no se encontraba privado de libertad por el proceso en cuestión, y tratándose de una causa del año 2015, era probable que hubiera sido remitida a un juzgado de sentencia o a un tribunal. Miguel Angel Choque, Encargado de Archivo Central, en audiencia informó: i) El Archivo Central únicamente resguarda expedientes de juzgados de instrucción cautelar hasta el año 2014; ii) Dado que el proceso referido por el accionante data de 2015, aseguró que dicho cuaderno no se encuentra bajo su custodia; iii) Aclaró que en ningún momento se afirmó que el expediente estuviera en el archivo, sino que simplemente no corresponde a esa Unidad; y, iv) La parte accionante no solicitó formalmente una certificación conforme al procedimiento establecido, y sugirió que presenten un memorial para obtener dicha certificación y confirmar oficialmente que el cuaderno no está en el archivo.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 29/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 13 a 16, denegó la tutela solicitada, con los siguientes argumentos: a) La acción de libertad se funda en la vulneración del derecho al debido proceso, esta sólo es procedente si se cumplen dos requisitos acumulativos: a.1) El acto denunciado como lesivo (ya sea una acción u omisión) esté directamente vinculado con la restricción o supresión de la libertad personal; a.2) Exista una situación de absoluta indefensión, es decir, que el accionante no haya tenido la posibilidad de impugnar los actos lesivos dentro del proceso y que recién haya tomado conocimiento de los mismos al momento de su detención o afectación de su libertad; b) De los antecedentes, el Juez de garantías determinó que el accionante interpuso la acción de libertad con el argumento de que los funcionarios judiciales ahora demandados del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del referido departamento no habrían remitido el cuaderno de control jurisdiccional de un proceso iniciado en 2015, lo cual habría afectado su derecho de defensa en una causa distinta por la que fue detenido preventivamente; c) La detención preventiva del accionante fue dispuesta por el Juzgado Quinto de Instrucción Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante el Auto Interlocutorio 582/2022 de 5 de noviembre, lo que implica que no se trató de un acto atribuible a los servidores públicos demandados en esta acción tutelar; d) No se demostró que el proceso de 2015 estuviera efectivamente bajo conocimiento del juzgado accionado, ni que la supuesta omisión en la remisión del expediente fuera la causa directa de la privación de libertad; y, e) Se evidenció la existencia de un estado de indefensión absoluta, ya que el accionante tuvo la posibilidad de ejercer su defensa y de presentar peticiones ante las autoridades competentes. Por ello, el juez concluyó que no se acreditó la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la acción de libertad. En la vía de la complementación presentada por la parte accionante, señalando que, conforme a la normativa procesal, dicha figura tiene como finalidad subsanar omisiones o errores materiales evidentes, pero no puede utilizarse para modificar el fondo de la decisión judicial. En ese sentido, el Juez indicó que los fundamentos expuestos en la Resolución que negó la acción de Libertad fueron claramente expresados y debidamente sustentados, especialmente respecto a los requisitos constitucionales y legales para la activación de esta acción tutelar, en particular en lo referente a la alegada vulneración del debido proceso. Asimismo, precisó que no se identificó ninguna omisión ni olvido en la Resolución dictada que justifique una complementación en los términos solicitados por la parte accionante. Por tanto, al no haberse producido ningún defecto susceptible de corrección, el juez resolvió no ha lugar a la complementación solicitada.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 582/2022 de 5 de noviembre, de consideración de aplicación de medidas cautelares personales, pronunciada por el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, disponiéndose la detención preventiva de Gustavo Heylan Choque Toro (ahora accionante) en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz (fs. 2 a 4).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante interpuso acción de libertad luego de que, en el marco de un nuevo proceso penal en su contra por el delito de robo, se le impusiera detención preventiva tomando en cuenta como antecedente un proceso del año 2015, cuyo estado actual es incierto. Al intentar obtener información sobre dicho proceso (NUREJ 201500704A4E) en el Juzgado Primero de Instrucción Penal de El Alto, no recibió respuestas claras por parte de la Secretaría ni del Auxiliar de ese Juzgado, y pese a las gestiones realizadas por sus abogados ante el Archivo Central judicial, el expediente no fue entregado, situación agravada por el inicio de la vacación judicial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) La fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto; 3) El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; 4) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; 5) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, 6) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo.

Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, introdujo el principio ético-moral del ama qhilla restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 2El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 3El FJ III.2.1, indica: “De acuerdo al nuevo orden constitucional, el art. 8.I de la CPE, dentro de los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como de carácter ético-morales de la sociedad plural, el `ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)´; máximas milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa.

Los principios ético morales constitucionalizados: `ama qhilla, ama llulla y ama suwa´, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”.

-no seas flojo- a las construcciones jurisprudenciales referidas a la celeridad procesal, constituyéndose en una Sentencia moduladora, al establecer que las autoridades judiciales, en virtud al citado principio, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva sometidas a su conocimiento.

II.2. La fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto

El art. 196.I de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”; conforme a ello, una de las funciones que tiene mayor incidencia sobre los ciudadanos, es la tutela vinculada a la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales a través de la resolución de las acciones de defensa; por ende, este Tribunal está obligado a maximizar el acceso a la justicia constitucional, efectuando una interpretación favorable de las causales de procedencia de las diferentes acciones tutelares, a partir de las normas constitucionales previstas en los arts. 13 y 256 de la CPE, que exigen que, entre varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir aquella que resulte más favorable al derecho o garantía constitucional. Este criterio de interpretación está contenido en el art. 2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que reitera los criterios de interpretación que deben ser utilizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor jurisdiccional descritos en el art. 196.II de la CPE, referidos a la voluntad del constituyente, de acuerdo a sus actas y resoluciones -interpretación histórica- al tenor literal del texto de la Constitución Política del Estado -interpretación gramatical-; haciendo además referencia a otros criterios, como la aplicación de la interpretación sistemática de la Norma Suprema; y, de la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales -interpretación teleológica-. El art. 2.II.2 del CPCo reitera los criterios específicos de interpretación de los derechos humanos que están señalados expresamente en los arts. 13 y 256 de la CPE, conforme quedó indicado precedentemente; así, establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional podrá aplicar:

Los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, de acuerdo con los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el país, cuando éstos prevean normas más favorables. En caso de que esos tratados declaren derechos no contemplados en la Constitución Política del Estado se considerarán como parte del ordenamiento constitucional.

Por otra parte, el art. 3.5 del citado cuerpo legal, hace referencia a los principios procesales de la justicia constitucional, entre los que se encuentra el principio de no formalismo, por el cual “…sólo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso”; siendo los fines del proceso, en armonía con las funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional que fueron detalladas en el art. 196 de la CPE, antes referido, precautelar el respeto y vigencia de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales; consecuentemente, haciendo efectivos los principios constitucionales, procesales y la finalidad de la justicia constitucional, corresponde que este Tribunal propugne una protección efectiva de los derechos y garantías, exigiendo las mínimas formalidades para impartir una justicia constitucional pronta, efectiva y sin obstáculos, que respondan a las necesidades de la o el ciudadano. Lo anotado cobra mayor relevancia en las acciones de libertad, que dada su naturaleza jurídica, tienen entre sus características al informalismo, que supone la carencia de requisitos formales para su interposición y se manifiesta en la posibilidad de presentar esta acción de manera escrita u oral, sin requerir de la concurrencia de un abogado; la permisión de interponerla a nombre de otra persona, sin necesidad de mandato; la posibilidad de proteger hechos conexos no expresamente denunciados; y, de salvar los aspectos de derecho que fueron omitidos por la o el accionante, entre otros aspectos, conforme lo establece reiteradamente la propia jurisprudencia constitucional.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de los principios de favorabilidad y progresividad, pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, en las que se estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar, que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho.

Consiguientemente, a partir de las Sentencias anotadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional está obligado a elegir los precedentes que contengan el estándar jurisprudencial más alto en los diferentes temas que analice, vinculados a derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así, tratándose de acciones de libertad en las que se denuncie un supuesto procesamiento indebido, corresponde la aplicación del entendimiento más favorable para el acceso a la justicia constitucional desarrollado por este Tribunal.

II.3. El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través del Voto Aclaratorio de la SCP 0040/2018-S2 de 6 de marzo y Voto Disidente de la SCP 0204/2018-S2 de 22 de mayo, cuyos entendimientos fueron consolidados en las SSCCPP 0490/2019-S2 de 9 de julio y 0306/2020-S1 de 12 de agosto -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: A partir de lo señalado precedentemente, corresponde efectuar un examen de la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre el procesamiento indebido y su protección vía acción de libertad. Así, cabe mencionar como antecedente a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que estableció que la protección al debido proceso a través del entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción, es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad. Posteriormente, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, refirió que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien fue objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y solo agotados éstos, es posible acudir a la justicia constitucional a través del entonces recurso de amparo constitucional, al ser el medio idóneo para precautelar las lesiones al debido proceso, salvo que se constate que a consecuencia de dichas violaciones, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Los criterios señalados fueron sistematizados en la SC 0619/2005-R de 7 de junio indicando que para la tutela del debido proceso a través del entonces recurso de hábeas corpus, debían concurrir los siguientes requisitos: 1) Los actos u omisiones denunciados debían estar vinculados con la libertad y ser causa directa para su supresión o limitación; y, 2) Debía existir absoluto estado de indefensión, impidiéndoles impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso. Este entendimiento fue seguido por la jurisprudencia constitucional hasta su modulación por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, en la que, a 7El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. 8El FJ III.1, manifiesta: “Los razonamientos citados precedentemente, han permitido la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad siempre y cuando se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad; sin embargo, de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad.

A este efecto corresponde extraer las partes esenciales de los precitados preceptos legales; en consecuencia, se tiene que el art. 125 de la Constitución, establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad (…), podrá interponer Acción de Libertad (…) ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará (…) se restablezcan las formalidades legales…”(las negrillas son nuestras); lo cual implica expresamente que, la acción de libertad se podrá activar en los siguientes supuestos: 1) Cuando se encuentre en peligro la vida; 2) Cuando exista o se denuncie persecución ilegal; 3) Cuando exista o se denuncie procesamiento indebido; y, 4) Cuando exista amenaza o privación efectiva de la libertad; es decir que, en cualquiera de estos supuestos, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente con el derecho a la libertad o se desprendan de ella.

Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. Dicho razonamiento se refuerza con lo previsto en el art. 125 de la CPE, que determina que la acción debe ser presentada ante el juez o tribunal competente en materia penal, de donde se puede extraer que tanto la finalidad de dicha previsión como la intención del constituyente es que sean los jueces especializados en materia penal los que puedan analizar los supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de la acción de libertad -que en su mayoría emergen de procesos penales- entre ellos el procesamiento indebido, pues, conforme al principio de especialidad, no resultaría congruente que las lesiones al debido proceso sean conocidas y resueltas a través de una acción de amparo constitucional (…)

Como consecuencia, el debido proceso en materia penal, constituye ante todo una limitación al poder punitivo del Estado, siendo que en su esencia comprende el conjunto de garantías sustanciales y procesales establecidas por el legislador a efectos de asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles, siempre bajo la condicionante de proteger los derechos y garantías constitucionales de las personas; protección que abarca entre otros elementos, los principios medulares que integran su núcleo esencial: legalidad, juez natural o legal, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa (derecho a la asistencia de un abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las obtenidas con violación del debido proceso, y a impugnar la sentencia condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

De esta manera, se concluye que el debido proceso penal, es una garantía procesal establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran involucrados en una contienda judicial penal.

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE con relación al art. 46 del CPCo, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, estableció en el Fundamento Jurídico III.1, que:

…Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone (…) [resaltado añadido].

Asimismo, la misma Sentencia señaló que: “…las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”. Sin embargo, posteriormente la SCP 1609/2014 de 19 de agosto recondujo la línea al criterio restrictivo; es decir, a la exigencia de la directa causalidad entre el acto u omisión denunciados como lesivos y la libertad; y, la existencia de absoluto estado de indefensión.

sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos.

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”. 9El FJ III.3, expresa: “Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares.

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre”.

Ahora bien, efectuando un examen de la línea jurisprudencial en cuanto al procesamiento indebido en las acciones de libertad, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0217/2014, por cuanto no limita la protección de la garantía del debido proceso vía acción de libertad a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino -como se tiene señalado- establece que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aun no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, siempre que se hubieren agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los cuales no se exige el agotamiento previo de las vías de impugnación existentes. De conformidad a lo anotado, se entiende que las subreglas aplicables en materia de procesamiento indebido vía acción de libertad, deberían ser las siguientes: La garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, cuando: i) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, ii) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, 10La SCP 0160/2005-R de 23 de febrero, que es fundadora de la línea jurisprudencial referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el FJ. III.1.2, que: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.

El entendimiento interpretativo aludido guarda compatibilidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, lo que exigen tales instrumentos, es que los países partes, provean en sus ordenamientos, un medio de defensa efectivo; esto es pronto y eficaz, contra actos que lesionen los der echos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad. Conforme a esto, el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama que `Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley´. En lo regional, el art. 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, con más especificidad, proclama que 'Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona'.

Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus.

Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus”.

supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.

III.4. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, asumió el siguiente entendimiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

11El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 12El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 13El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es 14El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 15El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).

III.5. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente razonamiento.

La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.

En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante;

estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.

III.6. Análisis del caso concreto

El accionante interpuso acción de libertad luego de que, en el marco de un nuevo proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito de robo, se le impusiera detención preventiva tomando en cuenta como antecedente un proceso del año 2015, cuyo estado actual es incierto. Al intentar obtener información sobre dicho proceso (NUREJ 201500704A4E) en el Juzgado Primero de Instrucción Penal de El Alto, no recibió respuestas claras por parte de la Secretaría Abogada ni del Auxiliar de ese Juzgado, y pese a las gestiones realizadas por sus abogados ante el garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.

Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

Archivo Central judicial, el expediente no fue entregado, situación agravada por el inicio de la vacación judicial. De las Conclusiones expuesta en el presente fallo constitucional se tiene el Auto Interlocutorio 582/2022 de 5 de noviembre, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto, por considerar la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.2 y 6; y 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), disponiendo la detención preventiva de Gustavo Heylan Choque Toro en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz por un periodo de seis meses (Conclusión II.1). Ahora bien, de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se advierte que el accionante no acompañó prueba objetiva alguna que respalde los extremos denunciados en su solicitud de tutela; sin embargo, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que, ante la inexistencia de elementos objetivos que refuten los hechos relatados por el accionante, estos deben ser considerados como ciertos en tanto guarden razonabilidad, coherencia interna y no se opongan a los elementos de convicción existentes en el expediente. No obstante, dicha presunción no opera de manera automática, sino que requiere un análisis a partir de los elementos disponibles durante la tramitación de la acción. En tal sentido, y en el marco del principio de inmediación que rige el trámite de las acciones de defensa, los razonamientos que sustentan el presente fallo constitucional, se construyen sobre la base de los argumentos vertidos durante la audiencia informativa, oportunidad en la cual el juez o tribunal de garantías, en contacto directo con las partes y dentro del marco procesal de inmediación, pudo evaluar de forma directa la veracidad, consistencia y coherencia de las alegaciones del accionante y de las posiciones asumidas por la parte demandada. Esta valoración oral y directa en audiencia se erige como elemento determinante para la formación del convencimiento judicial, particularmente ante la ausencia de prueba documental concluyente en el expediente. Sobre la Secretaria y la Auxiliar demandadas De los antecedentes expuestos en audiencia -no controvertidos por las partes- se tiene acreditado que el accionante presentó memorial el día jueves 24 de noviembre de 2022 ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto, solicitando se ponga a la vista el cuaderno procesal correspondiente a una causa penal seguida en su contra. Dicha petición fue atendida formalmente recién el lunes 28 del mismo mes y año, emitiéndose una providencia que ordenó la remisión del expediente requerido. Sin embargo, pese a haberse dispuesto dicha medida, la misma no fue cumplida materialmente por el despacho judicial. Según la Secretaria codemandada, ello se debió a la imposibilidad de ubicar el expediente en los archivos del Juzgado, argumentando también una supuesta falta de datos por parte del accionante para facilitar dicha búsqueda. Sin embargo, esta justificación resulta inaceptable desde el punto de vista jurídico, ya que el marco normativo que regula las funciones del personal judicial establece de forma clara que es responsabilidad de la Secretaria, junto al resto del personal auxiliar, la custodia, organización y localización eficiente de los expedientes. Así lo dispone el art. 94.1 y 8 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), que impone la obligación de custodiar, conjuntamente y bajo responsabilidad, los expedientes y archivos de la oficina judicial; esta previsión se refuerza con lo dispuesto en el art. 3 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2018-, que exige mantener un inventario actualizado de los procesos. Asimismo, el art. 101 de la LOJ exige a los auxiliares del juzgado colaborar en estas tareas. En consecuencia, resulta inadmisible trasladar al accionante la carga de identificar documentos que son parte de la organización interna del juzgado, máxime si la supuesta falta de inventario por parte del secretario anterior no fue regularizada al momento del traspaso de funciones, lo que constituye otra vulneración a la normativa administrativa. En ese marco, a la fecha de celebración de la audiencia de acción de libertad -2 de diciembre de 2022-, había transcurrido una semana desde la solicitud inicial, sin que el expediente haya sido ubicado ni la petición materialmente satisfecha. Ello configura una inobservancia al principio de celeridad que rige todo proceso penal y que, conforme a la doctrina constitucional reiterada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, debe entenderse como una dimensión concreta del derecho al debido proceso. En ese marco, el precedente constitucional contenido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional cobra especial relevancia, pues establece que la acción de libertad es procedente incluso en ausencia de una afectación directa al derecho a la libertad física, siempre que exista una amenaza indirecta derivada de irregularidades dentro del proceso penal que puedan conducir eventualmente a una restricción ilegítima de la libertad. En ese entendido, el retardo injustificado en poner a la vista un expediente en el que el accionante es parte procesada, dentro de un proceso penal, puede generar indefensión y obstaculizar el ejercicio del derecho a la defensa. Esto, a su vez, puede derivar en situaciones de vulneración futura de la libertad, como la imposición de medidas cautelares sin una debida contradicción oportuna. Por lo tanto, bajo la lógica de la acción de libertad traslativa -que admite la protección de garantías procesales que si bien no suponen una detención ilegal actual, sí constituyen amenazas ciertas-, se habilita la tutela constitucional con el fin de restablecer el derecho fundamental vulnerado, en este caso, el derecho al debido proceso penal en su vertiente de celeridad, defensa y acceso efectivo a los antecedentes del proceso. Así, conforme al bloque de constitucionalidad, se concluye que la acción de libertad planteada es procedente, dado que el incumplimiento de una orden judicial, la desorganización interna del juzgado y la falta de respuesta material a una solicitud procesal lícita, constituyen una forma de inobservancia de los principios y garantías fundamentales que rigen la función jurisdiccional. Así también, cabe hacer referencia a que, si bien la Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto indicó en su informe que no existe certeza de que el expediente solicitado por el accionante se encuentre asignado a su despacho, conforme a la impresión del sistema que cursa a fs. 8 del expediente constitucional, correspondía que dicho extremo sea puesto de manera inmediata en conocimiento de su autoridad jurisdiccional a fin de que esta pueda disponer las medidas necesarias para esclarecer la situación y evitar mayor afectación a los derechos del solicitante. No hacerlo, y mantener al accionante en una situación de incertidumbre durante más de una semana sin una respuesta clara y concreta sobre el estado de su petición, configura una vulneración al principio de celeridad procesal, reconocido como uno de los pilares del debido proceso. Además, el otorgar una respuesta oportuna y precisa por parte de los funcionarios judiciales no solo garantiza el ejercicio efectivo del derecho de petición, sino que también permite a la parte interesada adoptar oportunamente las acciones que considere pertinentes en resguardo de sus intereses, especialmente si se considera que la solicitud fue realizada en una etapa próxima al inicio del período de vacación judicial de fin de año, contexto que demanda una mayor diligencia institucional. En relación al Juez de Instrucción Penal y al Encargado de Archivo Central

En cuanto al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto, corresponde destacar que uno de los elementos esenciales para que proceda la acción de libertad es la identificación clara y precisa de la autoridad que, con su accionar u omisión, haya incurrido en una restricción, amenaza o afectación ilegítima del derecho a la libertad o a las garantías procesales vinculadas a esta. En ese marco, conforme a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, la legitimación pasiva recae únicamente en aquellas autoridades que tienen competencia directa y actual sobre el acto lesivo denunciado -SCP 1335/2022-S1 de 15 de noviembre, entre otras-.

En el presente caso, se evidencia que el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto, una vez recibido el memorial presentado por el ahora accionante solicitando que se ponga a la vista el cuaderno procesal correspondiente, actuó conforme a sus competencias legales, disponiendo mediante providencia -en un plazo razonable- que se remita el expediente requerido. Esta actuación da cuenta del cumplimiento de su deber funcional, por lo que no se advierte una conducta omisiva, arbitraria o dilatoria que pudiera considerarse una restricción al derecho del accionante. A ello se suma que el propio accionante no identificó con claridad en qué medida el Juez hubiera limitado o negado el acceso al expediente, circunstancia que resulta indispensable para atribuir responsabilidad constitucional en el marco de una acción de libertad. En consecuencia, al haber agotado adecuadamente sus funciones sin incurrir en vulneración de derechos fundamentales, esta autoridad judicial carece de legitimación pasiva dentro de la presente acción.

Respecto al Encargado del Archivo Central, de la información recabada en audiencia se estableció que esta dependencia solamente tiene bajo su responsabilidad la custodia de expedientes hasta la gestión 2014, mientras que el expediente que se pretende revisar corresponde al año 2015. Este dato resulta determinante, ya que permite descartar la existencia de una relación funcional entre el Encargado del Archivo Central y el objeto del reclamo del accionante. No existe prueba alguna que acredite que dicho servidor judicial tuviera bajo su custodia el cuaderno procesal buscado o que, habiéndolo tenido, hubiera negado de manera arbitraria su acceso.

Por el contrario, la responsabilidad sobre la ubicación y puesta a disposición del cuaderno procesal recae -conforme a lo indicado en la audiencia y conforme al marco legal previsto en los arts. 94.1.8 y 101 de la Ley de Organización Judicial, así como el art. 3 de la Ley 1173- en la Secretaria y Auxiliar del Juzgado donde se radica el expediente. De hecho, fue la propia Secretaria codemandada quien manifestó que el cuaderno en cuestión se encuentra en el mismo juzgado donde actualmente presta funciones, lo que desvincula completamente al Encargado del Archivo Central de los hechos denunciados.

En consecuencia, al no verificarse en ninguno de los dos casos analizados una participación directa, material o jurídica en el acto u omisión que motivó la interposición de la presente acción de libertad, debe reconocerse la inexistencia de legitimación pasiva tanto del Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto como del Encargado del Archivo Central, al no existir nexo funcional ni fáctico entre su conducta y la supuesta vulneración de derechos invocados, siendo improcedente dirigir la presente acción contra dichas autoridades. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 29/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 13 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en relación a los funcionarios de apoyo jurisdiccional demandados, por haber incurrido en dilación en brindar una respuesta oportuna. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz y al Encargado de Archivo Central del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por falta de legitimación pasiva. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan

4 La línea jurisprudencial sobre el principio de informalismo que rige a la acción de libertad, desarrollada en diferentes tópicos, puede ser encontrada en la sistematización de la jurisprudencial 2012-2015, efectuada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; disponible en: https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/fichaResultado/3954.

5 El último Considerando, señala: “Que la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal”. 6El FJ III.2, indica: “De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”.

16 El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0529_2025-S1.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 671588202e3507816169f086b879471dfdc7c0d11c0c29e869054841811fe139

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