B.IA.LEGAL

SCP 0529/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 6 de septiembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
6 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
49380-2022-99-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad, libertad personal y de circulación; toda vez que, habiéndose sometido a procedimiento abreviado: a) El Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, a través Sentencia de 27 de julio de 2022, dispuso aceptar el mismo, condenándolo a tres años de reclusión; sin embargo, sin ningún tipo de fundamento legal le negó la aplicación de sanciones alternativas, bajo el argumento que el fallo no adquirió ejecutoria en razón de que la apelación que formuló la víctima en contra del requerimiento conclusivo; y, b) Tampoco valoró la documentación que presentó para enervar los riesgos procesales de fuga para acreditar un arraigo natural, no existiendo resolución que establezca su detención preventiva. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 08 de 29 de julio de 2022, cursante de fs. 82 a 86, emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, por vulneración del derecho a la libertad, conforme a lo señalado en la sub problemática III.2.2 y demás fundamentos señalados en el presente fallo constitucional;

a) Se dispone dejar sin efecto el mandamiento de condena de 27 de julio de 2022; y en su caso, la autoridad demandada, en el plazo de cuarenta y 6 ...la Convención Belém Do Para de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, establece como obligación de los Estados partes a asumir políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación.

Conforme a la jurisprudencia desarrollada precedentemente, al referirse a los Estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada .por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se convierte como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y queda violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la aplicación de medidas necesarias que tiendan a la protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; asimismo, en cuanto al derecho de acceso a la justicia de las mujeres señaló que también los Estados partes, deben asegurar que las mujeres víctimas, tengan un verdadero acceso a la justicia, al advertir que existen impedimentos y restricciones que les impiden efectivizar este derecho de acceso a la justicia, debiendo asegurar la efectivización de este derecho en el marco de la igualdad; ya que los obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, muchas veces es atribuible como a factores relacionados a estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; impedimentos que se tornan en violaciones persistentes a los derechos humanos de la mujer.

ocho horas de conocer la presente resolución, se pronuncie respecto a la solicitud de aplicación de medidas cautelares requeridas por el Ministerio Público, si es que hasta la fecha no se hubiera cumplido conforme dispuso el Tribunal de garantías. 2° DENEGAR la tutela impetrada conforme a lo desarrollado en la sub problemática III.2.1 y demás fundamentos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0529/2024-S1 Sucre, 6 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 49380-2022-99-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08 de 29 de julio de 2022, cursante de fs. 82 a 86, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilson Celzo Ramos Huanca en representación sin mandato de Carlos Porfidio Valenzuela Paco contra Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de julio de 2022, cursante de fs. 15 a 19, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

COMO ANTECEDENTE SEÑALA: Habiendo sido aprehendido por el delito de violencia familiar o doméstica; en audiencia de medidas cautelares, la representación del Ministerio Público, después de ratificar y fundamentar el requerimiento de imputación formal emitido en su contra; al finalizar, ante la solitud de someterse a procedimiento abreviado, modificó su requerimiento y pidió al Juez cautelar que su persona -imputado- sea condenado a tres años de presidio, y en su caso se le aplique sanciones alternativas conforme prevé el art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-. OBJETO DE LA ACCIÓN TUTELAR: a) El Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, a través Sentencia de 27 de julio de 2022, dispuso aceptar el procedimiento abreviado, condenándolo a tres años de reclusión, empero, sin ningún tipo de fundamento legal negó la aplicación de sanciones alternativas, bajo el argumento que el fallo no adquirió ejecutoria en razón de la apelación que formuló la víctima en contra del requerimiento conclusivo; y, b) Tampoco valoró la documentación que presentó para enervar los riesgos procesales de fuga para acreditar un arraigo natural, no existiendo resolución que establezca su detención preventiva.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela alega la vulneración de sus derechos a la dignidad, libertad personal y de circulación, citando al efecto los arts. 21.7; 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo su libertad inmediata, y en su caso la autoridad demandada complemente su sentencia, aplicando en su favor las sanciones alternativas conforme prevé el art. 76 de la Ley 348.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 29 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 79 a 81 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado defensor, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito de 29 de julio de 2022, cursante a fs. 41, señaló que se aceptó la solicitud de procedimiento abreviado requerido por el Ministerio Público, razón por la cual se condenó al imputado a una pena de reclusión de tres años; sin embargo, siendo que la víctima del hecho apeló aquella determinación en la vía restringida, no resultaba aplicable las sanciones alternativas, al no estar ejecutoriada la sentencia. Acción que se asumió en protección de los derechos de la víctima.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 08 de 29 de julio de 2022, cursante de fs. 82 a 86, constituida en Tribunal de garantías, concedió la tutela impetrada bajo los siguientes fundamentos: 1) La autoridad judicial dictó una sentencia de tres años por el delito de Violencia Familiar o Doméstica; a lo que el imputado solicitó sanciones alternativas según el art. 76 de la Ley 348, cumpliendo con los requisitos, pero dicha autoridad no resolvió conforme a la Ley; 2) La autoridad judicial argumentó que la sentencia no estaba ejecutoriada, lo que vulnera el art. 430 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 3) Se emitió un mandamiento de condena sin que la sentencia estuviera ejecutoriada; 4) Se reconoce un posible error procedimental al no pronunciarse sobre las sanciones alternativas, vulnerando el derecho a la fundamentación y motivación; sin embargo, se indica que la parte afectada debió impugnar la resolución a través de los recursos establecidos en el art. 404 y siguientes del Código de Procedimiento Penal; 5) En cuanto a este primer punto, se establece que la parte accionante no agotó los recursos de impugnación antes de recurrir a la acción de libertad, desnaturalizando así la acción de defensa; 6) El Tribunal de garantía no puede sustituir a los tribunales de segunda instancia, por lo que la acción planteada no tiene fundamento legal; 7) En cuanto al segundo punto, el Ministerio Público presentó imputación formal y aprehendió al imputado conforme al art. 226 del CPP; donde a posterior se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares, donde la representación fiscal solicitó tanto medidas cautelares como la aplicación del procedimiento abreviado. En razón de ello, la autoridad judicial dictó una sentencia sin resolver las medidas cautelares solicitadas y emitió un mandamiento de condena sin tener una sentencia ejecutoriada; 8) El imputado argumentó que su detención es ilegal debido a la falta de resolución sobre su situación jurídica; y, 9) La autoridad judicial debió aplicar alguna medida cautelar en el plazo establecido, como la detención preventiva u otra medida cautelar, según el art. 231 bis del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por requerimiento de imputación formal de 26 de julio de 2022, el Fiscal de Materia asignado al caso, solicitó al Juzgado mixto de turno de San Julián del departamento de Santa Cruz, señale audiencia de aplicación de medidas cautelares por el delito de violencia familiar o doméstica, y disponga la detención preventiva del imputado Carlos Porfidio Valenzuela Paco -ahora accionante- a efectos de garantizar su presencia durante la investigación (fs. 42 a 45). II.2. Consta que en audiencia de procedimiento abreviado de 27 de julio de 2022, el ahora peticionante de tutela, voluntariamente solicitó al Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-: i) Someterse al procedimiento abreviado por el delito de violencia familiar o doméstica; ii) Se enerve el riesgo procesal de fuga; y, iii) Disponga en su favor la aplicación de sanciones alternativas (fs. 68 a 73).

II.3. En atención a solicitud de procedimiento abreviado por parte de la representación fiscal en contra de Carlos Porfidio Valenzuela Paco -ahora impetrante de tutela-, por el delito de violencia familiar o domestica; el Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, a través de Sentencia el 27 de julio de 2022, dispuso condenar al referido a tres años de reclusión bajo los siguientes argumentos:

“CONSIDERANDO III Que el ministerio público aporto con las siguientes pruebas; 1. Formulario de denuncia de fecha 25 de julio de 2022.- 2. Informe preliminar de fecha 25 de julio de 2022. 3. Acta de arresto policial del imputado Carlos Valenzuela paco. 4. Muestrario fotográfico de la víctima. 5. Entrevista psicológica de la víctima certificado médico de fecha 26 de julio de 2022, informe social de fecha 25 de julio de 2022, formulario de declaración informativa en calidad de sindicado de fecha 25 de julio de 2022. 6. Acuerdo de procedimiento abreviado. CONSIDERANDO IV. Que haciéndole el interrogatorio en audiencia pública al hoy imputado, reconoce el hecho que cometió, también renuncia al juicio oral público y contradictorio, así mismo se declaró culpable por el delito ya investigado es decir de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, aceptando mediante acuerdo con el ministerio público y ratificado en audiencia oral y pública la pena de tres años de reclusión en el centro de rehabilitación santa cruz Palmasola, y que su declaración ha sido libre y espontánea, por lo que el suscrito juez ve de que no hay otros hechos que investigar y no se puede agravar la situación del imputado es que se va a dictar la siguiente resolución.

POR TANTO

V. El Suscrito Juez del Juzgado Publico Civil y Comercial de Familia è Instrucción Penal 1º de San Julián, en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia y en virtud de la jurisdicción y competencia que por ella ejerce, DICTA en procedimiento abreviado: SENTENCIA CONDENATORIA contra CARLOS VALENZUELA PACO, de generales descritas precedentemente por ser autor material del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA incurso en la sanción del Art. Art. 272 bis del Código Penal, condenándolo a sufrir la pena de (TRES) años de reclusión en la Cárcel Pública de Palmasola, más el pago de daños y perjuicios calificables en ejecución de sentencia, la misma que en mérito a lo previsto en el art. 365 del Código de Procedimiento Penal finalizará el 27 de Julio del año 2025. La presente sentencia tendrá la calidad de COSA JUZGADA, siempre que no sea apelada, debiendo remitirse una copia al Juez de Ejecución penal y al Registro de Antecedentes Penales (REJAP) a los efectos de Ley, conforme lo determinan los arts. 430 y 440 del Código de Procedimiento Penal. Esta sentencia tiene su asidero legal en los artículos 54 inc. 3). 365, 373, 374, 360, 362, y 265 del Código de <Procedimiento Penal quedando oralmente notificadas las partes presentes y las ausentes deberán ser notificadas en sus domicilios señalados con la presente resolución, debiendo por secretarla entregarse una copla debidamente autentificada, de conformidad al art. 408 del CPP., las partes tienen el termino para hacer uso de su recurso de apelación de 15 días, comuníquese al juez de ejecución penal, ha concluido la presente audiencia. ABOGADO DE LA DEFENSA: La palabra señor Juez, solicitamos las sanciones alternativas. JUEZ: antes de continuar con las sanciones alternativas vamos a preguntar si las partes aceptan que se ejecutorié la presente sentencia, ¿ministerio publico renuncia al recurso de apelación? MINISTERIO PÚBLICO: Gracias señor juez el ministerio publico renuncia al recurso de apelación. DEFENSORÍA: Señor juez la defensoría de la mujer se abstiene. DEFENSA DEL IMPUTADO: Señor juez renunciamos al recurso de apelación ABOGADO DE LA DENUNCIANTE: Señor juez no vamos a renunciar al recurso de apelación vamos a plantear el recurso de apelación restringida dentro del término de ley. JUEZ: escuchado la solicitud de sanciones alternativas, Toda vez que toda sentencia debe estar ejecutoriada o no para la procedencia o no del beneficio que corresponde al haber en audiencia la oposición en cuanto a la ejecutoria no en cuento al procedimiento, simplemente el suscrito juzgador debemos respetar el derecho de apelar se le concede el tiempo que la ley prevé para plantear su apelación por lo que no procede su solicitud mientras no se ejecutorié la presente sentencia, ha concluido el presente acto procesal (sic [fs. 68 a 75]). II.4. Cursa Mandamiento de Condena de 27 de julio de 2022; por el que, el Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, manda y ordena al Gobernador de Centro Penitenciario Palmasola de precitado departamento, proceda a la recepción del condenado Carlos Porfidio Valenzuela Paco -ahora accionante-, por el delito de violencia familiar o doméstica (fs. 76).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad, libertad personal y de circulación; toda vez que, habiéndose sometido a procedimiento abreviado: a) El Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, a través Sentencia de 27 de julio de 2022, dispuso aceptar el mismo, condenándolo a tres años de reclusión; sin embargo, sin ningún tipo de fundamento legal le negó la aplicación de sanciones alternativas, bajo el argumento que el fallo no adquirió ejecutoria en razón de que la apelación que formuló la víctima en contra del requerimiento conclusivo; y, b) Tampoco valoró la documentación que presentó para enervar los riesgos procesales de fuga para acreditar un arraigo natural, no existiendo resolución que establezca su detención preventiva. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0440/2021-S1 de 16 de septiembre; 0517/2022-S1 de 5 de julio; 0155/2023-S1 de 29 de marzo; -entre otras-que formularon el siguiente razonamiento: El principio de subsidiariedad excepcional, que exige el agotamiento de recursos ordinarios establecidos por ley previamente antes de acudir a la vía constitucional, no forma parte de la naturaleza de la acción de libertad, pues por su ámbito de protección de los derechos a la libertad personal y de locomoción y a la vida, justamente su trámite tiene carácter sumarísimo, inmediato e informal.

En este sentido, de acuerdo al entendimiento efectuado en la SC 982/2000-R, el entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- no requería que la persona previamente acuda a la jurisdicción ordinaria para agotar los recursos ordinarios a fin de reparar la lesión de su derecho a la libertad, pues la vía constitucional estaba expedita para ello; sin embargo, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 160/2005-R de 23 de febrero, moduló este entendimiento y estableció excepciones en las que era permisible declarar la improcedencia del citado recurso al existir otros medios o recursos inmediatos, expeditos e idóneos, lo cual empero implica que la aplicación del principio de subsidiariedad tiene carácter excepcional; toda vez que, “si el ordenamiento jurídico no prevé un medio de defensa que tenga las características de idoneidad, especificidad e inmediatez, es posible, a través del habeas corpus, analizar las supuestas lesiones al derecho a la libertad”. En este marco, la SCP 0026/2010-R de 13 de abril, respecto a la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, en su ratio decidendi señaló que:

“…de conformidad a lo previsto por el art. 54 inc.1) del CPP le compete controlar la investigación; por ende, es al mencionado Juez a quién le corresponde analizar los argumentos fácticos y jurídicos, como también valorar la prueba aportada por las partes, a objeto de determinar conforme a derecho la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, y precisamente dicha autoridad jurisdiccional -a momento del análisis de la acción tutelar- ya ha fijado fecha y hora para la consideración de las supuestas ilegalidades en la aprehensión del imputado hoy accionante; y toda vez que está bajo control jurisdiccional, será esa la autoridad que determine su libertad, si es que corresponde; motivo por el cual no es posible conceder la tutela solicitada, por cuanto la presente acción, no es la vía idónea para revisar y valorar las actuaciones de dichos funcionarios, mucho menos para ordenar la libertad del recurrente”. Ahora bien, con la finalidad de delimitar los casos excepcionales en los cuales no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada a través de la acción de libertad, en el marco de la aplicación de los valores de equilibrio y complementariedad de las jurisdicciones ordinaria y constitucional, es que en la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se estableció los siguientes supuestos de subsidiariedad:

“Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación (el subrayado fue añadido). Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. Sin embargo, la citada Sentencia Constitucional, en el caso de que se denuncie la vulneración del derecho a la vida por medio de la acción de libertad ha establecido que no opera la improcedencia por subsidiariedad.

Igualmente, sobre la activación simultánea de jurisdicciones distintas en la acción de libertad, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, estableció que:

“…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”. Por su parte, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, efectuó el cambio de línea jurisprudencial que fue establecida en la primera parte del primer presupuesto de la SC 0080/2010-R, en virtud al ámbito de protección de la acción de libertad; toda vez que, si el Juez cautelar no tiene conocimiento del inicio de investigación o si en un caso ajeno que no implique un delito, las personas, los servidores públicos y por ende las fuerzas del orden público como la autoridad fiscal tienen la obligación de dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado y respetar el derecho a la libertad, en ese entendido se instituyó que:

“…en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad”. De acuerdo a lo señalado la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, ha mantenido el razonamiento efectuado en la segunda parte del primer presupuesto de SC 0080/2010-R, al señalar que:

“…cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación”. De otro lado, la SCP 0360/2012 de 22 de junio, en cuanto a la competencia para conocer una denuncia de vulneración del derecho a la libertad señaló como excepción a lo establecido ya por la jurisprudencia lo siguiente:

“Cuando no existe al menos una denuncia o investigación penal abierta contra la persona, o que al momento de su aprehensión ni siquiera se le sorprendió en la comisión de un delito flagrante, situación que posibilita ingresar directamente al análisis de fondo de la causa a través de la acción de libertad, sin necesidad de acudir ante el Juez cautelar, al no existir los medios inmediatos y eficaces previstos por ley para que opere el carácter excepcional de subsidiariedad de la acción de libertad”. Así también, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0482/2013 de 12 de abril, vio la necesidad de realizar una aclaración en relación al Juez de Instrucción de turno como instancia previa antes de activar la acción de libertad y unificar la interpretación que desarrollaron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0185/2012 y 0360/2012, para así efectuar una integración marco de la línea jurisprudencial con la finalidad de que las personas puedan acceder de manera efectiva a la jurisdicción constitucional y asimismo facilitar el trabajo de los operadores de justicia y otorgar seguridad y certeza respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad en la acción de libertad. En este entendido, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional unificando la jurisprudencia señalada precedentemente, estableció de manera excepcional los siguientes escenarios que imposibilitan ingresar al fondo de la mencionada acción de defensa:

“1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar. Asimismo, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, realizó la modulación de la SCP 0185/2012 y el primer presupuesto establecido en la SCP 0482/2013, sobre la posibilidad de la presentación de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, bajo los siguientes presupuestos:

“i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación: ii.a) No se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; o cuando ii.b) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. No siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”. Sin embargo, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, también explicó que el razonamiento señalado precedentemente no implica un desconocimiento a la previsión contenida en el art. 303 del CPP, el cual establece que si el fiscal no formaliza la imputación formal de la persona que se encuentra detenida dentro del plazo de veinticuatro horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión; “el juez de la instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido…”; la cual fue prevista para los supuestos en los que existe una autoridad jurisdiccional identificada, pues en este caso se comprende que el fiscal ya dio aviso al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones. De igual forma, aclaró que si la persona acude directamente al Juez de instrucción “la persona aprehendida ya no podrá acudir de manera paralela con su reclamo ante la justicia constitucional a través de la acción de libertad, sino sólo cuando dicha autoridad jurisdiccional de turno no hubiere reparado la supuesta lesión denunciada por el imputado”. Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1067/2021-S3 de 22 de abril; 0811/2021-S1 de 12 de abril; 0762/2021-S2 de 8 de noviembre; y, 0235/2020-S1 de 3 de agosto; 0560/2020-S1 de 5 de octubre, entre otras. De la sistematización jurisprudencial efectuada, se concluye que la acción de libertad no tiene carácter subsidiario por su naturaleza jurídica; empero, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, se establecieron excepciones que imposibilitan acudir directamente a la jurisdicción constitucional a través de la referida acción tutelar para resolver la vulneración denunciada y por ende la aplicación del principio de subsidiariedad excepcional, en tal sentido, de acuerdo a la modulación efectuada por la jurisprudencia, en lo concerniente a la jurisdicción competente para conocer la presunta lesión del derecho a la libertad, queda establecido que, cuando el Fiscal hubiera dado a conocer el inicio de la investigación al juez de turno o la imputación formal, queda plenamente identificado el Juez que ejerce el control jurisdiccional del proceso; en consecuencia, corresponde que la persona acuda previamente a dicha autoridad judicial para que resguarde ese derecho y en caso de que el mismo no lo restablezca recién se puede acudir a la instancia constitucional, de lo contrario si se acude directamente ante esta jurisdicción se aplica la subsidiariedad excepcional y no se ingresa al fondo del asunto reclamado.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El art. 8.II de la Constitución Política del Estado, se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad –arts. 178 y 180.I de la CPE-, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema. Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE de parte del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando las tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa. En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. En esa misma línea, la SCP 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:

“Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que 3 Art. 125 de la CPE “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertada personal, podrá interponer Acción de Libertada y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad.” 4 En su F.J.III.5,señalo: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar: (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”

los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales.” A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, esta misma SCP 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:

“Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente-concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril).”

En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional citada, reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:

“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad, libertad personal y de circulación; toda vez que, habiéndose sometido a procedimiento abreviado: i) El Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, a través Sentencia de 27 de julio de 2022, dispuso aceptar el mismo, condenándolo a tres años de reclusión; sin embargo, sin ningún tipo de fundamento legal le negó la aplicación de sanciones alternativas, bajo el argumento que el fallo no adquirió ejecutoria en razón de que la apelación que formuló la víctima en contra del requerimiento conclusivo; y, ii) Tampoco valoró la documentación que presentó para enervar los riesgos procesales de fuga para acreditar un arraigo natural, no existiendo resolución que establezca su detención preventiva.

De los antecedentes que se encuentran descritos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que: Por requerimiento de imputación formal de 26 de julio de 2022, el Fiscal de Materia asignado al caso, solicitó al Juzgado Mixto de turno de San Julián del departamento de Santa Cruz, señale audiencia de aplicación de medidas cautelares por el delito de violencia familiar o doméstica, y disponga la detención preventiva del ahora peticionante de tutela a efectos de garantizar su presencia durante la investigación; es así que, en audiencia de procedimiento abreviado de 27 de julio de 2022, el ahora impetrante de tutela, voluntariamente solicitó al Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de precitada localidad y departamento -ahora demandado-: a) Someterse al procedimiento abreviado por el delito de violencia familiar o doméstica; b) Se enerve el riesgo procesal de fuga; y, c) Disponga en su favor la aplicación de sanciones alternativas; a lo que en atención a dicha solicitud de procedimiento abreviado, la autoridad judicial demandada, el 27 de julio de 2022, emitió Sentencia condenatoria a tres años en contra el imputado -ahora accionante- por el delito de violencia familiar o doméstica; estableciendo en su parte final que no corresponde disponer sanciones alternativas, ya que dicho fallo no adquirió ejecutoría ante la apelación restringida que formuló la víctima. Asimismo, cursa mandamiento de condena de igual fecha; por el que, la citada autoridad judicial, instruyó al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, proceda a la recepción del ahora peticionante de tutela, por el delito de violencia familiar o doméstica (Conclusiones II.1, II.2, II.3 y II.4). Puntualizada la problemática y los antecedentes que cursan en la presente acción de defensa, corresponde examinar lo denunciado a efecto de establecer si existe o no lesión a fin de conceder o denegar la tutela; así se tiene que:

III.2.1. En cuanto a la primera problemática

El accionante denuncia que el Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, a través Sentencia de 27 de julio de 2022, dispuso aceptar el mismo, condenándolo a tres años de reclusión; sin embargo, sin ningún tipo de fundamento legal le negó la aplicación de sanciones alternativas, bajo el argumento que el fallo no adquirió ejecutoria en razón de la apelación que formuló la víctima en contra del requerimiento conclusivo. Por su parte, la autoridad demandada, en el Sentencia de 27 de julio de 2022 -ahora cuestionada-, en resumen se establece que determinó condenar al imputado -ahora peticionante de tutela-, a tres años de reclusión por el delito de violencia familiar o doméstica, estableciendo en su “Considerando II”, que el Ministerio Público presentó pruebas clave en el caso, incluyendo la denuncia, informes preliminares, acta de arresto del imputado Carlos Porfidio Valenzuela Paco -ahora impetrante de tutela-, un muestrario fotográfico de la víctima, entrevista psicológica, certificado médico, informe social, declaración informativa del imputado y un acuerdo de procedimiento abreviado. En su “Considerando IV”, señaló que durante la audiencia, el imputado reconoció su culpabilidad por el delito de violencia familiar o doméstica, renunció al juicio oral, y aceptó una pena de tres años de reclusión. Asimismo, en su parte final, ante la formulación del recurso de apelación restringida por parte de la víctima; dicha autoridad judicial rechazó la aplicación de las sanciones alternativas requeridas por el condenado -ahora accionante-, argumentando que la determinación final no adquirió ejecutoria. Previo al examen de lo denunciado, es preciso remitirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1, el cual señala que el principio de subsidiariedad excepcional, exige el agotamiento de los recursos ordinarios establecidos por ley previamente antes de acudir a la vía constitucional, no siendo posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada a través de la acción de libertad. Ahora bien, revisados estos elementos y que encuentran relación con el presente punto, se establece que en audiencia de procedimiento abreviado (Conclusión II.2), el ahora impetrante de tutela solicitó de manera voluntaria: 1) Someterse al procedimiento abreviado; y, 2) Se aplique sanciones alternativas en su favor; sin embargo, se evidencia que al momento de emitirse la Sentencia Condenatoria (Conclusión II.3), la autoridad ahora demandada solo consideró la tramitación del procedimiento abreviado, rechazando la aplicación de sanciones alternativas. Esto conlleva a comprender que, si bien no se atendió el pedido de aplicación de sanciones alternativas, el peticionante de tutela, independientemente de la aceptación del procedimiento abreviado -al cual se sometió de manera voluntaria-, estaba en facultad de apelar aquella determinación de rechazo, o en su caso formular incidente por actividad procesal defectuosa, al resultar los dos petitorios distintos; recayendo el pedido de la presente acción de libertad, dentro los presupuestos de subsidiariedad, ya que se corrobora que no se agotaron los medios de impugnación antes de activar el recurso constitucional de libertad -Fundamento Jurídico III.1-, máxime cuando la sentencia no adquirió ejecutoria ante la apelación restringida que formuló la víctima; situación por la cual, respecto al presente punto, corresponde denegar la tutela impetrada, resaltando que no se ingresó a compulsar elementos de fondo respecto de lo denunciado.

III.2.2. En cuanto a la segunda problemática

El impetrante de tutela denuncia que el Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, tampoco valoró la documentación que presentó para enervar los riesgos procesales de fuga para acreditar un arraigo natural, no existiendo resolución que establezca su detención preventiva.

Para efectos de resolver la presente problemática, es preciso tomar en cuenta lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2, el cual refirió que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. (el resaltado es ilustrativo). Ahora bien, remitiéndonos a los antecedentes que conforman la presente acción de defensa, se evidencia que la autoridad Fiscal emitió requerimiento de imputación formal eñ contra del ahora peticionante de tutela, por el delito de violencia familiar y doméstica, solicitando como petitorio se disponga la detención preventiva del referido a efectos de garantizar su presencia en la causa (Conclusión II. 1); sin embargo, en audiencia de procedimiento abreviado de 27 de julio de 2022, dicha autoridad del Ministerio Público; modificó su petitorio señalado que: “...inicialmente se habría solicitado la aplicación de medida cautelar de detención preventiva, por lo que vamos hacer señor Juez, modular de conformidad al art. 326 y. siguientes del CPP, núm. 1) del art. 326 del CPP..." (sic [fs. 69]); ,lo cual generó que la víctima del hecho a través de su abogado defensor exprese su negativa a la aplicación del procedimiento abreviado, refiriendo que el imputado, por los actos de violencia que cometió contra su defendida, su conducta se adecuaría al tipo penal de tentativa de feminicidio, correspondiendo su detención preventiva al estar latentes los riesgos de fuga y obstaculización. A su oportunidad, en el mismo acto judicial, el ahora accionante mediante su abogado defensor refirió que de no aceptarse el procedimiento abreviado, se valore la documentación que presentó para acreditar que su defendido cuenta con un trabajo y un domicilio establecido que demuestran contar con un arraigo natural, no correspondiendo su detención preventiva. Con base a todos estos argumentos, la autoridad judicial demandada, emitió Sentencia condenando al imputado -impetrante de tutela- a tres años de reclusión a cumplir en el Centro Penitenciario de Palmasola del departamento de Santa Cruz (Conclusiones II.3 y II.4). Finalmente, en el citado acto, ante la consulta de la autoridad judicial; el Ministerio Público y el imputado renunciaron al recurso de apelación, siendo éste último que requirió se le aplique sanciones alternativas. Por su parte la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) se abstuvo; y la víctima del hecho, al no estar de acuerdo con la sentencia, formuló recurso de apelación; desembocando dicha acción en que la autoridad judicial rechace la aplicación de sanciones alternativas, estableciendo que su fallo no adquirió ejecutoria; emitiendo a continuación mandamiento de condena para su ejecución.

Considerando todos estos elementos, se puede establecer que el Fiscal de Materia asignado al caso, si bien inicialmente solicitó al Juez ahora demandado someta al imputado a audiencia de medidas cautelares para definir su situación jurídica; y luego, en audiencia moduló su petitorio por la aplicación de procedimiento abreviado en contra del referido; la autoridad judicial, antes de considerar la segunda solicitud, primeramente tenía la obligación de resolver sobre la situación legal del imputado conforme dispone el segundo parágrafo del art. 226 del CPP; más aún, considerando que en la propia audiencia de "procedimiento abreviado", la víctima fundamentó su solicitud de detención preventiva con base a los riesgos procesales de fuga y obstaculización; mismos que a su oportunidad fueron refutados por el propio imputado -ahora accionante-, con la presentación de documentación para enervar los riesgos procesales y acreditar que con el domicilio y trabajo cuenta con un arraigo natural; sin embargo, la señalada autoridad judicial, apartándose de toda lógica, solo se pronunció respecto al procedimiento abreviado, obviando tomar en cuenta el objeto de la audiencia de medidas cautelares y la intervención de las partes, soslayándose el derecho a la libertad de la parte peticionante de tutela conforme señala el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en sentido que la autoridad judicial evitó resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Otro aspecto a considerar, es que, si bien la parte accionante no denunció nada respecto a la emisión del mandamiento de condena evacuada en su contra; sin embargo, considerando que el mismo se emitió aun cuando la sentencia no se encontraba debidamente ejecutoriada -art. art. 430 del CPP- ante la apelación formulada por la víctima; esta instancia constitucional considera aquello como un ex abrupto que merece ser reparado; correspondiendo que dicho actuado quede sin efecto, y en su caso la autoridad ahora demandada emita previo pronunciamiento respecto a la situación jurídica deljmputado con la aplicación de medidas cautelares. En razón de lo señalado, corresponde conceder la tutela impetrada. Finalmente, en el presente caso, es necesario aclarar que no se ingresó a efectuar juicios de valor sobre la inocencia o culpabilidad del ahora impetrante de tutela o en su caso analizar aspectos de fondo respecto de su situación legal, puesto que no es competencia de este Tribunal realizar dicha labor, debiendo ser la autoridad jurisdiccional del ramo la que realice la valoración de todos los actuados a partir de una perspectiva de género en razón del delito imputado, y poder emitir una decisión conforme a lo establecido en la Ley Sustantiva Penal y Ley 348; considerando que toda autoridad judicial o administrativa, al momento de tratar casos de violencia donde se involucra a mujeres, tienen la obligación de hacerlo con la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo desde un enfoque interseccional, el cual es un instrumento necesario y valioso para analizar la vulneración del derecho a la igualdad y que permite visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres, partiendo desde las desigualdades y necesidades considerando su estado de vulnerabilidad por diversas razones.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 08 de 29 de julio de 2022, cursante de fs. 82 a 86, emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, por vulneración del derecho a la libertad, conforme a lo señalado en la sub problemática III.2.2 y demás fundamentos señalados en el presente fallo constitucional;

a) Se dispone dejar sin efecto el mandamiento de condena de 27 de julio de 2022; y en su caso, la autoridad demandada, en el plazo de cuarenta y 6 ...la Convención Belém Do Para de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, establece como obligación de los Estados partes a asumir políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación.

Conforme a la jurisprudencia desarrollada precedentemente, al referirse a los Estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada .por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se convierte como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y queda violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la aplicación de medidas necesarias que tiendan a la protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; asimismo, en cuanto al derecho de acceso a la justicia de las mujeres señaló que también los Estados partes, deben asegurar que las mujeres víctimas, tengan un verdadero acceso a la justicia, al advertir que existen impedimentos y restricciones que les impiden efectivizar este derecho de acceso a la justicia, debiendo asegurar la efectivización de este derecho en el marco de la igualdad; ya que los obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, muchas veces es atribuible como a factores relacionados a estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; impedimentos que se tornan en violaciones persistentes a los derechos humanos de la mujer.

ocho horas de conocer la presente resolución, se pronuncie respecto a la solicitud de aplicación de medidas cautelares requeridas por el Ministerio Público, si es que hasta la fecha no se hubiera cumplido conforme dispuso el Tribunal de garantías. 2° DENEGAR la tutela impetrada conforme a lo desarrollado en la sub problemática III.2.1 y demás fundamentos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 Serrudo Santelices, Patricia. La tutela eficaz del derecho a la libertad personal en el marco del art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: Una visión a la acción de libertad en el Estado Plurinacional de Bolivia, páginas 21 a 22.

2 “…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

5 Artículo 226. (Aprehensión por la Fiscalía). El fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado, cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años y de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar ú obstaculizar la averiguación de la verdad, excepto en los delitos previstos y sancionados por los Artículos 132 bis, 185, 254, 271 primer párrafo y 331 del Código Penal. La persona aprehendida será puesta a disposición del juez, en el plazo de veinticuatro (24) horas, para que resuelva dentro del mismo plazo, sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o decrete su libertad por falta de indicios.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0529_2024-S1.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 204ebf7a34a675133e6670a2650ccff73b1511785ffa42c74934493f46d81fba

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