B.IA.LEGAL

SCP 0528/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 27 de abril de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58342-2023-117-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, y a la defensa, vinculado con el derecho de acceso a la justicia; toda vez que, las autoridades demandadas, al emitir la Resolución 265/2022, no resolvieron conforme a lo fundamentado en el recurso de apelación, relacionados a su condición de funcionaria administrativa de la policía, y con ello, la falta de formación policial, además de los motivos de nulidad procesal y la falta de valoración probatoria por el Tribunal de primera instancia, lo que incidió en una adecuada subsunción de su conducta a la norma legal atribuida como infringida, y la sanción impuesta, sin individualizar su conducta en particular, limitando su derecho a la defensa. Asimismo, omitieron pronunciarse sobre el vicio procesal relativo a la intervención del Fiscal Policial Luis Mendo Pita, debido a que el mismo no es abogado, conforme exige el art. 38.3 de la LRDPB, argumentando simplemente que no se citó la norma al respecto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 76/2023 de 12 de septiembre, cursante de fs. 749 a 756 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación a la debida fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso, disponiendo dejar sin efecto la Resolución 265/2022 de 27 de septiembre, a efecto de que Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, emita nueva resolución conforme a los fundamentos jurídicos contenidos en el presente fallo constitucional, a menos que, por la concesión dispuesta por la Sala Constitucional, ya se hubiese procedido de tal manera; y, 2° DENEGAR tutela impetrada, respecto a la congruencia, a la defensa, a la valoración de la prueba; y, sobre la cancelación de salarios por los meses de suspensión de la que fue objeto la accionante.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. La valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0528/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58342-2023-117-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 76/2023 de 12 de septiembre, cursante de fs. 749 a 756 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Magdalena Isnado Choque contra Lucio Enrique Rene Jiménez Vargas, Presidente; Miguel Ángel Pablo Hidalgo Chávez, Víctor Chura Patzi; y, Román Paco Rafael, Vocales, todos del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de agosto de 2023, cursante de fs. 505 a 511, la accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Hace veintinueve años ingresó a trabajar a la Policía Boliviana como personal administrativo; ya que, no fue formada por la Academia Nacional de Policías (ANAPOL), ni en la Escuela Básica de Policías (ESBAPOL), siendo designada mediante memorándum -no indicó cuál- para cumplir funciones administrativas en la Carceleta Provincial de Tupiza de Potosí. Entre el 21 y 22 de mayo de 2016, se encontraba cumpliendo funciones de registro en una oficina improvisada y multifuncional, ocasión en la que de alguna forma Lorgio Choque Vicente -privado de libertad- evadió el control policial por parte de Sergio Cesar Mollisaca Cachón -tercero interesado-, extremo constatado cuando no fue encontrado para ser trasladado al Tribunal de Sentencia de Tupiza del departamento de Potosí, por lo que fueron arrestados el tercero interesado y su persona, para luego ser procesados en la vía disciplinaria policial por la supuesta falta grave establecida en el art. 13.6 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-; celebrada la audiencia de juicio oral, público, continuo y contradictorio, el Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí -no indicó resolución-, resolvió sancionarla con retiro temporal de un año de la institución policial. Interpuesto recurso de apelación, mediante Resolución 265/2022 de 27 de septiembre, pronunciado por las autoridades ahora demandadas, el fallo impugnado fue confirmado, a pesar de haber demostrado que como personal administrativo cumplía labores de registro en el libro de novedades en la Carceleta Provincial de Tupiza, y que además, no fue designada para tareas de vigilancia interna y externa, tampoco efectuó rol de custodio policial del privado de libertad -Lorgio Choque Vicente-; sin embargo, la resolución cuestionada no subsumió ni individualizó su participación en la falta disciplinaria denunciada -art. 13.8 de la LRDPB-, careciendo de fundamentación y motivación. Por otra parte, la falta de seriedad en la investigación policial amerita la nulidad de lo obrado por defectos insubsanables, ya que, Luis Mendo Pita, Fiscal Policial, sin ser abogado -art. 38.3 de la LRDPB-, intervino en la investigación y presentó acusación fiscal policial, viciando de nulidad con su participación el proceso administrativo disciplinario; no obstante, los ahora demandados, pese a constatar ese extremo no emitieron pronunciamiento al respecto, simplemente se limitaron a realizar una trascripción de una sentencia, omitiendo analizar el hecho, la conducta y la tipicidad de la falta disciplinaria. Finalmente, alega ausencia de valoración de la prueba producida en juicio -sin especificar prueba testifical y/o documental-.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, congruencia y a la defensa, vinculado con el derecho de acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 119.II, 120.I. y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Dejar sin efecto la Resolución 265/2022, pronunciada por las autoridades demandadas, debiendo éstas, emitir nuevo fallo a efecto de declarar improbada la denuncia, revocando la sanción disciplinaria impuesta; y, b) Se ordene la cancelación de los meses que estuvo suspendida -desde mayo de 2023 a la fecha-.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 744 a 748 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, en audiencia de garantías amplió sus argumentos, señalando que: 1) La evasión del privado de libertad fue de exclusiva responsabilidad del tercero interesado; toda vez que, no fue designada como custodio policial ni cumplía funciones de seguridad interna en la Carceleta Provincial de Tupiza; por tal razón, la Resolución 265/2022, omitió subsumir el hecho con la falta disciplinaria denunciada, así como los agravios expuestos en el recurso de apelación deducido, careciendo de fundamentación y motivación dichos reclamos; y, 2) Las autoridades demandadas sostienen que la presente acción tutelar, no cumplió con el principio de subsidiariedad, en razón a que, debió interponerse enmienda, complementación o aclaración, contra la Resolución 265/2022 -ahora impugnada-, los cuales no son considerados recursos que modifique el fondo de un fallo. Ante las preguntas realizadas por los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, la parte accionante respondió que el recurso de apelación fue interpuesto dentro de plazo y en sujeción a los arts. 109, 115, 116, 222 y 410 de la CPE y 97.1, 2 y 3 de la LRDPB.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Víctor Chura Patzi, Vocal del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, por informe escrito presentado el 6 de septiembre de 2023, cursante de fs. 598 a 600, indicó que: i) El citado Tribunal Disciplinario está conformado por nuevos miembros -no indicó cuáles-, extremo que debe ser considerado a efecto de no vulnerar el derecho a la defensa; asimismo, la SCP 0871/2012 de 20 de agosto, estableció que la acción de amparo constitucional debe dirigirse contra el funcionario que ocasionó la lesión al derecho o garantía que se está desempeñando esa función, siendo así, la legitimación pasiva debe ser contra la autoridad que puede subsanar o enmendar el supuesto acto ilegal; y, ii) A fin de no provocar y generar estado de indefensión, además, por razones de tiempo para contar con poder notarial de representación y “gastos de pasajes”, solicitó la suspensión de la audiencia de garantías. Álvaro Marcelo Flores López, Presidente; y, Boris Benjamín Mendoza Méndez, Vocal, actuales miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, por informe escrito presentado el 11 de septiembre de 2023, cursante de fs. 664 a 668 vta., solicitaron se deniegue la tutela impetrada, indicando que: a) El Tribunal Disciplinario de Primera Instancia a través de la Resolución 009/2020 de 2 de diciembre, dispuso el retiro temporal de la accionante por un año con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, contra dicha decisión, la prenombrada formuló recurso de apelación; no obstante, la resolución administrativa apelada fue confirmada en grado de apelación, mediante la Resolución 265/2022, determinación que no mereció complementación y enmienda, incumpliendo con el principio de subsidiariedad; b) Como Tribunal de alzada su actuación es de puro derecho conforme al art. 98 de la LRDPB, no “revaloriza” las pruebas producidas en primera instancia, únicamente emite pronunciamiento respecto a pruebas de reciente obtención; es así que, la Resolución 265/2022 ahora cuestionada, está debidamente fundamentada y motivada; en mérito a ello, no se vulneró el debido proceso en ninguna de sus vertientes; c) Cualquier transgresión a la normativa disciplinaria incumbe aperturar un proceso administrativo policial y la correspondiente emisión de una sanción disciplinaria, la accionante adecuó su conducta a la falta disciplinaria inmersa en el art. 13.6 de la LRDPB, en vista a que, el servicio policial no es individual sino grupal, tienen la misión de estar “atenta” ante cualquier eventualidad que se presente en el servicio, más aun, la prenombrada al contar con más de veinte años de antigüedad posee pleno conocimiento de la citada Ley; y, d) La SCP 0094/2012 de 19 de abril, sostuvo que la responsabilidad disciplinaria de los miembros de la Policía Boliviana, emerge desde la concepción de orden constitucional -art. 251 de la CPE-, el servidor público policial es una persona íntegra, que ejercite y defienda valores democráticos, sometida a la disciplina, a la jerarquía y al orden de la institución con la suficiente moral profesional para generar en la sociedad confianza y respecto a tiempo de cumplir con su misión fundamental establecida en la Ley Fundamental. Lucio Enrique Rene Jiménez Vargas, ex Presidente; Miguel Ángel Pablo Hidalgo Chávez; y, Román Paco Rafael, ex Vocales, del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, no presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a sus notificaciones cursantes a fs. 616 y 743.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Sergio Cesar Mollisaca Cachón, no presentó memorial tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 106.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 76/2023, cursante de fs. 749 a 756 vta., concedió en parte la tutela impetrada, determinando: 1) Dejar sin efecto la Resolución 265/2023, disponiendo que los actuales miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, emitan nueva resolución debidamente fundamentada y motivada en el plazo de cinco días de notificados; y, 2) “No se resuelve” sobre la reincorporación a su fuente laboral o pago de haberes, en vista a que, la desvinculación laboral de la impetrante de tutela se originó en marzo y la interposición de la acción tutelar fue en agosto, existiendo retardación en su formulación; y, denegó respecto al principio de congruencia; decisión asumida con base a los siguientes fundamentos: i) El art. 97 de la LRDPB, establece que el recurso de apelación procede por inobservancia o vulneración de la Constitución Política del Estado, así como el precepto legal que se invoque constituya un defecto del procedimiento y el recurso citará concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas y se expresará cuál es la aplicación legal que se pretende, indicándose por separado cada vulneración con sus fundamentos; aspectos cumplidos por la parte accionante, quien ha momento de interponer su recurso de apelación expuso sus agravios; sin embargo, las autoridades demandada, soslayaron responder a los mismos de manera fundamentada y motivada; es decir, sin ingresar al análisis de fondo declararon improbada el citado recurso; y, ii) Al no existir un estudio análisis de fondo -contra la Resolución 265/2022-, sobre el principio de congruencia “…no se podría analizar si existe congruencia o incongruencia en la misma, en consecuencia no se puede emitir criterio al respecto…” (sic).

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución Administrativa (RA) 068/2017 de 26 de septiembre, pronunciada dentro del proceso disciplinario instaurado contra Magdalena Isnado Choque -accionante- y Sergio Cesar Mollisaca Chacón -tercero interesado-, el Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí de la Policía Boliviana, resolvió declarar a la impetrante de tutela responsable de la comisión de la falta disciplinaria prevista en el art. 13.6 de la LRDPB, imponiéndole la sanción de retiro temporal de la institución policial con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes por un año (fs. 348 a 357). II.2. Por Memorial de 23 de noviembre de 2017, la impetrante de tutela y el tercero interesado presentaron recurso de apelación y adhesión al citado recurso contra la referida Resolución; en consecuencia, el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, emitió la Resolución 135/2018 de 7 de agosto; por la que, declaró probado en parte el indicado recurso y recovó la Resolución 068/2017, disponiendo se emita nuevo fallo (fs. 376 a 380 y 392 a 398). II.3. A través de la Resolución 029/2018 de 27 de septiembre, el Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí, determinó declarar a la solicitante de tutela responsable de la comisión de la falta disciplinaria prevista en el art. 13.6 de la LRDPB, imponiéndole el retiro temporal con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes por un año (fs. 406 a 415). II.4. Cursa escrito de 9 de octubre de 2018, por el cual la accionante interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución 029/2018; en tal circunstancia, el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, dictó la Resolución 034/2019 de 30 de mayo, declarando probado el mencionado recurso y revocó en parte la Resolución 029/2018, disponiendo la emisión de nueva decisión (fs. 437 a 459). II.5. Mediante Resolución 09/2020 de 18 de marzo, el Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí, determinó declarar a la solicitante de tutela responsable de la comisión de la falta disciplinaria prevista en el art. 13.6 de la LRDPB, imponiéndole el retiro temporal con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes por un año (fs. 467 a 478). II.6. Consta escrito de 6 de octubre de 2020, por el que la accionante interpuso recurso de apelación contra la indicada Resolución 09/2020 (fs. 488 a 493). II.7. A través de la Resolución 265/2022 de 27 de septiembre, el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, declaró improbado el recurso de apelación planteado en el proceso disciplinario antes mencionado; confirmando la Resolución 09/2020; determinación notificada a la impetrante de tutela el 28 de febrero de 2023 (fs. 499 a 503).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, y a la defensa, vinculado con el derecho de acceso a la justicia; toda vez que, las autoridades demandadas, al emitir la Resolución 265/2022, no resolvieron conforme a lo fundamentado en el recurso de apelación, relacionados a su condición de funcionaria administrativa de la policía, y con ello, la falta de formación policial, además de los motivos de nulidad procesal y la falta de valoración probatoria por el Tribunal de primera instancia, lo que incidió en una adecuada subsunción de su conducta a la norma legal atribuida como infringida, y la sanción impuesta, sin individualizar su conducta en particular, limitando su derecho a la defensa. Asimismo, omitieron pronunciarse sobre el vicio procesal relativo a la intervención del Fiscal Policial Luis Mendo Pita, debido a que el mismo no es abogado, conforme exige el art. 38.3 de la LRDPB, argumentando simplemente que no se citó la norma al respecto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

La SCP 0753/2019-S1 de 26 de agosto, desarrolló que: «…Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: “…la motivación 'es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión'. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministrado, y otorga autoridad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática"; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juez arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos de hecho por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustentan la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo falla un deber fundamental imperdonable al momento de resolver los asuntos que conocen. Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión, así en el caso concreto de un proceso penal, la fundamentación se constituye en una garantía de observancia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos de ser juzgados por las normas vigentes que rigen los procesos a los cuales están sometidos» (las negrillas son añadidas).

III.2. La valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional

Dentro de las autorestricciones establecidas por la jurisdicción constitucional, está la valoración probatoria o revalorización de prueba, que es una facultad inherente a la legalidad ordinaria, alcanzando en consecuencia la competencia y facultades del Tribunal Constitucional Plurinacional únicamente a determinar la existencia de lesión de derechos, centrada básicamente en verificar apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad, así como, omisión valorativa; en ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, refiere: “…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la mano de obra valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida legalmente ni constitucional” (las negrillas fueron agregadas).

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes y las conclusiones precisadas en el acápite de conclusiones; se tiene que, la accionante en su condición de servidora pública policial administrativa, fue sometida a proceso disciplinario policial por incurrir en la falta disciplinaria prevista en el art. 13.6 de la LRDPB; en tal antecedente, el Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí, pronunció la Resolución 068/2017, imponiéndole la sanción de retiro temporal de la institución policial con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes por un año (Conclusión II.1). Contra dicha determinación, la impetrante de tutela y el tercero interesado interpusieron recurso de apelación y adhesión, que mereció la Resolución 135/2018, declarando probado en parte el indicado recurso y revocó la Resolución 068/2017, disponiendo se emita nuevo fallo (Conclusión II.2); así, el Tribunal de primera instancia dictó nueva Resolución 029/2018, dictaminando responsable por la falta grave del art. 13.6 de la LRDPB, retiro temporal con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes por un año (Conclusión II.3); determinación contra la cual, formuló recurso de impugnación; en tal circunstancia, el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, mediante Resolución 034/2019, declaró probado dicho recurso, ordenando se dicte nueva decisión (Conclusión II.4); es así que, por Resolución 09/2020 de 18 de marzo, el Tribunal Departamental de Potosí, determinó declarar a la solicitante de tutela responsable de la comisión de la falta disciplinaria prevista en el 13.6 de la LRDPB (Conclusión II.5).

En esas circunstancias, la accionante interpuso nuevamente recurso de apelación contra el referido fallo, el cual fue resuelto a través de la Resolución 265/2022, declarando improbado la indicada impugnación; en consecuencia, confirmó la Resolución 09/2022; decisión notificada a la prenombrada el 28 de febrero de 2023 (Conclusiones II.6 y II.7). Descritos los antecedentes que dieron lugar a la presente acción tutelar, inicialmente corresponde precisar que este Tribunal únicamente realizará el análisis de la última decisión emitida dentro del proceso administrativo disciplinario policial instaurado contra la accionante; es decir, de la Resolución 265/2022, emitida por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, siendo esta la instancia de cierre que podía pronunciarse y en su caso restituir los derechos considerados como lesionados por la impetrante de tutela; en ese orden, en el caso se identifica a la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 265/2022, como el presunto acto lesivo de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como a la defensa, cuestionando específicamente la motivación y fundamentación desplegada por los accionados en la resolución citada. Por consiguiente, a efectos de analizar la resolución cuestionada es pertinente precisar los agravios postulados por la accionante en su recurso de apelación y posteriormente contrastar si la respuesta que merecieron cada uno de ellos se encuentra debidamente fundamentada y motivada. En ese sentido se tiene los siguientes agravios: a) “…VULNERACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO, LA LEY ORGÁNICA POLICIAL Y LA LEY DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA BOLIVIANA” (sic); amparada en los arts. 96 y 97.1, 2 y 3 de LRDPB, denuncia específicamente la vulneración al principio de taxatividad y dogmática de la citada norma, sosteniendo que el día del hecho -evasión de privado de libertad- se encontraba llenando el libro de novedades; y, que como personal administrativo no estaba como custodio policial del privado de libertad, tampoco fue designada para cumplir seguridad interna o externa en la Carceleta Provincial de Tupiza de Potosí, mucho peor posee armamento ni ostenta formación policial de vigilancia para evitar fugas de privados de libertad, extremos inadvertidos menos valorados por la Resolución 09/2022; b) “…INOBSERVANCIA DE LA LEY DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA BOLIVIANA EN LO REFERENTE A LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA…” (sic); en este apartado, la accionante alega incumplimiento a los arts. 83, 84, 85, 86 y 87 de la LRDPB y que si bien la Resolución 09/2022 es extensa, empero, las “primeras hojas” son simples resúmenes de producción de pruebas; la Resolución 09/2022, debió valorar las pruebas de acuerdo a la sana crítica y a la verdad material, dado que, ninguno de los testigos de cargo manifestaron alguna circunstancia sobre su participación en el hecho denunciado, incumpliendo con el deber de fundamentación respecto al análisis integral de la prueba; omitiendo identificar y describir qué pruebas no fueron valoradas; c) “…CONTRADICCIÓN ENTRE LA PARTE CONSIDERATIVA Y LA PARTE RESOLUTIVA…” (sic) -congruencia-; bajo este rótulo, la solicitante de tutela sostiene que se sancionó a una persona inocente que no tiene nada que ver con el hecho endilgado; por lo que, corresponde emitir resolución absolutoria cuando no existen elementos suficientes para emitir resolución sancionatoria de acuerdo al art. 92.I.1 de la LRDPB. Asimismo, sostuvo que la “…responsabilidad para el ahora recurrente, persona a la cual se le llega a condenar a sufrir 3 y 6 meses de suspensión, de ahí se tiene que el actuar de los encausados no es reprochable (…) al no existir correspondencia menos congruencia entre la condena que se impone y la conducta que se describe se de eximir de responsabilidad…” (sic).; y, d) “…PARTICIPACIÓN DEL FUNCIONARIO FISCAL POLICIAL SIN TÍTULO PROFESIONAL DEL ABOGADO” (sic), en este punto, la accionante arguye la anulación del proceso con base al art. 122 de la CPE y 39.3 de la LRDPB, en razón a que, Luis Mendo Pita, Fiscal Policial no ostenta el título de abogado, extremo que vicia de nulidad su intervención en el proceso disciplinario policial. Dichos agravios fueron resueltos por las autoridades demandadas a través de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 256/2022, argumentando que: 1) La accionante no mencionó qué norma jurídica constitucional fue vulnerada, tampoco el precepto legal inobservado “…es decir que el Fiscal Policial, no fundamenta en derecho como y de qué manera el Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí, ha inobservado o ha vulnerado la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía Boliviana o la Ley 101, no explica que artículos y de qué forma estos habrían sido transgredidos para que pueda ser procedente el recurso planteado” (sic); y, 2) La impetrante de tutela jamás hizo notar defectos de procedimientos ni reclamó para saneamiento procesal, tampoco invoca vicios contra la Resolución 009/2020; es más, la prenombrada se limitó a argumentar que fue investigada y procesada por haber incurrido en la falta disciplinaria inmersa en el art. 13.6 de la LRDPB.

Ahora bien, conforme al entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referido a la debida motivación y fundamentación de las resoluciones, como un componente del derecho al debido proceso, a través del cual se exige que la autoridad demandada realice la exposición y el juzgamiento de todos los agravios postulados a fin de resolver el caso sometido a su conocimiento, exponiendo del mismo modo, los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación específica; en ese marco se tiene: Sobre el primer agravio Del examen de contenido precedente, se advierte que la Resolución 256/2022, emitida por los miembros del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana -ahora demandados- vulneran el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, porque de la lectura del fallo cuestionado respecto al primer agravio, no se advierte razonamientos facticos y jurídicos por parte de las autoridades demandadas en el marco de las mínimas exigencias de argumentación; en ese sentido, si bien la citada Resolución 256/2022 cuenta con algunos fundamentos -Considerando III, Valoración y fundamentación legal del recurso de apelación presentado-, que la sustentan; empero, no describe de manera expresa cómo las normas jurídicas fueron aplicadas al caso concreto, tampoco determina el nexo de causalidad entre los agravios formulados, la respuesta de la impetrante de tutela y el supuesto de hecho contenido en las normas -supuesto que ni siquiera fue identificado por las autoridades accionadas-, por lo que, tampoco se establece con claridad la consecuencia jurídica que emerge. Resulta evidente que conforme se ha denunciado en el primer agravio sobre la problemática identificada -vulneración a la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de la Policía Nacional -hoy Boliviana- y la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, no se advierte un análisis propio por parte de las autoridades demandadas respecto a la subsunción de la falta disciplinaria a la conducta de la solicitante de tutela, así como también, la concurrencia de elementos constitutivos de la falta disciplinaria endilgada -art. 13.6 de la LRPB-; si bien, se identificó el elemento objetivo del hecho -evasión de privado de libertad de la Carceleta Provincial de Tupiza de Potosí-; empero, no existe identificación y análisis de los elementos subjetivos punibles y sus consecuencias respecto a la sanción determinada, omitiendo exteriorizarse la responsabilidad disciplinaria en cuanto a la persona encargada de custodio policial y fuga del privado de libertad respectivamente, aspecto cuestionado por la accionante, quien además cumplía tareas administrativas y no funciones de seguridad interna o externa en la citada Carceleta, tampoco fue formada para evitar evasiones de privados de libertad, decantando de esa manera en la ausencia de subsunción del hecho a la falta disciplinaria atribuida. En cuanto a la afirmación que hacen los demandados en la Resolución 265/2022, cuando sostienen que, la impetrante de tutela en ningún momento invocó ni especificó cuál es el precepto legal viciado en la resolución impugnada, que se constituya defecto de procedimiento ni que interpuso reclamo oportuno para saneamiento o haya efectuado reserva de recurrir; de la revisión del acta de audiencia pública del proceso disciplinario oral seguido en su contra, arrimado a la presente acción de defensa (fs. 311 a 346 vta.), consta que la accionante en dicho actuado procesal anunció impugnación, cuestionando el destino y/o designación a la Carceleta Pública Corazón de Jesús, como personal policial administrativo; por otra parte, en el memorial de recurso de apelación, consta una exposición respecto a la aplicación del principio de taxatividad y dogmática -arts. 96 y 97.1, 2 y 3 de la LRDPB-, se argumentó que el día del hecho -evasión de privado de libertad- se encontraba llenando el libro de novedades. Si bien en el fallo cuestionado se expuso la LRDPB, no obstante, no existió certeza ni se describió la causa de fondo y la forma en la que fueron aplicadas al caso, generando ausencia de motivos jurídicos por parte de las autoridades demandadas para asumir la determinación -de retiro temporal de la institución policial con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes por un año-, pues la decisión implicó en los hechos que la peticionante de tutela únicamente se entere de dicha conclusión; consiguientemente, al no haberse exteriorizado los motivos por los cuales las normas resultaban aplicables al caso ni expresar la forma en la que fueron aplicadas -subsunción de la conducta de la endilgada a la solicitante de tutela en la falta disciplinaria señalada- para luego justificar la imposición de la sanción de falta grave se incurre en falta de motivación y fundamentación, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada. Sobre el segundo agravio Respecto a la valoración probatoria, la impetrante de tutela en su acción de amparo constitucional se limitó a señalar el incumplimiento a los art. 83, 84, 85, 86 y 87 de la LRDPB; y, que debió valorarse las pruebas en base a la sana crítica y a la verdad material, ya que ninguno de los testigos de cargo manifestaron algún aspecto que develara su responsabilidad en la falta disciplinaria; reclamos efectuados de manera general, sin cumplir los requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; más aún, no se precisó ni identificó la prueba -testifical y/o documental-, ni su relevancia y cómo incidiría ello en la resolución asumida, omisión que impide dilucidar este tópico, correspondiendo denegar la tutela impetrada.

Sobre el tercer y cuarto agravio En relación al cuestionamiento a la probable contradicción entre la parte considerativa y resolutiva en la Resolución 09/2020 -congruencia- y la participación del Fiscal Policial sin ostentar el título de abogado, haciendo énfasis en su inocencia en el proceso administrativo policial, sosteniendo que la responsabilidad “…para el ahora recurrente, persona a la cual se le llega a condenar a sufrir 3 y 6 meses de suspensión, de ahí se tiene que el actuar de los encausados no es reprochable (…) al no existir correspondencia menos congruencia entre la condena que se impone y la conducta que se describe se debe eximir de responsabilidad…” (sic). Del análisis de lo expuesto en estos agravios, se advierte falta de técnica recursiva con la que fueron planteados, por ambigüedad, incongruencia e insuficiente carga argumentativa advertida, incumpliendo las exigencias jurisprudenciales requeridas para su estudio y análisis, careciendo en consecuencia de relevancia constitucional la denuncia respecto a tales reclamos; en consecuencia, igualmente corresponde denegar la tutela impetrada. Respecto al derecho a la defensa, de la revisión de los actuados procesales no se evidencia que la accionante durante la tramitación del proceso disciplinario hubiera sido puesta en un estado de indefensión, por cuanto participó activamente en el proceso, formulando los medios de impugnación que a su alcance previstos en su ordenamiento jurídico interno; por lo que concierne denegar la tutela sobre este aspecto. Con relación a la cancelación de salarios por los meses de suspensión de la accionante; considerando que, esta medida fue consecuencia de la sanción que le fue impuesta mediante la Resolución 265/2022, dicha pretensión está supeditada a las resultas de la nueva resolución a emitirse por los demandados como efecto de la tutela parcial concedida; por consiguiente, de igual forma corresponde denegar la tutela sobre este punto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 76/2023 de 12 de septiembre, cursante de fs. 749 a 756 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación a la debida fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso, disponiendo dejar sin efecto la Resolución 265/2022 de 27 de septiembre, a efecto de que Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, emita nueva resolución conforme a los fundamentos jurídicos contenidos en el presente fallo constitucional, a menos que, por la concesión dispuesta por la Sala Constitucional, ya se hubiese procedido de tal manera; y, 2° DENEGAR tutela impetrada, respecto a la congruencia, a la defensa, a la valoración de la prueba; y, sobre la cancelación de salarios por los meses de suspensión de la que fue objeto la accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0528_2026-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 92f234530707f55611c0b5dbe6978fd6c79f46715e567f3a67abd24f24505df3

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