Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 12 de junio de 2023
Concede en parte la tutela
La accionante mediante su representante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, y a la "seguridad jurídica" (sic), y el principio de celeridad procesal, debido a que, habiendo presentado recurso de apelación incidental contra la medida cautelar de detención preventiva impuesta en su contra por Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022 hasta la presentación de la acción tutelar, no fue remitido a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para que sea resuelto. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03-22 de 11 de marzo de 2022, cursante de fs. 65 a 67, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela con relación a la dilación indebida en la remisión de la apelación de medidas cautelares contra ambos demandados, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional, disponiendo que se remita el legajo correspondiente conforme dispuso el Tribunal de garantías; y, 2° DENEGAR la misma en cuanto al derecho al debido proceso, y “a la “seguridad jurídica” (sic).
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0528/2023-S2 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 46321-2022-93-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03-22 de 11 de marzo de 2022, cursante de fs. 65 a 67, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juana Hilda Chachaque Colque en representación sin mandato de Nicolasa Céspedes contra Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera, Juez y Eliseo Ismael Quispe Cruz, Secretario ambos del Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 10 de marzo de 2022, cursante de fs. 13 a 16 vta., la accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
En audiencia de medidas cautelares, su abogado presentó pruebas legales, pertinentes e idóneas en su favor. Entre estas el certificado del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia en Razón de Género (SIPASSE), registros notariados domiciliario y laboral, certificado alodial, facturas de luz y agua, certificados originales de los menores que dependen de su persona. Todos estos documentos acreditarían un domicilio y una familia legalmente constituida. Asimismo, indicó que, conforme a lo señalado por su abogado, demostró tener un trabajo lícito y no estar latente el peligro de obstaculización del proceso. Además, mencionó que la representante del Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas cautelares al amparo del art. 231 Bis del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Entre las medidas solicitadas se encontraban presentarse una vez por semana, pagar una fianza de Bs5000.- (cinco mil bolivianos), presentar dos garantes con domicilio y documentación legal y pertinente y una orden de arraigo; sin embargo, concluyó que el Juez aquo no realizó la valoración integral de las pruebas documentales presentadas en tiempo hábil y oportuno. Así que, de manera arbitraria dispuso la aplicación de una medida restrictiva a su libertad, como la detención preventiva. El Juez ahora demandado determinó la aplicación de la medida extrema de detención preventiva por el lapso de sesenta días bajo el argumento de la concurrencia del art. 234.4 del CPP. Además, se le atribuyó la autora principal para las suspensiones de las audiencias. Asimismo, se expresó que no hubiese asistido de manera voluntaria a los actos señalados. Adicionalmente, mencionó que en el caso en cuestión, se desconoció o ignoró las causales reales de las suspensiones, mismas que le serían atribuibles al representante del Ministerio Público en dos oportunidades y en otras similares a su persona. Sin embargo, lo expuesto por el Juez demandado no tendría asidero legal, impuso de manera abusiva la aplicación de la medida extrema de la detención preventiva pese a la concurrencia de un solo riesgo procesal, señaló que la Jueza no había dado cumplimiento a lo establecido por el art. 251 del CPP hasta la fecha. Concluyó que el Juez y Secretario demandados incumplieron de manera flagrante y evidente al no resolver de manera oportuna y de acuerdo al procedimiento, dejando transcurrir hasta la fecha seis días sin haber remitido hasta ahora el expediente del recurso de apelación incidental que planteó “A SALA SUPERIOR” (sic); por lo que, estaría indebida e ilegalmente privada de libertad por una irregular omisión de los referidos demandados.
La accionante, a través de su representante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la "seguridad jurídica" y el principio de celeridad procesal, citando al efecto los arts. 9.4, 13.I, 23.I y 115.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 9.I y 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y 1, 2 , 5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia se ordene la remisión inmediata del expediente a “A SALA SUPERIOR” (sic) del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y se realice el sorteo de la causa debiendo resolverse de acuerdo al procedimiento las medidas cautelares excesivas y excepcionales ordenadas por la autoridad ahora demandada.
Celebrada la audiencia pública el 11 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 64 a 65, se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela a través de representante ratificó in extenso lo contenido en su demanda destacando lo siguiente: a) Hizo uso del derecho a la impugnación establecido en el art. 251 del CPP en audiencia de 25 de febrero del 2022, solicitando que se cumpla con lo establecido en el art. 180 de la CPE; b) La autoridad demandada ordenó la remisión inmediata del expediente, pero no había dado cumplimiento a lo establecido por el art. 251 de la Norma Adjetiva Penal; c) A pesar de tratarse de una apelación a una medida cautelar en la cual se encontraba restringida la libertad de una persona no se la tramitó con celeridad; y, d) En ese sentido, interpuso acción de libertad solicitando que se admitiera y se concediera la tutela disponiendo así la remisión inmediata del expediente a “sala superior” (sic) para resolver las medidas cautelares impuestas en su contra.
Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera Juez, y Eliseo Ismael Quispe Cruz, Secretario a pesar de su legal notificación cursantes a fs. 19 y 39, no asistieron a la audiencia ni presentaron informe.
El Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 03-22 de 11 de marzo de 2022, cursante de fs. 65 a 67, concedió en parte la tutela impetrada en cuanto a Eliseo Ismael Quispe Cruz, Secretario, ordenando que en el día se remita el legajo cautelar correspondiente previo sorteo, toda vez que, esa es una labor inherente al cargo, y denegó respecto a Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera Juez. Decisión asumida conforme a los siguientes fundamentos: 1) De los antecedentes presentados y de la audiencia, la accionante y su abogada habrían apelado y esa resolución debió ser despachada en el término de veinticuatro horas a la sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; 2) La peticionante de tutela se habría presentado al Juzgado en dos oportunidades pidiendo que se remita la apelación a la sala correspondiente; 3) El Secretario demandado habría manifestado que el expediente iba a ser remitido el día viernes 11 de marzo del 2022; y, 4) Se habría vulnerado los derechos expresados como a la libertad y a la defensa.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial de recurso de apelación incidental al Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022 de medidas cautelares, presentado el 2 de marzo de igual año por Nicolasa Céspedes -ahora accionante- ante Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- (fs. 8 a 12 vta.).
La accionante mediante su representante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, y a la "seguridad jurídica" (sic), y el principio de celeridad procesal, debido a que, habiendo presentado recurso de apelación incidental contra la medida cautelar de detención preventiva impuesta en su contra por Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022 hasta la presentación de la acción tutelar, no fue remitido a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para que sea resuelto. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, estableció que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (resaltado nuestro). Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, precisó que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis agregado). Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrillas y subrayado nos corresponden).
La SCP 0027/2018-S4 de 7 de marzo, señaló que: «En caso de omisión de parte de las autoridades demandadas de presentar su informe, ya sea escrito u oral, dentro de las acciones tutelares, la SC 0181/2010-R de 24 de mayo, determinó lo siguiente: “…en los supuestos en los que la autoridad demandada no desvirtúa ni niega los extremos denunciados en el hábeas corpus, ya sea por no asistir a la audiencia, ni prestar su informe de ley, o cuando asiste a la audiencia y/o presta el informe y confirma los actos ilegales demandados, el recurso, ahora acción de libertad, debe ser concedido”.
El mismo entendimiento asumió la jurisprudencia contenida en la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, al expresar que: “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley”. Al respecto la SCP 0101/2014-S1 de 24 de noviembre, haciendo una síntesis del entendimiento constitucional sobre la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados, ha expresado que: “…la incomparecencia voluntaria de la autoridad demandada y la ausencia de su informe, no obstante su citación para el efecto, el Tribunal Constitucional en su SC 0038/2011-R de 7 de febrero, se ha pronunciado respecto a la presunción de veracidad de los hechos denunciados, expresando: ‘Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos‴. Partiendo del marco jurisprudencial referido, y de lo señalado por el art. 35.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), una vez notificada la autoridad jurisdiccional demandada, ésta podrá contestar a la acción de defensa o informar antes o durante la audiencia pública, por lo tanto, ante la omisión de prestar el correspondiente informe, ya sea escrito u oral en audiencia de la acción tutelar, no desvirtúa ni niega los extremos denunciados, entonces corresponderá dar por probados los extremos denunciados por la parte accionante, al presumirse la veracidad de los mismos» (el resaltado corresponde al texto original).
Al respecto, la SCP 0575/2021-S2 de 27 de septiembre indica: “…la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados: ‘...si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (...); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional’. En ese mismo orden de razonamiento la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, sostuvo que: ‘De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como sub regla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta sub regla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva’” (las negrillas nos corresponden).
La accionante mediante su representante, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, y a la "seguridad jurídica" (sic), y el principio de celeridad procesal, planteando ante esto recurso de apelación incidental al Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022 de medidas cautelares el 2 de marzo de igual año ante el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- hasta la presentación de la acción tutelar no fue remitido el expediente a la Sala Penal de turno del Tribunal de Justicia de ese departamento para su pronunciamiento, incumpliendo lo establecido por el art. 251 del CPP, a pesar de tener la autoridad demandada el deber de enviar toda la documental en el término de veinticuatro horas (Conclusión II.1). La jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional estableció que el principio de celeridad procesal presupone una justicia pronta y oportuna y que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho es el mecanismo idóneo y efectivo en caso de existir vulneración por dilación indebida respecto a trámites judiciales o administrativos, vinculados directamente con el derecho a la libertad. En este caso, ante la falta de informe que demuestre la acción o diligencia de Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera, Juez y Eliseo Ismael Quispe Cruz Secretario ambos del Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en corregir la demora indebida en la remisión de la apelación de las medidas cautelares, se presume la veracidad de los hechos denunciados, puesto que ambos acusados no asistieron ni remitieron informe, en tal caso, la SCP 0027/2018-S4, referida en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional establece que en caso de omisión por parte de las autoridades demandadas de presentar su informe en las acciones tutelares, se tendrán por probados los extremos denunciados. Toda vez que ante la incomparecencia voluntaria de la autoridad demandada y la ausencia de su informe, no obstante su citación para el efecto, corresponde presumir la credibilidad de los sucesos acusados. De tal manera, en cuanto a la negligencia denunciada por la falta de diligencia de Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera, Juez y Eliseo Ismael Quispe Cruz, Secretario en el cumplimiento de sus labores, se les atribuye responsabilidad por no cumplir con sus funciones y obligaciones. En aplicación de la jurisprudencia con relación a la responsabilidad de apoyo judicial, la SCP 0575/2021-S2 citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional establece que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser demandados en acciones tutelares. Esto significa que si la vulneración de los derechos tutelados emerge del incumplimiento o inobservancia de las funciones y obligaciones, como la descrita en el art. 56.I.1 del CPP, que le impone la obligación de cumplir los plazos procesales o en su defecto informar antes del vencimiento a la autoridad jurisdiccional. En el caso del Juez, la SCP 0427/2015-S2 le atribuye la facultad de impartir instrucciones y no dejar desamparada la dirección del Juzgado, por lo que Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera, Juez y Eliseo Ismael Quispe Cruz, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital de Santa Cruz debieron tomar las medidas necesarias para corregir esta situación y garantizar el respeto al derecho a la libertad de la ahora accionante. Por lo que, conforme a los antecedentes, se evidencia que el recurso de apelación incidental se presentó el 2 de marzo de 2022 y hasta el 10 del mismo mes y año -día de la presentación de la acción tutelar-, los demandados no presentaron ningún informe en forma oral o escrito, presumiendo que existe dilación indebida por parte de estos, puesto que no realizaron acto alguno para cumplir con el plazo establecido de veinticuatro horas lo que, amerita la concesión de la tutela impetrada. En cuanto, a los demás derechos denunciados por el accionante, tales como el derecho al debido proceso y a la "seguridad jurídica"; no se encuentran dentro del alcance del petitorio y no fueron considerados puesto que se ha presentado un recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022, por lo que existiría subsidiariedad excepcional. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03-22 de 11 de marzo de 2022, cursante de fs. 65 a 67, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela con relación a la dilación indebida en la remisión de la apelación de medidas cautelares contra ambos demandados, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional, disponiendo que se remita el legajo correspondiente conforme dispuso el Tribunal de garantías; y, 2° DENEGAR la misma en cuanto al derecho al debido proceso, y “a la “seguridad jurídica” (sic). Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0528_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 216b65dd727f96135d92fdadca4a584bd248bc64b66ab0925904b0c04525e428
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