Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 24 de abril de 2026
Deniega la tutela
El representante del accionante denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, “seguridad jurídica”, juez natural y competente y, derecho a ser oído; argumentando que, tras cumplir su representado más de la mitad de su condena privativa de libertad impuesta por haber cometido el delito de violación agravada, los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandados-, emitieron un Auto Interlocutorio rechazando su recurso de reposición y confirmando el proveído que dispuso que su solicitud de aplicación de sanciones alternativas, interpuesta al amparo del art. 76.I.2 de la Ley 348, sea presentada ante un juez de ejecución penal, sin considerar que, según los arts. 55 del CPP y 19 de la LEPS, la competencia de los jueces de ejecución penal no alcanza a las sanciones alternativas en delito de violencia hacia las mujeres, máxime si se considera que las sanciones alternativas no constituyen beneficios penitenciarios; por lo que, solicita que se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se ordene: a) Se anule el decreto de 4 de mayo de 2023; b) El Auto Interlocutorio 43/23 de 26 de igual mes y año; y, c) Se emita una nueva resolución señalando día y hora de audiencia para resolver su petición de sanciones alternativas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 120/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 41 a 44 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en atención a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0527/2026-S3 Sucre, 24 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58321-2023-117-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 120/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 41 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jaime Daniel Campos Villanueva, abogado defensor público del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Elías Román Méndez contra María Angélica Sánchez Rojas, Charlin Tapia Franco y José René Quezada Ribera, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 12 y 20, ambos de junio de 2023, cursantes de fs. 16 a 20 y 23 a 24, el representante del accionante, manifestó lo siguiente:
En el fenecido proceso penal seguido en contra de su representado por la comisión del delito de violación agravada, éste fue sentenciado a una pena de presidio de quince años a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; emitiéndose al efecto, el mandamiento de condena de 2 de junio de 2015. Considerando que, se encuentra privado de libertad por un lapso de once años, dos meses y dieciséis días -más de la mitad de su condena-, al amparo del art. 76.I.2 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, presentó memorial de 2 de mayo de 2023, solicitando al Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, el señalamiento de audiencia para que se considere la aplicación de sanciones alternativas; no obstante, mediante decreto de 4 del mismo mes y año, las autoridades judiciales demandadas dispusieron que la petición sea dirigida al juez de ejecución penal. Ante tal determinación, a través de memorial presentado el 10 de mayo de 2023, interpuso recurso de reposición, bajo el argumento de que los arts. 55 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 19 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, establecen las atribuciones de los jueces de ejecución penal; las cuales, se avocan únicamente al control de ejecución de sentencias condenatorias y no a resolver peticiones de sanciones alternativas, máxime si estas sanciones no constituyen un beneficio penitenciario; por lo que, en el caso analizado, la única autoridad judicial competente para resolver en forma positiva o negativa las solicitudes de sanciones alternativas es el referido Tribunal de Sentencia Penal. No obstante, María Angélica Sánchez Rojas, Charlin Tapia Franco y José René Quezada Ribera, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandados-, pronunciaron el Auto Interlocutorio 43/23 de 16 de mayo de 2023, resolviendo rechazar el recurso de reposición y confirmar el decreto de 4 de igual mes y año, acto considerado lesivo a sus derechos fundamentales, por cuanto se determinó que el juez de ejecución penal es competente para conocer las sanciones alternativas, sin considerar que la LEPS establece la competencia de los jueces de ejecución penal, entre las que no se encuentran resolver solicitudes de sanciones alternativas.
Denunció la lesión al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, “seguridad jurídica”, juez natural y competente, derecho a ser oído; citando al efecto, los arts. “178” de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se anulen el decreto de 4 de mayo de 2023 y el Auto Interlocutorio 43/23 de 26 de igual mes y año; y, se emita una nueva resolución señalando día y hora de audiencia para resolver su petición de sanciones alternativas.
Celebrada la audiencia virtual el 4 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 37 a 41, se produjeron los siguientes actuados:
El representante del accionante, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestó que: a) Los arts. 79 y 80 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) establecen que el juez de ejecución penal no es competente para resolver las solicitudes de sanciones alternativas; asimismo, el art. 80 de la Ley 348 determina que la autoridad judicial en ejecución de sentencia, cuando se hayan dispuesto sanciones alternativas, aplicará medidas de seguridad; consiguientemente, dicho juez de ejecución tiene competencia para aplicar estas últimas y no así sanciones alternativas; y, b) Los Jueces demandados pretenden delegar funciones y atribuciones a un juzgado de ejecución penal para la aplicación de estas sanciones.
María Angélica Sánchez Rojas, Charlin Tapia Franco y José René Quezada Ribera, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 4 de julio de 2023, cursante de fs. 35 a 36 vta., manifestaron que: 1) La solicitud de audiencia de sanciones alternativas de 2 de mayo de 2023 mereció el decreto de 4 de igual mes y año, señalando que al existir una sentencia condenatoria ejecutoriada, dicha solicitud debía ser dirigida al Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del citado departamento; 2) En tal sentido, resolviendo el recurso de reposición interpuesto, se pronunció el Auto Interlocutorio 43/23 de 16 de mayo de 2023, donde se estableció que el juez de ejecución penal que conoce del proceso debe pronunciarse sobre las sanciones alternativas; y, 3) El accionante refirió que el juez de ejecución penal es competente para la ejecución de la sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad y de los incidentes producidos en ejecución de las mismas; en ese sentido, al ser el incidente formulado sobreviniente, debió ser debidamente fundamentado y pertinente, lo cual no ocurrió en el sub iudice; puesto que: “…el art. 76 núm. 2 II refiere que la autoridad judicial aplicara un sanción alternativa junto a otras, cuando sea necesario para proteger a la mujer hijos e hijas o el núcleo familiar en situación de violencia Ley 348, de la interpretación que hace la defensa este sería el Tribunal que tendría que conocer dicha solicitud, sin embargo el solicitante no cita la normativa legal aplicable que establezca con claridad cuál es la autoridad competente para resolverla el incidente sobreviniente a la sentencia ejecutoriada” (sic).
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 120/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 41 a 44 vta., denegó la tutela impetrada; argumentando que, el accionante no estableció de manera clara por qué considera que la labor interpretativa desarrollada por los Jueces demandados resultaría insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, ilógica y con error evidente; asimismo, no identificó las reglas de interpretación que fueron omitidas por la instancia judicial ni estableció el nexo de causalidad, ni cuál sería el resultado dañoso y la relevancia constitucional, más aún: “…cuando se puede advertir de toda la tramitación del proceso principal, de que el artículo 109, de la Ley de Ejecución y que fue también señalado por parte de la autoridad accionada, la Ley 2298, establece de manera taxativa, las competencias del Juez de Ejecución Penal, el cual, también tiene conocimiento en el entendido, que existen antecedentes de remisión, a través de los oficios respectivos…” (sic).
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Mandamiento de Condena de 5 de junio de 2015 del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, contra Elías Román Méndez -hoy accionante-, por el delito de violación agravada, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), con una pena de quince años de reclusión en el Centro Penitenciario Palmasola del referido departamento (fs. 4). II.2. Por memorial del 2 de mayo de 2023, Jaime Daniel Campos Villanueva, defensor del SEPDEP, solicitó al referido Tribunal la fijación de una audiencia de sanciones alternativas, sin embargo, la autoridad recurrida, por decreto de fecha 4 de mayo de 2023, indicó que corresponde se dirija su solicitud al Juez de Ejecución Penal competente que conoce la causa (fs. 6 a 7). II.3. A través de memorial de 10 de mayo de 2023, se interpuso recurso de reposición contra la providencia de 4 de del mismo mes y año, emitida por el señalado Tribunal, indicando que entre las atribuciones del Juez de Ejecución Penal no está la de resolver sobre sanciones alternativas (fs. 9 a 10). II.4. El citado Tribunal, mediante Auto Interlocutorio 43/2023 del 16 de mayo, rechazó el recurso de reposición presentado por el impetrante de tutela, determinando que el Juez de Ejecución Penal es el competente para conocer el caso, según lo establecido en el art. 19 de la Ley 2298 (fs. 11 a 12).
El representante del accionante denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, “seguridad jurídica”, juez natural y competente y, derecho a ser oído; argumentando que, tras cumplir su representado más de la mitad de su condena privativa de libertad impuesta por haber cometido el delito de violación agravada, los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandados-, emitieron un Auto Interlocutorio rechazando su recurso de reposición y confirmando el proveído que dispuso que su solicitud de aplicación de sanciones alternativas, interpuesta al amparo del art. 76.I.2 de la Ley 348, sea presentada ante un juez de ejecución penal, sin considerar que, según los arts. 55 del CPP y 19 de la LEPS, la competencia de los jueces de ejecución penal no alcanza a las sanciones alternativas en delito de violencia hacia las mujeres, máxime si se considera que las sanciones alternativas no constituyen beneficios penitenciarios; por lo que, solicita que se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se ordene: a) Se anule el decreto de 4 de mayo de 2023; b) El Auto Interlocutorio 43/23 de 26 de igual mes y año; y, c) Se emita una nueva resolución señalando día y hora de audiencia para resolver su petición de sanciones alternativas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio2, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3. de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elemento configurativo del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, 1El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre , se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio , estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013, citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1., estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El precedente jurisprudencial fue extraído de la SCP 0006/2025-S1 de 5 de marzo.
El Código de Procedimiento Penal, en su art. 55, establece las atribuciones de los Jueces de Ejecución Penal, determinando que les corresponde el control de cumplimiento de las penas y medidas de seguridad, el conocimiento y resolución de los incidentes que se produzcan durante la ejecución de la conducta, así como la tramitación de las solicitudes relativas a la libertad condicional, modificación de la pena y demás beneficios penitenciarios o modalidades de cumplimiento de sanción. Por su parte, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (Ley 2298) reafirma en su art. 19 que el control de la ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas radica de manera privativa en la autoridad jurisdiccional de ejecución penal. Una vez que la sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada, se agota plenamente la competencia del Tribunal de Sentencia o Juez de la causa que conoció el juzgamiento de mérito, operándose el fenómeno procesal de la pérdida de competencia del Tribunal liquidador o de juicio.
En este marco, cualquier modificación, beneficio, conmutación o aplicación de modalidades alternativas de cumplimiento de la sanción privativa de libertad durante la fase de ejecución de la pena debe formularse, tramitarse y resolverse imperativamente ante el Juez de Ejecución Penal. El pretender que el juzgador de mérito reactive su competencia concluida para emitir pronunciamientos sobre el modo de ejecución de la pena vulneraria flagrantemente la garantía del Juez Natural regulado por ley de manera previa.
El representante sin mandato del impetrante de tutela denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, “seguridad jurídica”, juez natural y competente y, derecho a ser oído; argumentando que, tras cumplir su representado más de la mitad de su condena privativa de libertad impuesta por haber cometido el delito de violación agravada, los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandados-, emitieron un Auto Interlocutorio rechazando su recurso de reposición y confirmando el proveído que dispuso que su solicitud de aplicación de sanciones alternativas, interpuesta al amparo del art. 76.I.2 de la Ley 348, sea presentada ante un juez de ejecución penal, sin considerar que, según los arts. 55 del CPP y 19 de la LEPS, la competencia de los jueces de ejecución penal no alcanza a las sanciones alternativas en delito de violencia hacia las mujeres, máxime si se considera que las sanciones alternativas no constituyen beneficios penitenciarios.
El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, dictó Sentencia Condenatoria el 2 de junio de 2015 contra Elías Román Méndez, imponiendo la pena privativa de libertad de quince años de reclusión, a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento (Conclusión II.1).
El 2 de mayo de 2023, Jaime Daniel Campos Villanueva, abogado de defensa pública del SEPDEP, en representación del condenado, solicitó audiencia de sanciones alternativas al amparo del art. 76. I. 2 de la Ley 348; las autoridades demandadas, mediante decreto del 4 de mayo de 2023, indicaron que la solicitud debe dirigirse al Juez de Ejecución Penal Competente que conoce el caso (Conclusión II.2). El 10 de mayo del año mencionado, se presentó un recurso de reposición contra la providencia de 4 de mayo, argumentando que entre las atribuciones del Juez de Ejecución Penal no se incluye la competencia para resolver peticiones de sanciones alternativas, por no constituir un “beneficio penitencia” ordinario (Conclusión II.3).
La solicitud fue resuelta por Auto Interlocutorio 43/2023 de 16 de mayo por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, que rechazó el recurso de reposición del impetrante de tutela, al determinar que el Juez de Ejecución Penal es el competente según el art. 19 de la Ley 2298, en consecuencia, no se encuentra habilitado para conocer dicho asunto; (Conclusión II.4.).
En ese contexto, y teniendo claro cómo se determinó el proceso de solicitud de aplicación de sanciones alternativas, que sea presentado ante la autoridad judicial competente al Juez de Ejecución Penal, así como las presuntas vulneraciones denunciadas por el accionante representado; se tiene que, en cuanto a la transgresión del derecho al debido proceso en su vertiente de debida fundamentación, motivación y congruencia, -conforme el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional- hizo referencia a que la jurisprudencia constitucional desarrolló cuatro finalidades respecto a una resolución fundamentada y/o motivada, siendo importante en el caso de autos, la segunda finalidad respecto a lograr el convencimiento de las partes, que la resolución en cuestión no es arbitraria; sino por el contrario, observa el valor de justicia y los principios de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y congruencia, ya que la arbitrariedad está determinada cuando una resolución no da razones que sustenten la misma, cuando se basa en fundamentos y consideraciones retóricas o deviene de una valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o de la omisión de ésta, o cuando no se dan los motivos de la omisión del pronunciamiento de los planteamientos de los sujetos procesales; por cuanto, una resolución debe tener coherencia con lo pedido e impugnado.
En el caso de análisis y de la revisión del Auto Interlocutorio, es evidente que al momento de realizar el examen de admisibilidad del recurso planteado, se advirtió que el sentenciado está cumpliendo una pena impuesta mediante sentencia ejecutoriada, cualquier beneficio carcelario al haber cumplido cierta parte de la condena encontrándose en detención formal y no preventiva, debe conocerlo el Juez de Ejecución Penal, atribución que le da el art. 19 de la Ley 2298, en consecuencia, la actuación del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, al dictar el proveído de 4 de mayo de 2023 y posteriormente el Auto Interlocutorio 43/2023 que rechazó la reposición, se enmarca estrictamente dentro del principio de legalidad y en resguardo del debido proceso en su vertiente de juez natural y competente, la autoridades demandadas fundamentaron de manera clara, lógica y congruente porqué carecen de competencia material para sustanciar una petición de la fase de ejecución penal, orientando correctamente al privado de libertad para que acuda ante la autoridad jurisdiccional llamada por ley; es decir, cuando el referido Juez se había declarado incompetente, es evidente que se explican los motivos del porqué no se puede admitir la reposición interpuesta de manera clara y sencilla, lo cual genera convicción en el caso.
De lo previamente detallado, se llega a la conclusión que la Resolución ahora recurrida vía acción de amparo constitucional cuenta con la debida fundamentación y motivación, no contiene arbitrariedad alguna o ilegalidad, conteniendo las citas legales necesarias para crear convicción en las partes procesales, asumiendo los criterios que la norma ha desarrollado al respecto, cumpliendo la reserva de ley y la legalidad que debe contener una Resolución, por cuanto no se evidencia que exista una vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de debida fundamentación como señala la parte demandante de tutela, menos el derecho a recurrir establecido en el art. 180 de la CPE por las razones señaladas, lo que lleva a la denegación de la tutela.
Sin embargo, la competencia exclusiva del Juez de Ejecución Penal tras la firmeza de la sentencia, según los precedentes constitucionales de las SCP 0003/2011-R, 0160/2018-S2 y 0272/2019-3 establecen, una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria, la competencia del Juez o Tribunal de Sentencia Penal, concluye con respecto al control del cumplimiento o modificación de las penas. En mérito al art. 55 del CPP y los arts. 18 y 19 de la Ley 2298, el Juez de Ejecución Penal es el juez natural legítimo y competente para sustanciar, controlar y resolver todo trámite, incidente o beneficio relativo a la ejecución de la condena, conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo. El reclamo del accionante, alegando a que el Tribunal de Sentencia deba reasumir competencia, carece de sustento constitucional; dado que, una vez ejecutoriado el fallo, la ejecución corresponde al Juez de Ejecución Penal, en resguardo del principio del Juez Natural dimanado del art. 102.I de la CPE.
Por lo expuesto, no se advierte lesión alguna de los derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, juez natural, ni del derecho a ser oído; por consiguiente, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, realizó una correcta apreciación de los antecedentes y de las normas aplicables al caso. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 120/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 41 a 44 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en atención a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
10 El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0527_2026-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 520e27cc838df4a9213ee6dda95fc1612e9d7d5f9316390c7b3220a4e47d1633
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