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SCP 0526/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 3 de junio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
3 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
52385-2023-105-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, alega la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, la autoridad demandada mediante Auto de Vista de 897/2022, resolvió confirmar la resolución de rechazo de cesación a la detención preventiva, recurrida en apelación incidental por incomparecencia del accionante en audiencia, obviando considerar que su defensa técnica aclaró que ese aspecto era atribuible al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, que padecía de discapacidad psíquica, sin recursos ni familia y que solicitó fundamentar oralmente la apelación presentada. Ante ello, la autoridad demandada señala, que la resolución cuestionada fue emitida dentro del plazo legal, con la debida motivación y fundamentación, no se acreditó la supuesta vulneración de derechos por parte del Recinto Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz y frente a la inasistencia del ahora impetrante de tutela, aplicó el art. 49.III del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario en audiencia en materia penal, aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2019 y que en audiencia, la defensa no fundamentó ni invocó normativa, jurisprudencia o doctrina que justifique su participación sin la presencia del defendido. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 30 a 32 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 897/2022 de 1 de diciembre, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo se emita una nueva, sin espera de turno, para lo cual deberá señalar día y hora de audiencia de consideración de apelación incidental a la brevedad posible, salvo que la situación jurídica del accionante ya se haya definido.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el ejercicio del derecho al debido proceso y el derecho a la defensa en audiencias apelación incidental
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0526/2025-S2 Sucre, 3 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52385-2023-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 35/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 30 a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Doris Huanca Reyes, abogada del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Jorge Damián Martínez de la Vega contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2022, cursante de fs. 1 a 4, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de robo agravado, mediante Resolución 07/2022 de 13 de octubre, le fue denegada la solicitud de cesación a la detención preventiva, decisión que fue apelada incidentalmente y conocida por Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -autoridad demandada- quien fijó audiencia para el 1 de diciembre de 2022 a horas 10:10, a dicha audiencia se presentó su representante, quien gestionó las notificaciones; sin embargo, el Régimen Penitenciario del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, pese a estar notificado, no le permitió la conexión a la audiencia referida. Dado ello, su inasistencia es atribuible al Centro Penitenciario referido, aspecto que fue oportunamente informado a la autoridad demandada por su defensa, además, se le hizo conocer su discapacidad psíquica y su condición de persona sin recursos ni familia.

Pese a ello, la autoridad demandada, el “30 de abril” de 2022 resolvió confirmar la decisión del Juez a quo debido a su incomparecencia, sin considerar que su defensa sí estaba presente y fundamentó los agravios por escrito, solicitando también hacerlo oralmente, en consecuencia, alega que dicha resolución vulneró sus derechos; toda vez que, la falta de conexión no fue voluntaria ni atribuible a su persona, y se debió reprogramar la audiencia o permitir la exposición oral por parte de su abogada. Actualmente, permanece privado de libertad por más de tres años por el delito de robo agravado, y sostiene que su derecho a la libertad fue vulnerado, se adjuntaron informes médico-psicológicos que acreditan su discapacidad, de las cuales la autoridad demandada tenía conocimiento; empero, al no obtener respuesta favorable ni oportunidad para ejercer adecuadamente su defensa, acude a la justicia constitucional, por la violación de sus derechos y garantías fundamentales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; citando al efecto los arts. 23, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia; a) Se deje sin efecto el Auto de Vista -897/2022- de 1 de diciembre, emitido por la Vocal demandada; b) Se señale nuevo día y hora de audiencia de apelación incidental, a efectos de que su defensa técnica fundamente oralmente sus agravios de apelación; y, c) Se conmine al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz a que viabilice su conexión a dicha audiencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 29 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito, cursante a fs. 27 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: 1) El Auto de Vista 897/2022 fue emitido dentro del plazo legal, con la debida motivación y fundamentación, conforme a los arts. 124, 396 y 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 115.II de la CPE; 2) No se presentó documentación que acredite la supuesta vulneración de derechos por parte del Régimen Penitenciario o del Director del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, en relación con la inasistencia del privado de libertad a la audiencia programada por la autoridad demandada, por lo que no es posible atribuir responsabilidad alguna; 3) Frente a la inasistencia del sindicado, se aplicó el art. 49.III del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario en audiencia en materia penal, aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia de 10 de junio de 2019, ya que dicha ausencia no fue justificada hasta esa fecha; y, 4) La carga de la fundamentación recae en la parte solicitante; sin embargo, en audiencia, la defensa no fundamentó ni invocó normativa, jurisprudencia o doctrina que justifique su participación sin la presencia del defendido y emitir un pronunciamiento en ese sentido sería incurrir en actuación ultra petita, afectando el principio de igualdad entre las partes, en consecuencia, invocó el principio por el cual “…no se puede alegar torpeza en favor propio” (sic), negando la existencia de vulneración de derechos y destacando la falta de legitimación pasiva conforme a los arts. 125 de la CPE; y, 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 35/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 30 a 32 vta., concedió la tutela solicitada; y, en consecuencia, dejó sin efecto el Auto de Vista 897/2022 emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que la Sala Penal Primera del mismo Tribunal Departamental de Justicia -de turno por vacación judicial-, a través de uno de sus miembros, señale día y hora de audiencia de consideración de apelación incidental de la Resolución 07/2022 y resuelva la impugnación deducida, con base en los siguientes fundamentos: i) En virtud del art. 25 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario se establece que la inasistencia injustificada del imputado no suspende la audiencia, siempre que esté presente su defensa técnica, la cual podrá exponer los agravios correspondientes en casos de apelación incidental o medidas cautelares; ii) En el caso concreto, pese a la ausencia del privado de libertad a la audiencia del 1 de diciembre de 2022, su abogada defensora pública estuvo presente y solicitó expresamente fundamentar los agravios contra la resolución de la Juez a quo. La jurisprudencia constitucional amplió la interpretación del citado reglamento, señalando que debe verificarse si existe renuncia expresa o tácita del imputado a su defensa material; no obstante, en este caso, la inasistencia no obedeció a su voluntad, sino a omisiones atribuibles a la instancia jurisdiccional o al centro penitenciario, relativas a su conexión a la audiencia virtual; y, iii) La autoridad demandada priorizó indebidamente la aplicación del art. 49.III del citado Reglamento, que prevé la perención del derecho a la fundamentación en caso de inasistencia, desconociendo la posibilidad legítima de intervención de la defensa técnica, actuación que se contrapone a lo dispuesto por la normativa y la jurisprudencia constitucional, vulnerando el derecho al debido proceso en su componente defensa, al impedir que el accionante sustente su apelación. En consecuencia, se considera que esta vulneración debe ser reparada, garantizando al privado de libertad la posibilidad de exponer los agravios sufridos y obtener una resolución fundada sobre su situación jurídica.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución 07/2022 de 13 de octubre, Lucía Fuentes Nina, Jueza de Sentencia Penal Quinta -en suplencia legal de su similar Segundo- de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Púbico contra Jorge Damián Martínez de La Vega -accionante- por la supuesta comisión del delito de robo agravado, denegó la solicitud de cesación a la detención preventiva postulada por el impetrante de tutela (fs. 8 a 9). II.2. Cursa el recurso de apelación incidental formulado por el peticionante de tutela contra la Resolución 07/2022 referida ut supra que denegó su solicitud de cesación a la detención preventiva (fs. 14 a 16). II.3. Consta acta de audiencia pública de apelación de medida cautelar celebrada el 1 de diciembre de 2022 en el que la abogada del imputado manifestó que éste se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz y su inasistencia no le es atribuible, por lo que solicitó se tome en cuenta ese extremo; ante ello, la Vocal demandada manifestó que el imputado fue notificado al igual que el Centro Penitenciario señalado, por lo que la inasistencia no resulta justificada, con ello procedió a emitir su decisión (fs. 25). II.4. A través del Auto de Vista 897/2022 de 1 de diciembre, Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, -autoridad demandada- declaró la admisibilidad del recurso de apelación incidental formulado por el accionante, señalando que si bien se presentó en tiempo hábil y oportuno; sin embargo, ante la injustificada inasistencia de la parte recurrente y falta de fundamentación de agravios expresados de manera oral en audiencia corresponde confirmar la Resolución 07/2022 (fs. 26 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, alega la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, la autoridad demandada mediante Auto de Vista de 897/2022, resolvió confirmar la resolución de rechazo de cesación a la detención preventiva, recurrida en apelación incidental por incomparecencia del accionante en audiencia, obviando considerar que su defensa técnica aclaró que ese aspecto era atribuible al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, que padecía de discapacidad psíquica, sin recursos ni familia y que solicitó fundamentar oralmente la apelación presentada. Ante ello, la autoridad demandada señala, que la resolución cuestionada fue emitida dentro del plazo legal, con la debida motivación y fundamentación, no se acreditó la supuesta vulneración de derechos por parte del Recinto Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz y frente a la inasistencia del ahora impetrante de tutela, aplicó el art. 49.III del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario en audiencia en materia penal, aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2019 y que en audiencia, la defensa no fundamentó ni invocó normativa, jurisprudencia o doctrina que justifique su participación sin la presencia del defendido. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre el ejercicio del derecho al debido proceso y el derecho a la defensa en audiencias apelación incidental

El art. 115.II de la CPE, garantiza el derecho al debido proceso, que a su vez comprende el derecho a la defensa sea esta material y técnica en las diferentes etapas del proceso, es así que de la basta jurisprudencia constitucional, se ha sostenido reiteradamente que el ejercicio de la defensa técnica suple, en determinados casos y bajo ciertas condiciones, la presencia del imputado, particularmente cuando su ausencia se presente por causas ajenas a su voluntad, como la imposibilidad de su traslado o de conexión por razones atribuibles al mismo Centro Penitenciario. El Tribunal Constitucional Plurinacional; a través de la SCP 0190/2018-S1 de 11 de mayo, sobre la ausencia del imputado en la audiencia de apelación a la cesación a la detención preventiva y su derecho a asumir defensa material, ha reiterado la interpretación asumida en la SC 1698/2005-R de 19 de diciembre, que precisó: “…debe recordarse que el representado impugnó de la resolución que dispuso su detención preventiva, la cual supone que se encuentra detenido; consiguientemente su concurrencia a la audiencia no dependerá de él únicamente sino de la orden que emita el Tribunal ad quem y del cumplimento a dicha orden de parte de los funcionarios del recinto donde se encuentre detenido el imputado, situación que debe considerar dicho Tribunal para celebrar la audiencia y para determinar el rechazo si el apelante no concurriera” (las negrillas nos pertenecen); asimismo, la SC 1698/2005-R fue citada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0756/2015-S3 de 8 de julio y 0074/2018-S3 de 23 de marzo, esta última sostuvo que: “…referente a la ausencia del imputado en la audiencia de fundamentación del recurso de apelación en sentido que el accionante no pudo ejercer su derecho constitucional a la legítima defensa en la sustanciación de dicha audiencia por haber llegado demorado debido a que se encontraba con detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de San Antonio del departamento de Cochabamba, no fue considerado por la autoridad demandada, quién se limitó a declarar improcedente la apelación planteada (…) vulnerando de esta manera el derecho a la defensa del ahora accionante” (las negrillas son nuestras). Sobre el particular, tras la vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que dispuso la creación de reglamentos complementarios, entre ellos, uno relacionado con la disciplina y el orden en audiencias penales, estableció en su Disposición Transitoria Décimo Tercera, que dentro del plazo máximo de treinta días calendario siguientes a su publicación el Tribunal Supremo de Justicia debería establecer en reglamento las conductas y las medidas disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario, previsto en el art. 339 del CPP, es así que dicho Tribunal elaboró el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario en audiencia en materia penal, aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2019, cuyo objetivo principal es el de regular las conductas y medidas disciplinarias en las audiencias penales, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas. Este Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario en audiencia en materia penal, aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2019, prevé en su art. 25, que la inasistencia del imputado no constituye causal de suspensión de audiencia cuando se encuentra presente su defensa técnica, la cual puede ejercer el alegato correspondiente, especialmente en recursos de apelación incidental sobre medidas cautelares, no obstante, el mismo Reglamento, en su art. 49.III, establece la perención del derecho a fundamentar ante la inasistencia del apelante. Normativa que debe interpretarse a la luz del principio pro actione, de tal modo que se privilegie la protección del derecho de defensa del privado de libertad que se encuentra impedido de asistir a audiencia de fundamentación de apelación incidental por motivos ajenos a su voluntad, teniendo presente que la salida de un recinto penitenciario, para asistir a una actuación judicial, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que efectivice y procure la misma, mediante una orden del juez competente al gobernador del centro penitenciario.

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes acompañados a la presente acción de defensa, se advierte que es evidente que el accionante apeló incidentalmente la Resolución 07/2022 de 13 de octubre que denegó su solicitud de cesación a la detención preventiva, y que, en audiencia de su consideración ante el Tribunal de alzada, según el Acta de audiencia pública de 1 de diciembre de 2022, se constata que su abogada en uso de la palabra hizo conocer a la autoridad demandada que el imputado se encontraba recluido en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz y su inasistencia al acto no le era atribuible, toda vez que, se hizo llegar el oficio respectivo a dicho penal. Asimismo, a efectos de asumir su defensa y fundamentar la apelación incidental presentada, pidió se tome en cuenta estos extremos; empero, la Vocal demandada sostuvo que la inasistencia no fue justificada, y procedió a emitir el Auto de Vista 897/2022 de apelación de medida cautelar de 1 de diciembre, declarando la admisibilidad del recurso de apelación incidental de la parte imputada al haber sido presentada en tiempo hábil y oportuno; sin embargo, añadió que ante la injustificada inasistencia del imputado y por la “…falta de fundamentación de agravios expresados de manera oral en audiencia…” (sic) determinó confirmar la Resolución 07/2022. En ese contexto, se advierte que, en contraposición a lo determinado por el art. 25 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario en audiencia en materia penal, la Vocal demandada desconoció que fue la propia abogada defensora del ahora accionante quien en audiencia solicitó expresamente fundamentar los agravios del recurso de apelación incidental ante la inasistencia involuntaria de su representado por causas atribuibles al centro penitenciario. En consecuencia, la autoridad demandada, al aplicar directamente el art. 49.III del citado Reglamento, bajo el argumento de que la ausencia del imputado no fue justificada, cuando la abogada del mismo explicitó las razones de su inasistencia; la Vocal demandada actuó de forma arbitraria y prescindió de los alegatos de la defensa, restringiendo la exposición de los agravios de su apelación incidental en vulneración del derecho al debido proceso y derecho a la defensa, vinculados en este caso a la libertad del imputado ahora accionante, al demorar el tratamiento de la apelación de cesación a la detención preventiva interpuesta. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 30 a 32 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 897/2022 de 1 de diciembre, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo se emita una nueva, sin espera de turno, para lo cual deberá señalar día y hora de audiencia de consideración de apelación incidental a la brevedad posible, salvo que la situación jurídica del accionante ya se haya definido. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0526_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): c4e6cd6b81e58301d891423194883b4cb12c6f87b0305da5b8badaa552570bac

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