Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 31 de mayo de 2023
Deniega la tutela
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos fundamentación y valoración de la prueba; toda vez que mediante la Resolución 528/2021 de 31 de octubre, y luego a través del Auto de Vista 692/2021 de 10 de noviembre, se dieron por concurrentes los riesgos previstos en el art. 234.4 y 7 del CPP, con argumentos subjetivos contrarios a la norma procesal y la jurisprudencia constitucional. En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; teniendo particularmente en cuenta las siguientes temáticas: 1) La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 1.a) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP; 2) El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa; 3) Sobre el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la víctima o el denunciante- en delitos relacionados a violencia contra la mujer; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 7 de enero, cursante de fs. 63 a 65, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0526/2023-S1 Sucre, 31 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 45155-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2022 de 7 de enero cursante de fs. 63 a 65, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Favio Alejandro Morales Vera en representación sin mandato de Rafael Enrique Nowak Gutiérrez contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto, de la Capital del mismo departamento.
Mediante memorial presentado el 6 de enero de 2022, cursante de fs. 28 a 35 vta., el accionante a través de su representante sin mandato manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por los presuntos delitos de violencia familiar o doméstica y violación, se emitió la Resolución 528/2021 de 31 de octubre por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, ahora demandado, quien dispuso su detención preventiva por concurrir los riesgos procesales previstos en el art. 234.4 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con deficiente fundamentación, en base a criterios subjetivos contrarios a la norma procesal y la jurisprudencia emanada al efecto. Indica que contra dicho pronunciamiento formuló recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por el Auto de Vista 692/2021 de 10 de noviembre, emitido por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que respecto al riesgo procesal del art. 234.4 del CPP concluye señalando que tiene la suficiente logicidad jurídica, porque manifiesta las causas en las que el imputado habría incurrido en su comportamiento durante el proceso. Con relación al art. 234.7 del CPP, estableció que la autoridad jurisdiccional señaló la desproporcionalidad entre la víctima y su agresor, los que guardan plena relación respecto al peligro para la víctima, argumentos que carecen de una correcta fundamentación y aplicación de la jurisprudencia vinculante, vulnerándose el derecho al debido proceso, y a la defensa en relación al derecho a la libertad. Señala que ambas autoridades jurisdiccionales demandadas basaron su decisión en el simple requerimiento de las partes, no estableciendo de manera objetiva los elementos de convicción que demuestran la existencia de los riesgos procesales, toda vez que: a) Respecto al riesgo procesal previsto por el art. 234.4 del Código de Procedimiento Penal, este se fundamentó en la “la actuación de los familiares”; así como sobre una supuesta negación a ser notificado con la Resolución de imputación formal, sumado a la petición de suspensión de un acto investigativo como es la inspección ocular, aspectos que a su turno no fueron valorados correctamente por la parte demandada; dado que la familia no es parte de la investigación penal y la norma adjetiva penal no se manifiesta sobre la participación y comportamiento de terceras personas, además que dentro del cuaderno se verifican dos notificaciones con la resolución de imputación formal efectuadas el 30 y 31 de octubre de 2021, última que fue representada no por la abogada sino por el gestor a causa que se pretendía realizar doble notificación y señalando horarios que no correspondían; finalmente, no se consignó que la suspensión de la audiencia de inspección ocular de 28 de octubre de 2021 a la cual acudió, fue solicitada por su defensa técnica, acto investigativo suspendido en el cual se ejecutó el mandamiento de aprehensión y se emitió una citación sobre la ampliación por el delito de violación para luego recibir su declaración informativa y ponerlo a disposición del Juez de la causa siendo que meses antes pidió se cumpla con dicha diligencia respecto a la ampliación de denuncia, lo cual demuestra que no se tiene un solo elemento de convicción que se encuentre en el cuaderno de investigaciones o que haya sido presentado ante el juez de control jurisdiccional que pueda claramente determinar que tuvo un comportamiento que indique su voluntad de no someterse al proceso; y, b) Con relación al peligro procesal previsto en el art. 234.7 del citado Código de Procedimiento Penal, denuncia deficiente fundamentación incurrida por las autoridades jurisdiccionales demandadas, al establecer subjetivamente la "peligrosidad" del imputado hacia la víctima, basados en un relato donde señala la concurrencia del mismo, en base a la diferencia de tamaños que existiría entre el imputado con la víctima y el género, concluyéndose que el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) no es prueba suficiente para desvirtuar la peligrosidad del imputado, cuando dicha documental informa sobre la inexistencia de sentencias u otras que tenga el imputado por delitos anteriores; agregándose a ello que no se ponderó su conducta y antecedentes para definir la presencia de este riesgo procesal conforme las SSCCPP 0633/2018-S2, y 185/2019-S3, entre otras.
El peticionante de tutela alega la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos fundamentación y valoración de la prueba; citando al efecto, los arts. 22, 23, 115, y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se disponga la libertad del accionante, no siendo viable la detención preventiva ante la existencia de un solo riesgo procesal.
Celebrada la audiencia pública el 07 de enero de “2021” -siendo lo correcto 2022-según acta cursante de fs. 61 a 62 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, reiteró los términos de la presente acción tutelar.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito, cursante de fs. 40 y vta., señaló: 1) Respecto al riesgo del art. 234.4 del CPP, se llegó a establecer que por informe del investigador asignado al caso, el imputado generó actos de obstaculización, no se presentó a los actos realizados por el Ministerio Público, los familiares influenciarían a testigos, el investigador fue amenazado y otros actos que llevaron a determinar la concurrencia del referido riesgo; 2) En cuanto al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, al encontrarse en etapa preparatoria se consideró que para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y sobre todo velando por el interés superior de la víctima que es una mujer en condición de vulnerabilidad, y la conducta exteriorizada por el imputado contra la misma, se advierte la necesidad que este riesgo procesal permanece para la víctima, no así para la sociedad, más aun las características del delito que se investiga de violencia familiar o doméstica, por el cual el Estado tiene la obligación en todas sus esferas de otorgar la protección necesaria a la víctima; 3) El Tribunal de garantías no es un tribunal ordinario para revisar las decisiones de la justicia ordinaria ni para analizar la actividad interpretativa; 4) El accionante no establece de manera cierta y concreta cómo se habría vulnerado sus derechos y garantías; y, 5) La resolución pronunciada tiene la debida fundamentación conforme a los arts. 124 y 173 ambos del CPP; por lo que pide se deniegue la tutela.
William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz mediante informe escrito cursante de fs. 41 y vta., señaló: i) Conforme consta en el cuaderno de control jurisdiccional, se evidencia constante actuar malicioso y reticente del imputado para someterse al proceso; ii) El imputado no se conectó a la audiencia señalada para el 30 de octubre de 2021, por lo que se tuvo que reprogramar la audiencia para el 31 del mismo mes y año a horas 09:00, toda vez que el abogado de la defensa manifestó que no se notificó al imputado. A tal efecto, el personal de apoyo y de la Oficina Gestora de Procesos, procedieron a notificar nuevamente con la imputación formal al accionante, quien se rehusó a firmar y recibir; y, iii) En la audiencia de medidas cautelares, se consideró todos los aspectos alegados por las partes, evidenciándose la concurrencia de riesgos procesales, entre otros, la conducta maliciosa y dilatoria del imputado, así como el hecho de la agresión sexual contra una víctima mujer, la diferencia que existe entre el imputado y la víctima, en base al cual se determinó la detención preventiva; por lo que solicita se deniegue la acción de libertad impetrada. 1.2.3. Resolución La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/2022 de 7 de enero cursante de fs. 63 a 65, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que la Vocal demandada emita nueva resolución sobre el riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP, en base a los siguientes fundamentos: a) No se ingresó a analizar el fondo de la resolución emitida por el Juez Cautelar porque ésta fue recurrida y corresponde al Tribunal de Alzada emitir el Auto de Vista, denegando respecto al Juez A quo; b) En el punto 3 del Auto de Vista 692/2021, no se contrastó los elementos fácticos con ningún acto, ya sea realizado por el propio imputado, por los familiares, el investigador, por la secretaria del juzgado o por el propio abogado de la defensa, es decir que no se estableció en qué fecha, fojas o bajo qué forma se produjeron los agravios denunciados; y en el último párrafo, la Vocal demandada se limita de manera escueta a inferir que la resolución del Juez a quo tiene la suficiente logicidad jurídica, haciendo una simple relación de lo determinado por dicha autoridad jurisdiccional, sin haber efectuado una debida fundamentación, por lo que corresponde que la autoridad demandada efectúe una valoración minuciosa de todos aquellos actuados referidos por el accionante; c) Respecto al riesgo previsto por el art. 234.7 se realizó una suficiente fundamentación, haciendo mención al art. 15.II de la CPE, reforzado con la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- sobre el derecho de las mujeres a no sufrir violencia, considerados por la Vocal demandada; y, d) Respecto a la existencia de un solo riesgo procesal que permita disponer la libertad del imputado, es un aspecto que debe determinar la autoridad demandada en base a la decisión que adopte. En vía de complementación, el impetrante de tutela a través de su abogado, en audiencia solicitaron a la Jueza de garantías que complemente si la resolución se consideró la jurisprudencia vinculante referida en la apelación; la Jueza de garantías determinó que la resolución emitida es lo suficientemente clara y no corresponde complementación alguna.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 528/2021 de 31 de octubre, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, da por concurrente la probabilidad de autoría, riesgos procesales previstos en los arts. 234.1 en el elemento trabajo, 234.2,4 y 7 y 235.2 del CPP, disponiendo la detención preventiva del imputado en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por el tiempo de 4 meses (fs. 48 a 52). II.2. Cursa notificación de 31 de octubre de 2021 efectuada al imputado en el que se hace constar la aclaración que el mismo se rehusó a firmar en presencia del encargado de celdas quien fue testigo de actuación (fs. 53). II.3. Por Auto de Vista 692/2021 de 10 de noviembre de 2021 resuelto por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz se declara la admisibilidad del recurso de apelación, determinando la procedencia en parte de las cuestiones planteadas, en el fondo confirmó la Resolución 528/2021 dando por concurrente autoría, desvirtuado el art. 234.1 en el elemento actividad lícita, manteniendo latente los riesgos procesales de los arts. 234.4 y 7 y 235.2 del CPP (fs. 23 a 27). II.4. Consta memorial presentado de 18 de noviembre de 2021 por la víctima dentro del proceso que solicita se dé cumplimiento al art. 34 de la Ley 348 denunciando que su persona y familia reciben amenazas de todo tipo de la madre del imputado, haciendo referencia al informe efectuado por el subteniente Téllez, quien también recibe amenazas de la referida progenitora, considera estar en peligro su integridad física y la de su familia solicita se cumplimiento al art. 34 de la Ley 348 (fs. 60).
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos fundamentación y valoración de la prueba; toda vez que mediante la Resolución 528/2021 de 31 de octubre, y luego a través del Auto de Vista 692/2021 de 10 de noviembre, se dieron por concurrentes los riesgos previstos en el art. 234.4 y 7 del CPP, con argumentos subjetivos contrarios a la norma procesal y la jurisprudencia constitucional. En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; teniendo particularmente en cuenta las siguientes temáticas: 1) La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 1.a) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP; 2) El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa; 3) Sobre el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la víctima o el denunciante- en delitos relacionados a violencia contra la mujer; y, 4) Análisis del caso concreto.
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir que, observa el valor de justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; d) Permitir el 3 El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, e) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: 1) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; 2) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; 3) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, 4) Por la falta de coherencia del fallo, se da: 4.i) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, 4.ii) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7 El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8 El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal, y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad 9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10 El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aún se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido). Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben 11El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.
Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas de violencia, que han sido descritas en el anterior fundamento jurídico, no sólo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, a todas las “causas por hechos de violencia contra las mujeres”, en todas las materias; consiguientemente, también se aplican en la justicia constitucional, pues en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es obligación del Tribunal analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aun tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; puesto que en éstos, aún el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá que este Tribunal analice el contexto del proceso penal para analizar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; puesto que, de lo contrario, este Tribunal cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna, incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano. Entendimiento que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180 de la CPE; a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, buscando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales, con la finalidad de que las partes accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre entendió que el contenido del principio de verdad material,
…implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal (las negrillas y el subrayado nos pertenece) El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino que como todo principio se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, según el cual, las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.
12El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, se vincula con el principio de verdad material, conforme lo entendió la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, al sostener en el FJ III.3, que: “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”.
En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; puesto que, sólo de esta manera se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia. Entendimiento jurisprudencial desarrollado en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, extensivo no únicamente a la víctima directa del hecho de violencia, sino también a las víctimas colaterales, que adquieren esta condición conforme a las prescripciones contenidas en el art. 76 del CPP y lo dispuesto en la Ley 348 considera como víctimas de violencia de género a las hijas e hijos de la víctima, a quienes amplía su ámbito de aplicación -SCP 0346/2018-S2 de 18 de julio-.
Sobre la concurrencia del riesgo procesal relativo al peligro efectivo para la víctima, contemplado en el art. 234.7 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, con base en lo desarrollado en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10 del CPP-, señaló que:
13 La SCP 0056/2014 de 3 de enero, en su FJ.III.5.3, señaló que: “En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.
El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un peligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la existencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.
En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido (El subrayado y las negrillas nos corresponde).
Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Conforme a ello, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el anterior Fundamento Jurídico III.1 y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra las mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, considere la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante. Conforme a ello, las medidas orientadas a desvirtuar los peligros de fuga, como la contenida en el art. 234.10 del CPP -peligro efectivo para la víctima o el denunciante-, de ninguna manera deben significar una revictimización (…). En esta línea, la citada SCP 0394/2018-S2, estableció que en los casos de violencia contra las mujeres y/o en razón de género, corresponderá a la autoridad judicial, no solo considerar la concurrencia de los requisitos previstos en el art. 233 del CPP, sino la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentra la víctima o denunciante respecto al imputado, en función a las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; así como las circunstancias concurrentes al caso concreto; entre ellas, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, en el caso que pueden ser de muy variada índole, como ejemplos, amenazas de muerte, cuadró sistemático de violencia, etc., para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración sus derechos; es decir, que los elementos a valorarse no son concluyentes, dada la diferencia de los bienes jurídicos tutelados en la clasificación de los distintos tipos de violencia, pues los factores que convergen en la violencia familiar o doméstica tendrán sus propias peculiaridades y requerirá además abordarse con la complejidad y multicausalidad de este hecho; de las que también dependerá el estándar probatorio. Con relación a ello, Marina Gascón Abellan, indica que el estándar de prueba, muestra “el nivel de suficiencia que requiere el grado de probabilidad para tenerse como probado”; probabilidad de alcanzar elementos materialmente verificables u objetivos, que en algunos casos como la violencia de tipo psicológico o la violencia de tipo sexual consumada en la clandestinidad, se torna menos exigente, más aun cuando el proceso se encuentra en etapa de investigación, por lo que dicho estándar probatorio variará también en función a la etapa del proceso, incluida la valoración de la existencia de riesgo objetivo para la víctima de violencia, a tiempo de disponer una medida cautelar; entre ellos, un pronóstico de peligro futuro de que la persona investigada atentará contra bienes jurídicos de la víctima, que es un presupuesto básico de la adopción de las medidas de protección y medidas cautelares en hechos de violencia. A este fin, en los casos de violencia contra las mujeres, debe considerar las particularidades propias del delito de violencia doméstica, y entre ellos varios aspectos que puede considerar en la valoración, como la existencia o no de violencia sistemática; perfil psicológico del agresor, a partir de la conducta exteriorizada por el presunto agresor antes y con posterioridad de la presunta comisión del delito, la valoración policial del riesgo, que se realiza conforme al Protocolo Policial Para la Valoración del Riesgo y Protección Policial de la Violencia contra las Mujeres “Genoveva Ríos” para la atención de casos en el marco de la Ley 348, aprobada por Resolución Administrativa de 3 de diciembre de 2014, constituye una herramienta útil para que la autoridad judicial, determine el grado de seguridad o riesgo que tiene la víctima de sufrir violencia en el futuro, y en el caso de que hubiera de sus dependientes; tomando en cuenta, la alta probabilidad de que quien fuere agresor se reintegre al seno familiar y otros elementos de prueba recabados, testifical, documental, pericial, sin sesgos de género, identificando la existencia de una relación de asimetría y situación de vulnerabilidad en la que se halle inmersa la víctima, a efecto de determinar el peligro latente contra su integridad, utilizando como técnica el test de proporcionalidad y razonabilidad. Asimismo, en delitos de violencia de género, las medidas cautelares no se constriñen únicamente a asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso, sino también la aplicación de la ley -art. 221 del CPP-, por lo que conforme a las disposiciones de la Ley 348, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellos numeral 8, la averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia -art. 45-, concordante con los principios establecidos en la primera parte de esta Ley, de aplicación preferente que cualquier otra norma jurídica, que señala en el Título V, “Legislación penal”, en el Capítulo III, art. 86 de la Ley 348, que establece los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
(…)
11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. Por lo que, además la valoración de la prueba para determinar la conveniencia de imposición de medidas cautelares como la detención preventiva, debe efectuarse de acuerdo a la pauta hermenéutica establecida por el legislador en la imposición de medidas cautelares durante la etapa de investigación hasta la acusación formal, de dar preminencia a la protección y seguridad de la mujer inmersa en un cuadro de violencia y conforme al enfoque instrumental de las medidas cautelares en delitos de violencia contra la mujer referido a la prevención de la reiteración de los actos de violencia. Entendimiento desarrollado en la SCP 0006/2020-S1 de 6 de marzo de 2020.
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos fundamentación y valoración de la prueba; toda vez que mediante la Resolución 528/2021 de 31 de octubre y luego a través del Auto de Vista 692/2021 de 10 de noviembre, se dieron por acreditados los riesgos previstos por el art. 234.4 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) con los que dispusieron su detención preventiva, con argumentos subjetivos contrarios a la norma procesal y la jurisprudencia, sin la debida fundamentación; por lo que solicita se conceda la tutela impetrada y se disponga su libertad. Con carácter previo al examen de la problemática traída en revisión de fondo planteada, cabe aclarar que no obstante que el accionante demandó a través de esta acción tutelar al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital y a la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; concretizando su petitorio en que se disponga su libertad al no ser viable la detención preventiva ante la existencia de un solo riesgo procesal. Al respecto, conforme lo desarrollado por la jurisprudencia constitucional en las SSCC 1569/2004-R de 27 de septiembre, 1824/2004-R de 23 de noviembre, y reiterada por la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, que fue uniforme al señalar que dicho tribunal de apelación debe ingresar al análisis de fondo del recurso, a efectos de resolverlo, ya sea aprobando o revocando la resolución impugnada; en ese sentido, este Tribunal identificando que en la presente demanda constitucional, lo sustancial de las cuestiones jurídicas y fácticas denunciadas contra el Auto Interlocutorio apelado y el Auto de Vista confutado son similares, se analizará y resolverá a partir de lo actuado por la Vocal demandada. De acuerdo a los antecedentes, se evidencia que contra el imputado -ahora peticionante de tutela- se sigue un proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y violación, el Juez de control jurisdiccional ahora demandado, mediante Auto Interlocutorio 528/2021 de 31 de octubre, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por el tiempo de cuatro meses por la concurrencia de la probabilidad de autoría y los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1, 234.2, 4 y 7 y 235.2 del CPP (Conclusiones II.1). En tal virtud, el ahora impetrante de tutela formuló recurso de apelación incidental que fue resuelta mediante Auto de Vista 692/2021 de 10 de noviembre, que declara la admisibilidad del recurso de apelación, determinando la procedencia en parte de las cuestiones planteadas, en el fondo confirmó la Resolución 528/2021 dando por concurrente la probabilidad de autoría y manteniendo latente los riesgos procesales del art. 234.4. 7 y 235.2 del CPP (Conclusiones II.3). Al efecto, siendo que el accionante solamente reclama en la presente acción tutelar respecto a los riesgos procesales contenidos en los incisos 4 y 7 del art. 234 del CPP, se efectuará el análisis individualizado de los mismos en cada Resolución: Bajo ese entendido, el Auto de Vista 692/2021 pronunciado en apelación por la Vocal codemandada respecto al peligro de fuga previsto en el art. 234. 4 del CPP, declaró la procedencia en parte de las cuestiones planteadas y en consecuencia confirmó el Auto Interlocutorio 528/2021, manteniendo la subsistencia de los numerales 4 y 7 del art. 234 del CPP, con los siguientes argumentos: a) Respecto al riesgo procesal previsto en el art. 234. 4 del CPP, la Vocal ahora codemandada, luego de invocar el agravio planteado por la defensa técnica del ahora accionante consistente en que el Juez a quo no fundamentó razonablemente su decisión y subjetivamente asumió que se encuentra latente el riesgo procesal en análisis debido a que el imputado evitó ser notificado; además de haberse ocultado. Ahora bien, a partir de los razonamientos anotados en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el que se estableció el alcance del debido proceso en sus vertientes motivación y fundamentación que necesariamente deben cumplir las autoridades jurisdiccionales a momento de pronunciar sus resoluciones, se advierte que los argumentos del Auto de Vista 692/2021, en contrastación con el contenido de los agravios formulados en apelación, presentan una suficiente motivación y fundamentación que se sustentan en los indicios probatorios desfilados. Bajo ese marco, la Vocal codemandada respecto al comportamiento del imputado durante el proceso identificó los argumentos y motivos por los cuales el Juez a quo declaró la concurrencia del riesgo de fuga en examen respecto a los hechos dilatorios, los cuales indicaron su voluntad de no someterse al mismo que se detallaron en el informe del investigador asignado al caso, que advierte que el imputado -ahora impetrante de tutela- evitó o se oculta para no ser notificado; asimismo, no firma todos los actuados que son puestos en su conocimiento, independientemente de la observación de quien la haya dispuesto; además que no se presentó a todos los actos investigativos convocados por el Ministerio Público sumado a la actuación de sus familiares y la influencia que éstos podrían ejercer en los testigos del supuesto hecho punible, refiriéndose también a que el investigador asignado fue amenazado; al margen de ello, el propio abogado de la defensa, reconoció las diversas solicitudes de suspensión de actos investigativos. Así la Vocal demandada concluyó que contrastando los fundamentos fácticos contenidos en el Auto Interlocutorio apelado, el mismo tiene la suficiente logicidad jurídica, toda vez que manifiesta las causas en las que el imputado habría incurrido en su comportamiento durante el proceso; argumentos con suficiente sustento fáctico y procesal que convencieron a la prenombrada autoridad de alzada para declarar la concurrencia del peligro procesal inserto en el art. 234. 4 del CPP.
Corroborándose con ello, que el Tribunal de apelación motivó de manera suficiente su decisión, por cuanto con base al contenido del agravio y los elementos probatorios señalados, concluyó que el comportamiento del accionante en el proceso penal que se le sigue, muestra una voluntad de no someterse al mismo, sin que se advierta que dicha fundamentación y motivación resulte incomprensible para el ahora impetrante de tutela; correspondiendo en esta parte denegar la tutela solicitada. En relación al peligro para la víctima previsto en el art. 234.7 del CPP el apelante reclama que la peligrosidad para la víctima no fue objetivamente fundamentada por el a quo vulnerando la SCP 533/2018-S2 que exige tres presupuestos fácticos para la concurrencia del mismo que no fueron considerados.
Al respecto, la Vocal demandada en el Auto de Vista 692/2021, argumentó: “…a efectos de evaluar el peligro para la víctima se debe tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentra la víctima o denunciante respecto al imputado, asimismo como las características del delito, en el presente caso en el ilícito que se investiga se trata de violencia familiar o doméstica y consiguiente violación, en ese entendido cuya autoría se le habría atribuido al señor Rafael Enrique Nowak Gutiérrez, tomar en cuenta en el presente caso la conducta exteriorizada por la parte procesada en contra de la víctima, antes y con posterioridad a la comisión de los delitos señalados a objeto de determinarse, si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración en cuanto a los derechos de la víctima, en ese entendido la Autoridad Jurisdiccional ha señalado la clara desproporcionalidad entre la víctima y su agresor, fundamentos que este Tribunal de Alzada considera que los mismos guarda plena relación con relación al peligro para la víctima…” (sic).
En vía de la enmienda y complementación solicitado por el imputado, la Vocal demandada, sostiene: “…se debe tomar en cuenta con relación a que el Estado y los órganos jurisdiccionales tiene la finalidad de brindar a las mujeres víctimas de violencia toda protección en cuanto se refiere a la violencia de las mismas, a objeto de garantizar el riesgo procesal en contra de las mismas (…) aspecto por el cual la autoridad jurisdiccional ha efectuado un razonamiento con relación a la desproporcionalidad de la víctima frente a su agresor …” (sic).
En tal sentido, los razonamientos expresados por la Vocal demandada resultan ser adecuados y razonables, contiene una debida fundamentación porque para arribar a la convicción que se encuentra latente el riesgo de peligrosidad para la víctima, aplicó el enfoque de género, efectuando una valoración integral del problema jurídico en el contexto de violencia de género en el que analizó la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentra la víctima, características de los delitos y fundamentalmente la desproporcionalidad existente entre la víctima y su agresor, que fue debidamente ponderado por la autoridad demandada que realzó el valor objetivo que tiene la declaración de la víctima de violencia, las que en base a parámetros objetivos, arribó a la conclusión que el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP se encuentra latente. De tal manera, que no resulta evidente la existencia de criterios subjetivos como lo alegado por el accionante, quien indica que la SCP 533/2018-S2 exigiría tres presupuestos fácticos; revisado dicho fallo, resulta absolutamente impertinente, por lo que la decisión de alzada adoptada sobre el riesgo de peligrosidad para la víctima, no vulneró el debido proceso en su elemento de fundamentación, valoración razonable de las pruebas ni el derecho a la libertad.
En consecuencia, la Jueza garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 7 de enero, cursante de fs. 63 a 65, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art.
398 del CPP”.
14 Marina Gascón Abellán, “Cuestiones probatorias”. Editorial Universidad Externado de Colombia, serie de teoría jurídica y filosofía del derecho. Primera edición, Bogotá D.C. 2012, p. 76.
15 Ante la incapacidad de alcanzar verdades absolutas, el concepto de probabilidad constituye el criterio o método racional del conocimiento empírico o de los hechos. GASCÓN ABELLÁN, ob. cit., p. 49.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0526_2023-S1.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 49672fb50cd2fcb224be1e5a0fb7687161d164e474d1ae20d587002c7127630c
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