Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 12 de junio de 2023
Concede la tutela
La parte accionante, alega la lesión de su derecho al debido proceso; ya que a pesar de haber presentado memoriales los días 20 y 27 de enero; y, 4 de febrero de 2022, la autoridad jurisdiccional ahora demandada, hasta la interposición de la presente acción de libertad -16 de febrero de 2022- no se pronunció respecto a las solicitudes de señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva; accionar que le ocasiona una detención ilegal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 01 de 18 de febrero de 2022, cursante de fs. 559 a 563, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de Camiri del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías; y, 2º Llamar la atención a Janethe Esperanza Castro Martínez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz, autoridad ahora demandada, por cuanto se corroboró que la dilación en el señalamiento y celebración de la audiencia impetrada por la parte hoy accionante fue indebida; consecuentemente, ocasionó lesión en los derechos de la misma.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0525/2023-S2 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 46246-2022-93-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01 de 18 de febrero de 2022, cursante de fs. 559 a 563, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carmelo Pérez Ríos en representación sin mandato del menor de edad AA contra Janethe Esperanza Castro Martínez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 16 de febrero de 2022, cursante de fs. 245 a 248, la parte accionante expresó lo siguiente:
El 19 de noviembre de 2021 se inició un proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Malmocel Paredes Taborga, madre la supuesta víctima NN en contra de su persona por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; control jurisdiccional ejercido por Janethe Esperanza Castro Martínez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz; posteriormente, el 7 de diciembre del mismo año, se celebró la audiencia de consideración de medidas cautelares, ante Rosa Yomar Jiménez Soliz, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Charagua del departamento precitado, ocasión en la que se dispuso su detención preventiva, bajo la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 290 incs. d) y e) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA).
El 11 de enero de 2022, de conformidad al art. 291 inc. a) del Código mencionado solicitó cesación de la detención preventiva, ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz, solicitud que hasta el 18 del mismo mes y año no fue atendida; sin embargo, cuando hizo seguimiento a su memorial, Fanny Consuelo Morón Bejarano, Oficial de Diligencias de dicho Juzgado, señaló que el proceso fue remitido a un juez de sentencia de Camiri para el inicio de juicio oral y público, lo cual cuestionó porque resultaba ilógico en razón a la especialidad; en tal sentido, ante su reclamo, dicha funcionaria ingresó al despacho de la autoridad judicial y después de cuatro horas aproximadamente sacó el expediente y procedió a notificar a su abogado y a su persona con un acta de audiencia de cesación a la detención preventiva (suspensión y nuevo señalamiento), que al revisar dicha documentación con la que fueron notificados advirtieron los siguientes actuados: Resolución de 12 de enero de 2022, oficio de traslado de detenido de misma data, Informe de la Oficial de Diligencias, y acta de audiencia de cesación a la detención preventiva suspendida, lo cual “curiosamente” apareció en el cuaderno procesal con día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva para el jueves 20 de enero de 2022 a horas 11:30; es decir, dos días después de haber sido notificado. Lo descrito precedentemente, lo hizo con el objetivo de sentar los antecedentes del caso. Adujo también que el 20 de igual mes y año a horas 11:30, se instaló la audiencia de cesación de la detención preventiva; empero, la misma fue suspendida debido a un informe remitido por la Dirección del Centro de Orientación y Reintegración Social Nueva Vida Santa Cruz (CENVICRUZ) que refirió: ‘“…Las notificaciones, remisión de informes y otros sean generadas mediante el sistema digital o vía WhatsApp al jefe de Asuntos Jurídicos de Cenvicruz como es al Cel. 77087240, y Telf. 3-636760, como así también de acuerdo a la circular N° 06/2020 del Tribunal Supremo de Justicia solicita que las audiencias de los adolescentes sean llevadas a cabo de forma virtual…”’ (sic), ante dicho informe la autoridad judicial no señaló audiencia de cesación de la detención preventiva; motivo por el cual, en el día -20 de enero del 2022- presentó en Secretaria de dicho Juzgado otro memorial solicitando nuevo día y hora de audiencia; fue así que, retornó el 24 del mismo mes y año para averiguar sobre la respuesta al memorial últimamente presentado; sin embargo, José Manuel Pinto Michel, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz, le indicó que el memorial se encontraba en despacho de la Jueza para su resolución, por lo que tendría retornar el día jueves de la misma semana; por otra parte, consultó si el acta de la audiencia de 20 del mes y año precitados se encontraba transcrita, obteniendo como respuesta que ya estaba transcrita pero la Jueza no le quería recibir desconociendo los motivos.
Consultando el jueves, 27 del mes y año precitados, la Oficial de Diligencias del Juzgado precitado, le señaló que su memorial se encontraba en Despacho de la autoridad judicial y sin respuesta y que el acta de audiencia de 20 de enero del 2022 aún no había sido transcrito, situación contraria a la informada por el Secretario; motivo por el cual el mismo día -27 de enero de 2022 a horas 08:17- presentó otro memorial, solicitando la transcripción del acta de suspensión de audiencia de cesación a la detención preventiva de 20 del mismo mes y año; además de día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva. Alegó también que, desde el 27 de enero de 2022 hasta el 4 de febrero de similar año, su solicitud no fue resuelta, lo que dio lugar a la presentación de otro memorial solicitando de forma urgente pronunciamiento; sin embargo, hasta el 14 de ese mes y año tampoco fue resuelta; lo que dio lugar a la presentación de otro memorial -no especificó la data- solicitando “Urgentemente Pronunciamiento”; sin embargo, hasta la fecha -16 de febrero de 2022- ninguno de los memoriales citados precedentemente merecieron respuesta de Janethe Esperanza Castro Martínez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz, ahora demandada, consiguientemente, la autoridad demandada adecuó su accionar a lo descrito en el art. 154 del Código Penal (CP) y art. 187.7 y 14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), situación que lo perjudica, originando que se encuentre indebidamente recluido, pierda sus estudios escolares por un hecho que jamás cometió y sobre todo se le esté dando un anticipo de cumplimiento de condena sin que se haya iniciado el juicio oral, lo que constituye una detención ilegal por parte de la Jueza demandada, al no señalar audiencia de cesación a la detención preventiva dentro de lo normado por el Código Niña, Niño y Adolescente, dejándolo sin derecho a nada.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso, sin citar normativa constitucional alguna que lo contenga.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene el señalamiento de audiencia dentro de las veinticuatro horas, reivindicándosele los derechos y garantías constitucionales.
Celebrada la audiencia pública el 18 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 555 a 558, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante por medio de su representante, a través de su abogado, se ratificó íntegramente en el contenido de su memorial de demanda y ampliándolo adujo que: a) La “SC 313/20222” se refirió respecto a la lesión del derecho a la defensa y señaló que la Constitución Política del Estado estableció que nadie puede ser encarcelado sin haber sido oído o juzgado previamente en el proceso legal, que prohíbe la imposición de toda sanción sin defensa; es decir, que la Jueza demandada al omitir el señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva de su persona, lo condenó anticipadamente, es por ello que se lo dejó incluso sin defensa; toda vez que, no existe otro recurso adicional; y, b) Solicitó que se ordene a la autoridad recurrida que en el plazo de veinticuatro horas instale audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva y se llame severamente la atención a dicha autoridad a efectos de que no dilate más el proceso, ya que se encuentra dos meses y diez días -se comprende privado de libertad-; es decir, próximo a cumplir los tres meses referidos en el Código Niña, Niño y Adolescente. Respondiendo a las preguntas efectuadas por la Juez de garantías, aclaró que el acta de suspensión de la última audiencia de cesación de la detención preventiva corresponde al 20 de enero de 2022, que en realidad fue la primera y última; dicha acta no consta en el cuaderno de control jurisdiccional, a pesar de que tiene sólo una foto que el Secretario les mostró; empero, la demandada refirió que dicho documento no está transcrito. De todo lo anterior, el único perjudicado es el privado de libertad. Por otra parte, aclaró que tiene señalada audiencia de juicio para el “martes 22 (…) ahora 9:30 am.,” lo cual implica que el juicio avanza, en tanto que no existe pronunciamiento respecto a las solicitudes de cesación y menos señalamiento de audiencia para dicho fin. Posteriormente llegó ante la Jueza de garantías los antecedentes del proceso penal, así como el informe de la autoridad demandada, el cual fue leído en audiencia; en tal sentido, el accionante señaló lo siguiente: 1) Lo cursante en el cuaderno de control jurisdiccional da cuenta que lo referido en la acción de libertad es cierto; 2) Los memoriales de solicitud de cesación que presentó sólo indicaban “estese al acta de 20 de enero”; y, 3) Curiosamente su memorial de 14 de febrero -no indicó la gestión- en el que solicitó “pronunciamiento de manera urgente” no estaba en el cuaderno de control jurisdiccional; sin embargo, posterior a esa data cursan varias actuaciones; consecuentemente, se evidencia la flagrante transgresión de sus derechos constitucionales.
Janethe Esperanza Castro Mendoza, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante de fs. 553 a 554 vta., hizo conocer que: i) La parte accionante impetró audiencia de cesación de la detención preventiva, motivo por el cual, se señaló audiencia para el 17 de enero de 2022 a horas 08:30; sin embargo, al existir un informe que dio cuenta que por la premura del tiempo no fue posible notificar a las partes, dicha audiencia fue suspendida y reprogramada para el 20 del mismo mes y año a horas 11:30; por lo que, nuevamente se libró la orden de salida del detenido preventivo y como emergencia de ello, el Director de CENVICRUZ de manera virtual presentó el “OFICIO 22”, en el que informó siete aspectos que fueron de conocimiento de las partes procesales, además de lo anterior se puso en conocimiento de las partes que dicho despacho judicial lleva a cabo las audiencias de manera presencial, ya que no cuentan con el servicio técnico autorizado por el Tribunal Departamental de Justicia para celebrar las audiencias virtuales y con el servicio de internet, motivo por el cual, se ordenó que por Secretaría se coordine con la Oficina Gestora de Procesos; ii) Respecto al memorial presentado por el accionante el 20 de enero de 2022, el mismo mereció pronunciamiento en sentido que debe estarse a lo resuelto en audiencia de misma data con el cual Carmelo Pérez Ríos fue notificado con dicha providencia el 26 del mismo mes y año; iii) En cuanto a los memoriales de 27 de enero y 4 de febrero de 2022, fueron resueltos mediante providencias de 31 de enero y “11” de febrero de 2022, por lo que Carmelo Pérez Ríos fue notificado el “04” de igual mes y año; iv) Fue desleal lo referido por la parte accionante cuando señaló que su memorial de 11 de enero de igual año hasta la fecha no fue resuelto; aclaró también que la Oficial de Diligencias en ningún momento hubiese manifestado que el proceso fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal de Camiri del departamento de Santa Cruz, es más, en ningún momento la Oficial de Diligencias hubiese tenido contacto con el representante del menor accionante; v) También resultó desleal lo manifestado por el precitado cuando se refirió sobre la transcripción del acta de la audiencia de 20 de ese mes y año; toda vez que, el Secretario no cumplió con esa tarea ya que se encontraba con baja médica por lo que se habilitó al Oficial de Diligencias para el cumplimiento; y, vi) Lo expresado por la parte accionante en el memorial de acción de libertad es “contrario y desleal”; si bien es cierto que la audiencia de 20 de enero de 2022 fue suspendida, ello se debió a que el impetrante de tutela no fue trasladado a la Sala de audiencias de ese Despacho, ello en razón a un informe de la Dirección de CENVICRUZ que por motivos de bioseguridad no estaba trasladando a los detenidos preventivos para las audiencias presenciales; sin embargo, dicho Despacho judicial, llevaba las audiencias de manera presencial, debido a que no se contaba con el servicio técnico autorizado por el Tribunal Departamental de Justicia para llevar a cabo las audiencias virtuales, además de no contar con el servicio de internet, situación que fue puesta en conocimiento de las partes en audiencia y se ordenó que por Secretaría se coordine con la Oficina Gestora de Procesos a cargo de las audiencias virtuales; consecuentemente, en ningún momento se vulneró derecho y/o garantía de la parte hoy impetrante de tutela.
La Jueza de Sentencia Penal Primera de Camiri del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01 de 18 de febrero de 2022, cursante de fs. 559 a 563, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo lo siguiente: que la Jueza demandada señale día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva dentro del término que establece la ley y sea de manera virtual; determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión de los actos procesales respecto a la subsidiariedad y las subreglas para verificar si es que existe una evidente dilación, se verifica lo siguiente: 1) “A fs. 218 y Vuelta” cursa memorial de solicitud de detención preventiva; 2) “A fs. 219” cursa decreto de 12 de enero 2020 señalando audiencia para el 17 de igual mes y año a horas 08:30; 3) “A fs. 221” cursa informe de la Oficial de Diligencias en el que informa que el expediente no se encontraba ordenado de manera secuencial; 4) “A fs. 222” cursa acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de igual fecha; actuado suspendido por falta de notificaciones, señalando nueva audiencia para el 20 del mismo mes y año a horas 11:30; 5) “A fs. 227” cursa la notificación mediante WhatsApp; 6) “A fs. 232” cursa Oficio 22/2022 de 12 de enero, el cual informa que el Tribunal Supremo de Justicia mediante Circular 06/2020 de 7 de abril, instruyó a todos los jueces y tribunales realizar audiencias virtuales; disposición que fue ratificada por los tribunales -se comprende departamentales- de justicia para la celebración de audiencias virtuales dentro del sistema de adolescentes, informa que los centros de reintegración social a cargo de CENVICRUZ cuentan con un protocolo de bioseguridad y en el caso de ingreso de un detenido, el adolescente debe permanecer en un ambiente separado del resto por catorce días por cuarentena, antes de tener contacto con la población; los centros de reintegración social cuentan con internet, para el desarrollo de audiencias. Bajo esa modalidad los detenidos participan en todas las audiencias; por lo que, solicitó que la participación del adolescente AA, se disponga a la Oficina Gestora de Procesos y la participación del mismo sea mediante audiencias virtuales; 7) “A fs. 234” cursa acta de suspensión de audiencia de cesación a la detención preventiva de 20 de enero de 2022; 8) “A fs. 214” cursa notificación de manera virtual; 9) “A fs. 245” cursa memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva; 10) “A fs. 246” cursa decreto de 21 del referido mes y año, el cual decreta que estese a lo resuelto en acta de audiencia de 20 de similar mes y año; toda vez que, el Juzgado no cuenta con servicio a internet, para el uso de plataforma y conforme a los protocolos de "este" "asiento judicial", y una vez cumplido ameritará el señalamiento de audiencia para el fin solicitado; 11) “A fs. 248” cursa memorial de solicitud de audiencia cautelar; 12) “A fs. 252” cursa decreto de 31 de enero de 2022 que en lo principal decretó estese a lo resuelto el 20 del mismo mes y año, reiterando que no cuenta con servicio de internet para el uso de plataforma, y conforme a los protocolos y una vez cumplido ameritará la audiencia para el fin solicitado; 13) “A fs. 275” cursa memorial de 4 de febrero del 2022, bajo la suma "Solicita Urgente pronunciamiento" de cesación de la detención preventiva; 14) “A fs. 277” cursa decreto de 11 del indicado mes y año, que resuelve que debe estarse a los datos del proceso; 15) “A fs. 291” cursa acta de audiencia de juicio oral, de 16 del mismo mes y año donde se verifica la suspensión de la misma con señalamiento de audiencia de juicio para el 22 de ese mes y año a horas 09:30; b) En virtud a la verdad material de los hechos vertidos por el accionante se evidencia una dilación, por cuanto si bien es cierto que se verificó la presentación de diferentes memoriales de solicitud de cesación y de la documentación que adjuntó el accionante, no se advierte en el expediente el último memorial de presentación que data con cargo de recepción de 14 de febrero de “2020”, recibido por la Oficial de Diligencias, Fanny Morón Bejarano, como tampoco se verifica el decreto del mismo en el expediente; c) Por otra parte, entrando al fondo de la vulneración de los derechos relativos a los detenidos preventivamente, en el presente caso a un adolescente, el mismo tiene prioridad absoluta, de atención por parte del Estado boliviano y toda autoridad jurisdiccional al ser contralor y garante y protector de los derechos constitucionales y convencionales; d) Por otra parte, la Circular 06/2020, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, instruyó a todos los jueces y tribunales realizar audiencias virtuales, y al ser contralor de los derechos constitucionales y convencionales en esa línea la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido el comunicado 1/20 de 9 de abril de 2020 COVID-19 y Derechos Humanos: “Los Problemas y Desafíos Deben Ser Abordados Con Perspectiva De Derechos Humanos Y Respetando Las Obligaciones Internacionales”, refiere que por la pandemia por el COVID-19, más al contrario los jueces deben hacer todo lo posible para que la población tenga acceso a la justicia, y por ende, una tutela efectiva a su libertad y/o derechos; e) Los jueces tienen como desafío, que los organismos multilaterales, cualquiera sea su naturaleza, coadyuven y cooperen de manera conjunta con los Estados, bajo un enfoque de derechos humanos, para buscar soluciones a los problemas y desafíos presentes y futuros que está ocasionando y ocasionará la pandemia por COVID-19. Las medidas que los Estados adopten para hacer frente a la misma y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos; dada la naturaleza de la pandemia referida, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y en especial, a aquellos grupos en situación de mayor vulnerabilidad; f) Es decir, que el argumento expuesto de no tener internet en el juzgado, pero verificándose notificaciones de manera virtual vía WhatsApp, se debe tomar en cuenta que dicha plataforma virtual, utiliza internet, y en la localidad de Cabezas, la señal si bien no es como en la capital; sin embargo, tiene buena la señal de internet; por otra parte, toda persona “a estas alturas”, cuenta con un medio electrónico como es el celular, siendo un objeto de utilidad múltiple para el desarrollo habitual de cada persona, incluyendo los servidores públicos. A su vez se verifica que ya han existido notificaciones de manera virtual; g) En las fotocopias del expediente “NO SE EVIDENCIA” el decreto del memorial presentado el 14 de febrero de 2022; y, h) A su vez se debe dejar claro que los protocolos de bioseguridad, son emitidos por el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; por ende, todos los servidores públicos están sometidos a su estricto cumplimiento; y, tomando en cuenta que las audiencias virtuales cumplen con los principios constitucionales de inmediación, publicidad, contradicción y oralidad siendo también derechos constitucionales, que van ligados al accionante con respecto a su libertad de locomoción y de pronto despacho.
De la revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 11 de enero de 2022 ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz, Carmelo Pérez Ríos en representación sin mandato de AA -ahora accionante-, solicitó cesación de la detención preventiva del menor AA; mereciendo el decreto de 12 del mismo mes y año, por el que Janethe Esperanza Castro Martínez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-señaló audiencia para el 17 mismo mes y año a horas 08:30 a celebrarse en ese despacho judicial, dispuso además la notificación a las partes procesales, así como al CENVICRUZ para que conduzca al adolescente el día y hora de la audiencia, librándose la respectiva orden de salida (fs. 217 a 218). II.2. Cursa el Oficio 22/2022 de 12 de enero, por el que la autoridad ahora demandada solicitó al responsable de CENVICRUZ que el menor AA detenido preventivamente sea conducido para que esté presente en la audiencia de cesación de la detención preventiva programada para el 17 de igual mes y año a horas 8:30 (fs. 219). II.3. Del informe suscrito por Fanny Consuelo Morón Bejarano, Oficial de Diligencias del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz, se conoce que dicha servidora pública, informó a la Jueza de ese despacho judicial que el cuaderno procesal no se encontraba ordenado de manera secuencial; por lo que, procedió a dar cumplimiento con lo dispuesto; registró en los libros respectivos; y, ordenó la documentación que fue encontrada en el casillero en materia penal como la documentación remitida por el “Juzgado Público Mixto Civil de Charagua” del mismo departamento que se encontraba de turno y la documentación presentada a ese Juzgado; en ese entendido y por la premura del tiempo no se pudo notificar a las partes (fs. 220).
II.4. Se tiene copia del acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 17 de enero de 2022, oportunidad en la que la autoridad hoy demandada, en virtud al informe vertido por Secretaría referido a que las partes procesales no fueron notificadas; suspendió el actuado procesal y señaló nueva fecha de audiencia para el 20 del mismo mes y año a horas 11:30 (fs. 221). II.5. Cursa el Oficio 29/2022 de 17 de enero, mediante el cual la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz requirió al Director de CENVICRUZ que el menor AA detenido preventivo sea conducido a dicho despacho judicial para que esté presente en la audiencia de cesación de la detención preventiva programada para el 20 del mismo mes y año a horas 11:30 (fs. 222). II.6. Cursa formulario de citación y/o notificación de 18 de enero de 2022, por el que se constata que el menor AA fue notificado con el acta de audiencia de cesación de la detención preventiva (suspensión y nuevo señalamiento) de 17 del mes y año citados precedentemente; constando la firma y sello de su abogado defensor y en el siguiente formulario firmó la notificación Carmelo Pérez Ríos, padre del menor en conflicto (fs. 223 y 224). II.7. Mediante OF AL SDSC CENVICRUZ 22/2021 MMF de 19 de enero de 2022. Oficio 22, Jhonny Rojas Cuellar, Director de CENVICRUZ se dirigió a Janethe Esperanza Castro Martinez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz, a efectos de responder al Oficio 29/2022 referente al traslado de detenido y concluyó indicando que persistiendo la situación sanitaria y no habiendo sido notificados con la debida anticipación, no sería posible trasladar al detenido AA, hasta el despacho judicial de Cabezas; así mismo, refirió que para no dilatar la sustanciación del proceso y garantizar la presencia del adolescente se disponga su participación de forma virtual y se les notifique con la debida anticipación (fs. 231 a 232). II.8. Consta memorial de solicitud de señalamiento de nuevo día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, presentado por el ahora accionante el 20 de enero de 2022 ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz (fs. 233 vta.). II.9. Cursa memorial de 27 de enero de 2022, por el que el ahora impetrante de tutela, requirió a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz, la transcripción del acta de suspensión de audiencia de cesación de la detención preventiva; así como, se fije de forma urgente y por segunda vez día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 234 y vta.). II.10. Se tiene memorial presentado el 4 de febrero de 2022 por el hoy impetrante de tutela, mediante el cual solicitó a la autoridad ahora demandada de forma urgente se pronuncie, respecto del memorial presentado el 27 de enero del mismo año; toda vez que, fue la tercera solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva presentada y hasta la fecha -4 de febrero de 2022-, no fue resuelta; motivo por el cual y considerando el tiempo transcurrido reiteró su solicitud de pronunciamiento al memorial de cesación de la detención preventiva (fs. 235). II.11. Se advierte la existencia de un informe de 11 de febrero de 2022 redactado por Fanny Consuelo Morón Bejarano, Oficial de diligencias del Juzgado precitado; por el que, informó a la Jueza ahora demandada que de la revisión del cuaderno procesal “07/2021” se encontró documentación de 4 de igual mes y año entrepelada en el escritorio del Secretario, José Manuel Pinto Michel, que en la suma indica: ‘“…Solicita de forma urgente pronunciamiento…”’ (sic) con nota de ingreso ‘“…ingresa a despacho a horas 08:00 a.m. del día lunes 07 de febrero de 2022…’” (sic); sin embargo, no ingresó a despacho ni consta en el registro del libro correspondiente (fs. 240). II.12. Se tiene decreto de 11 de febrero de 2022, por el que la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz hoy demandada, dispuso que se ponga en conocimiento nuevamente de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, ya que el Secretario de ese despacho judicial manejó de manera inapropiada la documentación cursante e incumplió con lo instruido oportunamente; por otra parte, en relación al memorial presentado el 4 de febrero de 2022, dispuso que “…la parte debe estarse a los datos del proceso, mismo que fue notificado con lo resuelto…” (sic [fs. 241]).
La parte accionante, alega la lesión de su derecho al debido proceso; ya que a pesar de haber presentado memoriales los días 20 y 27 de enero; y, 4 de febrero de 2022, la autoridad jurisdiccional ahora demandada, hasta la interposición de la presente acción de libertad -16 de febrero de 2022- no se pronunció respecto a las solicitudes de señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva; accionar que le ocasiona una detención ilegal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y de manera particular refiriéndose a la procedencia de las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y su relación con el principio de celeridad, la SCP 0076/2023-S2 de 24 de marzo, señaló que: “Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’. A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, establece que: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez’; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: ‘…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’.
De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que, los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación a la detención preventiva, o cualquier pedido relacionado con la libertad-. En ese sentido, lo dispuesto en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero. Debiendo resaltar, por ende, que, para la procedencia de este tipo de acción de libertad, la resolución de solicitudes cuya dilación es denunciada debe estar relacionada con la libertad; caso contrario, no existiendo la vinculación señalada, la falta de celeridad en su consideración debe ser demandada vía acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios intraprocesales de reclamo regulados a dicho efecto. En ese marco, la dilación en la resolución de las solicitudes de cesación de la detención preventiva o de la apelación al rechazo de las mismas, al encontrarse vinculadas con el derecho a la libertad física de los imputados -quienes a través de aquellas, impetran la revisión de su situación jurídica, a fin de obtener la cesación de la medida restrictiva de su libertad-, pueden ser denunciadas a través de la acción de libertad, siendo que merecen un tratamiento oportuno y célere en su consideración, cumpliendo los plazos procesales establecidos en el Código Adjetivo Penal”.
De la misma manera, la SCP 0076/2023-S2 de 24 de marzo, citando a su vez a la SCP 0478/2020-S4 de 22 de septiembre, estableció que: ‘“…es deber de la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación a la detención preventiva de un privado de libertad, tramitar la misma con la mayor celeridad dentro de los plazos fijados por ley; en cuyo caso debe considerarse que el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, modificada a su vez por el art. 2.III de la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, de modificación de la ley 1173, modifican el texto del art. 239 de la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, del Código de Procedimiento Penal, cuyo texto modificado señala:
«Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES).
Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12)
meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos» (…). Del texto del referido artículo se advierte que inicialmente señala los casos en los que es posible la cesación de medidas cautelares de carácter personal, refiriendo luego el trámite a seguir, estableciendo los plazos previstos por la referida norma procesal al efecto, que prevé que el Juez o Tribunal ordinario que tenga conocimiento de una solicitud de cesación a la detención preventiva, en los casos de los numerales 3 y 4 deberá resolver máximo en el plazo de cinco días, y en el resto de los casos deberá fijar audiencia y resolver dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; de lo que se concluye que un actuar contrario, constituiría dilación indebida”’.
La parte accionante, alega la lesión de su derecho al debido proceso; ya que a pesar de haber presentado memoriales los días 20 y 27 de enero; y, 4 de febrero de 2022, la autoridad jurisdiccional ahora demandada, hasta la interposición de la presente acción de libertad -16 de ese mes y año- no se pronunció respecto a las solicitudes de señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva; accionar que le ocasiona una detención ilegal. Con carácter previo a realizar el análisis del caso, corresponde aclarar, que de los antecedentes a los que tuvo acceso la Jueza de garantías, tiene como verosímiles los hechos señalados, habida cuenta que en virtud al principio de inmediación que rige a las acciones de defensa, la labor de los juzgados y/o tribunales de garantías y salas constitucionales es el resultado de la compulsa de los antecedentes del proceso y de las circunstancias personales de las partes, advertidas por dichas autoridades jurisdiccionales, en la audiencia de acción de libertad, por cuanto las mismas tuvieron contacto directo con las partes procesales y el cuaderno de control jurisdiccional. De acuerdo a los antecedentes aparejados al expediente remitido en revisión, se tiene que el 11 de enero de 2022 la parte ahora impetrante de tutela, solicitó cesación de la detención preventiva, ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz, motivo por el cual la autoridad ahora demandada emitió el decreto de 12 del mismo mes y año, señalando audiencia para el 17 de similar mes y año a horas 08:30 a desarrollarse en dicho despacho judicial; instruyó además que las partes procesales sean notificadas, así como al CENVICRUZ para que conduzca al adolescente el día y hora de la audiencia, librándose la respectiva orden de salida (Conclusión II.1).
También se conoce que la demandada, mediante Oficio 22/2022 de 12 de enero, requirió al Director de CENVICRUZ que el menor AA, sea conducido a dicho despacho judicial el 17 de ese mes y año para que esté presente en la audiencia de cesación de la detención preventiva programada (Conclusión II.2). Por otra parte, la servidora pública, Fanny Consuelo Morón Bejarano, Oficial de Diligencias del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz, dio a conocer a la Jueza de ese Despacho Judicial que, el cuaderno procesal no se encontraba ordenado de manera secuencial, motivo por el cual dio cumplimiento con lo dispuesto; además, registró en los libros respectivos; y, ordenó la documentación encontrada en el casillero así como la documentación remitida por el Juzgado Público Mixto de Charagua que se encontraba de turno; en ese entendido no se pudo notificar a las partes (Conclusión II.3).
El acta de 17 de enero de 2022, da cuenta que la audiencia de cesación de la detención preventiva de esa fecha fue suspendida por la autoridad jurisdiccional, debido al informe brindado por Secretaría, en sentido que las partes procesales no fueron notificadas; motivo por el cual, señaló como nueva fecha de audiencia el 20 del mismo mes y año a horas 11:30 (Conclusión II.4). La Jueza demandada, mediante Oficio 29/2022 de 17 de enero, solicitó al Director de CENVICRUZ que el menor AA, sea conducido a ese Despacho Judicial el 20 de ese mes y año a horas 11:30 para que presencie y participe de la audiencia de cesación de la detención preventiva programada para esa ocasión (Conclusión II.5). Cursa en antecedentes dos formularios de notificación, diligenciados el 18 de igual mes y año, que reflejan que el menor AA hoy accionante y su padre fueron notificados con el acta de audiencia de cesación de la detención preventiva (suspensión y nuevo señalamiento) de 17 del mes y año precitados (Conclusión II.6). Respondiendo al Oficio 29/2022 referido a la solicitud de traslado del impetrante de tutela que se encuentra detenido preventivamente; el Director de CENVICRUZ, Jhonny Rojas Cuellar, mediante OF AL SDSC CENVICRUZ 22/2021 MMF de 19 de enero de 2022, comunicó a la Jueza demandada, que debido a la situación sanitaria por la pandemia del COVID-19 y no habiendo sido notificados con la debida anticipación, no sería posible trasladar al detenido AA hasta el despacho judicial de Cabezas; indicó además que para no demorar más en la tramitación de la causa y garantizar la presencia del adolescente se disponga que la participación del mismo sea de forma virtual y la notificación sea practicada con la debida anticipación (Conclusión II.7). El 20 de enero de 2022 a horas 12:00, la parte accionante presentó ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz, memorial de solicitud de señalamiento de nuevo día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva (Conclusión II.8). Por otra parte, también se advierte que el 27 de ese mes y año, la parte peticionante de tutela solicitó a la autoridad judicial demandada, se materialice la transcripción del acta de suspensión de audiencia de cesación de la detención preventiva; y se fije de forma urgente y por segunda vez, día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva (Conclusión II.9). El ahora accionante a través de memorial el 4 de febrero de 2022 impetró a la Jueza demandada, de forma urgente pronunciamiento, en cuanto al memorial presentado el 27 de enero del mismo año, ya que fue su tercera solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva presentada y hasta la fecha -4 de febrero de 2022-, no fue resuelta (Conclusión II.10). Fanny Consuelo Morón Bejarano, Oficial de Diligencias del Juzgado citado supra, informó a la autoridad hoy demandada que revisado el cuaderno procesal encontró documentación de 4 de febrero de 2022 traspapelada en el escritorio de “José Manuel Pinto Michel”, que en la suma indica: ‘“…Solicita de forma urgente pronunciamiento…”’ (sic) con nota ‘“…ingresa a despacho a horas 08:00 a.m. del día lunes 07 de febrero de 2022…’” (sic); sin embargo, no ingresó a despacho ni consta en el libro de registro (Conclusión II.11). Finalmente, la Jueza ahora demandada mediante decreto de 11 de febrero de 2022, dispuso que nuevamente se ponga a conocimiento de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, que el Secretario de ese despacho judicial, manejó de manera inapropiada la documentación cursante e incumplió lo que le fue instruido oportunamente; así mismo, en dicha providencia la autoridad demandada refiriéndose al memorial presentado el 4 de similar mes y año dispuso que “…la parte debe estarse a los datos del proceso, mismo que fue notificado con lo resuelto” (sic [Conclusión II.12]). Ahora bien, conforme los antecedentes referidos precedentemente se tiene que la parte accionante en tres ocasiones -20 y 27 de enero y 4 de febrero, todos de la gestión 2022- presentó memoriales en los que solicitó a la autoridad demandada el señalamiento de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar, dicha actuación no hubiese sido celebrada; consecuentemente, resulta irrefutable que la autoridad hoy demandada, se desmarcó de lo dispuesto en el principio de celeridad ya que no señaló día y hora de audiencia para considerar la solicitud del mismo, incurriendo en evidente dilación, más aun considerando lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, habida cuenta que toda solicitud vinculada con la libertad debe ser tramitada con la debida premura en atención a la relevancia e importancia de dicho derecho, que conlleva la exigencia de una definición rápida de la situación jurídica del imputado en un proceso penal; así se tiene estatuido en el art. 239 del CPP -modificado por el art. 2.III de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres [Ley 1173 de 3 de mayo de 2019]- y la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-, que interpuesta la solicitud de cesación de la detención preventiva conforme a las causales reguladas en los numerales 1, 2, 5 y 6 de esa disposición procesal penal, el juez o tribunal debe fijar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas; constituyendo un actuar contrario, dilación indebida en transgresión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los privados de libertad. En ese contexto, al haberse advertido que el accionar de la autoridad demandada irrefutablemente conlleva una dilación innecesaria en el señalamiento de audiencia para resolver la situación jurídica del imputado; se hace viable la concesión de la tutela impetrada por la parte accionante. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela -se entiende es en todo-, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 01 de 18 de febrero de 2022, cursante de fs. 559 a 563, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de Camiri del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías; y, 2º Llamar la atención a Janethe Esperanza Castro Martínez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz, autoridad ahora demandada, por cuanto se corroboró que la dilación en el señalamiento y celebración de la audiencia impetrada por la parte hoy accionante fue indebida; consecuentemente, ocasionó lesión en los derechos de la misma. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0525_2023-S2.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): bfbbbc0e6246d88fb37861abd0ebea119e39ead9392b61e5d74af11f346443b2
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