Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 31 de mayo de 2023
Concede la tutela
La accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, acceso a la justicia y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, fue detenida preventivamente por cuatro meses en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba, transcurrido el plazo debía ser considerada su situación jurídica; no obstante, la autoridad demandada hasta la fecha de presentación de la acción de libertad no señaló audiencia para resolver su situación jurídica; por lo que, solicita a través de esta acción de defensa que: a) La Jueza de Instrucción Penal Segunda señala audiencia de revisión de situación jurídica en el día considerando que el 2 de diciembre vence el plazo para emitir requerimiento conclusivo y de ser así se vulneraría su derecho a la defensa y acceso a la justicia; b) Exhortar a la autoridad demandada que entre tanto no se realice la referida audiencia deje sin efecto la conminatoria; y, c) Exhortar a la autoridad jurisdiccional demandada observe el principio de celeridad y cumpla los plazos procesales en la norma, a fin de que no se vuelva a reiterar este tipo de actos dilatorios que afectan al debido proceso. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) La acción de libertad innovativa; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 2 de diciembre de 2021, cursante de fs. 36 a 39 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Se llama severamente la atención a Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, y de ser reiterada su conducta se remitirán antecedentes a las instancias disciplinarias correspondientes.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0524/2023-S1 Sucre, 31 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 45153-2022-91-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 2 de diciembre de 2021, cursante de fs. 36 a 39 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mercedes Candelaria Cortez Álvarez en representación sin mandato de Andrea Michel Sala Trino contra Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 1 de diciembre de 2021, cursante de fs. 4 a 8 vta., la accionante a través de su representante sin mandato aseveró lo siguiente:
Dentro el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de asesinato, el 20 de julio de 2021 se celebró audiencia de aplicación de medidas cautelares disponiendo su detención preventiva por el plazo de cuatro meses, señalándose audiencia para considerar su situación jurídica para el 22 de noviembre de 2021 a horas 10:00. En la mencionada fecha, la Jueza de Instrucción Penal Tercera actuando en suplencia legal de su similar segunda, instaló la audiencia, encontrándose presentes el Ministerio Público, un defensor público del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP); además de dos abogados de su confianza; en dicho acto, el Fiscal de Materia solicitó la ampliación de la detención preventiva por 30 días más; empero, en el momento que se le otorgó la palabra se suspendió la audiencia a fin de que defina su defensa y no ser obligada a ser asistida por SEPDEP, difiriéndose la continuación del referido acto procesal para el 25 de noviembre de 2021 a horas 15:00, lo que implica que no se llevó a cabo la audiencia de revisión de su situación jurídica. La titular del Juzgado de Instrucción Penal Segunda –autoridad demanda- luego de retornar a sus funciones, conoció el acta de la audiencia referida precedentemente que fue transcrita por el secretario de forma resumida; pero una vez que instala la audiencia del 25 de noviembre de 2021, incurre en el primer error procesal porque cede la palabra primero a sus abogados y a su persona como imputada, por lo que asumiendo que estaba transcrita la intervención del Ministerio Publico en el acta de la pasada audiencia, se adhirió a la ampliación de plazo, para asumir una defensa responsable; posterior incurre en un segundo error otorgando la palabra al Ministerio Público quien ratificó lo ya referido en anterior audiencia comenzando a realizar una nueva fundamentación en un mismo sentido siendo interrumpido por la referida autoridad jurisdiccional demandada quien incurre en un tercer error al anunciar a las partes que como no consta en acta anterior la petición de ampliación de plazo del Ministerio Público se emitió el Auto Interlocutorio de la misma fecha, conminándose al Ministerio Público para que en el plazo de cinco días emita su requerimiento conclusivo, determinación que no era de su conocimiento a pesar de su apersonamiento de 23 del mismo mes y año. En esa misma audiencia, tanto el Ministerio Público como los abogados de defensa hicieron conocer de forma detallada a la citada Jueza los errores en los que incurrió, explicándole que la audiencia de revisión de situación jurídica no se llevó a cabo y que fue suspendida. Solicitaron también que por secretaría se disponga la transcripción del acta de manera in extensa en virtud a la grabación que realiza la Oficina Gestora de Procesos, y que entre tanto se deje sin efecto la conminatoria que fue emitida; recibiendo como respuesta que el secretario transcriba la nueva acta a la brevedad posible y negándose a dejar sin efecto la conminatoria para finalmente rechazar el recurso de reposición planteado. Luego de cuatro días hábiles de la indicada conminatoria vigente, la autoridad jurisdiccional demandada no se pronuncia sobre el memorial de apersonamiento de 23 de noviembre de 2021 donde anunció su nuevo patrocinio legal; ni sobre el escrito de 26 del mismo mes y año, a través del cual, el representante del Ministerio Público interpuso recurso de reposición y corrección; tampoco procedió a efectuar nuevo señalamiento a partir de la transcripción del acta de la primera audiencia de consideración de la situación procesal en la cual consta que el Ministerio Público solicitó la ampliación de plazo y que la audiencia fue diferida por los motivos ya expuestos.
Denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia; citando al efecto, los arts. 115 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; en consecuencia, se disponga que: a) La Jueza de Instrucción Penal Segunda señala audiencia de revisión de situación jurídica en el día considerando que el 2 de diciembre vence el plazo para emitir requerimiento conclusivo y de ser así se vulneraría su derecho a la defensa y acceso a la justicia; b) Exhortar a la autoridad demandada que entre tanto no se realice la referida audiencia deje sin efecto la conminatoria; y, c) Exhortar a la autoridad jurisdiccional demandada observe el principio de celeridad y cumpla los plazos procesales en la norma, a fin de que no se vuelva a reiterar este tipo de actos dilatorios que afectan al debido proceso.
Efectuada la audiencia pública virtual el 2 de diciembre de 2021, según acta cursante a fs. 35, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogada, se ratificó in extenso en su demanda tutelar.
Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, presentó informe escrito cursante a fs. 18, señalando que: 1) Existen dos actas de 22 de noviembre de 2021, acto procesal atendido en suplencia legal por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital, en ambas actas se advierte que la accionante no hizo uso del recurso que le faculta la ley para el reclamo que ahora pretende; y, 2) Ante el memorial de enmienda solicitada por esta parte, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital en suplencia legal mediante Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2021, dejó sin efecto la conminatoria, empero, no señaló audiencia de reconsideración de situación jurídica, determinación que tampoco apelaron las partes ni el Ministerio Público menos la accionante; por lo que pide se deniegue la tutela solicitada.
La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 2 de diciembre de 2021, cursante de fs. 36 a 39 vta., concedió la tutela solicitada bajo los siguientes argumentos: i) Por Auto de 22 de noviembre de 2021, se señaló audiencia de consideración de la situación jurídica de la accionante para el 25 del mismo mes y año, en dicho acto no se consideró la situación jurídica de la acusada, más la autoridad jurisdiccional se limitó a conminar al Ministerio Público sin que se haya cumplido el periodo de seis meses de duración de la etapa preparatoria; ii) La demandada pretende resolver la situación jurídica de la accionante luego de cinco días, ya que por resolución de oficio de 2 de diciembre de 2021 señaló audiencia para considerar la situación jurídica de la acusada para esa fecha, a horas 14:30 incluso después de la interposición de la presente acción de libertad; iii) Ante el señalamiento de audiencia de 25 de noviembre de 2021, la autoridad accionada debió resolver con prioridad la situación jurídica de la acusada, siendo además que el término de la duración de la detención preventiva se encontraba vencido el 22 de igual mes y año lesionándose su derecho de acceso a la justicia de la hoy impetrante de tutela; y, iv) La audiencia de 25 de noviembre de 2021, fue desnaturalizada, en donde incluso pronunció Auto Interlocutorio de conminatoria para actos conclusivos, sin que haya vencido el término de los seis meses de duración de la etapa preparatoria, determinación que se dejó sin efecto por resolución del 30 del repetido mes y año. En vía de enmienda y complementación, la hoy accionante solicitó se pronuncie respecto a la conminatoria al Ministerio Público de 25 de noviembre de 2021. En respuesta, la Jueza de garantías declaró no ha lugar a la solicitud puesto que, este aspecto ya fue reparado mediante la resolución de 30 del citado mes y año.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución de 20 de julio de 2021, se ordenó la detención preventiva de Andrea Michele Salas Trino, en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba, por cuatro meses y se señaló audiencia para reconsiderar la situación jurídica de la imputada para el 22 de noviembre de 2021, a horas 10:00 (fs. 20 a 21). II.2. Constan dos actas de suspensión de audiencia virtual de reconsideración de la situación jurídica de 22 de noviembre de 2021, dentro de la etapa preparatoria del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Andrea Michelle Sala Trino, por la presunta comisión del delito de asesinato, difiriéndose la audiencia para el 25 del mismo mes y año (fs.2 a 3 y vta.). II.3. Mediante Auto de 25 de noviembre de 2021, Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital -hoy accionada-dispuso se notifique a la Fiscal Departamental, así como al Fiscal de materia que dirige la investigación, para que dentro el término de cinco días promueva el acto procesal omitido, bajo conminatoria de declararse extinguida la acción penal (fs. 27). II.4. Cursa el acta de audiencia de reconsideración de la situación jurídica de 25 de noviembre de 2021, por el cual la Jueza hoy accionada llevó adelante la audiencia, señalando que en el caso ya existe conminatoria y que no consta que el Ministerio Público haya pedido ampliación de la detención preventiva en la audiencia de 22 de noviembre de 2021 (fs. 30 a 31). II.5. Por Auto de 30 de noviembre de 2021, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, resolvió la solicitud de explicación, enmienda y complementación, planteada por el Ministerio Público respecto del Auto de 25 de noviembre de 2021, y determinó, rechazar la solicitud de explicación, enmienda y complementación; asimismo, dejó sin efecto la conminatoria de 25 de noviembre de 2021, disponiendo la continuidad del proceso (fs.29 y vta.). II.6. Andrea Michelle Sala Trino, presentó memorial -con fecha 30 de noviembre de 2021- al Juez de Instrucción Penal Cautelar Segundo, solicitando corrección de procedimiento, y solicitó se deje sin efecto la conminatoria de 25 de noviembre, sea en virtud a la nueva acta que transcribe in extenso el secretario de despacho, y se señale nuevo día y hora de audiencia de revisión de situación jurídica (fs. 32 a 33 vta.)
La accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, acceso a la justicia y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, fue detenida preventivamente por cuatro meses en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba, transcurrido el plazo debía ser considerada su situación jurídica; no obstante, la autoridad demandada hasta la fecha de presentación de la acción de libertad no señaló audiencia para resolver su situación jurídica; por lo que, solicita a través de esta acción de defensa que: a) La Jueza de Instrucción Penal Segunda señala audiencia de revisión de situación jurídica en el día considerando que el 2 de diciembre vence el plazo para emitir requerimiento conclusivo y de ser así se vulneraría su derecho a la defensa y acceso a la justicia; b) Exhortar a la autoridad demandada que entre tanto no se realice la referida audiencia deje sin efecto la conminatoria; y, c) Exhortar a la autoridad jurisdiccional demandada observe el principio de celeridad y cumpla los plazos procesales en la norma, a fin de que no se vuelva a reiterar este tipo de actos dilatorios que afectan al debido proceso. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) La acción de libertad innovativa; y, 3) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril asumió el siguiente razonamiento:
La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituirse un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor 1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo, una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido, pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2 El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
celeridad - SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril asumió el siguiente entendimiento: Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente, esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado.
En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 5El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 6El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.
Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.
En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.
Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.
Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.
Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)
El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
En el caso en análisis, la accionante a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, acceso a la justicia y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, fue detenida preventivamente por cuatro meses en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba, transcurrido el plazo debía ser considerada su situación jurídica; no obstante, la autoridad demandada hasta la fecha de presentación de la acción de libertad no señaló audiencia para resolver su situación jurídica. Ahora bien de la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que por Resolución de 20 de julio de 2021, se ordenó la detención preventiva de Andrea Michele Salas Trino -ahora accionante-, en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba, por el lapso de cuatro meses señalándose audiencia para reconsiderar la situación jurídica de la imputada para el 22 de noviembre de 2021, a horas 10:00 (Conclusión II.1); no obstante, en la fecha indicada se difirió la audiencia para el 25 del mismo mes y año. Posteriormente, la Jueza ahora demandada en la audiencia de 25 de noviembre de 2021, señaló que en el caso ya existe conminatoria y que no consta que el Ministerio Público haya pedido ampliación de la detención preventiva en la audiencia de 22 del mismo mes y año. Como se advierte, de la relación de los antecedentes señalados se advierte que no se resolvió la situación jurídica de la accionante, quien se encontraba con detención preventiva por cuatro meses, que al término de ese tiempo era deber de la Jueza demandada llevar a cabo la audiencia que había programado con antelación, y si bien el 22 de noviembre de 2021, se instaló dicho acto, éste fue diferido para el 25 del mismo mes y año; audiencia donde la autoridad ahora demandada mencionó que ya había emitido conminatoria al Ministerio Público de presentación del requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria sin que conste solicitud de ampliación de la detención preventiva en la audiencia anterior; consecuentemente, se verifica que no se consideró ni resolvió la situación jurídica de la impetrante de tutela, ignorando que la audiencia de 25 de noviembre de 2021 fue señalada con ese propósito. Esto en razón, que la ahora accionante se encontraba detenida de forma preventiva por cuatro meses con el plazo de privación de libertad ya fenecido, aspecto que no fue tomado en cuenta por la jueza demandada; lo que evidencia que en el caso se ha lesionado el derecho al debido proceso vinculado al principio de celeridad, pues hasta la fecha de celebración de la audiencia de la presente acción de libertad, la accionante seguía en incertidumbre respecto a su situación jurídica, lo que lesionó su derecho a a la libertad. Asimismo, y no obstante lo referido en el presente caso, es necesario mencionar que la presente acción de libertad fue interpuesta con el objeto de que la Jueza de Instrucción Penal Segunda ahora demandada señale audiencia de revisión de situación jurídica en el día, considerando que el 2 de diciembre se vencía el plazo para emitir requerimiento conclusivo y que entre tanto no se realice la referida audiencia debía dejarse sin efecto la conminatoria. Al respecto, se tiene que el Juez de garantías señaló en su resolución, que por resolución de oficio de 2 de diciembre de 2021, recién se señaló audiencia para considerar la situación jurídica de la imputada para el 2 de diciembre del citado año, a horas 14:30 incluso después de la interposición de la presente acción de libertad; es decir, que al momento de llevarse a cabo la audiencia de la presente acción tutelar, ya había cesado la causa que originó se presente esta demanda tutelar; pues incluso la conminatoria fue dejada sin efecto a través del Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2021 (Conclusión II.5). Bajo ese entendido, resulta aplicable el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dado que, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a derechos fundamentales alegadas, debe determinarse la responsabilidad de la autoridad demandada en sus actuaciones judiciales, evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Consecuentemente, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 2 de diciembre de 2021, cursante de fs. 36 a 39 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Se llama severamente la atención a Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, y de ser reiterada su conducta se remitirán antecedentes a las instancias disciplinarias correspondientes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
3 El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 4El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego
cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 7El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0524_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2863e3107d3c541fecae1273a4c3cce6ee15a792f5fd6b7201eab79b83a3a697
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